El nuevo decreto sobre migración en Argentina restringe gravemente derechos y afecta especialmente a las personas trans y trabajadoras sexuales, ya de por sí criminalizadas.

*

Fuente Agencia Presentes

24 de junio de 2025

Agustina Ramos

Edición: Ana Fornaro

Paola y Osiris son dos mujeres trans migrantes que se encuentran en este momento detenidas, con respectivas órdenes de expulsión del país. Llegaron hace más de 10 años a la Argentina desde Perú, en busca de un futuro posible. Organizaciones denuncian que el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, que modifica sustancialmente la Ley de Migraciones, “amplía y profundiza la persecución a las personas migrantes”.

Ambas son trabajadoras sexuales y vivían, hasta ser detenidas, en Constitución, un barrio atravesado por la violencia institucional, la delincuencia y la persecución a trabajadores de la economía popular. El combo (travesti, migrante, pobre y trabajadora sexual) ezs un blanco fácil para el armado de causas y criminalización por tenencia de drogas y narcomenudeo. Y es que se trata del eslabón más débil, pero también más visible, de una cadena de narcotráfico, que en el fondo nadie quiere investigar.

Colectivos de migrantes en Argentina denuncian que el nuevo DNU, publicado a fines de mayo, criminaliza a la población migrante, en especial la proveniente de países limítrofes. En un documento firmado por más de 20 organizaciones señalaron que el decreto “restringe a las personas migrantes derechos que la Constitución Nacional reconoce a todos los habitantes del país,  basándose en datos falsos, sembrando prejuicios, sin argumentos -menos aún, para reformar una ley sin pasar por el Congreso-, e ignorando la realidad migratoria argentina”.

Osiris

Osiris tiene 38 años y desde hace 10 vive en la Argentina. Desde este país ayudaba a su familia en Perú, hasta que fue víctima de una estafa por la que perdió su casa y pertenencias. Esta situación personal la afectó al punto de atravesar una depresión y recaer en consumos problemáticos. El 28 de mayo pasado fue detenida, en el marco de la Ley de Estupefacientes.

La Dirección Nacional de Migraciones pidió su retención ya que en 2018 Osiris fue condenada a cuatro años de prisión y una multa económica por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Con fundamento en el decreto 70/2017, dictado bajo el gobierno de Mauricio Macri, se ordenó su expulsión permanente del territorio nacional. Sin embargo, por los cambios de domicilio habituales dentro del colectivo al que pertenece Osiris, no pudo ser notificada. Ante el pedido reciente de Migraciones, el juez federal Walter Lara Correa autorizó la retención “al solo y único efecto de perfeccionar su expulsión del territorio nacional”.

Osiris fue retenida por personal de la División Asuntos Migratorios de la Policía Federal Argentina y trasladada a la dependencia de PFA ubicada entre la calle Cavia y la avenida Figueroa Alcorta. Su defensa oficial, a cargo de la Comisión del Migrante del Ministerio Público de la Defensa, interpuso ante Migraciones un recurso de asilo por su identidad de género. Intervienen también Casa Roja y la Defensoría de la Ciudad, que acompañan a la mujer trans.

“Una vez a la semana se comunica conmigo informándome que no tiene acceso a sus hormonas y que está con mucha gripe porque hay mucha humedad en el lugar. Que no tiene elementos de higiene y se siente muy deprimida porque bueno, todo esto ha hecho que no pueda cuidar su imagen como ella querría”, compartió a Presentes Melina Sánchez, integrante del equipo de acompañamiento socio jurídico de Casa Roja.

“Tengo mis raíces acá” 

Paola tiene 40 años y desde los 14 se nombra como una chica trans. Llegó a la Argentina desde Perú cuando tenía 26 “por un futuro mejor”, dice. Trabajó de distintas cosas: como trabajadora sexual, lavando ropa y últimamente vendiendo indumentaria de segunda mano en ferias. El 20 de mayo fue detenida en un allanamiento y estuvo 24 horas retenida en una comisaría. Intervino Migraciones que también pidió su expulsión por una condena previa y luego fue trasladada a su casa, con una pulsera ambulatoria. Desde este lugar, que alquila con su padrastro, habló con Presentes la semana pasada, días antes de volver a ser detenida.

