El tribunal superior de Hungría ha rechazado el intento de Viktor Orbán de implementar una prohibición retroactiva de que la identidad de género de las personas trans sea reconocida en documentos oficiales.

Lanzada el año pasado, la devastadora ley conocida como Sección 33 borra legalmente a las personas trans al obligarlas a usar nombres muertos y el género que se les asignó al nacer en todos los documentos de identidad.

De hecho proscribió el estatus legal de todas las personas transgénero, incluidas las que ya habían cambiado, pero el viernes (12 de marzo) la Corte Constitucional dictaminó que esta acción retroactiva era inconstitucional.

Significa que la Sección 33 no puede aplicarse a ninguna persona trans que haya cambiado legalmente de género antes de mayo de 2020, un proceso que puede llevar hasta una década en el país.

Cualquiera que comience su transición después de mayo de 2020 sigue sin poder obtener reconocimiento legal, pero Reuters  informa que los activistas se sienten alentados por la decisión y dijeron que se han presentado múltiples desafíos legales a raíz de ella.

La pequeña victoria se produce en medio de una avalancha de ataques contra la comunidad LGBT + húngara liderada por el partido nacionalista de derecha Fidesz de Orbán después de que se le concediera el poder absoluto debido a la pandemia.

Además de despojar a los transexuales, también ha limitado la adopción entre personas del mismo sexo y ha redefinido el matrimonio en la Constitución como la unión entre un hombre y una mujer.

La revisión de su ley para poner fin al reconocimiento legal de género se ordenó en noviembre después de que un tribunal del este de Hungría dictaminó que viola los derechos constitucionales a la dignidad humana y la vida privada.

“[El proyecto de ley] es particularmente abusivo a la luz del hecho de que muchas personas trans habían presentado su solicitud hace años”, argumentó la Sociedad Háttér, el principal grupo de derechos LGBT + de Hungría.

Mientras el grupo celebraba la última decisión judicial, el portavoz de Háttér, Tamas Dombos, advirtió que los nuevos procedimientos legales todavía están prohibidos por la ley de Orbán.

La The Háttér Society ahora está llevando a cabo un litigio para que la Corte Constitucional declare inconstitucional la Sección 33 en su totalidad, con la esperanza de revocarla a finales de este año.

Fuente Reuters

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El Partido Popular Europeo (PPE) ha abandonado el modelo de familia tradicional y «ha caído en los brazos de la ideología de género». Es lo que ha expresado en una carta Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría desde 2010 al frente de Fidesz. La formación, a la que el mandatario ha empujado a la extrema derecha, sigue vinculada al PPE, aunque su afiliación se encuentra parcialmente suspendida desde hace un año. Una situación que podría terminar si el Fidesz se desmarca de los populares y cambia de grupo político, como ha amagado con hacer. La Hungría de Orbán ha experimentado un auge del discurso de odio LGTBfobo, en el marco de graves agresiones a los principios básicos de la democracia liberal que han sido condenadas por la Unión Europea.

El pasado 3 de febrero, los populares europeos decidieron prolongar indefinidamente la suspensión de Fidesz. El partido húngaro, que bajo el mandato de Viktor Orbán ha transitado desde el centroderecha hasta la extrema derecha, estaba parcialmente suspendido parcialmente desde marzo de 2019. La medida se traduce en que los miembros de Fidesz no pueden participar en las asambleas del PPE ni postularse para sus cargos, aunque siguen formando parte del grupo popular en el Parlamento Europeo.

La prolongación de la suspensión ha provocado la reacción de Orbán. El primer ministro ha enviado un memorándum en el que ataca duramente lo que él percibe como tibieza ideológica de sus correligionarios. El líder de Fidesz pide un claro giro a la derecha y a los «valores cristianos» en varios asuntos, entre los que la equiparación de derechos de la comunidad LGTBI ocupa un lugar destacado.

En su carta, Orbán reclama un regreso del PPE a los valores «de inspiración cristiana» y en particular al «modelo cristiano de familia y el matrimonio de un hombre y una mujer». El primer ministro húngaro achaca la pérdida de poder de los populares europeos en los últimos años a una supuesta claudicación ante «teorías sociales socialistas e igualitarias». «Renunciamos al modelo de familia basado en el matrimonio de una mujer y un hombre y caímos en los brazos de la ideología de género», se lamenta Orbán.

La contundencia de la carta contra sus aún compañeros son un indicio de una posible salida del PPE, con la que el propio líder del Fidesz ha amagado varias veces. La formación, más cercana a la extrema derecha polaca de Ley y Justicia (PiS), podría unirse a ellos en el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). En materia LGTBI, ambos partidos defienden un discurso hostil muy similar.

Hungría, junto a Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTBI

Hungría fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Eran otros tiempos, lamentablemente. La derecha populista de Fidesz conseguía en 2010 un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución húngara para, entre otras medidas autoritarias, «proteger» al matrimonio que se celebra «entre un hombre y una mujer». El panorama político húngaro no ha cambiado desde entonces, o lo ha hecho a peor. En las últimas elecciones de abril de 2018, el Fidesz revalidó su aplastante mayoría, con casi el 50% de los votos, mientras que Jobbik, un partido abiertamente fascista, es la segunda formación del país, con casi el 20%. El primer ministro Orbán, en el pasado considerado un «paria» político, representa hoy en día uno de los referentes de la derecha europea gracias a sus duras posiciones en materia migratoria.

El discurso de Fidesz en materia LGTBI no es menos hostil. En mayo del año pasado, el presidente del Parlamento László Kövér equiparaba el «comportamiento de un pedófilo» con quienes reivindican el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, ya que en su opinión, «el niño es en ambos casos un objeto». El amparo político a estos discursos de odio animaba pocos meses después a la marca internacional de HazteOír a movilizarse contra una campaña pro-LGTB de Coca-Cola. La multinacional finalmente fue multada por violar la ley sobre publicidad que prohíbe la exhibición de contenidos que perjudiquen el desarrollo físico, mental, emocional o moral de niños o adolescentes.

Tanto Hungría como Polonia se han convertido en la punta de lanza contra los derechos LGTBI en Europa. Lo recogíamos ya en 2015, cuando ambos países bloquearon por este motivo una nueva normativa común sobre regímenes económicos matrimoniales en la Unión Europea. Y no ha sido la única vez: en diciembre del año 2018, se aliaron de nuevo para impedir la aprobación de un documento del Consejo de Ministros de la UE favorable a los derechos LGTB. Entonces, al menos, hubo por fin algo parecido a una respuesta contundente. Esperemos que no sea demasiado tarde: las ideas que representan Fidesz o Ley y Justicia (el partido gobernante en Polonia) ya son un modelo para muchas derechas europeas.

Fuente Dosmanzanas

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Viktor Orban, primer ministro de Hungría, se ha propuesto construir su propia fuerza política en toda la UE después de renunciar a la facción del Partido Popular Europeo por lo que él llama “locura LGBTQ”.

El primer ministro húngaro de extrema derecha anunció el miércoles (3 de marzo) que retiraba a su partido Fidesz del bloque conservador, que se preparaba para votar sobre su expulsión del grupo.

Orban dejó en claro que no se quedaría el tiempo suficiente para ser expulsado y se jactó de que construiría su propia alianza para rivalizar con el EPP. “Nuestra tarea es clara”, dijo en un comunicado. “Ahora, sin el PPE, debemos construir una derecha democrática europea que ofrezca un hogar a los ciudadanos europeos que no quieren inmigrantes, que no quieren multiculturalismo, que no han descendido a la locura LGBTQ, que defienden las tradiciones cristianas de Europa, que respetan el soberanía de las naciones, y que ven a sus naciones no como parte de su pasado, sino como parte de su futuro “.

El Partido Popular Europeo ha sido durante mucho tiempo el hogar de Fidesz y le había proporcionado a Viktor Orban vínculos cruciales, legitimidad y votos en el Parlamento Europeo. Pero las relaciones se han vuelto cada vez más tensas en los últimos años a medida que el partido gobernante de Hungría se desliza más hacia la derecha autoritaria en sus ataques contra la comunidad LGBT +.

Esto lo hizo aún más humillante para Orban cuando su eurodiputado y principal aliado anti-LGBT + Jozsef Szajer se vio obligado a renunciar recientemente después de ser atrapado en una fiesta de sexo gay.

El prolongado escándalo dejó a Fidesz con solo 12 eurodiputados en el PPE. Todos habían sido técnicamente suspendidos de la alianza desde 2019 debido a sus políticas sorprendentemente antiliberales, pero su exclusión estaba a punto de hacerse permanente luego de una votación dentro del partido sobre la suspensión de miembros errantes.

La medida señaló la brecha cada vez mayor entre el líder húngaro y la corriente principal de la UE, y Orban lo vio como un ataque directo.

Él arremetió contra los cambios en las reglas el martes (2 de marzo), describiéndolos como “claramente un movimiento hostil contra Fidesz y nuestros votantes. Limitar la capacidad de nuestros eurodiputados para llevar a cabo sus funciones como miembros electos del Parlamento Europeo priva a los votantes húngaros de sus derechos democráticos”, dijo al presidente del PPE, Manfred Weber.

Sin embargo, a pesar de su fanfarronería y bravuconería, fuentes del EPP dijeron a EURACTIV  que Viktor Orban aún no ha dado una notificación formal de su intención de irse, por lo que, por el momento, parece que Fidesz seguirá aferrándose hasta que pueda encontrar una mejor opción.

Hungría, junto a Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTBI

Hungría fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Eran otros tiempos, lamentablemente. La derecha populista de Fidesz conseguía en 2010 un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución húngara para, entre otras medidas autoritarias, «proteger» al matrimonio que se celebra «entre un hombre y una mujer». El panorama político húngaro no ha cambiado desde entonces, o lo ha hecho a peor. En las últimas elecciones de abril de 2018, el Fidesz revalidó su aplastante mayoría, con casi el 50% de los votos, mientras que Jobbik, un partido abiertamente fascista, es la segunda formación del país, con casi el 20%. El primer ministro Orbán, en el pasado considerado un «paria» político, representa hoy en día uno de los referentes de la derecha europea gracias a sus duras posiciones en materia migratoria.

El discurso de Fidesz en materia LGTBI no es menos hostil. En mayo del año pasado, el presidente del Parlamento László Kövér equiparaba el «comportamiento de un pedófilo» con quienes reivindican el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, ya que en su opinión, «el niño es en ambos casos un objeto». El amparo político a estos discursos de odio animaba pocos meses después a la marca internacional de HazteOír a movilizarse contra una campaña pro-LGTB de Coca-Cola. La multinacional finalmente fue multada por violar la ley sobre publicidad que prohíbe la exhibición de contenidos que perjudiquen el desarrollo físico, mental, emocional o moral de niños o adolescentes.

