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Un juez federal ordena que se reinstaure la financiación de los tratamientos de reasignación para las personas trans en el Ejército estadounidense

Martes, 5 de diciembre de 2017
Comentarios desactivados en Un juez federal ordena que se reinstaure la financiación de los tratamientos de reasignación para las personas trans en el Ejército estadounidense

ejercito-trans-contra-trump-696x522El juez federal Marvin J. Garbis ha ordenado la paralización cautelar de la orden del presidente Donald Trump que prohíbe incorporar a personas transexuales para servir en el Ejército de los Estados Unidos y desfinancia los tratamientos de reasignación de los militares trans. En respuesta a una de las demandas interpuestas por diferentes personas y organizaciones, y considerando que sus argumentos tienen altas probabilidades de ganar, el juez considera oportuno mantener la situación previa a la orden de Trump hasta que la justicia aclare todas las dudas. Amplía así el alcance con respecto a un fallo similar adoptado por otra juez federal hace tres semanas.

La orden de Donald Trump

Recordamos brevemente los antecedentes. A diferencia de la derogación del “Don’t ask, don’t tell”, que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas transexuales (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama, Ash Carter, anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. En la práctica, sin embargo, la prohibición se dio por derogada y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario y a dar a conocer su realidad a mandos, compañeros y subordinados sin temor a ser expulsados. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000, teniendo en cuenta tanto a militares en activo como reservistas.

Conquistada la Casa Blanca, y olvidados ya los coqueteos de Donald Trump con el colectivo LGTB durante la campaña electoral, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son a día de hoy su objetivo principal. El pasado mes de julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estaodunidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, critica expresamente a la administración Obama por su decisión de permitir a las personas trans servir en el Ejército y ordena poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, retomando la situación previa a junio de 2016, vetando la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpiendo la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso.

El documento, no obstante, no despejaba ni mucho menos todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, que sucedería con los militares trans que ya sirven en en Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la “cohesión” de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de “todos aquellos factores que puedan ser relevantes”. Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera de que se produzca el despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump para conocer el alcance real del daño y saber cómo se procederá respecto a la reubicación/expulsión de los militares trans. La fecha estipulada para ello es el 23 de marzo de 2018, después de que el secretario de Defensa, Jim Mattis, haya presentado un plan detallado y acordado con el departamento de Interior antes del 21 de febrero.

La respuesta de la Justicia

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla. Días antes del primer anuncio de Trump, de hecho, habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB) por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política se limitaría a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja.

Quizá por eso se encontró con una inesperada oposición. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron abiertamente en contra. Y sobre todo, y más importante: rápidamente comenzaron a anunciarse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta, en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales, por dos organizaciones de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB. Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al “debido proceso”.

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre emitió un fallo en el que suspende cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronuncie de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no paralizaba la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans (salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso) seguía vigente. La jueza no se consideró competente para paralizarla a la vista de los argumentos de la demanda.

Sí lo ha hecho, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis de Baltimore, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump). La presentó la American Civil Liberties Union (ACLU) en Maryland el pasado mes de agosto, en representación de seis personas trans que están en activo en el Ejército. El juez federal ordena que se reinstaure la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans, porque al igual que su homóloga Kollar-Kotelly, considera probable que los demandantes ganen el caso basándose en la protección igualitaria recogida en la Constitución estadounidense.

Garbis rechaza que su orden cautelar sea prematura y argumenta que las personas trans que sirven en el Ejército ya están sufriendo las consecuencias de la medida. A pesar de que por ahora no se han anunciado despidos, viven con el miedo a un futuro despido y el estigma de ser señalados como incapaces de servir. El juez carga contra el presidente Trump, al que acusa de actuar a golpe de tuit en lugar de escuchar un análisis fundamentado de los representantes militares sobre las consecuencias de la decisión. El abogado de la ACLU Joshua Block ha celebrado el fallo, que calificó de “victoria para el personal militar trans en todo el país” y mostró su satisfacción por la decisión del tribunal de “asegurar que se trate a los militares trans con la dignidad y el respeto que se merecen”. Veremos si la decisión final de los tribunales es favorable.

