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Más de 1000 activistas desafían la prohibición del Orgullo LGTB de Estambul y la policía les lanza gas lacrimógeno y pelotas de goma para dispersarlos

Lunes, 9 de julio de 2018

orgullo_estambul_2018-300x150orgullo_estambulNuevamente, las autoridades prohibían la normal celebración de la manifestación del Orgullo LGTB de Estambul. Este hecho ha provocado la crítica de varias organizaciones internacionales. Por su parte, Human Rights Watch ha dejado muy claro que «Turquía tiene la obligación de garantizar que las personas LGTBI puedan disfrutar plenamente de sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica sin discriminación» y que, en este sentido, «las autoridades encargadas de mantener el orden público deberían recordar que están allí para proteger a los que participan en la marcha». Desgraciadamente, como viene ocurriendo en todas las ediciones del Orgullo desde 2015, la policía al servicio del régimen autocrático de Recep Tayyip Erdoğan (reelegido y con el doble de poder que en la anterior legislatura), lejos de proteger a los activistas, utilizó la fuerza para dispersarlos. Los agentes lanzaron gas lacrimógeno y pelotas de goma contra los manifestantes y practicaron, al menos, once detenciones.

El gobernador de Estambul prohibía la manifestación del Orgullo por cuarto año consecutivo. En las pasadas ediciones, la oficina del gobernador tomó como excusas el mes de Ramadán o las amenazas de grupos ultra contra la comunidad. Sin embargo, este año el Orgullo ni ha coincidido con el mes de Ramadán ni se han recibido amenazas de consideración. Los activistas negociaron con la policía y se les permitió usar una calle en Taksim, cerrando otras áreas cercanas antes de que comenzara la manifestación. Sin embargo, tras la lectura del manifiesto, los agentes utilizaron gas lacrimógeno, pelotas de goma y otros métodos violentos de fuerza (como los porrazos) para dispersar a la multitud.

La semana pasada, Efe Songun, activista LGTB de Estambul y colaborador de Human Rights Campaign, escribía que «se esperaba la prohibición de este año, considerando las prohibiciones sobre otras actividades LGBTQ anunciadas bajo el estado de emergencia a principios de este año en Ankara. Aunque ahora se ha prohibido la marcha, los activistas LGBTQ continuarán con las actividades que rodean la Semana del Orgullo, y se realizará un esfuerzo para montar una manifestación pacífica para aumentar la visibilidad LGBTQ». Songun también aseguraba que «la cancelación de Orgullo se produce cuando el autoritario presidente turco Recep Tayyip Erdogan continúa ejerciendo su poder en el país».

Los organizadores del Orgullo de Estambul, Istanbul LGBT Pride Week, horas antes de la manifestación, publicaban un comunicado en su página de Facebook en el que se recoge que «estas prohibiciones no están en contra de las acciones, sino en contra de las formas de existir. La decisión del gobernador es parte del odio existente y es ilegítima. Esta es la razón por la cual las marchas del Orgullo son importantes y deberían tener lugar. Los LGBTI + estamos aquí con nuestro Orgullo a pesar de todos los vanos intentos de evitarnos y no reconocemos esta prohibición».

Para Human Rights Watch, «las restricciones a las libertades de expresión, reunión y asociación para las personas LGTBI en Turquía no solo violan esos derechos humanos fundamentales, sino que colocan a Turquía en una violación de sus obligaciones internacionales». Recordemos que las ediciones de 2015, 2016 y 2017 del Orgullo de Estambul también fueron reprimidas con el uso de la fuerza como este año.

Erdoğan asienta su régimen autocrático

Desde el fallido intento de golpe de estado en Turquía, en julio de 2016, el recién reelegido presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, lo ha utilizado para acallar cualquier voz crítica que le resulte molesta. Ha despedido a más de 100.000 funcionarios públicos, acusándolos de golpistas, según denunciaba la organización Human Rights Watch. También se ha perseguido a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno, a políticos de la oposición y se ha detenido a activistas LGTB como Levent Pişkin o Uğur Büber. Solo en 2016, se le imputaban cargos por «terrorismo» a 47.000 personas.

