Activistas LGBTQ+ obligados a huir de Jordania por la persecución del gobierno

La organización Human Rights Watch (HRW) acusó el pasad9 día 5 a Jordania de “atacar de forma sistemática” a los activistas y los miembros de la comunidad LGTB en el país árabe, y de coordinar “ofensivas ilegales” contra la libertad de expresión y reunión en torno al género y la sexualidad.

Los activistas LGBTQ+ han sido blanco de las autoridades jordanas, en lo que los grupos de derechos humanos califican de represión de la libertad de expresión.

Según informes, el Departamento General de Inteligencia (GID) de Jordania y su Dirección de Seguridad Pública intimidaron a varios destacados activistas del país en un intento de acabar con el activismo de género y sexualidad.

Según los informes, se amenazó a las víctimas con violencia, detenciones y procesamientos. Varios activistas se vieron obligados a cerrar sus organizaciones o incluso a huir del país.

Human Rights Watch (HRW) entrevistó a 13 activistas que afirmaron que las fuerzas de seguridad jordanas, en especial los agentes de los servicios de inteligencia, los citaban en repetidas ocasiones para interrogarlos, durante los cuales eran intimidados con regularidad.

“Las autoridades jordanas han lanzado un ataque coordinado contra los activistas de los derechos LGBT, dirigido a erradicar cualquier debate sobre género y sexualidad de las esferas pública y privada“, declaró Rasha Younes, investigadora principal del programa LGBT de HRW.

“Las tácticas de intimidación de las fuerzas de seguridad y la interferencia ilegal en la organización de la comunidad LGBT han llevado al activismo a una mayor clandestinidad y han forzado a los líderes de la sociedad civil a una realidad imposible: la autocensura severa o la huida de Jordania“.

Uno de los propietarios de un centro cultural de la capital, Ammán, cuyo evento de proyección de películas LGBTQ+ fue cancelado tras la intimidación de las autoridades, declaró haber sido interrogado por el gobernador de la ciudad.

Y el director de una organización LGBTQ+ afirmó que, a raíz de las amenazas, se vieron obligados a cerrar sus oficinas, interrumpir sus operaciones en Jordania y, en última instancia, huir del país.

“[Mi novio y yo] tuvimos que dejarlo todo atrás -nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestras familias, nuestros recuerdos- y huir“, afirmó. “Es aterradora la influencia que pueden tener sólo con la intimidación, sin tener que mover un dedo. Dieron un vuelco a nuestras vidas, bajo amenazas, y lo más aterrador era que sabíamos que harían todo lo que habían amenazado si volvíamos a casa“.

La persecución de LGBTQ+ en Jordania es un “ataque coordinado“, según activistas

En agosto, The Guardian sacó a la luz acusaciones similares de intimidación por parte de la policía secreta jordana.

Algunas fuentes informaron al periódico de un reciente aumento de la persecución de personas y grupos LGBTQ+ en el país, con la detención de algunas personas a principios de año.

Una fuente, el director de un centro LGBTQ+ no identificado, fue presuntamente obligado por las autoridades a subir a un coche e interrogado durante la noche.

Los agentes del GID llamaron entonces a sus padres y les dijeron que era homosexual, lo que, según el director, arruinó su relación.

Todo ello a pesar de que Jordania es uno de los pocos países de Oriente Medio donde la actividad sexual entre personas del mismo sexo no es ilegal. Las leyes sobre sodomía, que se remontan a la dominación británica, fueron derogadas en 1951.

En sus recomendaciones tras el aumento de las amenazas contra manifestantes LGBTQ+, HRW pidió al gobierno que prohibiera atacar a personas por su orientación sexual o identidad de género.

También instó a Jordania a “proteger la libertad de expresión en línea y fuera de línea“, así como “la privacidad de las comunicaciones por Internet”.

Dirigiéndose a las fuerzas de seguridad implicadas en el interrogatorio, afirmó: “Dejen de atacar e intimidar a los activistas de la sociedad civil, incluidas las personas LGBT”.

Según el sitio web Equaldex, dedicado al índice de derechos LGBTQ+, Jordania sigue siendo un país peligroso para ser homosexual. Ocupa el puesto 142 de 197 países en su índice de igualdad.

Mientras tanto, una Encuesta Mundial de Valores reveló que más del 95% de los jordanos piensa que la homosexualidad no es ética ni justificable, mientras que el 94% no aceptaría como vecinos a personas queer.

