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Cómo impacta a mujeres y a las diversidades la persecución a periodistas en El Salvador

Lunes, 9 de mayo de 2022
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2202811D-434D-4BAC-B779-F15C0C9F1C14-768x432Desde el régimen de excepción impuesto por el gobierno de Bukele, periodistas y activistas LGBT sufrieron amenazas y hostigamientos.

SAN SALVADOR, El Salvador. El Congreso salvadoreño aprobó en marzo una nueva y polémica reforma el código penal del país. Esta medida establece condenas de hasta 15 años para periodistas que publiquen contenidos informativos sobre las violentas pandillas Mara Salvatrucha y su rival Barrio 18.

La medida no es una sorpresa. Desde su llegada al poder en junio de 2019, Bukele ha creado progresivamente una barrera al escrutinio para imponer un silencio a investigaciones y publicaciones periodísticas que denuncian y otorgan pruebas de posibles casos de corrupción, violaciones a derechos humanos, transacciones opacas de bitcoin y negociaciones con las pandillas que asolan al país centroamericano.

Bukele ha insistido que durante su gobierno El Salvador dejó de ser el país más violento del mundo, tras la histórica reducción de homicidios gracias a la implementación de su Plan Control Territorial del que no se conoce ni un detalle ni programa.

El amedrentamiento permanente

Gabriela Cáceres periodista especializada en temas judiciales y violencia del periódico digital El Faro, ya afronta las consecuencias de las reformas aprobadas. La periodista reveló que la Dirección de Centros Penales, manejado por el ejecutivo, liberó a Élmer Canales Rivera, alias Crook Se trata de uno de los máximos líderes de la pandilla MS-13 que tiene procesos judiciales pendientes de cumplir.

Cinco días después de la aprobación de las reformas, Gabriela fue amenazada por Kevin Sánchez, integrante del partido de Bukele, Nuevas Ideas. Le dijo que iniciarán un proceso penal en su contra por “haber replicado mensajes afines a pandillas con el fin de atemorizar a la población”.

“Son las consecuencias lastimosamente que estamos pasando las periodistas de investigación que trabajamos bajo un régimen tan difícil como este. Dije ni modo voy a enfrentar lo que sea y voy a seguir haciendo mi trabajo porque no he mentido. Es una prueba legal, una prueba que fue emitida por un juez”, expresó Gabriela a Presentes.

9E812FAF-0CC3-455F-AA8C-E90B8839C1C3El juez especializado en crimen organizado, Godofredo Salazar, fue acusado por Bukele de ser “cómplice del crimen organizado”. También “recomendó” a la Corte Suprema de Justicia removerlo de su cargo. Su remoción fue aprobada el mismo día de la publicación del presidente.

“Es una medida que se ha salido de control y que ha generado demasiado temor dentro del gremio periodístico. Porque te quedas pensando ¿cómo publico esto sin que me vayan a meter preso? Porque ni siquiera puedes ampararte a una institución porque las instituciones también están ligadas al oficialismo. Es bastante preocupante la decisión que tomó la asamblea y respaldada por el presidente Bukele”, lamentó Gabriela.

Justificando las reformas

La efectividad del Plan Control Territorial quedó entre dicho el 26 de marzo, cuando fueron asesinados 62 personas, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos. En 72 horas, 87 personas perdieron la vida por supuestos ataques de pandilleros.

El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.

Durante 24 días la policía y militares han detenido a 13.573 personas acusadas de pertenecer a las pandillas por su sola apariencia. Ninguna de estas detenciones tuvo orden de un juez.

Mordaza al hablar de pandillas

Surgidas en las calles de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, miles de pandilleros fueron deportados a su país de origen y se extendieron en todo el territorio. Desde allí extorsionan, venden droga y luchan a muerte el control de sus territorios. Se estima oficialmente que unas 86.000 pertenecen a estas estructuras.

En 2015, El Salvador registró 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de la tasa más alta del mundo, según las Naciones Unidas. Desde entonces, las cifras han venido a la baja y durante el gobierno de Bukele, los números se redujeron a niveles históricos.

En 2021, la policía registró un total de 1,140 asesinatos, un 15% menos que en el mismo periodo de 2020. Lo que equivale a 18 muertes por cada 100.000 habitantes.

Crisis Group International aseguró en septiembre de 2020 que el desplome en la tasa de homicidios podría deberse no sólo a políticas de seguridad, sino a decisión propia de las pandillas. Posiblemente por un frágil acuerdo de no agresión con las autoridades.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó en diciembre a dos altos funcionarios del gobierno, Osiris Luna, director general de Centros Penales, y a Carlos Marroquin, director de Tejido Social. Según la acusación, ellos facilitaron una negociación con las pandillas a cambio de apoyo electoral para el partido de Bukele en las elecciones de febrero de 2021.

