Diferentes asociaciones denuncian que las lesbianas siguen siendo acusadas de brujas o estar poseídas por el demonio, además de ser torturadas y sometidas a violaciones correctivas en Camerún.

Alrededor de una docena de mujeres, algunas de ellas adolescentes, son arrestadas como sospechosas de ser lesbianas en el mes de mayo en Camerún. Tras ser sometidas a intensivos interrogatorios y ser torturadas, también se les aplican violaciones correctivas en grupo con el objetivo de «curar» su homosexualidad, según revela un informe de Thomson Reuters Foundation, denunciando de esta manera hasta qué punto sufren y son perseguidas las lesbianas en un país en el que además son consideradas brujas o poseídas por un demonio.

«No vi a las chicas como todos los demás, pensé un mal espíritu me había invadido (…). De manera que empecé a rezar para que se fuera», confiesa una refugiada que actualmente vive en Francia, Viviane, pero que cuando tenía 14 años de edad y vivía en Yaundé, quien pensó realmente que había sido embrujada cuando se sintió atraída sexualmente por otras personas de su mismo sexo. Tras comprobar que las oraciones no sirven de nada, termina aceptando su orientación sexual y comienza a salir con otra chica. Una vez es descubierta por su familia le dan una paliza y le obligan a ver al «médico brujo» local de su aldea que le obliga a beber sangre y le introduce chili picante por el ano con la intención de «purificarle». Asimismo, con el objetivo de «salvar el nombre de la familia», le obligan a casarse con un pastor de la iglesia más de treinta años mayor que ella, quien la encadena a una pared y la viola brutalmente a los 18 años de edad. «Para ellos, yo era como un collar que vendían», afirma Viviane, explicando que no le habría servido de nada denunciar la violación al tratarse de un pastor, quien «es como un Dios» en Camerún: «Dios no puede violar. Y si lo acusas de violación, eres el demonio».

Las detenciones de personas sospechosas de ser homosexuales son habituales en algunos países africanos, como también lo son las violaciones correctivas, particularmente en Camerún, donde no solo es ilegal ser homosexual, sino que es uno de la media docena de países en los que se castiga con la muerte. Irónicamente, la brujería también es una práctica ilegal, pero parece ser menos dañina para las autoridades, que no interceden para evitar que se apliquen estas violaciones correctivas, siempre que sea para «curar» la homosexualidad.

Según un informe de 2017 de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), 33 países africanos, de un total de 54, criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Solo en Camerún, el año pasado se registraron casi 600 agresiones de carácter homofóbico, según Humanity First Camerún, siendo violadas una de cada cinco lesbianas, así como uno de cada diez gays. Datos que podrían ser mucho peores dado que muchas agresiones ni siquiera son denunciadas.

«La situación en Camerún para las lesbianas y cualquiera que no se identifique como heterosexual es extremadamente grave. Las relaciones entre personas del mismo sexo están en contra de la ley y son socialmente inaceptables, y las personas que son, o se cree que son, lesbianas o homosexuales suelen ser objeto de ataques de vigilantes, palizas y formas de tortura. Está creciendo una valiente oposición a la supuesta visión «tradicional» de la orientación sexual, pero los activistas en el país tienen que ponerse en circunstancias extremadamente peligrosas, enfrentándose a la intimidación, violencia, amenazas e incluso la muerte, por su trabajo en la defensa de los derechos LGBTI», declara Balkissa Ide Siddo, de Amnistía Internacional en África central.

La dura realidad camerunesa para las personas LGTB

El último suceso homófobo del que tuvimos noticia, fue en enero pasado cuando un grupo de militares cameruneses asaltó brutalmente un local de ambiente homosexual en la localidad de Gaorua. El asalto se saldó con un muerto, tres heridos graves —uno de los cuales ha perdido un ojo— y un número no determinado de heridos leves. No se ha abierto ninguna investigación al respecto, ni se han presentado denuncias, por lo que los asaltantes quedarán impunes de sus crímenes.

A finales de 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la situación de las personas LGTB en Camerún, realmente complicada. Y es que cada poco tiempo se producen noticias de detenciones, algunas de las cuales hemos recogido a lo largo de los últimos años.

En febrero de 2012 informamos de la detención de al menos tres mujeres lesbianas. Poco antes, en enero de 2012, eran cuatro hombres los detenidos. En noviembre de 2011 tres hombres fueron condenados a cinco años de cárcel acusados de mantener relaciones homosexuales en un coche (una de las pruebas que el juez tuvo en cuenta fue que los acusados hubieran estado bebiendo Baileys, un licor considerado típicamente femenino. Por fortuna este caso fue luego reconsiderado). En octubre de 2011 se condenó a tres años de cárcel a Jean-Claude Roger Mbédé por declararse a otro hombre por SMS, pena que fue confirmada en diciembre de 2012. Lamentablemente, en enero de 2014 Jean-Claude fallecía, abandonado por su familia, por las complicaciones derivadas del maltrato sufrido.

En abril de 2011 se detuvo a otros tres jóvenes acusados de homosexualidad. En marzo de 2011 un nuevo detenido fue condenado a 36 meses de cárcel, motivo por el cual Amnistía Internacional llevó a cabo una acción. En octubre de 2010 dos jóvenes sufrían una detención y un trato degradante por parte de la Policía. En mayo de 2010 dos detenidos fueron luego condenados a cinco meses de cárcel. En marzo de 2010 otra detención se mezcló con un intento de extorsión por parte de la Policía a un ciudadano australiano. En diciembre de 2009 un joven fue finalmente liberado tras permanecer varios días en prisión en condiciones miserables.

En julio de 2013, se conoció la sentencia a prisión de dos hombres detenidos dos años antes por mantener relaciones homosexuales. También en 2013, fue sentenciado a nueve años de cárcel Cornelius Fonya, acusado de mantener relaciones con un joven de 19 años, en un juicio plagado de irregularidades. Su abogado, Walter Atoh, ha debido huir del país tras ser amenazado de muerte, mientras se dilucida la apelación. Más recientemente, en junio de 2014, se dio a conocer la historia de una pareja homosexual que se vio obligada a huir de su localidad tras ser ataca por sus vecinos y detenida por la policía.

A finales de 2015, Joshua Mbarga, un activista LGTB, sufrió la invasión de su hogar por unos delincuentes que intentaron matarle tras robarle con total impunidad. Alertada por los vecinos, la Policía intervino hasta que los asaltantes decidieron acusar a Mbarga de pretender mantener relaciones sexuales con uno de ellos. En ese momento la víctima se convirtió en objeto de investigación. En octubre de este 2016, tuvo lugar una redada masiva en un local de ambiente LGTB de Yaoundé, con un fuerte dispositivo policial que detuvo a todos los clientes y trabajadores presentes en el local. En diciembre del mismo año, fueron detenidos otros doce hombres por posesión de lubricantes y preservativos, algo considerado por las autoridades como prueba de comportamiento homosexual.  A finales de 2017, tres jóvenes fueron detenidos tras caer en una trampa tendida por miembros del ejército, por lo que deberán ser juzgados por un tribunal militar.

Uno de los sucesos más terribles tuvo lugar en julio de 2013, cuando fue brutalmente torturado y asesinado en su domicilio el activista LGTB Eric Ohena Lembembe, conocido por su labor en apoyo a los enfermos de sida y por sus continuas denuncias de las leyes homófobas del gobierno de Camerún y su pasividad ante la violencia desatada contra la población LGTB.

Y estos son solo los casos que trascienden a los medios internacionales. Según Human Rights Watch, al menos 28 personas han sido detenidas por delitos relacionados con la homosexualidad en los últimos tres años.

Además de todos estos episodios de homofobia,  también nos hemos hecho eco de la serie de vídeos “Homosexuales en Camerún: gentes como tú y yo”, breves reportajes que recogen testimonios de personas LGTB perseguidas por su orientación sexual en el país africano.

En Camerún, como citábamos anteriormente, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel, pero según la activista LGTB Alice Nkom solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de “flagrante delito”. Desgraciadamente, tal y como corrobora Human Rights Watch, son cada vez más los casos en los que la Policía ignora este requerimiento. Hace ahora cuatro años las autoridades políticas de Camerún rehusaron de hecho seguir las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de despenalizar la homosexualidad y actuar contra la violencia homofóbica.

Fuente Universogay/Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesias Evangélicas Amnistía Internacional, Balkissa Ide Siddo, Brujeria, Camerún, Humanity First Camerún, Lesbianas, lesbianismo, Thomson Reuters Foundation

Varias organizaciones que luchan por los derechos humanos denuncian que a pesar de que el gobierno ha intentado controlar clínicas donde se aplican terapias de conversión, las personas homosexuales siguen siendo obligadas a someterse a este tipo de tratamientos, llegando las lesbianas a sufrir violaciones correctivas. 

Decenas de clínicas de rehabilitación sin licencia estarían operando en Ecuador, donde ofrecen terapias de conversión bajo la premisa de que la homosexualidad es una enfermedad que debe ser «curada» según denuncian diversas asociaciones de derechos humanos, llegando en algunos casos a aplicar violaciones correctivas. «La terapia correctiva, en clínicas privadas y clandestinas de alcoholismo y drogadicción, continúa en Ecuador (…).Es una realidad», asegura Cayetana Salao, del Taller de Comunicación Mujer, instando a las autoridades a terminar con esta situación y llevar ante la justicia a los responsables de que se sigan aplicando este tipo de terapias.

La homosexualidad está despenalizada en el país andino desde 1997, siendo legales las uniones civiles entre personas del mismo sexo desde 2007. Desde hace dos años está vigente una ley que permite a las personas modificar su documentación legal acorde a su identidad de género, asumiendo el año pasado un cargo político la primera persona transgénero. Sin embargo, la homofobia sigue estando muy arraigada en una sociedad primordialemtne católica en la que progresivamente han ido ganando influencia los grupos evangélicos.

«Con frecuencia verificamos con nuestros equipos que este tipo de establecimientos no existen, donde pueden ocurrir violaciones de derechos (…).No hay clínicas de des-homosexualización. No deberían existir», declara María José Espín, directora de gestión técnica de la agencia reguladora del Ministerio de Salud, explicando que no se han encontrado indicios de estar aplicando terapias de conversión o ninguna otra violación de los derechos humanos en ninguna de las más de 60 clínicas que se han cerrado desde mediados de 2016 por condiciones de insalubridad o por operar sin licencia.

Sin embargo, Salao asegura que desde 2012 se habrían producido diferentes crímenes de odio y violaciones de los derechos humanos contra miembros del colectivo LGBT en más de 100 clínicas en todo Ecuador. Las personas homosexuales son generalmente ingresadas en clínicas por sus padres u otros parientes, siendo retenidas contra su voluntad durante al menos tres meses para someterse a una terapia de conversión por la que sus familiares llegan a abonar hasta 1500 dólares al mes.

El Taller de Comunicación Mujer ha documentado el testimonio de cuatro lesbianas que, entre 2014 y 2016, fueron encerradas y sometidas a terapias de conversión contra su voluntad. El «tratamiento» incluía abusos psicológicos y físicos alternado palizas, confinamiento en solitario, permanecer encadenadas durante días, ingerir medicación a la fuerza y ser obligadas a maquillarse y llevar zapatos de tacón. Asimismo fueron sometidas a «violaciones correctivas» por parte de otros pacientes y el personal sanitario. Coordinadora de la Fundación Causana, Ane Barragán sostiene que «existe una creatividad morbosa para la tortura», asegurando que habría alrededor de 200 clínicas que operan sin licencia alrededor de todo el país: «Nadie los regula o los monitorea».

La actual directora del Instituto de Gobierno en Salud de Sudamérica (ISAGS), Carina Vance, no sólo ha sido líder de las medidas contra este tipo de clínicas desde que fuera Ministra de Salud, sino que durante su mandato, desde 2012 hasta 2015, llegó a cerrar más de 100 clínicas en las que se aplicaban terapias de conversión, estando convencida de que siguen existiendo. «Este negocio es muy lucrativo (…). Estas clínicas tienen mucho poder, hay muchos intereses económicos detrás de esto (…). Hay familias que usan estos llamados servicios y esto tiene que ver con una sociedad sexista, prevalente, muy homofóbica», afirma Vance, explicando que algunas de las clínicas vuelven a abrir bajo otro nombre a los pocos meses de haber sido cerradas.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras. “Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

Fuente Universogay/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Ane Barragán, Carina Vance, Cayetana Salao, Ecuador, Fundación Causana, Homofobia/Transfobia, Instituto de Gobierno en Salud de Sudamérica (ISAGS), María José Espín, Taller de Comunicación Mujer

El Informe Anual sobre los derechos humanos de personas transexuales, lesbianas, gays y bisexuales en el Perú 2014 – 2015, revela que en Perú son habituales las violaciones correctivas para «curar» a lesbianas o para castigarlas por su homosexualidad.

Mujeres homosexuales se ven sometidas a lo que denominan violaciones correctivas en Perú según desvela el informe anual sobre los derechos humanos de personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en Perú encargado por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) y la Red Peruana TLGB

«Lamentablemente es una práctica que tiene cierta recurrencia», reconoce Margarita Díaz Picasso, directora general de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú. Los casos «no están documentados, no es usual la denuncia, pero los he escuchado desde 2005», confirma María Isabel Cedano, directora de la organización Estudio para la Defensa de Derechos de la Mujer (Demus), una activista con 25 años de experiencia, 10 de ellos en el ámbito del feminismo. El informe no habla de cifras, pero recoge testimonios, situando los casos en un contexto.

Kattia Montenegro es una estudiante de 21 años de Arequipa, una ciudad del sur de Perú que cuando todavía no había hecho pública su sexualidad, tenía que soportar las amenazas de su hermana cuando le decía «te voy a mandar violar para que te hagas mujercita». «Probar un varón» serviría para enderezarla, le decía su hermana. La primera vez que la amenazó se asustó, pero la segunda vez, decidió confesar a sus padres su orientación sexual y hablarles del acoso que sufría por parte de su hermana. Pero las amenazas, insultos y agresiones continuaron, por lo que decidió denunciarla acudiendo a un servicio público gratuito, Centro de Emergencia Mujer, que proporciona orientación legal, defensa judicial y asesoramiento psicológico a víctimas de violencia familiar y sexual. Allí encontró el apoyo que necesitaba para soportar un proceso que duró un año. Ganó el juicio y su hermana fue obligada a someterse a un tratamiento psicológico y a compensarle económicamente. «Para entonces ya era activista y eso me dio la capacidad para denunciar, Sabía qué hacer, dónde acudir», explica Kattia, cuyo caso es una excepción.

Otra joven sin identificar, denuncia que fue violada en su propia casa por un amigo de la familia que pretendía «curarme». Así lo entendió ella por lo que su violador le decía durante el ataque haciendo referencia a que no está bien «ser como eres» o que «una mujer que llora por otra, no es correcto». Si bien trató de olvidar esta humillación no tardó en darse cuenta de que estaba embarazada. Un caso similar es descrito por Marxy Condori, del Movimiento Lesbia de Arequipa, donde describe el caso de una lesbiana que fue violada por su propio tío «para hacerla mujer». Desde el Movimiento le aconsejaron denunciar a su tío, quien podría repetir la agresión, pero su madre trataba de disuadirla. Cuando la madre de Shaly se esteró de que era lesbiana y salía con otra chica, le quitó su móvil, le prohibió usar las redes sociales y no le dejaba salir. Una situación que se prolongó a lo largo de un año, hasta que finalmente la echaron de casa.