Tanto Hungría como Polonia se han convertido en la punta de lanza contra los derechos LGTBI en Europa. Lo recogíamos ya en 2015, cuando ambos países bloquearon por este motivo una nueva normativa común sobre regímenes económicos matrimoniales en la Unión Europea. Y no ha sido la única vez: en diciembre del año 2018, se aliaron de nuevo para impedir la aprobación de un documento del Consejo de Ministros de la UE favorable a los derechos LGTB. Entonces, al menos, hubo por fin algo parecido a una respuesta contundente. Esperemos que no sea demasiado tarde: las ideas que representan Fidesz o Ley y Justicia (el partido gobernante en Polonia) ya son un modelo para muchas derechas europeas.

En 2019, llegando al esperpento, Hungría se retiraba del concurso de canciones de Eurovisión “porque es demasiado gay”…

En mayo de 2020,Hungría prohibió a los gays donar sangre, mientras el Parlamento, ampliamente dominado por las fuerzas de derecha, culminó la villanía. Por 133 votos a favor y 59 en contra, aprobó una ley «ómnibus» que incluye la prohibición de que las personas trans e intersexuales puedan modificar legalmente el género que les fue asignado en el momento del nacimiento. La medida supone, posiblemente, el ataque más grave a los derechos LGTBI en un país de la Unión Europea desde la fundación de la que se supone es una alianza de estados de derecho. Antes, el presidente del Parlamento húngaro equiparaba las reivindicaciones LGTB a la pedofilia.

El pasado diciembre, los legisladores húngaro aprobaron una medida para prohibir efectivamente la adopción de parejas del mismo sexo, continuando una ola de acciones preocupantes anti-LGBT + en el país.

Y esto es lo que tenemos en España… Santiago Abascal de la mano de Orban, mientras Pablo Casado apoya a Orban  negándose a firmar con 13 partidos conservadores de la UE que pedían expulsar a Orbán por imponer una corona-dictadura en Hungría

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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El ultraconservador Viktor Orbán ha vuelto a imponerse en las elecciones parlamentarias que han tenido lugar este domingo en Hungría. Sin duda, una mala noticia para los ciudadanos LGTBI de ese país. Sin embargo, la jornada electoral nos deja una noticia prometedora: el referéndum homófobo y tránsfobo que Orbán había convocado con objeto de conseguir el refrendo público de sus medidas contra la población LGTBI y sacar pecho ante la Comisión Europea ha fracasado, al no haber obtenido el número mínimo de votos válidos.

Coincidiendo con las elecciones generales, el Gobierno de Orbán había promovido un referéndum para validar la legislación anti-LGTBI aprobada el año pasado por el Parlamento de Hungría. La ley, que prohíbe la difusión de contenidos positivos sobre diversidad afectivo-sexual y de género a menores, ha llevado a la Comisión Europea a emprender un procedimiento de infracción contra Hungría que todavía se encuentra en curso.

El referéndum se articulaba en torno a cuatro preguntas: «¿Apoya la enseñanza de la orientación sexual a menores de edad en las instituciones de educación pública sin el consentimiento de los padres?», «¿Apoya la promoción de las terapias de reasignación de sexo para niños menores de edad?», «¿Apoya la exposición de los niños menores de edad a contenidos sexualmente explícitos que puedan afectar su desarrollo?» y «¿Apoya que se difunda en medios contenido sobre cambio de sexo a menores?». Al margen de lo tramposo de las preguntas, su objeto no era otro que el de sacar músculo ante la Comisión Europea y vender que las recientes leyes anti-LGTBI cuentan con el respaldo masivo de la población húngara.

La convocatoria del referéndum había sido criticada por organizaciones de defensa de los derechos LGTBI, que sin embargo se mostraban esperanzadas por algunos datos que muestran que la retórica anti-LGTBI de Orbán no cuenta con el respaldo mayoritario de la población húngara. Desde ILGA-Europa, por ejemplo, se recordaba el pasado viernes el récord de asistentes al Orgullo de Budapest en julio pasado, cuando unas 35.000 personas marcharon por las calles de la capital húngara en favor de los derechos LGTBI. También recordaba que según una encuesta representativa encargada por Amnistía Internacional y la Sociedad Háttér y realizada por la agencia Medián entre el 13 y el 19 de julio de 2021, el 73% de los húngaros rechaza la idea, promovida por el Gobierno de Orbán, de que las personas LGTBI abusan o dañan a los niños. Una clara mayoría (74,5%) creía además que las personas transgénero deberían modificar su género y nombre en los documentos oficiales, mientras que el 59% apoyaba el matrimonio entre personas del mismo sexo.

De hecho, las organizaciones LGTBI húngaras se mostraban esperanzadas de que el referéndum fracasaría, al no ser capaz de alcanzar el mínimo del 50% de votos emitidos válidos. Para conseguir ese objetivo, llamaban no a votar no o a abstenerse, sino a invalidar su papeleta de voto en el referéndum. Así ha sido: para conseguir que el referéndum fuese válido, debían alcanzarse en torno a los 4,1 millones de votos válidos (el censo electoral asciende a algo más de 8,2 millones de personas). Sin embargo, al 96% del escrutinio, el número de votos válidos se encontraba en torno a los 3,4 millones, muy lejos del umbral necesario. 2,7 millones habían votado «no» a las 4 preguntas, mientras que el número de votos inválidos superaba el millón y medio.

Cabe precisar que el fracaso del referéndum no impide que la ley siga en vigor, pero sí que supone un cierto varapalo para la estrategia anti-LGTBI de Orbán y para su enfrentamiento, en esta materia, con la Comisión Europea.

Hungría: la avanzadilla europea de la LGTBIfobia de Estado

El Gobierno de Viktor Orbán comenzó una nueva escalada legislativa contra la comunidad LGTBI húngara aprovechando la pandemia del coronavirus. En marzo de 2020, tras asumir Orbán poderes extraordinarios, su número dos, Zsolt Semjén, presentaba un proyecto de ley que entre otras medidas incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrase en vigor la norma que durante ese tiempo sí que permitió a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a someterse a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. Finalmente, el 19 de mayo de 2020 la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba.

Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, promovió una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento», prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo e impone que la educación en las escuelas húngaras se inspire en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana». Además, la negación de la homoparentalidad recogida en la ley fundamental se completó con la aprobación de otra ley que limita la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta entonces se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgaría ya en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares.

Posteriormente, en junio de 2021, el Parlamento unicameral húngaro aprobó la ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores, y que era el que ahora Orbán pretendía refrendar públicamente. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluyó en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, corroborando su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. La ley afecta a ámbitos como la enseñanza escolar, que se ve sometida a censura, porque se prohíbe la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos, mientras que la educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, cerrando definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos. Pero también se ve concernida la propia libertad de expresión, pues se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Muestra de ello es la primera norma surgida en aplicación de la ley, un decreto aprobado en el mes de julio pasado, que ordena el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita». Se prohíbe la venta de estos libros, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.

Fuente Dosmanzanas

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Los principales partidos de la oposición al Gobierno húngaro se han unido en torno a la candidatura de Péter Márki-Zay, alcalde de una pequeña ciudad del sur del país, para intentar acabar con la hegemonía de Viktor Orbán en las elecciones del año que viene. Márki-Zay ha empezado a revelar sus planes si es elegido primer ministro, que pasan por «restablecer el imperio de la ley» frente a la erosión democrática propiciada por el Fidesz y sus socios. Entre los cambios que ha prometido afrontar se encuentran también la derogación de las leyes LGTBIfobas y la equiparación de derechos para las parejas del mismo sexo.

A finales de 2020, los seis principales partidos de la oposición en Hungría se pusieron de acuerdo para presentar listas conjuntas y un candidato a las elecciones generales previstas para abril o mayo del año próximo. Se trata de una unión de formaciones de ideologías diversas, que abarcan desde verdes y socialdemócratas hasta liberales y conservadores. Decidieron que el aspirante a primer ministro sería elegido mediante primarias a doble vuelta, que se celebraron en septiembre y octubre.

El vencedor del proceso fue Péter Márki-Zay, alcalde de la localidad de Hódmezővásárhely (44.000 habitantes), en el sudeste del país. Es un independiente que fundó en 2018 el Movimiento por una Hungría de Todos (Mindenki Magyarországa Mozgalom, MMM), de ideología conservadora y proeuropea. La semana pasada acudió a Bruselas para reunirse con dirigentes europeos y esbozó sus principales prioridades en una comparecencia pública.

Ante todo, Márki-Zay se comprometer a restaurar el Estado de derecho, seriamente comprometido en Hungría tras once años de Gobierno de Viktor Orbán. Para ello plantea la redacción de una nueva constitución que sustituya a la vigente desde 2012 y que, según sus detractores, está hecha a la medida del Fidesz, el partido de Orbán y sus socios. El aspirante a primer ministro asegura que persiguen «un cambio de régimen, no un cambio de Gobierno».

A pesar de declararse conservador y católico practicante, Márki-Zay ha reivindicado también en su intervención los derechos LGTBI, que han sufrido una serie de retrocesos sin parangón en la Unión Europea. En este sentido, ha prometido derogar la legislación LGTBIfoba aprobada por el Gobierno de Orbán y equiparar en derechos a las parejas del mismo sexo. El político pretende acabar con las campañas de odio a las minorías, mencionando explícitamente a la comunidad LGTBI junto a la gitana, la judía o personalidades como George Soros.

Hungría: la avanzadilla europea de la LGTBIfobia de Estado

El Gobierno de Viktor Orbán, al que se enfrentará Péter Márki-Zay en las urnas, comenzó una nueva escalada legislativa contra la comunidad LGTBI húngara el 30 de marzo del año pasado, cuando el primer ministro asumía poderes extraordinarios con la excusa de la crisis producida por la pandemia de coronavirus. Solo un día después, el vice primer ministro Zsolt Semjén presentaba un proyecto de ley que, entre otras medidas, incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que abría dicha modificación y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación.

Finalmente, el 19 de mayo la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba. Lo hacía por 133 votos a favor (los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra. Como ya alertábamos entonces, se trata, muy posiblemente, del mayor ataque lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, solo ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de la UE y de la propia institución comunitaria.

Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Tal vez envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, la ministra de Justicia Judit Varga presentaba el 10 de noviembre del año pasado una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento». Una formulación que se traduce en la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales, blindada ahora al máximo nivel normativo.

La modificación constitucional también incluye una ampliación del artículo sobre la familia, que desde 2012 prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora se añade la frase: «La madre es una mujer y el padre, un hombre». La finalidad, cerrar la puerta a cualquier reconocimiento de realidades familiares diferentes a la compuesta por un hombre y una mujer. Por último, la reforma de la ley fundamental impone que la educación en las escuelas húngaras debe inspirarse en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana», excluyendo por tanto los contenidos sobre diversidad afectivo-sexual.

Tras la aprobación por parte del Gobierno, la mayoría de dos tercios con la que cuentan el Fidesz y sus socios dio su visto bueno el pasado 15 de diciembre en el Parlamento al proyecto de reforma constitucional por 135 votos a favor, 45 en contra y cinco abstenciones. Además, la negación de la homoparentalidad recogida desde ahora en la ley fundamental se completó con la aprobación de un proyecto de ley para limitar la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta ahora se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgará en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares.

