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5 cosas que el próximo líder tory que sustituya a Boris Johnson podría hacer para facilitar la vida de las personas LGTBI+

Sábado, 30 de julio de 2022

(COMBO) This combination of pictures created on July 12, 2022 shows, top row from left, Britain's Foreign Secretary Liz Truss arrives to attend the weekly Cabinet meeting at 10 Downing Street, in London, on April 19, 2022, Britain's Chancellor of the Exchequer Rishi Sunak attends a cabinet meeting at 10 Downing Street in London on May 24, 2022, Britain's International Development Secretary and Minister for Women and Equalities Penny Mordaunt arrives to attend the weekly meeting of the cabinet in Downing Street in London on October 9, 2018, and Britain's Education Secretary Nadhim Zahawi leaves Downing Street after attending a cabinet meeting in central London on October 27, 2021 before the government's annual budget announcement, and bottom row from left, Conservative politician Tom Tugendhat speaks to a TV reporter outside Millbank Studios in central London on July 11, 2022, Britain's Attorney General Suella Braverman arrives to attend the weekly Cabinet meeting at 10 Downing Street in London on January 25, 2022, Conservative MP and leadership contender Jeremy Hunt gestures as he takes part in a Conservative Party Hustings event in Maidstone, south of London, on July 11, 2019, and an undated handout photograph released by the UK Parliament shows Conservative MP for Saffron Walden, Kemi Badenoch, posing for an official portrait photograph at the Houses of Parliament in London. - Eight Conservative MPs will vie to become UK prime minister, the party announced on July 12, 2022, with frontrunner Rishi Sunak launching his campaign by saying he would not "demonise" the outgoing Boris Johnson, despite triggering his demise. Former finance minister Sunak, his successor Nadhim Zahawi, Foreign Secretary Liz Truss, former defence minister Penny Mordaunt and ex-health minister Jeremy Hunt all received the support of more than 20 MPs, the threshold required to enter the race. (Photo by various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO USE FOR ENTERTAINMENT, SATIRICAL, A De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Liz Truss, Rishi Sunak, Penny Mordaunt, Nadhim Zahawi, Tom Tugendhat,  Suella Braverman, Jeremy Hunt,  Kemi Badenoch,  (Photo by various sources / AFP)

Liz Trussy Rishi Sunak, han quedado tras las primarias, como los dos únicos candidatos

Con un nuevo gobierno que entrará en funciones en otoño, los defensores de los derechos humanos afirman que existe la posibilidad de que el Reino Unido cambie de dirección en su reacción contra los derechos LGTBI+.

La carrera por el liderazgo está en marcha, con candidatos que buscan el apoyo de los diputados hoy, y los que no encuentren suficientes apoyos se enfrentarán a la eliminación esta noche.

Ya se ha visto empañada por las declaraciones de varios candidatos que se oponen a los derechos y la inclusión de las personas trans.

La entidad sin ánimo de lucro Trans Rescue ha declarado a openDemocracy que el Reino Unido es un país “en el que la situación de las personas trans se deteriora constantemente, y del que estamos viendo un aumento significativo de solicitudes de quienes desean marcharse”.

A pesar de todo, se encuentra entre los grupos y activistas que creen que el cambio es posible, y afirman que hay (al menos) cinco medidas concretas que el próximo gobierno del Reino Unido podría adoptar para salvaguardar la vida y el bienestar de las personas LGTBI+, tanto aquí como en el extranjero.

1) Poner fin a la represión de los derechos LGTBI

Todas las personas con las que hablamos dijeron que, por encima de todo, querían que se pusiera fin a la militarización de las identidades LGTBI+.

Tienen que empezar por suspender la “guerra cultural” y dejar de utilizar nuestras vidas y nuestra seguridad como un balón de fútbol político”, dijo Sasha Misra, directora de comunicaciones y campañas de Stonewall.

Una encuesta de More in Common de este año reveló que sólo el 1% de los votantes conservadores mencionaron “el debate sobre las personas transgénero” como una cuestión prioritaria a la que se enfrenta el país en la actualidad. Misra dijo que los candidatos al liderazgo deben entender que estas “técnicas de distracción” no se traducirán en la aprobación del público o del partido.

