Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este lunes que a las personas con VIH y sida se les niega sistemáticamente la atención médica dentro del sistema de salud de Yemen.

Ha pedido a las autoridades yemeníes que pongan fin a la discriminación que hacen los trabajadores de la salud en contra de los enfermos de VIH.

Han demandado que se garantice la igualdad de acceso según se exige en la ley de Igualdad de Trato de 2009.

“Echar a los enfermos del hospital porque tienen VIH no es sólo discriminatorio, es cruel”, ha subrayado el subdirector para Oriente Próximo de HRW, Nadim Houry. “El Ministerio de Salud debe hacer que se cumpla la ley de restricción de la discriminación de las personas con VIH“, ha añadido.

En septiembre de 2014, la organización internacional habló con siete yemeníes infectados con VIH y a los que se les había negado en repetidas ocasiones cualquier asistencia sanitaria cuando el personal médico se enteró de su estado serológico. De hecho, seis trabajadores de la salud reconocieron que esa discriminación era común en los centros de salud estatales.

Desde 2009, la ley de Igualdad de Trato ofrece asistencia médica gratuita a las personas con VIH e impone sanciones penales a los trabajadores de la salud que les discriminen.

Expulsados de los hospitales

Durante sus entrevistas Human Rights Watch se encontró con relatos como el ocurrido el pasado 15 de agosto de este año, cuando un médico del Hospital Republicano estatal de Saná se negó a tratar a una paciente que sufría convulsiones tras haberse enterado de que era seropositiva. Según han relatado tres sanitarios a la ONG, delante de otros pacientes y del personal, el médico gritó a la paciente y le ordenó que abandonara el hospital porque era portadora del VIH.

Además, el médico exigió que arrestasen al marido de la paciente por haber ocultado la información. Personal del centro lo retuvo durante 45 minutos antes de ponerlo en libertad con la advertencia de que “no causara problemas en el futuro”, según ha podido recoger HRW.

Pero la ONG ha denunciado que la discriminación va más allá de los hospitales públicos. En 2012, una mujer seropositiva fue expulsada de una clínica privada sin tener en cuenta que necesitaba una cesárea para poder dar a luz.

Ante esta situación, profesionales como el doctor Ahmed al Garati, que trabaja y trata a personas con VIH en el Hospital Republicano de Saná, han expresado su preocupación por la falta de voluntad de otros sanitarios. “Ofrecemos a nuestros empleados todo el equipo de seguridad necesario, no tiene nada que ver con el riesgo”, ha asegurado. “Es pura discriminación. Los mismos trabajadores de la salud no tienen ningún problema para tratar a los pacientes que tienen otras enfermedades que conllevan mayor riesgo de infección”, ha añadido.

Tratamientos privados

Al ser tan complicado el acceso a un tratamiento público, los enfermos de VIH suelen verse obligados a recurrir a servicios privados. Estos pacientes han denunciado, según explica HRW, que les aplican tarifas más altas para su medicación y tratamiento. “Teniendo en cuenta que no somos capaces de utilizar las instalaciones públicas, algunos médicos se aprovechan de la situación y nos cobran el doble del costo médico normal, el que cobran a otros pacientes en la misma instalación para el mismo procedimiento”, ha explicado una persona con VIH.

Pese a las denuncias, la ONG no ha recibido ninguna respuesta por parte del Gobierno de Yemen.

La agencia de Naciones Unidas ONUSIDA estimó que en 2013 en Yemen vivían unas 6.000 personas con VIH. Además, en un informe de ese mismo año aseguraron que se estaban produciendo avances en el tratamiento de esta enfermedad, medidas y tratamientos que sufrieron una congelación de la financiación después de la crisis política de 2011.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) defiende el derecho de todas las personas a tener acceso a la salud, un pacto que Yemen ratificó en 1987. El Derecho Internacional también defiende el acceso a la atención médica y prohíbe la discriminación por cualquier motivo.

Fuente Infosalus

Imagen y video Médicos Sin Fronteras

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Los acusados se tapan la cara tras ser condenados en El Cairo. / EFE

El Tribunal de Delitos de Qasr el Nil, en El Cairo, acusó a los condenados de “instigar al libertinaje y propagar acciones que van contra la moral pública”. La autoridad forense egipcia anunció recientemente que los acusados fueron sometidos a inspecciones físicas que demostraron que “no eran homosexuales“, señaló el diario Al Ahrma Online. Los acusados fueron detenidos el pasado mes de septiembre y acusados por el fiscal general, Hisham Barakat, de cometer “crímenes que incitan al libertinaje” y de publicar “fotos vergonzosas y contrarias a los valores públicos“.

