Se insta a la nueva primera ministra, Liz Truss, a que abandone el “mal concebido” plan de refugiados de Ruanda del gobierno.

En mayo, Boris Johnson anunció un nuevo pacto de inmigración para enviar por la fuerza a Ruanda a los solicitantes de asilo que lleguen a través del Canal de la Mancha, y la entonces ministra del Interior, Priti Patel, voló a la nación del este de África para firmar el acuerdo.

Un primer vuelo previsto a Ruanda no pudo despegar tras una intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en julio. El martes (6 de septiembre), un grupo de personas refugiadas presentó un recurso legal contra el pacto ante el Tribunal Superior, argumentando que el gobierno ignoró las pruebas de las atrocidades cometidas por Ruanda contra los derechos humanos.

Liz Truss, que se convirtió en primera ministra el martes, ha dicho que está “decidida a llevar a cabo la política de Ruanda hasta su plena aplicación, así como a explorar otros países en los que podamos trabajar en asociaciones similares”.

Suella Braverman, la nueva ministra del Interior, se ha comprometido a retirar a Gran Bretaña del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se utilizó para detener la huida de Ruanda.

Safe Place International, entidad sin ánimo de lucro que apoya a los solicitantes de asilo LGTBI+ en todo el mundo, considera que el acuerdo es totalmente inviable, poco ético y que no está a la altura de un país que muchos consideran “progresista”.

El director de comunicaciones Lebo Mncayi-Poloko, una persona no binaria de Sudáfrica, declaró a PinkNews: “El pacto de inmigración entre Gran Bretaña y Ruanda está mal concebido y contraviene en muchos aspectos una serie de declaraciones y tratados de derechos humanos de los que Gran Bretaña es signataria”.

Citaron el compromiso de Gran Bretaña con la Convención sobre los Refugiados de 1951 de las Naciones Unidas, que exige que los solicitantes de asilo no sean enviados por la fuerza a zonas inseguras.

Mncayi-Poloko añadió: “Me resulta inconcebible que un país que consideramos progresista en materia de derechos LGTBI+ se meta voluntariamente en la cama con un país que sigue criminalizando muchos aspectos de la comunidad LGTBI+”.

Aunque la homosexualidad no es ilegal en Ruanda, sigue habiendo discriminación. Muchos ocultan quiénes son para evitar ser golpeados, perder su trabajo, ser desalojados de sus casas o incluso ser encarcelados en virtud de las leyes de decencia pública.

Como parte de la política de deportación, las solicitudes de asilo se procesarían en Ruanda antes de ser reubicadas allí, algo que, según advierte Mncayi-Poloko, haría que las personas LGTBI+ salieran del armario.

Los centros de tramitación se convertirían probablemente en focos de odio, y las personas trans se enfrentarían a la violencia en espacios de un solo sexo, como los baños, mientras que muchos homosexuales y bisexuales volverían a encerrarse para mantenerse a salvo.

Mncayi-Poloko dijo que esto es razón suficiente para que se replantee la política, y desde luego no se reproduzca. “Los derechos LGTBI+ no están reconocidos ni protegidos en Ruanda, y un acuerdo como éste sienta un precedente muy peligroso que sólo puede hacer más daño que bien”, añadió Mncayi-Poloko. “Esto podría suponer un sinfín de problemas de seguridad para las ciudadanías africanas que buscaran asilo en territorio británico”.

Que ser gay sea legal no significa que sea seguro, advierte un activista de los refugiados

En abril, un ministro del Ministerio del Interior afirmó que Ruanda ha dado “enormes pasos adelante en las últimas tres décadas”, y defendió el historial de derechos LGTBI+ del país de las críticas que consideraba basadas en “estereotipos”.

Esto es así a pesar de que el Ministerio del Interior admite que hay pruebas de que las personas refugiadas LGTBI podrían sufrir persecución en el país.

Gagotheko Mothai, líder de la comunidad no binaria con sede en Maun (Botsuana), dijo a PinkNews que el gobierno británico no puede tomar las leyes de un país al pie de la letra, como hizo con Ruanda.

Como ejemplo, dijo que su país de origen ha visto “nuevas leyes progresistas en torno al género y la sexualidad”, pero “sigue siendo una sociedad mayoritariamente conservadora y heteronormativa a la que le cuesta imaginar algo más allá de lo binario”.