“Lo único que conseguirán es comprometer la seguridad de las personas LGTBI+, a la vez que se arriesgan a cimentar el legado del Partido Conservador como el partido que deshizo décadas de progreso en materia de derechos LGTBI+”, añadió.

Liz Barker, miembro demócrata liberal de la Cámara de los Lores, nos dijo: “Hay una campaña bien organizada y muy financiada, cuyo objetivo es anular los avances en materia de derechos humanos conseguidos en los últimos 50 años”.

Señaló que al menos una de las aspirantes al liderazgo tory, Liz Truss, había visitado organizaciones de la derecha cristiana de EEUU, como la Heritage Foundation, de línea dura y contraria al aborto, que fue clave para impulsar la anulación de la ley del aborto en ese país el mes pasado.

Barker dijo que, para poner fin a estas guerras culturales, el próximo líder tory debería “reflexionar sobre el daño que la Sección 28 hizo a las personas LGTBI, a sus familias y al Partido Conservador”. La Sección 28 era una legislación introducida por el gobierno de Margaret Thatcher que prohibía la “promoción de la homosexualidad” por parte de los trabajadores de las autoridades locales, lo que en la práctica significaba que los profesores no podían impartir a los alumnos una educación sexual representativa.

Jane Fae, directora de TransActual y presidenta de Trans Media Watch dijo “Para ser honesta, creo que mucha gente se conformaría, simplemente, con que la dejaran en paz”, echando especialmente la culpa a lo que ella llama “la absoluta desgracia que son los medios de comunicación del Reino Unido”.

Pide que se vuelva a Leveson, la investigación pública sobre la cultura, la ética y las prácticas de la prensa que recomendó la creación de un nuevo organismo independiente para exigir responsabilidades a la prensa.

2) Arreglar el maltrecho sistema sanitario trans

Kai O’Doherty, director de política e investigación de la organización benéfica Mermaids -que apoya a los niños, jóvenes y familias trans- dijo: “El próximo gobierno conservador debe replantear urgentemente la atención sanitaria a las personas trans como un problema de salud pública que necesita urgentemente financiación, recursos especializados y conocimientos.

“Años de inacción gubernamental han culminado en un punto de crisis para la comunidad de género diversa del Reino Unido. Los jóvenes se enfrentan a dos años y medio de espera para su primera cita con un especialista en género, existen grandes disparidades en la calidad de la atención según dónde y quiénes seamos, y el acceso al apoyo de los médicos de cabecera es cada vez más difícil.

Concluyeron: “Necesitamos un acceso justo e igualitario a la asistencia sanitaria, no una guerra de palabras sin sentido”.

En cuanto a la prestación de asistencia sanitaria para las personas trans, Fae, de Trans Media Watch, añadió: “De cara al futuro, el panorama es aún peor, ya que a los que entran en el sistema hoy se les dice que se enfrentan a esperas de diez a doce años antes de una primera cita.

“Así que en el ámbito de la salud”, dijo, “necesitamos más recursos, menos control de acceso y médicos de cabecera mejor formados”.

3) Detener las deportaciones y acabar con la carga de la prueba para los solicitantes de asilo LGTBI+

El Ministerio del Interior del Reino Unido finge preocuparse por las personas LGTBI+ cubriendo sus redes sociales de arco iris”, dijo un portavoz del grupo activista Lesbianas y Gays Apoyan a las migrantes (LGSM) -cuyo nombre es una referencia a Lesbianas y Gays Apoyan a los Mineros, que estuvieron activos durante las huelgas de los mineros en la década de 1980-. “Al mismo tiempo, siguen arrancando a la gente de sus familias y comunidades mediante deportaciones inhumanas”.

LGSM está especialmente preocupada por el plan de deportar a solicitantes de asilo a Ruanda. Los defensores de los homosexuales dijeron a openDemocracy a principios de este año que el país no era seguro para las personas LGTBI+ en particular.

Sin embargo, casi todos los candidatos al liderazgo tory han declarado su apoyo continuo al “plan inhumano”, añadió LGSM.

Sonia Lenegan, de la organización benéfica Rainbow Migration, se mostró de acuerdo. “Sabemos que las deportaciones son perjudiciales para las personas LGTBI+”, dijo. “Hace sólo un par de semanas, el Ministerio del Interior devolvió a un nigeriano gay al peligro. Sabemos que el acuerdo con Ruanda pondrá en peligro a las personas LGTBI+, ya sea aquí en el Reino Unido o en Ruanda”.