Barakat afirmó además que los acusados se reunieron con el objetivo de llevar a cabo la unión matrimonial de dos de ellos y que lo grabaron en un vídeo “que muestra imágenes vergonzosas, lamentables, que ofenden a Dios y que representan una vergüenza pública, por lo que constituyen un delito”.

El tribunal les declara culpables de ‘incitar el libertinaje’

‘La justicia egipcia no se rige por la ley sino por el prejuicio’, dice un activista gay

FRANCISCO CARRIÓN El Cairo

La Justicia egipcia ha condenado este sábado a ocho hombres a tres años de prisión por aparecer en el vídeo de la supuesta “primera boda gay” celebrada en el país árabe. En un nuevo golpe a los derechos humanos y la maltratada comunidad homosexual, el tribunal les ha declarado culpables de “incitar el libertinaje” y “ofender la moral pública”.

La corte de delitos menores de Qasr al Nil, en El Cairo, ha dictado este severo castigo -la pena máxima- después de que los acusados fueran sometidos a un infame examen médico, una práctica denunciada por las organizaciones de derechos humanos. La prueba, llevada a cabo por las autoridades forenses a petición de la fiscalía general, determinó que “no eran homosexuales”.

El Ministerio Público, sin embargo, trasladó el caso a una corte penal para “salvaguardar los valores de la sociedad y hacer justicia”. Los ocho condenados fueron detenidos a principios de septiembre después de que circulara por internet y los medios de comunicación locales el vídeo del supuesto primer enlace homosexual de Egipto, festejado a bordo de un barco en el Nilo.

“El juicio fue una farsa. No hay pruebas de que sean gays o hayan participado en actos homosexuales; ni de que fueran ellos quienes hicieron circular el vídeo ni de que las imágenes sean pornográficas u ofensivas”, ha declarado a EL MUNDO el activista estadounidense Scott Long, quien dirigió hasta 2010 el departamento de homosexuales, bisexuales y transexuales de Human Rights Watch (HRW) y reside en El Cairo. “El veredicto se basa en el odio y el miedo, puro y simple. Es una prueba más, por si hiciera falta, de que el sistema judicial egipcio no se rige por la ley sino por el prejuicio y el oportunismo político“, ha agregado.

En el vídeo, de apenas un minuto de duración, se ve a dos hombres trajeados que se dan unos anillos ante una decena de amigos. Los protagonistas se abrazan entre las muestras de alegría de los presentes. En un comunicado, el fiscal tildó la celebración de “fiesta descarada y diabólica” y les culpó de “incitación al libertinaje” y publicación de “imágenes indecentes”.

Negar la homosexualidad

Tras días de escándalo mediático, una de las personas que participó en la polémica fiesta negó su supuesta homosexualidad en una llamada a una televisión local. “He tenido que hablar. No puedo quedarme de brazos cruzados y ver empañada mi reputación. Tengo miedo de caminar por las calles y muchas ganas de gritar y decirle a la gente que no soy como piensan”, explicó tras aclarar que el intercambio de anillos captado por la cámara era parte de un cumpleaños. Durante la entrevista, insistió además en que tenía novia y que había llevado el anillo como regalo sin prestarle más importancia.

Desde el golpe de Estado que desalojó del poder a los Hermanos Musulmanes, el aparato policial y los tribunales egipcios han puesto en su punto de mira a la comunidad homosexual, acostumbrada a vivir en la sombra. A finales de septiembre un tribunal egipcio condenó a dos años de cárcel a seis supuestos homosexuales arrestados en el apartamento donde -según el fallo- cometían “actos de libertinaje”. El lugar -detalló la sentencia- era publicitado en facebook con la tarifa de 200 dólares la noche. Las autoridades aseguraron además que dos de ellos fueron sorprendidos ‘in fraganti’. Leer más…

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Seguimos con detalles del informe del que ya hicimos mención:

“Los propietarios de viviendas rehúsan alquilárselas“, por lo que “muchos terminan viviendo en las calles”, afirma la organización Human Rights Watch (HRW).

La discriminación que sufren lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) en Jamaica, incluso en el seno de sus familias, ha disparado el número de personas de este colectivo que son expulsadas de sus casas y viven en la calle, según HRW.

En su informe Not Safe at Home (Sin seguridad en casa, en español), que se puede consultar en la web de esta organización defensora de los derechos humanos, HRW advierte de que las personas de este colectivo son a menudo “expulsadas de sus casas y comunidades”.

De acuerdo con el documento, las víctimas más vulnerables son los niños y jóvenes adultos que han sido rechazados por sus familias y viven en las calles, donde deben lidiar con la violencia y la persecución policial.