“Vivimos con el temor constante de ser rechazados por nuestras familias, nuestras iglesias y, de hecho, otros sectores de la sociedad. Como persona no binaria, a menudo me siento invisible y desapercibida. Por tanto, estoy en una lucha constante para que mis derechos, mi seguridad y mi libertad sean reconocidos y respetados”.
Aunque Mothai ha prometido quedarse en Botsuana para hacer lo que pueda para luchar, no todos tienen esa opción.

Como recordó Mncayi-Poloko: “Una historia que se me queda especialmente grabada es la de una joven lesbiana que fue violada repetidamente por la policía fronteriza en el centro de detención del país receptor. Contrajo el VIH a causa de esa experiencia y murió por suicidio tres años después”.

“Un día cualquiera me encuentro con historias de asesinatos, violaciones en grupo, mutilaciones y muchas otras atrocidades perpetradas contra las comunidades LGTBI+ de todo el mundo, a menudo con impunidad”.

Si Truss y Braverman necesitan inspiración, Mncayi-Poloko dijo que pueden mirar a Francia y Bélgica. Ambas naciones han sido “excelentes a la hora de dar prioridad a las evaluaciones e intervenciones médicas y de salud mental para los solicitantes de asilo LGTBI+. También han mostrado conciencia y sensibilidad hacia las amenazas únicas que experimentan los solicitantes de asilo LGTBI+ y han acelerado regularmente la tramitación de estos casos”, añadieron.

A cualquier persona LGTBI que esté pensando en solicitar asilo, Mothai dijo: “Mi consejo sería: Poned siempre vuestra seguridad en primer lugar, investigad, contactad y poneos en contacto con algunas organizaciones LGTBI del país”.

Fuente Pink News

General, Homofobia/ Transfobia. Acuerdo de Asociación para el Asilo, Centro de Tránsito de Gikondo, Gagotheko Mothai, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch, Kigali, Kizito Mihigo, Lebo Mncayi-Poloko, Personas refugiadas, Personas refugiadas LGTBI, Reino Unido, Ruanda, Safe Place International, Suella Braverman

Mes del Orgullo: La migración sueca puede ser dura para las personas refugiadas LGTBI – Copyright West Pride

En países de todo el mundo, muchas personas LGTBI viven una existencia secreta por miedo a la persecución de sus familias, comunidades o el Estado.

Para algunos, la situación se vuelve tan desesperada que se ven obligados a huir a otros países para pedir asilo por su propia seguridad.

Pero a su llegada, las autoridades suelen pedirles que “demuestren” que son LGTBI+, lo que lleva a preguntarse cómo se puede demostrar que se es LGTBI+ si se ha tenido que ocultar toda la vida.

Una nueva campaña de West Pride, un evento anual celebrado en la ciudad de Gotemburgo (Suecia), pretende poner de manifiesto los problemas que plantea esta misma pregunta.

“Dejar que un proceso arbitrario decida si se aprueba o no el asilo a las personas refugiadas LGTBI es inhumano”, afirma Emma Gunterberg Sachs, directora general de West Pride.

El Orgullo del Oeste se ha asociado con la empresa de diseño AKQA para crear una valla publicitaria y una campaña en las redes sociales que pone de relieve la difícil situación de las personas refugiadas LGTBI atrapadas en el sistema de inmigración sueco.

Cada valla publicitaria mostrará a una persona refugiada anónima y compartirá su historia, relatando los viajes de seis solicitantes de asilo en este Mes del Orgullo.

“Demasiados son devueltos erróneamente a una vida de persecución, encarcelamiento o muerte. Tenemos que poner fin a esto ahora”, dice Gunterberg Sachs.

¿Se trata mal a los solicitantes de asilo LGTBI+ en Europa?

Cuando la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE realizó un informe sobre los solicitantes de asilo LGTBI+ en 2017, ningún miembro pudo proporcionar cifras oficiales sobre el número de personas que entraban en el país.

Los países que pudieron proporcionar estimaciones lo hicieron a través de organizaciones civiles: los Países Bajos estimaron entre 100 y 1000 y Dinamarca dio 70.

Se han difundido informes sobre refugiados LGTBI+ de Oriente Medio y África Occidental que llegan a Europa con la esperanza de una vida mejor, sólo para que se les pida una prueba de su sexualidad en los países tolerantes a los que acuden en busca de refugio.

El Orgullo del Oeste ha otorgado a sus Embajadores del Orgullo funciones oficiales en un esfuerzo por dar legitimidad a sus solicitudes de asilo. Los organizadores también están trabajando con abogados para ofrecerles asesoramiento jurídico gratuito.