Afirma que, para empezar, puede disuadir a las personas de solicitar asilo, dejándolas fuera del sistema, sin estatus y vulnerables a la explotación.

El grupo de derechos de los migrantes Movimiento por la Justicia nos dijo que uno de los mayores problemas con los que se encuentra es la llamada carga de la prueba: que los solicitantes de asilo deben poder demostrar de algún modo que son LGTBI+.

“Esto significa que depende de ti demostrar que eres quien dices ser y que tu vida está en peligro”, dijo un portavoz, “lo que crea una cultura de incredulidad en la que los solicitantes de asilo son tratados como mentirosos desde el principio. Para los solicitantes de asilo LGTBI, cuyas solicitudes dependen de “demostrar” su sexualidad, es una carga especialmente grave. Esa carga de la prueba debería invertirse”.

4) Aplicar el Plan de Acción LGTBI e introducir una prohibición total de las terapias de conversión

El Plan de Acción LGTBI de Theresa May de 2018 prometía “lograr un cambio real y duradero en toda la sociedad, desde la sanidad y la educación hasta la lucha contra la discriminación y la resolución de las graves injusticias a las que se enfrentan las personas LGTBI”. Incluía recomendaciones para prohibir la llamada terapia de conversión”.

Las propuestas se basaban en una amplia encuesta nacional, que reveló que el 5% de las personas LGTBI+ habían experimentado la terapia de conversión.

Cuando el gobierno de Boris Johnson asumió el poder, su prohibición de la terapia de conversión acabó por excluir a las personas trans. openDemocracy reveló a principios de año que grupos vinculados al lobby antitrans, entre ellos el grupo LGB Alliance, se habían reunido con la ministra de Igualdad, Kemi Badenoch, para argumentar en contra de la inclusión de las personas trans.

Mallory Moore, directora de la Red de Seguridad Trans, afirma que el próximo gobierno debe introducir una prohibición integral que incluya a todas las identidades LGTBI+, y debe “empezar a reinvertir en recursos para los supervivientes de abusos, ya que las prácticas de conversión son, en última instancia, una forma de abuso”.

El escritor y activista Jeffrey Ingold añadió: “En los últimos años, los conservadores han pisoteado a la comunidad LGTBI+, dejando un rastro de promesas legislativas incumplidas.”

5) Abordar la crisis del coste de la vida para las personas LGTBI+

Un último punto señalado por varios activistas y grupos con los que hablamos fue el impacto desproporcionado que la inminente crisis del coste de la vida iba a tener en las personas LGTBI+.

Ibtisam Ahmed, directora de política e investigación de la Fundación LGTBI, dijo a openDemocracy: “Las cuestiones más amplias -como la justicia para discapacitados y los derechos económicos y de clase- deben incluir las perspectivas LGTBI+, porque todos nos vemos afectados por estas cuestiones. Lo digo como inmigrante LGTBI con discapacitad y de color”.

Moore, de la Red de Seguridad Trans, explicó: “Las personas trans son ampliamente discriminadas en el ámbito laboral y educativo y un gran número de personas trans viven en algún grado de pobreza, lo que significa que muchas de nosotras estaremos entre las más afectadas por la crisis del coste de la vida”.

Una encuesta realizada por la organización benéfica Stonewall en 2017 reveló que dos tercios de los estudiantes trans declararon haber sido acosados por ser LGTBI+, mientras que el Congreso de Sindicatos informó la semana pasada de que una quinta parte de los centros de trabajo no tienen ninguna política de apoyo al personal LGTBI+.

La organización benéfica para personas sin hogar LGTBI+ AKT (antes Albert Kennedy Trust) afirma que el 24% de los jóvenes sin hogar se identifican como LGTBI+. Los activistas y grupos con los que hablamos querían un apoyo económico significativo por parte del gobierno y una verdadera comprensión de los problemas desproporcionados y específicos a los que se enfrentan sus comunidades.

Nandini Archer/Maísa Pritilata
12 July 2022, 2.16pm

Fuente: Open Democracy

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Nicola Sturgeon, líder del SNP, condena la transfobia: ‘Ningún debate puede ser una tapadera para la transfobia’, ante el acoso de feministas radicales trans excluyentes.

