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El Salvador forzó la esterilización de mujeres con VIH

Jueves, 23 de diciembre de 2021

El-Salvador-estirilizacionCuando Lizz se enteró de que estaba embarazada, también le informaron que tenía VIH. Al momento de parir a su única hija, a la edad de 17 años, fue esterilizada de manera forzada por el personal médico de uno de los principales hospitales públicos de El Salvador. La Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema del país centroamericano solo reconoció que se violó su derecho de salud reproductiva. A once años de lo ocurrido, mantiene el deseo de volver a ser madre. Este texto es parte del proyecto de periodismo colaborativo #CambiaLaHistoria, impulsado por la Deutsche Welle Akademie.

Lizz había recibido meses antes de forma simultánea la noticia de su embarazo y el resultado positivo a la prueba del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Asegura que le preocupaba más la noticia de su embarazo que el diagnóstico del virus

Una mañana de diciembre de 2010, Lizz* sintió en su vientre que su bebé pateaba fuerte y con ello exigía su llegada al mundo. Su embarazo, marcado por la desesperanza de un diagnóstico imprevisto, estaba por llegar a término.

Desde su llegada al Hospital Nacional de la Mujer “Dra. María Isabel Rodríguez”, el más importante para la atención de la mujer en El Salvador, personal médico le preguntó si quería ser esterilizada, pero Lizz respondió que no. Por su condición de VIH le tenían que hacer una cesárea y en la noche fue llevada a la sala de operaciones.

Minutos antes de que se le aplicara la anestesia para practicarle la cesárea, una enfermera le preguntó de nuevo si se iba a esterilizar y le entregó un formulario para autorizar el procedimiento. Lizz firmó sin haber sido informada plenamente de las consecuencias.

A once años de lo ocurrido, habla sobre ese día a través de una videollamada. Hace una pausa, quita la mirada de la pantalla y dice: «prácticamente me iban a dejar morir, me dijeron que si no firmaba no me iban a atender. Yo firmé porque no soportaba el dolor».

Después de dar a luz a su única hija, a Lizz le fue mutilada una parte de su órgano reproductivo en una intervención quirúrgica para impedir que volviera a tener hijos cuando sólo tenía 17 años.

Cuatro años después, el caso de Lizz fue llevado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, donde se comprobó que no tenía la capacidad plena para otorgar su consentimiento informado para ser esterilizada por el hecho de ser menor de edad.

I Un pilar de apoyo

Cuando Lizz tenía apenas 16 años, tuvo una relación con un hombre ocho años mayor que ella. A los pocos meses, comenzó a sentir malestar y dolores de cabeza intensos. Fue al médico en la comunidad de Cojutepeque, a menos de una hora de la capital, y después de hacer estudios le dijeron que estaba embarazada y que también era portadora de VIH.

“En ese momento lo que más me preocupó fue estar embarazada. No dimensioné el diagnóstico de VIH”, relata.

Cuando le dio la noticia a su pareja, él no se sorprendió. Ya sabía que era portador del virus y le ofreció vivir en pareja. Lizz salió de la casa de sus padres y suspendió sus estudios. Hoy considera que quedó embarazada por un acto de violación porque aún era menor de edad.

De su comunidad tuvo que ir los siguientes meses al Hospital de la Mujer, el único para atención materna en el país, donde recibió un tratamiento de retrovirales. Al nacer, su bebé nació con diagnóstico negativo. Estaba libre del virus.

El virus de la inmunodeficiencia humana ataca al sistema inmunitario y debilita los sistemas de defensa contra las infecciones y contra determinados tipos de cáncer. Se transmite a través del intercambio de líquidos corporales de la persona infectada, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales.

Los datos del Estado reflejan que las probabilidades de que un menor se infecte de VIH al momento de su nacimiento son muy bajos. Según el Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL) uno de cada 100 bebés nacidos de madres con VIH son diagnosticados con el virus. Estos datos coinciden con los reflejados en el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida ONUSIDA, donde se asegura que el riesgo de que una mujer con VIH le transmita el virus a su hijo se reduce a un 5 % o menos con un tratamiento eficaz.

Lizz recibió el tratamiento estipulado por el MINSAL. Incluso, el mismo informe asegura que para el año 2010 el 100 % de embarazadas con VIH conocidas en el país, recibieron medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión infantil. Estas cifras reflejan que Lizz podía tener más hijos de forma segura.

En 2019, el Ministerio de Salud de El Salvador reportó 26,893 personas vivas con VIH en el país, de ellas el 34 % eran mujeres.

Lizz dio seguimiento a su estado de salud y el de su bebé en su hospital local, unos 18 km al sur de la capital del país, y ahí tuvo conexión con organizaciones de apoyo a personas con VIH cuando iba a sus citas médicas.

