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Aumentaron los crímenes de odio LGBT en Argentina durante 2023

Viernes, 10 de mayo de 2024

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De acuerdo al informe de la Federación Argentina LGBT hubo 133 crímenes de odio de los cuales 118 fueron agresiones contra mujeres trans.

2 de mayo de 2024
Rosario Marina
 Edición: Maby Sosa
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BUENOS AIRES, Argentina. Mataron a la Zoe”, les dijeron a las chicas del Hotel Gondolín el sábado 11 de noviembre de 2023. Quienes llevaron la noticia fueron dos empleadas de Casa Rosada, compañeras de trabajo de Zoe, con quienes la policía se había comunicado para avisarles que la mujer trans de 46 años, había sido asesinada por su pareja.

Durante 2023, en Argentina hubo 133 crímenes de odio en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia. Esto explica el informe anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, gestionado por la Defensoría LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación junto a la Federación Argentina LGBT.

La cifra significa un aumento respecto de 2022, donde hubo 129 crímenes de odio. El año anterior habían sido 120. Las personas más afectadas, como cada año, son en un 88% mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros). Esto es 118 casos. Le siguen los varones gays cis con 7 casos, los varones trans (3), las personas no binarias (3) y las lesbianas (2).

El informe explica que no son datos exactos. Se incluyen sólo aquellos casos que han sido relevados por los medios de comunicación o han ingresado como denuncias en la Defensoría LGBT, ante las organizaciones de la FALGBT+ o documentados por el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe. Estos datos “únicamente permiten vislumbrar una realidad que es, sin duda, mucho más grave de lo que sugieren los números”.

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Asesinatos a la comunidad LGBT

De todos los crímenes de odio registrados, el 68% de los casos (91) corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir a asesinatos, suicidios y muertes por ausencia y/o abandono estatal histórico y estructural.

Zoe fue una de ellas. La asesinaron el sábado 11 de noviembre en un hotel ubicado en el barrio de Balvanera, en la ciudad de Buenos Aires. Su pareja, Fabián Villegas la apuñaló y le provocó una herida mortal. Él mismo reportó el crimen.

De esas 91 lesiones al derecho a la vida, nueve fueron asesinatos: ocho a mujeres trans y uno a un varón gay cis.Además, 80 muertes fueron por violencia estructural –todas ellas de mujeres trans–, dos suicidios –de una mujer trans y de un varón trans–.

Lautaro Castillo Retamales fue asesinado en septiembre por dos hombres que lo contactaron por Grindr. Noelia Martínez, abogada y amiga de Lautaro, pidió a la fiscalía que solicitara informes a las aplicaciones Facebook, Instagram y Grindr. “Entendemos que fue por Grindr que se contactaron”, indicó.

Esta modalidad delictiva, que combina robo y agresiones o crímenes de odio a través de encuentros coordinados por aplicaciones de citas, es alertada por la comunidad LGBTIQ+.

Sobre las 80 muertes por violencia estructural, en el informe se advierte que la cantidad en realidad es imprecisa y que sin dudas es significativamente muchísimo menor a la real. “Esto se debe a que estas muertes no figuran en los medios de comunicación. Solo es posible acceder a estos datos a través de la denuncia directa de familiares de las víctimas, y mayormente, gracias a la información aportada por otras personas de la comunidad LGBT+”.

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Ataques y violencia institucional: ¿quiénes fueron los autores materiales y dónde ocurrieron los crímenes de odio?

El informe releva también quiénes son los autores materiales de los crímenes de odio. El 26% fueron cometidos por personas privadas, y el 71% por el Estado. Dentro de este último porcentaje, el 11% es perpetrado específicamente por personal de las fuerzas de seguridad “en ejercicio de su función estatal”.Es decir, casos de violencia institucional.

El caso de Sofía Fernández muestra esto. Era una mujer trans de 39 años, profesora de Lengua, que apareció muerta en una celda de la Comisaría 5 de Derqui, provincia de Buenos Aires. Fue detenida en circunstancias que aún no fueron aclaradas. De acuerdo a la autopsia se trató de una muerte por obstrucción de vías respiratorias. Tenía golpes y signos de tortura en el cuerpo.

En cuanto al vínculo de las víctimas de los crímenes de odio con les agresores particulares, el 48,57% corresponde a personas desconocidas por las víctimas; y en el 25,71% de los casos, les agresores son vecines o personas conocidas por estas. En su mayoría son clientes del trabajo sexual de las víctimas y novies o parejas.

En cuanto al lugar donde ocurrieron los crímenes de odios, el porcentaje más alto fue la vía pública, la vivienda de las víctimas y las comisarías o penales, con el 24% de los casos en cada categoría.

Lautaro Jaime, un joven gay de 25 años, denunció un ataque de odio que recibió a la salida del boliche Amérika el domingo 5 de marzo por la mañana de parte de tres hombres. Uno de ellos le pegó cuando estaba de espaldas, con el puño cerrado en la cara. Le dejó un corte al grito de “puto de mierda”.

¿Cuáles son las recomendaciones para mejorar la situación de las personas LGBT+?

En el cierre del informe, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ presenta una serie de recomendaciones.

En primer lugar, pide que se garantice por parte del Poder Ejecutivo Nacional el respeto de todas las políticas públicas y de cada uno de los avances en materia de derechos de la comunidad LGBT+. Además, pide la continuidad de todos los programas, ayudas sociales y alimentarias al colectivo LGBT+.

También recomienda la sanción de una nueva Ley Nacional de Actos Discriminatorios, de una ley integral para personas trans, yla implementación de incentivos impositivos en el ámbito privado para promover activamente la inclusión laboral de las personas trans y combatir la discriminación en el mercado laboral”.

Sin embargo, la situación ha empeorado. Hasta abril de este año, el gobierno nacional había despedido al menos a 100 personas travestis y trans que trabajaban en la administración pública

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