En de abril de 2017 Turquía aprobaba en referéndum convertirse en un estado presidencialista. Además de eliminar el cargo de primer ministro y concentrar poderes en su persona, de un modo autocrático, Erdoğan podrá nombrar ministros del gabinete, uno o varios vicepresidentes, emitir decretos, elegir jueces de los tribunales superiores y disolver el Parlamento. Con los dos mandatos de cinco años, aprobados como el plazo máximo que un presidente tendrá posibilidad de ejercer el cargo, Erdoğan podría mantener su poder casi absoluto hasta 2029. Sin duda, una noticia muy preocupante para el respeto de los derechos humanos y del colectivo LGTB en Turquía.

Fuente Dosmanzanas

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Obligada por la justicia a mantener la integración de las personas trans en el Ejército, la administración Trump busca su exclusión con nuevas medidas

Jueves, 5 de abril de 2018

175206-01_12_2012_13_10_55_289716084Aunque la administración de Donald Trump no ceja en su empeño de excluir a cualquier coste a las personas transexuales del Ejército estadounidense, las decisiones de los tribunales están impidiendo que pueda llevarlo a cabo. Aun así, la presidencia ha emitido un nuevo memorándum auspiciado por el Departamento de Defensa, que amenaza con convertir en orden ejecutiva en cuanto se despeje la vía judicial, en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. Si bien por el momento, según comunicaba la portavoz del Pentágono, Dana White, los hombres y mujeres trans podrán seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales, la espada de Damocles de la exclusión sigue cerniéndose sobre sus cabezas.

El pasado 23 de marzo, la Casa Blanca anunciaba la emisión de un memorándum dirigido al secretario de Defensa, James Mattis, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. El memorándum ratificaba un informe firmado por el propio Mattis, en el que se estipulaban las nuevas condiciones para que las personas transexuales puedan alistarse o permanecer en las filas del ejército estadounidense. El documento, que consta de 48 páginas, detalla la propia recomendación del secretario de Defensa y las conclusiones de un supuesto «comité de expertos» que se habría establecido para que estudiase el efecto de la inclusión de personas transexuales en las fuerzas armadas.

mike-penceSegún numerosas fuentes, el informe fue diseñado especialmente a instancias de vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB), que habría contado con la colaboración de Ryan T. Anderson, perteneciente a la organización LGTBfoba Heritage Foundation, y Tony Perkins, presidente de la no menos intolerante Family Research Council (ambas organizaciones se apresuraron a felicitarse por la publicación del memorándum en cuanto se hizo público). Según dichas fuentes, James Mattis habría abogado por la integración de las personas transexuales en el ejército, pero el propio vicepresidente Pence le habría «invalidado» y obligado a firmar el documento. Las conclusiones firmadas por el secretario y respaldadas por el presidente Trump se resumen en los siguientes puntos:

  • Las personas transgénero con un historial o diagnóstico de disforia de género quedarán excluidas del servicio militar, excepto bajo las siguientes estrictas circunstancias: (1) si se han mantenido estables en su sexo biológico durante 36 meses consecutivos previos a su acceso; (2) los miembros en diagnosticados con disforia de género después de su entrada en servicio pueden permanecer si no requieren un cambio de género y cumplen con el resto de los requisitos para su permanencia; y (3) los miembros actualmente en servicio que han sido diagnosticados con disforia de género previamente a que la normativa de la administración tome efectos, podrán continuar en servicio con su género deseado y recibir el tratamiento necesario para su disforia de género.
  • Las personas transgénero que requieran o hayan pasado por una transición de género quedarán excluidas del servicio militar.
  • Las personas transgénero sin un historial o diagnóstico de disforia de género, que hayan sido cualificadas para el servicio, pueden servir, como el resto de los miembros, identificados por su sexo biológico.

Esta nueva normativa sustituiría a la anterior orden ejecutiva del presidente Trump, que recuperaba la prohibición de ingreso y permanencia en el ejército para las personas trans, revirtiendo las disposiciones de la administración de Barack Obama. Dicha orden está suspendida por varios tribunales federales y, por lo tanto, no puede ser ejecutada. Aunque trata de evitar el término «prohibición» en previsión de una futura vía judicial, la nueva propuesta dispone requisitos imposibles de cumplir para la personas transexuales que decidan vivir de acuerdo a su identidad de género.