El 20 de junio, Día Internacional de las personas refugiadas, se entregará al ministro de Migración y Política de Asilo, Anders Ygeman, una petición para exigir un proceso justo.

“Tenemos la suerte de trabajar con una entidad tan valiente como West Pride, y esperamos que esta iniciativa pueda ayudar tanto a estas seis personas como a las futuras refugiadas LGTBI a permanecer de forma segura en Suecia”, afirma el creativo principal de AKQA, Sebastian Regfeldt.

“Con esta idea, buscamos destacar cómo las personas refugiadas LGTBI se juegan la vida en el proceso de asilo, teniendo que demostrar algo que se han visto obligadas a ocultar toda su vida”.

El festival West Pride se celebra en Gotemburgo (Suecia) y se centra en la creación de espacios seguros para la comunidad LGTBI. En 2022 se celebra del 13 al 19 de junio.

Tim Gallagher

Fuente: Euronews

General, Historia LGTBI AKQA, Anuncio, Emma Gunterberg Sachs, Gotemburgo, Personas refugiadas, Personas refugiadas LGTBI, Publicidad, Sebastian Regfeldt, Suecia, West Pride

La ministra del Interior de Gran Bretaña, Priti Patel, ha tenido durante mucho tiempo un enfoque de línea dura hacia la inmigración. (PAUL ELLIS / POOL / AFP)

El arzobispo de Canterbury critica que Londres quiera deportar a los inmigrantes a Ruanda “Esto es lo opuesto a la naturaleza de Dios”

11 de junio de 2022

Apreciada Ministra del Interior,

Re: Acuerdo de Asociación para el Asilo entre el Reino Unido y Ruanda y Expulsiones a Ruanda

Le escribimos para expresar nuestra grave preocupación por el plan del gobierno británico de expulsar a Ruanda a las personas que solicitan asilo en el Reino Unido a través de vías irregulares, de acuerdo con el Acuerdo de Asociación para el Asilo, y para instar enérgicamente al gobierno a rescindir el plan y no proceder a las primeras expulsiones previstas para el 14 de junio de 2022.

Los solicitantes de asilo enviados a Ruanda serán procesados bajo el sistema de asilo de Ruanda y, si son reconocidos como refugiados, se les concederá el estatus de refugiado en ese país, mientras que Ruanda se encargará de las solicitudes rechazadas. Por principio, estas expulsiones y la denegación del acceso al asilo en su propio territorio constituyen una clara abrogación de las responsabilidades y obligaciones internacionales del Reino Unido para con los solicitantes de asilo y las personas refugiadas. El Reino Unido está tratando de trasladar por completo sus responsabilidades en materia de asilo a otro país, actuando en contra del objeto y el propósito de la Convención sobre los Refugiados de 1951 (una convención que el Reino Unido ayudó a redactar) y de sus compromisos de reparto de responsabilidades a nivel mundial, y amenazando el régimen internacional de protección de los refugiados.

No se puede considerar a Ruanda como un tercer país seguro al que enviar a los solicitantes de asilo, ya que Human Rights Watch y otros actores, incluido el Gobierno de Estados Unidos, han informado habitualmente sobre las graves violaciones de los derechos humanos en Ruanda. El gobierno del Reino Unido es consciente de ello, ya que el año pasado denunció el historial de derechos humanos de Ruanda durante su Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos, instando a “Ruanda a modelar los valores de la Commonwealth de democracia, estado de derecho y respeto a los derechos humanos”. Ruanda se enfrentó a fuertes críticas de países de todas las regiones.

La secretaria británica, Priti Patel (c), visitó Kigali, donde se detuvieron una docena de personas LGBT + personas el año pasado por las autoridades. (Agencia Cyril Ndegeya / Anadolu a través de Getty Images)

Desde 1994 y el genocidio ruandés, Human Rights Watch ha estado supervisando, documentando y evaluando las condiciones de los derechos humanos en el país. A día de hoy, en Ruanda siguen produciéndose graves violaciones de los derechos humanos, como la represión de la libertad de expresión, las detenciones arbitrarias, los malos tratos y la tortura por parte de las autoridades ruandesas. Esto pone en duda y socava gravemente la valoración que hace el gobierno de Ruanda como país seguro para enviar a los solicitantes de asilo y a las personas refugiadas, tal y como se recoge en sus notas informativas y de política de país recientemente publicadas y en la evaluación de impacto sobre la igualdad.