“Yo iba a controles al Hospital de Cojutepeque, ahí me uní a un grupo de apoyo y a organizaciones feministas no gubernamentales. Él (su expareja) era un hombre alcohólico y me golpeaba. Sufrí mucho abuso físico. Pero al unirme a estos grupos me empoderé. Me empoderé muchísimo”, dice en tono enérgico. Cuando su bebé cumplió tres meses, decidió separarse y volvió a casa de sus padres.

En el hospital conoció a integrantes de la Asociación Atlacatl Vivo Positivo, que trabaja a favor de los derechos de las personas con VIH. Ellos le brindaron una beca para terminar sus estudios de educación media. Las terapias psicológicas y las sesiones grupales contribuyeron a su formación y empoderamiento. Y asegura que después de un proceso de sanación muy difícil, ahora puede hablar con mayor facilidad sobre el tema.

II Más mujeres con VIH esterilizadas

El caso de Lizz no ha sido el único. Otras mujeres con VIH y menores de edad han sido esterilizadas de forma sistemática en El Salvador.

En su juicio de amparo, se comprobó que “en la práctica hospitalaria se esteriliza a niñas y adolescentes con el único requisito que estas suscriban un formulario de autorización para tal efecto”. En el fallo al que tuvo acceso Alharaca, se documenta que una de las doctoras interrogadas en el proceso dijo que «una menor de doce años de edad puede ser esterilizada según la normativa de planificación familiar».

La Guía Técnica de Atención en Planificación Familiar (GTAPF), mencionada en el amparo, no estipula que exista esterilizaciones a ciertos pacientes en razón de edad, únicamente exige que haya un consentimiento informado del paciente.

El caso de Lizz fue llevado al Poder Judicial gracias a la Asociación Nacional de Personas Positivas Vida Nueva (ANP+VN), enfocada en la reducción de la morbilidad del VIH en El Salvador.

Junto con otras organizaciones de la sociedad civil y autoridades, participaron en la realización del Índice de Estigma en Personas con VIH (INDEX) 2019, haciendo entrevistas a pacientes en 19 hospitales del sistema público de salud.

En el Informe se documentó que 23 de 514 personas encuestadas fueron esterilizadas sin su conocimiento o su consentimiento en el último año. Todas las que afirmaron este hecho eran mujeres. La mayoría de ellas son de escasos recursos económicos y tienen poco acceso a educación, señala Catherine Serpas, directora ejecutiva de ANP+VN.

El mismo estudio reflejó que a un 7.2 % de las personas encuestadas le aconsejaron no tener hijos y un 5.6 % menciona que fue presionado, motivado o inducido para esterilizarse de forma permanente por medio de ligadura de trompas o vasectomía.

Serpas añadió que en el estudio también encontraron tres casos más de menores de edad que contaban su experiencia.

“Fue alarmante encontrarnos con casos de esterilizaciones forzadas. El primer caso que recolectamos fue de una mujer que vivió esto en 1998. Además, aquí encontramos casos de niñas, menores de edad”, expresa Serpas. Ella dice que la asociación no guardó registro de todos, sin embargo, al realizar contacto con algunas mujeres, muchas decidieron no participar en procesos legales por miedo al estigma.

Una de las que sí lograron dar seguimiento fue Lizz, luego de realizar el estudio INDEX 1.0. “El caso ocurrió en 2010, pero ella habló de este hecho hasta 2014”, explicó.

III La batalla legal

Las organizaciones de protección de los derechos de personas con VIH suelen formar parte de los grupos de ayuda como a los que asistía Lizz. Ahí conoció a compañeras que pasaron por lo mismo y que fueron persuadidas por el personal médico para ser esterilizadas. Eso la motivó a hablar e iniciar un proceso legal con el acompañamiento de ANP+VN.

En 2014 promovieron un amparo para que se reconociera la violación de los derechos de salud reproductiva de Lizz y discriminación en razón del VIH por parte del personal médico del Hospital Nacional de la Mujer «Dra. María Isabel Rodríguez».

Un elemento clave para llevar el caso era tener el expediente médico, el cual solicitaron al hospital por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), pero les fue negado. Hasta que fueron llevadas al juicio de amparo, las autoridades del hospital entregaron el expediente, el cual no tenía pruebas que justificaran la esterilización.

La defensa de Lizz tuvo acceso a declaraciones de parte del equipo médico que señalaban que “no tenía sentido” que las personas con VIH siguieran teniendo bebés.

El director del hospital negó ante la Sala cualquier acto de discriminación por VIH o que se haya forzado a la paciente para ser sometida a esterilización.

La Sala de lo Constitucional declaró en 2015 que sí hubo «vulneración de sus derechos fundamentales a la salud reproductiva, a la autodeterminación reproductiva y a la integridad personal —con relación al hecho de que, siendo menor de edad, y por lo tanto no teniendo la capacidad plena para otorgar su consentimiento informado para ser esterilizada».

“Sí logramos probar que hubo discriminación (en razón de VIH), pero la Sala no lo admitió”, lamentó su abogada y apoderada legal Crissia Pérez.