dana-white-portavoz-del-pentagono-300x155Una vez dado a conocer el memorándum, se han pedido explicaciones sobre su alcance a los responsables de Defensa y Seguridad Nacional. La portavoz del Pentágono, Dana White, explicó el pasado jueves que el organismo continuaría con la decisión comunicada el pasado 1 de enero de seguir permitiendo el acceso y permanencia de las personas transexuales: «El Departamento de Defensa continuará cumpliendo con las decisiones de los tribunales, aceptando a los solicitantes transgénero en el servicio militar y manteniendo a los actuales miembros transgénero en servicio». White, sin embargo, rehusó hacer declaraciones sobre nuevas normativas, dado que «existen litigios en curso y se debe salvaguardar la integridad del proceso judicial», remitiendo a los interesados al Departamento de Justicia y explicando que toda la documentación es pública, de acceso libre y «habla por sí misma». Interrogado por los periodistas, el secretario de Defensa también los remitió a los responsables de Justicia, escudándose en el respeto a la integridad judicial.

kerri-kupec-portavoz-del-departamento-de-justicia-eeuu-300x155La portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec, emitió por su parte el siguiente comunicado: «Tras un estudio y análisis exhaustivos, el secretario de Defensa llegó a la conclusión de que se deben adoptar nuevas políticas con respecto a las personas con disforia de género que sean coherentes con la eficacia militar, las limitaciones presupuestarias y las leyes en vigor. El Departamento de Justicia continuará defendiendo la autoridad legal del Departamento de Defensa para crear e implementar las políticas de personal que determine como necesarias para defender mejor a nuestra nación. En consonancia con esta nueva política, pedimos a los tribunales que levanten todas las medidas cautelares preliminares para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense y de la mejor fuerza de combate del mundo».

Con esta declaración, se hace evidente que la pretensión de la presidencia (o vicepresidencia en este caso) es influir en la decisión de los tribunales, tratando de disfrazar la evidente discriminación de las personas transexuales con torpes subterfugios técnicos. Esperemos que sea sin éxito.

El empeño en la discriminación de las personas transexuales

Recordemos, de nuevo, los antecedentes de las normativas tránsfobas: a diferencia de la derogación del «Don’t ask, don’t tell», que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas trans (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. Sin embargo, la prohibición se dio por derogada de facto y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000 (entre militares en activo y reservistas).

Ya conquistada la Casa Blanca, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son en este momento su objetivo principal. El pasado julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, ordenaba poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, que debía culminar el mes de enero de 2018, y retomar la situación previa a junio de 2016. Se vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército y se interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso.

trumpEl documento, no obstante, no despejaba todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, qué sucedería con los militares trans que ya servían en el Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la «cohesión» de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de «todos aquellos factores que puedan ser relevantes». Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera del despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump.

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla: días antes del primer anuncio de Trump habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política se limitaría a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron en contra.

La respuesta de los jueces: primero, paralización parcial de la orden de Trump

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales. Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al «debido proceso».

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre emitió un fallo en el que suspendía cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronunciara de forma definitiva (ver documento). Kollar-Kotelly, no obstante, no paralizó la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación seguía vigente. La jueza no se consideró competente para paralizarla a la vista de los argumentos de la demanda.

Un segundo juez amplia los términos de la paralización

justicia-300x203-1-300x203-1-300x203Sí lo hizo, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis, en el estado de Maryland, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump) que había sido presentada en agosto en representación de seis personas trans que están en activo en el Ejército.

El juez Garbis sí que ordenó la paralización cautelar de la orden de Trump incluyendo la especificación referida a la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación. Al igual que su homóloga Kollar-Kotelly, Garbis consideraba probable que los demandantes ganasen el caso basándose en la protección igualitaria recogida en la Constitución estadounidense (ver argumentos y orden cautelar).

Y una tercera jueza refuerza sus argumentos jurídicos

En diciembre, una tercera jueza federal, Marsha Pechman, del estado de Washington, se pronunciaba en el mismo sentido en el caso Karnoski v. Trump, una demanda interpuesta en nombre de dos personas trans que desean servir en el Ejército, de una tercera persona trans que ya forma parte del servicio activo y de las organizaciones Human Rights Campaign (HRC), Gender Justice League y  American Military Partner Association (AMPA).