Detención arbitraria de personas pobres y vulnerables

La detención arbitraria, los malos tratos y la tortura en los centros de detención oficiales y no oficiales son habituales en Ruanda. Desde 2010, Human Rights Watch ha documentado ampliamente el uso de la detención ilegal y la tortura en casas de seguridad y otras instalaciones, como el campamento militar de Kami, Kwa Gacinya y el Centro de Tránsito de Gikondo, y ha solicitado su cierre. El acorralamiento, la detención arbitraria y los malos tratos en Gikondo por parte de las autoridades ruandesas a los niños de la calle, los vendedores ambulantes, los trabajadores del sexo, las personas sin hogar y los mendigos han sido bien documentados por Human Rights Watch desde 2006, y condenados por la Comisión de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en febrero de 2020. El gobierno del Reino Unido reconoce en su evaluación de Ruanda que hay informes de personas calificadas como “delincuentes” que son detenidas arbitrariamente, pero señala que éstos se remontan a nuestro informe de 2020 sobre la detención abusiva de niños de la calle en Ruanda. Basándonos en nuestra experiencia y conocimiento de esta cuestión, tras haberla rastreado durante más de 15 años, y en las convincentes pruebas acumuladas sobre el comportamiento de las autoridades, no nos cabe duda de que existe un riesgo real, incluso una probabilidad, de que los pobres y otras personas acusadas de comportamientos “desviados”, incluidos los solicitantes de asilo, sean objeto de pautas de abuso similares.

Violaciones de la libertad de expresión, detención arbitraria y tortura

El gobierno británico afirma que, a pesar de algunas restricciones a la libertad de expresión o a la libertad de asociación, es poco probable que los solicitantes de asilo enviados a Ruanda se enfrenten a un riesgo real de ser sometidos a un trato contrario al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El gobierno afirma que, tras consultar fuentes y revisar material de libre acceso, está convencido de que los solicitantes de asilo o las personas refugiadas no son un objetivo específico. Al descartar sumariamente las pruebas de que las personas refugiadas han sido efectivamente maltratadas, el gobierno afirma que “no parece ser una situación común o que se repita regularmente”. Tal apreciación caracteriza de forma totalmente errónea la realidad de Ruanda, donde las personas refugiadas se han enfrentado a abusos por protestar pacíficamente por sus condiciones. En 2018, al menos doce refugiados de la República Democrática del Congo murieron después de que la policía disparara con munición real contra los refugiados desarmados que protestaban por un recorte en las raciones de alimentos. La policía ruandesa detuvo a más de 60 refugiados y los juzgó por participar en manifestaciones ilegales, rebelión y difusión de información falsa para crear una “opinión internacional hostil” de Ruanda, un delito tipificado en el Código Penal ruandés. Como lo resumió una de las personas refugiadas de Burundi que vive en Ruanda: “La vida en Ruanda está bien mientras mantengas la boca cerrada”.

Nos preocupa profundamente que los solicitantes de asilo corran el riesgo de sufrir abusos si hablan de su trato o de sus condiciones en Ruanda, o que se vean obligados a autocensurarse, incluso ante la Comisión de Seguimiento propuesta, prevista en el Acuerdo de Asociación para el Asilo. El espacio para la oposición política, la sociedad civil y los medios de comunicación está cerrado, y el gobierno ruandés sigue reprimiendo las voces disidentes y críticas y persiguiendo a quienes son percibidos como una amenaza para el gobierno y a sus miembros. En marzo de 2022, informamos sobre la persecución en curso de periodistas y comentaristas de los medios sociales, incluyendo la desaparición, las detenciones o las amenazas contra varios críticos de alto nivel, miembros de la oposición y comentaristas que utilizan los medios sociales o YouTube para expresarse.

El 30 de mayo, un conocido comentarista, encarcelado por sus críticas al partido gobernante de Ruanda, declaró ante los tribunales que estaba siendo torturado en prisión, mediante palizas y privación de sueño. El juez ignoró las alegaciones y no ordenó ninguna investigación al respecto, como suele ocurrir en Ruanda. Anteriormente, en marzo de 2021, Human Rights Watch documentó el patrón continuo de amenazas, persecuciones y una sospechosa desaparición de personas que hablan sobre temas de actualidad y critican las políticas públicas.

