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Líderes anglicanos rechazan “bendecir” a parejas homosexuales y cargan contra el arzobispo de Canterbury

Viernes, 28 de abril de 2023

320px-Anglican_rose.svgLíderes anglicanos rechazan “bendecir” a parejas homosexuales y cargan contra el arzobispo de Canterbury

“A menos que se arrepienta”, Justin Welby “no será reconocido como nuestro líder espiritual” 

Más de 1.300 líderes de la Iglesia anglicana mostraron su descontento desde Kigali, donde se celebra desde anoche la última Conferencia Global del Futuro Anglicano (GAFCON)

Foley Thomas Beach: “Con el corazón roto, debemos decir que, a menos que el arzobispo de Canterbury se arrepienta (de aprobar esa moción), ya no podremos reconocerlo como el (…) líder espiritual de la Iglesia anglicana”

Asimismo, muchos mostraron su rechazo por la decisión de nombrar al reverendo David Monteith, que ha confesado tener una pareja de su mismo sexo, como decano de Canterbury

Más de 1.300 líderes de la Iglesia anglicana mostraron desde Kigali, donde se celebra desde anoche la última Conferencia Global del Futuro Anglicano (GAFCON), su rechazo a una moción aprobada por su Sínodo general que les permite “bendecir” a las parejas homosexuales casadas o unidas en ceremonias civiles.

“Lamentablemente, con el corazón roto, debemos decir que, a menos que el arzobispo de Canterbury se arrepienta (de aprobar esa moción), ya no podremos reconocerlo como el (…) líder espiritual de la Iglesia anglicana”, dijo la pasada noche el segundo primado y arzobispo de la Iglesia anglicana en Norteamérica, Foley Thomas Beach.

“Debe cambiar de opinión y arrepentirse”, añadió Beach, a cuyas palabras se sumaron líderes procedentes de 53 países, reunidos en la capital de Ruanda.

Asimismo, muchos mostraron su rechazo por la decisión de nombrar al reverendo David Monteith, que ha confesado tener una pareja de su mismo sexo, como decano de Canterbury.

Por ejemplo, el arzobispo anglicano en Ruanda, Laurent Mbanda, se describió “muy triste” por el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo por parte de algunos sectores de la Iglesia de Inglaterra, una emoción que aseguró compartir con numerosos líderes religiosos.

La polémica empezó el pasado mes de febrero, cuando el Sínodo general de la Iglesia anglicana aprobó una moción que permite a sus sacerdotes “bendecir” a las parejas del mismo sexo, pero no oficiar su matrimonio, después de años de discrepancias.

“Ha sido un largo camino para llegar a este punto”, dijo entonces el arzobispo de Canterbury y primado del anglicanismo, Justin Welby, que reconoció que la medida será insuficiente para unos y demasiado para otros en esta comunión.

Los miembros del sínodo también aprobaron “lamentar y arrepentirse” del fracaso de la Iglesia para acoger a las personas LGBTQI+ y “por el daño que las personas LGBTQI+ han experimentado y experimentan en las iglesias”.

Fuente Religión Digital

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Liz Truss instada a desprenderse del “peligroso” plan de asilo de Ruanda que podría matar a las personas refugiadas LGTBI

Miércoles, 21 de septiembre de 2022

GettyImages-1236750623Se insta a la nueva primera ministra, Liz Truss, a que abandone el “mal concebido” plan de refugiados de Ruanda del gobierno.

En mayo, Boris Johnson anunció un nuevo pacto de inmigración para enviar por la fuerza a Ruanda a los solicitantes de asilo que lleguen a través del Canal de la Mancha, y la entonces ministra del Interior, Priti Patel, voló a la nación del este de África para firmar el acuerdo.

Un primer vuelo previsto a Ruanda no pudo despegar tras una intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en julio. El martes (6 de septiembre), un grupo de personas refugiadas presentó un recurso legal contra el pacto ante el Tribunal Superior, argumentando que el gobierno ignoró las pruebas de las atrocidades cometidas por Ruanda contra los derechos humanos.

Liz Truss, que se convirtió en primera ministra el martes, ha dicho que está “decidida a llevar a cabo la política de Ruanda hasta su plena aplicación, así como a explorar otros países en los que podamos trabajar en asociaciones similares”.

Suella Braverman, la nueva ministra del Interior, se ha comprometido a retirar a Gran Bretaña del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se utilizó para detener la huida de Ruanda.