Miércoles, 3 de febrero de 2021

fm_nicola_sturgeon_cropped_10x10Nicola Sturgeon

Nicola Sturgeon, Primera Ministra de Escocia y líder del SNP (Partido Nacional Escocés), ha condenado enérgicamente la transfobia en un “mensaje del corazón”, insistiendo en que es “vital hablar a favor de lo que es correcto y en contra de la injusticia”.

Sturgeon publicó un video en las redes sociales el miércoles 27 de enero, por la noche, en medio de acusaciones de que el SNP se ha convertido en un “centro de transfobia”.

En el video, la primera ministra escoces dijo: “Este es un mensaje mío como líder del SNP sobre el tema de la transfobia. No tengo mucho tiempo para otra cosa que no sea la lucha contra COVID en este momento, pero algunos días el silencio no es una opción “.

Sturgeon dijo que su mensaje no estaba escrito, sino que era un “mensaje del corazón”.

Sobre los informes de “un número significativo” de jóvenes miembros del SNP que abandonan el partido por las acusaciones de transfobia, dijo: “Conozco a muchos de ustedes personalmente, los considero amigos, he hecho campaña junto a ustedes. Eres un crédito para nuestro partido y nuestro país. Me entristece profundamente que hayas llegado a esta conclusión después de mucho examen de conciencia porque consideras en esta etapa que el SNP no es un lugar seguro, tolerante o acogedor para las personas trans. Eso no es aceptable para mí, como líder del SNP haré todo lo posible para cambiar esa impresión y persuadirlos a todos de que el SNP es su partido y que deben volver a casa donde pertenecen”.

Sturgeon admitió que los miembros de su partido tenían “diferencias de opinión sobre la reforma de la Ley de Reconocimiento de Género”, pero insistió: “Ningún debate puede ser una tapadera para la transfobia”.

Ella continuó: “Las personas trans tienen tanto derecho como cualquiera de nosotros a estar seguras, protegidas y valoradas por lo que son. La transfobia está mal, y debemos tratarla con la tolerancia cero con la que tratamos el racismo o la homofobia “.

Sturgeon finalizó: “Algunos criticarán este mensaje, dirán que no llega lo suficientemente lejos o que las palabras son huecas a menos que demostremos que las decimos en serio. Estoy decidido a que lo haremos. Sin duda otros me acusarán de estar ‘despierta’. No me importa. A veces, particularmente como líder, es vital hablar a favor de lo que es correcto y en contra de la injusticia “.

Este mensaje trata de responder a la iniciativa de un grupo de campaña de “derechos basados en el sexo de las mujeres”que  ha exigido a los parlamentarios que deroguen la Ley de Reconocimiento de Género de Gran Bretaña y eliminen el “transgenerismo”.

La The Women’s Human Rights Campaign (WHRC),-Campaña de Derechos Humanos de las Mujeres -, cuya misión es “defender a las mujeres y las niñas” y “preservar nuestros derechos basados en el sexo”, estaba respondiendo a una investigación sobre la Ley de reconocimiento de género (GRA) realizada por el Women and Equalities Select Committee (Comité Selecto de Mujeres e Igualdad), presidida por la diputada Tory MP Caroline Nokes.

La GRA es una ley que, desde 2004, alrededor de 5.000 hombres y mujeres trans adultos han utilizado para obtener el reconocimiento legal de su género. Entre 2018 y 2020, el acalorado debate público sobre si reformar la ley para hacerla más accesible para las personas trans se volvió cada vez más tóxico y llevó a que grupos como el WHRC se formaran para oponerse a los derechos trans.

Refiriéndose a la convención de la ONU sobre la eliminación de la discriminación contra las mujeres y las niñas, WHRC dijo: “La convención pide la ‘eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y todas las demás que se basan en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en roles estereotipados para hombres y mujeres  (artículo 5). Consideramos que la práctica del transgénero claramente se incluye en este artículo porque se basa en roles estereotipados para hombres y mujeres”.

En su presentación de nueve páginas, la WHRC también pidió que se derogue la GRA porque tiene “fallas fatales” y “crea una gran confusión y conduce a la idea de que hombres y mujeres pueden cambiar de sexo”.

La presentación del 27 de noviembre es, como era de esperar, transfóbica en todas partes: los cofundadores de WHRC son Sheila Jeffreys y Heather Brunskell-Evans, dos prominentes activistas anti-trans.