La falta de independencia del poder judicial y la incapacidad de investigar los abusos

El poder judicial ruandés adolece de falta de independencia, debido a la manipulación del sistema judicial por parte del gobierno, y las normas sobre juicios justos se incumplen de forma rutinaria, especialmente en casos políticamente sensibles. Human Rights Watch ha supervisado varios juicios en los que los acusados afirmaron haber sido torturados para que firmaran confesiones tras su detención, o que sus comunicaciones privilegiadas con su abogado fueron interceptadas. Los jueces no ordenaron la investigación de las acusaciones en todas las ocasiones.

El gobierno ruandés no lleva a cabo sistemáticamente investigaciones efectivas sobre las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, ni enjuicia a los presuntos autores. Esto no es sorprendente, y es poco probable que cambie, dadas las pruebas creíbles de la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en estos abusos. Esto ha creado un clima de miedo entre la población, y de impunidad entre los abusadores. En particular, las autoridades no han llevado a cabo una investigación creíble ni han garantizado la rendición de cuentas por la muerte bajo custodia policial del conocido activista y cantante Kizito Mihigo. En muchos casos, las autoridades ruandesas han obstruido activamente la justicia al dirigirse a las víctimas y a los testigos para evitar que busquen justicia.

A pesar de estos continuos abusos, el gobierno británico afirma que en Ruanda existe el derecho a un recurso práctico y efectivo. Dado el contexto políticamente delicado del acuerdo entre los gobiernos del Reino Unido y Ruanda, y el historial de Ruanda, es poco probable que las autoridades ruandesas investiguen eficazmente cualquier posible acusación de maltrato a los solicitantes de asilo, o que el sistema judicial sea lo suficientemente independiente para proporcionar la necesaria supervisión y responsabilidad de las acciones del gobierno.

Ruandeses sentados en el Centro de Tránsito de Gikondo en 2015.(STEPHANIE AGLIETTI/AFP a través de Getty Images) 

También tenemos serias dudas sobre la capacidad de la Comisión de Seguimiento propuesta para supervisar eficazmente los abusos de los derechos humanos. En 2018, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura se vio obligado a cancelar su visita a Ruanda -la primera vez que lo hace- alegando la obstrucción de las autoridades y el temor a las represalias contra los entrevistados. Desde entonces no han vuelto.

Abusos y riesgos para las personas LGTBI

En 2021, documentamos cómo las autoridades detuvieron arbitrariamente, acosaron, insultaron y golpearon a nueve personas trans o gays en el Centro de Tránsito de Gikondo, en Kigali. Los entrevistados dijeron que habían sido objeto de ataques debido a su orientación sexual o identidad de género y que se les había tratado peor que a otros detenidos, ya que los agentes de policía o los guardias los acusaban de ser vagabundos, ladrones o delincuentes y los mantenían en una sala reservada para hombres “delincuentes”. En la práctica, las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans se enfrentan al estigma en Ruanda. Por ello, los solicitantes de asilo y las personas refugiadas de este perfil corren un riesgo especial. Sin embargo, el gobierno del Reino Unido afirmó que el trato que reciben las personas por su orientación sexual y su identidad o expresión de género no es lo suficientemente grave en Ruanda como para suponer un riesgo real de malos tratos contrario al artículo 3, aunque señaló que la situación puede ser diferente para las personas trans.

Evaluación de Ruanda como país seguro

Hemos estudiado detenidamente los detalles del Acuerdo de Asociación para el Asilo y sigue sin estar claro cómo el gobierno del Reino Unido realizó su evaluación y llegó a la conclusión de que Ruanda cumple los criterios de un tercer país seguro al que expulsar a los solicitantes de asilo. Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta la represión de la disidencia y de las voces críticas y el hecho de que la sociedad civil independiente y los medios de comunicación se enfrentan al acoso, los ataques y las amenazas, lo que lleva en algunos casos a la autocensura, mientras que el espacio represivo y cerrado hace que las organizaciones de derechos humanos, incluida Human Rights Watch, experimenten inmensos obstáculos para llevar a cabo investigaciones sobre el terreno en Ruanda. Esto pone en duda la credibilidad de la evaluación del gobierno.

Human Rights Watch opina que Ruanda no es un tercer país seguro, basándose en su investigación en el país y en las pruebas expuestas anteriormente, y que, dado el contexto, no hay forma de aplicar una supervisión eficaz para garantizar que los solicitantes de asilo expulsados allí no sean víctimas de violaciones de los derechos humanos.

