Delegado polaco vinculado a un grupo de expertos extremistas recibe un papel en el comité de derechos LGBT + de la UE

Docenas de eurodiputados protestan por el nombramiento de un delegado de Polonia para un papel clave en un comité de igualdad de género y derechos LGBT +.

Un total de 34 eurodiputados expresaron su preocupación por el nombramiento del polaco Tymoteusz Adam Zych en el Grupo Diversity Europe, cuyo mandato abarca la igualdad de género y las cuestiones LGBT +.

En una carta abierta al Comité Económico y Social Europeo, destacaron los antecedentes problemáticos del funcionario polaco, que temen van en contra de los estándares sostenidos por el grupo. “El reciente nombramiento del Sr. Zych indudablemente plantea preguntas sobre la legitimidad de su trabajo en el campo y las intenciones detrás de su nombramiento”, se lee en la carta.

Los eurodiputados señalan que Zych es el vicepresidente de la junta directiva del Instituto Ordo Iuris de Cultura Legal, una organización conocida por promover la retórica extrema anti-LGBT + en Polonia.

Describen a Ordo Iuris como una “fuerza impulsora” detrás de las campañas destinadas a socavar los derechos humanos y la igualdad de género en Polonia, incluida la creación de zonas “libres de LGBT”. Ordo Iuris también ha hecho llamamientos para prohibir el aborto y retirar a Polonia del Convenio de Estambul.

Preocupan aún más los estrechos vínculos del grupo con el partido gobernante homofóbico de Polonia, PiS, lo que ha provocado temores de que Zych podría estar siguiendo el ejemplo del liderazgo conservador anti-LGBT + del país.

“¿Consideran el presidente y los vicepresidentes que… Zych estará en capacidad de representar verdaderamente ‘la familia, la mujer y la igualdad de género, los jóvenes, los grupos minoritarios y desfavorecidos, las personas con discapacidad’, con miras a luchar contra la discriminación contra dichos grupos? “ preguntan los eurodiputados. “Si su nominación planteara un problema para promover el trabajo de este grupo, ¿qué acción podría prever?

El funcionario con sede en Polonia desestimó sus preocupaciones en un correo electrónico enviado a EUobserver,  diciendo que era un esfuerzo por “estigmatizarlo” del grupo. “La carta no se refiere a mis propias acciones, ni dentro del CESE, ni fuera de él”, dijo. “Los autores intentan estigmatizarme debido a mis actividades en el Instituto Ordo Iuris de Cultura Jurídica, un grupo de expertos en derechos humanos“.

También dijo que los miembros del CESE son independientes y que su grupo de diversidad representa a las ONG activas en varios campos, procedentes de diversos orígenes. “Un intento de ejercer presión política hacia el liderazgo del comité cuestiona esta idea básica: que los miembros pueden tener diferentes puntos de vista”, agregó.

Diversity Europe Group aún tiene que responder públicamente a la carta abierta o responder a las preguntas de los miembros sobre la reputación LGBT + de Zych en Polonia.

LGBTfobia de Estado

Estas posiciones contrastan claramente con otras ciudades. Cerca de 100 municipios, alentados por el gobierno, se han declarado “libres de LGBT“. El poder en el lugar no oculta su hostilidad hacia las personas LGBT +. Durante la campaña presidencial para su reelección, Andrzej Duda comparó a las personas LGBT + con una “ideología” comparable a “una especie de neo-bolchevismo“.

Si bien las instituciones europeas se han negado a otorgar subsidios a ciudades “no LGBT”, el ministro de Justicia polaco anunció que las financiaría. Las llamadas zonas libres de LGBT de Polonia han sido objeto de una condena global, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que “no tienen lugar” en la Unión Europea. Los ataques contra personas LGBT + se han convertido en un tema de tensión entre la Unión Europea y Polonia.

Después de intensas semanas de negociaciones, Polonia finalmente acordó el establecimiento de un mecanismo para condicionar las subvenciones al respeto del estado de derecho. Pero el dispositivo no podrá activarse antes de 2022, señala Le Monde. En 2020, ILGA-Europa clasificó a Polonia como el país menos amigable de Europa.

La situacion de las personas LGTBI en Polonia:

El Gobierno de extrema derecha de Polonia es en la actualidad, junto con el de Hungría, la punta de lanza de la involución LGTBIfoba en la Unión Europea. Nos hemos hecho eco de numerosas manifestaciones de esta oleada de hostilidad contra la comunidad. Una de las más recientes se produjo el pasado mes de abril, cuando el Parlamento votó a favor de la iniciativa de la organización LGTBIfoba Stop Pedofilia para criminalizar la educación sexual, con el apoyo del gobernante PiS. Ya el año pasado, el líder del partido y ex primer ministro Jarosław Kaczyński aprovechó una iniciativa inclusiva del alcalde de Varsovia para echar gasolina a la LGTBfobia. El político calificó los derechos LGTBI de un «ataque a la familia y a los niños» que amenaza los valores tradicionales polacos.

Sus palabras encendieron una mecha que se extendió entre los medios y el establishment ultraconservador. Una de las primeras consecuencias de este repunte de la hostilidad LGTBfoba fue la detención de la activista Elżbieta Podleśna bajo la acusación de ofender a los sentimientos religiosos. Su supuesto delito, difundir una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa con un halo arcoíris en lugar del original dorado. Dos meses más tarde, contramanifestantes de extrema derecha intentaban impedir de forma violenta la celebración de la primera manifestación del Orgullo LGTBI en Białystok, al este del país.

Hace unos días, cincuenta embajadores y representantes de organizaciones internacionales apoyan a la comunidad LGTBI en Polonia a través de una carta. Puedes ver el listado completo de firmantes y leer íntegra la carta de los embajadores y representantes de organizaciones internacionales en este enlace

Esta protesta responde a la cada vez más difícil situación de la comunidad LGTBI en Polonia, desde marzo de 2019, donde alrededor de un centenar de localidades y regiones se han declarado «libres de ideología LGTBI», una campaña de odio institucional cuyo ámbito de actuación se extiende ya por un tercio de la geografía polaca. En este sentido, la declaración de apoyo de los embajadores se suma a las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea contra la existencia de estas zonas. La iniciativa LGTBIfoba tiene un carácter principalmente simbólico, pero conlleva una indudable carga de hostilidad y estigmatización de la comunidad. La medida de odio LGTBIfobo, que el diario italiano La Repubblica comparó con el concepto nazi de zonas judenfrei («libres de judíos»), llegó hasta el Parlamento Europeo. El 18 de diciembre del año pasado la cámara aprobó, por 463 votos a favor frente a 107 en contra, una resolución de condena. En agosto de este año, la Comisión anunciaba la retirada de las ayudas a seis localidades polacas, que requerían financiación para un programa de hermanamiento entre ciudades de distintos países, por haberse declarado «zonas libres de ideología LGTBI». La Comisión declaró que se habían negado a respetar los “valores y derechos fundamentales de la UE”. Es posible que otras áreas puedan ser penalizadas de manera similar, ya que varias ciudades de Europa han terminado los acuerdos de hermanamiento con sus homólogos polacos.

El punto de origen es el discurso abiertamente homófobo del partido gobernante en Polonia, Ley y Justicia (PiS), que agitó la campaña presidencial (que ganó su candidato Andrzej Duda por un estrecho margen de votos) identificando la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI como una «ideología» que no dudaron en calificar de «extranjera» y «más perjudicial que el comunismo».

Durante este verano, la proclamación de estas zonas «libres de ideología LGTBI» provocaron la organización y reacción de distintos grupos LGTBI y pro-derechos humanos que desembocaron en manifestaciones pacíficas fuertemente reprimidas por la policía. La manifestación de Varsovia fue la más numerosa y acabó con el arrestó de la activista Małgorzata Prokop-Paczkowska, más conocida como Margot. Su arresto provocó más manifestaciones en las que fueron detenidas hasta 47 personas más en lo que ya se conoce como el Stonewall polaco, en referencia a las revueltas de 1969 en Nueva York que originaron lo que hoy conocemos como el Orgullo LGTBI. Margot ha sido encarcelada durante dos meses.

Por declaraciones y hechos como estos resulta especialmente llamativa la respuesta del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, a la publicación de la carta de los diplomáticos: «Discrepo por completo con la carta de los embajadores en la parte en la que dicen que hay personas en Polonia a la que de alguna forma ya no se les respeta», ha defendido. Según Morawiecki, «la tolerancia forma parte de los valores del país» y lo más sorprendente es que ha llegado a negar la existencia de las zonas «libres de ideología LGTB».

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Un nuevo caso de discriminación pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan las familias homoparentales en la Unión Europea. Dos mujeres casadas, una búlgara y otra gibraltareña, han decidido recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para poder darle una nacionalidad a su hija nacida hace un año en Barcelona. Las autoridades búlgaras han rechazado la emisión de un pasaporte para la menor, porque el país no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Debido a los requisitos vigentes, la niña tampoco puede acceder a la nacionalidad española ni a la británica, por lo que por el momento es apátrida.

Kalina (nombre ficticio) se casó en Gibraltar con su pareja del mismo sexo y originaria de la dependencia británica en 2018. En diciembre de 2019, el matrimonio tuvo una hija en Barcelona, donde residen. El registro civil otorgó un certificado de nacimiento en el que constan las nacionalidades búlgara y británica de las madres. A pesar de haber nacido en España, la menor no tiene derecho a la nacionalidad española porque ninguna de sus progenitoras la ostenta. La esposa gibraltareña de Kalina tampoco puede transmitirle su ciudadanía británica si la menor ha nacido en un tercer país.

La única opción para la menor, por tanto, era adquirir la ciudadanía búlgara de Kalina. Y entonces es cuando se marcha la discriminación basada en la orientación sexual. Cuando el matrimonio intentó conseguir un pasaporte búlgaro para la menor, se topó con la negativa de las autoridades búlgaras. El motivo, que el país no reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo y no expide certificados de nacimiento con dos madres. La niña, por tanto, se mantiene en una situación de apatridia y no puede visitar a sus familiares en Bulgaria.

Para resolver este impasse, la pareja ha decidido acudir a la justicia europea. El Tribunal Europeo de Justicia, con sede en Luxemburgo, se pronunciará en un caso que puede sentar un importante precedente para las familias homoparentales a nivel comunitario. La abogada de Kalina, Denitsa Lyubenova, confía en que el alto tribunal dé una solución, que en cualquier caso deberán implementar los tribunales búlgaros. La carencia de nacionalidad «pone a la niña en riesgo de permanecer apátrida o de ser privada de uno de sus progenitores, si se revela quién es su madre biológica».

La futura sentencia podría alcanzar una repercusión comparable a la del fallo de 2018 que estableció que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado. Una sentencia, por cierto, que la justicia búlgara trasladó al caso de un matrimonio entre dos mujeres. El reconocimiento de la homoparentalidad a nivel trasnacional también fue un punto clave del discurso de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen hace unos meses. «Porque si eres un progenitor en un país, por supuesto eres un progenitor en todos los países», declaró von der Leyen.

Fuente Dosmanzanas

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El Partido Laborista lituano (DP), de ideología socioliberal, ha decidido abandonar la alianza europea de formaciones liberales ALDE. El motivo, la expulsión del grupo liberal del eurodiputado y fundador del DP Viktor Uspaskich después de que este publicara un vídeo plagado de insultos LGTBIfobos. Renew Europe, el grupo europarlamentario de ALDE, exigió una rectificación al eurodiputado, quien no aportó una explicación satisfactoria. La formación lituana considera que la expulsión de Uspaskich es una señal de que no son bienvenidos en la familia de partidos liberales.