Fuente PinkNews

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Manifestantes homofóbicos en Irak queman dos banderas del Orgullo con X dibujadas en ellas. (Getty)

Iraq está ordenando a sus plataformas de medios que no utilicen las palabras “homosexual” o “género”.

La Comisión de Medios y Comunicaciones de Irak (CMC, por sus siglas en inglés) emitió nuevas directivas para los medios y las plataformas de redes sociales, ordenándoles que dejen de usar “homosexualidad” cuando hablen sobre personas LGBTQ+ y que en su lugar hablen solo de “desviación sexual“, que el gobierno define como “relaciones sexuales repetidas entre miembros del mismo sexo… si ocurren más de tres veces”, lo que ha avivado las llamas de la discriminación en el país.

El CMC también prohibirá la palabra “género” y prohibirá que todas las compañías de telefonía e Internet con licencia en el país la usen. Los funcionarios afirmaron que la medida tenía la intención de salvaguardar los llamados valores sociales y supuestamente mantener el orden público. Aún no se han publicado sanciones específicas por violar la política planificada, pero se espera que los castigos puedan incluir una multa.

Si bien Irak no prohíbe explícitamente la homosexualidad, las cláusulas de moralidad y percepción pública en su código penal significan que las personas LGBTQ+ son un objetivo rutinario a nivel nacional e institucional.

Un proyecto de ley que prohíbe la homosexualidad fue presentado al parlamento el mes pasado por el jefe adjunto del comité de asuntos legales, Mortada Al-Saadi, quien pidió al presidente del Consejo de Representantes, Mohammed al-halbousi, que lo incluyera en la agenda durante la sesión legislativa que comienza en Septiembre.

En este sentido, se insta a Irak a que abandone esta propuesta de ley que podría dar lugar a la ejecución de quienes sean declarados culpables de “conducta entre personas del mismo sexo”.

Además, Rasan, el único grupo de derechos humanos en Kurdistán que aboga por la igualdad LGBTQ+, fue prohibido por “actividades en el campo de la homosexualidad” en mayo, según Human Rights Watch.

Según el Índice de Igualdad del grupo de defensa de la comunidad LGBTQ+ Equality Index, Equaldex, que clasifica a los países en función de la igualdad queer, Irak ocupa el puesto 176 de 197.

Una Encuesta Mundial de Valores de 2017-2022 encontró que solo el dos por ciento de los ciudadanos iraquíes cree que la homosexualidad es justificable, mientras que el 55 por ciento la considera injustificable. Además, el índice comunitario de derechos LGBT Equaldex encontró que Irak es uno de los países más homofóbicos del mundo, ocupando el puesto 154 de 197. Los datos recopilados el año pasado sugieren que solo el dos por ciento de la población apoya la homosexualidad, mientras que el 55 por ciento se opone. El resto se negó a responder o afirmó no saber.

Fuente PinkNews/Agencia Nova

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Las personas LGBTQ+ en Egipto están siendo atrapadas por la policía en Grindr. (Getty Images/Grindr)

La aplicación de citas LGBTQ+ Grindr ha instado a todos los usuarios de Egipto a estar atentos tras los informes de que la policía está utilizando la aplicación para realizar operaciones encubiertas y arrestar a hombres homosexuales.

Un número cada vez mayor de LGBTQ+ son personas arrestadas, golpeadas y abusadas por agentes de policía que usan aplicaciones de citas y plataformas digitales como WhatsApp, Facebook e Instagram.

En respuesta, Grindr lanzó un anuncio en todo el país, condenando la acción policial y advirtiendo a los usuarios LGBTQ+ que tengan cuidado al usar la aplicación para conocer a otras personas.

Según los informes, la policía también está pirateando perfiles de usuarios legítimos en la aplicación para realizar arrestos.

Se le ha dicho a PinkNews que más de 150 personas han sido arrestadas con la policía egipcia utilizando esquemas de trampa.

“Nuestros corazones están con nuestra comunidad en Egipto”, dijo un portavoz de Grindr a PinkNews. “Grindr está trabajando con grupos sobre el terreno para asegurarse de que nuestros usuarios tengan información actualizada sobre cómo mantenerse a salvo, y estamos presionando a las organizaciones internacionales y a los gobiernos para que exijan justicia y seguridad para la comunidad LGBTQ egipcia”.

