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Cómo impacta a mujeres y a las diversidades la persecución a periodistas en El Salvador

Lunes, 9 de mayo de 2022

2202811D-434D-4BAC-B779-F15C0C9F1C14-768x432Desde el régimen de excepción impuesto por el gobierno de Bukele, periodistas y activistas LGBT sufrieron amenazas y hostigamientos.

SAN SALVADOR, El Salvador. El Congreso salvadoreño aprobó en marzo una nueva y polémica reforma el código penal del país. Esta medida establece condenas de hasta 15 años para periodistas que publiquen contenidos informativos sobre las violentas pandillas Mara Salvatrucha y su rival Barrio 18.

La medida no es una sorpresa. Desde su llegada al poder en junio de 2019, Bukele ha creado progresivamente una barrera al escrutinio para imponer un silencio a investigaciones y publicaciones periodísticas que denuncian y otorgan pruebas de posibles casos de corrupción, violaciones a derechos humanos, transacciones opacas de bitcoin y negociaciones con las pandillas que asolan al país centroamericano.

Bukele ha insistido que durante su gobierno El Salvador dejó de ser el país más violento del mundo, tras la histórica reducción de homicidios gracias a la implementación de su Plan Control Territorial del que no se conoce ni un detalle ni programa.

El amedrentamiento permanente

Gabriela Cáceres periodista especializada en temas judiciales y violencia del periódico digital El Faro, ya afronta las consecuencias de las reformas aprobadas. La periodista reveló que la Dirección de Centros Penales, manejado por el ejecutivo, liberó a Élmer Canales Rivera, alias Crook Se trata de uno de los máximos líderes de la pandilla MS-13 que tiene procesos judiciales pendientes de cumplir.

Cinco días después de la aprobación de las reformas, Gabriela fue amenazada por Kevin Sánchez, integrante del partido de Bukele, Nuevas Ideas. Le dijo que iniciarán un proceso penal en su contra por “haber replicado mensajes afines a pandillas con el fin de atemorizar a la población”.

“Son las consecuencias lastimosamente que estamos pasando las periodistas de investigación que trabajamos bajo un régimen tan difícil como este. Dije ni modo voy a enfrentar lo que sea y voy a seguir haciendo mi trabajo porque no he mentido. Es una prueba legal, una prueba que fue emitida por un juez”, expresó Gabriela a Presentes.

9E812FAF-0CC3-455F-AA8C-E90B8839C1C3El juez especializado en crimen organizado, Godofredo Salazar, fue acusado por Bukele de ser “cómplice del crimen organizado”. También “recomendó” a la Corte Suprema de Justicia removerlo de su cargo. Su remoción fue aprobada el mismo día de la publicación del presidente.

“Es una medida que se ha salido de control y que ha generado demasiado temor dentro del gremio periodístico. Porque te quedas pensando ¿cómo publico esto sin que me vayan a meter preso? Porque ni siquiera puedes ampararte a una institución porque las instituciones también están ligadas al oficialismo. Es bastante preocupante la decisión que tomó la asamblea y respaldada por el presidente Bukele”, lamentó Gabriela.

Justificando las reformas

La efectividad del Plan Control Territorial quedó entre dicho el 26 de marzo, cuando fueron asesinados 62 personas, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos. En 72 horas, 87 personas perdieron la vida por supuestos ataques de pandilleros.

El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.

Durante 24 días la policía y militares han detenido a 13.573 personas acusadas de pertenecer a las pandillas por su sola apariencia. Ninguna de estas detenciones tuvo orden de un juez.

Mordaza al hablar de pandillas

Surgidas en las calles de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, miles de pandilleros fueron deportados a su país de origen y se extendieron en todo el territorio. Desde allí extorsionan, venden droga y luchan a muerte el control de sus territorios. Se estima oficialmente que unas 86.000 pertenecen a estas estructuras.