Posteriormente, el 15 de junio de 2021, el Parlamento unicameral húngaro aprobó un proyecto de ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluye en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, lo que corrobora su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. La ley afecta a ámbitos como la enseñanza escolar, que se ve sometida a censura, porque se prohíbe de nuevo la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos. La educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, lo que cierra definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos.

Pero también se ve concernida la propia libertad de expresión, pues se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Muestra de ello es la primera norma surgida en aplicación de la ley, un decreto aprobado en el mes de julio que ordena el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita». Se prohíbe la venta de estos libros, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.

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Safo, Verlaine, Rimbaud, Shakespeare, Virginia Woolf u Ovidio no podrán venderse cerca de las iglesias húngaras

El Gobierno de Viktor Orbán sostiene que la normativa forma parte de una ley más amplia que aumenta las penas por pedofilia y crea una base de datos de delincuentes sexuales, algo, sostiene, necesario para proteger a los niños

Desde principios de septiembre de 2020 se prohíbe exhibir y colocar en escaparates productos dirigidos a menores que presenten la sexualidad de una manera “arbitraria“, así como el cambio de sexo o la homosexualidad

Además, los libros con ese contenido deben ser exhibidos dentro de las librerías por separado y en un embalaje que los distinga

En Hungría, el Gobierno ha ordenado a las librerías que vendan sellados y envueltos los libros para menores con temática LGTBI. Así lo señala la legislación homófoba del país, que va aún más allá y prohíbe vender ejemplares que contengan pasajes sobre la homosexualidad o de cambio de sexo a menos de 200 de una escuela o una iglesia.

Estas nuevas restricciones están contempladas en un nuevo decreto que incluye una guía sobre la aplicación de la ley anti-LGTBI que fue aprobada en junio, y cuya redacción ha causado una enorme incertidumbre por su ambigüedad. El Gobierno de Viktor Orbán sostiene que la normativa forma parte de una ley más amplia que aumenta las penas por pedofilia y crea una base de datos de delincuentes sexuales, algo, sostiene, necesario para proteger a los niños.

Bajo esta ley, la venta de obras clásicas de la literatura como Orlando de Virginia Woolf, una novela que relata la vida de un noble inglés que se transforma en mujer, quedaría prohibida cerca de una escuela o una iglesia. Pero no es solo Virginia Wolf, tampoco pasan el corte otros clásicos que van desde poemas de Safo a Las metamorfosis de Ovidio, pasando por versos de los franceses Paul Verlaine y Arthur Rimbaud, hasta novelas del alemán Thomas Mann o dramas y sonetos del inglés William Shakespeare, entre muchísimos otros que también se verían vetados o censurados.

Exhibidos por separado

Desde principios de septiembre de 2020 se prohíbe exhibir y colocar en escaparates productos dirigidos a menores que presenten la sexualidad de una manera “arbitraria“, así como el cambio de sexo o la homosexualidad. Además, los libros con ese contenido deben ser exhibidos dentro de las librerías por separado y en un embalaje que los distinga. De hecho, en julio se impusieron el equivalente a unos 800 euros de multa a una filial de la mayor cadena de librerías del país, Lira Konyv, por no etiquetar claramente un libro para niños que representa a familias con padres del mismo sexo. El argumento era que se habían vulnerado las reglas de protección del consumidor al no indicar que el libro contenía “material que se desvía de la norma”.

“No queda claro qué significa prohibir la presentación arbitraria de la sexualidad y del cambio de sexo, ya que en base a estos criterios obras maestras de la literatura húngara y universal pueden ser prohibidas”, ha afirmado recientemente la Federación de Editoriales y Librerías (MKKE) en un comunicado.

Tamás Dombos, miembro de la directiva de la Sociedad Háttér, que defiende los derechos LGTB+, ha explicado que “el decreto no fue pensado”, y señala que el texto habla de publicaciones dirigidas a menores, pero no especifica qué pasaría con los libros destinados a mayores ni dónde está la diferencia. “No aclara los dilemas básicos que ya estaban presente en la ley, como qué significa propagar o presentar estos temas”, prosigue el activista tachando el decreto de “ridículo“, y difícil de poner en la práctica.

Dombos subraya que justo ese carácter ambiguo de la ley es lo que la hace peligrosa, ya que “podría haber una interpretación muy restrictiva, que hasta podría llegar a prohibir” ciertas publicaciones y libros.

Protestas

En junio cuando aprobaron la ley ya se produjeron protestas y al mes siguiente la Comisión Europea abrió un procedimiento contra Hungría por discriminar al colectivo LGTB+. Al mismo tiempo, en el país varias organizaciones adelantaron que desobedecerán la norma.

La revista Elle publicó en el número del mes de agosto tres portadas diferentes, con una pareja cada una, una gay, una lesbiana y una heterosexual, bajo el lema de “One Love” (Un amor).

La editora jefe de Elle, Katalin Gál, explicó al diario digital 168ora que las portadas no son escandalosas sino la ley, y que ni por un momento pensaron en no publicarlas. Gál cree que el objetivo de la ley es “forzar la autocensura”.

Una petición contra “la ley homófoba creada según el modelo ruso” ha recogido más de 130.000 firmas, mientras que empresas mediáticas como el grupo alemán RTL o el estadounidense HBO han protestado contra la legislación.

Hungría a favor de la igualdad

A pesar de las políticas del primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, varias encuestas publicadas en los últimos dos meses apuntan a que la mayoría de los húngaros están a favor de la plena igualdad en derechos de las personas LGTB+.

Según datos de una encuesta reciente, el matrimonio de personas del mismo sexo es respaldado por el 59 % de los húngaros, frente al 33 % de 2019.

Y una abrumadora mayoría del 83 % no cree en la afirmación de que alguien puede convertirse en homosexual tras oír hablar sobre orientación sexual en la escuela.

Fuente Agencias

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 La policía de Bruselas interrumpió una fiesta en el centro de Bruselas durante la noche del viernes al sábado, en la que, según el medio belga NHL, estaba el ya ex eurodiputado de Fidesz Jozsef Szajer, quien intentó fugarse por el tejado antes de alegar inmunidad parlamentaria

Un eurodiputado del partido de Viktor Orbán, el primer ministro ultranacionalista húngaro que está bloqueando el fondo de recuperación europeo de 750.000 millones, ha sido cazado en una orgía saltándose todas las restricciones por la pandemia de la COVID-19 en Bruselas. Fue en la noche del viernes al sábado, y el nombre del eurodiputado es Jozsef Szajer (Fidesz/PPE), quien dimitió el domingo alegando “fatiga“. La fiesta sexual tuvo lugar en el primer piso de un edificio, encima de un café en el centro de Bruselas. Las 25 personas presentes, principalmente hombres, fueron todas multadas, según adelantaron medios belgas.

“Los medios belgas han informado sobre una fiesta privada en Bruselas el viernes. Yo estaba presente”, explica Szajer, ex vicepresidente de los populares europeos en la Eurocámara en un comunicado: “Después de que la policía me preguntara por mi identidad, ya que no tenía identificación, declaré que era diputado al Parlamento Europeo. La policía continuó el proceso y finalmente emitió una advertencia verbal oficial y me condujo a casa”.

“No tomé drogas”, asegura el ya ex eurodiputado húngaro: “Me ofrecí a la policía para hacer una prueba, pero no lo hicieron. Según la policía, encontraron píldoras de éxtasis, pero no eran mías, no tengo conocimiento de quién y cómo las llevaron. Lamento profundamente haber violado las restricciones de la COVID, fue una irresponsabilidad de mi parte. Estoy dispuesto a pagar lo que corresponda. Con mi renuncia el domingo asumí las consecuencias políticas y personales”. Eso sí, cuando dimitió el domingo alegó “fatiga”, no dijo nada de la fiesta.

Szajer concluye: “Pido disculpas a mi familia, a mis colegas, a mis votantes. Les pido que evalúen mi error en el contexto de 30 años de trabajo arduo y dedicado. El paso en falso es estrictamente personal, yo soy el único responsable de él. Les pido a todos que no lo extiendan a mi patria, ni a mi comunidad política”.

De acuerdo con NHL, en la fiesta también estuvieron presentes “varios diplomáticos” y el eurodiputado, quien “supuestamente intentó huir por la canaleta del techo, pero la policía lo pudo atrapar”. Los agentes también encontraron drogas en el lugar, según el mismo medio.

El eurodiputado Szajer es uno de los miembros fundadores de Fidesz, el partido ultranacionalista de derechas del primer ministro húngaro. Szajer fue líder del partido en el Parlamento húngaro de 1994 a 2002. Luego pasó al Parlamento Europeo, de donde dimitió este domingo, cuando comunicó su marcha al presidente de la Eurocámara, David Sassoli.

Fidesz se opone abiertamente a la igualdad de derechos para las personas LGTB, y el Gobierno húngaro hizo imposible en mayo trasponer los cambios de género en los documentos oficiales. Al mismo tiempo, busca prohibir la adopción para parejas homosexuales.

El propio Szajer, según medios húngaros, “no solo es un aliado cercano del primer ministro Orbán, él personalmente reescribió la constitución de Hungría para incluir la siguiente línea: ‘Hungría protegerá la institución del matrimonio como unión de un hombre y una mujer”.

Fuente Agencias

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Ministra de Justicia húngara, Judit Varga,

Hungría tiene previsto recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para defender su controvertida ley contra la comunidad LGBTQ+.

La Ley de Protección de la Infancia del país, aprobada con un solo voto en contra en junio de 2021, prohíbe hablar de las personas LGBTQ+ en las escuelas y en los medios de comunicación.

La Comisión Europea emprendió acciones legales llevando a Hungría ante el tribunal en julio de 2022, alegando que la ley “discrimina a las personas por su orientación sexual e identidad de género”.

En aquel momento, la Comisión declaró que la ley “señala y persigue los contenidos que ‘promueven o retratan’ lo que denomina ‘divergencia de la identidad propia correspondiente al sexo de nacimiento, cambio de sexo u homosexualidad’ para menores de 18 años”.

En un mensaje publicado en Facebook el miércoles (8 de marzo), la ministra de Justicia húngara, Judit Varga, dijo que había presentado una contrademanda ante el tribunal. “Hungría no se rendirá”, dijo. “Seguimos manteniendo nuestra convicción y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de que la educación es competencia nacional y que los padres tienen derecho a decidir sobre la educación de sus hijos“.

Varga afirmó que se habían producido “casos que han salido a la luz en las últimas semanas” que mostraban “claramente” la necesidad de una ley de protección de la infancia “así como de nuevas medidas”.

El gobierno húngaro ha declarado anteriormente que la ley tiene por objeto proteger a los niños, no a la comunidad LGBTQ+.