En el fallo de la Sala se ordenó la promoción de un proceso por los daños materiales y morales y garantizar un tratamiento psicológico adecuado para superar las secuelas por el acto de esterilización.

IV Maternidad. Un derecho negado

Lizz sufrió cuadros de depresión recurrentes. Después del juicio quiso recuperar su fertilidad.

La esterilización quirúrgica es un procedimiento en el que las trompas de Falopio, que transportan el óvulo desde el ovario hasta el útero, se bloquean. Esto puede ser por atadura y corte de los conductos, por cauterización, o cierre con un anillo o grapa.

Un 20 % de las mujeres esterilizadas se arrepiente de su decisión, pero hay casos que no se pueden revertir. Uno de ellos fue el de Lizz.

«Hay diferentes tipos de cortar las trompas, pero el corte que le hizo el médico era al ras. No había forma de reconstruir las trompas. Nosotros interpretamos esto como una práctica de violencia y un acto de lesa humanidad», señala Catherine Serpas.

Entre enero de 2013 hasta julio de 2021 se realizaron 36 esterilizaciones en mujeres que verificaron parto con un diagnóstico principal VIH de un total de 280 partos en los hospitales públicos del país, según datos del MINSAL brindados por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública.

***

Una ginecóloga que trabaja para el sistema de salud público, cuyo nombre desea omitir para resguardar su seguridad, advierte que es una temática discutible el recomendar a una mujer con VIH no tener hijos.

“Si nos remontamos a los años ochenta, el diagnóstico de infección por VIH era prácticamente una muerte anunciada. Hoy tenemos la facilidad de que hay diversos programas de apoyo para estos pacientes, que incluyen la terapia antirretroviral, exámenes de control y grupos de apoyo social y psicológico”, explica.

La médica asegura que si la paciente es responsable de su salud y sus medicamentos, puede embarazarse y llevar el control periódico de su embarazo.

“Ahora, si el panorama es diferente con una paciente que ha tenido poca adherencia a su tratamiento o sea irresponsable en sus controles, que tenga enfermedades secundarias no controladas o de mal pronóstico», advierte, «se vuelve necesario evitar el embarazo para evitar complicaciones maternas o fetales”.

Serpas explica que los temas de salud reproductiva no son vistos como un problema. “Eso pasa porque vivimos en un mundo que se ve totalmente masculino, y más, en temas como el VIH”, dice.

ANP+VN recibe con frecuencia reclamos sobre la falta de apoyo en términos de planificación familiar, agrega. “Todavía se cree que la persona recibe el diagnóstico y se olvida de su vida sexual… Hemos detectado que a la hora que se les hace la citología (prueba de detección del virus del papiloma humano, que causa el cáncer de cérvix) han recibido maltrato por parte del personal de salud, siempre con la interpretación de ‘¿por qué sigue teniendo relaciones sexuales?’. La respuesta del VIH ha evolucionado, pero el pensamiento sigue siendo mediocre”.

IV Migración

Lizz no solo enfrentó la violencia obstétrica en su país, durante el juicio también recibió llamadas anónimas donde la amenazaban con atentar contra su vida. En sus visitas al hospital para recibir tratamiento psicológico, hubo personal médico que la intentó persuadir para que desistiera en su demanda.

El Jefe Departamento de VIH y Derechos Humanos de la Procuraduría General de Derechos Humanos, Jaime Argueta, reconoció que “no existe un sistema de protección que pueda dar garantías a la persona que ha tenido el valor de presentar la denuncia, para protegerla contra el mismo estado. Incluso, ella empezó a ser cuestionada al momento de recibir su tratamiento».

Cada vez es menos frecuente es el estigma en ámbito de salud o en el ámbito laboral, dice, pero aún se pide la “prueba de VIH para el ingreso a un empleo como parte de la batería de exámenes”.

En el ámbito comunitario, advierte que todavía hay mucha discriminación y se divulgan los diagnósticos de personas en los lugares donde ellos viven.

“Tal vez trabajan en una sala de belleza y alguien empieza a divulgar el diagnóstico y pierden sus clientes. O venden cualquier tipo de alimentos ya preparados para el consumo y también son afectadas en sus formas de vida”, expuso.

Lizz vivía en una zona declarada de alto riesgo de violencia por pandillas. Esto se convirtió en una razón más que la llevó a migrar a Estados Unidos junto con su hija y su actual pareja. Allá, a más de 10 mil kilómetros del país que la expulsó, ahora intenta rehacer su vida.

“Quería una vida mejor para mi hija. El miedo también tuvo que ver en mi decisión de migrar”, expresó.

V Una nueva vida

A pesar de su condición migratoria irregular, Lizz ha logrado tener acceso a un tratamiento de retrovirales a través de un protocolo en un Centro de Investigación en Estados Unidos, al cual accedió por medio de un hospital.