Entre otras cosas, Jeffreys ha criticado la “tendencia del transgenerismo de moda” y describe los derechos trans como “fetiches sexuales explotados por Internet”; Brunskell-Evans fue despedida por el Women’s Equality Party (Partido por la Igualdad de la Mujer) por decir que sería “abusivo” que los padres apoyaran a sus hijos trans.

La WHRC también repite varios reclamos anti-trans en su presentación al Comité Selecto de Mujeres e Igualdad, incluyendo que ser trans es una fase o moda pasajera – “el transgenerismo es una construcción social e histórica, no biológica, y aumentará o disminuirá a medida que resultado de fuerzas sociales ”– y la asquerosa e infundada afirmación de que las mujeres trans son fetichistas sexuales – “la pornografía llamada sissy hypno hipnotiza a los hombres para que se sientan mujeres con el propósito de excitación sexual ”. También afirman que las personas no binarias “han sido producidas por la cultura popular y pueden no existir en el futuro”.

Las organizaciones de apoyo a la WHRC, que se enumeran en su sitio web, incluyen una serie de prominentes grupos británicos anti-trans que niegan rotundamente que sean grupos de odio transfóbicos y que los medios británicos los critican regularmente, además de apoyar varios casos judiciales financiados por crowdfunding contra los derechos de las personas trans. .

Incluyen: LGB Alliance, Transgender Trend (que intervino en el caso de Keira Bell contra el NHS por prescribir bloqueadores de la pubertad), Labor Women’s Declaration, WoLF (Women’s Liberation Front, un grupo con vínculos con la Fundación Heritage anti-aborto y anti-LGBT + ), Standing For Women (el grupo detrás del eslogan “mujer = mujer humana adulta“, fundado por Posie Parker, fanática de aparecer en programas de YouTube con nacionalistas blancos), Safe Schools Alliance UK (que recientemente tuvo un intento de caso contra la Fiscalía de la Corona La guía de crímenes de odio LGBT + del servicio para las escuelas descartada como “indiscutible”), OBJECT (que quiere hacer que la atención médica que afirma el género sea ilegal para cualquier persona menor de 25 años) y For Women Scot (que actualmente está luchando por un caso legal para excluir a las mujeres trans de Definición de mujer de Escocia).

Todos estos grupos se opusieron a reformar la GRA, pero muchos pretenden apoyar los derechos trans y todos rechazan la noción de que son anti-trans o transfóbicos.

La investigación de GRA se lanzó en octubre, cuando la portavoz de igualdad de los conservadores, Liz Truss, anunció que, a pesar del abrumador apoyo público, no desmedicalizaría el proceso de reconocimiento legal de género en el Reino Unido, que actualmente ve a las personas trans obligadas a ser diagnosticadas con disforia de género antes de que se le permita tener el marcador de género correcto en su certificado de nacimiento.

En lugar de reformar la GRA, Truss dijo que reduciría la tarifa de reconocimiento legal de género de £ 140 a una “cantidad nominal” y colocaría el proceso de solicitud en línea. Semanas después, el Comité Selecto de Mujeres e Igualdad dijo que llevaría a cabo una investigación sobre “si los cambios propuestos por el gobierno son los correctos y si van lo suficientemente lejos”.

Hasta ahora, el comité ha escuchado evidencia de académicos trans y académicos anti-trans, y recibió cientos de presentaciones de evidencia escrita de miembros del público, 295 piezas de las cuales ha publicado en su sitio web.

Fuente Pink News

 

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Obligada por la justicia a mantener la integración de las personas trans en el Ejército, la administración Trump busca su exclusión con nuevas medidas

Jueves, 5 de abril de 2018

175206-01_12_2012_13_10_55_289716084Aunque la administración de Donald Trump no ceja en su empeño de excluir a cualquier coste a las personas transexuales del Ejército estadounidense, las decisiones de los tribunales están impidiendo que pueda llevarlo a cabo. Aun así, la presidencia ha emitido un nuevo memorándum auspiciado por el Departamento de Defensa, que amenaza con convertir en orden ejecutiva en cuanto se despeje la vía judicial, en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. Si bien por el momento, según comunicaba la portavoz del Pentágono, Dana White, los hombres y mujeres trans podrán seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales, la espada de Damocles de la exclusión sigue cerniéndose sobre sus cabezas.