Fuente Dosmanzanas

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Revés judicial para Donald Trump: una jueza federal paraliza la orden que reinstauró la prohibición a las personas trans de servir en el Ejército

Sábado, 4 de noviembre de 2017
Comentarios desactivados en Revés judicial para Donald Trump: una jueza federal paraliza la orden que reinstauró la prohibición a las personas trans de servir en el Ejército

ejercito-trans-contra-trump-696x522La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly ha ordenado la paralización parcial de la orden del presidente Donald Trump que prohíbe a las personas transexuales servir en el Ejército de los Estados Unidos. En respuesta a una de las demandas interpuestas por diferentes personas y organizaciones, y considerando que sus argumentos tienen altas probabilidades de ganar, la jueza considera oportuno mantener la situación previa a la orden de Trump hasta que la justicia aclare todas las dudas. La supensión de la orden es parcial, ya que no incluye la desfinanciación de los tratamientos de reasignación de los militares trans.

La orden de Donald Trump

Recordamos brevemente los antecedentes. A diferencia de la derogación del “Don’t ask, don’t tell”, que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas transexuales (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama, Ash Carter, anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. En la práctica, sin embargo, la prohibición se dio por derogada y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario y a dar a conocer su realidad a mandos, compañeros y subordinados sin temor a ser expulsados. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000, teniendo en cuenta tanto a militares en activo como reservistas.

Conquistada la Casa Blanca, y olvidados ya los coqueteos de Donald Trump con el colectivo LGTB durante la campaña electoral, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son a día de hoy su objetivo principal. El pasado mes de julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estaodunidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, critica expresamente a la administración Obama por su decisión de permitir a las personas trans servir en el Ejército y ordena poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, retomando la situación previa a junio de 2016, vetando la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpiendo la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso.

El documento, no obstante, no despejaba ni mucho menos todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, que sucedería con los militares trans que ya sirven en en Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la “cohesión” de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de “todos aquellos factores que puedan ser relevantes”. Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera de que se produzca el despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump para conocer el alcance real del daño y saber cómo se procederá respecto a la reubicación/expulsión de los militares trans. La fecha estipulada para ello es el 23 de marzo de 2018, después de que el secretario de Defensa, Jim Mattis, haya presentado un plan detallado y acordado con el departamento de Interior antes del 21 de febrero.

La respuesta de la justicia

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla. Días antes del primer anuncio de Trump, de hecho, habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB) por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política tendría lugar en torno a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja.

Quizá por eso se encontró con una inesperada oposición. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron abiertamente en contra. Y sobre todo, y más importante: rápidamente comenzaron a anunciarse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta, en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales, por dos organizaciones de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB: NCLR (National Center for Lesbian Rights) y GLAD (GLBTQ Legal Advocates & Defenders). Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al “debido proceso”.

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estima pertinente, sino que considera que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que en su fallo suspende cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronuncie de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no paraliza la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans (salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso) sigue vigente. No se trata, en cualquier caso, de una decisión de fondo: la jueza Kollar-Kotelly argumenta que, a diferencia de la amenaza de expulsión de los militares representados en la demanda, esta no contempla por qué la suspensión de los tratamientos de reasignación les afectaría, razón por la cual no se considera competente para paralizarla.

El fallo judicial ha sido recibido con optimismo por las organizaciones de defensa de los derechos LGTB, que lo consideran una importante primera victoria en la que se adivina larga lucha contra las disposiciones tránsfobas de la administración Trump. “Esta es la primera decisión que tumba la prohibición del presidente Trump, pero no será la última. Los tribunales federales reconocen lo que todo el mundo ya sabe: que la decisión impulsiva del presidente Trump de prohibir a las personas transexuales servir en el Ejército es manifiestamente inconstitucional”, ha declarado Joshua Block, abogado de ACLU (American Civil Liberties Union). Veremos si es así, y sobre todo si finalmente la decisión de los tribunales es favorable.