Informes de personas LGBTQ+ en el país sugieren que la policía está contratando informantes para infiltrarse en otras aplicaciones de citas, incluidas Tinder y Bumble, para “seducir” a miembros de la comunidad antes de arrestarlos.
“Me preocupa que me maten”

Darius (no es su nombre real), una persona LGBTQ+ de Port Said, le dijo a PinkNews que dejaron de caminar por las calles por miedo y están buscando desesperadamente una forma de escapar del país.

Los hombres homosexuales que usan Grindr se han convertido en objetivos.  “Mis amigos y yo recibimos una nota de voz que decía que 28 personas homosexuales fueron arrestadas por la policía y luego obligadas a llamar a sus amigos para que también pudieran ser arrestados”, explicaron. “Hace un par de meses, uno de nuestros amigos fue encontrado muerto. No estoy seguro en absoluto.”

Según Darius, la policía toma los teléfonos de las personas en busca de “pruebas” y luego llama a los nombres en sus listas de contactos para ver si son LGBTQ+.

También se les informó que su nombre estaba en una larga lista de personas que estaban siendo rastreadas por la policía. “No salgo de mi casa a menos que alguien me lleve en auto”, agrega Darius. “Estoy realmente preocupado de que si salgo de la casa, me matarán como a un pollo”.

Human Rights Watch dijo que las plataformas digitales como Facebook, Instagram y Grindr no están haciendo lo suficiente para proteger a las personas LGBTQ+.

También instó a las autoridades de Egipto a respetar las obligaciones internacionales y regionales para proteger los derechos humanos de las personas LGBTQ+.

“Los abusos en línea contra las personas LGBT tienen consecuencias fuera de línea que repercuten a lo largo de sus vidas y pueden ser perjudiciales para su sustento, su salud mental y su seguridad”, dijo Rasha Younes, investigadora sénior de Derechos LGBT en Human Rights Watch.

Younes agregó que si bien las plataformas digitales han permitido que las personas LGBT se expresen y amplifiquen sus voces, también se han convertido en herramientas para la opresión patrocinada por el estado.

Fuente Pink NEWS

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Badr Baabou,  (Damj Association for Justice and Equality- Asociación Damj por la Justicia y la Igualdad)

El policía colocó una bota en el cuello de un activista tunecino LGBT + para que “dejara de gritar” en un ataque “cruel“

Dos agentes de policía golpearon brutalmente a uno de los principales activistas de los derechos LGBT+ de Túnez en un ataque que, según advierten los activistas, refleja el descenso del país a la “represión“.

Badr Baabou, defensor de los derechos humanos y director de la Asociación Damj para la Justicia y la Igualdad, contó a Human Rights Watch cómo fue emboscado en Túnez, la capital del país, la semana pasada.

Según él, los agentes se burlaron, le robaron y le golpearon y le dejaron  sin sentido. La paliza dejó al activista conmocionado y con graves lesiones en el cuello, la caja torácica, el ojo y la cara, según el informe médico visto por Human Rights Watch. Baabou sufrió coágulos de sangre, traumatismos en la cabeza y la frente, así como traumatismos en la caja torácica.

La “atroz” agresión a un activista en Túnez alimenta el temor de que las personas LGBT+ sean “silenciadas

El 21 de octubre, en torno a las 21:00 horas, Baabou dijo que iba caminando hacia su casa cuando dos agentes de policía utilizaron sus credenciales oficiales para obligarle a entregar sus documentos de identidad, su cartera, su teléfono móvil y su ordenador portátil de trabajo.

Los policías, uno de los cuales llevaba al parecer un chaleco de las Fuerzas de Seguridad Interna, le propinaron entonces “varios golpes fuertes en la cabeza y la cara”, escribieron 35 grupos de derechos humanos en una carta de condena de la agresión.

“Estos atroces actos de crueldad y brutalidad fueron acompañados de declaraciones de odio, reivindicación y discriminación“, dice la carta.

Los agentes, según la carta, gritaron entonces a Baabou: “¡Esto es lo que les pasa a los que insultan a la policía! Esto es lo que pasa cuando presentas una denuncia a la policía”. Mientras tanto, Baabou yacía en el suelo luchando por respirar. “Un [oficial] me puso la bota en el cuello para que dejara de gritar”, dijo a Human Rights Watch.