El pasado 23 de marzo, la Casa Blanca anunciaba la emisión de un memorándum dirigido al secretario de Defensa, James Mattis, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. El memorándum ratificaba un informe firmado por el propio Mattis, en el que se estipulaban las nuevas condiciones para que las personas transexuales puedan alistarse o permanecer en las filas del ejército estadounidense. El documento, que consta de 48 páginas, detalla la propia recomendación del secretario de Defensa y las conclusiones de un supuesto «comité de expertos» que se habría establecido para que estudiase el efecto de la inclusión de personas transexuales en las fuerzas armadas.

mike-penceSegún numerosas fuentes, el informe fue diseñado especialmente a instancias de vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB), que habría contado con la colaboración de Ryan T. Anderson, perteneciente a la organización LGTBfoba Heritage Foundation, y Tony Perkins, presidente de la no menos intolerante Family Research Council (ambas organizaciones se apresuraron a felicitarse por la publicación del memorándum en cuanto se hizo público). Según dichas fuentes, James Mattis habría abogado por la integración de las personas transexuales en el ejército, pero el propio vicepresidente Pence le habría «invalidado» y obligado a firmar el documento. Las conclusiones firmadas por el secretario y respaldadas por el presidente Trump se resumen en los siguientes puntos:

  • Las personas transgénero con un historial o diagnóstico de disforia de género quedarán excluidas del servicio militar, excepto bajo las siguientes estrictas circunstancias: (1) si se han mantenido estables en su sexo biológico durante 36 meses consecutivos previos a su acceso; (2) los miembros en diagnosticados con disforia de género después de su entrada en servicio pueden permanecer si no requieren un cambio de género y cumplen con el resto de los requisitos para su permanencia; y (3) los miembros actualmente en servicio que han sido diagnosticados con disforia de género previamente a que la normativa de la administración tome efectos, podrán continuar en servicio con su género deseado y recibir el tratamiento necesario para su disforia de género.
  • Las personas transgénero que requieran o hayan pasado por una transición de género quedarán excluidas del servicio militar.
  • Las personas transgénero sin un historial o diagnóstico de disforia de género, que hayan sido cualificadas para el servicio, pueden servir, como el resto de los miembros, identificados por su sexo biológico.

Esta nueva normativa sustituiría a la anterior orden ejecutiva del presidente Trump, que recuperaba la prohibición de ingreso y permanencia en el ejército para las personas trans, revirtiendo las disposiciones de la administración de Barack Obama. Dicha orden está suspendida por varios tribunales federales y, por lo tanto, no puede ser ejecutada. Aunque trata de evitar el término «prohibición» en previsión de una futura vía judicial, la nueva propuesta dispone requisitos imposibles de cumplir para la personas transexuales que decidan vivir de acuerdo a su identidad de género.

dana-white-portavoz-del-pentagono-300x155Una vez dado a conocer el memorándum, se han pedido explicaciones sobre su alcance a los responsables de Defensa y Seguridad Nacional. La portavoz del Pentágono, Dana White, explicó el pasado jueves que el organismo continuaría con la decisión comunicada el pasado 1 de enero de seguir permitiendo el acceso y permanencia de las personas transexuales: «El Departamento de Defensa continuará cumpliendo con las decisiones de los tribunales, aceptando a los solicitantes transgénero en el servicio militar y manteniendo a los actuales miembros transgénero en servicio». White, sin embargo, rehusó hacer declaraciones sobre nuevas normativas, dado que «existen litigios en curso y se debe salvaguardar la integridad del proceso judicial», remitiendo a los interesados al Departamento de Justicia y explicando que toda la documentación es pública, de acceso libre y «habla por sí misma». Interrogado por los periodistas, el secretario de Defensa también los remitió a los responsables de Justicia, escudándose en el respeto a la integridad judicial.

kerri-kupec-portavoz-del-departamento-de-justicia-eeuu-300x155La portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec, emitió por su parte el siguiente comunicado: «Tras un estudio y análisis exhaustivos, el secretario de Defensa llegó a la conclusión de que se deben adoptar nuevas políticas con respecto a las personas con disforia de género que sean coherentes con la eficacia militar, las limitaciones presupuestarias y las leyes en vigor. El Departamento de Justicia continuará defendiendo la autoridad legal del Departamento de Defensa para crear e implementar las políticas de personal que determine como necesarias para defender mejor a nuestra nación. En consonancia con esta nueva política, pedimos a los tribunales que levanten todas las medidas cautelares preliminares para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense y de la mejor fuerza de combate del mundo».