En un discurso pronunciado el mes pasado, según informó Reuters, el Primer Ministro Viktor Orbán defendió la legislación, afirmando que “la propaganda de género no es sólo… cháchara de arco iris, sino la mayor amenaza que acecha a nuestros hijos”. Y continuó: “Queremos que dejen en paz a nuestros hijos… este tipo de cosas no tienen cabida en Hungría, y menos en nuestras escuelas”.

Condena casi universal de la ley anti-LGBTQ+ húngara

Mientras la Comisión Europea emprende acciones legales, otras instancias también se han pronunciado enérgicamente contra la legislación.

Poco después de aprobarse la ley, el Primer Ministro holandés, Mark Rutte, dijo que Hungría debía ser expulsada de la UE si no daba marcha atrás.

Al mismo tiempo, Rutte, junto con los líderes de otros 16 países de la UE, firmó una carta en la que afirmaba que los líderes “seguirán luchando contra la discriminación hacia la comunidad LGBT+”.

Aunque la carta no nombraba explícitamente a Hungría, estaba escrita “a la luz de las amenazas contra los derechos fundamentales y, en particular, contra el principio de no discriminación por motivos de orientación sexual“.

En diciembre de 2021, la Comisión de Venecia, que asesora al Consejo de Europa, un grupo de derechos humanos, en asuntos de derecho constitucional, decretó que la ley contribuía a crear un “entorno amenazador” para los niños LGBT+ y “sólo deja espacio para una enseñanza unilateral y sesgada, abriendo las puertas a la estigmatización y discriminación de las personas LGBTQI”.

La Comisión de Venecia también afirmó que la amplia aplicación y ambigüedad de la ley implicaba que podía violar otros derechos humanos.

Hungría: la avanzadilla europea de la LGTBIfobia de Estado

El Gobierno de Viktor Orbán comenzó una nueva escalada legislativa contra la comunidad LGTBI húngara aprovechando la pandemia del coronavirus. En marzo de 2020, tras asumir Orbán poderes extraordinarios, su número dos, Zsolt Semjén, presentaba un proyecto de ley que entre otras medidas incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrase en vigor la norma que durante ese tiempo sí que permitió a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a someterse a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. Finalmente, el 19 de mayo de 2020 la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba.

Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, promovió una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento», prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo e impone que la educación en las escuelas húngaras se inspire en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana». Además, la negación de la homoparentalidad recogida en la ley fundamental se completó con la aprobación de otra ley que limita la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta entonces se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgaría ya en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares.

Posteriormente, en junio de 2021, el Parlamento unicameral húngaro aprobó la ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores, y que era el que ahora Orbán pretendía refrendar públicamente. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluyó en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, corroborando su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. La ley afecta a ámbitos como la enseñanza escolar, que se ve sometida a censura, porque se prohíbe la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos, mientras que la educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, cerrando definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos. Pero también se ve concernida la propia libertad de expresión, pues se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Muestra de ello es la primera norma surgida en aplicación de la ley, un decreto aprobado en el mes de julio pasado, que ordena el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita». Se prohíbe la venta de estos libros, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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La Comisión Europea ha anunciado hoy (15 de julio)  su decisión de demandar al Estado húngaro ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por aprobar una legislación que discrimina a las personas por su orientación sexual e identidad de género. La Comisión considera que la ley «viola las normas del mercado interior, los derechos fundamentales de las personas (en particular, las personas LGBTIQ) y, en relación con esos derechos fundamentales, los valores de la Unión Europea».

Los antecedentes

En junio de 2021 el Parlamento húngaro aprobaba un proyecto de ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores. El texto, una versión a la húngara de la conocida ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluía en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, acentuando aún más su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. El texto modificó varios artículos de las leyes sobre protección de menores, derecho de familia, educación y regulación de medios y publicidad. Así, por ejemplo, quedó prohibida la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Una muestra de ello fue la primera norma surgida de la aplicación de la ley, un decreto aprobado el pasado verano que ordenaba el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita», y que prohibía su venta, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.

La enseñanza escolar también se ve sometida a censura, porque se prohíbe de nuevo la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género al alumnado. La educación sexual, en cualquier caso, ya solo puede ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, cerrando la puerta por ejemplo a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos. En el terreno de los medios, la medida supone la remisión a la franja horaria del late night de cualquier serie o película que incluya alguna alusión o representación de personas LGTBI.

La respuesta de la Comisión Europea

A nivel europeo, como suele ocurrir en estos casos, la respuesta política inicial fue prudente, por no decir tibia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se declaró «muy preocupada por la nueva ley en Hungría» y aseguró que se comprobaría si la norma vulneraba la legislación comunitaria. «Creo en una Europa que acoge la diversidad, no en una que la esconde a nuestros hijos. Nadie debería ser discriminado por su orientación sexual», añadía en un tuit. Más contundente fue la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, que amenazó a Hungría con un recorte de los fondos europeos.

Sin embargo, también como suele suceder, la maquinaria europea, aunque pesada, acaba por entrar en funcionamiento y dar sus frutos. La decisión anunciada este viernes de llevar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la justicia europea constituye, de hecho, el último de una serie de pasos iniciados por la Comisión Europea con un procedimiento de infracción abierto el 15 de julio de 2021. En aquel momento, se emplazó a Hungría a despejar las preocupaciones de la Comisión en relación con la igualdad y la protección de los derechos de las personas LGTBIQ en ese país. Un año después, dado que Hungría no ha resuelto las incompatibilidad entre la ley y el derecho comunitario y agotados los pasos intermedios, la Comisión acude a al alto tribunal europeo.

Según la Comisión Europea, la ley húngara contiene disposiciones que no están justificadas sobre la base de la promoción del interés fundamental de «proteger a los niños» o son desproporcionadas para lograr el objetivo declarado. En concreto, la Comisión considera las restricciones que impone la ley incompatibles con la directiva de servicios de medios audiovisuales, la directiva de comercio electrónico, el tratado de libre prestación de servicios y la directiva de servicios, así como con el derecho a la protección de datos y la directiva sobre la transparencia del mercado único.

Asimismo considera que a legislación húngara viola de manera sistemática varios derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en concreto la inviolabilidad de la dignidad humana, el derecho a la libertad de expresión e información, el derecho a la vida privada y familiar, así como el derecho a la no discriminación. «Debido a la gravedad de estas violaciones, las disposiciones impugnadas violan también los valores comunes establecidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.

Una legislación que no logró el aval de los ciudadanos en referéndum

Cabe señalar que la legislación por la que la Comisión Europea lleva a Hungría ante el TJUE fue sometida a referéndum por el Gobierno de ese país coincidiendo con las elecciones celebradas en abril. El resultado del referéndum no era vinculante y no implicaba ningún cambio legal sobre una ley ya vigente: se trataba, simplemente, de utilizar la LGTBIfobia de buena parte de los votantes del ultraconservador Viktor Orbán como una herramienta más de movilización.

La maniobra, en este caso, no le salió bien a Orbán. Las organizaciones LGTBI húngaras llamaron a la ciudadanía a emitir su voto en el referéndum pero invalidando la papeleta, impidiendo así que se alcanzase el mínimo del 50% de votos emitidos válidos para a su vez considerar válido el resultado (fuese el que fuese). Debían alcanzarse, en concreto, en torno a los 4,1 millones de votos válidos (el censo electoral húngaro asciende a algo más de 8,2 millones de personas). Sin embargo, el número de votos válidos rondó los 3,9 millones, mientras que el número de votos inválidos superó la cifra de los 1,7 millones. Una derrota simbólica que no impidió que la ley siga en vigor, pero sí que supuso un cierto varapalo para la estrategia anti-LGTBI de Orbán y para su enfrentamiento con la Comisión Europea.

Fuente Dosmanzanas

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La candidata Zita Pincehelyi es una conocida integrante del MKKP (Partido Húngaro del Perro de Dos Colas), una formación que trata de denunciar la corrupción del poder con el humor y el absurdo como armas. Pincehelyi se manifiesta habitualmente en apoyo de la comunidad LGTBI, víctima de la represión del gobierno húngaro, que este mismo año ha aprobado una ley contra la «propaganda homosexual» que prohíbe cualquier información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores. Una ley que ya ha fraguado en normativas como la que restringe la venta de libros que traten sobre la homosexualidad o la identidad de género.

La detención de Zita Pincehelyi se basa en la sospecha de que aprovechara una campaña gubernamental del pasado mes de julio, que promovía la participación de los ciudadanos en encuestas y sondeos oficiales, para mostrar su apoyo al colectivo LGTBI. Según la policía, la activista colocó pegatinas en forma de corazón o de arcoíris sobre los carteles gubernamentales que contenían mensajes como «la vida es bella», «no estás solo» o «rellena la encuesta del amor». Sin embargo, en el registro que practicaron en su domicilio no encontraron prueba alguna que sustentara sus sospechas. A pesar de ello, la candidata del MKKP pasó toda la mañana del miércoles 20 detenida en la comisaría de Pécs.

La oposición política ha expresado su rechazo a una detención que se ha producido meses después de los hechos sujeto de investigación y por la inacción policial frente a los ataques de la extrema derecha. El propio alcalde de Pécs, Attila Péterffy, denunciaba que el grupo ultraderechista Mi Hazánk (Nuestra Patria) había pegado carteles en el centro de la ciudad con el siguiente mensaje: «LMBTQ+ – ATEÍSMO – MARXISMO – LIBERALISMO – FEMINISMO – GÉNERO – ¡DESTRUYE AL MONSTRUO!» (la M corresponde a Melegek, homosexual en húngaro). A pesar de la evidente incitación a la violencia contra minorías sexuales y rivales políticos, la policía no inició ninguna investigación porque consideró que ese texto no era lo suficientemente específico como para constituir una incitación y que no perturbaba la paz y el orden.

Hungría: la avanzadilla europea de la LGTBIfobia de Estado

La actual escalada legislativa contra la comunidad LGTBI en Hungría comenzó el 30 de marzo del año pasado, cuando el primer ministro Viktor Orbán asumía poderes extraordinarios con la excusa de la crisis producida por la pandemia de coronavirus. Solo un día después, el vice primer ministro Zsolt Semjén presentaba un proyecto de ley que, entre otras medidas, incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que abría dicha modificación y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación.

Finalmente, el 19 de mayo la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba. Lo hacía por 133 votos a favor (los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra. Como ya alertábamos entonces, se trata, muy posiblemente, del mayor ataque lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, solo ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de la UE y de la propia institución comunitaria.

Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Tal vez envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, la ministra de Justicia Judit Varga presentaba el pasado 10 de noviembre una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento». Una formulación que se traduce en la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales, blindada ahora al máximo nivel normativo.

La modificación constitucional también incluye una ampliación del artículo sobre la familia, que desde 2012 prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora se añade la frase: «La madre es una mujer y el padre, un hombre». La finalidad, cerrar la puerta a cualquier reconocimiento de realidades familiares diferentes a la compuesta por un hombre y una mujer. Por último, la reforma de la ley fundamental impone que la educación en las escuelas húngaras debe inspirarse en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana», excluyendo por tanto los contenidos sobre diversidad afectivo-sexual.