Por ahora trabaja, estudia inglés y desea regresar a la Universidad a estudiar leyes para ayudar a otras personas: “Mi sueño es trabajar en una organización que ayude en los derechos humanos o migración”.

Según la Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con VIH Sida (ICW Latina), en El Salvador el marco legal que establece sanciones para el personal sanitario en el caso de la esterilización forzada a las mujeres con VIH tiene una calificación positiva, es decir, según esta organización los médicos sí reciben penalidad ante estos casos. Sin embargo, los que atendieron el caso de Lizz no recibieron ninguna penalidad.

Al cierre de esta investigación se solicitó una entrevista con la jefa del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, Dra. Ana Isabel Nieto Gómez, para conocer su postura respecto al caso de Lizz, sin embargo no se recibió respuesta. La doctora Nieto fungía en ese mismo cargo en 2010, cuando Lizz fue esterilizada de forma forzosa.

En la actualidad Nieto es funcionaria del Gobierno del presidente Nayib Bukele. Su régimen ha sido señalado por nula rendición de cuentas, dar poco acceso a la prensa y por declarar “confidencial” información pública.

En la actualidad ANP+VN trabaja para brindar apoyo legal, capacitaciones, atención psicológica, reinserción laboral y generación de alternativas de ingresos para personas con VIH. Además, tiene estrecha relación con los grupos de apoyo de personas con VIH de la red hospitalaria nacional. Cientos de personas se han visto beneficiadas por sus proyectos. Su abogada compartió que cuando la prensa cubrió el caso de Lizz, tuvieron conocimiento de más casos a los que podrían dar más seguimiento y llevar a la justicia si contaran con los fondos.

*El nombre real de Lizz no se da a conocer en protección a su integridad

Fuente Agencia Presentes

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El Gobierno holandés pide disculpas e indemnizará a las personas trans obligadas a esterilizarse para ver reconocida su identidad de género

Miércoles, 9 de diciembre de 2020

Bandera_HOLANDA__49c8a61235e0e[1]El Gobierno de los Países Bajos ha pedido oficialmente disculpas por el daño infligido a las personas trans a las que se obligó a esterilizarse para poder ver reconocida legalmente su identidad de género. El requisito formaba parte de la ley sobre transexualidad aprobada en 1985 y no se eliminó hasta 2014, después de afectar a cientos de personas. El Ejecutivo tramitará un proyecto de ley que incluirá indemnizaciones de 5.000 euros. Se trata del segundo país europeo en promover estas reparaciones, después que Suecia hiciera lo propio en 2018. En el caso sueco, sin embargo, la cuantía ascendía a unos 22.000 euros al cambio.

La Ley Transgénero, aprobada en 1985, permitió a las personas trans de los Países Bajos modificar su sexo legal en los certificados de nacimiento. Se exigió, eso sí, la esterilización irreversible. Hasta 2014 no entró en vigor una reforma de la legislación que eliminó este requisito. Para entonces, unas 2.000 personas habían sufrido su aplicación.

En febrero de este año, dieciséis personas y organizaciones presentaron una demanda conjunta contra el Gobierno holandés para pedir una disculpa oficial, tanto por quienes se sometieron a la esterilización obligada como por quienes, para no tener que pasar por ese trance, renunciaron al reconocimiento de su identidad. El pasado 30 de noviembre, el Ejecutivo reconoció en nombre del Estado holandés el sufrimiento causado y expresó sus disculpas a la comunidad trans.

El Gobierno ha anunciado que presentará un proyecto de ley, de aquí al verano que viene, para compensar económicamente a las personas afectadas. Tendrán derecho a una indemnización de 5.000 euros las que, entre el 1 de julio de 1985 y el 1 de julio de 2014, se hubieran sometido a un proceso de transición física que conllevara la modificación registral del sexo legal.  Los Países Bajos se convierten así en el segundo Estado europeo en compensar a las personas trans por la exigencia de la esterilización para concederles el reconocimiento de su identidad. Suecia fue la pionera en 2018. Las entre 600 y 700 personas afectadas en el país escandinavo obtuvieron el derecho a una indemnización fijada en 225.000 coronas (unos 22.0000 euros).

Esterilización forzada de las personas trans: todavía una realidad en Europa

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas trans a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. Y no fue hasta 2017 cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó esta práctica. Aunque poco a poco los países han ido adaptando sus legislaciones, 16 países europeos siguen haciéndolo. La mayoría del Este de Europa, pero también hay algunos occidentales, como Finlandia, cuyo Parlamento rechazó en octubre de 2017 tramitar una ley en ese sentido.

 Fuente Dosmanzanas

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La Corte Suprema de Japón ha confirmado una ley que obliga a las personas trans a esterilizarse antes del proceso de reasignación de género

Sábado, 2 de febrero de 2019

screen_shot_2017-02-10_at_12.43.36_pmTakakito Usui (dcha),

La Corte Suprema de Japón ha confirmado una ley que obliga a las personas trans a esterilizarse antes de que puedan cambiar legalmente de género.