Fuente Dosmanzanas

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Portland (EE.UU.) quiere acabar con los Drag Shows

Martes, 26 de septiembre de 2017
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pueblo-tennessee-prohibicion-dragsEl ayuntamiento de Portland (Tennessee) organiza un debate para decidir si prohibir los shows de drag queens en el distrito centro porque algunos consideran que son espectáculos para adultos.

El abogado de la ciudad avisa de que si aprueban esa ordenanza les van a llover las demandas.

Al parecer a los integrantes del ayuntamiento de Portland en Tennessee (Estados Unidos),  un pueblo de unos 12.000 habitantes, no les hace ninguna gracia el ambiente festivo de los drag queens, pues quieren que los shows de este tipo no se realicen más en esa ciudad.

El Ayuntamiento se reunió para debatir una ordenanza que prohibiría los espectáculos de Drag Queens en el distrito financiero de la ciudad, situado en el centro. Y es que algunas personas consideran que ese tipo de espectáculos no deberían estar ahí porque son espectáculos para adultos y, por lo tanto, hay que enviarlos bien lejos. Como si las Drag Queens fueran strippers. Así es, se pasaron discutiendo por más de una hora con Ray Guillermo, quien trabaja en este negocio.

Durante más de una hora los concejales de la ciudad escucharon a varios vecinos que hablaron tanto a favor como en contra de la ordenanza, la 17-59; Algunos de los argumentos en contra fueron absolutamente delirantes y homófobos. Como por ejemplo los de Nicole Vestal, una residente, que dijo que aplaudía lo que estaban haciendo en el Ayuntamiento porque “A pesar de lo que diga la ACLU, creo que deberíais seguir adelante. Los shows transgénero no tienen cabida en el distrito centro. Si quieren hacer esto, pueden hacerlo en los clubs gais o en la privacidad de sus casas.”

Algo parecido le pasa a Tom King, un señor que lleva viviendo en el pueblo desde 1972, que dijo que él no es homófobo, que no tiene nada en contra de los homosexuales y que “si me encuentro a alguno con una rueda pinchada a un lado de la carretera pararé para ayudarle… pero no apoyo este tipo de actividad.”

En el lado opuesto, estaba Ray Guillermo, el propietario de la empresa Elite Star Productions que se encarga de producir muchos de esos espectáculos. Según Guillermo el problema es el desconocimiento de lo que es realmente un show de drag queens y por eso invitó a todo el consejo a acudir a uno de los shows a ver realmente sobre lo que están debatiendo: “No hay desnudez, no es entretenimiento para adultos.” A Guillermo se sumó Debbie Linson, que avisó a la junta de que tuvieran cuidado con lo que decidían porque “No creo que a ninguno de nosotros nos guste que nos digan cómo podemos o no podemos vestirnos.”

Hubo dos drag queens en la sala que reconvino al consejo municipal. Nicole Grace dijo a la junta que lo que estaban debatiendo era “un ejemplo claro de bullying“. Y Graceyn James Collins les dijo directamente que comparar los shows de drag con shows eróticos era, directamente, insultante: “Los chavales ven lo que hacemos y ésta es su forma de expresarse. En 2005 yo llegué a mi límite como adolescente y el drag salvó mi vida. Ese adolescente que está viendo ahora mismo, ése es el punto de inflexión. Vengan a ver lo que hacemos y tomen su decisión.”

La decisión de prohibir o no los shows de drag queens en el distrito centro se iba a tomar esa misma noche, pero finalmente se votó por un aplazamiento hasta el próximo 6 de noviembre porque algunos de los concejales no tenían claro lo que estaba pasando. Bueno, por eso y porque el abogado del ayuntamiento, David Amonette, les dijo que como aprobaran la ordenanza les iban a llover las demandas. El Ayuntamiento ya ha recibido varias cartas de abogados y organizaciones (entre las que están la ACLU y el Tennessee Equality Project) avisando de que si prohíben los shows drags irán a los tribunales y la aseguradora de la ciudad ha pedido que denieguen la moción porque el coste de esos juicios puede ser una locura económica: “Hay varios temas muy serios en esas cartas que me gustaría tener la oportunidad de revisar. Pero les puedo asegurar que si actúan precipitadamente la ciudad será demandada.”