Con esta declaración, se hace evidente que la pretensión de la presidencia (o vicepresidencia en este caso) es influir en la decisión de los tribunales, tratando de disfrazar la evidente discriminación de las personas transexuales con torpes subterfugios técnicos. Esperemos que sea sin éxito.

El empeño en la discriminación de las personas transexuales

Recordemos, de nuevo, los antecedentes de las normativas tránsfobas: a diferencia de la derogación del «Don’t ask, don’t tell», que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas trans (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. Sin embargo, la prohibición se dio por derogada de facto y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000 (entre militares en activo y reservistas).

Ya conquistada la Casa Blanca, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son en este momento su objetivo principal. El pasado julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, ordenaba poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, que debía culminar el mes de enero de 2018, y retomar la situación previa a junio de 2016. Se vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército y se interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso.

trumpEl documento, no obstante, no despejaba todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, qué sucedería con los militares trans que ya servían en el Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la «cohesión» de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de «todos aquellos factores que puedan ser relevantes». Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera del despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump.

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla: días antes del primer anuncio de Trump habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política se limitaría a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron en contra.

La respuesta de los jueces: primero, paralización parcial de la orden de Trump

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales. Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al «debido proceso».

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre emitió un fallo en el que suspendía cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronunciara de forma definitiva (ver documento). Kollar-Kotelly, no obstante, no paralizó la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación seguía vigente. La jueza no se consideró competente para paralizarla a la vista de los argumentos de la demanda.

Un segundo juez amplia los términos de la paralización

justicia-300x203-1-300x203-1-300x203Sí lo hizo, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis, en el estado de Maryland, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump) que había sido presentada en agosto en representación de seis personas trans que están en activo en el Ejército.

El juez Garbis sí que ordenó la paralización cautelar de la orden de Trump incluyendo la especificación referida a la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación. Al igual que su homóloga Kollar-Kotelly, Garbis consideraba probable que los demandantes ganasen el caso basándose en la protección igualitaria recogida en la Constitución estadounidense (ver argumentos y orden cautelar).

Y una tercera jueza refuerza sus argumentos jurídicos

En diciembre, una tercera jueza federal, Marsha Pechman, del estado de Washington, se pronunciaba en el mismo sentido en el caso Karnoski v. Trump, una demanda interpuesta en nombre de dos personas trans que desean servir en el Ejército, de una tercera persona trans que ya forma parte del servicio activo y de las organizaciones Human Rights Campaign (HRC), Gender Justice League y  American Military Partner Association (AMPA).

En este caso, además, la jueza Pechman consideró que la prohibición de servir en el Ejército no solo violaría la 5ª enmienda, que garantiza el derecho a un trato igualitario, sino también la 1ª enmienda, que garantiza la libertad de expresión, al discriminar a las personas trans que sirven en el Ejército por hacer pública su identidad de género y obligarles a guardar el secreto para conservar sus puestos de trabajo (ver documento). Un argumento que hasta el momento no había sido considerado por los otros jueces. Pechman ordenó también la paralización cautelar de la prohibición y la vuelta al statu quo anterior a la orden de Trump.

Nueva denegación

militares-gays-pentagonoCasi al mismo tiempo que se conocía la decisión de la jueza Pechman en el estado de Washington, su colega del Distrito de Columbia Colleen Kollar-Kotelly (ver documento) denegaba la solicitud de la administración Trump de retrasar la suspensión cautelar de la orden del presidente que ella misma había ordenado. Una denegación que fue recurrida por la administración federal ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el «escalón intermedio» entre los jueces federales de distrito y el Tribunal Supremo.

En definitiva, la batalla jurídica continuará (posiblemente el asunto acabe dilucidándose en el Tribunal Supremo), pero por el momento la justicia parece decantada claramente del lado de los derechos de las personas trans, hasta el punto de obligar a la administración Trump a dejar en suspenso sus intenciones discriminatorias. Sin embargo, como hemos podido comprobar, desde la propia presidencia y vicepresidencia, con la implicación de los altos cargos de Defensa, se sigue intentando proseguir con la discriminación, utilizando todos los subterfugios posibles.