Tras la aprobación por parte del Gobierno, la mayoría de dos tercios con la que cuentan el Fidesz y sus socios dio su visto bueno el pasado 15 de diciembre en el Parlamento al proyecto de reforma constitucional por 135 votos a favor, 45 en contra y cinco abstenciones. Además, la negación de la homoparentalidad recogida desde ahora en la ley fundamental se completó con la aprobación de un proyecto de ley para limitar la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta ahora se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgará en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares.

Posteriormente, el 15 de junio de 2021, el Parlamento unicameral húngaro aprobó un proyecto de ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluye en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, lo que corrobora su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. La ley afecta a ámbitos como la enseñanza escolar, que se ve sometida a censura, porque se prohíbe de nuevo la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos. La educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, lo que cierra definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos.

Pero también se ve concernida la propia libertad de expresión, pues se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Muestra de ello es la primera norma surgida en aplicación de la ley, un decreto aprobado en el mes de julio que ordena el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita». Se prohíbe la venta de estos libros, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.

Fuente Dosmanzanas

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La gente marcha a través del Szabadsag, o Puente de la Libertad sobre el río Danubio en el centro de Budapest durante un desfile del orgullo gay en Budapest, Hungría, el sábado 24 de julio de 2021. (AP Photo / Anna Szilagyi)

BUDAPEST, Hungría (AP) – El enojo creciente por las políticas del gobierno de derecha de Hungría llenó las calles de la capital del país el sábado mientras miles de simpatizantes LGBT marchaban en el desfile anual del Orgullo de Budapest.

Los organizadores de marzo esperaban una multitud récord en el evento y pidieron a los participantes que expresaran su oposición a los pasos recientes del gobierno del primer ministro populista Viktor Orban que, según los críticos, estigmatizan a las minorías sexuales en el país de Europa Central.

El portavoz del Orgullo de Budapest, Jojo Majercsik, dijo que la marcha de este año no es solo una celebración y un recuerdo de las luchas históricas del movimiento LGBT, sino una protesta contra las políticas actuales de Orban dirigidas a personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero y queer.

“Muchas personas LGBTQ tienen miedo y ya no sienten que tienen un lugar o un futuro en este país“, dijo Majercsik a The Associated Press.

La marcha se produjo después de que una controvertida ley aprobada por el parlamento de Hungría en junio prohibiera la exhibición de contenido a menores que describa la homosexualidad o el cambio de género. Las medidas se adjuntaron a un proyecto de ley que permitía sanciones más severas para los pedófilos.

El gobierno de Hungría dice que sus políticas buscan proteger a los niños. Pero los críticos de la legislación la comparan con la ley de propaganda gay de Rusia de 2013 y dicen que combina la homosexualidad con la pedofilia como parte de una táctica de campaña para movilizar a los votantes conservadores antes de las elecciones de la próxima primavera.

La legislación fue recibida con una feroz oposición por parte de muchos políticos de la Unión Europea, de la que Hungría es miembro. La Comisión Ejecutiva del bloque de 27 naciones inició dos procedimientos legales separados contra el gobierno de Hungría la semana pasada por lo que llamó infracciones de los derechos LGBT.

La marcha del sábado atravesó el centro de Budapest y cruzó el río Danubio en una de las estructuras icónicas que conectan las dos mitades de la ciudad: el Puente de la Libertad.

Mira Nagy, una asistente del Orgullo de 16 años y miembro de la comunidad LGBT de Hungría, dijo que la marcha del Orgullo de este año tiene un significado especial.  “Este año es mucho más significativo, porque ahora hay mucho en juego”, dijo. “Nuestra situación es bastante mala. Mi plan es que si las cosas empeoran, me iré de Hungría”.

La ley también requiere que solo las organizaciones cívicas aprobadas por el gobierno puedan brindar educación sexual en las escuelas y limita la disponibilidad de contenido de medios y literatura para menores que discutan la orientación sexual.

La manifestante del orgullo, Anasztazia Orosz, dijo que eso impediría que los jóvenes accedan a información importante y a la validación de su propia orientación sexual. “Fue realmente difícil para mí salir del armario, y lo único que lo hizo más fácil fue que encontré un libro de historias sobre temas LGBT”, dijo Orosz. “Así fue como aprendí que lo que siento es algo real, que no soy diferente “.

El miércoles, Orban anunció que el gobierno celebraría un referéndum nacional sobre la “protección de los niños” en una batalla creciente con la UE sobre los derechos LGBT+.para demostrar el apoyo público a la ley. La encuesta preguntará a los húngaros si los niños deben ser introducidos a temas de orientación sexual en las escuelas y si la reasignación de género debe promoverse o mostrarse a los niños.

Orban hizo el anuncio el miércoles (21 de julio), días después de que la Comisión Europea amenazara con emprender acciones legales por su polémica prohibición de la “propaganda LGBT+”. Tras calificar el desafío como un acto de “gamberrismo legalizado”, el líder de la extrema derecha aumentó la tensión al acusar al ejecutivo de la UE de abusar de sus poderes y “atacar” a Hungría. “El futuro de nuestros hijos está en juego, por lo que no podemos ceder terreno en esta cuestión”, dijo en un vídeo de Facebook. “En las últimas semanas, Bruselas ha atacado claramente a Hungría por su ley de protección de la infancia. Las leyes húngaras no permiten la propaganda sexual en los jardines de infancia, en las escuelas, en la televisión y en los anuncios.”

La legislación discriminatoria, que prohíbe la representación de las personas LGBT+ en los medios de comunicación, el material escolar y la publicidad, es contraria a varias leyes de la UE y podría acarrear fuertes sanciones si Orban se niega a derogarla.

Sin embargo, su amenaza de referéndum sugiere que tiene la intención de redoblar la prohibición, profundizando la retórica anti-LGBT+ que ya plaga la política húngara.

El referéndum de Hungría incluirá “cinco preguntas”

El primer ministro no anunció cuándo se celebrará el referéndum previsto, pero dijo que incluirá cinco preguntas, según informa Reuters. Entre ellas, preguntar a los húngaros si apoyan la celebración de “talleres de orientación sexual” en las escuelas sin su consentimiento, o si creen que deben promoverse los procedimientos de reasignación de género entre los niños.

Orban dijo que las preguntas también incluirían si los contenidos que pudieran afectar a la orientación sexual de los niños deberían mostrarse sin ninguna restricción, o que los procedimientos de reasignación de género deberían estar disponibles también para los niños. “El futuro de nuestros hijos está en juego y no podemos hacer concesiones en este caso”, dijo Orban, insistiendo en que “cuando la presión sobre nuestro país es tan fuerte, Hungría sólo podría protegerse con la voluntad común del pueblo“.

La Comisión Europea aún no ha comentado el plan de Orban de celebrar un referéndum.

Sin embargo, Majercsik, el portavoz de Pride, dijo que las preguntas son “abiertamente transfóbicas y homofóbicas” y que forman parte de una “campaña de propaganda” del gobierno para incitar al resentimiento contra la comunidad LGBT. “He escuchado de muchas personas LGBT que planean salir del país y ni siquiera esperarán las elecciones del próximo año”, dijo Majercsik. “Habrá muchos otros para quienes los resultados de las elecciones determinarán si se quedan o se van”.

Varios miembros de los partidos de la oposición asistieron a la marcha, incluido el alcalde liberal de Budapest, Gergely Karacsony, un rival de Orban en las elecciones del próximo año que se espera sean las más cercanas desde que el partido de Orban asumió el poder en 2010.

Se llevaron a cabo varias pequeñas manifestaciones en el centro de Budapest.

Terry Reintke, un legislador de la UE inició la marcha con un discurso, diciendo que los ojos de Europa estaban puestos en Budapest. “Somos muchos, muchos más que los miles aquí hoy”, dijo Reintke.

Fuente Agencias

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Y “nuestro” Abascal, alumno aventajado del fascista Viktor Orbán

Hungría sube otro nivel en la escala de la infamia LGTBIfoba. El Parlamento unicameral húngaro, en el que los ultraconservadores del Fidesz y sus socios gozan de mayoría absoluta, ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluye en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, lo que corrobora su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. Budapest ha sido escenario de protestas contra este nuevo ataque que se suma a una ya larga lista de medidas contra la comunidad por parte del Gobierno de Viktor Orbán.

La ley aumenta principalmente las penas por delitos sexuales contra los niños, pero en ella se esconde un cambio de última hora que provocó protestas en todo el país, al prohibir el debate sobre los derechos de las personas LGBT+ en las escuelas y la prensa. Los legisladores nacionalistas del Fidesz introdujeron la enmienda la semana anterior, con el apoyo del partido derechista Jobbik. Sólo un legislador independiente votó en contra de la enmienda que ilegaliza la representación o el debate de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género en la escuela o en la publicidad y la prensa vista por menores.

El pasaje aprobado por el Parlamento modifica varios artículos de las leyes sobre protección de menores, derecho de familia, educación y regulación de medios y publicidad. En concreto, se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio».

Estos contenidos, que incluyen temas LGBT+, no podrán ser discutidos por los profesores en las escuelas. El gobierno elaboraría una lista aprobada de lo que se puede enseñar en las clases de educación sexual. La enseñanza escolar también se ve sometida a censura, porque se prohíbe de nuevo la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos. La educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, lo que cierra definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos. En el terreno de los medios, la medida podría suponer la remisión a la franja horaria del late night de cualquier serie o película que incluya alguna alusión o representación de personas LGTBI, lo que significa que las vidas de las personas LGBT+ sólo podrán mostrarse en los medios de comunicación, lo que incluye los anuncios, entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana.

Como en ocasiones anteriores, el texto ha salido adelante como parte de un paquete legislativo amplio sobre medidas de protección a la infancia. La enmienda LGTBIfoba fue introducida a última hora la semana pasada, después de que la iniciativa original hubiera suscitado un amplio consenso en el Parlamento. La inclusión del pasaje contra la «propaganda homosexual» junto a medidas contra la violencia sexual y la pederastia confirma la intención del Gobierno de Orbán de estigmatizar aún más a la población LGTBI. El texto ampliado salió adelante con 157 votos del Fidesz y sus aliados, así como del conservador Jobbik. 41 diputados de la oposición se ausentaron de la votación en señal de protesta.

Las reacciones domésticas y externas han sido principalmente de indignación.  El activismo húngaro ha tachado la medida como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual» aprobada en 2013 y que desató una oleada de protestas en Europa y el resto del mundo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos decretó en 2017 que las normas de este estilo que prohíben informar positivamente sobre diversidad sexual y de género a los menores vulneran su derecho a la protección frente a la LGTBIfobia. El lunes pasado, víspera de la votación,  miles de personas se manifestaron contra la nueva ley ante el Parlamento húngaro en Budapest instando a los políticos a rechazar la enmienda.