Uspaskich es un millonario lituano de origen ruso y fundador y único eurodiputado del socioliberal Partido Laborista. Hace unas semanas publicó un vídeo cargado de odio LGTBIfobo en su perfil de Facebook. En la grabación, se lamenta de que en Europa se haya vuelto «peligroso» decir que «eres un miembro de la orientación natural». «No quiero que pederastas de ningún tipo hablen de mis declaraciones y mi programa», añadió, usando la palabra lituana pedikai, que literalmente significa «pederasta» pero también es un insulto homófobo asimilable a «maricón».

No paró ahí la diatriba. «Los que esconden la polla bajo la falda y salen a la calle a gritar son unos pervertidos y unos desviados. Esas cosas no se deberían tolerar», declaró. Al conocer el contenido del vídeo, el líder del grupo parlamentario Renew Europe, al que se adscribe Uspaskich, exigió una disculpa al eurodiputado. Dacian Cioloș le dio de plazo hasta el jueves de esta semana para dar unas explicaciones convincentes. En caso contrario, el político lituano sería expulsado del grupo liberal en el Parlamento Europeo.

Cioloș, ex primer ministro de Rumanía, calificó los comentarios de su correligionario lituano de «aberrantes» y aseguró que son «inaceptables e incompatibles» con los valores de Renew Europe. Entre las reacciones al discurso de odio LGTBIfobo de Uspaskich se encuentra también la del diputado Tomas Vytautas Raskevičius, primer miembro abiertamente gay del Seimas, el parlamento unicameral lituano. El político se preguntó en su perfil de Facebook si se debe permitir que «un miembro del Parlamento Europeo siembre odio homófobo».

Uspaskich, por su parte, aseguró que sus declaraciones se habían sacado de contexto y malinterpretado y se excusó con que el lituano no es su lengua materna. Unas explicaciones que no fueron suficientes para los líderes de Renew Europe, por lo que procedieron a expulsarlo del grupo parlamentario. Ahora es el Partido Laborista (DP), fundado por el propio Uspaskich, el que se desliga de los liberales europeos. La expulsión del eurodiputado «es una señal bastante clara de que no somos bienvenidos», según la diputada del DP Ieva Kačinskaitė-Urbonienė. La política lituana no descarta la integración en otro partido europeo o incluso el regreso a ALDE en el futuro.

Fuente Dosmanzanas

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Exabrupto LGTBIfobo de un eurodiputado lituano. Viktor Uspaskich, del socioliberal Partido Laborista, publicó en Facebook un vídeo el pasado domingo en el que tacha a las personas LGTBI de «pervertidas» y «desviadas» y carga contra «los que esconden la polla bajo la falda». Los liberales de Renew Europe, el grupo del Parlamento Europeo al que se adscribe Uspaskich, le han dado de plazo hasta hoy jueves para disculparse. En caso contrario, el eurodiputado lituano será expulsado del grupo.

Uspaskich es un millonario lituano de origen ruso y fundador y único eurodiputado del socioliberal Partido Laborista. El pasado domingo, publicó un vídeo en su perfil de Facebook cargado de odio LGTBIfobo. En la grabación, se lamenta de que en Europa se haya vuelto «peligroso» decir que «eres un miembro de la orientación natural». «No quiero que pederastas de ningún tipo hablen de mis declaraciones y mi programa», añadió, usando la palabra lituana pedikai, que literalmente significa «pederasta» pero también es un insulto homófobo asimilable a «maricón».

No paró ahí la diatriba. «Los que esconden la polla bajo la falda y salen a la calle a gritar son unos pervertidos y unos desviados. Esas cosas no se deberían tolerar», declaró. Al conocer el contenido del vídeo, el líder del grupo parlamentario Renew Europe, al que se adscribe Uspaskich, exigió una disculpa al eurodiputado. Dacian Cioloș le dio de plazo hasta el jueves de esta semana para dar unas explicaciones convincentes. En caso contrario, el político lituano será expulsado del grupo liberal en el Parlamento Europeo.

Cioloș, ex primer ministro de Rumanía, calificó los comentarios de su correligionario lituano de «aberrantes» y aseguró que son «inaceptables e incompatibles» con los valores de Renew Europe. Entre las reacciones al discurso de odio LGTBIfobo de Uspaskich se encuentra también la del diputado lituano Tomas Vytautas Raskevičius, primer miembro abiertamente gay del Seimas. El político se preguntó en su perfil de Facebook si se debe permitir que «un miembro del Parlamento Europeo siembre odio homófobo». Uspaskich, por su parte, asegura que ha sido malinterpretado y que dará explicaciones.

Luces y sombras de la realidad LGTB en Lituania

La realidad LGTBI de Lituania en la última década ha estado marcada por los altibajos. En octubre de 2010 entró en vigor una reforma para prohibir la «manifestación y promoción» de contenidos publicitarios referidos a orientación sexual. Una prohibición que afecta a servicios publicitarios dirigidos a toda la población, y no solo a menores. Poco antes, en marzo de 2010, había entrado en vigor la ley de «de protección de menores contra el efecto perjudicial de la información pública» con el objetivo de obstaculizar la información positiva sobre diversidad sexual. Y aunque su versión inicial fue corregida por las protestas, su redacción definitiva sigue estigmatizando la información sobre homosexualidad.

En septiembre de 2014 informábamos sobre la prohibición de un inocente spot contra la homofobia, en base a esta legislación. En enero de 2015, un diputado lituano lanzaba veladas amenazas precisamente contra la Liga Gay Lituana, a la que acusaba de «jugar con fuego» con «provocaciones» que podrían costarles un ataque como el sufrido por la revista satírica Charlie Hebdo en París. Ese mismo mes, un tribunal lituano calificaba de «excéntrica» la foto en la que una pareja gay aparece besándose y descartaba actuar ante las amenazas homófobas que habían recibido sus protagonistas.

En noviembre de 2015 recogíamos una noticia con un cariz algo más positivo: el Parlamento del país decidía eliminar del orden del día la votación de una ley contra la llamada «propaganda homosexual» similar a la vigente en Rusia. En 2017, el país báltico sorprendía positivamente al conceder asilo a dos refugiados perseguidos en Chechenia a causa de su orientación sexual. En febrero de 2016, las autoridades de inmigración del país denegaron el permiso temporal de residencia a un hombre de nacionalidad bielorrusa casado en Dinamarca con un ciudadano lituano. Una situación corregida en enero de 2019 por la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba reconocer el derecho de residencia a los cónyuges de parejas del mismo sexo, en aplicación de la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitida meses antes.

A finales del año pasado pudimos informar de más noticias alentadoras del país báltico. En las elecciones de octubre, Raskevičius hizo historia al convertirse en el primer hombre abiertamente gay en conseguir un acta de diputado en el Seimas. Los comicios alumbraron también un Gobierno de coalición de centroderecha que recoge la tramitación de un proyecto de ley de uniones civiles entre personas del mismo o de distinto sexo. En la actualidad no existe ningún reconocimiento de las parejas del mismo sexo en Lituania.

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Importante victoria para la comunidad trans en Estados Unidos. Un juez federal decretó el pasado mes de diciembre que la prohibición de modificar el sexo legal en las partidas de nacimiento, vigente en el estado de Ohio, es inconstitucional. La política discriminatoria, impuesta por el departamento de Salud y la oficina de Estadísticas Vitales, contradecía las normas que sí permiten el cambio de los documentos de identidad y los permisos de conducción en este estado del Medio Oeste. En agosto del año pasado, otra jueza federal paralizó la aplicación de la ley de Idaho que también prohibía la modificación registral del sexo asignado al nacer, con lo que Tennessee ha quedado como el único estado de los Estados Unidos que sigue negando a las personas trans el derecho al reconocimiento de su identidad de género.

La prohibición de modificar el registro del sexo legal en las partidas de nacimiento en Ohio se basa en una sentencia del año 1987. En 2016, las autoridades del estado revisaron el asunto y decidieron seguir aplicando la política discriminatoria para, según su versión, prevenir el fraude y mantener la exactitud de los registros históricos. En 2018, cuatro personas trans (tres mujeres y un hombre) demandaron al departamento de Salud y a la oficina de Estadísticas Vitales por la imposibilidad de adaptar sus partidas de nacimiento a sus identidades de género. Los demandantes sufrieron amenazas y humillación en sus trabajos cuando, por culpa de la incongruencia en estos documentos, quedó al descubierto su condición de personas trans.

Dos años después, el juez federal Michael Watson ha sentenciado que la práctica de las autoridades de Ohio es inconstitucional. El magistrado asegura que no hay motivos fundados para denegar el derecho al reconocimiento de la identidad de género. Señala que, a pesar del fallo de 1987, tiene constancia de al menos diez casos anteriores a 2016 en los que sí se autorizó la modificación registral del sexo. Por último, añade que el estado ya autoriza la adaptación de las partidas de nacimiento en el caso de adopciones y de cambios de nombre. Además, las personas trans sí que pueden actualizar sin problemas sus documentos de identidad y sus permisos de conducción.

Con la anulación de la política discriminatoria en Ohio, Tennessee queda como el único estado de los Estados Unidos que niega a las personas trans el derecho a su identidad. El año pasado, ambas cámaras de Idaho aprobaron una ley que eliminaba la posibilidad de modificar el sexo asignado al nacer en las partidas de nacimiento. Tan solo un mes después de entrar en vigor, la jueza federal Candy Dale decretó su paralización. En Europa, recordemos, el Gobierno húngaro de Viktor Orbán prohibió en mayo del año pasado la modificación registral del sexo asignado en el nacimiento, en lo que se considera uno de los mayores ataques a la comunidad LGTBI ocurrido en un país de la Unión Europea.

Fuente Dosmanzanas

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La Oficina de Comunicación, también conocida como Ofcom. (Imágenes de Bruno Vincent / Getty)

El organismo de control de los medios de comunicación de Gran Bretaña amplió silenciosamente su definición de discurso de odio el jueves por la noche (31 de diciembre) para incluir la intolerancia a la afirmación de género.

La Oficina de Comunicaciones, un regulador de comunicaciones también conocido como Ofcom, actualizó su código de transmisión con una definición renovada de discurso de odio a las 11 pm en medio de la retirada de Gran Bretaña de la Unión Europea.

Ahora incluirá “todas las formas de expresión que difundan, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia por motivos de […] reasignación de género”. También se agregó a esta lista “opinión política o de cualquier otro tipo”.

La definición completa incluye: “Discapacidad, etnia, origen social, sexo, género, reasignación de género, nacionalidad, raza, religión o creencias, orientación sexual, color, características genéticas, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, pertenencia a una minoría nacional , propiedad, nacimiento o edad “.

Al decir adiós al bloque, Ofcom cambió sus directrices, dijo. También declaró que se tomó la medida para alinearse con el  Audiovisual Media Services Regulation (AVMS) 2020 (Reglamento revisado de servicios de medios audiovisuales (AVMS) 2020), una ley que regula qué contenido dañino pueden publicar las plataformas para compartir videos.

Ofcom buscó equilibrar la “libertad de expresión” con una nueva definición de discurso de odio, dice un representante. “La importancia de la libertad de expresión en relación con los asuntos políticos y el contenido de interés público es fundamental para la aplicación del código por parte de Ofcom y la enmienda propuesta no cambia esto”, dijo Ofcom en un comunicado.