En 2015, El Salvador registró 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de la tasa más alta del mundo, según las Naciones Unidas. Desde entonces, las cifras han venido a la baja y durante el gobierno de Bukele, los números se redujeron a niveles históricos.

En 2021, la policía registró un total de 1,140 asesinatos, un 15% menos que en el mismo periodo de 2020. Lo que equivale a 18 muertes por cada 100.000 habitantes.

Crisis Group International aseguró en septiembre de 2020 que el desplome en la tasa de homicidios podría deberse no sólo a políticas de seguridad, sino a decisión propia de las pandillas. Posiblemente por un frágil acuerdo de no agresión con las autoridades.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó en diciembre a dos altos funcionarios del gobierno, Osiris Luna, director general de Centros Penales, y a Carlos Marroquin, director de Tejido Social. Según la acusación, ellos facilitaron una negociación con las pandillas a cambio de apoyo electoral para el partido de Bukele en las elecciones de febrero de 2021.

7040E0B3-6BF7-40DD-B2D9-794D61D49CE4“En 2020, el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele brindó incentivos económicos a las pandillas salvadoreñas MS-13 y Barrio 18 para que éstas le garantizaran bajos niveles de violencia de pandillas y de homicidios confirmados”, señaló el Departamento del Tesoro en un comunicado oficial.

En enero de 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a El Salvador la extradición de 14 lideres de la Mara Salvatrucha por delitos narcotráfico, terrorismo y conspiración, pero Bukele y sus aliados en la Fiscalia General y la Corte Suprema de Justicia, cooptada desde el 1 mayo 2021 se niegan a extraditarlos.

El fiscal general impuesto por Bukele, solicitó a la Corte Suprema de Justicia no aprobar la extradición alegando que no hay garantías que Estados Unidos respete los derechos constitucionales de los acusados.

Sin embargo, los legisladores oficialistas aprobaron la primera semana de abril unas reformas que sancionan a los medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales que reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población en general.

El castigo a la prensa

“Vemos con suma preocupación las reformas porque podría aumentar los casos en contra de mujeres periodistas. Sobre todo, para quienes están trabajando en investigaciones”, dijo a Presentes Mónica Rodríguez, integrante de la Colectiva de Mujeres Periodistas del país centroamericano.

Para la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), las reformas impulsadas por Bukele responden al interés de censurar a los medios de comunicación y socavar el derecho a la libertad de prensa e información en el país.

“Nuestra principal preocupación es que se le esté limitando el derecho a la información a la población salvadoreña. Se le quiere esconder a los salvadoreños, que en ese supuesto combate contra la delincuencia se están cometiendo demasiados abusos, se están limitando derechos. Se está restringiendo la libertad de prensa”, expresó César Fagoaga, presidente de la gremial de periodistas.

 

El centro de monitoreo de agresiones contra periodistas de la APES registró 38 denuncias de ataques entre enero y abril de 2022. Diecinueve de ellos fueron acosos digitales y 8 restricciones al ejercicio de su trabajo, 15 de los casos fueron contra mujeres. Gabriela Cáceres recibió solamente en una publicación en Twitter 1,095 ofensas de cuentas afines al gobierno.

“Esta ley se trata únicamente para silenciar a la prensa. No creo que esta reforma se trate de combatir a las pandillas y la mejor opción es no hablar de ellos. Es una medida que va encaminada hacia otro rumbo que todavía no sabemos pero que ahorita claramente es silenciar a la prensa. Estamos caminando sobre un piso demasiado frágil en este momento”, dijo Gabriela.

El presidente del Congreso, Ernesto Castro atacó a periodistas e investigadores desde el hemiciclo. Y les “recomendó” que se busquen asilo humanitario fuera de El Salvador.

“No los necesitamos, váyanse. Pero si se quieren quedar este es el nuevo país en el que estamos viviendo y este es el nuevo país donde vamos a vivir”, expresó exacerbado durante su intervención durante la aprobación de una ley para construir más centros penales en el país.