Algunas personas LGTBI húngaras con medios para hacerlo han llegado a huir del país a otros países europeos vecinos, soñando con un “futuro mejor”.

La Unión Europea sancionará a Hungría por sus leyes anti-LGTB+

Aunque a nivel europeo, como suele ocurrir en estos casos, la respuesta ha sido prudente, por no decir tibia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se declaró «muy preocupada por la nueva ley en Hungría» y aseguró que comprobarán si la norma vulnera la legislación comunitaria. «Creo en una Europa que acoge la diversidad, no en una que la esconde a nuestros hijos. Nadie debería ser discriminado por su orientación sexual», añadió en un tuit.

Very concerned about the new law in Hungary.

We are assessing if it breaches relevant EU legislation.

I believe in a Europe which embraces diversity, not one which hides it from our children.

No one should be discriminated on the basis of sexual orientation.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 16, 2021

Más contundente ha sido la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, que ha amenazado a Hungría con un recorte de los fondos europeos «si no respeta los valores de democracia y de igualdad de la Unión Europea».

EXCLUSIVE: The EU could impose funding restrictions on Hungary over its ban on LGBT+ content from schools, says equality chief @helenadalli https://t.co/csJFne7Tt8

— Openly 🏳️‍🌈 (@Openly) June 15, 2021

Hungría podría enfrentarse a restricciones de financiación por parte de la Unión Europea debido a la legislación que reprime la mera “promoción” de las personas LGBT+. Ahora, Bruselas está dispuesta a intentar contrarrestar esta oleada anti-LGBT+ reteniendo potencialmente el hallazgo de proyectos cruciales para Hungría, dijo un alto funcionario de igualdad a Openly.

“El mensaje es que si no defiendes los valores de la democracia o la igualdad de la Unión Europea, no tienes derecho a recibir dinero para tu proyecto”, dijo a la agencia la comisaria de Igualdad del bloque, Helena Dalli. Dijo que la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión Europea, impondrá “definitivamente” sanciones si la legislación del partido gobernante Fidesz se convierte oficialmente en ley.

Dalli dijo que la Comisión Europea se fijará en las medidas financieras que adoptó contra Polonia el año pasado para frenar el tsunami de actividades anti-LGBT+ del propio país. La Comisión retuvo la financiación de varias ciudades de Polonia después de que casi 100 gobiernos locales –alrededor de un tercio del territorio– se declararan “zonas libres de LGBT”. Como subrayó Dalli, una región polaca dio marcha atrás en su política a causa de la UE, “así que pensamos que si extrapolamos eso a lo que está ocurriendo en Hungría también podría producirse el mismo efecto”, dijo.

El Orgullo de Budapest se celebrará para luchar contra las leyes anti-LGTB de Hungría

En Budapest, donde los activistas LGBTQ+ están inmersos en una lucha casi existencial contra el gobierno derechista de Viktor Orbán, había demasiado en juego para que el Orgullo pasara a un segundo plano. Incluso antes de que el Parlamento húngaro aprobara esta semana esta legislación homófoba, la comunidad había empezado a planear un desfile masivo en el centro de la capital el mes que viene, que serviría tanto de advertencia a Orbán como de fuerte muestra de solidaridad.

“Pensamos que era muy importante mostrar a las personas LGBT que no están solas, que no están abandonadas, que hay mucha gente que las defiende. Y ahora es aún más importante mostrarlo”, dijo Viktória Radványi, del Orgullo de Budapest. “Estamos planeando mostrar a toda la gente que tiene miedo y ansiedad y que piensa que no puede ser feliz porque este gobierno está aplastando los derechos humanos y la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, que hay esperanza, y que hay mucha gente que está cada vez más organizada”.

Radványi dijo que la organización del Orgullo de Budapest ya había empezado a ver ese impacto. “Es desgarrador”, dijo. “Los adolescentes nos envían mensajes de texto diciendo que se despiertan llorando al no poder hacer frente a esta ley… No pueden imaginar cómo pueden seguir viviendo una vida plena y relativamente feliz en Hungría”.

Crece el temor de que las personas LGBTQ+ hayan sustituido a los refugiados y a los inmigrantes como el chivo expiatorio favorito del gobierno a medida que se acercan las elecciones del próximo año. “Necesitan dar algo a su base de votantes”, dijo Radványi.

Al igual que muchos, también sospecha que la legislación pretende en parte distraer la atención del desastre del Covid en Hungría. Hasta hace poco, el país tenía el mayor número de muertes por Covid-19 per cápita, con unas 300 por cada 100.000 personas, según datos de Johns Hopkins. “Una de las razones por las que iniciaron esta legislación anti-LGBTQ en medio de la primera ola, la segunda ola y ahora, es para desviar la atención de los votantes del hecho de que la gente está muriendo innecesariamente porque no tenemos suficientes médicos y enfermeras”, dijo.

A pesar de este sombrío panorama, Hungría ha conseguido vacunar completamente a más del 40% de la población, por lo que los organizadores del Orgullo de Budapest se sienten capaces de llevar a cabo una marcha por el centro de la capital el 24 de julio. Se trata de la culminación de una serie de actos de un mes de duración que comenzaron el 25 de junio.

Radványi afirmó que, por muy sombrío que parezca el futuro, aún hay motivos para la esperanza. Señaló una reciente encuesta de Ipsos, según la cual más del 60% de los húngaros cree que los padres del mismo sexo tienen “las mismas posibilidades que los demás padres” de educar bien a sus hijos. “Una mayoría: nunca esperábamos ese resultado después de dos años de campaña contra el odio”, dijo. “Nuestra experiencia personal era la misma y ahora este sondeo… lo ha confirmado: que el pueblo húngaro no es tan odioso y es mucho menos homófobo que el gobierno”.

Hungría: la avanzadilla europea de la LGTBIfobia de Estado

En comparación con otros países del antiguo bloque oriental, Hungría era relativamente progresista en materia de derechos LGBTQ+ hasta que Orbán y su partido de derechas Fidesz llegaron al poder en 2010. Desde entonces, y en particular en el último año, las cosas han empeorado constantemente. A medida que el odio contra el colectivo LGBT+ se intensifica en la Hungría del primer ministro Viktor Orbán, el desagravio de la UE señala el alcance de la protesta internacional que ha suscitado el país por su trato a los residentes homosexuales.

Con la prohibición húngara de “popularizar” los derechos LGBT+, los legisladores alineados con el gobierno de Orbán han dejado al descubierto el alcance de su odio hacia las personas LGBT+, reduciéndolas a cuñas y objetivos políticos móviles.

La actual escalada legislativa contra la comunidad LGTBI en Hungría comenzó el 30 de marzo del año pasado, cuando el primer ministro Viktor Orbán asumía poderes extraordinarios con la excusa de la crisis producida por la pandemia de coronavirus. Solo un día después, el vice primer ministro Zsolt Semjén presentaba un proyecto de ley que, entre otras medidas, incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que abría dicha modificación y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación.

Finalmente, el 19 de mayo la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba. Lo hacía por 133 votos a favor (los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra. Como ya alertábamos entonces, se trata, muy posiblemente, del mayor ataque lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, solo ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de la UE y de la propia institución comunitaria.

Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Tal vez envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, la ministra de Justicia Judit Varga presentaba el pasado 10 de noviembre una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento». Una formulación que se traduce en la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales, blindada ahora al máximo nivel normativo.

La modificación constitucional también incluye una ampliación del artículo sobre la familia, que desde 2012 prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora se añade la frase: «La madre es una mujer y el padre, un hombre». La finalidad, cerrar la puerta a cualquier reconocimiento de realidades familiares diferentes a la compuesta por un hombre y una mujer. Por último, la reforma de la ley fundamental impone que la educación en las escuelas húngaras debe inspirarse en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana», excluyendo por tanto los contenidos sobre diversidad afectivo-sexual.

Tras la aprobación por parte del Gobierno, la mayoría de dos tercios con la que cuentan el Fidesz y sus socios dio su visto bueno el pasado 15 de diciembre en el Parlamento al proyecto de reforma constitucional por 135 votos a favor, 45 en contra y cinco abstenciones. Además, la negación de la homoparentalidad recogida desde ahora en la ley fundamental se completó con la aprobación de un proyecto de ley para limitar la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta ahora se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgará en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares. Con la nueva iniciativa contra la población LGTBI, el Gobierno de Orbán continúa, con total libertad de acción, su escalada hacia la discriminación y estigmatización de la comunidad.

Y esto es lo que tenemos en España… Santiago Abascal con Orban, mientras Pablo Casado apoyaba a Orban al negarse  a firmar con 13 partidos conservadores de la UE que piden expulsar a Orbán por imponer una corona-dictadura en Hungría

Fuente Dosmanzanas/Pink News

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Importante victoria para la comunidad trans en Estados Unidos. Un juez federal decretó el pasado mes de diciembre que la prohibición de modificar el sexo legal en las partidas de nacimiento, vigente en el estado de Ohio, es inconstitucional. La política discriminatoria, impuesta por el departamento de Salud y la oficina de Estadísticas Vitales, contradecía las normas que sí permiten el cambio de los documentos de identidad y los permisos de conducción en este estado del Medio Oeste. En agosto del año pasado, otra jueza federal paralizó la aplicación de la ley de Idaho que también prohibía la modificación registral del sexo asignado al nacer, con lo que Tennessee ha quedado como el único estado de los Estados Unidos que sigue negando a las personas trans el derecho al reconocimiento de su identidad de género.

La prohibición de modificar el registro del sexo legal en las partidas de nacimiento en Ohio se basa en una sentencia del año 1987. En 2016, las autoridades del estado revisaron el asunto y decidieron seguir aplicando la política discriminatoria para, según su versión, prevenir el fraude y mantener la exactitud de los registros históricos. En 2018, cuatro personas trans (tres mujeres y un hombre) demandaron al departamento de Salud y a la oficina de Estadísticas Vitales por la imposibilidad de adaptar sus partidas de nacimiento a sus identidades de género. Los demandantes sufrieron amenazas y humillación en sus trabajos cuando, por culpa de la incongruencia en estos documentos, quedó al descubierto su condición de personas trans.

Dos años después, el juez federal Michael Watson ha sentenciado que la práctica de las autoridades de Ohio es inconstitucional. El magistrado asegura que no hay motivos fundados para denegar el derecho al reconocimiento de la identidad de género. Señala que, a pesar del fallo de 1987, tiene constancia de al menos diez casos anteriores a 2016 en los que sí se autorizó la modificación registral del sexo. Por último, añade que el estado ya autoriza la adaptación de las partidas de nacimiento en el caso de adopciones y de cambios de nombre. Además, las personas trans sí que pueden actualizar sin problemas sus documentos de identidad y sus permisos de conducción.