Sobre la posibilidad de su expulsión y vuelta a Perú, Paola no sabe qué esperar. “Yo allá no tengo donde quedarme. Mi destino sería incierto porque no sé la verdad que haría y, como le digo a mucha gente, yo tengo una vida acá, tengo mis raíces acá, me compré mis cositas, tengo mis perritos, mi pareja y mis amistades. Tengo a mi padrastro acá viviendo”, compartió a esta agencia. Y agregó: “Acá las chicas trans pagamos una habitación, pagamos impuestos: internet, luz, agua, IVA. Los migrantes, como los argentinos, damos un poco de movimiento a la economía”.

Además, graficó cómo es la situación en Perú para el colectivo travesti trans: “Son muy ofensivos. No toleran a las chicas trans, a los gays, a la gente amanerada, como le dicen ellos. A muchas chicas las han matado. No tenemos el apoyo del gobierno o del Estado hacia nosotras, tampoco. No tenemos una Ley de Identidad de Género. Nos llaman por los nombres que están en nuestros documentos”. En Perú, el año pasado el Ministerio de Salud publicó un decreto supremo en el que incluyó a la transexualidad como una enfermedad mental. Además, el 7 de diciembre último tuvo lugar una marcha multitudinaria “Por la Vida y la Familia” para exigir que no se trate en el Pleno un proyecto de ley de unión civil entre parejas del mismo sexo.

“Muchas de las compañeras salen de su país de origen expulsadas por el rechazo de su familia. Acá construyen nuevas familias dentro de la comunidad, otras madres y hermanas migrantes, travestis, trans. Producto de la crisis económica que vivimos actualmente con el gobierno Javier Milei y el recrudecimiento de la violencia policial en el barrio de Constitución, las razias y el hostigamiento de la policía, viven cada vez más el desempleo y la falta de dinero que hace que también escasee el trabajo sexual”, explicó Sánchez, en relación al panorama que vive el colectivo travesti trans migrante en Argentina.

Criminalización

El colectivo travesti trans en Argentina es el eslabón más visible de la cadena de comercio de drogas, lo que comúnmente se llama “perejiles”. La política antidrogas se centra en perseguir a este sector para llenar comisarías y cárceles con personas acusadas por delitos menores, en vez de perseguir el origen del problema. En este sentido, entre 2002 y 2017, la cantidad de personas alojadas en cárceles en el marco de la Ley de Estupefacientes creció en un 252%. La infracción a la ley de drogas es la principal causa de privación de la libertad de mujeres y personas trans en la Argentina, según la base a datos del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena (SNEEP), que es parte del informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) titulado “La guerra contra el narcotráfico”. En este sentido, en 2017 un 43% de las mujeres (1561) y el 70% del total de personas trans (89) estaban encarceladas por estos delitos.

En 2022, un fallo elaborado con perspectiva de género y desde un enfoque interseccional contempló, en un hecho histórico, la situación de vulnerabilidad que atraviesa el colectivo travesti trans. De esta forma, la jueza Sabrina Namer, integrante del Tribunal Oral Federal N° 8, absolvió a veinte mujeres trans y el marido de una de ellas del delito de comercialización de drogas ya que consideró que las imputadas se encontraban en situaciones de extrema vulnerabilidad. Concluyó, además, que esto tenía una relación directa con el delito que se les acusaba.

DNU 366/2025

Distintas organizaciones denunciaron que el decreto del gobierno de Javier Milei, que modifica la Ley de Migraciones, restringe gravemente derechos de las personas migrantes y consideran que “parece emular las medidas de carácter xenófobo y arbitrario de Estados Unidos” realizadas también por decreto.

En este sentido, entre los “argumentos” del DNU “llegan a extremos de desconocimiento sobre el tema, al aludir a la política de deportaciones de EE.UU. como un potencial riesgo de invasiones de migrantes hacia la Argentina luego de ser deportadas desde el país norteamericano”, compartieron a través de un comunicado. La composición de migrantes “expulsables” de Estados Unidos provienen en su mayoría de México, India, China, Filipinas y El Salvador, países de origen que no conforman la comunidad migrante argentina, que es en su mayoría sudamericana (Paraguay 27%, Bolivia 17,5% y Venezuela 8,4%).