Baabou dijo que él y otros miembros de Damj han presentado una serie de denuncias contra la policía en nombre de los tunecinos LGBT+ que han sido agredidos por las fuerzas del orden desde 2005.

Mientras Baabou se retorcía de dolor en el suelo, los transeúntes intentaron ayudarle, pero la policía les detuvo.

Es un ataque que, para muchos de los grupos de derechos LGBT+ de Túnez, capta los peligros a los que se enfrenta la comunidad queer en un país que considera su existencia como un crimen bajo la ley Sharia.

Las fuerzas de seguridad de Túnez tienen un horrible historial de “pruebas anales” a los “acusados” de homosexualidad. Incluso después de que los ministros se comprometieran a poner fin a esta práctica en 2017, los tribunales siguen ordenando pruebas anales para determinar si los sospechosos son homosexuales, afirman los activistas.

Alrededor de seis de cada diez tunecinos creen que “los homosexuales deben ser castigados”, según los encuestadores en 2016.

Mientras tanto, Mawjoudin, un grupo de apoyo a los homosexuales, informó de un aumento de las llamadas a su línea de asesoramiento el año pasado, ya que la violencia sigue aumentando.

“La agresión a Badr Baabou fue un peligroso intento de silenciarlo a él y a otros activistas de los derechos LGBT“, dijo Rasha Younes, investigadora de derechos LGBT+ en Human Rights Watch, en un comunicado.

“Las autoridades tunecinas deben responder urgentemente a la denuncia de Baabou, investigar el incidente y exigir responsabilidades a los agresores. No son los primeros casos de esta naturaleza”, añade la carta, “ni son un incidente aislado o una simple metedura de pata de un personal policial demasiado celoso. Los defensores de los derechos humanos y las libertades individuales están siendo reprimidos sistemática y deliberadamente. Periodistas, feministas y activistas por la igualdad de género y sexual están pagando el alto precio”.

La hostilidad contra los ciudadanos LGTB tunecinos

La persecución social y de Estado hacia los hombres homosexuales y bisexuales tunecinos es incesante. Las detenciones por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, son constantes y las condenas a prisión habituales, lo que ha sido calificado por la asociación Shams como una auténtica «cacería».

Además, los defensores de los derechos LGTB —que luchan por la derogación del citado artículo 230 del Código Penal, que castiga las relaciones homosexuales con penas de hasta 3 años de prisión— sufren constantes agresiones, hasta el punto de que algunos de ellos han tenido que exiliarse ante las repetidas amenazas de muerte. Un reportaje de la red de noticias Konbibi reflejaba esta situación hace unos meses.

En febrero de 2019, un joven tunecino que denunció haber sido violado por dos agresores era condenado a ocho meses de prisión por mantener relaciones homosexuales.

En marzo del pasado 2018 de las pocas noticias positivas que nos llegaba del país. Rached Ghannouchi, líder del partido Ennahdha que forma parte de la coalición de Gobierno actual, declaraba en una entrevista que «la homosexualidad es un fenómeno natural y no hay que interferir en los deseos y comportamientos de la gente». Esperemos que poco a poco se vaya imponiendo su visión.

Munir Baatur, abogado y activista LGBTI en Túnez, 48 años, se presentó como candidato en las elecciones presidenciales de un país que mantiene en vigor una ley que castiga con hasta tres años de cárcel las prácticas homosexuales. Sin embargo, las organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBTI son legales desde la revolución de 2011, y Baatur es el presidente de la organización Shams.

En junio de ese mismo año, la Comisión de Libertades Individuales e Igualdad hacía público un informe en el que recomiendan al Estado que acabe con la persecución legal de las relaciones entre personas del mismo sexo. Las conclusiones de su trabajo apuntan a la despenalización de la homosexualidad y el fin de los infames «exámenes anales». El Parlamento tunecino, sin embargo, rechazó debatir las propuestas de la comisión.

En junio de 202 dos hombres fueron condenados a un año de cárcel por mantener relaciones homosexuales. En primera instancia, la pena establecida fue del doble de tiempo, pero se redujo en la apelación. Los tribunales consideraron como prueba de cargo la negativa de ambos a someterse a un examen anal, práctica considerada como una forma de tortura y que el Gobierno tunecino se comprometió a abandonar.