El panel de cuatro jueces falló unánimemente el jueves (24 de enero) para rechazar una apelación presentada por Takakito Usui, un hombre trans que quiere cambiar el género en sus documentos oficiales, informó el canal australiano SBS News.

Usui estaba tratando de derogar la Ley 111, la cual requiere que cualquier persona que busque cambiar su género legal no tenga “glándulas reproductivas o glándulas reproductivas que hayan perdido permanentemente su función”. Las personas trans también tienen que poseer “un cuerpo que parece tener partes que se asemejan a los órganos genitales de los del sexo opuesto”, según la ley de 2003, que fue declarada constitucional por los jueces del Tribunal Supremo.

Usui, cuya campaña legal ya ha terminado, respondió al fallo diciendo: “Lo esencial no debería ser si te has operado o no, sino cómo quieres vivir como individuo”.

En su decisión, los jueces dijeron que la Ley 111 prevenía “problemas” en las relaciones entre padres e hijos que podían resultar en “confusión” y “cambios abruptos” en toda la sociedad japonesa. Ofrecieron un poco de aliento a los activistas trans diciendo que la legislación era invasiva y que debería ser revisada regularmente a medida que las actitudes culturales cambian con el tiempo.

El juez presidente Mamoru Miura y otro juez también escribieron una opinión adicional en la que afirmaron que “están surgiendo dudas” sobre la Ley 111. “El sufrimiento relacionado con el género, sentido por las personas con trastorno de identidad de género, es también el problema de la sociedad en su conjunto, que debe abarcar la diversidad de la identidad sexual”, escribieron.

El abogado de Usui dijo que partes del fallo de los jueces podrían ayudar a la campaña más amplia para lograr que los políticos cambien la ley.

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El año pasado, el gobierno japonés anunció que disminuiría el coste de la cirugía de afirmación de género para las personas trans, siempre y cuando no estén recibiendo tratamiento hormonal y no tengan ninguna otra afección preexistente. Una vez que la cirugía está cubierta por el seguro público en Japón, el paciente sólo tendrá que pagar hasta el 30 por ciento de los gastos totales de la cirugía, informó Japan Times. Sin embargo, las personas trans en el país que buscan cirugías de transición de género todavía enfrentan numerosos obstáculos.

Los solicitantes deben ser estériles, solteros, sin hijos menores de 20 años, y someterse a una evaluación psiquiátrica para recibir un diagnóstico de “Trastorno de Identidad de Género”, generalmente conocido como disforia de género en los Estados Unidos y el Reino Unido.

Fuente Agencias

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Turquía dejará de esterilizar a las personas trans

Jueves, 7 de diciembre de 2017

turquia-esterilizacion-personas-trans-696x522El Tribunal Constitucional de Turquía elimina la esterilización forzosa de la lista de requisitos para que las personas trans puedan modificar su género en los documentos oficiales.

La esterilización es una práctica declarada contraria a los Derechos Humanos por el Tribunal Europeo pero que sigue exigiéndose en decenas de países europeos.

Aunque Turquía está muy lejos de ser un país respetuoso con el colectivo LGTB el Tribunal Constitucional del país acaba de dar un paso (de gigante) en la igualdad de las personas trans. Aunque eso no implique, por desgracia, que vayan a sufrir menos discriminación y ataques de los que ya sufren.

En junio de este año una mujer trans de la región de Edirne denunció que las autoridades le exigían presentar un certificado de esterilización para poder obtener una tarjeta de identidad de género femenino. En Turquía las tarjetas identitarias se ofrecen en color azul para los hombres y en rosa para las mujeres. Para que una persona trans pueda cambiar su género legalmente el artículo 40 del Código Civil les exige estar solteras, tener más de 18 años, ser “transexual por naturaleza” (¿?) y tener un diagnóstico de disforia de género. Además se les obliga a someterse a cirugía de reasignación de sexo y, hasta ahora, tenían que someterse a un procedimiento de esterilización.

El tribunal que aceptó la demanda de esta mujer estimó que la esterilización forzosa iba en contra de los derechos humanos de la demandante y derivó el caso al Tribunal Constitucional para que analizara todo el artículo 40. El pasado día 30 el Consejo General de dicho organismo determinó que la esterilización era un paso innecesario y, aunque siguen manteniendo el resto de requisitos, estimaron que la cirugía de reasignación de género era suficiente para permitir que las personas trans cambien su género legalmente.

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Imagen de una protesta tras el asesinato de la activista trans turca Hande Kader

La esterilización forzosa para que las personas trans puedan cambiar su género es una práctica habitual en varios países, incluidos varios supuestamente avanzados de la Unión Europea. Francia derogó ese requisito el año pasado, meses antes de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenciara que la práctica (realizada en países como Italia, Noruega, Irlanda, Bélgica o Suiza) va en contra de los derechos humanos.