Habrá que esperar al 6 de noviembre para ver qué deciden en Portland.

Fuente | The Tennessean, vía EstoyBailando

 

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Demandan a Michigan por la ley que permite la discriminación religiosa a parejas del mismo sexo

Sábado, 23 de septiembre de 2017
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StopHomofobiaLa Unión Americana de Libertades Civiles presenta una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito con el objetivo de impugnar que las agencias de adopción infantil contratadas por el estado puedan rechazar a las parejas del mismo sexo basándose en la libertad religiosa.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés: American Civil Liberties Union) presenta una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito este miércoles, 20 de septiembre, con el objetivo de que agencias de adopción infantil como Catholic Charities (presente en España con el nombre de Cáritas Española) y Bethany Christian Services, contratadas por el estado no puedan rechazar a las parejas del mismo sexo basándose en la libertad religiosa en lo que consideran una violación de la Constitución de los Estados Unidos. La Conferencia Católica de Michigan, brazo político de la iglesia en Michigan, ha criticado la demanda tachándola de «mezquina, divisiva e intolerante (…). Es imperativo que la ley estatal sea defendida de otro ataque flagrante a la fe religiosa en la vida pública».

A pesar de declarar su intención de proteger a sus ciudadanos de la homofobia, en 2015, el gobernador de Michigan, Rick Snyder, firma una ley que dice que las agencias de colocación infantil no están obligadas a prestar servicios que entren en conflicto con sus creencias religiosas. En ese momento, al menos un 25 % de las agencias de adopción del estado eran religiosas, teniendo la única obligación de entregar a los solicitantes rechazados una lista de otros proveedores. Sin embargo, fue firmada antes de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos legalizara el matrimonio homosexual. Según ACLU, permitir la discriminación por parte de las podría marcar la diferencia «entre un niño que encuentra un hogar permanente que le proporcione amor o seguir en el sistema», declara Jay Kaplan, abogado de ACLU.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan se ha negado a hacer ningún comentario sobre esta demanda, que surge después de que el fiscal general de Michigan, Bill Schuette, declinara hablar con ACLU sobre casos de discriminación como el de Dana y Kristy Dumont, rechazadas por dos agencias de adopción en el área de Lansing. La demanda no va en contra de las agencias de adopción, sino sobre el estado de Michigan, que es quien les permite legalmente la discriminación contra familias homosexuales. «Tenemos mucho que ofrecer a un niño, tenemos mucho amor para dar», es lo que Dana Dumont, funcionaria del estado, responde a un representante de la agencia que pretenden contratar que les dice que «la agencia no trabaja con parejas del mismo sexo», obteniendo la misma respuesta de una segunda agencia.

«La idea de que nuestro estado esté financiando organizaciones que mantienen niños en esa situación en lugar de ofrecerles familias de apoyo estables y cariñosas que simplemente tienen dos miembros del mismo sexo, lo que consideran dañino y ofensivo (…). No son sólo instituciones privadas que operan bajo fondos privados con sus propias reglas privadas. Se trata de instituciones a las que se ha otorgado un contrato gubernamental [que utiliza] el dinero de nuestros impuestos públicos para apoyar esta discriminación (…). El hecho de que se me pida que financie, a través de mis propios impuestos, mi propia discriminación es indignante», declara Stephanie White,directora ejecutiva de Equality Michigan. Sólo este año, estados como Texas, Alabama, Georgia y Dakota del Sur han presentado proyectos de ley o ratificado leyes discriminatorias similares.

Fuente Universogay

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Las ONG cargan contra el gobernador demócrata de Carolina del Norte

Martes, 23 de mayo de 2017
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roy-cooperRoy Cooper ganó las elecciones al republicano Pat McCrory y prometió derogar la discriminatoria ley HB2, pero en su lugar aprobó la HB142 que era más de lo mismo.

Cooper se defiende asegurando que necesitaba llegar a un “compromiso”, pero las ONG le acusan de ser un chaquetero.