Con la anulación de la política discriminatoria en Ohio, Tennessee queda como el único estado de los Estados Unidos que niega a las personas trans el derecho a su identidad. El año pasado, ambas cámaras de Idaho aprobaron una ley que eliminaba la posibilidad de modificar el sexo asignado al nacer en las partidas de nacimiento. Tan solo un mes después de entrar en vigor, la jueza federal Candy Dale decretó su paralización. En Europa, recordemos, el Gobierno húngaro de Viktor Orbán prohibió en mayo del año pasado la modificación registral del sexo asignado en el nacimiento, en lo que se considera uno de los mayores ataques a la comunidad LGTBI ocurrido en un país de la Unión Europea.

Fuente Dosmanzanas

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Nuevos pasos en la aparentemente imparable senda de Hungría hacia la erradicación de los derechos fundamentales de la ciudadanía LGTBI. El Gobierno de Viktor Orbán (Fidesz) ha presentado una reforma de la Constitución que incluye la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales. Se trata de una medida que eleva al más alto nivel normativo el espíritu de la ley que prohibió la posibilidad de modificar legalmente el género asignado en el momento del nacimiento y que el Parlamento aprobó en mayo de este año. La reforma de la ley fundamental también fija sendas definiciones de «padre» y «madre» que proscriben el reconocimiento de la homoparentalidad e impone que la educación en los colegios debe basarse «en la cultura cristiana».

El pasado día 30 de marzo, el primer ministro Viktor Orbán asumía poderes extraordinarios con la excusa de la crisis producida por la pandemia de coronavirus. Solo un día después, coincidiendo con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, el vice primer ministro Zsolt Semjén presentaba un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias. Entre ellas, en la sección 33, se incluyó una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que abría dicha modificación y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación.

Finalmente, el 19 de mayo, solo dos días después de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la sección 33. Lo hacía por 133 votos a favor (precisamente los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra. Como ya expresábamos entonces, se trata, muy posiblemente, del mayor ataque lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, solo ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de la UE y de la propia institución comunitaria.

Dos ultraderechistas, Abascal y Orban, se saludan

Tal vez envalentonado por esta falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, el Gobierno de Orbán ha dado un paso más allá en la supresión de derechos de la comunidad LGTBI. El pasado 10 de noviembre, la ministra de Justicia Judit Varga presentaba una reforma constitucional que, entre otros puntos, recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento». Una formulación que, a pesar de que aparentemente ampara un derecho, en realidad se traduce en la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales. Para ellos, la iniciativa blinda al máximo nivel normativo la prohibición de cambiar el género asignado en los archivos registrales, que como se ha explicado antes ya está vigente con carácter general en la legislación ordinaria.

Pero no es esta la única medida de la propuesta de reforma constitucional que pone a la comunidad LGTBI en el punto de mira. El texto presentado incluye una ampliación del artículo sobre la familia, que desde 2012 prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora se añadiría la frase: «La madre es una mujer y el padre, un hombre». La finalidad, cerrar la puerta a cualquier reconocimiento de realidades familiares diferentes a la compuesta por un hombre y una mujer. Para terminar de confirmar este objetivo, la ministra Varga ha anunciado la próxima tramitación de un proyecto de ley para limitar a las parejas casadas la adopción de menores.

Por último, otro de los puntos que ha despertado las alarmas del activismo es el que se refiere a los valores que deben inspirar la educación en las escuelas húngaras. La reforma constitucional impone que estos deben inspirarse en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana». La asociación LGTBI Háttér advierte de que esta formulación hará imposible la inclusión de contenidos sobre diversidad afectivo-sexual en los currículos escolares. El vice primer ministro Semjén ya ha aclarado que la reforma se debe entender como una prohibición de la «propaganda de género», un término paraguas que puede contener cualquier tema relacionado con la realidad LGTBI.

El Gobierno de Orbán avanza un paso más hacia la discriminación y estigmatización de la comunidad LGBTI, llegando hasta la negación de su identidad en el caso de las personas trans e intersexuales. Retomamos, en este punto, la pregunta que nos hacíamos con motivo de la aprobación de la ley que prohibió la modificación legal del género asignado al nacer: ¿Reaccionará esta vez la Unión Europea con mayor contundencia, o seguirá limitándose a «condenar», «rechazar» y «lamentar»?

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Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento de Hungría, ampliamente dominado por las fuerzas de derecha, ha culminado la villanía. Por 133 votos a favor y 59 en contra, ha aprobado una ley «ómnibus» que incluye la prohibición de que las personas trans e intersexuales puedan modificar legalmente el género que les fue asignado en el momento del nacimiento. La medida supone, posiblemente, el ataque más grave a los derechos LGTBI en un país de la Unión Europea desde la fundación de la que se supone es una alianza de estados de derecho.

Lo adelantábamos a principios de abril: el vice primer ministro húngaro, Zsolt Semjén, había presentado un proyecto de ley que incluía una modificación de la normativa correspondiente al registro civil para impedir que una persona pudiese modificar sus datos registrales, incluyendo el sexo asignado al nacer, en razón de su identidad de gzsoénero. Se trataba, de hecho, de la primera reforma legislativa tras la asunción, el pasado 30 de marzo, de poderes extraordinarios por parte del primer ministro Viktor Orbán con la excusa de la crisis producida por el coronavirus. Un movimiento que contó con el visto bueno de la Asamblea Nacional húngara, un parlamento unicameral en el que el partido de Orbán (Fidesz) y sus aliados cuentan con una más que cómoda mayoría absoluta.

Tan solo un día después, coincidiendo con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, el vice primer ministro presentó un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias. Entre ellas, en la sección 33, aparece una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que permitía el cambio del género en los datos registrales y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. En este sentido, se trataba de un marco jurídico más avanzado que, por ejemplo, el vigente en España, que sí marca como norma (con solo unas pocas excepciones) la necesidad de un tratamiento hormonal.

Finalmente, este 19 de mayo, solo dos días después de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la Asamblea Nacional ha aprobado la ley que incluye, entre otras medidas, la sección 33. Según un comunicado de condena hecho público por las organizaciones ILGA Europa, IGLYO, Transgender Europe y OII Europe (Organisation Intersex International Europe) lo ha hecho por 133 votos a favor (precisamente los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra.

Un ataque sin precedentes a los derechos LGTBI en la Unión Europea

Se trata, muy posiblemente, del mayor órdago lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de una Unión Europea y de la propia institución comunitaria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostraba por ejemplo preocupada por la respuesta húngara a la crisis del coronavirus y aseguraba estar «monitorizando las medidas» adoptadas, pero sin referirse explícitamente a la anunciada marcha atrás en los derechos de las personas trans e intersexuales. El Parlamento Europeo, por su parte, incluía en una resolución del pasado 17 de abril en la que demandaba una «acción coordinada de la Unión Europea para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias», un punto (el 48) en el que entre otras cuestiones rechazaba «enérgicamente» los «ataques a los derechos de las personas transgénero e intersexuales en Hungría». Preocupación y rechazo, sí, pero sin más valor que el meramente declarativo.

También nos hicimos eco en su momento de la carta que un grupo de eurodiputados dirigió al Gobierno húngaro reclamando dar marcha atrás en sus intenciones. El texto (que puedes ver aquí), además de señalar que la negativa a reconocer legalmente la identidad de género de las personas trans e intersexuales contraviene diferentes resoluciones tanto del Parlamento Europeo como del Consejo de Europa, explicaba que la propia Corte Constitucional húngara falló en 2018 en favor de este derecho. Lamentablemente, la carta estaba firmada solo por 63 diputados en el Parlamento Europeo, menos de un 10% de sus miembros.

Ahora Orbán ha culminado el órdago. Al margen de la evolución interna de los acontecimientos en Hungría (habrá que ver si la Corte Constitucional húngara se pronuncia en algún momento) nosotros nos preguntamos si la Unión Europea hara algo o seguirá limitándose a condenar, rechazar, lamentar, monitorizar… Estaremos atentos.

Y esto es lo que tenemos en España… Santiago Abascal con Orban, mientras Pablo Casado apoya a Orban se niega a firmar con 13 partidos conservadores de la UE que piden expulsar a Orbán por imponer una corona-dictadura en Hungría

Fuente Dosmanzanas

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“‘Primero nosotros. Nosotros… nosotros…’: estos son pensamientos aterradores”

Francisco denuncia que el soberanismo “es una exageración que siempre termina mal: conduce a guerras”

Su entrevista a La Stampa coincide con la deriva del ministro del Interior italiano, que acaba de anunciar una moción de censura contra el presidente Conte

09.08.2019 | RD/Agencias

El papa Francisco criticó el “soberanismo” por conducir “a guerras” y estimó que el populismo no refleja “la cultura popular”, en una entrevista publicada este viernes en el diario La Stampa en medio de la crisis política desatada en Italia por el ultraderechista Matteo Salvini.

“El soberanismo es una actitud de aislamiento. Estoy preocupado porque escuchamos discursos que se parecen a los de Hitler en 1934. ‘Primero nosotros. Nosotros… nosotros…’: estos son pensamientos aterradores”, dijo el pontífice.

Concedida días antes de la crisis de gobierno protagonizada por Salvini, entre los líderes europeos de la corriente soberanista junto con el húngaro Viktor Orban y la francesa Marine Le Pen, el papa argentino intervino indirectamente en un momento delicado de la política italiana.

“El soberanismo es cerrazón”, dijo. “Un país debe ser soberano, pero no cerrado. La soberanía debe ser defendida, pero las relaciones con otros países y con la Comunidad Europea también deben ser protegidas y promovidas. El soberanismo es una exageración que siempre termina mal: conduce a guerras”

En caso de elecciones anticipadas en octubre en Italia, como exigió Salvini tras hacer saltar por los aires la coalición gubernamental y reclamar comicios rápidos, el líder ultraderechista se perfila como el posible gran triunfador, según las encuestas.

“Los ‘ismos’ nunca hacen bien”

Interrogado sobre el populismo, el papa argentino, que vivió en carne propia los años de Juan Domingo Perón en su país, explicó que el populismo también “cierra a las naciones” como el soberanismo.

“Al principio no lograba entenderlo, porque, estudiando Teología, profundicé el populismo, es decir la cultura del pueblo: pero una cosa es que el pueblo se exprese y otra es imponerle al pueblo la actitud populista. El pueblo es soberano (tiene una manera de pensar, de expresarse y de sentir, de evaluar), en cambio los populismos nos llevan a los soberanismos: ese sufijo, ‘ismos’, nunca hace bien”, explicó.

Il papà di tutti gli italiani ⚡️sua eccellenza feldmaresciallo matteo benito salvini ⚡️ pic.twitter.com/bXHoJdrE1P

— POLVERE DI STELLE (@freezoneforever) August 9, 2019

Fuente Religión Digital

General Marine Le Pen, Matteo Salvini, Papa Francisco, Soberanismo, Viktor Orbán

Indignación en la comunidad LGTB húngara ante las declaraciones homófobas del presidente del Parlamento, del partido gobernante Fidesz. László Kövér equiparó el «comportamiento de un pedófilo» con quienes reivindican el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, ya que en su opinión, «el niño es en ambos casos un objeto». Los asistentes al Orgullo de Budapest, celebrado este sábado, pidieron la dimisión del político, mientras que la multinacional de muebles y decoración IKEA ha aprovechado para difundir una campaña publicitaria por la igualdad.