El DNU establece nuevos requisitos para acceder a la nacionalidad argentina y aumenta los motivos de expulsión del territorio nacional, entre ellos tener condenas, antecedentes o haber sido sorprendidx en flagrancia. “En relación con los argumentos de seguridad mencionados por el decreto, cabe señalar  que no ha habido un aumento del peso porcentual de la población migrante en la Argentina en el sistema carcelario; de hecho, se ha mantenido constante entre el 5 y 6% en los últimos veinte años”, aseguraron en el documento firmado por más de 20 organizaciones.

Entre otros puntos, el decreto también afecta el acceso a la salud pública y desinforma en relación a la educación pública. Establece que, salvo casos de emergencia, los extranjeros deberán contar con seguro de salud o pagar por los servicios sanitarios en hospitales públicos, y que solo los residentes permanentes podrán recibir atención gratuita. En tanto, el decreto alega una sobrerrepresentación de migrantes en las universidades públicas argentinas a partir de datos sesgados. El porcentaje de población migrante en las carreras de grado de las universidades públicas es del 3,9%.

El DNU otorga facultades inéditas a la Dirección Nacional de Migraciones. “Un empleado administrativo de Migraciones tiene facultades fiscales, cuando no están formados para juzgar, perseguir, criminalizar y decidir quien puede y quien no puede vivir en la Argentina. Ahora, Migraciones (Poder Ejecutivo) trabaja con el Poder Judicial para revisar la radicación de cada persona migrante. Este decreto amplía y profundiza la persecución a las personas migrantes, aceitando los mecanismos que había dejado el 70/2017” (del gobierno de Mauricio Macri), explicó Sánchez.

“Atacan la identidad migrante principalmente de los países limítrofes porque de esa manera atacan la idea de que la Argentina efectivamente es diversa, de que efectivamente es negra, de que efectivamente es indígena, de que efectivamente mestiza. Esto también es una un ataque a la identidad del de la Nación argentina y a la clase trabajadora, porque en realidad esos somos la población migrante”, concluyó.

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Casa Roja, Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, Javier Milei, Melina Sánchez, Osiris, Paola, Personas LGTBIQ, Personas Migrantes, Personas trans

Esta es la maravillosa Argentina de Javier Milei a quien ha votado gente como Sor Lucía Caram… Sus votantes son cómplices de su política criminal: Siete personas en situación de calle muertas en dos semanas… ¿Dónde están los obispos para plantarse ante el psicópata y sus secuaces Villarruel, Macri y Bullrich? Les importan más los no nacidos para sacar a las calles a su tropa conservadora contra el aborto, que los hijos de Dios vivos…

Carolina Machado tenía 29 años, había migrado desde Ecuador y estaba en situación de calle. Ejercía el trabajo sexual en el barrio de Constitución. Denuncian más personas en situación de calle, menos políticas públicas y aumento de la persecución policial.

Fuente Agencia Presentes

17 de julio de 2024
Ana Fornaro
Edición: María Eugenia Ludueña

CIUDAD DE BUENOS AIRES, Argentina. El lunes al mediodía, Carolina Machado Abad, una mujer trans que había migrado desde Ecuador, murió en situación de calle en plena ola polar en la Ciudad de Buenos Aires. El 30 de agosto iba a cumplir 30 años.

“En el bolsillo tenía un turno para un parador”, contó a Presentes Georgina Orellano, directora de Casa Roja y secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR). Carolina ejercía el trabajo sexual y se había acercado a Casa Roja, en el barrio de Constitución, donde la ayudaron a iniciar el trámite migratorio. Había obtenido la residencia precaria y estaba a la espera de su documento nacional de identidad.

Durante el último mes, Carolina pasó algunas noches en el parador Uspallata, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Policía encontró su cuerpo en la plaza frente al Hospital Muñiz, en Parque Patricios.

“Estuvo mucho tiempo internada en el hospital Ramos Mejía. Cuando salió se encontró con una precariedad absoluta, con imposibilidad de ser asistida por las políticas del Estado, más allá de que son muy acotadas. Uno de los requisitos para recibir algún subsidio es tener regularizada la situación migratoria”, explicó Orellano.