Le agradecemos su consideración.

Atentamente,

Yasmine Ahmed

Directora del Reino Unido, Human Rights Watch

Lewis Mudge

Director de África Central, Human Rights Watch

Fuente Human Rights Watch

General, Homofobia/ Transfobia. Acuerdo de Asociación para el Asilo, Centro de Tránsito de Gikondo, Human Rights Watch, Kigali, Kizito Mihigo, Personas refugiadas, Personas refugiadas LGTBI, Reino Unido, Ruanda

Las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género diverso sufren mayor exclusión y discriminación cuando huyen de sus países en busca de refugio y protección. Decenas de relatores de derechos humanos instan a garantizarles el goce de sus garantías fundamentales dondequiera que vivan.

Más de dos tercios de las personas desplazadas en el mundo no han salido de sus fronteras nacionales en busca de seguridad, sino que se mueven dentro del territorio de su propio país. Cuando estas personas son lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género diverso, estos desplazamientos las colocan en una situación aún más frágil que la de otros migrantes y a menudo son discriminadas por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Unos cuarenta expertos de la ONU en derechos humanos*, al igual que de otros organismos especializados, hicieron este lunes una declaración conjunta denunciando la vulnerabilidad de ese colectivo cuando huye de la persecución, y llamando a todos los gobiernos a asegurarles protección y un trato digno.

Los relatores aseveraron que las personas LGBT destacan entre las más vulnerables y marginadas de los 84 millones de individuos desplazados que existen actualmente en el mundo.

Explicaron que el motivo del desplazamiento de ese grupo se debe muchas veces a que residen en países que no ofrecen una protección sólida de los derechos humanos.

“Las vulnerabilidades estructurales a las que se enfrentan las personas LGBT se ven intensificadas por su estatus como migrantes, solicitantes de asilo, refugiados o desplazados internos”, añadieron.

Mayor riesgo de sufrir atropellos

“Los refugiados, los solicitantes de asilo, los migrantes, los desplazados internos y las personas apátridas trans y de género diverso se encuentran entre las personas que corren más riesgo de sufrir abusos físicos y psicológicos, golpizas, violaciones, torturas y asesinatos, ya que su expresión de género visible se percibe a menudo como un desafío directo a las normas sociales dominantes en los países o zonas de origen, tránsito y destino”, recalca la declaración.

En este sentido, los expertos argumentaron que las personas LGBT desplazadas internas en Estados que criminalizan las relaciones consensuadas entre individuos del mismo sexo o donde las diversas identidades de género, rara vez son reconocidas y atendidas de manera sistemática por las instituciones que asisten a los desplazados, la mayoría de las veces en zonas frágiles o afectadas por conflictos.

La exclusión socioeconómica alimentada por la estigmatización, la discriminación, los conflictos armados, las catástrofes naturales, el cambio climático y la persecución por agentes estatales y no estatales son algunas de las causas que obligan a muchas personas de orientación sexual e identidad de género diversas a huir de sus hogares en busca de un entorno seguro en el que puedan vivir tranquilas y ejercer plenamente sus derechos, agregaron.

Matheus Affonso/Grita en la favela. Un acitivista con una camiseta donde se lee un logo con la palabra Amarégay, un juego de palabras que usa el nombre de la Favela da Maré, que significa que el amor es gay y Maré es gay.

Vulnerabilidad en todas las etapas

Los relatores indicaron que si esas personas migran a otros países, suelen enfrentar peligros similares o mayores de violencia, xenofobia, racismo, misoginia, discriminación por edad, marginación socioeconómica y aislamiento de las redes de apoyo tradicionales.

“En todas las etapas de su viaje, son especialmente vulnerables a la violencia, los abusos y la explotación por numerosos actores, entre los que se incluyen, aunque no exclusivamente, las autoridades de inmigración y seguridad, los traficantes y los contrabandistas, al igual que de otros desplazados y, con bastante frecuencia, los actores responsables de su seguridad y bienestar a su llegada a los lugares de asilo”, apunta la declaración.

Tras su reubicación, en las jurisdicciones en las que la composición de la familia se define únicamente por normas heteronormativas, las personas LGBT que se desplazan no pueden gozar su derecho a la reagrupación familiar.

Los expertos detallaron que los abusos contra las personas LGBT desplazadas pueden observarse en forma de violencia de género, exclusión de servicios esenciales como un refugio y una vivienda seguros y adecuados, falta de acceso a alimentos y artículos no comestibles básicos, falta de atención médica y servicios psicosociales, y falta de acceso los servicios financieros o apoyo a los medios de subsistencia.