Añadió que el contexto era “una parte muy importante del pensamiento de Ofcom al considerar las reglas. Estas son las características mencionadas en el Artículo 21 de la Carta Europea de Libertades Fundamentales, y Ofcom está obligada por ley a prohibir el discurso de odio contra cualquier grupo cubierto por las características establecidas en la Carta”, dijo un representante a MailOnline. “Consideraríamos cualquier queja sobre una posible incitación contra esas características teniendo en cuenta los hechos de un caso individual. Como se indicó en nuestra consulta, cualquier consideración también tomaría en cuenta la libertad de expresión”.

Los jefes de Ofcom han fortalecido cada vez más las protecciones de la autoridad para las personas trans. En diciembre de 2019, la directora de Ofcom, Melanie Dawes, dijo a los legisladores que es “extremadamente inapropiado” que las emisoras “equilibren” las apariencias de personas trans con personas anti-trans.

PinkNews tiene conocimiento de al menos un caso en el que un programa de la BBC invitó a un panel de personas transgénero a discutir sus experiencias y opiniones variadas sobre el reconocimiento de género, antes de que una intervención de la unidad de política editorial de la emisora requiriera la inclusión de una mujer cisgénero con puntos de vista ‘críticos de género’.

En otro caso, se modificó un informe en línea sobre los tiempos de espera de atención médica para personas transgénero para incluir comentarios trans-hostiles no relacionados del grupo de presión LGB Alliance.

Fuente Pink News

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Nuevos pasos en la aparentemente imparable senda de Hungría hacia la erradicación de los derechos fundamentales de la ciudadanía LGTBI. El Gobierno de Viktor Orbán (Fidesz) ha presentado una reforma de la Constitución que incluye la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales. Se trata de una medida que eleva al más alto nivel normativo el espíritu de la ley que prohibió la posibilidad de modificar legalmente el género asignado en el momento del nacimiento y que el Parlamento aprobó en mayo de este año. La reforma de la ley fundamental también fija sendas definiciones de «padre» y «madre» que proscriben el reconocimiento de la homoparentalidad e impone que la educación en los colegios debe basarse «en la cultura cristiana».

El pasado día 30 de marzo, el primer ministro Viktor Orbán asumía poderes extraordinarios con la excusa de la crisis producida por la pandemia de coronavirus. Solo un día después, coincidiendo con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, el vice primer ministro Zsolt Semjén presentaba un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias. Entre ellas, en la sección 33, se incluyó una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que abría dicha modificación y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación.

Finalmente, el 19 de mayo, solo dos días después de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la sección 33. Lo hacía por 133 votos a favor (precisamente los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra. Como ya expresábamos entonces, se trata, muy posiblemente, del mayor ataque lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, solo ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de la UE y de la propia institución comunitaria.

Dos ultraderechistas, Abascal y Orban, se saludan

Tal vez envalentonado por esta falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, el Gobierno de Orbán ha dado un paso más allá en la supresión de derechos de la comunidad LGTBI. El pasado 10 de noviembre, la ministra de Justicia Judit Varga presentaba una reforma constitucional que, entre otros puntos, recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento». Una formulación que, a pesar de que aparentemente ampara un derecho, en realidad se traduce en la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales. Para ellos, la iniciativa blinda al máximo nivel normativo la prohibición de cambiar el género asignado en los archivos registrales, que como se ha explicado antes ya está vigente con carácter general en la legislación ordinaria.

Pero no es esta la única medida de la propuesta de reforma constitucional que pone a la comunidad LGTBI en el punto de mira. El texto presentado incluye una ampliación del artículo sobre la familia, que desde 2012 prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora se añadiría la frase: «La madre es una mujer y el padre, un hombre». La finalidad, cerrar la puerta a cualquier reconocimiento de realidades familiares diferentes a la compuesta por un hombre y una mujer. Para terminar de confirmar este objetivo, la ministra Varga ha anunciado la próxima tramitación de un proyecto de ley para limitar a las parejas casadas la adopción de menores.

Por último, otro de los puntos que ha despertado las alarmas del activismo es el que se refiere a los valores que deben inspirar la educación en las escuelas húngaras. La reforma constitucional impone que estos deben inspirarse en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana». La asociación LGTBI Háttér advierte de que esta formulación hará imposible la inclusión de contenidos sobre diversidad afectivo-sexual en los currículos escolares. El vice primer ministro Semjén ya ha aclarado que la reforma se debe entender como una prohibición de la «propaganda de género», un término paraguas que puede contener cualquier tema relacionado con la realidad LGTBI.

El Gobierno de Orbán avanza un paso más hacia la discriminación y estigmatización de la comunidad LGBTI, llegando hasta la negación de su identidad en el caso de las personas trans e intersexuales. Retomamos, en este punto, la pregunta que nos hacíamos con motivo de la aprobación de la ley que prohibió la modificación legal del género asignado al nacer: ¿Reaccionará esta vez la Unión Europea con mayor contundencia, o seguirá limitándose a «condenar», «rechazar» y «lamentar»?

Y esto es lo que tenemos en España… Santiago Abascal con Orban, mientras Pablo Casado apoya a Orban  negándose a firmar con 13 partidos conservadores de la UE que pedían expulsar a Orbán por imponer una corona-dictadura en Hungría

Fuente Dosmanzanas

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Políticos y diplomáticos de toda Europa protestan por la decisión del Comité organizador de los Juegos Europeos (un evento organizado por los Comités Olímpicos Europeos) de que la edición de 2023 se celebre en Cracovia (Polonia), una región autodeclarada “Zona Libre de LGTB+”, declarando que la región “no es apta” para realizar el evento

Se espera que unas 50 naciones compitan en los terceros Juegos Europeos, un evento afiliado a los Juegos Olímpicos que el año pasadose anunció que tendrá lugar en Cracovia, Polonia . La ciudad está ubicada en la región de Małopolska, que el año pasado se unió a otros 100 municipios para comprometerse a oponerse a los actos de tolerancia hacia la comunidad LGBT +.

Dos miembros del Parlamento Europeo (eurodiputados) y dos legisladores de Gran Bretaña y Bélgica dijeron que la postura de Małopolska significaba que no era un lugar adecuado para los juegos.

“Los Juegos Europeos son un evento olímpico y, como tal, deben defender los valores de excelencia, respeto y amistad”, dijo Liz Barker, miembro de la Cámara de los Lores de Gran Bretaña y del Grupo Parlamentario de Todos los Partidos sobre Derechos Globales LGBT +, en declaraciones a Reuters. .

“Dado que la región de Malopolska en Polonia se ha declarado a sí misma una ‘zona libre de LGBT’, ya no es apto para albergar este evento”.

Su desaprobación fue compartida por Terry Reintke y Marc Angel, copresidentes del Intergrupo LGBTI del Parlamento Europeo. Expresaron su preocupación por el hecho de que los Comités Olímpicos Europeos (EOC), que son los propietarios y organizadores de los juegos, no hayan tomado medidas para proteger a los atletas LGBT +.

“Es increíble que una organización así no se encargue más de responder adecuadamente a las preguntas que muchas personas LGBTI se harán cuando quieran participar o ver estos juegos”, dijeron.

Sin embargo, la portavoz de la EOC, Donatella Del Gaudio, insistió en que se incluirían disposiciones sobre el respeto de los derechos humanos y la prevención de la discriminación en el contrato de hospedaje.

“La (EOC) ha pedido garantías a los organizadores de Kraków-Małopolska y a los más altos niveles de gobierno de que se respetarán plenamente los principios fundamentales de la Carta Olímpica”, dijo.

Las llamadas zonas libres de LGBT de Polonia han sido objeto de una condena global, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que “no tienen lugar” en la Unión Europea.

El Gobierno de extrema derecha de Polonia es en la actualidad, junto con el de Hungría, la punta de lanza de la involución LGTBIfoba en la Unión Europea. Nos hemos hecho eco de numerosas manifestaciones de esta oleada de hostilidad contra la comunidad. Una de las más recientes se produjo el pasado mes de abril, cuando el Parlamento votó a favor de la iniciativa de la organización LGTBIfoba Stop Pedofilia para criminalizar la educación sexual, con el apoyo del gobernante PiS. Ya el año pasado, el líder del partido y ex primer ministro Jarosław Kaczyński aprovechó una iniciativa inclusiva del alcalde de Varsovia para echar gasolina a la LGTBfobia. El político calificó los derechos LGTBI de un «ataque a la familia y a los niños» que amenaza los valores tradicionales polacos.

Sus palabras encendieron una mecha que se extendió entre los medios y el establishment ultraconservador. Una de las primeras consecuencias de este repunte de la hostilidad LGTBfoba fue la detención de la activista Elżbieta Podleśna bajo la acusación de ofender a los sentimientos religiosos. Su supuesto delito, difundir una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa con un halo arcoíris en lugar del original dorado. Dos meses más tarde, contramanifestantes de extrema derecha intentaban impedir de forma violenta la celebración de la primera manifestación del Orgullo LGTBI en Białystok, al este del país.

Hace unos días, cincuenta embajadores y representantes de organizaciones internacionales apoyan a la comunidad LGTBI en Polonia a través de una carta. Puedes ver el listado completo de firmantes y leer íntegra la carta de los embajadores y representantes de organizaciones internacionales en este enlace

Esta protesta responde a la cada vez más difícil situación de la comunidad LGTBI en Polonia, desde marzo de 2019, donde alrededor de un centenar de localidades y regiones se han declarado «libres de ideología LGTBI», una campaña de odio institucional cuyo ámbito de actuación se extiende ya por un tercio de la geografía polaca. En este sentido, la declaración de apoyo de los embajadores se suma a las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea contra la existencia de estas zonas. La iniciativa LGTBIfoba tiene un carácter principalmente simbólico, pero conlleva una indudable carga de hostilidad y estigmatización de la comunidad. La medida de odio LGTBIfobo, que el diario italiano La Repubblica comparó con el concepto nazi de zonas judenfrei («libres de judíos»), llegó hasta el Parlamento Europeo. El 18 de diciembre del año pasado la cámara aprobó, por 463 votos a favor frente a 107 en contra, una resolución de condena. En agosto de este año, la Comisión anunciaba la retirada de las ayudas a seis localidades polacas, que requerían financiación para un programa de hermanamiento entre ciudades de distintos países, por haberse declarado «zonas libres de ideología LGTBI». La Comisión declaró que se habían negado a respetar los “valores y derechos fundamentales de la UE”. Es posible que otras áreas puedan ser penalizadas de manera similar, ya que varias ciudades de Europa han terminado los acuerdos de hermanamiento con sus homólogos polacos.

El punto de origen es el discurso abiertamente homófobo del partido gobernante en Polonia, Ley y Justicia (PiS), que agitó la campaña presidencial (que ganó su candidato Andrzej Duda por un estrecho margen de votos) identificando la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI como una «ideología» que no dudaron en calificar de «extranjera» y «más perjudicial que el comunismo».

Durante este verano, la proclamación de estas zonas «libres de ideología LGTBI» provocaron la organización y reacción de distintos grupos LGTBI y pro-derechos humanos que desembocaron en manifestaciones pacíficas fuertemente reprimidas por la policía. La manifestación de Varsovia fue la más numerosa y acabó con el arrestó de la activista Małgorzata Prokop-Paczkowska, más conocida como Margot. Su arresto provocó más manifestaciones en las que fueron detenidas hasta 47 personas más en lo que ya se conoce como el Stonewall polaco, en referencia a las revueltas de 1969 en Nueva York que originaron lo que hoy conocemos como el Orgullo LGTBI. Margot ha sido encarcelada durante dos meses.

Por declaraciones y hechos como estos resulta especialmente llamativa la respuesta del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, a la publicación de la carta de los diplomáticos: «Discrepo por completo con la carta de los embajadores en la parte en la que dicen que hay personas en Polonia a la que de alguna forma ya no se les respeta», ha defendido. Según Morawiecki, «la tolerancia forma parte de los valores del país» y lo más sorprendente es que ha llegado a negar la existencia de las zonas «libres de ideología LGTB».