En este caso, además, la jueza Pechman consideró que la prohibición de servir en el Ejército no solo violaría la 5ª enmienda, que garantiza el derecho a un trato igualitario, sino también la 1ª enmienda, que garantiza la libertad de expresión, al discriminar a las personas trans que sirven en el Ejército por hacer pública su identidad de género y obligarles a guardar el secreto para conservar sus puestos de trabajo (ver documento). Un argumento que hasta el momento no había sido considerado por los otros jueces. Pechman ordenó también la paralización cautelar de la prohibición y la vuelta al statu quo anterior a la orden de Trump.

Nueva denegación

militares-gays-pentagonoCasi al mismo tiempo que se conocía la decisión de la jueza Pechman en el estado de Washington, su colega del Distrito de Columbia Colleen Kollar-Kotelly (ver documento) denegaba la solicitud de la administración Trump de retrasar la suspensión cautelar de la orden del presidente que ella misma había ordenado. Una denegación que fue recurrida por la administración federal ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el «escalón intermedio» entre los jueces federales de distrito y el Tribunal Supremo.

En definitiva, la batalla jurídica continuará (posiblemente el asunto acabe dilucidándose en el Tribunal Supremo), pero por el momento la justicia parece decantada claramente del lado de los derechos de las personas trans, hasta el punto de obligar a la administración Trump a dejar en suspenso sus intenciones discriminatorias. Sin embargo, como hemos podido comprobar, desde la propia presidencia y vicepresidencia, con la implicación de los altos cargos de Defensa, se sigue intentando proseguir con la discriminación, utilizando todos los subterfugios posibles.

Fuente Dosmanzanas

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La Turquía de Erdoğan desprecia al colectivo LGTB: la Policía vuelve a impedir el Orgullo de Estambul con el uso de la fuerza

Martes, 27 de junio de 2017

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Los agentes obligaron a los detenidos a escuchar versículos del Corán en los coches patrulla

Los colectivos LGBT de Estambul deciden desafiar la prohibición de las autoridades para celebrar la marcha del Orgullo en Estambul, este domingo, 25 de junio, manteniendo la convocatoria para las 14 horas en la calle Istihlal, corazón comercial de la ciudad y tradicional punto de encuentro de este desfile que se celebra desde 2003 en la ciudad del Bósforo.

La deriva autocrática de Turquía se está volviendo incompatible con los derechos humanos, en general, y con los de la comunidad LGTB, en particular. El pasado sñabado nos hacíamos eco de las amenazas de un grupo ultranacionalista turco al Orgullo de Estambul. “No les permitiremos marchar”, decían. Lejos de blindar la seguridad para permitir el libre ejercicio del derecho de manifestación del colectivo LGTB, el gobernador de Estambul prohibía el sábado la manifestación del Orgullo (convocada para el domingo 25 de junio), cediendo al chantaje de los extremistas LGTBfóbicos. A pesar de todo, cientos de valientes activistas han salido a la calle con sus pancartas y banderas arcoíris para reclamar los derechos igualitarios, incluso se han leído manifiestos. Como en años anteriores, la Policía ha impedido la normal celebración de la marcha: han bloqueado los accesos a Taksim, han usado la fuerza y han practicado detenciones. Incluso han hecho desvestirse a personas que llevaban ropa multicolor o con mensajes reivindicativos.

orgullo-estambul-2017-300x150A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Estambul, Vasip Şahin, compartía el sábado la decisión de la oficina que dirige: se prohibía el Orgullo LGTB. Esta institución gubernamental anunciaba su decisión justificándose en las “graves reacciones de diferentes sectores de la sociedad en contra de esta llamada”. Las autoridades alegan su incapacidad de “salvaguardar el orden público” y, por consiguiente, “no se permitirá la realización de reuniones y manifestaciones” del activismo LGTB y de los partidarios de la igualdad de derechos en Turquía. Las administraciones del país, controlado con mano férrea por el presidente Recep Tayyip Erdoğan, no permiten la celebración del Orgullo desde 2014. Las ediciones de 2015 y 2016, igual como la de este año (convocada para ayer), han sido reprimidas por la Policía mediante el uso de la fuerza.

A finales de la semana pasada publicábamos que The Alperen Hearths, una organización vinculada al extraparlamentario Partido de la Gran Unidad (BBP) amenazaba al Orgullo LGTB de Estambul diciendo que “bajo ninguna circunstancia les permitiremos marchar”, porque “necesitamos prevenir esta inmoralidad”. Poco más ha necesitado el Gobernador de Estambul para vetar la manifestación del Orgullo.