Las declaraciones se produjeron durante un acto de la campaña electoral de Fidesz, el partido del primer ministro Viktor Orbán, en Budapest. Kövér departía con los periodistas sobre las posibles formas de preservar la «cultura cristiana», supuestamente en peligro ante el auge del «liberalismo» social y cultural. El presidente del Parlamento ironizó sobre las identidades trans mofándose de los padres que «cuando se les pregunta si es niño o niña, dicen que cuando sea mayor lo decidirá».

Sobre la reivindicación de la apertura del matrimonio y la adopción a las parejas del mismo sexo, Kövér declaró que «desde un punto de vista moral, no hay ninguna diferencia entre el comportamiento de un pedófilo y los que piden esto. El niño es en ambos casos un objeto, un artículo de placer, un medio para la realización personal». El político distinguió entre las personas LGTB que exigen sus derechos y un homosexual «normal», que «intenta adaptarse a este mundo sin que lo tengan que considerar necesariamente un igual».

Las declaraciones han despertado el rechazo de los activistas LGTB y de personalidades como el politólogo Zoltán Lakner, que las califica como discurso de odio porque «determinan claramente quienes son blanco de ataque y a quienes hay que odiar». Durante la celebración del Orgullo de Budapest el pasado sábado, los asistentes reclamaron la dimisión del político del Fidesz.

La polémica ha calado en la sociedad húngara. La firma de muebles y decoración IKEA, conocida por sus campañas a favor de la normalización de las familias homoparentales, ha querido aprovechar el momento para recordar su compromiso con la igualdad. La sucursal húngara de la multinacional sueca publicaba el pasado jueves un post en Facebook con la imagen de lápices de colores y las etiquetas #equality #genderequality #beyourself y #Pride. «En IKEA creemos en la diversidad, la igualdad de oportunidades y el trato justo, independientemente del origen o las diferencias individuales. ¡Nadie es igual hasta que todos sean iguales!», proclamaba el texto publicado.

Hungría y Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTB

Hungría fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Eran otros tiempos, lamentablemente. La derecha populista representada por el partido Fidesz (miembro actualmente suspendido del Partido Popular Europeo) conseguía en 2010 un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución húngara para, entre otras medidas autoritarias, «proteger» al matrimonio que se celebra «entre un hombre y una mujer». El panorama político húngaro no ha cambiado desde entonces, o lo ha hecho a peor. En las últimas elecciones de abril de 2018, el Fidesz revalidó su aplastante mayoría, con casi el 50% de los votos, mientras que Jobbik, un partido abiertamente fascista, es la segunda formación del país, con casi el 20%. El actual primer ministro húngaro, Viktor Orbán (Fidesz), en el pasado considerado un «paria» político, está considerado hoy día uno de los referentes de la derecha europea gracias a sus duras posiciones en materia migratoria.

Tanto Hungría como Polonia se han convertido en la punta de lanza contra los derechos LGTB en Europa. Lo recogíamos ya en 2015, cuando ambos países bloquearon por este motivo una nueva normativa común sobre regímenes económicos matrimoniales en la Unión Europea. Y no ha sido la única vez: en diciembre del año pasado, se aliaron de nuevo para impedir la aprobación de un documento del Consejo de Ministros de la UE favorable a los derechos LGTB. Entonces, al menos, hubo por fin algo parecido a una respuesta contundente. Esperemos que no sea demasiado tarde: las ideas que representan Fidesz o Ley y Justicia (el partido gobernante en Polonia) ya son un modelo para muchas derechas europeas.

Fuente Dosmanzanas

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Una vez más, Los gobiernos de Hungría y Polonia han impedido la aprobación de un documento de la Unión Europea que recoja la protección contra la discriminación de las personas LGTBIQ. En esta ocasión, al menos, otros 19 países han reaccionado de forma clara y han suscrito una declaración conjunta en la que se pide a la Comisión Europea que no dude a la hora de promover políticas efectivas de igualdad en esta materia. 

Ha sucedido este jueves. El Consejo de Ministros de la Unión Europea iba a aprobar un documento de conclusiones sobre la promoción de la igualdad de género en la era digital. El documento incluía una referencia a la necesidad de asegurar la no discriminación de colectivos juveniles vulnerables, mencionando expresamente a los jóvenes de bajo estatus socioeconómico; los jóvenes de minorias étnicas, como la gitana; jóvenes con discapacidades; jóvenes en el mundo rural; jóvenes de origen migrante y jóvenes LGTBIQ. La inclusión expresa de los jóvenes LGTBIQ encontró sin embargo la oposición de Hungría y Polonia. Austria, que ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea, decidió retirarla en aras del «consenso» para así permitir la aprobación del documento, que requería unanimidad.

Por fortuna, el movimiento de la presidencia austriaca despertó en esta ocasión la indignación de varios países, encabezados por Holanda, cuyo ministro de Empleo y Asuntos Sociales, Wouter Koolmes, intervino para afirmar que no incluir al colectivo LGTBI en el texto del documento suponía un paso atrás inaceptable para su país. La firmeza holandesa fue secundada de inmediato por otros países, como Dinamarca, Malta, Portugal o España. Finalmente, La presidencia austriaca decidía volver al texto original. Lamentablemente, al carecer de unanimidad, este no pudo ser aprobado como conclusiones «del Consejo de Ministros», quedándose en «conclusiones de la Presidencia», que tienen un rango menor y carecen del carácter vinculante asociado a las conclusiones del Consejo. De esta forma fue aprobado por todos los países excepto por Hungría y Polonia.

La indignación que flotaba en el ambiente era tal que Malta propuso impulsar una declaración complementaria en la que los países signatarios se comprometían en firme a impulsar todos los esfuerzos necesarios en el seno de la Unión Europea para asegurar una protección completa de los derechos de las personas LGTBI, y el que pedían a la próxima Comisión Europea que implemente de forma coherente una estrategia en ese sentido. Este documento recibió el apoyo de 19 países. Además de Malta, el país impulsor, lo firmaron Alemania, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, la República Checa y Suecia. Destaca la ausencia en esta lista de la propia Austria. Otros países del Este de Europa que se mantuvieron en todo momento al margen de la discusión (aunque apoyaron el documento final de conclusiones de la presidencia austriaca) prefirieron quedarse al margen.

ILGA-Europa, organización paraguas que agrupa a numerosos colectivos lGTB de toda Europa, ha expresado su satisfacción por la reacción de los países que decidieron plantar cara a Hungría y Polonia. «Es tranquilizador ver a una mayoría de Estados miembro poniendo límites y pronunciarse de forma clara y rotunda sobre el hecho de que eliminar una referencia a las personas LGTBIQ como grupo protegido es inaceptable», ha expresado su directora ejecutiva, Evelyne Paradise. «Por decepcionante que sea el hecho de que no hayan podido ser adoptadas las Conclusiones del Consejo, la Unión Europea no puede ser rehén de dos países y obligada a desmantelar los estándares de no discriminación ya acordados», ha añadido su directora legal, Katrin Hugendubel.

Hungría y Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTB

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El gobierno conservador de Hungría bloquea un acuerdo para avanzar en la igualdad de la comunidad LGTB propuesto a la Comisión de la Unión Europea por Holanda.

El Consejo de la Unión Europea, integrado por los representantes de los gobiernos de los estados miembros, ha sido incapaz de llegar a un acuerdo sobre igualdad de las personas LGBTI. La oposición del gobierno húngaro impidió que una lista básica de acciones propuestas por la Comisión Europea recibiera el respaldo unánime del Consejo. Un nuevo ejemplo de hasta qué punto la la pujanza de la derecha más conservadora en los países del Este de Europa arrastra a la Unión Europea hacia posiciones cada vez más alejadas de la igualdad.

El gobierno holandés, que actualmente preside la Unión Europea, ha presentado el borrador de un acuerdo al Consejo de la Unión Europea haciendo un llamamiento para hacer frente a la discriminación homofóbica a través de diversas medidas con el objetivo de avanzar en la igualdad de la comunidad LGTB e intensificando esfuerzos para recoger datos sobre el tratamiento de los ciudadanos homosexuales, bisexuales y transexuales. Sin embargo, ha quedado vetado por los representantes de Hungría, el mismo día que también han bloqueado una propuesta de acuerdo con Turquía referente a la crisis migratoria. «Hungría no está en posición de aceptar la lista de acciones para avanzar en la igualdad de la comunidad LGTB», ha manifestado en un comunicado del gobierno conservador de Viktor Orbán.

La actual presidencia holandesa de la Unión Europea quería impulsar el desarrollo de las políticas de igualdad en lo referente a la situación de las personas LGBTI, y por eso había situado la discusión de la propuesta de la Comisión Europea (que puedes descargar en su totalidad aquí) en la agenda de Consejo sobre Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores que los representantes de los gobiernos europeos celebraron el pasado 7 de marzo en Bruselas. La propuesta daba respuesta a la petición del Parlamento Europeo de una hoja de ruta contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (el ya conocido como “informe Lunacek”, aprobado en febrero de 2014 pese a las protestas de los grupos ultraconservadores) y enumeraba una serie de diez acciones a desarrollar de aquí a 2019:

1. Cerrar la brecha existente en la Unión Europea en lo referente a la protección contra la discriminación en materia de educación, protección social y acceso a bienes y servicios.
2. Facilitar la vida cotidiana de las familias LGBTI que se trasladan de un lugar a otro de Europa.
3. Reforzar y monitorizar la transposición e implementación del derecho comunitario en materias como la reasignación de sexo, la atención a la víctimas de delitos de odio por orientación sexual o identidad de género, el asilo, la libertad de circulación o el acceso al empleo.
4. Promover campañas de comunicación para mejorar la aceptación social de las personas LGTBI.
5. Dar apoyo a los estados miembros para el desarrollo de políticas clave para las personas LGTBI en materia de no discriminación, delitos de odio, educación y salud.
6. Dar soporte financiero a organizaciones que trabajan aspectos clave en materia LGBTI, tanto públicas como privadas.
7. Dar apoyo a las empresas y entornos de trabajo inclusivos.
8. Mejorar la disponibilidad de datos acerca de la situación de las personas LGBTI en áreas como la discriminación, desigualdades en salud, educación, delitos de odio, libertad de movimiento de las familias LGBTI, situación de las personas intersexuales o reconocimiento legal de la identidad de género de las personas transexuales.
9. Promover la mejora de la situación de las personas LGBTI en territorios vecinos a la Unión Europea, como los Balcanes o Turquía, en el contexto de las negociaciones de adhesión o asociación.
10. Promover la mejora de la situación de las personas LGBTI en terceros países.

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