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En una cita encabezada por el Embajador de la Unión Europea en Chile, León de la Torre Krais, el Movilh expuso sobre el incremento de los casos y denuncias por homofobia y transfobia en Chile.

En el marco de la décima edición del Diálogo de Derechos Humanos entre la Unión Europea y el Gobierno de Chile, que tiene lugar hoy, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expuso esta semana ante los diplomáticos/as del bloque sobre la realidad de las personas lesbianas, gays, bi, trans e intersex (LGBTI).

En concreto el Movilh se refirió al incremento del 58% de las denuncias y casos por discriminación a personas LGBTI ocurrido en 2019, así como al aumento del 47% de los abusos contra la diversidad sexual y de género en el transcurso del presente año y a los atropellos policiales sistemáticos ocurridos en el marco del estallido social

Del mismo modo, el Movilh informó sobre los diversos ataques que ha sufrido en su dede en manos de grupos que se autodefinen como neonazis o nacionalistas, así como sobre los más de cinco mil insultos y amenazas de muerte que sus activistas han recibido en el transcurso del presente año.

“Frente a estos abusos, el Estado no ha brindado ayuda, ni asesorías, ni tampoco ha solidarizado con los defensores/as de derechos humanos cuando han visto vulnerada su integridad física o psicológica en manos de grupos de odio”, señaló el Movilh, junto con advertir que en Chile persisten normas que discriminan a las personas en razón de su orientación sexual o identidad de género, como son la ley de matrimonio, el artículo 365 del Código Penal y el Decreto 924 del Ministerio de Educación.

A todo, señaló el Movilh a los/as diplomáticos/as, se suma la ausencia de presupuestos o servicios estatales focalizados en la realidad LGBTI, así como el incumplimiento por parte del Estado de Chile al Acuerdo de Solución Amistosa que firmó en 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el avance de todas las leyes y políticas publicas faltantes para la plena igualdad de la diversidad sexual y de género.

En representación de la delegación de la Unión Europea, estuvieron en la reunión su embajador-jefe, León de la Torre Krais (en la fotografía), el Jefe de la Sección Política, Prensa e Información, Quentin Weiler, la Oficial Político, Pía Hevia, el Oficial de Cooperación, Nurit Bodemann-Ostow y la pasante Marketa Charvatova.

También estuvieron  el embajador de Irlanda, Paul Gleeson;  el Ministro Consejero de la Embajada de Alemania, Peter Sauer; la  Primera Secretaria de le embajada de Bélgica, Clara Mareschal; el Primer Secretario de la Embajada de Croacia, Boris Dumancic; la  Consejera Política de la Embajada de Dinamarca, Trine Danklefsen; la Consejera de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España, Ana María Bermúdez Odriozola; la Consejera Política y Económica del Reino de los Países Bajos, Lisette den Breems  y la Segunda Secretaria de la Embajada de Suecia, Malin Larsson.

En la ocasión, también expuso  sobre la realidad LGBTI la Fundación Iguales.

La cita de los países europeos con organizaciones LGBTI, se suma a la que también ha sostenido con grupos de pueblos indígenas y de mujeres, entre otros.

Tras los encuentros con la sociedad civil, las embajadas se reunirán hoy con el Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Sr. Juan Pablo Crisóstomo y con la subsecretaria de Derechos Humanos, Sra. Lorena Recabarren.

Fuente MOVILH

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunció el miércoles pasado su primer discurso sobre el estado de la Unión ante el Parlamento en Bruselas. En el ámbito LGTBI, la política alemana no eludió la preocupante situación de la comunidad en Polonia. En particular, criticó con dureza la creación por parte de autoridades regionales y locales de las denominadas «zonas libres de ideología LGTBI», que tachó de «zonas libres de humanidad». Von der Leyen también anunció la puesta en marcha de una estrategia para reforzar los derechos LGTBI en la Unión Europea, con el reconocimiento trasnacional de la parentalidad de los hijos nacidos de parejas del mismo sexo como punto prioritario.

La preocupante espiral de hostilidad hacia la comunidad LGBTI en Polonia llega hasta la primera línea de la política europea. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pronunció el pasado miércoles su primer discurso sobre el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo y se refirió al asunto de manera contundente. Un toque de atención explícito que hay que agradecer, entre otros, a la presión del Intergrupo LGTBI, una alianza de 32 europarlamentarios que el pasado martes se concentró a las puertas del Espace Léopold, la sede bruselense del hemiciclo, en solidaridad con la comunidad LGTBI polaca.

Von der Leyen condenó, con una dureza mayor de la esperada, la iniciativa de las autoridades locales y regionales polacas, apoyada por la extrema derecha, que alienta la hostilidad y la estigmatización de la comunidad LGTBI. «No descansaré cuando se trata de construir una Unión de igualdad. Una Unión donde puedas ser quien eres y amar a quien quieras, sin miedo ni recriminación», declaró. «Porque ser tú mismo no es tu ideología, es tu identidad y nadie la puede arrebatar», prosiguió, para culminar entre aplausos: «Así que quiero ser muy clara: las zonas libres de LGTBIQ son zonas libres de humanidad y no tienen cabida en nuestra Unión».

La presidenta de la Comisión también anunció una estrategia para fortalecer los derechos de las personas LGTBI. En particular, prometió mejorar el reconocimiento mutuo de las relaciones familiares a nivel comunitario. «Porque si eres un progenitor en un país, por supuesto eres un progenitor en todos los países», afirmó. Se trata de un asunto crucial para los hogares homoparentales, especialmente aquellos en los que conviven padres o madres con diferentes nacionalidades.

Hostilidad LGTBIfoba en Polonia

Los políticos han avivado repetidamente el odio anti-LGBT + en Polonia. Las personas LGBT + son un saco de boxeo popular para el gobierno conservador de Polonia, con el presidente de derecha Andrzej Duda ganando la reelección por un estrecho margen en julio después de hacer de la homofobia uno de los pilares centrales de su campaña.

El Gobierno de extrema derecha de Polonia es en la actualidad, junto con el de Hungría, la punta de lanza de la involución LGTBIfoba en la Unión Europea. Nos hemos hecho eco de numerosas manifestaciones de esta oleada de hostilidad contra la comunidad. Una de las más recientes se produjo el pasado mes de abril, cuando el Parlamento votó a favor de la iniciativa de la organización LGTBIfoba Stop Pedofilia para criminalizar la educación sexual, con el apoyo del gobernante PiS. Ya el año pasado, el líder del partido y ex primer ministro Jarosław Kaczyński aprovechó una iniciativa inclusiva del alcalde de Varsovia para echar gasolina a la LGTBfobia. El político calificó los derechos LGTBI de un «ataque a la familia y a los niños» que amenaza los valores tradicionales polacos.

Sus palabras encendieron una mecha que se extendió entre los medios y el establishment ultraconservador. Una de las primeras consecuencias de este repunte de la hostilidad LGTBfoba fue la detención de la activista Elżbieta Podleśna bajo la acusación de ofender a los sentimientos religiosos. Su supuesto delito, difundir una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa con un halo arcoíris en lugar del original dorado. Dos meses más tarde, contramanifestantes de extrema derecha intentaban impedir de forma violenta la celebración de la primera manifestación del Orgullo LGTBI en Białystok, al este del país.

Otro de los efectos de esta oleada de odio ha sido la declaración de las «zonas libres de ideología LGTBI» desde marzo de 2019. La iniciativa LGTBIfoba tiene un carácter principalmente simbólico, pero conlleva una indudable carga de hostilidad y estigmatización de la comunidad. La medida de odio LGTBIfobo, que el diario italiano La Repubblica comparó con el concepto nazi de zonas judenfrei («libres de judíos»), llegó hasta el Parlamento Europeo. El 18 de diciembre del año pasado la cámara aprobó, por 463 votos a favor frente a 107 en contra, una resolución de condena. En agosto de este año, la Comisión anunciaba la retirada de las ayudas a seis localidades polacas, que requerían financiación para un programa de hermanamiento entre ciudades de distintos países, por haberse declarado «zonas libres de ideología LGTBI». Las jurisdicciones que se han unido a esta iniciativa LGTBIfoba abarcan un tercio de la superficie total de Polonia e incluyen cerca de cien municipios, al menos dieciocho condados y cinco regiones.

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Más de cien municipios, además de varios condados y regiones que cubren en conjunto una tercera parte de la superficie de Polonia, se han declarado «zonas libres de ideología LGTB». La iniciativa se ha extendido principalmente por el sudeste del país, feudo principal de Ley y Justicia (PiS), la formación ultraconservadora que gobierna el país. 

La Comisión Europea ha acordado negar las ayudas a seis ciudades polacas que requerían financiación en un programa de hermanamiento entre ciudades de distintos países por declararse «zonas libres de ideología LGTB». La comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, ha anunciado esta medida sin detallar qué ciudades son concretamente las que no podrán acogerse a estas ayudas europeas. «Los valores y derechos fundamentales de la Unión Europea deben ser respetados por los Estados miembros y las autoridades estatales. Es por esto que las solicitudes de hermanamiento de seis ciudades polacas que se declararon ‘zonas libres de LGTBI’ o adoptaron resoluciones de ‘derechos de la familia’ han sido denegadas»:

EU values and fundamental rights must be respected by Member States and state authorities.

This is why 6 town twinning applications invilving Polish authorities that adopted ‘LGBTI free zones’ or ‘family rights’ resolutions were rejected.#LGBTI #UnionOfEquality

— Helena Dalli (@helenadalli) July 28, 2020

Estas ayudas se calculan entre los 5.000 y 25.000 euros para los consistorios que soliciten crear vínculos culturales, educativos y sociales con otras ciudades europeas. La agencia responsable del programa, la EACEA, estipula en las convocatorias que esta ayuda debe estar accesible a todos los ciudadanos, sin discriminación por ningún motivo, incluyendo la orientación sexual.

Otras corporaciones locales han tomado la iniciativa y han sido ellas mismas las que han cancelado su hermanamiento con distintas ciudades polacas cuyas corporaciones locales han aprobado resoluciones homófobas bajo una u otra denominación. Este ha sido el caso de la localidad francesa de Saint-Jean-de-Braye, que el pasado febrero dio por finalizado su hermanamiento con Tuchów.

Como ya informamos gobiernos locales de Polonia que abarcan hasta un tercio de la superficie del país se han declarado «zonas libres de ideología LGTB». La medida de odio LGTBfobo, que el diario italiano La Repubblica comparó con el concepto nazi de zonas judenfrei («libres de judíos»), llegó hasta el Parlamento Europeo. El 18 de diciembre del año pasado la cámara aprobó, por 463 votos a favor frente a 107 en contra, una resolución de condena de las «zonas libres de ideología LGTB». En enero, el activista Bart Staszewski inició una campaña para visualizar el estigma de esta iniciativa posando con signos en varios idiomas junto a las señales de entrada a las localidades adheridas a la iniciativa LGTBfoba (ver imagen, a la izquierda). A fecha de hoy, las jurisdicciones declaradas «zonas libres de ideología LGTB» abarcan un tercio de la superficie total de Polonia e incluyen cerca de cien municipios, al menos dieciocho condados y cinco regiones (a las cuatro iniciales se les unió Łódź).