Safe Place International, entidad sin ánimo de lucro que apoya a los solicitantes de asilo LGTBI+ en todo el mundo, considera que el acuerdo es totalmente inviable, poco ético y que no está a la altura de un país que muchos consideran “progresista”.

El director de comunicaciones Lebo Mncayi-Poloko, una persona no binaria de Sudáfrica, declaró a PinkNews: “El pacto de inmigración entre Gran Bretaña y Ruanda está mal concebido y contraviene en muchos aspectos una serie de declaraciones y tratados de derechos humanos de los que Gran Bretaña es signataria”.

Citaron el compromiso de Gran Bretaña con la Convención sobre los Refugiados de 1951 de las Naciones Unidas, que exige que los solicitantes de asilo no sean enviados por la fuerza a zonas inseguras.

Mncayi-Poloko añadió: “Me resulta inconcebible que un país que consideramos progresista en materia de derechos LGTBI+ se meta voluntariamente en la cama con un país que sigue criminalizando muchos aspectos de la comunidad LGTBI+”.

Aunque la homosexualidad no es ilegal en Ruanda, sigue habiendo discriminación. Muchos ocultan quiénes son para evitar ser golpeados, perder su trabajo, ser desalojados de sus casas o incluso ser encarcelados en virtud de las leyes de decencia pública.

Como parte de la política de deportación, las solicitudes de asilo se procesarían en Ruanda antes de ser reubicadas allí, algo que, según advierte Mncayi-Poloko, haría que las personas LGTBI+ salieran del armario.

Los centros de tramitación se convertirían probablemente en focos de odio, y las personas trans se enfrentarían a la violencia en espacios de un solo sexo, como los baños, mientras que muchos homosexuales y bisexuales volverían a encerrarse para mantenerse a salvo.

Mncayi-Poloko dijo que esto es razón suficiente para que se replantee la política, y desde luego no se reproduzca. “Los derechos LGTBI+ no están reconocidos ni protegidos en Ruanda, y un acuerdo como éste sienta un precedente muy peligroso que sólo puede hacer más daño que bien”, añadió Mncayi-Poloko. “Esto podría suponer un sinfín de problemas de seguridad para las ciudadanías africanas que buscaran asilo en territorio británico”.

Que ser gay sea legal no significa que sea seguro, advierte un activista de los refugiados

En abril, un ministro del Ministerio del Interior afirmó que Ruanda ha dado “enormes pasos adelante en las últimas tres décadas”, y defendió el historial de derechos LGTBI+ del país de las críticas que consideraba basadas en “estereotipos”.

Esto es así a pesar de que el Ministerio del Interior admite que hay pruebas de que las personas refugiadas LGTBI podrían sufrir persecución en el país.

Gagotheko Mothai, líder de la comunidad no binaria con sede en Maun (Botsuana), dijo a PinkNews que el gobierno británico no puede tomar las leyes de un país al pie de la letra, como hizo con Ruanda.

Como ejemplo, dijo que su país de origen ha visto “nuevas leyes progresistas en torno al género y la sexualidad”, pero “sigue siendo una sociedad mayoritariamente conservadora y heteronormativa a la que le cuesta imaginar algo más allá de lo binario”.

“Vivimos con el temor constante de ser rechazados por nuestras familias, nuestras iglesias y, de hecho, otros sectores de la sociedad. Como persona no binaria, a menudo me siento invisible y desapercibida. Por tanto, estoy en una lucha constante para que mis derechos, mi seguridad y mi libertad sean reconocidos y respetados”.
Aunque Mothai ha prometido quedarse en Botsuana para hacer lo que pueda para luchar, no todos tienen esa opción.

Como recordó Mncayi-Poloko: “Una historia que se me queda especialmente grabada es la de una joven lesbiana que fue violada repetidamente por la policía fronteriza en el centro de detención del país receptor. Contrajo el VIH a causa de esa experiencia y murió por suicidio tres años después”.

“Un día cualquiera me encuentro con historias de asesinatos, violaciones en grupo, mutilaciones y muchas otras atrocidades perpetradas contra las comunidades LGTBI+ de todo el mundo, a menudo con impunidad”.

Si Truss y Braverman necesitan inspiración, Mncayi-Poloko dijo que pueden mirar a Francia y Bélgica. Ambas naciones han sido “excelentes a la hora de dar prioridad a las evaluaciones e intervenciones médicas y de salud mental para los solicitantes de asilo LGTBI+. También han mostrado conciencia y sensibilidad hacia las amenazas únicas que experimentan los solicitantes de asilo LGTBI+ y han acelerado regularmente la tramitación de estos casos”, añadieron.