La última vez que sus compañeras la vieron fue el viernes 5 de julio. Se acercó a Casa Roja pidiendo internarse en algún hogar. “Llamamos a varios dispositivos y todos estaban estallados. Las asistentes sociales de los distintos centros nos dijeron que no tenían vacante. No había cupo, había lista de espera. Le dieron un turno para presentarse el 16 de julio”, contó Orellano, quien está organizando la despedida de Carolina en Casa Roja. Ya se comunicaron con su familia y esperan repatriar el cuerpo.

Menos políticas, más personas en situación de calle

Foto: Marcha por reparación histórica para travestis y trans, mayo de 2024, Ciudad de Buenos Aires. Foto: Ariel Gutraich/Agencia Presentes

La muerte de Carolina coincidió con las declaraciones del secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz, quien en la Radio Futurock lanzó la frase polémica: “Si como vecino le das un plato de sopa caliente a la persona que vive en la calle, la acomodás en la pobreza”. Los dichos de Kravetz se dan cuando en las últimas dos semanas se registraron – al menos- 7 muertes de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires.

Las organizaciones consideran se trata de muertes vinculadas al vaciamiento de políticas habitacionales y de endurecimiento de la discriminación y violencia por parte del Gobierno de la Ciudad a las personas que viven en situación de calle. Según cifras de abril, en la capital del país hay 3560 personas en situación de calle. Esto representa un aumento del 14% respecto del año pasado. Pero las organizaciones de la sociedad civil reportan 8.028 personas en situación de calle, según esta nota del medio Chequeado. 

Desde No tan Distintes (NTD), organización que trabaja con mujeres y personas LGBTI+ en situación de vulnerabilidad social, denuncian que el problema recrudeció desde que asumió Jorge Macri como Jefe de Gobierno.

 “Jorge Macri dijo que las personas en situación de calle son peligrosas y que había que cambiar todo el enfoque. Armaron un protocolo de salud mental que permite llevar a personas a guardias psiquiátricas de manera involuntaria. Lo vienen denunciando desde el Hospital Borda. Desde el Gobierno dijeron que están abriendo nuevos paradores, pero hace meses cada vez que llanás a la línea 108 no hay vacante”, dijo a Presentes Paula Migilone, de NTD. Y agregó: “Tienen medida por debajo el número de personas en situación de calle. Todo se agravó con la eliminación de políticas públicas específicas para mujeres y disidencias. Están haciendo una política de desplazamiento, no quieren que se vean. Y eso tiene patas cortas, porque la gente se está muriendo y ahora llegan esas políticas a los medios”.

Marcha por reparación histórica, Ciudad de Buenos Aires, mayo de 2023. Ariel Gutraich/Agencia Presentes

“Cada vez más compañeras duermen la plaza”

Lo del desplazamiento lo confirma también Orellano, que denuncia en particular la situación del barrio de Constitución. Una zona donde viven y trabajan varias trabajadoras sexuales, personas trans y migrantes, y donde se dispararon los precios para acceder a un techo.

“Alquilar por día una habitación está entre 19.000 y 22.000 pesos. Por mes, entre 170.000 y 250.000 pesos. Las condiciones que ofrecen hoteles, inquilinatos y pensiones son de hacinamiento, insalubres y precarias. Entonces, cada vez más vemos compañeras que, como Carolina, duermen en la plaza. Cuando no tienen dinero para pagar su habitación por día, están en las ranchadas, deambulando por Constitución, atravesando también mucha situación de violencia por parte de la policía. Entonces, cada vez se van más desplazando. Hay compañeras durmiendo al costado de la autopista”, dice Orellano.

Foto: Ariel Gutraich/Archivo Presentes

Aumentó la violencia policial

Desde No tan distintes también hacen foco en el incremento de la violencia policial. “Les sacan las pertenencias con violencia, las desalojan de la vía pública”.

Cada año, el 19 de agosto, Día de la lucha por la situación de calle, desde la Asamblea por las Personas en Situación de Calle y el programa de la facultad de Psicología “Sociabilidad por los márgenes”, se publica un informe donde se registran y analizan estas violencias, que -agregan- pasan desapercibidas y son interseccionales. “Por ejemplo, para las personas LGBTI+ hay un subregistro. Muchas usan estrategias para esconder su orientación sexual o identidad de género para no sufrir más violencia, que se multiplica en las disidencias”.