Esto es fruto del auge del discurso del odio que se ha instalado en el panorama político polaco, especialmente favorecido por Ley y Justicia (PiS), la formación ultraconservadora que gobierna el país. En las recientes elecciones presidenciales, por ejemplo, el candidato del PiS (que resultó reelegido por un estrecho margen) calificó la existencia de la diversidad sexual de una «ideología extranjera más dañina que el comunismo». Un discurso que poco a poco el PiS intenta trasladar a la legislación, como ha puesto de manifiesto el reciente voto del Parlamento polaco a favor de una iniciativa para criminalizar la educación sexual.

Campañas de odio similares a las que se pueden ver en Rusia y a las que los medios de comunicación ultraconservadores polacos se suman animando a la población a que identifique sus negocios, casas o enseres personales con enseñas que aluden a la denominación «zonas libres de LGTB». Un buen ejemplo de este clima de opinión es el hecho de que la cadena de televisión pública polaca definiera recientemente a España como un país que vive «bajo una dictadura LGTB».

Desde las instituciones europeas no descartan ampliar las sanciones a Polonia por estas prácticas. Cabe recordar que las mismas corporaciones locales que demandan estos fondos de la Unión Europea alientan el discurso contra los valores que la propia Unión encarna. Un discurso que la extrema derecha también se empieza a instalar en España: conviene recordar también que el PiS y Vox han establecido una colaboración para «fortalecer el modelo familiar tradicional».

Fuente: Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Los legisladores en el pequeño país de los Balcanes llegaron a la decisión el miércoles (1 de julio) después de que la ley recibió 42 votos en el parlamento de 81 escaños.

El primer ministro de Montenegro, Duško Marković, lo calificó como “un gran paso en la dirección correcta para la sociedad montenegrina, su madurez democrática y sus procesos de integración”.

El presidente Milo Đukanović también acogió con beneplácito la medida, declarando en Twitter que Montenegro está ahora “un paso más cerca de unirse a las democracias mundiales más desarrolladas”. Es] una confirmación de que nuestra sociedad está madurando, aceptando y viviendo las diferencias”, agregó. “¡Nacido libre e igual en dignidad y derechos!”

Desafortunadamente, eso no es estrictamente cierto: aunque a las parejas montenegrinas del mismo sexo se les otorgan casi todos los mismos derechos que a los heterosexuales, todavía no pueden adoptar o acoger niños.

Las parejas de lesbianas no pueden someterse a FIV en el país y la subrogación está prohibida para todas las parejas, independientemente de su orientación sexual.

Sin embargo, el importante avance hacia la igualdad está siendo celebrado por la comunidad montenegrina LGBT +.

El grupo de defensa LGBT Forum Progres, , la primera y más antigua organización LGBT + de Montenegro, describió la aprobación del proyecto de ley como “un inmenso paso adelante para la sociedad montenegrina. [¡Es] un día histórico para todos nosotros y el movimiento LGBT + en Montenegro!” Tuitearon, agradeciendo a una serie de activistas y organizaciones LGBT + internacionales por su apoyo a lo largo de los años.

El pequeño país de 620,000 personas se encuentra actualmente en negociaciones avanzadas para unirse a la Unión Europea, y la afirmación de las uniones del mismo sexo probablemente será vista como un signo de su “madurez democrática” en línea con los valores de la UE.

Fue una sorpresa para muchos después de que la ley fuera rechazada por el parlamento montenegrino en 2019.

“Sinceramente, no me lo esperaba”, dijo John Barac de LGBT Forum Progres a Openly. “Es realmente extraordinario, es un gran día para todos nosotros”.

Fuente Pink News

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El Parlamento de Hungría, ampliamente dominado por las fuerzas de derecha, ha culminado la villanía. Por 133 votos a favor y 59 en contra, ha aprobado una ley «ómnibus» que incluye la prohibición de que las personas trans e intersexuales puedan modificar legalmente el género que les fue asignado en el momento del nacimiento. La medida supone, posiblemente, el ataque más grave a los derechos LGTBI en un país de la Unión Europea desde la fundación de la que se supone es una alianza de estados de derecho.

Lo adelantábamos a principios de abril: el vice primer ministro húngaro, Zsolt Semjén, había presentado un proyecto de ley que incluía una modificación de la normativa correspondiente al registro civil para impedir que una persona pudiese modificar sus datos registrales, incluyendo el sexo asignado al nacer, en razón de su identidad de gzsoénero. Se trataba, de hecho, de la primera reforma legislativa tras la asunción, el pasado 30 de marzo, de poderes extraordinarios por parte del primer ministro Viktor Orbán con la excusa de la crisis producida por el coronavirus. Un movimiento que contó con el visto bueno de la Asamblea Nacional húngara, un parlamento unicameral en el que el partido de Orbán (Fidesz) y sus aliados cuentan con una más que cómoda mayoría absoluta.

Tan solo un día después, coincidiendo con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, el vice primer ministro presentó un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias. Entre ellas, en la sección 33, aparece una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que permitía el cambio del género en los datos registrales y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. En este sentido, se trataba de un marco jurídico más avanzado que, por ejemplo, el vigente en España, que sí marca como norma (con solo unas pocas excepciones) la necesidad de un tratamiento hormonal.

Finalmente, este 19 de mayo, solo dos días después de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la Asamblea Nacional ha aprobado la ley que incluye, entre otras medidas, la sección 33. Según un comunicado de condena hecho público por las organizaciones ILGA Europa, IGLYO, Transgender Europe y OII Europe (Organisation Intersex International Europe) lo ha hecho por 133 votos a favor (precisamente los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra.

Un ataque sin precedentes a los derechos LGTBI en la Unión Europea

Se trata, muy posiblemente, del mayor órdago lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de una Unión Europea y de la propia institución comunitaria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostraba por ejemplo preocupada por la respuesta húngara a la crisis del coronavirus y aseguraba estar «monitorizando las medidas» adoptadas, pero sin referirse explícitamente a la anunciada marcha atrás en los derechos de las personas trans e intersexuales. El Parlamento Europeo, por su parte, incluía en una resolución del pasado 17 de abril en la que demandaba una «acción coordinada de la Unión Europea para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias», un punto (el 48) en el que entre otras cuestiones rechazaba «enérgicamente» los «ataques a los derechos de las personas transgénero e intersexuales en Hungría». Preocupación y rechazo, sí, pero sin más valor que el meramente declarativo.

También nos hicimos eco en su momento de la carta que un grupo de eurodiputados dirigió al Gobierno húngaro reclamando dar marcha atrás en sus intenciones. El texto (que puedes ver aquí), además de señalar que la negativa a reconocer legalmente la identidad de género de las personas trans e intersexuales contraviene diferentes resoluciones tanto del Parlamento Europeo como del Consejo de Europa, explicaba que la propia Corte Constitucional húngara falló en 2018 en favor de este derecho. Lamentablemente, la carta estaba firmada solo por 63 diputados en el Parlamento Europeo, menos de un 10% de sus miembros.

Ahora Orbán ha culminado el órdago. Al margen de la evolución interna de los acontecimientos en Hungría (habrá que ver si la Corte Constitucional húngara se pronuncia en algún momento) nosotros nos preguntamos si la Unión Europea hara algo o seguirá limitándose a condenar, rechazar, lamentar, monitorizar… Estaremos atentos.

Y esto es lo que tenemos en España… Santiago Abascal con Orban, mientras Pablo Casado apoya a Orban se niega a firmar con 13 partidos conservadores de la UE que piden expulsar a Orbán por imponer una corona-dictadura en Hungría

Fuente Dosmanzanas

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Seis de cada diez personas LGTBI en Europa evitan ir de la mano con sus parejas en público. Dos de cada cinco han sufrido acoso durante el último año. Una de cada cinco personas trans e intersexuales ha sufrido ataques físicos o sexuales, el doble que otros grupos LGTBI. Una de cada cinco se sintió discriminada en el trabajo y más de una de cada tres se sintió discriminada al salir a comer fuera, beber o socializar. Por lo que se refiere a la situación económica, una de cada tres personas LGTBI tiene dificultades para llegar a fin de mes. La situación es peor en el caso de las personas intersexuales y trans (aproximadamente una de cada dos). Son algunos resultados de una encuesta promovida por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre las experiencias de las personas LGTBI en Europa. Con 140.000 personas encuestadas, se trata de hecho del mayor sondeo jamás realizado sobre la materia en el continente.

Según el comunicado hecho público por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión  Europea, cada vez más personas LGTBI se muestran abiertas sobre quiénes son, pero el miedo, la violencia y la discriminación siguen siendo elevados. «Hay demasiadas personas LGBTI que siguen viviendo en la sombra, con miedo a ser ridiculizadas, discriminadas o incluso sufrir ataques. Aunque algunos países han avanzado en la igualdad de las personas LGBTI, los resultados de nuestra encuesta muestran que, en general, ha habido muy pocos avances reales, lo que deja a muchas personas LGBTI en una situación de vulnerabilidad», afirma el director de la Agencia, Michael O’Flaherty, con ocasión de la publicación de la encuesta. La comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, asegura por su parte que pese a los avances de los últimos años «las personas LGBTI+ siguen presentando niveles elevados de discriminación. Y lo que es más preocupante, hemos presenciado recientemente en la Unión Europea incidentes anti-LGTBI+ tales como ataques en las manifestaciones del Orgullo, la adopción de declaraciones de ‘zona libre de ideología LGBTI‘, multas por publicidad proLGBTI y otros. Todos en la Unión Europea deben sentirse seguros y libres de ser como son».

Por lo que se refiere a los detalles de la encuesta, llevada a cabo entre mayo y julio de 2019 a 140.000 personas de la Unión Europea, Reino Unido, Serbia y Macedonia del Norte, y resumidos en el informe A long way to go for LGBTI equality («Un largo camino por recorrer para la igualdad de las personas LGBTI»), no parece haber una gran evolución respecto a la primera encuesta sobre la materia realizada por la misma institución en 2012 y dada a conocer el año siguiente. Algunos datos, por ejemplo, relacionados con el ámbito laboral: el 21% de las personas encuestadas se habían sentido discriminadas en el trabajo por ser LGTBI durante el año anterior (el 19% en 2012). El colectivo con mayor discriminación es el de las personas trans, en el que de hecho se observa un destacado aumento (36% en 2019 frente al 22% en 2012). Y el 11% de las personas encuestadas habían sentido discriminación en su búsqueda de empleo en el año previo, frente al 13% de 2012. También el colectivo trans es, en este caso, el más discriminado (35% en 2020, un porcentaje no muy distinto al de 2012, un 33%).

Sensibles diferencias entre países

Sin embargo, los promedios ocultan grandes diferencias entre los países. Por ejemplo, al ser preguntados por los esfuerzos de sus gobiernos contra la discriminación de las personas LGTBI, un 40% de los malteses encuestados creen que su gobierno sí se esfuerza de forma eficaz, frente a solo un 2% de los polacos. De hecho, el 83% de estos están convencidos de que su gobierno no se esfuerza en absoluto, frente a solo un 3% de los malteses. España ocupa una posición intermedia, aunque por las fechas en las que se realizó la encuesta, en pleno cambio político, es complicado extraer conclusiones a este respecto.

Por lo que se refiere al nivel de visibilidad de las personas LGTBI, España escala posiciones hasta situarse en sexto puesto, detrás de Holanda, Dinamarca, Luxemburgo, Suecia y Bélgica. Un 26% de los encuestados LGTBI españoles se visibiliza abiertamente (frente al 43% de los encuestados holandeses o al 45% de los daneses), un 27% lo hace relativamente, un 24% lo hace poco y un 23% casi nunca se visibiliza. Los países en los que las personas LGTBI se encuentran en mayor porcentaje en el armario son Rumanía, Bulgaria, Lituania, Serbia y Macedonia del Norte.