Estos ataques son el resultado de la violencia del sistema de presión del patriarcado, según Maribel Reyes, secretaria nacional de la Red Peruana TLGB, que asegura que «el propio término, violación correctiva, ha nacido de ese enfoque de presión que dice que hay que castigar todo lo que se salga de la norma establecida: la mujer heterosexual y sumisa a la sombra de un hombre». Por eso, «no creo que los que someten a mujeres lesbianas a estos procesos crean que van a cambiar su orientación sexual, sino que lo hacen a modo de castigo». Según otra investigación, referida exclusivamente a la capital peruana del colectivo No Tengo Miedo, en 2014 de cada diez lesbianas, entre cuatro y cinco habían sufrido violencia familiar. «En el caso de las lesbianas, el 22 % de la violencia familiar es sistemática» y «en el 75 % de los casos de violencia familiar se utiliza la heterosexualidad obligatoria como mecanismo de control (…) Para corregirla y/o curarla, se utiliza el control emocional, económico e incluso la amenaza de violencia sexual y muerte”, precisa el informe.

Perú no es el único país donde se producen las violaciones correctivas, también se conocen casos similares como los expuestos en India, Zimbabwe, Sudáfrica o Ecuador. En julio de 2007 una pareja de lesbianas era violada y asesinada en Sudáfrica, como consecuencia, varios grupos de defensa de los derechos humanos crearon la campaña 07/07/07, para reclamar el fin de los crímenes de odio contra la población LGTB. En 2012 se clausuran Ecuador varias clínicas para «curar» homosexuales en las que la violación era un método habitual.

El gobierno peruano no cuenta con una política nacional contra a discriminación por orientación sexual e identidad de género. Tampoco tiene tipificados los crímenes de odio hacia la comunidad LGTB, aunque ha habido alguna iniciativa parlamentaria para cambiar esta realidad. El congresista Carlos Bruce, de la formación Perú Posible, presentó en 2009 el Proyecto de Ley Contra los Crímenes de Odio, volviendo a presentar su borrador en 2013, modificado y sin el término «crímenes de odio». Finalmente lo que se aprobó fue la Ley Contra Acciones Criminales Originadas por Motivos de Discriminación, que distaba mucho de su borrador original y excluía deliberadamente a la comunidad LGTB.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Arequipa, Carlos Bruce, Centro de Emergencia Mujer, Demus, Ecuador, India, Lesbianas, lesbianismo, Ley Contra Acciones Criminales Originadas por Motivos de Discriminación, Margarita Díaz Picasso, María Isabel Cedano, Maribel Reyes, Marxy Condori, Movimiento Lesbia, No tengo miedo, Perú, Perú posible, Promsex, Proyecto de Ley Contra los Crímenes de Odio, Red Peruana TLGB, Sudáfrica, Violaciones correctivas, Zimbabwe

General, Homofobia/ Transfobia. Amnistía Internacional, Brenda Álvarez, Lesbianas, lesbianismo, Marina Navarro, Movimiento Homosexual de Lima, Perú, Promsex, Red Peruana TLGB, Ruth Moreno, Violaciones correctivas

Vyjayanti Vasanta Mogli, activista en la comunidad LGTB en India, asegura que “los propios padres traman el ‘castigo’ porque creen que es su responsabilidad poner a su hija o a su hijo por el buen camino“.

Elena del Estal

DELHI.- Priyanka se fue de casa porque sus padres no aceptaban que quisiese ser un hombre en vez de una mujer. Tuvo que buscar trabajo para sobrevivir. Sin estudios, con orígenes humildes, sólo encontró un puesto en una gasolinera. Sus compañeros se reían de ella porque quería ser él. Que apretase sus pechos para disimularlos no era suficiente. “Una noche conmigo y te haré una mujer”, le decían. Un día, las amenazas se hicieron realidad: uno de ellos la violó “para curarla de su masculinidad”.

Vyjayanti Vasanta Mogli ha recopilado durante seis años un total de 15 historias como la de Priyanka, cuyo nombre es ficticio, que han sido recientemente publicadas en un informe para denunciar una práctica silenciada en India: las violaciones correctivas. “Sexo forzado con una clara intención de corregir la orientación sexual o la identidad de género de una persona”, explica por teléfono Mogli desde Telangana, en el sur de la India.

De los 15 casos, cuatro de ellos son de lesbianas, y el resto de personas transgénero: mujeres que se sentían hombres. “No hemos registrado ningún caso donde la víctima sea un hombre homosexuales o trans, pero eso no significa que no existan”, explica la activista, que forma parte de un colectivo de asociaciones que luchan por los derechos de la comunidad LGTB en India.

La propia familia

Una de los hechos más traumáticos que el colectivo denuncia es que estas violaciones correctivas se llevan a cabo por la propia familia de la víctima. En el sur de la India –explica Mogli- para evitar la dote (el pago de dinero u objetos por parte de la familia de la mujer a la familia del hombre antes del casamiento) las chicas son casadas con algún miembro de la familia, bien el tío materno de menor edad o un primo paterno. “Conocemos dos casos en los que repetidamente los padres animaban al primo a violar a su hija, con intención de “repararla”. Ambas personas huyeron de su casa y acudieron a nosotros en busca de ayuda”, continúa la activista.

Ballori fue forzada a casarse con su primo cuando sus padres descubrieron que era lesbiana. Tenía 16 años. Con el consentimiento de su familia, su reciente marido la forzaba a tener sexo repetidamente para “curarla” de su homosexualidad. En un país donde las violaciones maritales no son consideradas violaciones y, por tanto, tampoco delito, las mujeres no tienen opción de acusar a sus maridos.

En el caso de Ballori, cuyo nombre se ha cambiado en esta historia para proteger su anonimato, al tratarse de un matrimonio infantil y por tanto ilegal, el caso se puede denunciar como violación. Aunque Mogli advierte de que las víctimas de este tipo de violación no suelen reportar lo que han sufrido, precisamente porque los perpetuadores son miembros de su propia familia. “Estas personas incurren en una fuerte carga emocional. ¿Cómo van a denunciar a sus padres, tíos o primos? Vienen a nosotros en busca de apoyo médico o psicológico, o para buscar trabajo ya que una vez huidas de su casa deben mantenerse por sí mismas, pero nunca para denunciar a su familia. Sus historias van saliendo poco a poco, con el tiempo.

Origen: Sudáfrica

El término violación correctiva fue concebido en Sudáfrica hace más de 10 años cuando distintas organizaciones comenzaron a darse cuenta del incremento de este tipo de ataques contra mujeres lesbianas. Uno de los casos más conocidos fue el de Sizakele Sigasa, activista por los derechos LGTB y su amiga Salone Massooa: ambas mujeres fueron violadas, torturadas y asesinadas por un grupo de hombres que las vio salir juntas de un bar.

Así, en los últimos 15 años, al menos 31 mujeres han muerto en Sudáfrica víctimas de violaciones tanto grupales como individuales que tenían como objetivo “corregir” sus tendencias sexuales. Como siempre, los números hablan de casos registrados, pero se cree que la mayoría de estos delitos no se denuncian, por lo que la cifra real puede ser mucho mayor.

En India, aunque no se trate de una práctica reciente, sólo se ha comenzado a hablar de ello últimamente debido a la publicación del informe en el que Mogli ha participado y al anuncio de la realización de una película basada en historias reales, pero está lejos de ser un tema que se debata públicamente. Que sea tabú conlleva un silencio, y el silencio permite que la situación se perpetúe. “Por eso es tan importante que la película se lance”, comenta la activista Mogli.

Romper el tabú

Satyavati trata la historia de tres chicas, dos de ellas lesbianas que mantienen una relación, y la tercera heterosexual que tiene novio. Cuando los padres de esta última creen sospechar que su hija tiene una relación “no natural” con otra de las chicas, planean que un miembro de la familia la fuerce a tener sexo, con el objetivo de corregir el comportamiento homosexual que creen que su hija tiene. El resultado, sufrimiento extremo.

“Son acciones inhumanas realizadas en nombre de la cultura, las tradiciones y los valores llevadas a cabo por las propias familias” explica Deepthi Tadanki, la directora del film, y continúa “Los propios padres traman el delito porque creen que es su responsabilidad poner a su hija o a su hijo por el buen camino”.

Su película trata así una ficción basada en hechos reales. Cuando Tadanki estaba investigando sobre el tema conoció a dos personas que habían sufrido violaciones correctivas, pero ninguna de ellas quiso hablar abiertamente sobre lo que le pasó. “No ha sido nada fácil”, asegura a Público. Pero a pesar de las adversidades tiene muy claro por qué quiere sacar a la luz esta película: “Hace falta mucha concienciación: por un lado para que la comunidad LGTB pueda salir del armario y por el otro para que el resto de la sociedad acepte la sexualidad”.

En un país cinéfilo acostumbrado a que la gran mayoría de películas de Bollywood hablen del amor heterosexual pero donde las parejas casi nunca llegan a besarse, ver en la pantalla a dos mujeres acariciándose eróticamente es, para muchos, algo inconcebible. “Todo lo relacionado con el colectivo LGTB es tabú en India. Si hasta la Junta de la Censura -el organismo dependiente del Ministerio de Comunicación que debe aprobar las películas para que sean proyectadas- ha silenciado la palabra lesbiana en varios films… ¿Qué más puedo decir?”, exclama Tadanki.

La directora reconoce que su propuesta está siendo bien recibida y que encuentra apoyos y ánimos para que continúe su trabajo, aunque lamenta que “cuando se trata de aportar dinero, la respuesta es cero”. A pesar de las dificultades económicas (dice necesitar unos 22.000 euros, de los que de momento sólo ha conseguido recaudar algo más de 2.000) no cesará en su empeño, y tiene claro que sacará su película adelante porque estas historias tienen que ser contadas. “Satyavati significa honestidad, veracidad. Con mi película trato de dar a conocer hechos amargos pero ciertos que ocurren en este mundo.”

Fuente Público

General, Homofobia/ Transfobia. Deepthi Tadanki, India, Sudáfrica, Violaciones correctivas, Vyjayanti Vasanta Mogli

Angeline Jackson

Es una actitud bastante común en la isla, donde activistas defensores de los derechos de las personas homosexuales afirman que sufren una gran discriminación y son a veces agredidos.

Algunos miembros de la comunidad LGTB incluso han sido blanco de ataques sexuales brutales con el fin de hacerlos heterosexuales o de castigarlos por no encajar dentro de ciertos parámetros sociales.

Cuando Angeline Jackson y una amiga fueron emboscadas y violadas a punta de revólver en un sendero en las afueras de la capital jamaiquina, la policía inicialmente pareció menos preocupada con el ataque que con el hecho de que ella fuera lesbiana. “La primera mujer policía con la que hablé me dijo que debía cambiar de vida y acercarme a la iglesia“, relata Jackson sacudiendo la cabeza al evocar el ataque del 2009.

Jackson dice que integrantes de un pequeño grupo de violadores homófobos se hicieron pasar por lesbianas y las citaron en un sendero aislado. La respuesta que recibió luego del ataque la impulsó a actuar. Ahora, a los 24 años, Jackson dirige la única organización de mujeres lesbianas y bisexuales registrada que hay en Jamaica.

La isla es conocida por su intolerancia hacia los homosexuales, que son vistos por muchos como gente que adopta comportamientos morales pervertidos importados del exterior. Pero ahora está recibiendo bastante atención el estigma de las mujeres homosexuales y las agresiones sexuales de que son víctimas, a menudo no denunciadas.

El año pasado el vicepresidente estadounidense Joe Biden mencionó la batalla que se libra en Jamaica contra “las violaciones correctivas de las mujeres lesbianas” al hablar de la lucha mundial por los derechos de los gays. Esa expresión surgió hace algunos años en Sudáfrica, donde los ataques a mujeres lesbianas eran comunes en los barrios pobres.

El presidente estadounidense Barack Obama destacó la campaña de Jackson durante su visita de 24 horas a Jamaica a principios del mes, diciéndole a una multitud que valientemente decidió hacerse oír a pesar de que “como mujer y como lesbiana, la justicia y la sociedad a menudo no estaban de su lado” en Jamaica.

En esta isla de menos de 3 millones de habitantes, los activistas de la comunidad LGBT reciben pocas denuncias de agresiones sexuales. La principal organización defensora de los derechos de los gays de Jamaica, J-FLAG, ha documentado varios casos en los últimos años y la agrupación de Jackson dice estar al tanto de una docena aproximadamente.

Es imposible determinar la magnitud del problema en Jamaica, donde no hay una definición clara de lo que constituye un delito causado por la intolerancia y la policía no tiene estadísticas de los ataques a la comunidad LGBT.

Los activistas dicen que los homosexuales jamaiquinos prefieren no denunciar ataques o amenazas por temor a ser estigmatizados o culpados por lo sucedido. La organización Human Rights Watch dijo el año pasado que estaba al tanto de diez casos de agresiones sexuales –ocho a lesbianas, una a una mujer transgénero y otra a un hombre gay– en Jamaica, incluidas violaciones a punta de puñal o de revólver. “Está claro, a juzgar por los testimonios de las víctimas, que la animosidad hacia la comunidad LGBT incide” en esos ataques, afirmó Graeme Reid, director del programa para esa comunidad de la organización de derechos humanos con sede en Nueva York.

Incluso cuando los ataques son denunciados, llevar a los responsables a juicio es complicado por la ineficiencia del sistema judicial de Jamaica, el cual está abrumado. El principal inculpado en el caso de Jackson fue exonerado en el 2011, aunque ya había sido acusado de otras violaciones en el pasado.

Enid Ross-Stewart, directora de la unidad de delitos sexuales de la policía de la isla, dijo que los investigadores nunca recibieron denuncias de que alguien fue blanco de un ataque por su condición de homosexual y que está convencida de que “todas las personas que son violadas hacen la denuncia”.

A veces, las mujeres que son víctimas de agresiones sexuales revelan sus experiencias solo después de que han salido del país.

La cantante de música reggae Diana King, que en el 2012 fue la primera artista musical jamaiquina que reveló públicamente que es lesbiana, dijo hace poco en un tuit desde su casa en Florida que cuando tenía 13 años fue “violada en grupo por haber mirado fijo a otra muchacha”. En sus memorias del 2010, la escritora Stacey Chin, quien hoy vive en Brooklyn, dijo que fue marginada en la universidad de Kingston cuando comentó que era lesbiana y que un día varios estudiantes varones la llevaron a un baño y la agredieron sexualmente mientras le decían que la mujer había sido creada para que los hombres pudiesen disfrutar.

Algunas lesbianas jamaiquinas buscaron asilo en el exterior. En el 2008, Simone Edwards sobrevivió a un ataque en el que dos hombres le dijeron “sodomita” luego de pegarle dos tiros en la calle. “Antes de dispararme, los tipos me decían muchacha sodomita, muchacha lesbiana. Venían y me decían ‘lo único que necesitas es una buena noche de sexo con un hombre”, comentó Edwards en una llamada telefónica desde La Haya. Edwards recibió asilo en Holanda y su historia fue contada en el documental El crimen abominable en el 2013.