Para elaborar este amplio informe, HRW realizó entre abril y junio del año pasado entrevistas a 71 personas que se reconocían de la comunidad LGBT.

De todas ellas, 45 admitieron ser víctimas de algún tipo de violencia (física, emocional o psicológica) por su orientación sexual o su identidad de género en Jamaica. Sólo 19 denunciaron esas ofensas, aunque la policía únicamente formalizó 8 demandas, mientras que las otras 26 dijeron no haberlo hecho por temor a represalias, ya que “reportar un crimen de odio homofóbico las expondría ante la sociedad”.

Según se apunta en el texto, la organización jamaicana J-FLAG contabilizó entre 2009 y 2012 un total de 231 ataques contra este colectivo y 53 personas que habían sido expulsadas de sus hogares, por lo que tenían que vivir en la calle.

J-FLAG asegura que los programas gubernamentales para atender a las personas sin hogar en la isla prestan especial atención a aquellas con problemas mentales, adicción a las drogas o portadoras del VIH, pero no atienden específicamente las necesidades de los homosexuales.

Ante los ataques y la discriminación que sufre este colectivo en la isla caribeña, HRW reclama al Gobierno de Jamaica que tome “medidas más contundentes” para protegerlo.

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Líbano aún persigue a la población LGBT, aunque con avances

Pensábamos que el límite de lo retorcido había tocado fondo ya en Líbano, pero tras la denuncia de la organización LGTB en el mundo árabe, Helem, nos hemos dado cuenta de que la realidad supera a la ficción.

Y es que, según Helem, la policía de Hobeich, en Líbano, está utilizando los móviles de las personas gays detenidas para poder “cazar” a más homosexuales, a través de las conversaciones de Wahtsapp.

“Helem ha sabido que la comisaría de Hobeich ha estado arrestando a personas en Beirut y mirando a través de sus contactos de WHATSAPP. Están llamando los contactos de los detenidos según sus conversaciones de Whatsapp para que acudan a la estación de policía y ser interrogado. Si recibe una llamada telefónica, no acuda. Llame al 71 916 146 y los representantes de Helem le indicará lo que debe hacer. NO conteste números desconocidos y guarde los números de la estación de policía Hobeich en su teléfono para poder reconocerlos. Esto es muy importante, por favor, compártelo con todos tus amigos y contactos”, informó Helem el pasado 26 de agosto a través de su Facebook.

Obviamente, se trata de prácticas abusivas e ilegales, que atentan contra la intimidad de las personas. Aunque claro, en Líbano poca vida privada se puede tener con un gobierno tan arcaico.

Fuente Ragap

Además de los avances realizados en el frente legal, el público libanés está más sensibilizado en torno a los derechos de las personas LGBT gracias al cambio de mentalidad y a la influencia de obras creativas de temática homosexual.

Además de los avances realizados en el frente legal, el público libanés está más sensibilizado en torno a los derechos de las personas LGBT gracias al cambio de mentalidad y a la influencia de obras creativas de temática homosexual.

Líbano es más tolerante con la diversidad sexual que otras zonas de Medio Oriente, pero no es fácil ser homosexual ni transgénero en este país, donde las libertades civiles siguen siendo un privilegio de ricos y poderosos.

La reciente detención de 27 hombres gays confirma que quienes no son tan afortunados y pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad corren el riesgo constante de experimentar el lado más sombrío de Líbano.

El 9 de agosto pasado, la policía allanó el concurrido sauna público Hamam Agha, en Hamra, una zona de moda en Beirut. El artículo 534 del Código Penal libanés estipula que cualquier acto sexual “contrario al orden de la naturaleza se castiga hasta con un año de pena de prisión”. La redacción poco precisa de la norma se utiliza muchas veces para reprimir a la comunidad LGBT.

De los 27 hombres arrestados, “14 no libaneses siguen detenidos, aunque el juez dictaminó que deben ser liberados”, dijo Ahmad Saleh, un activista de Helem, una organización no gubernamental con sede en Beirut que defiende los derechos de la diversidad sexual.

Lamentablemente, el incidente de este mes no fue el único de su tipo. En 2013 la policía allanó Ghost, una discoteca gay en el suburbio de Dekwaneh, en Beirut. Allí detuvo a cuatro hombres, a los que sometió a acoso físico y verbal.

En un caso similar en 2012, la policía detuvo a 36 hombres en un cine del suburbio de Burj Hammoud, también en la capital del país, y los sometió a exámenes anales que presuntamente detectarían su homosexualidad.