Un gesto concreto, pero muy revelador: atreverse a ir de la mano de tu pareja en público sin temor a ser objeto de agresión. Un 61% del total de las personas encuestadas lo evita, siempre o casi siempre. Hay, obviamente, diferencias entre países: los más reticentes son los polacos (83%) y los croatas (84%), pero incluso en los países en los que las cifras son más bajas el porcentaje es significativo. El 39% de los encuestados finlandeses y austriacos, por ejemplo, lo evitan siempre o casi siempre, pese a ser el de estos dos países, de hecho, el porcentaje más bajo sumando las dos categorías (le evitan siempre y lo evitan casi siempre). En el caso español, el 48% de las personas encuestadas lo evita siempre o casi siempre. Un porcentaje que por cierto es inferior al de los Países Bajos (57%) o Bélgica (75%).

Por lo que se refiere al acoso en sus diferentes variantes, un 38% de las personas encuestadas lo han sufrido en el último año (un porcentaje que asciende al 48% en el caso de las personas trans). Y en este caso las diferencias entre países del este y del oeste de Europa se difuminan: Letonia, Rumanía, Lituania, Reino Unido, Bélgica y Polonia encabezan la clasificación, que cierran Portugal, Chipre, Dinamarca y Malta.

Se trata, en definitiva, de una encuesta con multitud de datos, que os invitamos a explorar con detalle. Para ello, además del informe mencionado, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha publicado un explorador de datos en línea que permite filtrar los datos por país, por pregunta de la encuesta y por grupo «L», «G», «B», «T» o «I» y al que puedes acceder aquí. Y aquí puedes acceder a fichas con los resultados en cada país, entre ellos los de España.

Partiendo de todos estos resultados, por cierto, la Agencia de los Derechos Fundamentales hace un llamamiento a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que pongan en marcha medidas que protejan los derechos de las personas LGBTI, en particular en las siguientes esferas (reproducimos literalmente):

Delitos de odio: construir una cultura de tolerancia cero hacia la violencia y el acoso de la comunidad LGBTI de forma que estas personas puedan disfrutar de su derecho a circular libremente y sin miedo. Invertir en formación para garantizar que la policía pueda reconocer, registrar e investigar adecuadamente los delitos de odio contra las personas LGBTI, de modo que las víctimas se sientan seguras para denunciar los ataques y sean tratadas con igualdad.

Denunciar: facilitar a las víctimas la denuncia de los delitos y la discriminación a través de herramientas de denuncia en línea, el enlace con la comunidad y la formación de la policía. Proporcionar los recursos adecuados a los organismos de igualdad para que puedan apoyar eficazmente a las víctimas de discriminación.

Discriminación: adoptar la Directiva sobre igualdad de trato para ampliar la protección contra la discriminación más allá del empleo. Llevar a cabo planes de acción nacionales integrales para promover el respeto de los derechos de las personas LGBTI en todos los ámbitos de la vida.

Escolarización: crear un entorno seguro y de apoyo para los y las jóvenes LGBTI en el colegio. Ayudar a los colegios y al profesorado a compartir experiencias, contrarrestar el acoso de los y las estudiantes LGBTI y garantizar que los materiales educativos no equiparen el hecho de ser una persona LGBTI con el hecho de tener una enfermedad.

Predicar con el ejemplo: todas las personas pueden participar en que la igualdad se convierta en una realidad.

Fuente dosmanzanas

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Importante sentencia de la justicia europea contra la discriminación laboral. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido una sentencia en la que establece que los comentarios públicos contrarios a la contratación de homosexuales son denunciables si quien los realiza tiene algún tipo de relación con los procesos de selección de personal. Y ello aunque las declaraciones homófobas no se dirijan contra personas concretas y sin necesidad de que la empresa esté buscando nuevos empleados en ese momento. El fallo es la respuesta al caso de una asociación italiana que denunció a un abogado por afirmar que no contrataría a homosexuales en su despacho.

El origen del caso se remonta a 2014, cuando Rete Lenford, un colectivo italiano que acumula varios éxitos en la defensa de los derechos LGTBI, denunció a un abogado y exparlamentario por afirmar en un programa de radio que no contrataría a homosexuales en su bufete. Un tribunal de primera instancia le dio la razón y fijó una indemnización de 10.000 euros, pero el acusado recurrió el fallo. La Corte de Casación pidió la opinión de la justicia europea, al considerarla competente para interpretar la legislación de la UE, y en julio de 2018 le remitió el caso.

El alto tribunal italiano pidió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una respuesta a dos cuestiones: si Rete Lenford puede actuar legalmente en representación de intereses colectivos y si las declaraciones denunciadas constituyen una violación de la directiva europea contra la discriminación basada en la orientación sexual, aunque no se dirigieran contra una persona concreta. En octubre de 2019, la abogada general del TJUE Eleanor Sharpston adelantó sus conclusiones favorables a los demandantes, en las que rechazaba que comentarios homófobos como los del abogado puedan considerarse simplemente «jocosos».

La sentencia dada a conocer el pasado jueves confirma la tesis de Sharpston. Los jueves del TJUE reconocen la capacidad de Rete Lenford para entablar un procedimiento judicial en representación de los intereses del colectivo LGTBI. Sobre el fondo de la cuestión, el alto tribunal considera que la directiva 2000/78 relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación «debe interpretarse en el sentido de que están comprendidas en ese concepto declaraciones efectuadas por una persona durante una emisión audiovisual según las cuales en su empresa nunca contrataría ni recurriría a los servicios de personas con una determinada orientación sexual».

Esta conclusión también se aplica aunque en el momento de realizarse dichas afirmaciones «no estuviera en marcha o programado ningún proceso de selección de personal», si quien las realiza tiene relación o influencia en estos procesos. Rete Lenford ha expresado su satisfacción por el fallo, que «fija el criterio guía que debe implicar a todos los agentes económicos» en la lucha contra la discriminación laboral basada en la orientación sexual.

Fuente Dosmanzanas

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El Partido Popular Europeo (PPE) ha abandonado el modelo de familia tradicional y «ha caído en los brazos de la ideología de género». Es lo que ha expresado en una carta Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría desde 2010 al frente de Fidesz. La formación, a la que el mandatario ha empujado a la extrema derecha, sigue vinculada al PPE, aunque su afiliación se encuentra parcialmente suspendida desde hace un año. Una situación que podría terminar si el Fidesz se desmarca de los populares y cambia de grupo político, como ha amagado con hacer. La Hungría de Orbán ha experimentado un auge del discurso de odio LGTBfobo, en el marco de graves agresiones a los principios básicos de la democracia liberal que han sido condenadas por la Unión Europea.

El pasado 3 de febrero, los populares europeos decidieron prolongar indefinidamente la suspensión de Fidesz. El partido húngaro, que bajo el mandato de Viktor Orbán ha transitado desde el centroderecha hasta la extrema derecha, estaba parcialmente suspendido parcialmente desde marzo de 2019. La medida se traduce en que los miembros de Fidesz no pueden participar en las asambleas del PPE ni postularse para sus cargos, aunque siguen formando parte del grupo popular en el Parlamento Europeo.

La prolongación de la suspensión ha provocado la reacción de Orbán. El primer ministro ha enviado un memorándum en el que ataca duramente lo que él percibe como tibieza ideológica de sus correligionarios. El líder de Fidesz pide un claro giro a la derecha y a los «valores cristianos» en varios asuntos, entre los que la equiparación de derechos de la comunidad LGTBI ocupa un lugar destacado.

En su carta, Orbán reclama un regreso del PPE a los valores «de inspiración cristiana» y en particular al «modelo cristiano de familia y el matrimonio de un hombre y una mujer». El primer ministro húngaro achaca la pérdida de poder de los populares europeos en los últimos años a una supuesta claudicación ante «teorías sociales socialistas e igualitarias». «Renunciamos al modelo de familia basado en el matrimonio de una mujer y un hombre y caímos en los brazos de la ideología de género», se lamenta Orbán.

La contundencia de la carta contra sus aún compañeros son un indicio de una posible salida del PPE, con la que el propio líder del Fidesz ha amagado varias veces. La formación, más cercana a la extrema derecha polaca de Ley y Justicia (PiS), podría unirse a ellos en el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). En materia LGTBI, ambos partidos defienden un discurso hostil muy similar.

Hungría, junto a Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTBI

Hungría fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Eran otros tiempos, lamentablemente. La derecha populista de Fidesz conseguía en 2010 un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución húngara para, entre otras medidas autoritarias, «proteger» al matrimonio que se celebra «entre un hombre y una mujer». El panorama político húngaro no ha cambiado desde entonces, o lo ha hecho a peor. En las últimas elecciones de abril de 2018, el Fidesz revalidó su aplastante mayoría, con casi el 50% de los votos, mientras que Jobbik, un partido abiertamente fascista, es la segunda formación del país, con casi el 20%. El primer ministro Orbán, en el pasado considerado un «paria» político, representa hoy en día uno de los referentes de la derecha europea gracias a sus duras posiciones en materia migratoria.

El discurso de Fidesz en materia LGTBI no es menos hostil. En mayo del año pasado, el presidente del Parlamento László Kövér equiparaba el «comportamiento de un pedófilo» con quienes reivindican el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, ya que en su opinión, «el niño es en ambos casos un objeto». El amparo político a estos discursos de odio animaba pocos meses después a la marca internacional de HazteOír a movilizarse contra una campaña pro-LGTB de Coca-Cola. La multinacional finalmente fue multada por violar la ley sobre publicidad que prohíbe la exhibición de contenidos que perjudiquen el desarrollo físico, mental, emocional o moral de niños o adolescentes.

Tanto Hungría como Polonia se han convertido en la punta de lanza contra los derechos LGTBI en Europa. Lo recogíamos ya en 2015, cuando ambos países bloquearon por este motivo una nueva normativa común sobre regímenes económicos matrimoniales en la Unión Europea. Y no ha sido la única vez: en diciembre del año 2018, se aliaron de nuevo para impedir la aprobación de un documento del Consejo de Ministros de la UE favorable a los derechos LGTB. Entonces, al menos, hubo por fin algo parecido a una respuesta contundente. Esperemos que no sea demasiado tarde: las ideas que representan Fidesz o Ley y Justicia (el partido gobernante en Polonia) ya son un modelo para muchas derechas europeas.

Fuente Dosmanzanas

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El primer ministro de Luxemburgo ha vuelto a dar una lección de visibilidad y compromiso con la igualdad en el ámbito internacional. En un discurso ante el grupo informal LGTB de las Naciones Unidas, Xavier Bettel ha hecho un llamamiento a combatir las expresiones de odio que están en la raíz de la estigmatización y la violencia contra la comunidad. Se trata de la primera vez que un líder abiertamente homosexual aborda los derechos LGTB en Naciones Unidas. Bettel denunció hace unos meses, ante mandatarios de la Liga de Estados Árabes, las leyes que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo en sus países.

La última semana de septiembre tuvo lugar el debate general de la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Al margen de los discursos en el plenario, que reciben la mayor parte de la atención mediática, tuvieron lugar numerosos encuentros temáticos y sectoriales sobre diferentes asuntos. Entre ellos está el Grupo Central LGTBI, una reunión informal de representantes de 29 Estados miembros junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (presidido por la expresidenta chilena Michelle Bachelet) y las ONGs Human Rights Watch y OutRight Action International.