Si bien se percibe una creciente aceptación de la comunidad LGBT en algunos círculos de Jamaica, las actitudes homofóbicas siguen siendo alimentadas por líderes eclesiásticos y por músicos reggae que condenan la homosexualidad. Igual que en otras naciones caribeñas, las relaciones sexuales entre dos hombres son ilegales en Jamaica y conllevan hasta 10 años de prisión y trabajos forzados, aunque las leyes contra la sodomía casi no son aplicadas.

En Montego Bay, al norte, una lesbiana dijo que no estaba lista para buscar justicia por una “violación correctiva” que sufrió en el 2011 a manos de un amigo de su hermano. El hombre la acorraló y le dijo: “¿Crees que no sé quién eres? Te manejas como si fueras un hombre. Pero sé cómo te ves y sé quién eres”, relató. La mujer, quien pidió permanecer anónima por temor a represalias de su agresor y a ser marginada por su familia, admitió que probablemente nunca denuncie la violación. “Alguna vez pensé que si tenía un arma, mataría al hombre que me violó”, expresó la mujer, quien es una veinteañera. “Pero hago lo posible por mirar hacia adelante”.

Agencias, vía El Nuevo Día

Cristianismo (Iglesias), General, Homofobia/ Transfobia. Angeline Jackson, Barack Obama, Enid Ross-Stewart, Human Rights Watch, J-FLAG, Jamaica, Joe Biden, Kingston, Lesbianas, Lesbofobia, Montego Bay, Simone Edwards, Stacey Chin, Sudáfrica, Violaciones correctivas

Ndumie Funda y una víctima de la violencia contra las mujeres LGTB en Sudáfrica. LULEKI SIZWE (Facebook) Cada semana, más de 10 mujeres bisexuales o lesbianas son violadas en Ciudad del Cabo para curar su homosexualidad.

Action Aid cifra en 500.000 el número de mujeres afectadas por estas agresiones cada año en toda Sudáfrica. Muchas son violadas en grupo, contraen enfermedades y mueren, pero los agresores permanecen impunes

Los países más homófobos del mundo

Ser gay te puede matar en siete países

“Puse en peligro mi vida por intentar curar mi homosexualidad”

Cada semana, más de 10 mujeres bisexuales o lesbianas son violadas en Ciudad del Cabo para curar su homosexualidad. Sufren las llamadas violaciones correctivas, agresiones individuales o grupales en las que se contagian de enfermedades venéreas, y que sus agresores a menudo concluyen con palizas, en ocasiones fatales. Y suelen afectar a mujeres negras de las zonas más pobres, que en la mayor parte de los casos ni siquiera denuncian, conscientes de que estas agresiones no quitan el sueño a las autoridades.

Irónicamente, Sudáfrica es también conocida como la nación arcoiris; uno de los países teóricamente más avanzados en el reconocimiento de los derechos de gays , lesbianas, bisexuales y transexuales (LGTB) de África; el único estado del continente que permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo -desde 2006-, y uno de los pocos en aprobar con una ley de equidad homosexual en el trabajo.

Funda: “Si el Gobierno se implicase podríamos acabar con algunos de estos crímenes, todo depende de quién controle el país”

La teoría es una cosa, pero la realidad otra: “Tenemos una de las constituciones más progresistas de África, pero seguimos padeciendo estos crímenes de odio”, denuncia a Público Ndumie Funda, dirigente y fundadora de la organización Luleki Sizwe, que desde 2008 asiste a las mujeres que son víctimas de esta barbarie. Teniendo en cuenta el número de mujeres que se ven sometidas a estas prácticas sólo en Ciudad del Cabo -con cerca de cuatro millones de habitantes, menos del 10% de la población total- no es difícil comprender la dimensión de este problema, que afecta también a otros países del continente.

“Los complejos machistas se unen a la voluntad de cambiar la orientación sexual de una persona; creen que no está bien y no ven otra manera de cambiarla“, explica la activista. En los últimos 10 años, más de 30 lesbianas, bisexuales o transexuales han sido asesinadas en este país por su orientación o identidad sexual, pero la inmensa mayoría de los agresores salen impunes, y la legislación no considera estos delitos como crímenes de odio.

“Si el Gobierno se implicase podríamos acabar con algunos de estos crímenes, todo depende de quién controle el país”, critica la activista, antes de recordar que hace menos de medio año otra mujer fue violada y asesinada por su orientación sexual, pero los culpables siguen en la calle. “Tenemos que entender la realidad a la que nos enfrentamos, invertir en prevenir estos crímenes de odio, crear una legislación de la que seamos parte”, razona.

Es precisamente con esta denominación, crímenes de odio, como describe Funda estos ataques, evitando referirse a ellos como violacionescorrectivas. Independientemente de su denominación, el número de casos registrados aumenta , organizaciones LGTB de otros países piden a las turistas LGTB que no viajen a Sudáfrica, mientras plataformas como Luleki Sizwe ayudan a las víctimas y critican a quienes permanecen cruzados de brazos ante esta realidad.

“Apoyamos a las víctimas de violaciones y a todos aquellos que sufren el odio por el mero hecho de su orientación sexual. Hablamos con líderes religiosos, familias, escuelas, comunidades… intentamos que se traten estos temas, hacemos presión, visibilizamos estos crímenes”, defiende la activista.

En 2009, ‘Action Aid’ cifraba en 500.000 el número de mujeres afectadas por estas agresiones cada año en SudáfricaUna de las últimas campañas relacionadas con las violaciones correctivas aseguraba que de cada 25 hombres acusados de asesinato en Sudáfrica, 24 salen en libertad, aunque Funda insiste en que las cifras están siendo revisadas. “No creo que más de cien hombres hayan sido condenados en la historia de Sudáfrica por estos delitos”, lamenta.

En 2009 Action Aid cifraba en 500.000 el número de mujeres afectadas por estas agresiones cada año en Sudáfrica. Ese mismo año, el 28% de los hombres entrevistados por el Concilio de Investigaciones Médicas reconocieron haber violado a una mujer, uno de cada veinte confesó haber cometido crímenes sexuales en los últimos años, y en un grupo de 487 hombres cerca del 7% reconocieron haber participado en violaciones colectivas. 

AI: “El Estado no protege de la violencia a un sector de la población”

Amnistía Internacional tambián ha documentado estos crímenes, señalando directamente al Gobierno sudafricano como corresponsable del sufrimiento de miles de mujeres. “La ausencia de una respuesta política y policial adecuada a la proliferación de estos delitos es motivo de continua preocupación, y favorece la comisión de violaciones de derechos humanos puesto que el Estado no cumple con su obligación de proteger de la violencia a un sector de la población”, asegura en su informe Cuando el amor es delito: Penalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en el áfrica subsahariana (2013).

“Violan a las mujeres, obtienen su satisfacción y de paso las curan del lesbianismo, se da en muchos países de áfrica central”, explica Ramírez

El hecho de que estos crímenes sigan teniendo lugar, y aunque de momento las afectadas sean mujeres de raza negra -a menudo de las zonas más pobres- ha hecho que la federación LGTB Colegas recomiende a las turistas lesbianas y bisexuales que no visiten Sudáfrica, para evitar exponerse a estas agresiones.

“En África son muy habituales este tipo de correcciones; piensan que así les hacen un favor, las curan“, explica Paco Ramírez, portavoz de Colegas. “La violan, obtienen su satisfacción y de paso la curan del lesbianismo, se da en muchos países de áfrica central“, añade.

El activista afirma que, de momento, los hombres no sufren este tipo de agresiones, y recuerda que estas prácticas no pueden considerarse algo aislado, aunque se focalicen principalmente en Sudáfrica. “En otras zonas de África existe la creencia de que, si tienes una enfermedad venérea y haces el amor con una virgen, esta te cura de tu enfermedad“, explica, como ejemplo.

La lucha de Ndumie Funda

Ndumie Funda lucha por los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales desde mucho antes de crear Luleki Sizwe, y sus últimos años de vida han estado muy marcados por estos ataques a las mujeres LGTB. De hecho, Funda bautizó esta plataforma uniendo los nombres de su expareja y de una amiga, ambas fallecidas por distintas enfermedades contraídas durante las violaciones correctivas a las que se vieron sometidas.

Uganda castiga la homosexualidad con la pena de muerte, y otros 37 países africanos la consideran ilegal

La determinación de Funda a la hora de ayudar a las víctimas es total, y su esfuerzo ha permitido que algunos medios internacionales se hagan eco de la difícil realidad a la que se enfrentan las mujeres sudafricanas. La activista, que no llega a los cuarenta años, reconoce que en otros países de África la situación es peor en ciertos aspectos.

Uganda aplica la pena de muerte a los homosexuales, y otros 37 países africanos consideran ilegal ser gay, lesbiana, bisexual o transexual. Funda lo sabe, y reconoce que queda mucho trabajo por hacer, pero defiende que su labor debe focalizarse en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, donde están sus raíces. “Sé que las cosas están mal en otros países, pero tengo que centrarme en lo que ocurre aquí. Es aquí donde vivo, aquí está mi lucha”.

Fuente Público

General, Homofobia/ Transfobia. Action Aid, Ciudad del Cabo, COLEGAS, Homofobia/transfobia/lesbofobia, Lesbianas, Luleki Sizwe, Ndumie Funda, Paco Ramírez, Sudáfrica, Violaciones correctivas

Desde diferentes organizaciones elaboraron un pronunciamiento para pedir que erradiquen estas prácticas. El peruano Alberto Belaunde explica el impacto nocivo de las ECOSIG.

Alianzas, colegios y gremios de profesionales de la salud mental de distintos países de América Latina y el Caribe realizaron un pronunciamiento en conjunto donde señalaron que las prácticas de conversión deben ser erradicadas. Entre las razones resaltaron que no tienen sustento científico y que están “plenamente documentados” los daños que pueden traer.

Se trata del primer pronunciamiento de este tipo en Latinoamérica y lleva la firma de ocho entidades de Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina, la Alianza Caribeña de Asociaciones Nacionales de Psicología y la Federación Psicoanalítica de América Latina.

Las «terapias de reorientación sexual», también llamadas «terapias de conversión» hacen referencia a cualquier método que pretenda modificar la orientación sexual, identidad y/o expresión de género de una persona. También se las nombra como «Ecosig» (Esfuerzos de Cambio de la Orientación Sexual e Identidad de Género). Si bien son mal llamadas “terapias”, en realidad carecen de fundamento científico y médico y se trata de violaciones a los derechos humanos.

“Entendemos que es importante que haya un mayor compromiso de los profesionales de la salud mental en este tema. Primero, en ser muy claros en señalar que no existe sustento científico para que se realicen este tipo de prácticas que lamentablemente todavía están presentes en nuestra región. Segundo, que puedan tener una voz clara en lo dañino que resulta ese tipo de prácticas a quienes son sometidos a ellas. Y tercero, que impulsen que haya un cambio a nivel gremial. Que los gremios se tomen más en serio aspectos de regulación”, compartió, en diálogo con Presentes el abogado y activista peruano Alberto Belaunde.

No existe sustento científico

En este sentido, el documento publicado en diciembre de 2023 resalta que “no existe sustento científico para avalar cualquier práctica que busque cambiar o suprimir la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de una persona”.

“La existencia de las prácticas de conversión -continúa- se sustentan en la homofobia y transfobia presentes en nuestras sociedades. Son manifestaciones muy agresivas de discriminación que deben ser enfrentadas y combatidas”.

En un informe de 2022, la Organización de Naciones Unidas (ONU) consideró a las Ecosig como «prácticas comparables a actos de tortura». Además, el experto independiente sobre temática LGBTIQ+ de este organismo, Víctor Madrigal, recomendó a los Estados adoptar medidas que incluyan un sistema de sanciones. Y otro de acompañamiento y denuncia para les sobrevivientes de estas prácticas.

Además, la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como enfermedad en 1990. Y en 2019 quitó a la transexualidad y el travestismo de la lista de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE).

“Sentimos que el pronunciamiento puede ayudar a una tendencia que estamos viendo en América latina que es la de legislar en contra de estas prácticas. En México está avanzando la ley, al igual que en Colombia. Se ha presentado en Perú, Chile, Costa Rica. Hemos conversado con el diputado Esteban Paulón para ayudar a que presente un proyecto de ley en Argentina. Creemos que en ese tipo de debates es importante que los profesionales de la salud mental tengan un rol protagónico”, sostuvo Belaunde.

El panorama en el mundo

En el mundo solo 14 países prohibieron las Ecosig, según la base de datos en línea de la organización Ilga World: Alemania, Brasil, Canadá, Chipre, Ecuador, España, Francia, Grecia, Islandia, Israel, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Vietnam. El último país en prohibirlas fue Noruega. La Ley N° 16 sancionada en diciembre de 2023, volvió punibles las “terapias de conversión” con multa o prisión de hasta tres años o seis si el delito se considera agravado.

En Argentina, las terapias de reorientación sexual están prohibidas de forma indirecta por la ley 26.657. “En ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de elección o identidad sexual», dice la normativa.

El año pasado en México, los estados de Querétaro, Sinaloa y Quintana Roo reformaron sus códigos penales para prohibir estas prácticas. Así, ya son 16 los estados con este tipo de reforma.

“Creemos que es muy importante no centrarnos solo en el castigo porque es el Estado actuando cuando ya se produjo el daño. Es muy importante que se pueda asumir un enfoque preventivo. Tenemos que seguir apostando por una campaña de sensibilización, de educación y una estrategia multisectorial que vaya directamente a atacar la homofobia y transfobia”, apuntó Belaunde.

Existen diversas maneras en las que se presentan las terapias de conversión. “Desde terapias psicológicas sin ningún tipo de sustento, que han sido rechazadas por el gremio de psicólogos y psicólogas, pero que se siguen dando. También hay quienes son llevados a consultas psiquiátricas y son sometidos a tratamientos con pastillas, como si hubiera que nivelar algo. Hay también los llamados couchers de vida, los líderes religiosos, ceremonias”, explicó el activista.

La influencia de la religión

La organización no gubernamental Outright International documentó el uso de prácticas de conversión a nivel mundial. Actualmente se encuentra trabajando con socios en todo el mundo para erradicarlas, según informó la entidad.

En el informe Tratamiento dañino. El alcance global de la llamada terapia de conversión de Outright International se muestran hallazgos descriptivos y preliminares en torno a las Ecosig. En este sentido, se observó, a partir de bibliografía extensa, la primera encuesta mundial sobre el tema y entrevistas en profundidad con expertos y sobrevivientes de varios países, que la religión es la razón citada con más frecuencia.

En África y América Latina y el Caribe la religión y las presiones familiares y culturales son las principales causas que impulsan la práctica de las terapias de conversión. Los perpetradores son en gran medida personal religioso o proveedores privados de atención de salud mental.

En cambio, en Asia, “los datos sugieren que el ‘honor’ familiar y la cultura, más que la religión, impulsan a las familias y a las mismas personas LGBTIQ a buscar ‘terapias de conversión’, principalmente a través de clínicas médicas y de salud mental públicas y privadas, donde parece que se utilizan predominantemente métodos físicamente abusivos como la terapia de aversión”, detalla el informe.

Las consecuencias de una práctica tortuosa

Entre las consecuencias que pueden traer estas prácticas están los “cuadros de depresión, de ansiedad, ataques de pánico, problemas serios de autoestima y se puede generar ideación suicida”, dijo Belaunde. También indicó que “puede tener consecuencias en la salud física” ya que “hay casos de terapias con electroshock” y “hay documentados en distintos países como Ecuador, las llamadas violaciones correctivas sobre todo contra lesbianas y bisexuales”.