La investigadora Lama Fakih, de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), dijo que muchas veces la policía somete a exámenes anales a los hombres que sospecha que son gays, aunque los arreste por otros motivos.

Este tipo de exámenes viola las normas internacionales contra la tortura, incluida la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Líbano ha ratificado, informó Fakih.

Los exámenes anales también fueron prohibidos por el ex ministro de Justicia Antoine Kortbawi, pero la policía sigue aplicándolos y los emplea como una amenaza para obligar a los detenidos a reconocer su homosexualidad, explicó Saleh, de Helem.

Según HRW, dos hombres fueron sometidos a estos exámenes desde que la prohibición entró en vigor en 2013.

Aunque continúa la lucha por cambiar el Código Penal, Líbano avanzó en otros ámbitos. En enero de 2014, el juez Naji El Dahdah, del tribunal Jdeideh en Beirut, desestimó una demanda contra una mujer transgénero acusada de tener una relación homosexual con un hombre.

El juez falló que el género de una persona no se debe basar en su documento de identidad, sino en cómo se percibe a sí misma y en su apariencia física exterior.

En 2012, la Asociación Médica de Líbano solicitó que la policía terminara con la práctica de los exámenes anales de detección de la homosexualidad. “El supuesto de que la homosexualidad es el resultado de alteraciones en la dinámica familiar o de un desarrollo psicológico desequilibrado se basa en información errónea”, declaró a principios de 2013 la Sociedad Libanesa de Psiquiatría.

En 2009, otro juez, Mounir Suleiman, del juzgado de Batroun, decidió que las relaciones consensuales entre dos personas no se pueden considerar contrarias a la naturaleza.

Además de los avances realizados en el frente legal, el público libanés está más sensibilizado en torno a los derechos de las personas LGBT gracias al cambio de mentalidad y a la influencia de obras creativas de temática homosexual.

Los medios de comunicación y el mundo del arte desafían las normas sociales. Wajdi y Majdi, dos figuras gays de un programa cómico de televisión llamado La Youmal, popularizaron la imagen de la diversidad sexual en Líbano.

La popular conductora Paula Yacoubian también defendió los derechos de los homosexuales a través de su cuenta en Twitter.

Mashrou ‘Leila, una famosa banda de rock, discutió la homosexualidad en sus canciones y en 2013 la película En voz alta relató la historia de cinco jóvenes en un matrimonio grupal. Sin embargo, la censura oficial prohibió la película en Líbano.

“Los jóvenes son cada vez más conscientes de la temática gay”, según el activista Ghassan Makarem. La población en Líbano tiene puntos de vista más progresistas que en otros países de Medio Oriente, según un estudio de 2013 del Centro de Investigación Pew.

Aproximadamente el 18 por ciento de los libaneses cree que la sociedad debe aceptar la homosexualidad, en comparación con Egipto, Jordania y Túnez, donde más del 94 por ciento de la población considera que es una desviación.

“A pesar de los recientes avances, ser gay todavía significa ser objeto de discriminación desde el punto de vista legal, especialmente para aquellos que no tienen el dinero ni los contactos adecuados”, subrayó Makarem.

Fuente SentidoG

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Por Mercedes Arancibia  /   21/07/2014  /

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) ha pedido a las autoridades marroquíes la derogación del artículo 489 del código penal según el cual la homosexualidad es un delito que puede castigarse con condenas de cárcel de seis meses a tres años y multas de entre 120 y 1200 dirhams (entre 18 y 90 euros).

La demanda de HRW se ha producido tras la condena, el 2 de julio de 2014, de seis hombres acusados de homosexualidad en la localidad de Fqib Bensalah (centro del país). En mayo pasado, los seis marroquíes fueron condenados a penas de cárcel y a ser expulsados de la ciudad una vez finalizado el cumplimiento; una sentencia confirmada ahora por el tribunal de apelación que ha reducido las dos condenas más largas de tres años a dos y ha dejado en suspenso el cumplimiento de las restantes y ha anulado el destierro posterior.

Según HRW, la condena se ha dictado “sin que el tribunal de apelación citara a ningún testigo ni examinara ninguna prueba, a pesar de que los seis acusados han negado ser homosexuales”.

Según uno de los abogados de la defensa, citado por HRW, el tribunal de apelación se ha basado en las declaraciones efectuadas por los acusados “mientras se encontraban en manos de la policía; declaraciones firmadas bajo amenazas”.

Sarah Leah Whiston, responsable de HRW para Oriente Medio y Norte de Africa ha explicado que la organización humanitaria ha pedido al gobierno marroquí que “deje de perseguir a las personas por homosexualidad (…) Si Marruecos aspira, como asegura, a ser un líder regional en materia de derechos humanos debería empezar aboliendo las leyes que discriminan algunas relaciones entre adultos que consienten”.