La ciudad de Charlotte aprobó una ordenanza municipal que protegía a las personas trans y permitía que utilizaran el baño del género con el que se identifican. A los republicanos que gobernaban el estado esa ordenanza les pareció fatal, y la atacaron diciendo que eso era competencia del gobierno estatal; así que crearon la HB2: una ley discriminatoria que, entre muchas otras cosas, obligaba a las personas trans a usar el baño del género que había escrito en su DNI.

La ley fue un absoluto desastre. Cientos de empresas se fueron del estado y la imagen de Carolina del Norte quedó muy dañada. Ante unas pérdidas estimadas de 3 billones de dólares si la ley no se derogaba en 5 años, el gobernador republicando Pat McCrory acabó perdiendo las elecciones frente al demócrata Roy Cooper. Una de las primeras cosas que hizo Cooper fue intentar derogar la HB2, pero los republicanos -que seguían controlando la cámara de representantes- le hicieron una jugarreta y lo único que pudo hacer fue aprobar la HB142. Aunque esa ley “anulaba” la HB2, también prohibía a las ciudades aprobar ordenanzas sobre el uso de baños públicos hasta el 2020 diciendo que eso era competencia del estado; lo que implica que la HB2 sigue estando vigente durante 4 años más.

Desde la Human Rights Campaign han denunciado que a pesar de que Cooper quiere vender la HB142 como una victoria (“un acuerdo imperfecto“, lo llama el gobernador), en realidad se trata de “otra versión de la HB2 que oculta un intento desesperado de los legisladores con la esperanza de salvar la economía del estado“. Desde Equality NC su director ejecutivo, Chris Sgro, acusa a Cooper de ser bastante irresponsable con este tema: “El rechazo continuado de Cooper a asumir responsabilidades por las consecuencias negativas de la ley que firmó sobre la comunidad LGTB es descorazonador.”

En una conferencia en el Centre for American Progress en Washington, Cooper ha dicho que está preparando una orden ejecutiva para asegurar los derechos de la comunidad LGTB: “Cuando derogamos la HB2 e iniciamos este compromiso dije que necesitábamos tomar medidas adicionales para asegurarnos de proteger a los ciudadanos LGTB. Estamos trabajando en una orden ejecutiva que nos ayude a conseguir esa meta.” Cooper además defendió la HB142 asegurando que “política y emocionalmente habría sido más fácil para mí seguir dando golpes sobre la mesa y no aceptar ese compromiso, pero sabía que no estaba siendo justo con mi estado. No estaba siendo justo con las personas LGTB.”

Olivia Alair Dalton, vice-presidenta senior de la Human Rights Campaign (y antigua secretaria de prensa de Michelle Obama) ha declarado que esa afirmación de Cooper es “bastante extraordinaria, teniendo en cuenta que fue él quien firmó la HB142 y convirtió la discriminación en ley.”

Más duros se muestran desde la ACLU: “Cooper representa lo más despreciable de la política. No puedes estar en misa y repicando. Nunca tendrás nuestro apoyo o confianza.”

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando

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Chelsea Manning, en libertad: punto final a años de ensañamiento por lo que al no reconocimiento de su identidad de género se refiere

Sábado, 20 de mayo de 2017
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chelseamanningTras cumplir siete años de los treinta y cinco a los que había sido condenada, en la que se considera la mayor pena por filtrar documentos en los Estados Unidos, Chelase Manning sale de la cárcel recuperando su libertad, reivindicando su identidad sexual y anunciando su intención de convertirse en activista LGBT y luchar por los derechos de las personas transexuales. “Por primera vez, puedo ver un futuro como Chelsea para mí. Puedo imaginarme viviendo como la persona que soy y por fin puedo estar en el mundo exterior. La libertad solía ser algo con lo que soñaba pero nunca me permití imaginármela del todo. Ahora, la libertad es algo que volveré a experimentar con amigos y seres queridos, después de casi siete años de barrotes y cemento…”, declaraba Chelsea Manning, de 29 años de edad, quien alrededor de las 2 de la madrugada y coincidiendo con el Día Internacional contra la Homofobia, miércoles, 17 de mayo, sale de la cárcel gracias al indulto concedido por Barack Obama tres días antes de entregar el testigo como presidente a Donald Trump.