De acuerdo a la APES, en 2022 se han exiliado cuatro periodistas después de ser objeto de ataques de Bukele que les acusó de ser defensores y familiares de pandilleros. Las agresiones reportadas fueron hechas en su mayoría por funcionarios públicos y usuarios de redes sociales afines al partido Nuevas Ideas.

Bukele justificó la penalización de los periodistas en el código penal de Alemania que regula el uso de la simbologia nazi. Sin embargo, la legislación del país europeo no limita la libertad de prensa e información.

“Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, asi como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Nadie dijo nada”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter.

Libertad de información en riesgo

La Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI),señaló en un comunicado su preocupación por el aumento de acosos digitales y discursos de odio desde la implementación del régimen de excepción, que ponen en riesgo la vida de defensores de derechos humanos.

Consideran que el gobierno mantiene una permanente campaña de desinformación y criminalización de los defensores de derechos humanos del país.

“Nos enfrentamos a un discurso de odio instalado desde el Estado y validado constantemente dentro de sus instituciones. Incluso desde las que deberían de tratar de poner fin, las cuales contribuyen a acrecentar estas situaciones motivadas por la intolerancia a la crítica y la disidencia”, expresó la FESLGBTI.

El defensor de derechos humanos y activista político, Erick Iván Ortíz fue amenazado de muerte en dos llamadas telefónicas. De acuerdo a la FESLGBTI criticar los constantes abusos del gobierno a la prensa y organizaciones sociales les convierte en blancos de ataque para el oficialismo.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Periódico de Kenia publica una lista de personas homosexuales, promoviendo su persecución

Miércoles, 13 de mayo de 2015

citizenEn Kenia “no hay lugar para la homosexualidad”

Nuevamente un periódico de un país africano pone en riesgo la vida de personas LGTB llevando a su portada sus nombres y fotografías.

La homosexualidad se ha convertido en un tema de actualidad en Kenia tras el fallo de un tribunal en el que obliga al gobierno a permitir el registro de asociaciones de gays y lesbianas después la justicia considerara que este colectivo necesita reconocimiento. El tribunal estimó que la religión y la moral imperantes no pueden socavar los derechos constitucionales, entre ellos el de asociación. También resolvió que las garantías recogidas en la Constitución de Kenia son aplicables a todos los ciudadanos, sea cual sea su orientación sexual.

Habrá que esperar al resultado de la apelación anunciada por el Foro de Cristianos Profesionales de Kenia, que se personó como parte afectada en el bando de los acusados, lo que motivaría la intervención del Tribunal Supremo, que es el que tiene la competencia final para la interpretación de la Constitución. En cualquier caso el fallo fue recibido con satisfacción por la NGLHRC. Sin embargo, Kenia no es un país precisamente fácil para las personas LGTB, y entraba dentro de lo previsible que sucediera algo como lo ocurrido ahora.

Después de que este fallo provocara la indignación de la mayoría de la población keniana, que se opone a la homosexualidad en el país, el popular semanario Weekly Citizen ha causado un gran revuelo en la capital después de que publicara los nombres y fotos de varios kenianos populares, señalándoles como homosexuales.

El periódico de KeniaWeekly Citizen” publicó en su portada un listado de personas LGBT, con nombres y fotos, bajo el titular “Top gays, lesbians list in Kenya out” (“Destapamos la lista de los principales gays y lesbianas de Kenia”), una acción que pone en peligro sus vidas. El diario de Nairobi, que se describe a sí mismo como “el periódico político más acreditado de Kenia”, muestra en su portada las caras de 12 personas, con nombre, apellidos y descripción. En las páginas interiores se hace una descripción al detalle de cada uno de ellos, incluso de los que no habían salido públicamente del armario. Algunos de ellos son conocidos internacionalmente como activistas por los derechos de la comunidad LGBT. En la lista también aparece un político y un cantante de gospel. Podemos ver entre ellos políticos, hombres de negocios, periodistas y activistas. Un día después, la edición en papel del periódico llevaba a su portada las fotografías de diez de ellos. Algunas son personas abierta y públicamente LGTB, pero no todas, y en cualquier caso la publicación explicita de sus nombres en una lista así les sitúa en una posición de alto riesgo. “Si los homófobos querían un objetivo, si la policía quería detener a alguien, si jóvenes antigays estaban buscando adolescentes a los que atacar, ahora ya tienen un rostro y un nombre”, ha declarado a Gay Star News el activista Denis Nzioka, precisamente uno de los nombres de la lista. “Ahora somos objetivos andantes”, ha añadido.