“Es crucial que convirtamos mentalidades, no nuestras identidades. Y que trabajemos hacia un mundo donde todas las personas puedan vivir de manera auténtica y libre de discriminación. Los profesionales de la salud mental pueden jugar un papel importante tanto en reducir la demanda de prácticas de conversión como, por supuesto, en asegurarse de no participar en ellas”, dijo Maria Sjödin, directora ejecutiva de Outright International.

En relación a las Ecosig existe un concurso de intereses que permiten que sigan existiendo. “Por un lado, está la profunda homofobia y transfobia que todavía está enraizada en algunos reductos de nuestras sociedades. Pero también entran dinámicas de poder, de control social, de intentar anular la libertad de las personas. Además, en muchos casos hay intereses económicos porque este tipo de prácticas suelen tener un costo y es un negocio muy lucrativo para los centros o las personas que las promueven”, explicó Belaunde.

“Invitamos a los profesionales de la salud mental, a sus gremios, organizaciones y asociaciones a que asuman un liderazgo proactivo para enfrentar y denunciar las prácticas de conversión en los distintos espacios de desarrollo del ejercicio profesional, así como en los medios de comunicación y espacios de debate”, concluyó el documento.

Agustina Ramos

Fuente Agencia Presentes

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

De hecho, en julio de 2021, nos enterábamos de que el Vaticano frenaba las “terapias de conversión” e instruía a los obispos españoles a desautorizar a un grupo de ex-gays. Sin embargo, con la dimisión del obispo  Xavier Novell nos enterábamos de que éste, participó, y avaló, ‘terapias de conversión’ de homosexuales hasta que fue frenado por el Vaticano. otros prelados que avalaban dichas prácticas (según las víctimas) serían: José Ignacio Munilla, Javier Martínez, Arturo Ros y  Juan Antonio Reig  avalarían estas prácticas.

En agosto de  2022 conocíamos que funcionarios de escuelas cristianas acusados de intentar ‘exorcizar’ a un adolescente gay para expulsar ‘demonios’

***

La historia de “X. X.”, un eclesiástico homosexual que pasó por las ‘terapias de conversión’ y “pensó que no tenía más opción que suicidarse”

***

«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

Budismo, Cristianismo (Iglesias), General, Hinduísmo, Homofobia/ Transfobia., Islam, Judaísmo Alberto Belaunde, América Latina, El Caribe, Esfuerzos de Cambio de la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIEG), Esfuerzos de Cambio de la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), Esteban Paulón, Homofobia/Transfobia, Identidad de género, Maria Sjodin, Orientación sexual, Outright International

Una investigación de Human Rights Watch en más de 20 países documenta cómo las mujeres lesbianas, bisexuales y ‘queer’ y las personas no binarias se enfrentan a violencia y discriminación generalizada que les impide construir relaciones, hogares y familias

Por Icíar Gutiérrez

La novia de Amani puso fin a la relación entre ambas en junio de 2021. Durante meses, sus padres habían estado “negándose a dejarla salir de casa” y “presionándola para que se casara con un hombre”. No era la primera vez, cuenta esta activista y escritora de Túnez de 27 años en un testimonio recogido por Human Rights Watch (HRW), que una mujer la dejaba por no ser un hombre, por no ser una pareja, dice, “lo suficientemente buena”.

Según explica a la organización, las mujeres queer que conoce “o bien han sido coaccionadas para casarse con un hombre o bien han roto con una novia que fue coaccionada para casarse con un hombre”. “Está en todas partes. Es el telón de fondo de nuestras vidas”, dice. Amani, denuncia HRW, corre el riesgo de sufrir violencia física, acoso sexual y detenciones arbitrarias por parte de la Policía tunecina. De hecho, ha pasado por las tres situaciones.

“La experiencia de Amani es múltiple: es objeto de ataques por ser homosexual y tener apariencia masculina; también corre el riesgo de sufrir amenazas y agresiones como activista lesbiana, y se encuentra en una situación de precariedad jurídica debido a las leyes contra el colectivo LGBT”, explica la ONG. “Además, corre el riesgo de ser detenida y acosada discriminatoriamente en la calle por ser mujer fuera de la ciudad natal de su familia, y de ser acusada reiteradamente por la policía de huir”.

Su caso sirve de introducción de un extenso informe publicado este martes por la organización especializada en derechos humanos, que documenta cómo las mujeres lesbianas, bisexuales y queer y las personas no binarias de todo el mundo “se enfrentan a la violencia de las fuerzas de seguridad, familiares y otros, junto con la discriminación generalizada que les impide construir relaciones, hogares y familias”.

En una investigación en más de 20 países, Human Rights Watch denuncia cómo los regímenes legales machistas y patriarcales –como la tutela masculina, las leyes de herencia desiguales y la discriminación contra las mujeres solteras– violan los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y queer y “las dejan en una situación de desventaja significativa en prácticamente todos los aspectos de sus vidas”. A ello se suma la discriminación en otras áreas, como el trabajo, los servicios de fertilidad, la migración o el acceso a la justicia.

Un ejemplo son los regímenes jurídicos que exigen que las mujeres obtengan el permiso de un tutor masculino para alquilar un apartamento, o que dan prioridad a los hijos varones en la herencia de tierras, a menudo significan que ninguna de las integrantes de una relación de personas lesbianas, bisexuales o queer puede alquilar, poseer o heredar una vivienda. Según datos del Banco Mundial citados en el informe, dos quintas partes de los países de todo el mundo limitan los derechos de propiedad de las mujeres, lo que representa “una barrera económica y legal a menudo insuperable” para las parejas de lesbianas, bisexuales y queer.

Erin Kilbride, investigadora de derechos LGTB y derechos de la mujer en HWR y autora del informe, explica en un comunicado que rara vez se documenta “la magnitud de la violencia brutal, la discriminación legal y el acoso sexualizado a los que se enfrentan” estas mujeres. La ONG remarca que hay una grave falta de investigación y políticas “que se centren específicamente en los derechos de las personas lesbianas, bisexuales y queer, y también ve necesario apoyar el trabajo de las activistas.

Matrimonios forzados

Tras entrevistar a 66 activistas, investigadoras, abogadas y líderes de movimientos lesbianas, bisexuales y queer entre marzo y septiembre de 2022, Human Rights Watch concluye que el matrimonio forzado es una de las diez áreas clave de abusos contra los derechos humanos que más afectan a la vida de estas mujeres.

“La heterosexualidad obligatoria, la presión para casarse con hombres y las prácticas de matrimonio coercitivo fueron los abusos más frecuentemente denunciados experimentados por las entrevistadas, incluyendo en Canadá, Indonesia, Kenia, Kirguistán, Líbano, Malawi, México, Polonia, Sri Lanka, Tanzania, Túnez y Ucrania”, reza el informe de HRW.

Según recoge la ONG, la documentación sobre matrimonios heterosexuales forzados es escasa y cita un informe de 2019 de la organización OutRight que documentó varios casos en los que el matrimonio forzado fue la última forma de violencia infligida a una persona después de haber sido sometida a las llamadas “violaciones correctivas” (en un intento de cambiar su sexualidad).

HRW escuchó historias similares a las de Amani de otras personas de todo el mundo afectadas por matrimonios con hombres a los que no querían o que no pueden abandonar. En Malawi, Asante, lesbiana, ha sido agredida físicamente dos veces por el marido de su pareja bisexual, una mujer que quiere divorciarse pero no tiene dinero para conseguirlo. Liliya, de Kirguistán, fue obligada por sus padres a casarse con un hombre a los 19 años. “No hay camino hacia la libertad si no te casas [con un hombre]”, dice Lliliya, fundadora de una organización en defensa de los derechos del colectivo.

De acuerdo con HRW, las violaciones de los derechos de propiedad de las mujeres a menudo obligan a las lesbianas, bisexuales y queer a casarse con hombres para tener acceso a la tierra y a la propiedad, lo que contribuye a las prácticas matrimoniales coercitivas e impiden a quienes se divorcian de sus maridos o enviudan inicien nuevas relaciones no heterosexuales y económicamente viables más adelante.

Impunidad

Muchas entrevistadas explican que quienes, dentro de esta comunidad, tienen apariencia masculina se enfrentan “a toda una vida de marginación económica, discriminación y acoso en el trabajo, maltrato psicológico, así como ataques de las fuerzas de seguridad y violencia física y sexual”. Activistas de Argentina, El Salvador y Kirguistán explican que estas personas “a menudo se ven obligadas a hacer trabajos precarios con prácticas laborales deficientes (trabajo agrícola, trabajo sexual y talleres de automóviles, respectivamente) o campos dominados por hombres, en los que sufren abusos físicos y sexuales”.

El informe también denuncia que la violencia policial se dirige a las personas de presentación masculina de manera diferente a sus contrapartes de apariencia femenina.

Las personas y parejas de aspecto más femenino sufren ataques en público que les obligan a limitar sus movimientos, denuncia el informe. La ONG ha recopilado relatos de nueve parejas “asesinadas o brutalmente atacadas en solo cinco países (Italia, México, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos) desde 2015”. Las entrevistadas afirman que estas agresiones les llevan a “autocontrolar” sus movimientos por miedo a salir de casa con su pareja.

En este sentido, la entidad denuncia que la impunidad de los crímenes violentos contra lesbianas, bisexuales y queer es “rampante”. Pone como ejemplo el caso de Sheila Adhiambo Lumumba, lesbiana no binaria de 25 años, que en abril de 2022 fue hallada desnuda y asesinada en su dormitorio al norte de Nairobi. “Durante las semanas posteriores al asesinato, la Policía keniana no investigó adecuadamente el caso, dejando a los amigos y familiares de Sheila la tarea de recoger pruebas y grabaciones de las cámaras de seguridad”.

HRW exige a las autoridades gubernamentales que investiguen exhaustivamente y de manera transparente las denuncias de violencia y que elaboren leyes, políticas y protocolos que protejan explícitamente los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y queer y las personas no binarias. También piden “reformar los sistemas patriarcales de control, incluidas las leyes, políticas y prácticas de tutela masculina, así como las leyes discriminatorias.

—

Human Rights Watch entrevistó a 60 personas en 20 países: Argentina, Canadá, Egipto, El Salvador, Estados Unidos, Hungría, Indonesia, Japón, Kenia, Kirguistán, Líbano, Malawi, México, Polonia, Sri Lanka, Suecia, Tanzania, Túnez, Ucrania y Uganda.

Hizo otras seis entrevistas a activistas de Austria, Bulgaria, Alemania, Italia, Rusia y España en la Conferencia EuroCentralAsian Lesbian celebrada en Budapest del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2022.

Fuente El Diario

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Erin Kilbride, Human Rights Watch (HRW), Islam, Lesbianas, OutRight, Violencia machista

General, Homofobia/ Transfobia. Aireana, Blanca Aquino, César Federico Molinas, Consultorio Jurídico Feminista, Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), Homofobia/Transfobia, Lesbianas, Lesbofobia, Lucía Valenzuela, Maira Torres, Meliza Fleitas, Michi Moragas, Paraguay, Rodney Piris, Rosa Posa, Rubén Valdez, Violaciones correctivas, Ypacaraí

La Defensoría del Pueblo también se pronunció rechazando los “actos de violencia transfóbica cometidos contra Gahela, los cuales habrían sido presenciados por personal de Serenazgo del Cercado de Lima.

La activista trans y excandidata al Congreso Gahela Tseneg Cari Contreras fue agredida en la noche del 9 de julio cuando salió de su departamento en horas de la madrugada. Según cuenta en su Twitter, la joven política fue testigo de un hecho de violencia contra una mujer por parte de varios hombres, por lo que intervino frente a la inacción del Serenazgo de Lima que, a pesar de estar presente, no hacía nada para proteger a la mujer que estaba siendo agredida. Fue ahí cuando Gahela también fue agredida por los sujetos. Según su testimonio, la policía nunca llegó.

“¿Cómo es posible que unos sujetos te ataquen, mientras los serenos miran cómo te golpean, la policía sigue sin llegar a prestar auxilio? Mi delito, ser travesti, salir a botar basura y preguntar a una mujer si necesita ayuda, ¿cuánto más demorará la Policía y Fiscalía?”, escribió Gahela en su Twitter, en donde también mostró las lesiones sufridas a consecuencia de la golpiza.

Como es posible que unos sujetos te ataquen, mientras los sereznos miran como te golpean, la policía sigue sin llegar a prestar auxilio.

Mi delito ser travesti, salir a botar basura y preguntar a una mujer si necesita ayuda, ¿cuanto más demorará la @PoliciaPeru y @FiscaliaPeru? pic.twitter.com/cwNtvznHEw

— Gahela Tseneg Cari Contreras (@Gahelatrans) July 9, 2021

Frente a ello, el alcalde de la Municipalidad de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció manifestando que rechazaba “enérgicamente el acto de agresión contra una persona trans ocurrido en horas de la madrugada”, y añadió que habían iniciado una investigación para determinar las responsabilidades por parte del personal municipal que se negó a prestar ayuda a Gahela mientras era golpeada.

Presentes se comunicó con Gahela, quien nos señaló que lo que ella ha vivido lo viven la mayoría de las personas trans en el Perú, “y no es justo tener que tropezarnos con gente transfóbica en las calles, pero también tropezarnos con un sistema judicial que sigue siendo homolesbobitransfóbico. Es necesario que el Estado y la sociedad asuman responsabilidad de garantizarnos una vida libre de violencia, y no habrá esa vida una vida libre de violencia sin una ley de identidad de género que nos permita a las personas trans tener un documento con nuestros datos, sin el matrimonio igualitario, sin normas que impidan las violaciones correctivas, sin una educación de calidad que llegue a todas las personas, sin una salud pública que no deje a nadie afuera. Eso es lo que exijo visibilizando este acto de transfobia”.

La activista recibió el apoyo de un equipo del Servicio de Atención de Urgencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que la acompañó a la comisaría para hacer la denuncia correspondiente en donde prestó sus declaraciones.

No se cumplen los reglamentos

En el Perú, las personas LGTBIQ+ son consideradas una población en situación de vulnerabilidad, por lo que están incluidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos, y existen protocolos de atención para ellxs en el Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial y en el Manual del Sereno Municipal. Asimismo, Lima cuenta con la Ordenanza N° 2160 desde 2019, que promueve el respeto a la igualdad y previene, prohíbe y sanciona toda manifestación de prácticas o actos discriminatorios en Lima Metropolitana. Herramientas legales que fueron “olvidadas” por el Serenazgo de Lima al hacer caso omiso a la violencia vivida por Gahela.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció rechazando los “actos de violencia transfóbica cometidos contra Gahela, los cuales habrían sido presenciados por personal de Serenazgo del Cercado de Lima”. El ente estatal que vigila el respeto de los derechos ciudadanos exigió investigar los hechos con diligencia y bajo los estándares de protección de los derechos humanos de las personas LGTBI.

El proyecto de ley de identidad de género, a punto ser archivado

El proyecto de Ley de Identidad de Género, que ha esperado más de cinco años para ser debatido en el Congreso, pasó por su primer tramo al ser aprobado en la Comisión de la Mujer en marzo de este año, pero se estancó en la Comisión de Constitución y Reglamento, que hasta el momento no agendó la iniciativa legislativa a puertas de la terminación de la legislatura y la entrada de un nuevo gobierno.