A cualquier persona LGTBI que esté pensando en solicitar asilo, Mothai dijo: “Mi consejo sería: Poned siempre vuestra seguridad en primer lugar, investigad, contactad y poneos en contacto con algunas organizaciones LGTBI del país”.

Fuente Pink News

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Carta pública de Human Rights Watch (HRW) a la Ministra del Interior del Reino Unido sobre las expulsiones a Ruanda

Miércoles, 15 de junio de 2022

E3D9878C-56EA-40CF-A758-E2C830C81299La ministra del Interior de Gran Bretaña, Priti Patel, ha tenido durante mucho tiempo un enfoque de línea dura hacia la inmigración. (PAUL ELLIS / POOL / AFP)

El arzobispo de Canterbury critica que Londres quiera deportar a los inmigrantes a Ruanda “Esto es lo opuesto a la naturaleza de Dios”

11 de junio de 2022

Apreciada Ministra del Interior,

Re: Acuerdo de Asociación para el Asilo entre el Reino Unido y Ruanda y Expulsiones a Ruanda

Le escribimos para expresar nuestra grave preocupación por el plan del gobierno británico de expulsar a Ruanda a las personas que solicitan asilo en el Reino Unido a través de vías irregulares, de acuerdo con el Acuerdo de Asociación para el Asilo, y para instar enérgicamente al gobierno a rescindir el plan y no proceder a las primeras expulsiones previstas para el 14 de junio de 2022.

Los solicitantes de asilo enviados a Ruanda serán procesados bajo el sistema de asilo de Ruanda y, si son reconocidos como refugiados, se les concederá el estatus de refugiado en ese país, mientras que Ruanda se encargará de las solicitudes rechazadas. Por principio, estas expulsiones y la denegación del acceso al asilo en su propio territorio constituyen una clara abrogación de las responsabilidades y obligaciones internacionales del Reino Unido para con los solicitantes de asilo y las personas refugiadas. El Reino Unido está tratando de trasladar por completo sus responsabilidades en materia de asilo a otro país, actuando en contra del objeto y el propósito de la Convención sobre los Refugiados de 1951 (una convención que el Reino Unido ayudó a redactar) y de sus compromisos de reparto de responsabilidades a nivel mundial, y amenazando el régimen internacional de protección de los refugiados.

No se puede considerar a Ruanda como un tercer país seguro al que enviar a los solicitantes de asilo, ya que Human Rights Watch y otros actores, incluido el Gobierno de Estados Unidos, han informado habitualmente sobre las graves violaciones de los derechos humanos en Ruanda. El gobierno del Reino Unido es consciente de ello, ya que el año pasado denunció el historial de derechos humanos de Ruanda durante su Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos, instando a “Ruanda a modelar los valores de la Commonwealth de democracia, estado de derecho y respeto a los derechos humanos”. Ruanda se enfrentó a fuertes críticas de países de todas las regiones.

298AE34E-2A5C-4B6E-8074-96CE55FCB663-768x506La secretaria británica, Priti Patel (c), visitó Kigali, donde se detuvieron una docena de personas LGBT + personas el año pasado por las autoridades. (Agencia Cyril Ndegeya / Anadolu a través de Getty Images)

Desde 1994 y el genocidio ruandés, Human Rights Watch ha estado supervisando, documentando y evaluando las condiciones de los derechos humanos en el país. A día de hoy, en Ruanda siguen produciéndose graves violaciones de los derechos humanos, como la represión de la libertad de expresión, las detenciones arbitrarias, los malos tratos y la tortura por parte de las autoridades ruandesas. Esto pone en duda y socava gravemente la valoración que hace el gobierno de Ruanda como país seguro para enviar a los solicitantes de asilo y a las personas refugiadas, tal y como se recoge en sus notas informativas y de política de país recientemente publicadas y en la evaluación de impacto sobre la igualdad.

