La ONG presenta un demoledor informe contra Japón después de que el país ratifique la ley que obliga a las personas que buscan un cambio de género legal a someterse a esterilización. 

El pasado mes de enero el Tribunal Supremo de Japón ratificó la Ley 111 contra la que Takakito Usui, un hombre trans, había puesto una demanda. Según la Ley 111 cualquier persona que quiera cambiar su género legal “no puede tener glándulas reproductivas, o éstas han de haber perdido permanentemente su función“. Es decir, que se han de someter a un proceso de esterilización.

No solo eso, la Ley 111 (aprobada en 2003) también obliga a las personas trans a “poseer un cuerpo que parezca tener partes similares a los órganos genitales del género opuesto“. Efectivamente, además de esterilizarte también tienes que someterte sí o sí a una reasignación de sexo.

Y si no, no existes. Como declaró Usui después de la sentencia que tumbó su caso legal, “lo esencial no debería ser si te has hecho una operación o no, sino cómo quieres vivir como individuo“.

Tras esa sentencia del Supremo la ONG Human Rights Watch se puso a trabajar y durante dos meses ha entrevistado a 48 personas trans que viven en Japón y a varios abogados, doctores y académicos por todo el país. El resultado del informe es demoledor: “El procedimiento en Japón para cambiar el género legal de un individuo es regresivo y dañino“. Sí, he traducido “regressive” como “regresivo” porque puede significar tanto “retrógrado” como “contraproducente” y causalmente esa Ley es esas dos cosas.

Como explica Kanae Doi, directora de Human Rights Watch en Japón, el país “debe defender los derechos de las personas trans y dejar de obligarlas a someterse a una cirugía para ser legalmente reconocidas“. El informe, titulado “Un obstáculo muy alto: El Abusivo Proceso de Reconocimiento Trangsénero Legal“, añade en su resumen que “la legislación en concreto -conocida como la ‘Ley de Casos Especiales de Desorden de Género’- es contraria a la legislación sobre derechos humanos internacional y a las últimas prácticas médicas internacionales.” Una ley que,añade Kanae Doi, “está basada en una premisa anticuada que trata la identidad de género como una ‘enfermedad mental’ y debe ser revisada urgentemente“.

Hace unos meses la Seguridad Social japonesa anunciaba la creación de un programa para ayudar a las personas trans a costear las operaciones necesarias para cumplir los requisitos legales. Y es que desde que se supo que Tokyo sería la sede de los JJ.OO. de 2020, el país nipón parecía haber empezado ligeros pasos hacia la igualdad del colectivo LGTB+ al, por ejemplo, prohibir a sus hoteles discriminar a parejas gais e incluso empezando a promover políticas contra la discriminación del colectivo. Es posible, como han señalado varios activistas LGTB+ de Japón, que los Juegos Olímpicos sean una oportunidad para que el país se abra a Occidente y comience a adoptar valores sociales más progresistas.

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