El regidor de Lima, Manuel Siccha, quien ha venido realizando un trabajo de incidencia con otrxs activistas para empujar la aprobación de esta ley, declaró para Presentes que “todo parece indicar que la ley de identidad de género se va a quedar en la puerta del horno. Hemos tenido hasta dos sesiones con congresistas de la Comisión, donde ha sido manifiesta una corriente favorable a la propuesta. Sin embargo, el corto tiempo y la dejadez nos hace ver con desesperanza cualquier posibilidad, conociendo que la actual legislatura culmina funciones la próxima semana. Esta es una expresión más de que nuestros derechos son cualquier asunto postergable, insignificante incluso en un Bicentenario”.

En el Perú, las personas trans aún no pueden acceder a un documento que reconozca su identidad de género, son la población más afectada por el VIH-Sida, su calidad de vida está disminuida por la pobreza estructural, carecen de vivienda digna y acceso a la salud con respeto a su dignidad, son orilladas a realizar trabajos de riesgo en calle, su esperanza de vida no pasa de los 45 años, y son parte de la población afectada por los crímenes de odio, que se producen en el Perú a un promedio de 15 personas LGTBIQ+ asesinadas cada año.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Gahela Cari, Gahela Tseneg Cari Contreras, Homofobia/Transfobia, Ley de Identidad de Género, Lima, Manuel Siccha, Personas trans, Perú, Serenazgo

Más del 70%  experimentó problemas psicológicos debido a la discriminación o los delitos, a un punto que el 31,8% intentó suicidarse o tuvo ideas suicidas, al 20,6% le quedaron marcas en el cuerpo y el 33,9% vivió  problemas sexuales. Los dramáticos abusos; que en su casi totalidad no se denuncian;  son parte del primer estudio desarrollado por la Subsecretaría de Prevención del Delito junto al Movilh y otros colectivos.

La Subsecretaría de Prevención del Delito  (SPD), el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Organización Trans de Rancagua e Iguales lanzaron hoy la primera encuesta estatal sobre la discriminación y violencia que afecta a las personas LGBTIQ+ en razón de su orientación sexual o identidad de género.

Se trata del sondeo “más grande y representativo emprendido por el Estado, en alianza con la sociedad civil, pues fueron encuestadas un total de 3.271 personas. Valoramos que la Subsecretaría de Prevención del Delito, con Katherine Martorell a la cabeza, impulsara esta iniciativa. Los resultados son dramáticos, pues reflejan de manera clara y contundente el drama y la vulnerabilidad de las personas LGBTIQ+ en Chile y la necesidad de implementar con urgencia medidas contra la discriminación”, dijo el vocero del Movilh, Óscar Rementería, cuya organización atiende en más del 92% de las denuncias por homofobia o transfobia conocidas en el país.

Añadió que “esperamos que todos los ministerios del Gobierno, así como los poderes Legislativo y Ejecutivo, tomen nota de estos tristes y dolorosos resultados e implementen políticas públicas y leyes para prevenir y erradicar la discriminación y los delitos. Aquí la reforma a la Ley Zamudio, que tramita el Senado, es de suma relevancia. Esperamos y exigimos  que esta reforma contemple una institucionalidad anti-discriminatoria”.

Del mismo modo “llamamos a las personas LGBTIQ+ a denunciar los atropellos, a perder el miedo. Esto porque apenas el 4,3% denuncia la discriminación y solo  el 9,2% reporta los delitos. Es decir, que la casi totalidad de quienes ven vulnerados sus derechos, no tienen ninguna posibilidad de alcanzar justicia, lo cual es gravísimo y preocupante”.

El “Estudio exploratorio de discriminación y violencia hacia las personas LGBTIQ+” fue aplicado entre los pasados 14 de octubre y 15 de diciembre, siendo el instrumento diseñado por la SPD y el Movilh, con el apoyo de la Organización Trans de Rancagua e Iguales.

Del total de personas encuestadas, el 57,5% tiene entre  18 y 30 años; el 23,1%, entre 15 y 17 años; el 11,4%, entre 31 y 40 años; y el 7,9%, más de 41 años.

El 41.9% de los encuestados es hombre; el 58%, mujer y  el 0,1%, intersex. En cuanto a la orientación sexual, el 31,5% se declaró gay; el 30,4%, bisexual; el 18,2%, lesbiana; el 11% heterosexual; y el 9%, bisexual. En tanto, la identidad de género del 57,6% es cisgénero; seguido por “otros” (17,7%); no binarios (17,4%) y trans (7,3%)

Discriminación a  personas LGBTIQ+

En torno a la percepción de la discriminación, el 71,8% cree que en Chile los derechos de las personas LGBTIQ+ se respetan “poco”; el 25%, “algo” y el 3,1%, “mucho”, cifras explicadas por los graves episodios de homo/transfobia vividos a nivel individual.

En efecto, el  89.3% ha sufrido discriminación al menos una vez en su vida y el 64,4% experimentó lo mismo en el último año. Al considerar exclusivamente a las personas trans, las cifras son de 94,1% y 85,5%, en forma respectiva.

A lo largo de su vida el 76.9% fue discriminado/a con insultos; seguido por gritos y hostigamientos (64,5%); imposiciones para cambiar de apariencia (48.7%); falta de respeto a la identidad de género (28.8%); sanciones por expresar la orientación sexual o identidad de género (22,9%); expulsión o negación de entrada a algún lugar (18.5%); obligación para someterse a pruebas o test de VIH  o ITS (7,3%);  negación o obstáculos para registrar la identidad de género (4,5%); negación de entrega de retrovirales (1,2%) y  dificultades para ejercer el derecho a voto (0.9%). Además, y al considerar exclusivamente a  personas trans, al 61,9% las ridiculizaron llamándolas  en voz alta por su nombre legal y al 9,2% le negaron la entrega de reemplazo hormonal.

En tanto, en el último año la discriminación se expresó en insultos (49,1%); gritos u hostigamientos (35%); obligación para cambiar de apariencia (26,2%); falta de respeto a la identidad de género (18,4%); sanciones por la expresión de la identidad de género o la orientación sexual (7,8%); expulsión o prohibición de entrada a algún lugar (6,6%); obligación para someterse a pruebas de VIH o ITS (2,9%); negación  o dificultad para el registro de la identidad  (2,4%);  negación para la entrega de retrovirales (0,7%); obstáculos para ejercer el derecho a voto (0,4%).  En el mismo período, al 45,2% de las personas trans las ridiculizaron llamándolas en voz alta por su nombre legal y al 5,9% le negaron la entrega de reemplazo hormonal.

Las diferentes formas de discriminación ocurrieron en espacios públicos como calles y parques (53,4%); en el hogar (44,7%); en redes sociales (41,2%); en espacios educativos (38%); en casa de familiares (29,8%); en el transporte público (21,7%); en el barrio (19,1%); en espacios religiosos o lugares de culto (18,7%); en espacios comerciales (18,4%); en instituciones públicas (12,6%); en el lugar de trabajo (12,3%); en carabineros (10,3%); en el servicio público de salud (8,5%); en un club, discoteca o bar (7.6%); en protestas o manifestaciones (6,5%);  en servicios o empresas privadas (5,6%); en servicios privado de salud (5,3%); al arrendar o comprar un producto o servicio (5,3%); en un servicio privado de transporte (4,2%); en gimnasios o centros deportivos (2,5%); en un evento LGBTIQ+ (1,9%); en club, pub o discoteca para LGBTIQ+ (1,8%); en instituciones financieras (1,7%); en la PDI (1,4%) y en instituciones penitenciarias (0,6%).

Los principales responsables de la discriminación en el último año fueron desconocidos (57.9%); familia nuclear (44,1%); familia extendida (30.6%); compañeros de estudios (25.7%); miembros de comunidades religiosas (25,7%); directores, docentes, auxiliares (23%); amigos o conocidos (19.6%); funcionarios de carabineros (11,7%);  grupos anti-LGBTIQ+ (11,2%); funcionarios públicos (11%), compañeros de trabajo (8.9%), personal de salud (8.7%), jefes/as (8.2%); pareja o ex pareja (7.2%); familiares de (ex) pareja (5,9%); funcionario privado (5,5%); clientes o pacientes (4.4%), personas LGBTIQ+ (3.9%), miembros de las Fuerzas Armadas (3,8%) y  funcionarios de la PDI (1,7%).

En concordancia, el 36% cree que donde más las personas LGBTIQ+ enfrentan discriminación es en los espacios públicos (calles o parques), seguidos por la familia nuclear (padre, padre, hermanos) con el 15.6%; el ámbito educacional (14,8%), lugares religiosos o de culto (9.8%); en la familia extendida (abuelos, tíos sobrinos) con el 8.6%; en el campo laboral (7,8%); en instituciones de seguridad pública (3,9%);  en servicios de salud pública (2,3%); en el barrio (0,4%); en medios de transporte (0,4%) y en comercio o servicios privados (0.4%).

Tras los episodios de la discriminación el 75% sintió miedo, ansiedad o angustia, seguido por auto-represión para expresarse libremente (70,5%); problemas para concentrarse, recordar detalles o tomar decisiones (32,5%); ideas suicidas o intento de suicidio (31,8%); problemas para dormir (30,7%); dejar de vestirse o maquillarse de la manera como gusta (30,1%); aislamiento del resto de la sociedad (29%); dejar de salir (29%);  dejar de ver a familiares o amigos (27.3%) y dejar de participar en actividades que gustan (27.1%).

Pese a todo, apenas el 4,3% reportó o denunció la discriminación. El 31,5% no denunció porque consideró que lo ocurrido no era “lo suficientemente grave”; el 22.9% porque estima que la policía no hubiera hecho nada; el 11% porque no cree que sirva de algo; el 9.3% porque desconocía cómo o donde denunciar; el 9,1% para mantener en reserva su orientación sexual o identidad de género; el 5,1% por miedo a más discriminación; el 4,1% porque no pudo identificar a los agresores, el 3.7% porque le daba vergüenza; y el 3,2% por miedo a represalias.

Victimización en personas LGBTIQ+

En torno a la victimización, el 62,3% ha sufrido de delitos al menos una vez en su vida y el 49,3% en el ultimo año. Al considerar exclusivamente a la población no binaria, las cifras son de 73.9% y 54,9%, en forma respectiva, mientras en el caso de las personas trans el 61,9% fue víctima de delitos al menos una vez en su vida y el 62,8% en el último año.

A lo largo de su vida el  38,2% fue víctima de delitos cibernéticos, como hostigamientos en redes sociales, seguido por amenazas físicas (33,7%);  amenazas sexuales (19,9%); ataques físicos (19,6%); ataque sexual (18,5%);  asalto con violencia, amenaza o intimidación (16,3%);  terapias o violaciones correctivas (8,8%), daños a la vivienda (2,6%) y  daños a vehículo (2%).

En tanto, en el último año el 22,2% sufrió delitos cibernéticos; el 10,9% recibió amenazas físicas y el 5,5%, amenazas sexuales; el 4,2% fue asaltado con violencia o intimidación; el 4% fue atacado físicamente; el 3,6% fue atacado sexualmente; el 2% fue víctima de terapias o violaciones correctivas; al  1,2% le dañaron su vivienda y al 0,8% su automóvil.

En el último año los delitos ocurrieron en espacios públicos (30,6%), seguido por redes sociales (17.2%); en el hogar (12,5%); en el barrio (12,5%); en el transporte público (12,4%); en recintos educativos (10%); en espacios comerciales (7%); en hogar de familiares (6,3%); en carabineros (5,7%); en espacios religiosos o de  culto (5,1%); en clubes, discotecas o bares (4,7%); en instituciones públicas (3,3%); en servicios públicos de salud (2,8%); en el trabajo (2,7%); en una protesta o manifestación (2,5%); en servicio privado de salud (1,6%); en servicios de transporte privado (1,6%); en club, discoteca o bares para LGBTQ+ (1,3%);  en servicios o empresas privadas  (1,2%); en la PDI (1,1%); en gimnasios o centros deportivos (1%); en un evento LGBTIQ+ (0.8%); al arrendar o comprar un producto o servicio (0.8%) y en instituciones penitenciarias (0,5%) y  financieras (0,4%).

Los responsables de estos abusos fueron desconocidos (75%), seguidos por amigos o conocidos (18,5%); grupos Anti-LGBTIQ+ (17.3%);  compañeros/as de estudio (17.2%); miembros de comunidades religiosas (11.5%), familia nuclear (10,2%); (ex) pareja (6,9%); familia extendida (6,8%), carabineros (6,8%); personas LGBTIQ+ (6%); familiares de (ex) pareja (4,2%); compañeros de trabajo (3,3%); funcionarios/as públicos (3,3%); directores, docentes o auxiliares (2,8%); miembros de las Fuerzas Armadas (2,7%);  personal de salud (2,4%); funcionarios de la PDI (1,3%); funcionario privado (1,3%); clientes o pacientes (1,2%) y jefes/as (1,2%).

Los/as encuestados/as reportaron además consecuencias psicológicas, físicas o sexuales debido a los delitos que sufrieron.

En el primer caso, el 78.1% sintió angustia, miedo o ansiedad; el 53,4% reprimió la expresión de su identidad en algunos lugares;  el 43% tuvo problemas para dormir; el 37,4% dejó de salir y el 36.9% se aisló del resto de la sociedad. En el segundo caso, al 20.6% le quedaron marcas visibles como moretones, rasguños o hematomas; al 11,7%, cicatrices; al 11% “otras lesiones” y el 4% torceduras, fracturas o dislocación. Por último, el 33,9% quedó con problemas sexuales, como dificultades para sentir placer o realizar el acto sexual; seguido por “heridas en los genitales” (8%); contagio de una ITS (6%) e infecciones del tracto urinario de manera frecuente (4%).

Con todo, solo el 9,2% reportó o denunció los delitos de los cuales fue víctima, El 28.6% no denunció porque le daba vergüenza; el 16,9% porque no sabía qué podía hacerlo o dónde; el 8,7% porque “la policía o los tribunales no hubieran hecho nada”; el 7,7% porque “me daba miedo ser discriminado/a”; el 7.1% porque “no pude identificar a mis agresores”; el 6,4% porque “no creo que denunciar sirva de algo”;  el 5.2% para mantener en reserva su orientación sexual o identidad de género y el 4.7% por “miedo a represalias”.

Apertura y visibilidad LGBTIQ+

 Finalmente la encuesta arrojó que el 71.5% acepta su orientación sexual o identidad de género, cifra que se eleva al 80,5% en el caso de los gays, seguido por lesbianas (76,5%); otros (69,2%), pansexuales (65,5%), no binarios (63,3%),  trans (63%) y bisexuales (61,7%).

Sin embargo, solo el 31,8% se siente libre de expresar su orientación sexual o identidad de género, cifra que es del 36,3% en el caso de los gays; seguidos por trans (33,9%),  lesbianas (33,7%); pansexuales (28.9%), no binarios (27,9%) y bisexuales (20,8%).