General Argentina, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), Carolina Machado, Casa Roja, Ciudad de Buenos Aires (CABA), Desde No tan distintes, Diego Kravetz, Georgina Orellano, Javier Milei, Paula Migilone, Personas en Situación de Calle, Personas LGTBIQ, Personas trans

Dámaris «Biscochito» León migró desde Ecuador para vivir su identidad trans y cumplir su sueño de ser bailarina. Fue asesinada por un hombre.

Fuente Agencia Presentes

Agustina Ramos

General, Homofobia/ Transfobia. #transfemicidios, AMMAR, Argentina, Biscochito, Casa Roja, Dámaris "Biscochito" León, Dámaris Julieth León Guamán, Delitos de Odio, Ecuador, Homofobia/Transfobia, Karicia, Liliana “La Chaqueña”, Personas LGTBIQ, Personas trans, Sofía Agustina Bravo, Sofía Fernández, Zoe López García

La mató una vecina del hotel donde vivía. Diva era dominicana y había llegado a la Argentina hace diez años.

BUENOS AIRES, Argentina. A Diva le gustaba decir que era la primera travesti migrante de República Dominicana que había logrado hacer su cambio registral. Hacía más de diez años que había llego a la Argentina y se había instalado en el barrio de Constitución, Ciudad de Buenos Aires, donde el sábado 20 de enero fue asesinada.

La noticia llegó a las chicas de Casa Roja, donde Diva Reina de los Santos Contreras acudía al comedor y al psicólogo, en las primeras horas de la mañana. La policía ya había constatado su fallecimiento y vecinos y vecinas del lugar relataron el hecho.

Diva estaba atravesando un fuerte consumo problemático y estaba en tratamiento. Quien la mató era una vecina del hotel en donde vivía. Una mujer dominicana que también atravesaba una situación de consumo. Esa madrugada, una discusión entre ambas fue escalando en violencia y terminó con una puñalada por la espalda que llevó a la muerte de Diva.

Un huésped del hotel llamó al 911 alrededor de la 7 de la mañana alertando sobre un cuerpo en la verdad del lugar. Al llegar, la policía sólo pudo constatar la muerte de Diva.

La mujer que la mató fue detenida sin que ella ofreciera ningún tipo de resistencia. Confesó el crimen y continúa detenida. La causa está en el Juzgado Criminal y Correccional N°48.

El lugar de Diva Reina

Georgina Orellano es presidenta de Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR). La organización fundó en 2019 Casa Roja, en Constitución. Desde ese espacio se hicieron cargo de avisar a la familia de Diva Reina y completar los trámites correspondientes para retirar el cuerpo de la mujer y despedirla.

“Diva una compañera que atravesó muchas situaciones de violencia en su vida. Tuvo que desplazarse e irse de su país porque su entorno no aceptaba su identidad de género. Y acá ha sufrido situaciones de mucho abuso policial”, cuenta Orellano a Agencia Presentes.

La mujer atravesó situaciones de salud delicadas. Estuvo mucho tiempo internada y luego de articulaciones entre organizaciones sociales, lograron el seguimiento del tratamiento por parte del Hogar Cristo Rey desde donde la visitaban semanalmente para supervisar la medicación.

“Ella estaba muy contenta de que hubiera gente que se preocupara por ella. Que, siendo migrante, siendo travesti y viviendo en el barrio Constitución venían los médicos una vez por semana a su hotel para hablar con ella, para ver si se había alimentado y para ver si efectivamente seguía cumpliendo con su tratamiento”, dice Georgina. Y agrega, “su muerte habla de las precariedades de las personas, habla de la falta de políticas y habla de la ausencia del Estado”.

Una vulnerabilidad sin frenos

Diva Reina asistía al comedor de La Casa Roja y a la terapia que se brinda en el lugar. Era, según cuentan en el espacio, una persona asidua que accedía a los distintos servicios que se ofrecían en la casa.

El viernes anterior a su muerte, se había acercado para averiguar cuándo estarían los abogados porque necesitaba asesoramiento. Le dieron turno para el 5 de febrero.