Chelsea Manning ya está en libertad. Así lo han comunicado tanto su equipo de abogados como ella misma en redes sociales, a pesar de que por el momento no ha hecho declaraciones públicas. La soldado Manning vio conmutada su pena de prisión por Barack Obama, en la que fue una de sus últimas decisiones como presidente de Estados Unidos. De haber tenido que cumplir su sentencia al completo, su salida no habría tenido lugar hasta 2045. Las condiciones en prisión de una mujer obligada a cumplir sentencia en un establecimiento penal masculino condujeron a la soldado a dos intentos de sucidio, así como a una huelga de hambre para que sus necesidades como persona transexual fueran atendidas.

El pasado 17 de enero, como es tradición cuando un presidente de los Estados Unidos abandona el cargo, Barack Obama concedió 69 indultos y 209 conmutaciones de pena. Una de las favorecidas por la conmutación fue la soldado Chelsea Manning, que en agosto de 2013 había sido sentenciada a 35 años de cárcel por filtrar a la web WikiLeaks un gran número de documentos que comprometían a la diplomacia estadounidense y se encontraba recluida en un Barracón disciplinario de Fort Leavenworth, Kansas, la más antigua de las instalaciones penitenciarias de los Estados Unidos, donde ingresan a los soldados condenados más peligrosos, tal y como se la consideraba a Manning por la filtración a WikiLeaks de más de 700.000 documentos, entre los que se encontraba el vídeo conocido como Collateral murder, considerada como consecuencia como una traidora, por algunos, mientras que otros la consideran una heroína al sacar a la luz los abusos cometidos por su propio país en Irak, en Afganistán o en Guantánamo, y convirtiendo Internet en una fuente de información.

Desde 2010 se encontraba en prisión, sometida a condiciones de máxima vigilancia y aislamiento extremo que en su momento fueron muy criticadas por organizaciones humanitarias. Desde el día siguiente a su condena, Chelsea Manning (hasta entonces conocida como Bradley Manning) se declaró públicamente como una mujer transexual, expresando su intención de iniciar su proceso de reasignación.

“Este es mi problema. He tenido signos de ello durante mucho tiempo. Me ha causado problemas con mi familia. Pensé que una carrera militar me ayudaría a deshacerme de él. No pretendo llamar la atención, he intentado superarlo poniéndome en situaciones donde sería imposible. Pero no se va, me está obsesionando más y más según me hago mayor. Ahora, las consecuencias de ello son extremas, me está causando un gran dolor…”, de esta manera Manning hacía pública la lucha que había tenido con su condición como transexual, solicitando iniciar su transición al día siguiente de entrar en prisión. Lo que algunos vieron como una estrategia para que le suavizaran la pena, otros lo interpretan como una manera de liberarse de su propia prisión, la que le había acompañado desde el momento en que tuvo conciencia de su verdadera identidad de género. “El soldado Manning parece generarse presión interior debido a conflictos desconocidos que no parece en disposición de discutir, y es incapaz de manejarlos por sí mismo”, comunicaba de esta insensible manera el sargento Paul Adkins a sus superiores la revelación de la exsoldado de primera clase y analista de inteligencia militar que hablaba de que “la única ‘ayuda’ que parece válida es el castigo severo y/o deshacerme de mí mismo (…). Soy Chelsea Manning. Soy una mujer. Así es como me siento y me he sentido desde la infancia, quiero comenzar una terapia de hormonas lo antes posible. Espero que me apoyen en esta transición”.

Sin embargo, se vio obligada a demandar al Gobierno estadounidense por la negativa de las autoridades penitenciarias a ofrecerle la asistencia precisa. No fue hasta abril de 2015 que consiguió la autorización del Gobierno para iniciar el tratamiento hormonal. Las autoridades militares se negaron incluso a reconocer su nombre de mujer hasta que en abril de 2014, tras la correspondiente demanda, un juez de Kansas lo oficializó.