Entre los que están en la lista se encuentra Maina Kageni, un célebre locutor de radio; el profesor de la Escuela universitaria de Derecho de Buffalo (en el estado de Nueva York) Makau Mutua; el escritor Binyavanga Wainaina, abiertamente gay, o el periodista John Githongo y muchos otros se encuentran entre los que han sido mencionados en el periódico. Los activistas temen que este artículo forme parte de “una campaña para encender aún más al odio contra la comunidad LGBT”.

Aunque Citizen Weekly presenta la información como periodística y se cuida de no llamar expresamente a la violencia, lo cierto es que todo apunta a que el artículo se inscribe en una campaña de hostilidad hacia las personas LGTB. Los antecedentes de publicaciones similares en otros países africanos, muy singularmente en la vecina Uganda, no son desde luego alentadores: desde el tabloide Red Pepper, que publicó en 2014 lo que llamó el “top 200″ de los homosexuales ugandeses, hasta el asesinato en 2011 del activista ugandés David Kato tras ser uno de los 100 ciudadanos homosexuales cuyo nombre y fotografía habían sido publicados por Rolling Stone (otra publicación local), acompañados de la leyenda “Hang Them” (“a la horca”).

La homosexualidad es ilegal en Kenia, lo que obliga a muchos kenianos a permanecer en el armario. Los activistas temen que el periódico incite a la violencia colectiva, similar a cuando el activista ugandés David Kato fue asesinado después de ser “nombrados y avergonzados” en la primera página de un periódico sensacionalista en 2010. La diferencia con el caso de Uganda es que en el Weekly Citizen no se llama directamente a la violencia o al asesinato, como ocurrió entonces.

El vicepresidente del país, William Ruto, afirmó en una iglesia de Nairobi la semana pasada que no “hay lugar” para la homosexualidad en la sociedad keniana y que está dispuesto a proteger “la religión y los valores culturales” del país. “No vamos a permitir la homosexualidad en nuestra sociedad porque viola nuestras creencias religiosas y culturales”, dijo Ruto en la iglesia Jesus Winner Ministry de las afueras de Nairobi. “Vamos a estar junto a nuestros líderes religiosos para defender nuestra fe y nuestras creencias (…) No hay lugar para la homosexualidad en este país, se lo puedo asegurar”, añadió.

La difícil situación de las personas LGTB en Kenia

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana) y profundamente homófobo, que castiga la práctica de la homosexualidad con penas de hasta 14 años de cárcel, en base a leyes heredadas de la época colonial británica. Precisamente a principios de este año informábamos de la detención de dos hombres, acusados de practicar la homosexualidad, víctimas de una operación policial más amplia, con la que se pretendería dar ejemplo tras salir a la luz unos informes que señalan un aumento del turismo homosexual en la zona costera del país.

A las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales, se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaría dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% considera tal orientación sexual inaceptable.

Sin embargo, como evidencia la noticia que nos ha ocupado, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB muy productivo. Entre sus miembros se encuentra Denis Nzioka, que incluso trató de presentarse en las últimas elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó como senador en las últimas elecciones, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez una persona abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos y ser escuchado.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que se ha visto truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros.

Fuente Cáscara Amarga y Dosmanzanas

Cristianismo (Iglesias), General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

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