La ONG sostiene que esta criminalización constituye “una violación de los derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional”, al que Marruecos está sometido desde que el gobierno de Rabat firmó el pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos (PIDCP).

HRW recuerda también que en el preámbulo de la Constitución de 2011, aprobada precisamente mientras tenía lugar la revolución de la “primavera árabe” en los países vecinos de Marruecos, figura el compromiso de “desterrar y combatir cualquier discriminación contra cualquier persona en razón del sexo, color, creencia, cultura, origen social o regional, la lengua o cualquier otra circunstancia personal”.

Según el Observatorio Internacional de los Derechos la homosexualidad en Marruecos está afectada por una doble H: Hchouma (vergüenza) y Haram (pecado). Lo mismo que su religión y su ley, la sociedad marroquí es incontestablemente homófoba. En 2013, Mohamed Assebam, miembro del Consejo de los ulemas de Rabat-Salé, pedía en la prensa “la hoguera para los homosexuales”.

Para muchos marroquíes, la homosexualidad es algo “contra natura” porque no persigue la procreación, único objetivo oficialmente reconocido de las relaciones sexuales. Por eso, en la país la homosexualidad es una circunstancia que la mayoría de las veces se vive en secreto, o al menos con la suficiente discreción como para escapar de los “perseguidores de maricas”, individuos incontrolados que les persiguen, acosan e incluso atacan físicamente con relativa impunidad.

Fuente Periodistas-es.com

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Un juez falló a favor de un ministro denunciado por cuatro activistas LGTB, señalando que los denunciantes estaban promoviendo la homosexualidad.

La organización Human Rights Watch (HRW) ha criticado la última decisión judicial en Uganda contra activistas de los derechos de los homosexuales y alertó sobre las “intimidaciones” que sufren por parte del Gobierno.

HRW hizo referencia a la decisión del Tribunal Superior ugandés del pasado 9 de julio en contra de cuatro activistas que habían demandado al ministro para la Ética y la Integridad, Simon Lokodo, antiguo sacerdote de la iglesia católica, después de que ordenara el cierre de un taller organizado por el colectivo LGTB.

“La errónea decisión del Tribunal Superior sacrifica la libertad de expresión y de reunión en su interés por lograr una agenda política discriminatoria”, denunció en un comunicado la investigadora de HRW, Neela Ghoshal.

En marzo de 2012 el organizador del taller y otros tres participantes presentaron una demanda civil contra el ministro Lokodo y el fiscal general alegando que el cierre del taller violó sus derechos constitucionales.

Pero el Tribunal apoyó la decisión del ministro basándose en el testimonio de lo que definen como un supuesto “exgay” que declaró que el taller estaba “entrenando a jóvenes homosexuales para practicar sexo seguro con personas del mismo sexo mediante la distribución de condones”.

“A partir de la sentencia del Tribunal Superior, se podría inferir que ahora es ilegal en Uganda llevar a cabo actividades de prevención del VIH, dirigida a hombres que tienen sexo con hombres, incluyendo la distribución de preservativos”, alertó Ghoshal.

A principios de este año Uganda aprobó una ley que tipifica la homosexualidad como delito e impone penas de cadena perpetua por actos homosexuales “con agravantes” y por celebrar ceremonias de matrimonio entre personas del mismo sexo.

No obstante, HRW apuntó que esta ley no estaba en vigor en el momento de la realización del taller y lamentó que la decisión del Tribunal supone “otro golpe para el activismo y la defensa de los derechos humanos”.

En el comunicado, HRW también denunció que el Gobierno de Uganda está desplegando una gran variedad de tácticas para “intimidar y obstaculizar” la labor de las organizaciones no gubernamentales en temas sensibles como los derechos humanos.

La ley que criminaliza a los homosexuales en Uganda ha sido duramente criticada por la comunidad internacional e incluso Estados Unidos anunció nuevas sanciones al país africano en respuesta a esta normativa.

El presidente ugandés, Yoweri Museveni, promulgó la ley antigay en febrero, aunque había sido aprobada por el Parlamento en diciembre, tras esperar los resultados de un informe que encargó a un grupo de expertos para determinar si la homosexualidad era una enfermedad genética.

El grupo concluyó que la homosexualidad “no es genética”, sino una opción derivada de una conducta social “anormal”, por lo que es producto de la educación recibida y, a su juicio, es “corregible”.

Fuente Cáscara amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Human Rights Watch (HRW), Neela Ghoshal, Simon Lokodo, Uganda