Sin embargo, a pesar de todas las sentencias y dictámenes, Chelsea Manning ha continuado recluida en un centro penitenciario para varones y se le han negado derechos como el de poder dejarse el pelo largo, como sí se permite en los centros para mujeres. Los continuos castigos a un durísimo aislamiento por las faltas más leves y la lucha continuada por ejercer sus más elementales derechos la condujeron a dos intentos de suicidio, uno en julio pasado y otro en octubre. También llevó a cabo una huelga de hambre ante la negativa de las autoridades de la prisión a que se pudiera someter a cirugía de reasignación, algo que el propio equipo médico había recomendado. Solo cuando la situación fue denunciada por ACLU (Amerinca Civil Liberties Union, la mayor asociación estadounidense de defensa de los derechos civiles, cuyo equipo legal llevó el caso de Manning en los tribunales) los mandos penitenciarios se comprometieron a facilitar el proceso.

Finalmente, Manning consigue convertirse en la primera soldado en recibir un tratamiento hormonal en una prisión militar, contribuyendo a derribar la ley que prohibía las personas transexuales servir en el ejército estadounidense, consiguiendo incluso que le aprobaran la operación de cambio de sexo después de nueve días en huelga de hambre. Logros que no consiguen que se reconcilie consigo misma al seguir confinada en una prisión masculina, lo que lleva a intentar terminar con su vida hasta en dos ocasiones. “Chelsea Manning ha cumplido una condena dura. No creo que ningún ciudadano tenga la impresión de que revelar información clasificada queda impune. Pidió perdón por su crimen, y reconoció que puso en peligro a EEUU. Dado que la pena fue desproporcionada en comparación con la que recibieron otros filtradores, me siento cómodo con esta decisión”, declaraba Barack Obama cuando daba a conocer que había conmutado su pena, gracias en parte a la presión de Courage Foundation, quienes actualmente se vuelcan en pedir el cese de la persecución en torno a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, quien había prometido que se entregaría a las autoridades estadounidenses si liberaban a Manning.

Dada la precaria situación en prisión de Chelsea Manning, la medida de gracia había sido solicitada repetidamente, incluso por otros responsables de WikiLeaks acogidos fuera de los Estados Unidos, como Edward Snowden o Julian Assange. Finalmente Barack Obama accedió a la petición, que por fin se ha materializado este 17 de mayo. Los abogados de la soldado hacían públicas sus primeras palabras en un comunicado: “Después de otros cuatro meses de ansiosa espera, por fin ha llegado el día. ¡Me apetecen tantas cosas! Sea lo que sea lo que me espera en el futuro, es mucho más importante que el pasado. Ahora mismo estoy resolviendo algunas cosas, lo que es a la vez emocionante, raro, divertido y todo nuevo para mí” 

La propia Manning, en sus redes sociales, ha difundido la que es su primera fotografía en libertad… de sus pies. “Primeros pasos de libertad”, era la frase que la acompañaba, tanto en Twitter como en Instagram. “He visto cambiar al mundo dentro de los muros de la prisión y a través de las cartas que he recibido de veteranos, jóvenes transexuales, padres, políticos y artistas (…). Espero tomar las lecciones que he aprendido, el amor que he recibido, y la esperanza que tengo en trabajar en mejorar las vidas de otros”, declara Manning en un comunicado, confirmando su abogado, Chase Strangio, su intención de convertirse en activista LGBt y defensora de los derechos de las personas transexuales. Tras ser confirmada su liberación por las autoridades penitenciarias, ella misma lo hacía público en su recién inaugurada cuenta de Instagram a través de una imagen que reflejaba sus primeros pasos en libertad, a los que han seguido una pizza y un brindis con champagne:

El ensañamiento por parte de las autoridades militares y carcelarias hacia Chelsea Manning, sobre todo en lo que se refiere al no reconocimiento de su identidad de género, ha finalizado. Le deseamos ahora todo lo mejor.