En este marco es donde el primer ministro de Luxemburgo intervino. En su alegato, Xavier Bettel apeló a su responsabilidad, como líder político abiertamente gay, de alertar sobre el auge de los discursos de odio. Bettel se dirigió a los mandatarios mundiales pero también a cada uno de los ciudadanos que es testigo de expresiones LGTBfobas. «Esto empieza con vuestros políticos, pero alcanza también a una velada familiar, a una cena con amigos, con familia. Si tienen un discurso de odio, nunca lo debéis aceptar», reclamó. El jefe del Gobierno luxemburgués recalcó que la homofobia, a diferencia del hecho de ser homosexual, sí es «una elección personal».

No es la primera vez que Xavier Bettel se destaca en la esfera internacional por su reivindicación de la igualdad LGTB. En febrero de este año, el mandatario participó en la cumbre entre la Unión Europea y la Liga de Estados Árabes, donde hizo referencia a su condición de hombre homosexual casado con otro hombre, un hecho que podría ser castigado con la pena de muerte en muchos de los países representados en la reunión. «Si yo, como persona gay, no hablara de eso, tendría un problema», aclaró posteriormente el primer ministro.

Xavier Bettel nunca ha ocultado durante su carrera política su orientación sexual. Tampoco ha dudado en aparecer acompañado de su pareja con total naturalidad en actos oficiales incluso en El Vaticano, desde que en octubre de 2011, a los 38 años, fuera elegido alcalde de Luxemburgo y se convirtiera en el tercer alcalde abiertamente gay de una capital europea tras París (Bertrand Delanoë) y Berlín (Klaus Wowereit), lo que le convirtió en su día en una de las figuras políticas más importantes del Gran Ducado.

Visibilidad LGTBI al frente de los Gobiernos

Tras su proclamación como primer ministro, Bettel fue también la tercera persona abiertamente homosexual en ocupar la jefatura de Gobierno de un estado soberano, tras la islandesa Jóhanna Sigurðardóttir y el belga Elio Di Rupo. Una vez en el Gobierno, no tardó en promover una ley de matrimonio igualitario, que tomó efectos el 1 de enero de 2015. Tras su boda con el arquitecto Gauthier Destenay, celebrada en mayo del mismo año, se convirtió en el segundo mandatario en contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo mientras ostentaba su cargo, pues Jóhanna Sigurðardóttir se casó con Jonina Leosdottir durante su mandato, y el primero de la Unión Europea.

Además de Bettel, actualmente lideran el Gobierno de sus respectivos países el abiertamente gay Leo Varadkar (Irlanda) y la abiertamente lesbiana Ana Brnabić (Serbia).

Fuente Dosmanzanas

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De su blog Punto de encuentro:

La Unión Europea no está aplicando las normas del Derecho Internacional del Mar en el desembarco de los rescatados en el puerto más próximo

17.08.2019 | Gabriel M. Otalora Gabriel Mª Otalora

¿Somos todos igualmente queridos por Dios? ¿Por qué Jesús habla de predilectos? ¿Quiénes son nuestros predilectos?

El primer predilecto de Dios es Jesús, como aparece en el pasaje de Mateo sobre la Transfiguración (Mt 3,13-17), es la referencia total a lo que supone la Buena Noticia para todos. Pero Jesús mismo habló de predilectos con claridad, y hoy es el día en que esto no es asumido en su verdadera dimensión por nosotros, sus seguidores. Por poner un antecedente que nos ayude, tenemos los Salmos, que Él mismo rezaba a diario como buen judío que era: Que tu Mano salvadora nos responda, para que se salven tus predilectos…” (Sal 107). Seguro que entonces era fácil interpretar esta predilección como dirigida a quienes cumplían con las enseñanzas de la Ley y referido al pueblo elegido.

Con Jesús, cambia la interpretación unívoca de la Ley para ampliarla en dos direcciones: toda persona forma parte del Pueblo elegido (Epifanía); los que peor están material y espiritualmente son los preferidos en función de su necesidad, como se refleja en las Bienaventuranzas, incluidos los perseguidos por ajustar su vida a Jesús. Nos hemos quedado con la Ley pero el mensaje es “la Ley y los profetas”, con la carga cristiana que tienen las denuncias proféticas, en todo tiempo, también en el nuestro.

Los evangelios son claros y reiterativos al contar que Jesús se rodeó y favoreció durante su vida a pecadores, publicanos, leprosos, pobres, samaritanos, paganos, mujeres… y de esta forma declara el amor de Dios hacia ellas como una opción de Jesús preferencial, no excluyente. La parábola del hijo pródigo y el buen samaritanos tuvieron que ser dos aldabonazos entonces, pero siguen siéndolo hoy al romperse la interpretación excluyente de Dios, que es buena noticia porque es amor para todos, sin excepción y dado gratuitamente siempre, sin mérito nuestro.

Esta Buena Noticia universal rompe las convenciones sociales de su época y de la nuestra, de todas las épocas. No respeta la división de clases ni de personas exitosas y fracasadas. Dice y hace. Anuncia que Dios los quiere y los contempla con infinita misericordia, se pone de su parte y les anuncia la salvación aunque se encuentren en las cunetas del camino, expulsados de la sociedad y de la Ley. Es más, Jesús cuestiona de raíz y sin ambages las causas de su indignidad social, es decir, las condiciones injustas de la existencia aún en la concepción religiosa de su tiempo.

Claro que Dios tiene predilectos, como los tiene cualquier madre o padre en sus hijos más necesitados, impedidos, con mayores dificultades para salir adelante, aunque sea por vivir con actitudes menos adecuadas; porque mayor necesidad tienen de cambiar para mejorar. La necesidad mirada con ojos de amor es la que marca la preferencia. Y sin embargo, no pocas veces seguimos enredados en considerar prácticas políticas a ciertas actitudes evangélicas. Un ejemplo lo tenemos en torno a la realidad de las pateras en el Mediterráneo.

La Unión Europea no está aplicando las normas del Derecho Internacional del Mar en el desembarco de los rescatados en el puerto más próximo. Tampoco la aplicación a continuación los acuerdos firmados en la Agenda Europea de Migración para aquellos que sean solicitantes de asilo o migrantes forzosos. Se encastilla en la negativa a aplicar las obligaciones aprobadas en su Agenda Europea de Migración en vigor, donde los gobiernos europeos se comprometieron a “ofrecer respuestas rápidas para salvar vidas humanas”. El rescate de cada día viene regulado por el deber de socorro en el mar y de salvamento marítimo del Convenio Internacional de Búsqueda y Salvamento, además de ser un escrupuloso respeto a los compromisos adquiridos en la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967.

Sin embargo, muchos cristianos no cuestionan las ilegalidades gubernamentales mientras exigen mano dura que les quite el problema de la vista. Sin pensar, ni por un momento, en clave cristiana. Un ejemplo extremo es la cantidad de votantes de Vox que se dicen cristianos y lo que opinan en estos temas. Otros, en cambio, reclaman el inmediato desembarco y la atención de las personas rescatadas en el mar porque significa exigir el cumplimiento de los acuerdos europeos en materia migratoria, vulnerados por los gobiernos que los firmaron. Algunas personas voluntarias quieren rescatar a los inmigrantes incluso poniendo en riesgo su libertad.

Al final, la pregunta sigue en pie para todos: ¿Quiénes son nuestros predilectos?

Espiritualidad, General Agenda Europea de Migración, Convención de Ginebra, Convenio Internacional de Búsqueda y Salvamento, Derecho Internacional del Mar, Evangelio, Inmigrantes, Mediterráneo, Predilectos, Unión Europea

El Parlamento de Montenegro ha rechazado un proyecto de ley, aprobado por el Gobierno, de uniones civiles para las parejas del mismo sexo. La medida recibió el apoyo de los socialdemócratas, mientras que sus socios representantes de las minorías étnicas votaron en contra y la oposición se ausentó de la cámara. El país balcánico, socialmente conservador y con fuerte influencia de la iglesia ortodoxa serbia, seguirá sin reconocer ningún derecho a las parejas del mismo sexo. En la Constitución montenegrina está blindado el matrimonio excluyente.

En noviembre de 2012, el entonces vice primer ministro Duško Marković planteó por primera vez la cuestión del reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. El ministro de Derechos Humanos y de las Minorías redactó un proyecto de ley, que despertó el odio de la iglesia ortodoxa serbia y el opositor Frente Democrático (DF). Tendrían que pasar seis años, con Marković ya como primer ministro, para que el Gobierno aprobara la medida y la llevara al legislativo para continuar su tramitación. La comisión de Derechos Humanos del Parlamento le dio su visto bueno en febrero de este año.

Pero la esperanza de sacar adelante la propuesta duró poco. El miércoles de la semana pasada, el pleno rechazó el proyecto de ley del Gobierno. La iniciativa recibió el apoyo del Partido Democrático de los Socialistas de Montenegro (DPS), que lidera la coalición gubernamental. Sus socios, representantes de las minorías étnicas albanesa, bosnia y croata, votaron en contra, mientras que la oposición se ausentó de la cámara. Para convertirse en ley, la medida requería de la mayoría absoluta de los 81 diputados, que se habría conseguido con solo tres votos más de los que finalmente obtuvo.

Desde el gobernante DPS han lamentado el rechazo al proyecto y han animado a «comprender a la gente que piensa diferente». El ministro de Derechos Humanos, Mehmed Zenka, ha defendido que la medida es necesaria para la adhesión de Montenegro a la Unión Europea (el país balcánico es, desde 2012, candidato a convertirse en Estado miembro). La oposición liderada por el derechista DF ha rechazado la iniciativa porque teme que le siga «una ley de adopción de niños por la población LGTB», mientras que los activistas aseguran que la decepción causada por el rechazo al proyecto de ley los hará «más fuertes».

Bajo la lupa de la Unión Europea en materia de discriminación

Montenegro cuenta con una población que no alcanza los 700.000 habitantes. Alrededor del 43% son montenegrinos, mientras que un 32% son serbios. Hay además diversas minorías, sobre todo bosnios y albaneses. Tras la traumática desmembración de Yugoslavia, la República de Montenegro permaneció unos años federada con Serbia, hasta que en 2006 un referéndum decidió su independencia total, de forma pacífica.

Las relaciones homosexuales en Montenegro fueron despenalizadas en 1977 y la edad de consentimiento es la misma que la de las relaciones heterosexuales. No hay reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, y de hecho su Constitución restringe el derecho a contraer matrimonio a las parejas heterosexuales. En julio de 2010, por exigencia de la Unión Europea (a la que Montenegro, como se mencionó antes, aspira a unirse), el legislativo del país aprobó una normativa antidiscriminatoria que incluye la orientación sexual y la identidad de género como condiciones cuya discriminación queda prohibida. A pesar de ello, en abril de 2012 el Parlamento Europeo reclamaba más esfuerzos a Montenegro en materia de derechos LGTB. El Orgullo de Montenegro se ha celebrado sin incidentes en Podgorica desde 2014, y en 2016 contó incluso con el apoyo de miembros del Gobierno.

Fuente Dosmanzanas

Fotografía Wikipedia

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El Tribunal Supremo de Bulgaria ha ratificado el derecho de la chilena Cristina Palma y la francesa Mariama Diallo a residir como matrimonio reconocido en el país, ejerciendo el derecho de moverse libremente dentro de la Unión Europea, válido para todos los ciudadanos de la UE y miembros de sus familias. El Supremo ha dictaminado que el fallo del Tribunal Administrativo de Sofía tiene que cumplirse y respetarse.

A raíz de la importantísima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de junio de 2018, según la cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a las parejas del mismo sexo, con independencia de que los Estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario, Cristina Palma y Mariama Diallo han conseguido que su matrimonio sea el primero entre contrayentes del mismo sexo que reconoce la justicia de Bulgaria.