La sentencia del Tribunal no surtió demasiado efecto y algunos de esos países, como Finlandia, anunciaron que iban a continuar exigiendo la esterilización a las personas trans que quisieran modificar su género legal. El proceso, además, sólo está disponible para personas mayores de 18 años.

Pincha en el mapa para ampliarlo.

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En España hace unos días se aprobó (con los votos en contra del Partido Popular) la toma en consideración de una propuesta presentada por el PSOE para actualizar la Ley Trans aprobada en 2007. Con esta propuesta el grupo socialista propone despatologizar la transexualidad de forma oficial, eliminando el requerimiento de un diagnóstico médico y basando el proceso en el derecho a la autodeterminacion del género de todas las personas mayores de 16 años. Los menores tendrán que tener la autorización de sus padres o tutores legales y, en caso de discrepancia, será un tribunal el que decida teniendo siempre en cuenta el interés del menor.

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando

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El Tribunal Europeo de DD.HH. prohíbe la esterilización de las personas trans al condenar a Francia por exigirla como requisito para reconocer su identidad de género

Lunes, 10 de abril de 2017

tribunal-europeo-de-derechos-humanos-de-estrasburgoEl Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictamina que los 22 países de la UE que obligan a las personas trans a esterilizarse para poder ver su género reconocido legalmente están vulnerando los derechos humanos y prohíbe la práctica.

Hoy es lunes 10 de abril de 2017 y aún hoy hay 22 países en la Unión Europea que obligan a las personas trans que quieren cambiar legalmente su género a someterse a un proceso de esterilización. Sí, eso está pasando ahora mismo. O más bien estaba pasando hasta ahora, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió el pasado jueves día 6 una sentencia en la que dejan claro que ese proceso atenta contra los derechos humanos de las personas trans. Esta sentencia obligará a esos países a modificar sus leyes y eliminar la esterilización forzada de las personas que quieran cambiar su género de forma legal.

En concreto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado francés por condicionar el reconocimiento legal de la identidad de género a la realización de una intervención quirúrgica o a un tratamiento esterilizador. Aunque recientemente Francia ha modificado su legislación en lo referente al reconocimiento legal de la identidad de género y ya no exige estos procedimientos, la sentencia supone un espaldarazo a los derechos trans en Europa.

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas transexuales a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, según un informe de Transgender Europe de noviembre de 2016, 21 estados europeos siguen haciéndolo. La mayoría del Este de Europa, pero también hay algunos occidentales, como Bélgica o Finlandia. Suecia, por ejemplo, no eliminó hasta 2013 este requisito y se comprometió a indemnizar a todas las personas trans que sufrieron esa tortura entre 1972 y 2013 con unos 25.000€. Francia dejó de esterilizar a las personas trans que querían ver reconocido su género de forma legal en octubre de 2016 (hace apenas medio año).  A principios de 2017 Ucrania fue otro de los países que revisó las leyes que afectan al colectivo trans y también eliminó la esterilización. Pero, de hecho, no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas.

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Situación de los derechos trans en Europa en 2013 según la ILGA

Hoy por hoy sólo hay cuatro países en Europa (Noruega, Irlanda, Malta y Dinamarca) que tienen leyes a nivel estatal que basan los derechos de las personas trans (y su identidad legal) en el derecho de autodeterminación y no en requerimientos médicos. En España el PSOE presentó hace unos meses una propuesta para actualizar la Ley Trans que se aprobó hace una década y acercarla más a algunas de las leyes autonómicas (como la de Valencia, aprobada hace unos días) eliminando el requerimiento de un diagnóstico de disforia de género (término que la propia OMS ha sustituido por el de “incongruencia de género“) para poder acceder a los cambios en el registro civil.

Esta decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos surge de tres casos diferentes presentados contra Francia en 2012 y en 2013. En el caso francés, hasta muy recientemente no existía una legislación específica que regulase la modificación registral sin necesidad de someterse a cirugía: La decisión debía pasar forzosamente por las manos de los jueces, que de forma generalizada exigían este requisito. No fue hasta finales de 2016 que la Asamblea Nacional francesa aprobó una ley al respecto, que aunque sigue manteniendo la tutela judicial sobre la decisión de ver reconocida la identidad de género al menos eliminaba expresamente la necesidad de someterse a tratamiento previo.

Ahora, tras haber analizado de forma conjunta la demanda de tres mujeres transexuales francesas que en su momento acudieron por separado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el alto tribunal considera que la exigencia de someterse a este tipo de procedimiento viola el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que reconoce el derecho al respeto a la vida privada y familiar. Puedes descargar el comunicado de prensa que da los detalles de la sentencia aquí (en inglés). La sentencia íntegra la puedes descargar aquí (en francés).

julia-ehrtJulia Ehrt, directora de Transgender Europe

Aunque la sentencia no reconoce todas y cada una de las peticiones de las demandantes francesas (por ejemplo, no condena a Francia por exigir la necesidad de un examen médico y psicológico previo, considerando que ello entra dentro de la capacidad discrecional de los estados) supone sin duda un enorme paso adelante para el reconocimiento global de los derechos trans. Y así ha sido celebrada por Transgender Europe, que la ha considerado “una victoria de las personas trans y de los derechos humanos en Europa”. Su directora ejecutiva, Julia Ehrt, ha hecho también un llamamiento a que la veintena de estados europeos que aún exigen este requisito para reconocer legalmente la identidad de género modifiquen cuanto antes sus legislaciones.