Eso sí, ninguno de los grupos o representantes de los mismos que han hostigado públicamente al colectivo LGTB ha sufrido la más mínima consecuencia, amonestación o represalia legal. Por ejemplo, Kürşat Mican, líder provincial de The Alperen Hearths, apareció en KRT TV ofreciendo un discurso de odio y exclusión. Además de salirle gratis, a Mican le ha servido para visibilizarse (a él y a su organización) y, encima, recibe la razón del gobernador en forma de prohibición del Orgullo. En cambio, el activismo igualitario, víctima de las amenazas y de la violencia verbal, ha sufrido las consecuencias del veto gubernamental al Orgullo de Estambul, por tercer año consecutivo.

La Policía, mano ejecutora de la represión LGTBfóbica de Estado

Los organizadores del Orgullo de Estambul 2017 se comprometieron a manifestarse el 25 de junio en la plaza central de Taksim, usando un hashtag turco para “marchar” (#Yürüyoruz), a pesar de la prohibición del gobernador. Pero la Policía establecía puntos de control de acceso en las inmediaciones, lo que ha impedido que los activistas entraran en la zona en grupo. Desde el mediodía, la policía acordona los numerosos accesos al punto de encuentro registrando a los transeúntes en busca de banderas arco iris y vetando a quienes visten con ropa llamativa. “La marcha es imposible, no hemos podido ni pasar a la calle Istiklal, por nuestro aspecto (…). Las autoridades dicen que han prohibido la marcha por nuestra seguridad, vistas las amenazas de sectores ultranacionalistas, pero creemos que es un pretexto (…). No solo se prohíbe la marcha gay: desde hace un par de años, y especialmente desde la proclamación del estado de emergencia en julio pasado, no se puede hacer ninguna manifestación, sea del signo que sea, salvo si la convoca el propio gobierno“, declara una activista.

Ante la imposibilidad de reunirse en el lugar previsto, al menos un centenar de manifestantes conseguían congregarse en el barrio adyacente de Cihangir, frecuentado por un público más liberal y abierto, donde despliegan sus pancartas y no dudan en agitar sus banderas, tocando tambores, coreando consignas igualitarias e incluso leyendo un manifiesto. Entre otras, estos defensores de los derechos LGTB portaban una pancarta que decía: “Acostúmbrate, estamos aquí”, es uno de los lemas vitoreados por los asistentes que no dudan en escenificar escenas de cariño entre personas del mismo sexo. Sin embargo, la celebración es también coartada por una unidad policial que se adentra en la zona lanzando de nuevo algunos botes de gas lacrimógeno.

“No han usado cañones de agua, porque los grandes vehículos blindados no pueden entrar en estas calles”, señala un activista. Portavoces de los colectivos LGBT han asegurado que al menos hay una decena de personas detenidas, entre ellas una extranjera, aunque no tienen todavía cifras definitivas. “Pese a la prohibición hemos conseguido realizar nuestra marcha anual; la policía nos dispersa, pero aquí estamos (…). Por una parte hemos acudido cada vez más gente: se nos ve mucho más que antes, hemos crecido, y por eso damos más miedo al gobierno, y por otra parte cada vez hay más represión política en todos los aspectos (…). Pero hemos estado antes, estamos ahora y estaremos en el futuro”, declara un participante anónimo de la marcha.

La Policía ha hecho uso de gases lacrimógenos para dispersar a las multitudes y algunos activistas han subido a redes el lanzamiento de agua a presión contra manifestantes, así como el disparo de bolas de goma y la utilización de botes de humo por parte de los agentes.

La agencia de noticias Anadolu de Turquía habla del arresto de “unas 20 personas”, que supuestamente habrían ignorado las advertencias policiales de dispersarse porque “la marcha no tiene permiso”. Andrew Gardner, investigador y activista de Amnistía Internacional en Turquía, ha fotografiado y compartido en su cuenta de Twitter algunas de las detenciones, de las que ha sido testigo, y que asevera que se han producido “al azar”:

Varios activistas, que gritaron lemas a favor de los derechos de los homosexuales, fueron detenidos en la calle peatonal Istiklal. Según el comité organizador de la Semana del Orgullo Gay de Estambul, los arrestados fueron obligados a escuchar rezos del Corán en los coches policiales. Uno de los detenidos ha sido Bram Janssen, periodista de Associated Press, quien se encontraba cubriendo el Orgullo LGTB de Estambul. La agencia para la que trabaja está tratando de esclarecer los motivos por los que ha sido arrestado por la Policía. Lucas Waagmeester, corresponsal en Turquía de los Países Bajos, ha grabado el momento de su detención y lo ha colgado en Twitter:

Pero la actuación policial ha superado el absurdo cuando ha obligado a algunos asistentes a quitarse su camiseta por llevar la palabra “Orgullo” con los colores del arcoíris:

El activismo LGTB turco no se rinde

“Hacer declaraciones de prensa es un derecho, protestar es un derecho, organizarse, objetar y resistir son derechos; No pueden ser objeto de permiso”. Es una de las más claras declaraciones que ha realizado el activismo LGTB de Turquía tras el veto oficial al Orgullo de Estambul. A través de una nota de prensa, el 25º Comité de la Semana LGBTI + Orgullo de Estambul así lo ha dicho y, además, se ha quejado de la decisión gubernamental. Especialmente, después de solicitar una reunión “hace 20 días” con Vasip Şahin y no haber recibido ninguna respuesta.

ERD03 Istanbul Turkey 25 06 2017 - A participant is arrested by Turkish police during the Istanbul LGTB Pride Parade which was cancelled due to security concerns by the governor of Istanbul in Istanbul Turkey 25 June 2017 Transgenders people and supporters try to march in central Istanbul as part of the Trans Pride Week 2017 which is organized by Istanbul s Lesbians Gays Bisexuals Transvestites and Transsexuals LGBT solidarity organization Estanbul Turquia EFE EPA ERDEM SAHIN Una de las detenidas por participar en la Marcha del Orgullo Gay en Estambul.

A la justificación de “salvaguardar el orden público” y mantener la seguridad de todos que ha hecho el gobernador, los organizadores del Orgullo le han recriminado que “nuestra seguridad será proporcionada reconociéndonos en la Constitución, garantizando la justicia, la igualdad y la libertad. Nuestra seguridad será proporcionada en un país donde podemos tener una manifestación del Orgullo LGBTI”.

Los colectivos igualitarios han insistido en que “no tenemos miedo” y lanzan el siguiente mensaje a los que aplican políticas cobardes contra el activismo: “nosotros somos los que declaramos la revolución del amor y la identidad de género. Somos los que somos excluidos, ignorados, pero resistentes. No estamos solos, no estamos equivocados, y no renunciaremos de ninguna manera. Gobernadores, gobiernos o estados cambian, nosotros nos quedamos. ¡Estas amenazas, prohibiciones, presiones no nos detendrán! Echamos de menos nuestra marcha, no renunciamos a nuestra marcha. Estamos celebrando el 25 aniversario de la Semana LGBTI + Orgullo de Estambul, y estamos orgullosos. ¡Estad furiosos vosotros!”.

Erdoğan, más autoritarismo y menos democracia

erdoganDesde el fallido intento de golpe de estado en Turquía, en julio de 2016, el presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, lo ha utilizado para acallar cualquier voz crítica que le resulte molesta. Hasta el momento, ha despedido a más de 100.000 funcionarios públicos, acusándolos de golpistas, según denuncia la organización Human Rights Watch. También se ha perseguido a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno, a políticos de la oposición y se ha detenido a activistas LGTB como Levent Pişkin o Uğur Büber. Solo en 2016, se le han imputado cargos por “terrorismo” a 47.000 personas.

El pasado mes de abril de 2017, Turquía aprobaba en referéndum convertirse en un estado presidencialista. Además de eliminar el cargo de primer ministro y concentrar poderes en su persona, de un modo autocrático, Erdoğan podrá nombrar ministros del gabinete, uno o varios vicepresidentes, emitir decretos, elegir jueces de los tribunales superiores y disolver el Parlamento. Con los dos mandatos de cinco años, aprobados como el plazo máximo que un presidente tendrá posibilidad de ejercer el cargo, Erdoğan podría mantener su poder casi absoluto hasta 2029. Sin duda, una noticia muy preocupante para el respeto de los derechos humanos y del colectivo LGTB en Turquía.

Fuente Dosmanzanas/Universogay

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Detenido un activista ruso por enarbolar la bandera arcoíris, mientras Putin niega su homofobia porque “tiene amigos gays”.