Detención arbitraria de personas pobres y vulnerables

La detención arbitraria, los malos tratos y la tortura en los centros de detención oficiales y no oficiales son habituales en Ruanda. Desde 2010, Human Rights Watch ha documentado ampliamente el uso de la detención ilegal y la tortura en casas de seguridad y otras instalaciones, como el campamento militar de Kami, Kwa Gacinya y el Centro de Tránsito de Gikondo, y ha solicitado su cierre. El acorralamiento, la detención arbitraria y los malos tratos en Gikondo por parte de las autoridades ruandesas a los niños de la calle, los vendedores ambulantes, los trabajadores del sexo, las personas sin hogar y los mendigos han sido bien documentados por Human Rights Watch desde 2006, y condenados por la Comisión de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en febrero de 2020. El gobierno del Reino Unido reconoce en su evaluación de Ruanda que hay informes de personas calificadas como “delincuentes” que son detenidas arbitrariamente, pero señala que éstos se remontan a nuestro informe de 2020 sobre la detención abusiva de niños de la calle en Ruanda. Basándonos en nuestra experiencia y conocimiento de esta cuestión, tras haberla rastreado durante más de 15 años, y en las convincentes pruebas acumuladas sobre el comportamiento de las autoridades, no nos cabe duda de que existe un riesgo real, incluso una probabilidad, de que los pobres y otras personas acusadas de comportamientos “desviados”, incluidos los solicitantes de asilo, sean objeto de pautas de abuso similares.

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Violaciones de la libertad de expresión, detención arbitraria y tortura

El gobierno británico afirma que, a pesar de algunas restricciones a la libertad de expresión o a la libertad de asociación, es poco probable que los solicitantes de asilo enviados a Ruanda se enfrenten a un riesgo real de ser sometidos a un trato contrario al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El gobierno afirma que, tras consultar fuentes y revisar material de libre acceso, está convencido de que los solicitantes de asilo o las personas refugiadas no son un objetivo específico. Al descartar sumariamente las pruebas de que las personas refugiadas han sido efectivamente maltratadas, el gobierno afirma que “no parece ser una situación común o que se repita regularmente”. Tal apreciación caracteriza de forma totalmente errónea la realidad de Ruanda, donde las personas refugiadas se han enfrentado a abusos por protestar pacíficamente por sus condiciones. En 2018, al menos doce refugiados de la República Democrática del Congo murieron después de que la policía disparara con munición real contra los refugiados desarmados que protestaban por un recorte en las raciones de alimentos. La policía ruandesa detuvo a más de 60 refugiados y los juzgó por participar en manifestaciones ilegales, rebelión y difusión de información falsa para crear una “opinión internacional hostil” de Ruanda, un delito tipificado en el Código Penal ruandés. Como lo resumió una de las personas refugiadas de Burundi que vive en Ruanda: “La vida en Ruanda está bien mientras mantengas la boca cerrada”.

Nos preocupa profundamente que los solicitantes de asilo corran el riesgo de sufrir abusos si hablan de su trato o de sus condiciones en Ruanda, o que se vean obligados a autocensurarse, incluso ante la Comisión de Seguimiento propuesta, prevista en el Acuerdo de Asociación para el Asilo. El espacio para la oposición política, la sociedad civil y los medios de comunicación está cerrado, y el gobierno ruandés sigue reprimiendo las voces disidentes y críticas y persiguiendo a quienes son percibidos como una amenaza para el gobierno y a sus miembros. En marzo de 2022, informamos sobre la persecución en curso de periodistas y comentaristas de los medios sociales, incluyendo la desaparición, las detenciones o las amenazas contra varios críticos de alto nivel, miembros de la oposición y comentaristas que utilizan los medios sociales o YouTube para expresarse.

El 30 de mayo, un conocido comentarista, encarcelado por sus críticas al partido gobernante de Ruanda, declaró ante los tribunales que estaba siendo torturado en prisión, mediante palizas y privación de sueño. El juez ignoró las alegaciones y no ordenó ninguna investigación al respecto, como suele ocurrir en Ruanda. Anteriormente, en marzo de 2021, Human Rights Watch documentó el patrón continuo de amenazas, persecuciones y una sospechosa desaparición de personas que hablan sobre temas de actualidad y critican las políticas públicas.

La falta de independencia del poder judicial y la incapacidad de investigar los abusos

El poder judicial ruandés adolece de falta de independencia, debido a la manipulación del sistema judicial por parte del gobierno, y las normas sobre juicios justos se incumplen de forma rutinaria, especialmente en casos políticamente sensibles. Human Rights Watch ha supervisado varios juicios en los que los acusados afirmaron haber sido torturados para que firmaran confesiones tras su detención, o que sus comunicaciones privilegiadas con su abogado fueron interceptadas. Los jueces no ordenaron la investigación de las acusaciones en todas las ocasiones.