Con todo, el 58.6% se declara “algo” satisfecho con su vida;  el 30% “mucho” y el 11,4% “poco o nada”.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Discriminación, Fundación Iguales, Katherine Martorell, Organización Trans de Rancagua, Subsecretaria de Prevención del Delito (SPD)

Fernando Báez Sosa

El crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell conmueve por la brutalidad de los diez rugbiers implicados y por la impunidad y saña con la que golpearon. Los antecedentes por acoso sexual y peleas podrían haber sido una advertencia pero se dejaron pasar. Por eso, se reclama que haya programas de atención para hombres con signos de violencia. Mientras que se pone en debate el rol del rugby, sin culpar al deporte, pero con el reclamo a los clubes para que no promuevan una masculinidad que mata.

“Es lamentable lo que hicieron con mi hijo. Es una injusticia”. Son las palabras de Graciela Sosa, madre de Fernando Báez Sosa, asesinado la madrugada del pasado sábado presuntamente a manos de un grupo de jugadores de rugby en Villa Gesell, Argentina. “Se merecen que paguen todo eso que le hicieron. Le arruinaron su vida”, agregó entre lágrimas su madre en el velorio del que era su único hijo, exigiendo que el caso “no quede impune”.

El joven de 19 años salía de un local nocturno en la localidad balnearia bonaerense cuando fue interceptado por los rugbiers, quienes lo habrían golpeado brutalmente hasta la muerte.   La autopsia del cuerpo de Báez Sosa determinó que la causa de la muerte fue un “fuerte traumatismo de cráneo”.

Once chicos de entre 19 y 21 años se encuentran detenidos tras el asesinato, la mayoría de ellos jugadores del Club Náutico Arsenal de Zárate, ubicado en las afueras de la capital argentina. Hasta el momento, casi todos los acusados se han negado a declarar, excepto Pablo Ventura, quien a diferencia del resto, fue detenido en Zárate.

Según el diario argentino La Nación, los abogados les habrían pedido a los amigos de la víctima no dar declaraciones a la prensa “para no entorpecer la causa”. Pero de acuerdo a una de las fuentes del periódico, todo habría empezado con una pequeña disputa dentro del local. “Le quisieron pegar a uno de los chicos y Fernando los quiso separar. Se generaron algunos empujones y por eso lo echaron a Fernando y a sus amigos de Le Brique (el nombre de la discoteca)”.

Según la misma fuente, una vez fuera del club, Báez Sosa y sus amigos estaban sentados en una vereda esperando a otros dos compañeros para abandonar el lugar, antes de que se produjera el ataque. “Uno había ido a hacer pis y otro todavía estaba adentro (…) Es ahí cuando salieron los rugbiers y fueron directo a buscarlo a Fernando”. Algunos de los amigos de la víctima que intentaron frenar la pelea también recibieron fuertes golpes en la cara y la cabeza.

En diálogo con la prensa a las afueras de su residencia en el céntrico barrio bonaerense Recoleta, la madre de la víctima habló de la última comunicación que tuvo con él. “La última vez que tuve contacto con él fue por mensaje. Le pregunté cómo estaba, y me respondió que se encontraba muy bien. Luego me dijo: ‘Mami, te quiero’. Esa fue la última vez que me contacté con él”, dijo entre lágrimas. Graciela Sosa aseguró además sentirse “muerta”. “Era mi único hijo”.

Fernando se había inscrito en la Universidad de Buenos Aires para estudiar Derecho. Su madre lo recuerda como “un chico bueno, decente, servicial. No se merecía esto: nadie se merece esto”.

Tatiana, la encargada de manejar las redes sociales de Le Brique, fue testigo del ataque y relató en una entrevista con el canal de televisión local Todo Noticias los hechos. “A eso de las cinco y media de la madrugada yo salí del boliche y lo vi a Fernando que estaba sentado, rodeado de sus amigos. En ese momento aparecen estos chicos y empezaron a pegarles, de la nada”, contó la joven de 17 años. “Eran una máquina de golpear, no les importó nada”, continuó la joven de 17 años. Ella también recuerda cómo otros jóvenes inconscientes, “más inconscientes que ellos (los rugbiers)”, gritaban “pégale dale, lo vas a matar, dale que vos podes”.

Walter Mércuri, el fiscal que inició las investigaciones por el asesinato del joven, le dijo en una entrevista con Todo Noticias que los rugbiers habían actuado con “premeditación” y “tenían un plan“. Mércuri también afirma que dos de ellos ultimaron al joven cuando estaba desmayado en el piso proporcionándole una patada “que según la autopsia fue mortal”.

Tras el asesinato, el fiscal pidió la detención formal de los 11 acusados ante el juez Leopoldo Mancinelli por “homicidio agravado por participación premeditada de dos o más personas”, el cual explica que tiene una pena de prisión perpetua. Igualmente explica que dos de los sospechosos están acusados como “coautores”. “Se ve clarito en las imágenes que ultiman a la víctima cuando está desmayada en el piso”, agrega.

Varios videos de la riña han sido publicados en las redes sociales.

Nancy, una prima de la víctima, recalcó que “no había un motivo real para le peguen de esa manera”. “Si hubo una pelea o un roce, no justifica que se pongan entre diez u once personas con un chico solo”, prosiguió, haciendo un llamado a todos los padres a que reconsideren cómo crían a sus hijos. “Nadie es más que nadie para hacer semejante acto de violencia, por creerse superior, por tener un poquito más”, concluyó.

“Para ellos, era una práctica habitual golpear a una sola persona entre varios”, aseguró Marcelo Urra, apoderado del Club Náutico Arsenal de Zárate, a donde concurrían la mayor parte de los diez detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa, de 19 años, el sábado, en Villa Gesell. “Si bien como club estamos ajenos a lo hechos acontecidos en Villa Gesell, la Comisión Directiva tomó la decisión de suspender a los socios activos porque están involucrados en un hecho que afecta y mucho a la imagen que pregona el club con sus asociados y sus deportistas”, afirmó Marcelo Urra, el apoderado legal de Náutico Arsenal.

Hasta ahora la fiscal Verónica Zamboni imputó a Máximo Thomsen y Ciro Pertossi como coautores del asesinato de Báez Sosa. Además, consideró partícipes necesarios al resto de los rugbiers, mientras que Pablo Ventura fue liberado. Y, aunque todavía sigue involucrado formalmente, parecería comprobarse que su detención se debió al testimonio de uno de los presuntos asesinos que habitualmente lo responsabilizaba de sus atropellos.

Máximiliano Thomsen y Ciro Pertossi

Después de la primera rueda de reconocimiento, los testigos del crimen de Fernando Báez Sosa identificaron como sus asesinos a Máximo Thomsen y Ciro Pertossi. Además, uno de los testigos también identificó a Enzo Comelli, uno de los rugbiers detenidos, como la persona que le aplicó el “primer golpe” a la víctima. Así lo informó Fernando Burlando, uno de los abogados de la familia del joven asesinado.

La fiscal Verónica Zamboni, a cargo de la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa, imputó a dos de los rugbiers detenidos como coautores del homicidio. Se trata de Máximiliano Thomsen y Ciro Pertossi quienes enfrentarían una pena máxima de prisión perpetua debido a que el delito fue calificado como agravado por el “concurso premeditado de dos o más personas”.

Máximiliano Thomsen, de 20 años, es hijo de la arquitecta Rosalía Zárate, quien se desempeña como Secretaria de Obras Públicas del municipio de Zárate. Por su parte, Ciro Pertossi, de 19 años, es hermano de Luciano, otro de los detenidos. También es primo de Lucas Pertossi, quien dos semanas antes del brutal ataque publicó un polémico mensaje en las redes sociales. “Fua no falta nada para irnos a gesel (sic) con los pibes, a romper lo que nos faltó el año pasado”, escribió Lucas Pertossi el 4 de enero.

En Zárate, la madre de los hermanos Pertossi trabaja como docente. Su padre es jefe de la automotriz Toyota. Todos los Pertossi fueron suspendidos por el club este martes. Según revelaron algunos vecinos de la zona, los Pertossi eran conocidos porque solían protagonizar episodios violentos.

“No es la primera vez que llega a nuestro conocimiento, no al club en sí, sino en la sociedad de Zárate, de golpizas entre jóvenes y da la casualidad que algunos de los protagonistas son los que están detenidos”, afirmó Marcelo Urra, el apoderado legal de Náutico Arsenal.

En términos legales, se considera que los partícipes necesarios prestaron ayuda o tuvieron algún tipo de comportamiento sin el cual no se podría haber cometido el delito. Por lo tanto, también a ellos les cabría la misma pena.

Cuatro de los rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa fueron suspendidos en su club: “Era una práctica habitual golpear a una persona entre varios”

El apoderado legal de la institución deportiva contó que varios de los imputados por el homicidio en Villa Gesell habían protagonizado otras agresiones en manada en la ciudad de Zárate

Las autoridades del club de rugby donde juegan algunos de los once jóvenes que fueron detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido la madrugada del sábado pasado a la salida de un boliche en la localidad balnearia de Villa Gesell, suspendieron a cuatro de los imputados por el homicidio que estaban afiliados a esa institución deportiva.

Se trata de los hermanos Ciro (19) y Luciano Pertossi (18), Alejo Milanesi (20) y Blas Cinalli (18), quienes fueron sancionados debido a que su participación en el ataque a Báez Sosa “afecta la imagen que pregona” el club Naútico Arsenal de Zárate.

Además de Ciro y Luciano Pertossi, Milanesi y Sinalli, están detenidos Matías Franco Benicelli (20), Ayrton Michael Viollaz (20), Máximo Pablo Thomsen (20), Lucas Fidel Pertossi (20), Tomás Enzo Comelli (19) y Juan Pedro Guarino (19)

Los once imputados por el homicidio de Fernando Báez Sosa

Todos están acusados del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, que tiene la única pena de prisión perpetua. Para la Fiscalía, dos de los detenidos le dieron a Fernando los golpes mortales y los otros nueve colaboraron con el crimen, pero golpearon a los amigos de la víctima para impedir que le presten ayuda.

El crimen se desencadenó por una pelea cerca de las 3:30 dentro del boliche por la que los jóvenes fueron sacados del lugar. “Se hicieron los guapos adentro, a ver cómo les va afuera”, dijo en la calle uno de los dos rugbiers acusados de golpear a Fernando, según el relato de testigos.

El gobernador Axel Kicillof dijo estar preocupado y seguir con atención lo sucedido en Villa Gesell con el asesinato de Fernando Baez Sosa por una patota de rugbiers. “El Gobierno de la provincia ha acompañado a familiares de la víctima. Ha sido una situación muy delicada y esperamos que la Justicia actúe muy rápidamente sobre los responsables“, dijo el gobernador.

Respecto a la decisión del intendente geselino, Gustavo Barrera, de prohibir la venta y consumo de alcohol en la vía pública, evaluó que “hay que poner todo desde el gobierno para prevenir“. “Hay que hacer todo lo necesario para evitar que cosas como estas pasen” porque, remarcó, “todo hecho de violencia hay que condenarlo”.

Fuente La nación/ Infobae/Agencias

***

“Masculinidades: entre el espejo y la cloaca”

“Si tantos discursos y tantas voces se levantan y se levantaron en esta semana para encontrar sentido a la escena insoportable de diez muchachos de 20 pegándole hasta la muerte a otro en el piso es porque el espejo está pulido y esquivarlo no sólo es un error, es un peligro, un riesgo constante, una ruleta rusa.”

Por Marta Dillon (Página 12), vía Sentido G

Los varones están hablando de sus cuerpos, desde sus cuerpos; están templando una voz para nosotras y nosotres conocida, esa que enuncia de qué se trata la experiencia de tener un cuerpo que siempre llega antes que cualquier otra presentación.

Tímidamente –pero siempre saludados por su “valor”–, los varones heterosexuales están poniendo en juego lo que significa un pene tildado de chiquito, el miedo a los ritos de iniciación en clubes o cofradías varias, la dificultad de decir No y quedar fuera, la falta de fuerza física. Se los puede leer en las redes y en los medios, envían mensajes diciendo que quieren contar más de lo que pasa en los vestuarios, están dispuestos, parece, a enunciar lo no dicho por sus propias bocas.

No son la mayoría, la primera persona capaz de narrar esas vergüenzas, esas nimiedades hechas de pelos, arrugas, grasa, fluidos, canas, dolor y temblor son un territorio en el que nos movemos con soltura y a la fuerza quienes acumulamos la experiencia de ser empujades por los toboganes del juicio permanente, la exclusión, los partos, las manchas de menstruación, los abortos, el abuso sexual, la violación. Parto, aborto, menstruación, menopausia son hechos de la vida reproductiva, hechos de la vida; sin embargo se viven con violencia también. Cuerpos feminizados, cuerpos devaluados, cajas de resonancia de voces que se hacen barricada para vivir una vida que valga la pena.

Los varones heterosexuales no siempre viven el cuerpo como potencia aunque a eso están exigidos, pero esa vergüenza de que sus genitales no encajen, sus músculos no sean lo suficientemente duros, su coraje no sea traducido en sometimiento de otres, sus éxitos no cuenten en los mandatos de esa masculinidad rancia que ahora se denuncia las más de las veces está enmascarada, aparece brutalmente en los números de suicidios –adolescentes la mayoría–, de accidentes que ocurren por necesidad de ponerse a tono con el imperativo del valor y la prepotencia. Aparece como un desgarro cuando ese imperativo se convierte violencia homicida: los femicidios, los travesticidios, las violaciones en manada, las violaciones correctivas; el asesinato de Fernando Báez, entre tantos otros que suceden cotidianamente en las cercanías de los boliches pero perdidos en el conurbano.

Esa brutalidad que acumula lágrimas de dolor y bronca, esta vez, tal vez, podría ser un punto de inflexión para quebrar el pacto que cobija en la cofradía el deprecio, la violencia, el uso de otros cuerpos como cosas. Sobre este cadáver tan joven y este duelo colectivo por esa vida aniquilida, tenemos que construir otras formas de vida, juntes. No ha sido suficiente hasta ahora que se llenaran calles y plazas que claman que todos los cuerpos cuentan. Ni la rebeldía de los cuerpos y los goces disidentes que desafían a diario la norma patriarcal. No alcanza con todas las que se paran sobre sus propios pies y enfrentan al poder de la fratria para denunciar la violencia sexual, como pueden y no como se pretende que es correcto.

Como fue con el soldado Carrasco que al ser asesinado, desde la oscuridad de la muerte, logró que se termine con la humillación institucionalizada del servicio militar obligatorio; así tendría que ser con Fernando. Que dejemos de infantilizar a los varones explicándoles qué es violencia, qué es acoso, qué es abuso. Lo saben, lo saben en sus cuerpos, síganlo diciendo; que crezca el coro de voces y que construya su propio No, su basta ya, que empiece de una vez a diseñar su manera otra de estar en este mundo que no es cruel porque sí sino porque así se lo hizo.

Caminamos sobre una tierra que se colonizó a fuerza de genocidio y de violaciones masivas de las mujeres indígenas. Con la misma cruz que alguno de los agresores de Fernando llevaban en el cuello. Estos varones que conocemos y que ahora intentan rasgarse los vestidos con los que se construye su género están hechos también con los discursos de las iglesias, del éxito como posesión de bienes y servicios de lo que consideran Sus familias, las familias que van a misa o al templo y que siempre tienen a mano la imagen del ángel exterminador, del apocalipsis de muerte para quienes no se disciplinan. Y de la acumulación capitalista para los obedientes.