Fuente Dosmanzanas

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Trump quiere proteger al personal sanitario que se niegue a tratar a personas trans

Sábado, 20 de enero de 2018

imagesRoger Severino, el ultraconservador al cargo de la Oficina de Derechos Civiles del HHS (gracias a Trump)

La administración Trump quiere proteger al personal sanitario que se niegue a llevar a cabo tratamientos que vayan contra su “moral” o “libertad religiosa”.

La medida permitiría a un sanitario negarse a tratar a una persona trans, ofrecer medidas de control de la natalidad, tratar a pacientes de VIH/SIDA o incluso informar sobre el aborto.

Como no ha tenido suficiente con instaurar el Día de la Libertad Religiosa y posicionarse en un juicio del Supremo del lado del derecho a discriminar a las personas LGTB+ en base a las convicciones religiosas de cada uno, ahora la administración de Donald Trump quiere que el personal sanitario pueda negarse a atender a determinados pacientes si eso entra en conflicto con fe o su moralidad.

El Departamento de Salud y Servicios Sociales tiene una política de derechos civiles que prohíbe a un trabajador del mismo negarse a, por ejemplo, atender a una persona trans durante su proceso de transición en base a esas convicciones personales. Hasta ahora en ese departamento (el HHS) imperaban los derechos civiles y la ley federal por encima de la conciencia.

Pero la Casa Blanca está revisando una propuesta de cambio en esa norma, que ha surgido desde el propio HHS, para proteger a esos trabajadores y asegurar que puedan expresar sus objeciones morales o religiosas frente a esas situaciones. Desde que Trump designó a Roger Severino como director de la oficina de de derechos civiles del HHS el organismo ha mostrado públicamente en varias ocasiones su disconformidad con la política instaurada por Obama que anteponía la salud y el servicio al paciente. En 2011 se reescribieron varias protecciones estipuladas durante el mandato de George Bush que protegían a los trabajadores que quisieran negarse a tratar a personas trans, ofrecer técnicas de control de la natalidad, cuidados paliativos, abortos o incluso tratamientos contra el VIH/SIDA. Este giro, que se espera se anuncie de forma oficial hoy mismo, se ha interpretado como un claro ataque a la comunidad LGTB+.

No es más que el uso de la religión para herir a las personas porque alguien no aprueba quiénes somos“, ha explicado Harper Jean Tobin, del Centro Nacional por la Igualdad Transgénero, “Cualquier Norma que garantice el derecho a discriminar será una desgracia y una burla al derecho a la libertad religiosa que todos apreciamos.” Y es que el colectivo LGTB+ nunca se ha mostrado contrario a esa libertad, pero sí que pretenden luchar contra los que quieren utilizar esa libertad para justificar la discriminación LGTBfóbica.

Desde la otra cara de la moneda Melanie Israel, de la Heritage Foundation (una organización ultraconservadora con un largo historial de confrontación con los derechos LGTB+ a la que, como puedes ver ahí arriba, pertenecía el propio Severino) ha asegurado que las violaciones de la conciencia de los trabajadores son demasiado habituales y es primordial que el gobierno les proteja: “Asegurar que los fondos del HHS no apoyan prácticas discriminatorias o moralmente coercitivas, o políticas que violan la ley federal no debería ser en absoluto controvertido.

Con esta nueva reforma se establecería, dentro de la oficina de derechos civiles del HHS, un nuevo organismo, la División de Conciencia y Libertad Religiosa, que revisará las quejas de los trabajadores que consideren que su fe o su moral se ve comprometida por las prácticas sanitarias que tengan que llevar a cabo. Y, por supuesto, protegerán su “derecho” a la objeción de conciencia.

Varias organizaciones de pacientes y grupos legales han avisado ya de que plantarán cara si algún trabajador del HHS se niega a ofrecer un servicio sanitario en base a la orientación sexual, el género o la expresión de género de un paciente. “Si la administración decide seguir adelante en la implantación de esta política discriminatoria, nos veremos en los juzgados” ha explicado en un comunicado Louise Melling, de la ACLU.

Fuente | Politico, vía EstoyBailando

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