Y eso aun sin que este país balcánico contemple la institución matrimonial civil igualitaria. Palma nació en Chile y residió durante más de 20 años en Australia, por lo que dispone de doble nacionalidad. Diallo, por su parte, es francesa. Contrajeron matrimonio en Francia y solicitaron la residencia en Bulgaria en 2016; un país al que se trasladaron por motivos de trabajo en un principio, pero que «nos enamoró», lo que les motivó a establecer allí su residencia. Independientemente de la claridad de la Directiva 2004/38 /CE sobre el derecho de libre circulación y residencia en la Unión Europea y del permiso previo a este respecto, a principios de 2018, la Dirección de Migración del Ministerio del Interior de Bulgaria rechazó la residencia de Cristina Palma, justificando su postura en el artículo 46, párrafo 1, de la Constitución búlgara y el Código de la Familia: «el matrimonio es una unión voluntaria entre un hombre y una mujer».

Un derecho fundamental garantizado en toda la Unión Europea

La decisión del alto tribunal, que confirma la decisión del Tribunal Administrativo de la ciudad de Sofía, también está en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en un caso similar en Rumanía (caso Coman, C-673/2016), que sostuvo que los países de la UE deben respetar el derecho de residencia de las parejas del mismo sexo, casadas en otro país, que deseen vivir juntas en su territorio, ya que circular libremente dentro de la Unión es un derecho fundamental garantizado a todos los ciudadanos comunitarios, que a menudo es utilizado por un gran número de búlgaros.

Adrian Coman, ciudadano rumano, y Robert Hamilton, ciudadano estadounidense, presentaron una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio, celebrado en Bélgica. Una falta de reconocimiento legal que impedía a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras un largo proceso judicial, en noviembre de 2016 el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentaban que se trataba de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo. Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) anunciaba que la Gran Sala se haría cargo de las deliberaciones. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia.

Semanas después, en enero de 2018, nos llegó una primera noticia muy positiva: el prestigioso jurista belga Melchior Wathelet, uno de los once abogados generales con los que actualmente cuenta el Tribunal Superior de Justicia de la Unión (él mismo fue juez de la Corte Europea de Justicia) daba la razón a los demandantes. Y aunque las conclusiones del abogado general no vinculan necesariamente al Tribunal de Justicia (su función consiste en proponer a este una solución jurídica al asunto del que se ocupa), finalmente el Tribunal coincidía con su criterio.

«Era la única resolución posible»

La decisión del Supremo de Bulgaria es definitiva y vigente y debe ser implementada por la Dirección de Migración en el Ministerio del Interior inmediatamente. «No nos sorprende la resolución, porque es la única posible en este caso. Esperamos que las instituciones en Bulgaria tengan en cuenta que tendrá un impacto en otros casos similares en los que los ciudadanos de la UE, incluidos los búlgaros, ejerzan el derecho a circular libremente dentro de la Unión y no desperdicien el dinero de los contribuyentes, como fue el caso aquí», explica la activista LGTBI Veneta Limberova.

Cristina Palma ha utilizado los servicios del «LGBT Youth Law Program, Action and Adv.». En este sentido, Denitsa Lyubenova, abogada de dicho programa, considera que «el tribunal Supremo ha aplicado de forma inequívoca la legislación y la práctica europeas del Tribunal de Justicia Europeo y ha reconocido un matrimonio homosexual en el extranjero. Este es un gran paso adelante en el camino hacia la igualdad de las parejas homosexuales en Bulgaria. Tenemos muchas más maneras de ir, pero ‘Action’ y los abogados con los que estamos trabajando establecen los cimientos de una nueva era en la lucha por la igualdad de las personas LGTBI en Bulgaria».

«¡La justicia ha triunfado! Las parejas del mismo sexo ya son bienvenidas en Bulgaria. Amamos tanto a este país, ¡nos ha dado más de lo que hemos esperado! La gente aquí ha sido buena y nos ha apoyado y tratado como a una familia. Sin el apoyo de ‘Action’ y, en particular, de nuestros grandes abogados Denitsa Lyubenova y Veneta Limberova, nada de esto hubiera sido posible. Hemos pasado por muchas dificultades durante el último año y medio debido a la incertidumbre de nuestro futuro en Bulgaria. Luchar fue el sueño de que nuestro trabajo abriría muchas puertas nuevas, no solo para la justicia y la igualdad, sino también para que las parejas del mismo sexo puedan vivir juntas en un entorno familiar seguro dentro de las fronteras de la Unión Europea», defienden Cristina Palma y Mariama Diallo.

El MOVILH de Chile y el resto del activismo LGTBI se felicita

La portavoz del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) Daniela Andrade valora que «la decidida y larga lucha de Cristina y Mariama ha rendido un fruto histórico con la sentencia de Tribunal Supremo, que las reconoce como matrimonio para los derechos de residencia y movilización. Un doble hito al tratarse de mujeres que deciden desarrollar su vida en un país que aún no reconoce el matrimonio igualitario, pero que desde ahora deberá garantizar la igualdad plena a enlaces similares contraídos en otros países de la UE».

Cristina y Mariama, en opinión del MOVILH, «son un esperanza para las parejas y familias homoparentales de Bulgaria que carecen de igualdad. También son un aliento especial para nuestro país dada la doble nacionalidad de Cristina (australiana-chilena), quien es un ejemplo de perseverancia y un testimonio vivo de que es posible derribar las barreras de las injusticias y abusos basados en la orientación sexual».

Por su parte, el activista LGTBI Marco Vidal, eslavista español residente en Sofía, añade que «con la sentencia favorable del Tribunal Supremo en favor de Cristina y Mariama queda constatado que la normativa europea (Directiva 2004/38 /CE) no es papel mojado y debe ser aplicada, por mucho que sea contradictoria a legislaciones nacionales, como es el caso de la Constitución búlgara, que define el matrimonio como ‘la unión voluntaria entre el hombre y la mujer’. Los partidos liberales búlgaros son firmes defensores de los valores europeos y de los beneficios económicos y la libertad de movimiento que trae para Bulgaria su permanencia en la UE. Sin embargo, son esos mismos partidos liberales y proeuropeistas los que mientras con una mano aceptan los eurofondos, con otra rechazan aceptar derechos básicos como es la libertad de movimiento y el derecho a residencia para las familias homoparentales».

Para Vidal, «a pesar de la firme decisión del parlamento europeo en este asunto, la oficina de inmigración de Sofia rechazó conceder a Cristina el permiso de residencia sin tener en cuenta su relación familiar con una ciudadana de la Unión Europea. Después de 2 meses desde el juicio que tuvieron sobre este asunto vemos una sentencia favorable para Cristina y Mariama que, además de aceptar y poner en práctica la legislación europea vigente, abre el camino hacia la lucha por los derechos civiles del colectivo LGTBI. Ahora será el momento de que las familias búlgaras que han contraído matrimonio en otro país de la UE sean reconocidas administrativamente como tales en su país de origen. No sabemos cómo será y cuándo, pero el caso de Cristina y Mariama es sin duda alguna un precedente».

El caso de Lily Babulkova y su esposa Dary

En enero de 2018 publicábamos que una pareja de mujeres llevaba por primera vez ante los tribunales de Bulgaria el derecho al matrimonio igualitario. Lily Babulkova y su esposa Dary se casaron en el Reino Unido en 2017, pero su país de origen, solo unas semanas después, no admitía su unión matrimonial en el registro y tampoco a través de su denuncia ante la justicia.

Dosmanzanas también contactó en su momento con Babulkova para preguntarle por su situación, en comparación con el éxito que ha obtenido la pareja formada por Cristina Palma y Mariama Diallo. «Actualmente, tenemos nuestro caso pendiente ante el Tribunal Supremo Administrativo. Después de que el Tribunal Administrativo de la ciudad de Sofía confirmara el rechazo del municipio a registrar nuestro matrimonio, apelamos y nuestro caso está programado para audiencia el 30 de septiembre de 2019. Después del caso Coman y este reciente juicio en Bulgaria, podríamos solicitar que el caso sea escuchado antes, pero no sabemos si esto será permitido por el tribunal», narra Babulkova.

Esta mujer luchadora y activista agrega que «en sus aspectos prácticos, nuestro caso es bastante diferente al de Cristina y Mariama, ya que el suyo se refiere a la cuestión de la residencia, un problema que nosotras no tenemos, ya que ambas somos ciudadanas de la UE. Lo que importa es que, hasta donde yo sé, este es el primer caso en Bulgaria en el que se reconoce cualquier derecho relacionado con el matrimonio para las parejas del mismo sexo. Por lo menos, lo veo como una señal de que los derechos de las familias del mismo sexo entran en la agenda legal búlgara, que es un buen punto de partida para nuestra lucha».

El Convenio de Estambul desataba una ola de LGTBfobia en Bulgaria

En Bulgaria, un país balcánico con un arraigado heteropatriarcado (todavía más profundo en las zonas rurales), las mujeres salieron a las calles en marzo para reivindicar la plena igualdad de derechos y exigir el fin de la violencia machista. Pero con otra razón de peso: el gobierno retiró su proyecto para llevar al parlamento la ratificación del «Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres» (popularmente conocido como «Convenio de Estambul») y lo hizo, precisamente, en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Organizaciones religiosas y destacados líderes políticos de Bulgaria se mostraron detractores por miedo a la transexualidad, el matrimonio igualitario y los refugiados.

A finales de enero de 2018 en dosmanzanas nos hacíamos eco de la ola de discursos políticos LGTBfóbicos a cuenta del debate sobre la ratificación del Convenio de Estambul en Bulgaria. El debate se ha mantenido candente desde entonces en este país. Hasta tal punto que el gobierno derechista del GERB o Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (adscrito al Partido Popular Europeo) retiraba su proyecto de llevar dicha ratificación al parlamento nacional, debido a los ataques del Partido Socialista Búlgaro (principal partido de la oposición y miembro del Partido Socialista Europeo); las jerarquías religiosas y la amenaza de la perdida de estabilidad en el ejecutivo. El discurso común a los detractores del Convenio de Estambul ha sido la supuesta introducción de una (inexistente) «ideología de género» en la sociedad búlgara.

¿Referéndum sobre el matrimonio igualitario en este país?

Desde 1991, el artículo 46 la Constitución de este país balcánico define el matrimonio como la unión libre «entre un hombre y una mujer», por lo que para llegar a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo sería necesario reformar la Carta Magna búlgara (un proceso más complicado que, por ejemplo, la modificación del Código Civil).

Pero a raíz del amplio debate que generó la ratificación del Convenio de Estambul en Bulgaria y la cuestión de los derechos del colectivo LGTB, el nacionalista y ultraconservador ministro de Defensa, Krasimir Karakachanov, anunciaba en febrero  del año pasado su solicitud al resto del gobierno de convocar un referéndum sobre el matrimonio igualitario. Para Lily Babulkova, «desafortunadamente, está bastante claro lo que puede mostrar un referéndum, por eso es una manera fácil de tratar de intimidar a los activistas LGTB en Bulgaria. No puedo estar segura, pero realmente creo que no hay posibilidades realistas de que se celebre un referéndum sobre ese tema en un futuro cercano».

«La elite política búlgara ha actuado como si las personas LGTBI no existieran, con la excepción de los populistas de extrema derecha que tienden a ganar puntos con sus votantes al atacar públicamente a las personas LGTBI. En los últimos meses, el Partido Socialista Búlgaro se unió a los nacionalistas en esto. Realmente no veo ningún partido político búlgaro dispuesto a expresar una actitud positiva ante el problema y mucho menos mostrar cualquier voluntad política de acción. Por lo que respecta a los políticos, no tengo mucha esperanza», apostilla Babulkova.

Fuente Dosmanzanas

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