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Un tribunal de Kuwait ha condenado a dos años de prisión a una mujer trans de 40 años por «imitar al sexo opuesto» en sus redes y comunicaciones online. Lo ha denunciado la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch, que reclama a las autoridades kuwaitíes su inmediata libertad y que se le permita vivir de manera segura con su identidad femenina.

Según informa Human Rights Watch, Maha al-Mutairi, una mujer trans de 40 años, fue condenada el pasado 3 de octubre a dos años de prisión y a pagar una multa de 1.000 dinares kuwaitíes (cerca de 3.000 euros) por «imitar al sexo opuesto» en sus actividades online, lo que le ha valido una condena por «hacer un mal uso de la comunicación telefónica». Aunque Maha al-Mutairi intentó evadir a la justicia tras conocer la condena, finalmente fue detenida el pasado 11 de octubre en un hotel. En estos momentos se encuentra en una prisión masculina, ocupando por el momento una celda aislada. Su abogada, Ibtissam al-Enezi, ha trasladado a la Human Rights Watch que el tribunal usó vídeos de las redes sociales de al-Mutairi como prueba, alegando que usaba maquillaje, se identificaba como mujer y hacía supuestas «insinuaciones sexuales», además de criticar al Gobierno de su país. Su audiencia de apelación está prevista el próximo 31 de octubre.

No se trata, de hecho, de la primera vez que Maha al-Mutairi es detenida por su identidad de género, y de hecho ella ha denunciado varios episodios previos de abusos, violencia y agresiones sexuales por parte de las fuerzas de seguridad kuwaitíes, el más grave de ellos durante una estancia de siete meses en una prisión masculina en 2019. «La continua vigilancia, los repetidos arrestos y el encarcelamiento de Maha al-Mutairi por parte del gobierno de Kuwait debido a su identidad trans es una violación flagrante de sus derechos básicos», ha denunciado Rasha Younes, investigadora de derechos LGTB de Human Rights Watch. «Las autoridades kuwaitíes deben revocar de inmediato su condena y permitirle vivir de manera segura como mujer», ha añadido.

Kuwait, monarquía del Golfo Pérsico con estrechos lazos con los países occidentales, castiga como delito en su Código Penal la «imitación del sexo opuesto» desde 2007, aunque en este caso la condena se habría visto agravada por un artículo de ley de telecomunicaciones que castiga con cárcel a todo aquel que «utilice indebidamente» las comunicaciones telefónicas. Dos artículos que Human Rights Watch pide a la Asamblea Nacional de Kuwait que derogue de inmediato por sus efectos perversos sobre las personas trans, en base al artículo 36 de la Constitución de Kuwait, que garantiza la libertad de expresión, y de los convenios internacionales contra la discriminación firmados por ese país.

Todo ello sin olvidar que Kuwait es además uno de los países que siguen criminalizando las relaciones sexuales consentidas entre varones adultos, con penas que pueden llegar a los siete años de prisión.

Fuente Dosmanzanas

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Así lo ha denunciado la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW). Las víctimas, localizadas entre otros métodos al contactar con perfiles falsos creados por la policía, son detenidas, encarceladas y sometidas a humillantes torturas.

Ya en 2015 nos hicimos eco de la complicada situación de las personas LGTBI en Egipto, agudizada tras la conocida como «primavera árabe», pero la situación no ha hecho sino empeorar. El año 2017, de hecho, la persecución se intensificó tras el concierto de la banda libanesa Mashrou’ Leila, dando paso a una auténtica caza de brujas organizada desde el propio estado egipcio. Y así sigue siendo, según la nueva denuncia de Human Rights Watch, que incide de nuevo en la infame práctica de crear perfiles falsos en Grindr y otras aplicaciones de contactos para personas LGTBI, a las que consigue así detener y a las que que espía el contenido de sus teléfonos para buscar cargos y justificar la detención. Una persecución que según HRW no se limita ya a varones homosexuales, sino que se extiende también a mujeres lesbianas y a personas bisexuales y trans.

Uno de los testimonios que usa HRW en su última denuncia es por ejemplo el de Yasser, de 27 años, arrestado tras quedar con un hombre a través de Grindr. «Cuando volvieron (tras la detención) me insultaron y golpearon hasta que firmé la denuncia por la que se me acusaba de ‘practicar libertinaje’ y anunciarlo públicamente para satisfacer ‘mis innaturales deseos sexuales’», relata. Yasser identificó entre los policías que le agredieron y vejaron al hombre con el que había quedado a través de la aplicación de contactos.