El gobierno ruandés no lleva a cabo sistemáticamente investigaciones efectivas sobre las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, ni enjuicia a los presuntos autores. Esto no es sorprendente, y es poco probable que cambie, dadas las pruebas creíbles de la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en estos abusos. Esto ha creado un clima de miedo entre la población, y de impunidad entre los abusadores. En particular, las autoridades no han llevado a cabo una investigación creíble ni han garantizado la rendición de cuentas por la muerte bajo custodia policial del conocido activista y cantante Kizito Mihigo. En muchos casos, las autoridades ruandesas han obstruido activamente la justicia al dirigirse a las víctimas y a los testigos para evitar que busquen justicia.

A pesar de estos continuos abusos, el gobierno británico afirma que en Ruanda existe el derecho a un recurso práctico y efectivo. Dado el contexto políticamente delicado del acuerdo entre los gobiernos del Reino Unido y Ruanda, y el historial de Ruanda, es poco probable que las autoridades ruandesas investiguen eficazmente cualquier posible acusación de maltrato a los solicitantes de asilo, o que el sistema judicial sea lo suficientemente independiente para proporcionar la necesaria supervisión y responsabilidad de las acciones del gobierno.

Rwandans sit in the Gikondo transit center in Kigali on September 24, 2015. Rwanda's government was accused on September 24 by rights group Human Rights Watch (HRW) of rounding up "undesirables" including beggars and prostitutes and holding them in the grim centre to promote the capital's clean image. Kigali however dismissed the report, with authorities saying the centre was supporting alcoholics and drug users. AFP PHOTO / STEPHANIE AGLIETTI (Photo credit should read STEPHANIE AGLIETTI/AFP via Getty Images)

Ruandeses sentados en el Centro de Tránsito de Gikondo en 2015.(STEPHANIE AGLIETTI/AFP a través de Getty Images) 

También tenemos serias dudas sobre la capacidad de la Comisión de Seguimiento propuesta para supervisar eficazmente los abusos de los derechos humanos. En 2018, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura se vio obligado a cancelar su visita a Ruanda -la primera vez que lo hace- alegando la obstrucción de las autoridades y el temor a las represalias contra los entrevistados. Desde entonces no han vuelto.

Abusos y riesgos para las personas LGTBI

En 2021, documentamos cómo las autoridades detuvieron arbitrariamente, acosaron, insultaron y golpearon a nueve personas trans o gays en el Centro de Tránsito de Gikondo, en Kigali. Los entrevistados dijeron que habían sido objeto de ataques debido a su orientación sexual o identidad de género y que se les había tratado peor que a otros detenidos, ya que los agentes de policía o los guardias los acusaban de ser vagabundos, ladrones o delincuentes y los mantenían en una sala reservada para hombres “delincuentes”. En la práctica, las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans se enfrentan al estigma en Ruanda. Por ello, los solicitantes de asilo y las personas refugiadas de este perfil corren un riesgo especial. Sin embargo, el gobierno del Reino Unido afirmó que el trato que reciben las personas por su orientación sexual y su identidad o expresión de género no es lo suficientemente grave en Ruanda como para suponer un riesgo real de malos tratos contrario al artículo 3, aunque señaló que la situación puede ser diferente para las personas trans.

Evaluación de Ruanda como país seguro

Hemos estudiado detenidamente los detalles del Acuerdo de Asociación para el Asilo y sigue sin estar claro cómo el gobierno del Reino Unido realizó su evaluación y llegó a la conclusión de que Ruanda cumple los criterios de un tercer país seguro al que expulsar a los solicitantes de asilo. Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta la represión de la disidencia y de las voces críticas y el hecho de que la sociedad civil independiente y los medios de comunicación se enfrentan al acoso, los ataques y las amenazas, lo que lleva en algunos casos a la autocensura, mientras que el espacio represivo y cerrado hace que las organizaciones de derechos humanos, incluida Human Rights Watch, experimenten inmensos obstáculos para llevar a cabo investigaciones sobre el terreno en Ruanda. Esto pone en duda la credibilidad de la evaluación del gobierno.

Human Rights Watch opina que Ruanda no es un tercer país seguro, basándose en su investigación en el país y en las pruebas expuestas anteriormente, y que, dado el contexto, no hay forma de aplicar una supervisión eficaz para garantizar que los solicitantes de asilo expulsados allí no sean víctimas de violaciones de los derechos humanos.

Le agradecemos su consideración.

Atentamente,

Yasmine Ahmed

Directora del Reino Unido, Human Rights Watch

Lewis Mudge

Director de África Central, Human Rights Watch

Fuente Human Rights Watch

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