7040E0B3-6BF7-40DD-B2D9-794D61D49CE4“En 2020, el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele brindó incentivos económicos a las pandillas salvadoreñas MS-13 y Barrio 18 para que éstas le garantizaran bajos niveles de violencia de pandillas y de homicidios confirmados”, señaló el Departamento del Tesoro en un comunicado oficial.

En enero de 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a El Salvador la extradición de 14 lideres de la Mara Salvatrucha por delitos narcotráfico, terrorismo y conspiración, pero Bukele y sus aliados en la Fiscalia General y la Corte Suprema de Justicia, cooptada desde el 1 mayo 2021 se niegan a extraditarlos.

El fiscal general impuesto por Bukele, solicitó a la Corte Suprema de Justicia no aprobar la extradición alegando que no hay garantías que Estados Unidos respete los derechos constitucionales de los acusados.

Sin embargo, los legisladores oficialistas aprobaron la primera semana de abril unas reformas que sancionan a los medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales que reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población en general.

El castigo a la prensa

“Vemos con suma preocupación las reformas porque podría aumentar los casos en contra de mujeres periodistas. Sobre todo, para quienes están trabajando en investigaciones”, dijo a Presentes Mónica Rodríguez, integrante de la Colectiva de Mujeres Periodistas del país centroamericano.

Para la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), las reformas impulsadas por Bukele responden al interés de censurar a los medios de comunicación y socavar el derecho a la libertad de prensa e información en el país.

“Nuestra principal preocupación es que se le esté limitando el derecho a la información a la población salvadoreña. Se le quiere esconder a los salvadoreños, que en ese supuesto combate contra la delincuencia se están cometiendo demasiados abusos, se están limitando derechos. Se está restringiendo la libertad de prensa”, expresó César Fagoaga, presidente de la gremial de periodistas.

 

El centro de monitoreo de agresiones contra periodistas de la APES registró 38 denuncias de ataques entre enero y abril de 2022. Diecinueve de ellos fueron acosos digitales y 8 restricciones al ejercicio de su trabajo, 15 de los casos fueron contra mujeres. Gabriela Cáceres recibió solamente en una publicación en Twitter 1,095 ofensas de cuentas afines al gobierno.

“Esta ley se trata únicamente para silenciar a la prensa. No creo que esta reforma se trate de combatir a las pandillas y la mejor opción es no hablar de ellos. Es una medida que va encaminada hacia otro rumbo que todavía no sabemos pero que ahorita claramente es silenciar a la prensa. Estamos caminando sobre un piso demasiado frágil en este momento”, dijo Gabriela.

El presidente del Congreso, Ernesto Castro atacó a periodistas e investigadores desde el hemiciclo. Y les “recomendó” que se busquen asilo humanitario fuera de El Salvador.

“No los necesitamos, váyanse. Pero si se quieren quedar este es el nuevo país en el que estamos viviendo y este es el nuevo país donde vamos a vivir”, expresó exacerbado durante su intervención durante la aprobación de una ley para construir más centros penales en el país.

De acuerdo a la APES, en 2022 se han exiliado cuatro periodistas después de ser objeto de ataques de Bukele que les acusó de ser defensores y familiares de pandilleros. Las agresiones reportadas fueron hechas en su mayoría por funcionarios públicos y usuarios de redes sociales afines al partido Nuevas Ideas.

Bukele justificó la penalización de los periodistas en el código penal de Alemania que regula el uso de la simbologia nazi. Sin embargo, la legislación del país europeo no limita la libertad de prensa e información.

“Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, asi como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Nadie dijo nada”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter.

Libertad de información en riesgo

La Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI),señaló en un comunicado su preocupación por el aumento de acosos digitales y discursos de odio desde la implementación del régimen de excepción, que ponen en riesgo la vida de defensores de derechos humanos.

Consideran que el gobierno mantiene una permanente campaña de desinformación y criminalización de los defensores de derechos humanos del país.

“Nos enfrentamos a un discurso de odio instalado desde el Estado y validado constantemente dentro de sus instituciones. Incluso desde las que deberían de tratar de poner fin, las cuales contribuyen a acrecentar estas situaciones motivadas por la intolerancia a la crítica y la disidencia”, expresó la FESLGBTI.

El defensor de derechos humanos y activista político, Erick Iván Ortíz fue amenazado de muerte en dos llamadas telefónicas. De acuerdo a la FESLGBTI criticar los constantes abusos del gobierno a la prensa y organizaciones sociales les convierte en blancos de ataque para el oficialismo.

Fuente Agencia Presentes

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El Salvador: Un canal televisivo se negó a entrevistar en vivo a una reconocida activista trans

Miércoles, 16 de marzo de 2022
Comentarios desactivados en El Salvador: Un canal televisivo se negó a entrevistar en vivo a una reconocida activista trans

El-Salvador-10-1200x600En el Día Internacional de la Mujer, un programa de tevé se negó a entrevistar a la activista trans Britany Castillo.