Asimismo, se les margina de la economía formal al bloqueárseles la entrada al mercado de trabajo y, consecuentemente, aumentando su riesgo a la explotación sexual y otros atropellos.

Invertir en la protección de los derechos humanos

Los relatores consideraron que en vista de que sigue aumentando el desplazamiento de población, los Estados, las empresas y las organizaciones humanitarias y de la sociedad civil deben invertir en el desarrollo de políticas y programas basados en los derechos humanos que tengan en cuenta las dimensiones del desarraigo forzado y la orientación sexual y la identidad de género, promoviendo una mayor colaboración y coordinación entre todos los actores responsables de la protección de las personas desplazadas LGBT.

Para concluir, sostuvieron que es esencial abordar el origen de los desplazamientos y garantizar que el colectivo LGBT pueda vivir libre de la violencia y la discriminación en sus comunidades para que no deban buscar protección en otro lugar.

Entre la lista de expertos firmantes de la declaración se encuentran:

Víctor Madrigal-Borloz, Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género; Felipe González Morales, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; Balakrishnan Rajagopal, Relator especial sobre la vivienda adecuada; Clément N. Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Olivier De Schutter, Relator Especial sobre la extrema pobreza; Javaid Rehman, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán; Claudia Mahler, Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos de las personas de edad; David R. Boyd, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente; Tomoya Obokata, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias.

* Los Expertos Independientes forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y seguimiento del Consejo que abordan situaciones específicas de los países o cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos en Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de las Naciones Unidas y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.

Fuente Naciones Unidas. Noticias ONU

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Balakrishnan Rajagopal, Cecilia Jiménez-Damary, Claudia Mahler, Clément N. Voule, David R. Boyd, Felipe González Morales, Javaid Rehman, Migrantes LGTBI+, Morris Tidball-Binz, Naciones Unidas, Olivier De Schutter, ONU, Personas refugiadas LGTBI, Tomoya Obokata, Víctor Madrigal-Borloz

Más de dos millones de personas han huido de Ucrania hacia los países vecinos

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) lanza una campaña de recaudación de fondos dirigida al colectivo LGTBI+ en favor de las personas refugiadas que huyen del horror y la violencia. Desde que hace unas semanas estallara el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el desconcierto y el miedo se han abierto paso entre la población mundial, que aún no se ha recuperado de los estragos de la crisis sanitaria provocada por la covid-19.

La cifra de personas que han huido de Ucrania hacia los países vecinos desde el inicio de la invasión rusa supera ya los dos millones de desplazados, según los últimos datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y se espera que esta cifra siga aumentando. La población está atravesando una grave crisis humanitaria y, tanto los ucranianos que han sido evacuados del país como los que han permanecido en la zona de guerra, se enfrentan a las duras condiciones climáticas, al miedo, a la inseguridad y a la falta de medicamentos y de alimentos.

Las mujeres, los menores y la comunidad LGTBI, especialmente las mujeres trans, están sufriendo situaciones muy complicadas

Este sombrío escenario también ha expuesto el lado más humano de la sociedad, dando lugar a multitud de iniciativas solidarias que pretenden ayudar a las personas refugiadas durante este duro trayecto, enviando víveres y ropa de abrigo o facilitando casas de acogida para aquellas personas que cruzan las fronteras. Como ocurre en todas las catástrofes, las personas que previamente eran vulnerables, ahora lo son todavía más. Por ese motivo, es importante denunciar la especial desprotección que están sufriendo las mujeres, los menores y la comunidad LGTBI. Desde hace semanas, se están viviendo situaciones muy complicadas, especialmente para las mujeres trans, que no pueden cruzar las fronteras por carecer de una legislación que reconozca su identidad. Uge Sangil, presidenta de FELGTBI+ comenta que “es el momento de mirar, de solidarizarnos y tomar conciencia de lo que nos rodea, no sólo en Ucrania, sino en el resto del mundo donde se viven otros conflictos, otras guerras que te hacen huir del hambre, del horror y la violencia, que amenazan y matan vidas. Necesitamos de la unidad para tender la mano, para construir las vidas que se rompen, para aliviar las situaciones que viven las personas refugiadas”.