Su caso no es el único. La organización ha entrevistado en profundidad a 15 víctimas (entre ellas una chica trans de 17 años) que mientras permanecieron detenidas o en prisión sufrieron maltrato y tortura: golpes, duchas de agua a presión, ser atado durante días, privación de ir al baño, exámenes anales y vaginales de «virginidad» y abusos sexuales. Una activista trans de 20 años fue encarcelada durante cuatro meses en una cárcel para hombres en la que sufrió graves abusos. Otra víctima, un hombre de 37 años, denuncia que cuando les mostró su carnet de discapacitado (fruto de una paliza anterior, durante una detención en el año 2007), se lo introdujeron por el ano. «Las autoridades egipcias parecen estar compitiendo por el récord a la peor violación de los derechos de las personas LGTB+ en la región ante el silencio internacional», denuncia Rasha Younes, especialista en Medio Oriente y Norte de África de HRW, quien invita a los aliados de Egipto a retirar su apoyo a las autoridades del país hasta que las personas LGTBI no puedan vivir de manera libre.

Os dejamos, para terminar, con un vídeo que recoge las declaraciones de Ahmed Alaa, un joven gay egipcio detenido en 2017, días después del mencionado concierto. Alaa fue una de las personas identificadas ondeando la bandera arcoirís. Él mismo sufrió malos tratos durante su detención. Durante el proceso judicial conoció a la activista Sarah Hegazy, detenida por la misma razón. De hecho, una de las fotografías del momento en el que Hegazy desplegó la bandera se hizo viral y se convirtió en icono de la diversidad sexual en Egipto. Hegazi fue también sometida a maltrato físico y psicológico. Ambos escaparon a Canadá después de pagar sendas fianzas (en su momento recogimos su salida de prisión) y encontrándose a la espera de un recurso judicial. La activista nunca se recuperó del trauma sufrido en prisión y acabó suicidándose el pasado verano. Alaa sigue refugiado en Canadá, sin poder regresar a su país.

Fuente Dosmanzanas

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Foto de la marcha del Orgullo de 2018 en París (Twitter de Alex)

35 hombres y 9 mujeres, la mayoría estudiantes, han sido condenados por los tribunales de Argelia (donde la homosexualidad es ilegal) a penas de prisión por reunirse el pasado julio en lo que la policía decidió que era una “boda gay”

 Argelia es un país en el que ser homosexual está considerado un delito. Pero el pasado mes de julio, tras las quejas de varios vecinos, la policía realizó una redada en una casa privada en el-Kharoub, un distrito de la provincia de Constantina, en el noreste de Argelia y detuvo a 44 personas: 35 hombres y 9 mujeres; y les acusó de estar asistiendo a una boda gay porque  ellos tenían “apariencia gay” y la casa estaba decorada con flores y había dulces de regalo. de hecho, un abogado argelino involucrado en el caso dijo a Human Rights Watch que el tribunal utilizó informes policiales que describían las decoraciones, flores y dulces indicativos de la celebración de una boda y la apariencia supuestamente homosexual de los hombres como prueba de culpabilidad.

El pasado 3 de septiembre un tribunal del país condenó a dos de los detenidos a pagar una multa y cumplir tres años de prisión, mientras que las otras 42 personas fueron sentenciadas a un año de prisión condicional. Se les acusa de “escándalo público“, de mantener relaciones homosexuales y de “poner en riesgo la salud de otros al romper las medidas de cuarentena relacionadas con la COVID-19“.

Estas condenas contradicen el derecho a la privacidad según el derecho internacional de los derechos humanos. Este derecho también se refleja en la constitución de Argelia, que prevé la protección del “honor” y la vida privada de una persona, incluida la privacidad de su hogar, sus comunicaciones y su correspondencia. Las condenas de los 44 por “relaciones entre personas del mismo sexo” indican que las autoridades argelinas los están discriminando por su orientación sexual percibida y expresión de género, dijo Human Rights Watch. Aún no se ha programado la apelación de sus condenas.