Casa Roja es un espacio que cobija a decenas de mujeres y travestis trabajadorxs sexuales en situación de vulnerabilidad. Allí también encuentran refugio de la violencia institucional, acceden a un plato de comida y a lo que necesitan gestionar en términos legales y de salud. Fue un punto de entrega de alimentos durante los años de pandemia y también una de las postas de vacunación contra Covid-19.

Anmar y La Casa Roja también se hicieron responsables del cuerpo de Diva para darle una despedida digna. “Hablamos con el secretario del fiscal. Sobre todo, para dar cuenta de que ella no tiene acá ningún lazo familiar directo. Nosotras en estos casos, siempre como organización, intervenimos para poder hacernos cargo, para dar una despedida digna a la compañera. El fiscal entendió perfectamente la situación y nos facilitaron hacer los trámites teniendo en cuenta de que se trataba ni más ni menos de una muerte violenta”, explica a Presentes, Orellano.

Diva Reina tenía contacto con su mamá, que vive en República Dominicana. También tenía hermanos en distintos lugares del mundo. Georgina logró comunicarse con una hermana que vive en Italia. Agradecieron la intervención de Ammar, “tenían mucho temor que reclamara el cuerpo de Diva de la morgue, que no tenga ninguna despedida, que nadie ore por ella. Es una familia muy creyente al igual que Diva”, manifestó.

La estigmatización y el odio

Desde que se enteraron del asesinato de Diva Reina, las chicas que integran La Casa Roja no pararon de hacer trámites ni de resolver situaciones vinculadas a este dramático hecho. “Tal vez hoy que tenemos nuestro espacio de intimidad podamos empezar a hacer el duelo”, reflexionó Orellano.

No fue sólo la muerte de Diva lo que angustió a las mujeres. También todo lo que se dijo desde que se conoció el crimen. “A nosotras nos dolió muchísimo que en ese momento se haya presentado el canal Crónica TV, y que muestre en pantalla a nuestra compañera tirada en el piso. Todavía no había ido la ambulancia a retirarla y eso estaba pasando. Nosotras todavía no nos habíamos podido comunicar con la familia de Diva, queríamos que la familia se enterase por otro lado no y no viendo esa imagen”.

A la transmisión del canal se sumaron los comentarios de vecinxs del lugar. “Hay vecinos que aprovechan esa situación, decir cosas xenófobas y racistas hacia los distintos colectivos migrantes que viven en Constitución. Opera el racismo de decir que es un conflicto de personas con drogas, como justificando que merecía morir”, dice la referenta de Ammar. “En vez de denunciar la falta de políticas públicas o la violencia institucional que sufren esas compañeras a diario, aprovechan el micrófono para ser expulsivos y con una mirada de higienización social con respecto a un barrio donde nosotras vivimos, habitamos y tenemos ahí también la organización”.

El avance de la precariedad 

Orellano también resaltó que la persona que mató a Diva era otra mujer en situación de gran vulnerabilidad. “La persona que lamentablemente la asesinó también era una persona atravesada por un montón de precariedades, con mucha violencia en su vida, y como muy por fuera del sistema. Este crimen nos tiene que llevar como sociedad a profundizar que con la precariedad que hay hoy en nuestro país, éstas lamentablemente van a ser las situaciones que se van a presentar en los barrios”.

Respecto del crimen de Diva se dijo, entre otras cosas, que fue un ajuste de cuentas y que ambas mujeres eran “transas”.

“También se dijo que Diva había ido hasta ahí a comprar drogas. La verdad es que Diva era una vecina de Constitución. Desde que llegó a la Argentina vive en el barrio. Alquilaba una habitación en ese hotel. No era alguien que pasó y se encontró con la muerte, si no alguien que vivía ahí. Que era vecina del barrio, que era nuestra compañera”.

El cuerpo de Diva será sepultado en el Cementerio de la Chacarita, antes habrá un velatorio en Casa Roja. 

Maby Sosa

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Asesinato, Barrio de Constitución, Buenos Aires, Casa Roja, Ciudad de Buenos Aires (CABA), Delitos de Odio, Diva Reina de los Santos Contreras, Georgina Orellano es presidenta de Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), Hogar Cristo Rey, Personas LGTBIQ, República Dominicana