SAN SALVADOR, El Salvador. En el marco del día internacional de las mujeres, activistas de la Asamblea Feminista fueron invitadas al canal 12 para participar en la revista matutina “Hola El Salvador”, pero una de ellas fue discriminada por su identidad de género y le negaron su participación en el programa.

Britany Castillo, mujer trans y reconocida activista que forma parte de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoiris Trans – llegó junto a Sara García de la Asamblea Feminista a las instalaciones del canal.

Ambas participarían en el programa de televisión que se transmite todas las mañanas a nivel nacional. La entrevista a las activistas fue acordada una semana de anterioridad, dijo a Presentes Castillo.

De acuerdo con su testimonio, las activistas fueron recibidas en la recepción del canal. Les pidieron esperar hasta que la producción les indicara el momento de pasar al estudio. Minutos después, una persona del equipo les notificó que solamente una de ellas podía participar en los quince minutos de entrevista que les concedieron días atrás.

“Nos dijeron que solamente podía entrar una de nosotras por las tomas gráficas. Luego que habían vendido la publicidad y que el tiempo no era suficiente. Que solamente podía participar quien representaba a las mujeres, porque la otra persona que estaba ahí no era mujer”, narró Britany a Presentes.

El canal no respondió

La producción del programa justificó que no podían salir las dos en cámara, a pesar de que en el monitor de la sala de espera Britany observó que en la entrevista previa participaron cinco personas.

“Es lamentable que se negara el derecho de participar en un espacio de entrevista que ya se había gestionado y estaba confirmada. Que se le haya dicho que solo la ‘representante de mujeres’ podía hablar, es negarle el reconocimiento de su identidad de género como mujer trans, sumado a la vulneración de su derecho a la libertad de expresión”, dijo a Presentes Angélica Carcamo, expresidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador – APES.

Presentes pidió comentarios a la producción de canal 12, pero en la recepción respondieron que “por el momento no se encontraba nadie del programa, pero que pasarían el mensaje (a los encargados)”. Al cierre de la nota no se obtuvo respuesta.

La discriminación, una moneda corriente

Este día denunciamos a canal 12, que en este día ha discriminado. No puede ser que en el día de los derechos de las mujeres este canal cierre las puertas a activistas feministas y transfeministas. No puede ser que sigan generando tanto odio, tanta discriminación y tanta violencia”, dijo Sara García en un video publicado en su cuenta de Twitter.

El informe “Estudio de casos que evidencian la discriminación y violencia contra la población LGBTI en El Salvador” realizado por la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – Comcavis Trans, señala que el 90 por ciento de las personas consultadas en la investigación ha sufrido discriminación por su orientación e identidad de género.

Hoy denunciamos que el canal 12 no permitió participar en una entrevista a nuestra compañera transfeminista Britany Castillo. Condenamos esta acción que representa violencia, odio, exclusión y transfobia”, señaló la Asamblea Feminista en su cuenta oficial de Twitter.

La falta de ley avala los actos discriminatorios

El Salvador no cuenta con una ley de identidad de género. El 22 de febrero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo parcial que reconoce el derecho de las personas trans de cambiar su nombre en los documentos de identidad acorde a su género autopercibido.

“No contamos con una ley de identidad de género en este país machista y patriarcal. Espero que por fin pueda haber una ley de identidad de género y que no nos sigan violentando en estos espacios donde no conciben que existimos mujeres que nos construimos a base de nuestra feminidad”, expresó Britany.

Britany lamentó que un hombre que no se identificó del equipo de producción del canal la haya ignorado completamente. Mientras lo hacía, justificaba a Sara García los motivos del cambio repentino del espacio de la entrevista, después de rechazar participar por la discriminación.

“Era como si yo no existiera en ese momento, como que era una pared que no podía dar mi opinión porque ni siquiera me miraba. Dijo que hiciéramos lo que quisiéramos, que si nos pronunciamos públicamente a ellos les daba igual”, agregó Britany.

El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra la población LGBTI, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de género y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.

Sin embargo, tras la investidura de Nayib Bukele, el mandatario eliminó la dirección de diversidad sexual en donde se atendían las denuncias de violaciones de derechos hacia la población LGBTI.

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El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos emitió un comunicado condenando la discriminación contra Britanny.

El papel que juegan los medios

Los medios de comunicación tradicionales en El Salvador mantienen una agenda conservadora y limitan la apertura a identidades disidentes en su programación.

El canal 12 forma parte de una red de medios que cuentan con una escuela para presentadores de televisión y locución, sin tomar en cuenta formación de abordaje de contenidos de género y diversidad.

“Aunque hay avances en medios comunitarios y digitales en abrirles espacios, aún hay muchos retos. Por ejemplo: los medios privados siguen mostrando una postura conservadora y excluyente hacia la comunidad trans. Es necesario que los medios implementen políticas de no exclusión y manuales de tratamiento informativo hacia las personas trans. Las gremiales de periodistas y la academia también pueden abonar a ello”, acotó Angélica.

Fuente Agencia Presentes

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