Julia Ehrt, la Directora Ejecutiva de Transgender Europe (una de las organizaciones que más ha luchado las esterilizaciones forzosas) ha explicado que esos tres casos mostraban cómo Francia (y los otros 21 países) quebrantaban los artículos 3, 8 y 14 de la Convención Europea de los Derechos Humanos que hacen referencia a la prohibición de la tortura, el derecho al respeto de la vida privada y familiar y la prohibición de la discriminación. “El día de hoy es una victoria para las personas trans y los derechos humanos en Europa. Esta decisión pone fin al oscuro capítulo de la esterilización por mandato del estado en Europa. Los 22 países en los que la esterilización sigue siendo obligatoria tendrán que eliminar esta práctica, y nosotros estamos deseando apoyar a esos y otros países en la reforma de sus legislaciones“, ha explicado Ehrt

Jessica Stern, Directora Ejecutiva de la OutRight Action International ha dicho que la sentencia es un “paso en la dirección correcta” para garantizar los derechos de las personas trans en todo el mundo, porque la decisión del tribunal europeo ha “subido el listón“.

La organización LGTBfóbica Alliance Defending Freedom participó en el proceso reclamando el derecho de los países a decidir sobre las personas trans en su territorio y argumentando que el Tribunal De DD.HH. Europeo no debía tener en cuenta los Principios de Yogyakarta. Jessica Stern, de OutRight Action International, explica que este grupo “se mofa de la palabra libertad cuando anteponen sus dogmas religiosos a los derechos de los individuos a ser legalmente reconocidos.” ¿Os recuerda a alguien? Pues eso.

Los grupos humanitarios instan a todos los países a abandonar legislaciones que consideran arcaicas y perjudiciales para las personas trans y adoptar las legislaciones más avanzadas que garanticen los derechos del colectivo. De hecho, aunque el activismo trans ha visto esta sentencia con muy buenos ojos, se lamentan de que no se haya dado un paso más y se haya eliminado el requisito de informes médicos y psicológicos para que prevalezca el derecho de autodeterminación.

Fuente: Pink News, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

 

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El Gobierno de Suecia indemnizará a personas transexuales que fueron esterilizadas a la fuerza

Sábado, 30 de abril de 2016

Gabriel_WilkstromGabriel Wikström, ministro de Salud Pública de Suecia

Hasta 2013, la ley sueca establecía que las personas que querían cambiar su sexo legal tenían que “carecer de la capacidad para procrear”.

Cientos de personas trans se vieron obligadas a someterse a cirugía de esterilización a causa de esta ley.

El ministro de Salud Pública del país escandinavo, Gabriel Wikström, ha confirmado que el Gobierno sueco pagará una indemnización a las personas trans que fueron víctimas de la esterilización forzada.

Más de 160 víctimas de esta ley, que fue revocada en 2013, presentaron una demanda contra el gobierno por esta práctica y, después de una larga batalla política que ha durado años, el gobierno de Suecia ha confirmado que resolverá el caso pagando una indemnización.

En un comunicado, el ministro de Salud Pública confirmó que el Gobierno desarrollará la legislación con el fin de permitir la compensación a pagar: “Hasta 2013, era un requisito para someterse a la esterilización de cambio de sexo. Era una expresión de una visión del mundo que hoy pensamos que está mal y a la que renunciamos. El gobierno, por tanto, va a introducir un proyecto de ley, lo que significa que los afectados por la ley anterior podrán solicitar una compensación por parte del Estado”, declaró Wikström. “El objetivo es que la ley entre en vigor en julio de 2018“, aclaró.

Kerstin Burman, de la Federación Sueca por los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y Queer, dijo que las “reparaciones monetarias no pueden compensar completamente las violaciones de esterilización forzada, pero una reparación financiera iniciada por el gobierno es un reconocimiento oficial de que estas acciones eran malas y que el Estado no debería haber tratado a sus ciudadanos de esta manera”. “Que el gobierno haya optado por tomar la responsabilidad política de las esterilizaciones forzadas es muy positivo. Ahora estamos esperando que el nivel de la compensación sea adecuado y justo”, matizó.

Según Burman, la estimación de esta compensación estaría alrededor de las 300.000 coronas suecas (alrededor de 32.000 €) por persona. “Si el gobierno propone una cantidad significativamente menor, a continuación volveremos a los tribunales”, precisó.