A la crudeza de la guerra se le suman, además, otros peligros para la sociedad, tal y como la conocemos. El gobierno ruso lleva años emprendiendo una guerra soterrada contra los valores de la Unión Europea de igualdad, libertad y diversidad. Lo que está sucediendo en Ucrania no es solo un ataque contra el pueblo ucraniano, es parte de una guerra contra los Derechos Humanos y contra los valores fundacionales de la Unión Europea. Óscar Rodríguez, vocal de Relaciones Exteriores de la FELGTBI+, señala que “si bien Ucrania es un Estado donde los derechos de la comunidad LGTBI+ distan mucho de ser respetados, su situación bajo el control de Vladimir Putin podría derivar en una similar a la que se lleva años viviendo en otros territorios de la Federación Rusa, como Chechenia. Esta guerra en territorio europeo evidencia la necesidad de actualizar el Sistema Europeo Común de Asilo que redunde en una mejora de las condiciones en la acogida e integración de las personas. Además, es necesario que las instituciones europeas impulsen de manera decidida la Estrategia para la igualdad de las personas LGBTIQ 2020-2025, que contempla el apoyo y defensa de los derechos de nuestra comunidad en la acción exterior de la Unión Europea”.

Ante estas circunstancias, es fundamental fomentar la cooperación, la solidaridad y la empatía con las personas que huyen de la guerra, pero no solo de este conflicto, debería extenderse a todos los que ocurren en el mundo. Cualquier guerra tiene el mismo trasfondo humano: personas que huyen del horror, de la violencia, del hambre, del frío y de la muerte. Por este motivo, la FELGTBI+ solicita a las personas del propio colectivo que colaboren para tratar de paliar esta situación. La ayuda se canalizará a través de una campaña de donaciones que destinará los fondos recaudados a las entidades sociales que trabajan en los distintos territorios en conflicto.

Fuente FELGTBI+

General Campaña recaudación, Derechos LGTBI, FELGTBI+, Óscar Rodríguez, Personas refugiadas, Personas refugiadas LGTBI, Ucrania

Este 2019, Madrid cuenta con un recurso residencial especializado para personas refugiadas LGTBI. Actualmente, solo algunas ciudades europeas como Berlín, Ámsterdam o Núremberg tienen este tipo de proyectos. Esta experiencia piloto e innovadora en la comunidad es el inicio de un nuevo camino hacia la creación de espacios seguros para las personas refugiadas LGTBI y un logro reivindicativo de Kifkif.

Madrid, 12 de abril de 2019. Muchas historias de vida formarán parte de este importante hito. La primera en escribirse es la de Josh, un chico gay de Colombia que huyó de su país debido a las múltiples amenazas de muerte por su orientación sexual. Su historia es la que viven muchas personas que llegan a la Comunidad de Madrid: la mayoría de ellas sin recursos.

Es por ello que Kifkif, Asociación de Migrantes y Refugiados Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales de la Comunidad de Madrid, demanda la necesidad de apostar por una mayor inversión en residencias de acogida específicas hacia el colectivo LGTBI. Muchas de las personas que huyen de sus países se encuentran de nuevo con la LGTBIfobia en los dispositivos de acogida generalistas.

La trascendental estructura, perfectamente acondicionada, servirá de convivencia para 20 personas anualmente, vulnerabilizadas y víctimas de delitos asociados a la LGTBIfobia. A su vez, se incorporarán a un itinerario profesional de acogida vinculado a las actividades que realiza la entidad.

Este logro tan necesario se da gracias a la colaboración público-social entre Kifkif y la Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familiares de la Comunidad de Madrid a través de una subvención del IRPF social. Además, será gestionado por la Asociación Progestión que cuenta con una dilatada experiencia en la inclusión social.

Samir Bargachi, presidente de Kifkif resalta la importancia de este recurso ya que “esta iniciativa emana de nuestras resiliencias y nuestros saberes. Los migrantes LGTBI hacemos uso de las fortalezas que tenemos como generadores de respuestas a nuestras de necesidades y demandas específicas”.

Las personas que requieran este servicio gratuito pueden contactar con el área social de Kifkif. También por derivación de profesionales de las diversas entidades sociales, con las que trabajamos de manera mancomunada como por ejemplo el Programa LGBTI de la Comunidad de Madrid.

Fuente Cáscara Amarga

General, Historia LGTBI Asociación Progestión, Comunidad de Madrid, Kifkif, LGTBIfobia, Madrid, Personas refugiadas LGTBI, Samir Bargachi