Para Rasha Younes, de la Human Rights Watch, no es nada nuevo que las autoridades argelinas ataquen las libertades individuales pero “detener a docenas de estudiantes basándose en su orientación sexual percibida es una violación flagrante de sus derechos más básicos. Deben sacar de prisión inmediatamente a los dos hombres que estarían en libertad de no ser por las anticuadas leyes anti-homosexualidad de Argelia.“

“En lugar de vigilar las vidas privadas de sus ciudadanos“, añade Younes en un comunicado de Human Rights Watch, “el gobierno argelino debería llevar a cabo reformas, incluyendo la descriminalización de las relaciones homosexuales.Las autoridades deben anular los cargos y ponerlos en libertad de inmediato”.

La ley argelina es una mezcla de legislación francesa (heredada) e islámica que criminaliza el sexo homosexual y también el travestismo. No se reconocen las uniones homosexuales ni a las personas trans ni se protege al colectivo LGTB+ de cualquier tipo de discriminación. El artículo 338 del código penal multa con entre 500 y 2000 dinares argelinos y una pena de cárcel de entre dos meses y dos años a cualquiera condenado por mantener sexo homosexual. Si uno de los participantes es menor de 18, el mayor de edad puede ser ultado con 10.000 dinares y tres años de prisión.

Los arrestos por delitos “morales” que involucran actividades adultas consensuadas en entornos privados violan el derecho internacional de los derechos humanos, incluido el derecho a la privacidad, la no discriminación y la autonomía corporal protegida por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), del cual Argelia es un partido del estado. Argelia ha ratificado la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), que afirma los derechos a la no discriminación, y se ha unido a la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Sin embargo, la ley argelina no extiende la protección contra la discriminación a la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género.

Además, Argelia tiene una ley que prohíbe el registro de organizaciones en Argelia cuyos objetivos se consideren incompatibles con la “moral pública” y que impone sanciones penales para los miembros de organizaciones no registradas. Esta ley presenta riesgos para quienes desean formar o participar activamente en grupos LGBT, así como para las organizaciones de derechos humanos que de otra manera podrían apoyar tales actividades. Según un análisis de 2019 de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (ILGA), las leyes que regulan las organizaciones no gubernamentales en Argelia hacen que sea prácticamente imposible que las organizaciones que trabajan en temas de orientación sexual e identidad de género se registren legalmente.

A la luz de la pandemia de Covid-19 y el riesgo de brotes en los lugares de detención, Human Rights Watch recomendó que los gobiernos se abstuvieran de realizar arrestos bajo custodia por delitos menores que no impliquen la imposición o amenaza de infligir lesiones corporales graves o agresión sexual o un delito conocido. probabilidad de daño físico. Los funcionarios también deben poner en libertad a cualquier persona detenida antes del juicio, a menos que represente un riesgo específico y conocido de daño para los demás que no pueda manejarse con otras medidas que la detención.

Desde marzo, las autoridades argelinas han prohibido todas las reuniones sociales para frenar la propagación del Covid-19. Romper las medidas de cuarentena y distanciamiento social para asistir a una reunión social no justifica los arrestos arbitrarios y la prisión preventiva prolongada, dijo Human Rights Watch.

“Mientras la gente en Argelia continúa exigiendo sus derechos básicos de protesta, las autoridades están dedicando su tiempo y recursos para tomar medidas enérgicas contra los estudiantes y acumular cargos discriminatorios en su contra”, dijo Younes. “En lugar de vigilar la vida privada de sus ciudadanos, el gobierno argelino debería llevar a cabo reformas, incluida la despenalización de la conducta entre personas del mismo sexo”.

FuenteHuman Rights Watch

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Dos tunecinos han sido condenados a un año de cárcel por mantener relaciones homosexuales. En primera instancia, la pena establecida fue del doble de tiempo, pero se redujo en la apelación. Los tribunales han considerado como prueba de cargo la negativa de ambos a someterse a un examen anal, práctica considerada como una forma de tortura y que el Gobierno tunecino se comprometió a abandonar.

Los dos hombres, ambos de 26 años de edad, fueron detenidos el pasado 3 de junio en la ciudad de Kef, situada al suroeste de la capital, después de que uno de ellos denunciara al otro por un préstamo no devuelto. Según la asociación de defensa de los derechos humanos Damj, la policía de Kef los instó a que «confesaran que eran homosexuales» mediante acoso, insultos y amenazas de cárcel. Posteriormente, ambos fueron encausados por la vulneración del artículo 230 del Código Penal tunecino, que castiga las relaciones sexuales entre varones con penas de hasta tres años de prisión.