“Fuimos nosotros, sí”, dijo un rugbier o un ex rugbier en redes sociales y tiene razón. No queda otra que mirarse en el espejo de esa patada dada a un chico inconsciente, como habría que mirarse en el espejo de Higui de Jesús que ahora enfrenta un juicio por haberse rebelado frente a la crueldad de ese rito –sí, rito– de la violación correctiva. A esa lesbiana le iban a dar una buena poronga y no sólo para que deje de ser lesbiana, para que deje de usurpar la identidad masculina que tan bien se construye en gimnasios, cuarteles, templos, bancos, boliches, canchas.

Si tantos discursos y tantas voces se levantan y se levantaron en esta semana para encontrar sentido a la escena insoportable de diez muchachos de 20 pegándole hasta la muerte a otro en el piso, que además era morocho, que además era paraguayo e hijo de un portero mientras los otros podían jactarse de sus privilegios de clase media blanca, conservadora y con aspiraciones es porque el espejo está pulido y esquivarlo no sólo es un error, es un peligro, un riesgo constante, una ruleta rusa. Otra vez puede ser tu hijo, y no sólo el que quedó en el piso, puede ser el que en la cofradía se sienta obligado a dar la patada. Como en ese libro de Luis María Pescetti que mi hijo de 11 odia por su crueldad, en el que un chico tímido termina matando un pájaro para no quedarse más solo en el recreo.

El espejo está pulido pero mientras algunos empiezan a mirarse otros lo convierten en la cloaca donde depositar sus desechos –porque son los rugbiers y no los hombres buenos–, sus deseos de exterminio –y que violen en la cárcel a esos monstruos que son esos 10 distintos de todos y el castigo que merecen es ser convertidos en maricas o mujercitas–, el airado reclamo a las familias que educan mal mientras se aferran a sus cruces teñidas de la sangre de las brujas, les indígenas, los campos de concentración, les que mueren por abortos clandestinos –y es una enumeración corta–.

El homicidio de Fernando Báez Sosa es una interpelación urgente. Justicia es que no vuelva a pasar.

Vía SentidoG

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Axel Kicillof, Ciro Pertossi, Club Náutico Arsenal de Zárate, Enzo Comelli, Fernando Báez Sosa, Graciela Sosa, Homofobia/Transfobia, Machismo, Masculinidades, Máximiliano Thomsen, Villa Gesell

Por Airam Fernández, desde Santiago de Chile

Foto: Josean Rivera

La Agrupación Lésbica Rompiendo El Silencio (RS) conoce de cerca al menos seis testimonios de mujeres lesbianas agredidas, torturadas sexualmente o detenidas de forma ilegal en Chile, durante los diez días del Estado de Emergencia decretado el pasado 18 de octubre por el presidente Sebastián Piñera.

Actos de humillación que aluden a la expresión de género, burlas con extorsiones, amenazas de violaciones correctivas o incluso de muerte, por parte de funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden o por familiares o personas vinculadas a estos agentes del Estado, están entre las principales características de estas denuncias recogidas por RS, tras habilitar un número telefónico para contener y orientar a las mujeres vulneradas. Algunas fueron derivadas a la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem).

Los casos están compilados en un informe que RS entregó el fin de semana a la misión técnica enviada a Chile por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, luego de una reunión a la que asistieron junto a otras 200 organizaciones. Esa comisión estará en el país hasta el 22 de noviembre, examinando las denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las intensas protestas que estallaron hace casi tres semanas y que no parecen detenerse.

Nicole Rojas, encargada del área de investigación de RS, explicó a Presentes que la mayoría de las denuncias son por ataques por expresión de género. En los casos de amenazas con violación correctiva, siempre aparece el arma o luma. “Ese es un agravante porque tiene que ver con una construcción de poder en torno al falo y cómo irrumpe en las cuerpas de las compañeras”, observa.

Las agresiones ocurrieron en diversos puntos de la Región Metropolitana y en otras ciudades del país. Por temas de seguridad, el informe omitió los nombres de las víctimas, quienes hasta ahora no quieren hablar con la prensa.

Herida con perdigones por marchar con bandera LGBTIQ+

18 de octubre: En una manifestación en Santiago, una joven lesbiana denunció ante RS que le dispararon perdigones mientras marchaba, sólo por llevar una bandera LGTBIQ+. El caso fue derivado a Abofem.

La amenazan de muerte por “enferma y maricona”

19 de octubre: Una lesbiana de 29 años, familia de un militar, denunció persecución y agresión verbal por algunos miembros de su círculo familiar. También ha recibido amenazas a través de Facebook y audios de Whatsapp por “enferma y maricona”. Este es el único caso que viene desde antes de las protestas, explicó Rojas, pero en los últimos días las amenazas se agudizaron. La denuncia fue derivada a Abofem para interponer un recurso de amparo.

Detenida y agredida por expresión de género

20 de octubre: Una joven lesbiana de 26 años denunció agresión por expresión de género. Su testimonio indica que uniformados la confundieron con un hombre mientras estaba en una manifestación. La detuvieron ilegalmente y la culparon de encender una fogata. No fue presentada ante la Justicia sino hasta tres días después de su detención, algo ilegal. Según ella, solo estaba viendo lo que ocurría en esa protesta de la Región del Libertador Bernardo O’ Higgins. También fue derivada a Abofem.

Policías la amenazan con violarla para que “deje de ser como es”

22 de octubre: Una lesbiana de 24 años fue alcanzada por un grupo de carabineros en una protesta en Santiago. Dice que su aspecto masculino, o de “camiona”, como les dicen en Chile, llamó la atención de los funcionarios. La insultaron y amenazaron con una violación “correctiva” para que dejara de ser “como es”. La joven decidió no denunciar su caso a instituciones como el INDH porque considera que son “poco relevantes” frente la realidad que vive el país y las violencias habituales que afectan a esta comunidad.

Detenidas por marchar tomadas de la mano

23 de octubre: Una pareja de lesbianas fue detenida por militares al notar que marchaban tomadas de la mano. Denuncian que durante el procedimiento adoptado por Carabineros fueron víctima de abuso sexual, con desnudamiento y tocaciones indebidas. Es un caso de la zona norte de Chile y fue derivado a Abofem.

Ayer, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) entregó un balance sobre las querellas presentadas por tortura sexual: en sus nueve años de historia, el organismo ha presentado 33 en contra de Carabineros. 17 de ellas se presentaron sólo en los últimos 19 días.

Rojas recordó que RS se declaró en alerta a principios de año, ante el aumento de los casos de violencia hacia la comunidad LGBT, luego de la golpiza que sufrió la joven lesbiana Carolina Torres, en Pudahuel. “Esta vez, la alerta es aún mayor, pues desde que los militares se tomaron las calles cuando fue decretado el Estado de Emergencia, supimos que estábamos en una situación donde las mujeres de la diversidad sexual, especialmente las lesbianas, podían sufrir violencia por parte de agentes del Estado. Lamentablemente estos casos son los que nosotras conocemos, pero estamos seguras de que hay muchos más de los que no tenemos conocimiento, porque existe mucho miedo a denunciar”, dijo a Presentes.

Otras denuncias

Este miércoles, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) también sostuvo una reunión con la misión de la ONU para denunciar otros episodios de violencia homofóbica cometidos por agentes del Estado. Rolando Jiménez, dirigente de la organización, reportó el caso de dos mujeres lesbianas atacadas por militares y dos ataques a jóvenes gays.

Oscar Rementería, vocero de esta organización, se refirió a otro caso ocurrido ayer en Reñaca, una localidad ubicada al norte de Viña del Mar, donde una mujer fue golpeada con un bate de béisbol por vecinos del sector que trataron de impedir el avance de una marcha. “Sin ninguna razón, la joven fue golpeada en su cabeza, mientras algunos le gritaban negra o lesbiana”, apuntó Rementería.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Agrupación Lésbica Rompiendo El Silencio (RS), Carolina Torres, Chile, Homofobia/Transfobia, Lesbianas, Michelle Bachelet, Mujeres, Nicole Rojas, Óscar Rementería, Rolando Jiménez, Viña del Mar

Desde el 2014 se ha incrementado en 237 por ciento el asesinato de mujeres lesbianas, en su mayoría, jóvenes y negras. 

El estudio de investigación realizado por el colectivo “Nosotras-Disidencias femeninas”, vinculado a la Universidad Federal de Río de Janeiro y titulado “Lesbofobias- Las historias que nadie cuenta”, arrojó cifras alarmantes.

Desde el año 2000 hasta el 2017 se registraron 180 feminicidios de lesbianas, de los cuales 126, es decir, el 70 por ciento, ocurrieron en entre los años 2014 y 2017. Esto significa que en estos últimos años ha habido un aumento del 237 por ciento en este tipo de crímenes.

El mayor número de crímenes contra mujeres lesbianas ocurrió de 2016 a 2017, cuando subió de 30 a 54 registros. Más de un tercio de las víctimas son mujeres jóvenes, de entre 20 y 24 años. En el 23% de los casos, las víctimas tenían menos de 19 años. El estudio también arrojó que en la mayoría de los asesinatos las mujeres eran negras.

Milena Carneiro Peres, una de las autoras del estudio, explicó al sitio Catraca Livre que decidió investigar la violencia contra lesbianas tras el asesinato de Luana Barbosa dos Reis, una mujer “lesbiana, madre negra y pobre” que fue golpeada a muerte frente a su hijo por tres militares en 2016. “La búsqueda [de otros casos] me hizo realizar que los registros sobre las violencias que las lesbianas sufren son precarios, raros e incompletos, las lesbianas son invisibilizadas en vida y en muerte”, afirmó.

Pese a las escalofriantes cifras, Cinthia Abreu, integrante de la Marcha Mundial de Mujeres y Marcha de Mujeres Negras de São Paulo, explica que los datos reflejan una mayor visibilidad para el tema en los últimos años debido a la auto-organización de las mujeres. “Este incremento se debe también a la visibilidad, porque las personas ahora no hablan de pelea callejera o confusión, sino de asesinatos por lesbofobia, cuando una mujer es asesinada debido a su orientación sexual, por ser lesbiana en esta sociedad”, apunta.

Pero no solo son los asesinatos los que cuentan en este informe, según explica Abreu sigue la violencia hacia mujeres lesbianas a través de violaciones correctivas. Hombres que violan a mujeres para “curarlas” de su homosexualidad. “Se percibe que en algunos de los casos, los actos son cometidos por alguien de la propia familia de la víctima y no por personas desconocidas. Algo que ocurre en el ámbito familiar, cuando la familia intenta curar lo que consideran un desvío sexual”, expresó.

En el estudio también se aborda el tema de la discriminación laboral hacia las mujeres por su orientación sexual.

El pasado 29 de agosto se conmemoró en Brasil el Día Nacional de la Visibilidad Lésbica. Esta fecha instituyó en 1996, en el marco del Primer Seminario de Lesbianas y Bisexuales en Brasil. Además de visibilizar las cuestiones que violentan a la vida de las lesbianas, la fecha representa la lucha y la resistencia crecientes, principalmente en las periferias del país, a través de las voces de las mujeres lesbianas negras.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Brasil, Catraca Livre, Cinthia Abreu, Día Nacional de la Visibilidad Lésbica, Discriminación laboral, Homofobia/Transfobia, Lesbianas, Lesbofobia, Luana Barbosa dos Reis, Marcha de Mujeres Negras de São Paulo, Marcha Mundial de Mujeres, Milena Carneiro Peres, Violaciones correctivas, visibilidad lésbica

El próximo 30 de junio, los activistas LGTB de Suazilandia celebrarán su primer Orgullo. Todo un acto de valentía, dado que ese pequeño país del sur de África las relaciones homosexuales masculinas siguen siendo ilegales. Su rey, un monarca absoluto, llegó a calificar las relaciones homosexuales como «satánicas». La plataforma All Out y la organización suazí The Rock of Hope han puesto en marcha un crowdfunding para ayudarles al que puedes contribuir. 

Suazilandia, una pequeña monarquía situada entre Sudáfrica y Mozambique, es uno de los estados de la Commonwealth que mantiene vigente la criminalización de las relaciones homosexuales masculinas (un listado al que nos referimos hace pocas semanas). La LGTBfobia política y social es además elevada. Su rey, Mswati III, ha llegado a calificar las relaciones homosexuales como «satánicas», mientras que su primer ministro, Barnabas Sibusiso Dlamini, ha defendido públicamente su ilegalidad. La discriminación no se limita, por otra parte, a los varones homosexuales. Al igual que en la vecina Sudáfrica, se conocen casos de «violaciones correctivas» a mujeres lesbianas. De hecho, según una encuesta llevada a cabo en 2013 por The Rock of Hope y citada por The Daily Beast en un reciente reportaje, un 43% de las mujeres lesbianas y trans aseguraban haber cometido en alguna ocasión un intento de suicidio, y hasta un 78% de ellas consumían sustancias adictivas como una forma de sobrellevar su situación.

A pesar de todo, el activismo LGTB ha decidido que ya era hora de desafiar la LGTBfobia y ha convocado el que será primer Orgullo LGTB de la historia del país el próximo 30 de junio. Tendrá lugar en la capital del país, Mbabane. «Las oportunidades para que el resto de la sociedad suazí interaccione con la comunidad LGBT+ de una forma positiva son excepcionales, y apenas hay eventos que proporcionen un espacio seguro para que las personas LGBT+ puedan celebrar sus identidades. Creemos que la visibilidad es clave para hacer progresar el debate y el mensaje», ha explicado Melusi Simelane, activista de Rock of Hope.

El Orgullo LGTB de Suazilandia contará con la colaboración de All Out, una plataforma internacional a la que en algunas ocasiones anteriores hemos hecho referencia y cuyo fin es la de promover los derechos LGTB en todo el mundo. All Out ha puesto en marcha una campaña especial de crowdfunding para ayudar a sufragar el evento (a la que tú también puedes contribuir) y tanto su director ejecutivo, Matt Beard, como su gerente senior de campañas, Mathias Wasik, se desplazarán al país africano para ayudar sobre el terreno a los activistas locales.

Seguiremos con gran interés cómo se desenvuelve este primer Orgullo LGTB de Suazilandia.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. All Out, Barnabas Sibusiso Dlamini, crowdfunding, Discriminación, Homofobia, Lesbofobia, LGTBfobia, Mathias Wasik, Matt Beard, Melusi Simelane, Mswati III, Orgullo LGTB, Suazilandia, The Daily Beast, The Rock of Hope, Transfobia

Tras una protesta en el mostrador de Qatar Airways, el Ministerio de Interior cancela la deportación de Gloria Namuzungu, a quien habían rechazado su solicitud de asilo, dándole sólo tres días para recurrir esta decisión antes de su deportación a Uganda, donde se enfrentaba a la violencia, el ostracismo y hasta la cárcel. Una situación a la que se enfrentan otras personas en el Reino Unido.

Tras rechazar su solicitud de asilo en el Reino Unido y después de cuatro días detenida en Yarls Wood, las autoridades notifican a Gloria Namuzungu, de 22 años de edad, que tiene 72 horas para reclamar contra esta resolución por la que se enfrenta a la deportación de vuelta a su país de origen, Uganda, donde solo le espera la violencia, el ostracismo y hasta la cárcel debido a su orientación sexual. Ni se le habría dado el suficiente tiempo para demostrar el riesgo que corre volviendo a su país ni estarían siguiendo el protocolo habitual en estos casos, según los activistas que la defienden. Tras iniciar una campaña solicitando la cancelación de su deportación en Change.org, prevista para este martes, 29 de mayo, organizan un acto de protesta en el mostrador de Qatar Airways en los almacenes Harrods de Londres, que ha llevado a que el Ministerio del Interior ha terminado rectificando.