Fuente Agencias

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Mujeres con VIH son esterilizadas en su contra en Uganda

Jueves, 25 de febrero de 2016

índiceLogotipo de ICWEA

Una encuesta revela que en los hospitales de Uganda se esteriliza a mujeres portadoras de VIH sin su consentimiento.

La ICWEA, International Community of Women living with HIV Eastern Africa (Comunidad Internacional de Mujeres que Viven con VIH en África Oriental) ha realizado una encuesta con el propósito de mejorar los derechos de la salud sexual y reproductiva de un millón de personas seropositivas de cinco países de Asia y África. Entre sus conclusiones revelan que en Uganda, donde se entrevistaron a 744 mujeres, se reportaron hasta 72 esterilizaciones de mujeres, de entre las que al menos 20 de ellas habían sido obligadas a someterse a una operación irreversible de esterilización sin su consentimiento. Otras asociaciones denuncian que habrían encontrado hasta 50 casos similares en Kenia.

Algunas de estas mujeres ni siquiera habrían tenían conocimiento de que les habían realizado tal operación puesto que se les ha realizado durante el parto, mientras se les practica una cesárea. Según Dorothy Namutamba, de ICWEA, se utilizan diferentes medios para conseguir realizar estas operaciones. En algunos casos el personal sanitario no explica correctamente sobre el procedimiento, llegando algunas de ellas a descubrir que su nuevo estado ante la imposibilidad de volver a quedar embarazadas y acudir al hospital. En otros casos se utiliza la desinformación, al omitir que el procedimiento podría ser reversible o incluso, en los casos en los que obtienen el consentimiento, las convencen al aconsejarles que es la mejor opción para ellas.

El traumatismo social, la pérdida de la identidad femenina, el abandono de sus cónyuges o la violencia de género, debida a su incapacidad para concebir nuevos hijos, son algunas de las consecuencias de esta esterilización involuntaria. Lilian Mworeko, directora de ICWEA, considera que es necesaria una investigación más profunda para determinar el origen de esta coacción a las mujeres, que no necesariamente se limita exclusivamente a las que son seropositivas, sino que parece ser una práctica generalizada con el apoyo de algunas organizaciones. «Debemos avanzar con la ciencia, con la evidencia», afirma Mworeko, convencida de que los trabajadores sociales identifican que cuando una mujer es VIH positivo, la solución es impedir que vuelva a quedarse embarazada, cuando los avances científicos confirman que los hijos de las madres infectadas no necesariamente son portadores del virus.

Entre el personal sanitario entrevistado unos afirman que la esterilización sólo se realiza con el consentimiento de la mujer o su pareja, pero que en ocasiones cambian de opinión después de que se ha realizado la operación; mientras que otros admiten que se trata de una violación grave de los derechos de salud reproductiva de la madre.

Fuente Universo Gay

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Dinamarca, primer país de Europa que elimina la necesidad de un diagnóstico clínico previo a la modificación registral del sexo

Viernes, 20 de junio de 2014

TransexualidadDinamarca se convirtió hace una semana en el primer país europeo en incorporar de forma efectiva a su legislación la despatologización de la transexualidad, al aprobar una ley que elimina el requisito de contar con un diagnóstico clínico para proceder a la modificación de los datos registrales. La norma, que entrará en vigor el 1 de septiembre, permitirá a todas las personas mayores de 18 años modificar su sexo en documentos oficiales simplemente tras un periodo de 6 meses de “reflexión” desde que se solicita el trámite hasta que se confirma.

Hasta ahora, Dinamarca pertenecía al numeroso grupo de países europeos cuya legislación exige todavía la esterilización quirúrgica para proceder a la modificación de los datos registrales. Ahora este requisito desaparece, como ya sucediera en la vecina Suecia a finales de 2012 (por mandato judicial) o en Holanda a finales de 2013. Pero la norma va más allá incluso de suprimir la exigencia de cualquier operación quirúrgica de reasignación, al eliminar también la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género”. En este sentido, Dinamarca se coloca también por delante de países como España, que aunque dio un paso de gigante en 2007, todavía mantiene ese requisito y exige (aunque con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal previo.

La nueva legislación danesa está en línea con las recomendaciones internacionales más actuales, como las de la Organización Mundial de la Salud, o con la que posiblemente se puede considerar la legislación más avanzada en materia de identidad de género, la aprobada en 2012 por Argentina, que también permite la rectificación registral sin obligación de acreditar intervención quirúrgica alguna ni terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico.

“Como en 1989, cuando se convirtió en el primer país de mundo en legalizar las uniones entre personas del mismo sexo, hoy Dinamarca lidera otro importante cambio en Europa. En lugar de mantener la tutela del estado sobre las vidas y los cuerpos de las personas, el Parlamento [danés] ha reconocido que estos derechos pertenecen al individuo”, ha declarado al respecto Gabi Calleja, copresidenta del Consejo Ejecutivo de ILGA-Europe.

Fuente Dosmanzanas

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