Hassina Darraji, la abogada de los jóvenes durante el proceso de apelación, declaró a Human Rights Watch que sus defendidos le aseguraron que la policía también les instó a que se sometieran a un examen anal para probar la relación sexual. Ambos se negaron, pero esa misma negativa fue considerada como prueba en la sentencia. En primera instancia, el 6 de junio fueron condenados a dos años de prisión, una de las penas más altas en procesos de este tipo, y fueron trasladados a la cárcel de Ben Arous, donde se han dado varios casos de infección por covid-19.

A finales del mes de julio tuvo lugar la vista de su apelación, tras la que la pena fue rebajada a un año de prisión. Sin embargo, el tribunal volvió a estimar la negativa a someterse al examen anal como una prueba de cargo. Para Human Rights Watch, esta condena supone «una violación del derecho a la intimidad y a la no discriminación consagrado en la Constitución de Túnez de 2014». Rasha Younes, una de sus investigadoras, señala que «mientras que otros países y organismos internacionales elogian a Túnez por sus logros en materia de derechos humanos, la penalización y el enjuiciamiento de la conducta homosexual revela una realidad diferente». El Colectivo Civil para las Libertades Individuales, que reúne a más de 40 asociaciones de defensa de los derechos civiles, asegura que en 2019 se llevaron a cabo en Túnez cerca de 120 procesos por homosexualidad.

En cuanto a los exámenes anales forzados, en 2017, durante la audiencia del Examen Periódico Universal de Túnez en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la delegación tunecina Túnez aceptó oficialmente la recomendación de acabar con esa práctica como método para «demostrar la homosexualidad» en los procesos penales. Pero el abandono no sería absoluto, pues, tal y como declaró el representante tunecino: «Los exámenes médicos se llevarán a cabo únicamente con el consentimiento de la persona y en presencia de un experto médico».

Según Human Rights Watch, este enfoque particular de las autoridades tunecinas no reconoce que el consentimiento se ve seriamente afectado, dado que los tribunales de primera instancia pueden inferir la culpabilidad a partir de la negativa a someterse al examen. Además, la evidencia científica asegura que los exámenes anales no tienen ningún valor probatorio para demostrar la homosexualidad. Esas pruebas invasivas, cuando se realizan por la fuerza, son intrusivas y constituyen un trato cruel, inhumano y degradante, que viola el derecho internacional y la ética médica. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha establecido que, cuando los exámenes anales son auspiciados por el Estado, constituyen una forma de tortura.

La hostilidad contra los ciudadanos LGTB tunecinos

La persecución social y de Estado hacia los hombres homosexuales y bisexuales tunecinos es incesante. Las detenciones por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, son constantes y las condenas a prisión habituales, lo que ha sido calificado por la asociación Shams como una auténtica «cacería».

Además, los defensores de los derechos LGTB —que luchan por la derogación del citado artículo 230 del Código Penal, que castiga las relaciones homosexuales con penas de hasta 3 años de prisión— sufren constantes agresiones, hasta el punto de que algunos de ellos han tenido que exiliarse ante las repetidas amenazas de muerte. Un reportaje de la red de noticias Konbibi reflejaba esta situación hace unos meses.

En febrero de 2019, un joven tunecino que denunció haber sido violado por dos agresores era condenado a ocho meses de prisión por mantener relaciones homosexuales.

En marzo del pasado 2018 de las pocas noticias positivas que nos llegaba del país. Rached Ghannouchi, líder del partido Ennahdha que forma parte de la coalición de Gobierno actual, declaraba en una entrevista que «la homosexualidad es un fenómeno natural y no hay que interferir en los deseos y comportamientos de la gente». Esperemos que poco a poco se vaya imponiendo su visión.

Munir Baatur, abogado y activista LGBTI en Túnez, 48 años, se presentó como candidato en las elecciones presidenciales de un país que mantiene en vigor una ley que castiga con hasta tres años de cárcel las prácticas homosexuales. Sin embargo, las organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBTI son legales desde la revolución de 2011, y Baatur es el presidente de la organización Shams.

En junio de ese mismo año, la Comisión de Libertades Individuales e Igualdad hacía público un informe en el que recomiendan al Estado que acabe con la persecución legal de las relaciones entre personas del mismo sexo. Las conclusiones de su trabajo apuntan a la despenalización de la homosexualidad y el fin de los infames «exámenes anales». El Parlamento tunecino, sin embargo, rechazó debatir las propuestas de la comisión.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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