Lunes, 3 de febrero de 2014

Pavel-Lebedev-detenido-en-RusiaRusia suma y sigue…

Nota de prensa: Arcópoli, Cogam y Halegatos se unen a la protesta global contra la LGTBfobia rusa

Rusia acusa a la UE de tratar de imponer al mundo “una visión alienígena de la homosexualidad”

Arkady Gyngazov: El Gobierno de Rusia es responsable de todos los ataques homófobo

Un joven activista ruso ha sido detenido por enarbolar una bandera arcoíris al paso de la antorcha olímpica. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin asegura que no habrá ninguna detención de homosexuales durante los Juegos Olímpicos de Sochi, siempre que “se deje a los niños en paz”, ligando una vez más homosexualidad con pederastia. Ante las acusaciones de homofobia, Putin arguye que él personalmente tiene conocidos gays con quienes mantiene una relación amistosa.

 Pavel Lebedev es un joven activista ruso que quiso manifestar su rechazo a la homofobia reinante en su país ondeando una bandera arcoíris cuando el cortejo de la antorcha olímpica recorría su ciudad, Voronezh, situada a cerca de mil kilómetros al norte de Sochi, su destino final. Inmediatamente fue apresado por el personal de seguridad de los Juegos Olímpicos, que le impidieron seguir enarbolando la bandera mientras procedían a detenerle.

 Los amigos de Lebedev allí presentes tomaron fotografías del momento, subiéndolas posteriormente a las redes sociales para denunciar los hechos. En conversación telefónica con Associated Press, el joven informaba encontrarse en comisaría a la espera de ser interrogado, declarando que su protesta se fundaba en su oposición a las leyes homófobas aprobadas el año pasado en su país. “La celebración de los juegos aquí contradice los principios básicos de los Juegos Olímpicos, que deben cultivar la tolerancia”, declaraba con convicción.

 Putin: no habrá detenciones si se deja “a los niños en paz

 l viernes 17 de enero, el presidente ruso Vladimir Putin se dirigía a los voluntarios olímpicos, apenas unas semanas antes de que los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi tengan comienzo el próximo 7 de febrero. En su alocución, Putin quiso referirse al controvertido asunto de la estancia de las personas LGTB durante los juegos, dada la situación legal imperante en el país.

 El presidente ruso afirmó que los visitantes homosexuales podrán sentirse “tranquilos y cómodos” durante su permanencia en la ciudad olímpica, asegurando que no sufrirán ninguna discriminación. Sin embargo, sin dejar pasar una vez más la ocasión de ligar subrepticiamente la homosexualidad con la pederastia, enfatizó que “deben dejar en paz a los niños”, recordando que las leyes vigentes en Rusia prohíben que puedan expresar sus puntos de vista sobre los derechos LGTB ante menores.

 En declaraciones a BBC One, Vladimir Putin incidía de nuevo en esa materia, arguyendo que las leyes contra la “promoción de relaciones sexuales no tradicionales ante menores” no pretendían socavar los derechos de las personas LGTB, sino proteger a la infancia. Además, afirmaba no mantener animadversión alguna contra las personas LGTB, recurriendo a un viejo argumento bien conocido por todos: “yo mismo conozco a algunas personas gays. Mantenemos una relación amistosa. No tengo prejuicios de ningún tipo”.

 En una entrevista aún más reciente, concedida a la cadena estadounidense ABC News, Putin defendía la legislación homófoba rusa contraponiéndola a la de aquellos países donde se establecen fuertes penas de prisión o hasta la pena de muerte para las relaciones homosexuales. Incluso reprochaba a los Estados Unidos que en alguna legislación de algún estado aún apareciera la homosexualidad como una falta, sin tener en cuenta que en el sistema jurídico estadounidense prima la jurisprudencia, estando consideradas todas esas normas como contrarias a la Constitución por dictado de su Tribunal Supremo, siendo por lo tanto inaplicables.

 Queriendo tranquilizar sobre la actuación que la administración rusa desarrollará a lo largo de los Juegos, quiso diferenciar entre actos de protestas, que se permitirán, y actos de propaganda, “están próximos, pero si tuviéramos que considerarlos desde el punto de vista jurídico, la protesta contra un ley no equivale a la propaganda de la sexualidad [no tradicional] o el abuso sexual de los niños”, identificando de nuevo, de manera recurrente, la pederastia con la información sobre la homosexualidad.

Fuente Dosmanzanas

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Recordatorio

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