«El gobierno habla con orgullo de su récord de igualdad LGBT y, aun así, envía personas LGBT de forma rutinaria a países donde enfrentan abusos y persecución (…). G no está sola, hay personas LGBT que luchan por sus vidas en centros de detención en todo el Reino Unido (…). Los solicitantes de asilo LGBT se enfrentan a un sistema racista que trata a todos como si fueran mentirosos. Si los gobiernos declaran que el compromiso con los derechos LGBT es más que palabras vacías, G debe permanecer», asegura un portavoz de Movement for Justice. No es la primera vez que se producen este tipo de situaciones. El año pasado, a un jugador de fútbol, Abbey Kyeyune, le rechazaban el asilo por no haber demostrado que suficientemente que era homosexual, siendo deportado el 10 de mayo de 2017, mientras que hace siete meses otra refugiada, Nneka Obazee, intentaba suicidarse ante la posibilidad de ser deportada de vuelta a Nigeria.

«Gloria es un miembro activo de la comunidad de Leeds. Ella es una voluntaria muy querida y trabajadora en Rainbow Junktion Pay, ya que siente que el café comunitario ha expresado su angustia y preocupación por su seguridad», declara un representante de Leeds No Borders, un grupo que lucha contra las deportaciones de inmigrantes. En abril de este mismo año, el Gobierno de Uganda debate la posibilidad de reintroducir una ley contra las personas homosexuales mediante la que podrían confinarlas a la cárcel de por vida. Mientras que el gobierno de Theresa May lamenta la herencia colonialista en lo que respecta a las leyes homofóbicas, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, se adelantaba en diciembre, yendo bastante más lejos al asegurar que son los colonizadores quienes introducen la homosexualidad en el continente africano, una idea que está ampliamente extendida en Uganda, donde todavía se practican las violaciones correctivas.

«Este no es un caso aislado y también hay otras dos mujeres en el mismo vuelo que son deportadas a Filipinas que no cuentan con el apoyo de la comunidad y están igual de aterrorizadas (…). Haremos todo lo posible para seguir resistiendo la agenda institucionalmente racista del ambiente hostil de este gobierno y exigiremos que Qatar Airlines se niegue a llevar a las tres mujeres. Nadie es ilegal», explicaba Emily Jennings, amiga de Namuzungu, durante la protesta. Asimismo, un abogado especializado en inmigración, señala las dificultades que las personas homosexuales tienen a la hora de expresar con naturalidad su orientación sexual debido a la represión a la que están acostumbradas, lo que contribuye a que las autoridades no las vean como personas homosexuales y les sometan a interrogatorios intrusivos y humillantes sobre su vida sexual».

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Abbey Kyeyune, Asilo, Emily Jennings, Gloria Namuzungu, Homofobia/Transfobia, Movement for Justice, Nneka Obazee, Qatar Airlines, Rainbow Junktion Pay, Theresa May, Uganda, Yoweri Museveni

La veda abierta para el odio contra la comunidad LGBT en la República de Kirguistán (también llamado Kirguisia o Kirguizistán) es particularmente violenta en el caso de las personas transgénero y transexuales, quienes son a menudo víctimas de agresiones sexuales y hasta violaciones correctivas, lo que les ha llevado a solicitar asilo como refugiadas en Rusia. 

Que Rusia no es el mejor lugar para vivir actualmente si eres miembro de la comunidad LGBT es algo que no podemos poner en duda. Sin embargo, la situación es todavía peor en países como Kirguistán, una pequeña nación de Asia central que obtiene su independencia de la antigua Unión Soviética en 1992. «Normalmente era muy buena para distinguir quién era quién, honestamente no sospeché que este tipo era peligroso», declara Anna, quien tras ser víctima de una violenta agresión sexual decide solicitar asilo en Rusia, donde la vida es todavía mejor que su propio país.

Trabajadora sexual, Anna siempre ha sido consciente de que Internet es un lugar peligroso para que las personas trasngénero busquen sus clientes. A mediados de marzo es secuestrada por dos individuos que se hacen pasar por clientes, quienes le drogan introduciendo algún tipo de narcótico en una cerveza, y se la llevan a un paraje de la cordillera de Tian Shan, que se alza sobre Bishkek, la capital de Kirguistán. «Naciste hombre, deberías ser un hombre», le gritan sus agresores cuando recupera el conocimiento. Dolorida, después de que le hayan dado una paliza y todavía incapaz de defenderse por los efectos de la droga, Anna les suplica que pongan fin a su vida. «Estaba feliz de morir en ese momento», explica que siente en el momento en que le cubren la cabeza con una bolsa de plástico, mientras queman sus cigarrillos en su cuerpo, que abandonan una vez le dan por muerta. Cuando se recupera de tal agresión y vuelve a Bishkek se dirige directamente al único refugio LGBT de la ciudad con la idea de pedir asilo en Rusia, donde no tendría la barrera lingüística de otros destinos.

A pesar de que la homosexualidad no está prohibida en Kirguistán, la comunidad LGBT vive en la clandestinidad desde 2014, cuando el gobierno comienza a promover la creación de una ley discriminatoria en la misma línea de la Ley de propaganda homosexual de Vladimir Putin, abriendo la veda para la homofobia. «Si dependiese de mi, los ejecutaría a todos para limpiar la sociedad, son como criminales. Los ciudadanos no quieren saber nada sobre las leyes occidentales relacionadas con los homosexuales», declara Narybek Kyrgyz, miembro del gobierno en 2015, mismo año en el que el Parlamento Europeo presiona a las autoridades kirguís para que cesen en su intento de aprobar una ley que, a pesar de que todavía no ha sido aprobada, desata la homofobia generalizada. Irónicamente, habían pasado sólo cuatro años desde que se aprobara una ley permitiendo a las personas transexuales la modificación de su género en su documentación oficial sin la necesidad de someterse a cirugías de reasignación de género.

«La violación correctiva es común entre la comunidad LGBT, pero especialmente entre la comunidad transgénero», asegura un trabajador social del albergue LGBT dirigido por Kyrgyz Indigo, una asociación que en 2016 realiza una encuesta en la que determina que el 84 % de los encuestados habían experimentando violencia física alguna vez en su vida debido a su orientación sexual o su identidad de género, de los que el 35 % habrían sido víctimas de agresión sexual. Mientras que para las personas cisgénero puede resultar sencillo pasar desapercibidos ocultando su orientación sexual, a las personas transgénero les resulta mucho más complicado, teniendo que recurrir en la gran mayoría de los casos al comercio sexual para subsistir.

«Muchas mujeres transexuales están emigrando. Conocí a 10 que se mudaron a Moscú en los últimos meses. Con las que he hablado desde entonces dicen que la vida no es tan mala allí (…). Creo que la vida será más fácil para nosotras en Rusia porque a pesar de que existe una legislación contra las trabajadoras sexuales, la policía no nos ataca por ser transgénero. Aquí la policía está graba sus encuentros con nosotras, amenazándonos con las imágenes, y luego nos sacan del armario públicamente online», asegura Roma, trabajadora sexual y agente de divulgación de Tais Plus, un organización que lucha por los derechos humanos, quien también está tratando de mudarse a Rusia, a pesar de que nunca ha sido víctima de ninguna agresión.

La prostitución es ilegal en Rusia, pero la pena máxima es de tan sólo 2.000 rublos (alrededor de 35 dólares estadounidenses). Según la Red de Defensa de los Derechos de los Trabajadores Sexuales (SWAN por sus siglas en inglés: Sex Worker Rights Advocacy Network), la industria sexual es amplia y abierta en muchos lugares de Rusia debido a la corrupción policial generalizada. «Las personas transgénero se enfrentan todo tipo de violaciones en la vida cotidiana, más que las personas homosexuales o bisexuales (…). Pero el problema aquí es más con la sociedad en general que con la policía; no les importa si alguien es transexual a menos que viole alguna norma social al hablar públicamente», advierte Svetlana Zakharova de la Russian LGBT Network.

La dura realidad del colectivo LGTB en Kirguizistán

Kirguizistán es el séptimo país de la órbita de la antigua Unión Soviética en discutir un proyecto de este tipo, tras Rusia (que inició la senda homófoba), Ucrania, Moldavia, Lituania, Armenia y Kazajistán, aunque solo en el primero ha entrado plenamente en vigor.

En cualquier caso, la situación del colectivo LGTB en Kirguizistán es ya muy dura, como muestra un informe de Human Rights Watch que recogimos a principios de 2014. Los testimonios hablan de amenazas continuas, violencia psicológica y física, detenciones arbitrarias, abusos sexuales o violaciones. Especialmente frecuentes son el chantaje y la extorsión, de forma que muchos de los extorsionados se ven obligados a pagar cantidades de dinero a los agentes para impedir que estos revelen su orientación sexual a amigos y familiares y les expongan al rechazo social o a la pérdida de sus trabajos.

En las semanas que siguieron a la publicación del informe, uno de los activistas que contribuyó a su elaboración fue amenazado de muerte. La sede de Labrys, una asociación de defensa de los derechos LGTB de Kirguizistán, fue atacada con cócteles molotov el pasado 3 de abril, sin que por suerte hubiera que lamentar daños personales. Y el mes pasado, un grupo de activistas que se habían congregado para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia fue acosado por radicales y retenido durante horas por la policía. Los políticos del país y los líderes religiosos (Kirguizistán es un país de mayoría musulmana, aunque hay una importante población ortodoxa) también añaden leña al fuego de la estigmatización social de gays, lesbianas y transexuales desde los medios de comunicación.

Fuente Universogay/Cristianos Gays/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Asilo, Bishkek, Homofobia/Transfobia, Kirguistán, Kirguizistán, Kyrgyz Indigo, Refugiados, Refugio, Rusia, Russian LGBT Network, Sex Worker Rights Advocacy Network (SWAN), Svetlana Zakharova, Tais Plus, Transgénero

Y su ilustrísima reverendísima lo dice vestidita con su camisita y su canesú…. ¡Tendrá valor! ¿No será que llevamos dos mil años traicionando esa verdad del Evangelio?

Un líder de esta religión argumentó que ellos solo admiten las relaciones entre hombre y mujer.

El obispo “cuenta con experiencia” en conversión

De nuevo la Iglesia Ortodoxa de Rusa causó polémica cuando uno de sus líderes aseguró que tenía el “poder de curar” a personas de la comunidad LGBT.

El obispo dijo que a través de la terapia de conversión era posible que las personas con otro tipo de preferencias sexuales se harían heterosexuales.

Fue un obispo de la diócesis de Moscú, metropolitano Hilarión Hilarion de Volokolamsk, argumentó que basado en su experiencia tenía la posibilidad de erradicar la homosexualidad en una persona.

“Personas que tienen orientación homosexual muestran que en muchos casos una persona puede deshacerse por completo o construir su vida para que no le impida ser un hombre de familia”, dijo el líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa.

Además, el director del Departamento de Relaciones Externas de la Iglesia del patriarcado de Moscú Hilarion de Volokolamsk dijo que “contaba con experiencia” en curar personas.

Desde bisexuales, homosexuales y lesbianas; de acuerdo con el obispo ya había tenido la posibilidad de convertirlos en heterosexuales.

“Reconociendo la homosexualidad como un pecado, estamos totalmente en desacuerdo con que las relaciones homosexuales se igualen con la relación natural entre un hombre y una mujer”, dijo el integrante de la Iglesia Ortodoxa Rusa.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras. “Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

Fuente Chueca.com/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Ortodoxa Homofobia/Transfobia, Iglesia Ortodoxa, Iglesia Ortodoxa de Rusa, Rusia, “Terapias de conversión”

Ocho personas se enfrentan a un juicio por la violación y asesinato de una pareja de lesbianas en el que no es el primer caso de estas características que se produce en Sudáfrica, donde las mujeres homosexuales parecen estar siendo objeto de una persecución. 

Ocho personas de entre 18 y 53 años de edad, una de ellas una mujer, se enfrentan a un juicio que comienza este jueves, 18 de enero, acusados con dos cargos de asesinato, violación, secuestro, robo, posesión ilícita de armas de fuego y obstaculizar la justicia en el caso de una pareja de lesbianas que habrían sido violadas y asesinadas prendiéndoles fuego en el que no es el primer caso de estas características que se produce en Sudáfrica.

Casadas desde hace tres años y residentes de la localidad de Mooinooi, ubicada al noroeste de Sudáfrica, Joey van Niekerk y Anisha van Niekerk, de 32 y 30 años de edad respectivamente, salen de su domicilio para acudir a un funeral en Pretoria, el 10 de diciembre del año pasado. Nunca llegan al entierro y tampoco vuelven a su domicilio. Siete días después descubren su vehículo abandonado tras haber sido incendiado y el 28 de diciembre se localizan unos restos óseos esparcidos a lo largo de una carretera que resultan ser los suyos.

En abril de 2017, Nonkie Smous, igualmente lesbiana, habría sido violada y asesinada prendiéndole fuego en una caso que conmocionó al país y por el que los miembros del colectivo LGBT son advertidos de que podrían ser víctimas de una violencia sin precedentes. «Desde la muerte de Nonkie, las personas sienten que pueden salirse con la suya con todo (…). Las mujeres que se identifican como lesbianas de marimacho son particularmente señaladas, siendo acosadas por pensar que son ‘hombres’ y ser amenazadas por la necesidad de que ‘se les enseñe que son mujeres’», declara Nthabiseng Mokanyane, amigo de la víctima.

«Las personas LGBTI se esconden porque tienen miedo de ser violadas y quemadas brutalmente», declara Cindy Maotoana, presidenta de un grupo LGBT de Limpopo, solicitando la colaboración de las autoridades y advirtiendo de que su comunidad está siendo atacada, particularmente las lesbianas, muchas de las cuales son sometidas a «violaciones correctivas». La activista sostiene que «nada está mal con nosotras. No necesitamos ser asesinadas», explicando que ser lesbiana «no significa que alguien tiene que violarme y matarme o incluso quemarme (…). ¿Puedes imaginar a alguien siendo quemada viva? No es bueno lo que no están haciendo a nosotras».

Noxolo Xakeka, de 23 años de edad, también era asesinada en un ataque homofóbico en la madrugada del mismo día de Año Nuevo. De camino a una fiesta en la casa de unos vecinos, un desconocido le increpa en referencia a su orientación sexual para terminar asestándole tres puñaladas por las que pierde la vida a pesar de ser evacuada a un hospital. «Este fue el tercer asesinato durante el período festivo en los últimos tres años en el que una mujer es asesinada por su orientación sexual. Nosotras no nos separamos de la lucha de las mujeres, pero lo que hace que esto sea diferente es que un hombre no podría entender que una mujer no estaba interesada en él. Parece que desde 2016 hemos estado enterrando lesbianas asesinadas brutalmente de una manera muy extraña en nuestros pueblos», declara Velisa Jara, portavoz de un grupo de apoyo a mujeres lesbianas de color, Free Gender.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Anisha van Niekerk, Cindy Maotoana, Free Gender, Homofobia/Transfobia, Joey van Niekerk, Lesbofobia, Noxolo Xakeka, Sudáfrica, Velisa Jara