Fuente Dosmanzanas/Universogay

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La “Ley de libertad religiosa”, firmada por Trump no gusta a absolutamente a nadie

Lunes, 15 de mayo de 2017
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ley-libertad-religiosa-trumpFoto: Momento en que Trump firmó la Ley, junto a varios líderes religiosos

 Finalmente Trump ha firmado una Ley de Libertad religiosa que no ha gustado ni a colectivos LGTB, ni a la ACLU ni a la derecha religiosa.

La ACLU asegura que no llevará la ley ante los tribunales salvo que tenga efectos en las políticos del gobierno, y los conservadores protestan por considerar que Trump se ha rendido ante el lobby gay.

No había pasado ni un día desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca que empezó a correr un rumor muy bien fundado de que el recién elegido presidente estaba a punto de firmar una ley de “Libertad Religiosa” que permitiría la discriminación a personas LGTB, como hemos visto en estados como Indiana (del que fue gobernador su vicepresidente, Mike Pence) o como lo que estamos viendo en Carolina del Norte (aunque no exactamente por el mismo motivo).

Una ley de “Libertad Religiosa” lo que hace es, básicamente, proteger el derecho de cada individuo a actuar según su fe en cualquier situación; lo que implica básicamente dar carta blanca a un proveedor de servicios a negarse a atender a una persona en base a sus creencias personales. Fue el caso, por ejemplo, de la pastelera hetera que se negó a hacer una tarta para una boda de lesbianas (lo que le causó muchos problemas judiciales y pagar una multa importante).

Aunque en su momento la Ley de Trump acabó aparcada, según dijeron por las presiones que su hija Ivanka y el marido de ésta (miembro del gabinete de Trump) ejercieron en defensa del colectivo LGTB, la semana pasada Trump la firmó; y aunque se han eliminado las partes más controvertidas respecto a los derechos del colectivo y se ha centrado más en los aspectos referentes al Obamacare, la ley sigue siendo un peligro.

Tal y como explican en Queerty, hay 5 motivos por los que esta ley de “libertad religiosa” sigue siendo igual de preocupante. El primero es que la ley declara que “es política de la administración proteger y promover de forma vigorosa la libertad religiosa“; es decir, que aunque a Trump el tema le dé un poco igual su gobierno está ahora legitimado para proteger esa “libertad” y convertirla en piedra angular de su mandato. Además la ley apunta a eliminar la Enmienda Johnson, o lo que es lo mismo: la prohibición de que las organizaciones religiosas participen activamente en política; algo que la enmienda Johnson les prohíbe dado que disfrutan de ventajas fiscales. Ahora los líderes religiosos podrían apoyar o no a un candidato e influir en las elecciones sin necesidad de ocultarse tras organizaciones o grupos de presión.

Las otras cosas que preocupan a los activistas es que con este movimiento queda claro que la posible influencia que ejerciera la familia de Trump ha quedado anulada; que se demuestra que el gobierno de Trump apela para continuar en la Casa Blanca a la ultra derecha religiosa y que, además, cualquier esperanza de que el vicepresidente Mike Pence fuera más moderado se desvanece teniendo en cuenta que es una ley que él mismo firmó cuando era gobernador de Indiana.

Uno de los motivos por los que Trump puede haber decidido eliminar cualquier rastro de discriminación al colectivo LGTB de la nueva ley (que, en su primera versión, se dijo que incluía un pasaje legalizando la discriminación en base a la creencia de que el único matrimonio válido era el heterosexual) pudo ser la carta que más de 1000 líderes religiosos del país le hicieron llegar exigiendo que no utilizara la “libertad religiosa” como base para discriminar a nadie. La carta, publicada en la revista Politico, iba firmada por un colectivo llamado Clérigos Unidos Contra la Discriminación, en la que expresaban al presidente su preocupación por el posible contenido de esa ley: “Aunque su propósito sea fortalecer la libertad religiosa, lo que esta ley conseguiría es darle mal uso a esa libertad convirtiéndola en un arma para discriminar a una gran parte de nuestra nación; incluyendo a las personas LGTBQ, las mujeres o los niños en régimen de acogida. (..) Esto no es lo que significa la libertad religiosa ante la ley, ni lo que la religión significa ante millones de americanos de fe.”

Por su parte desde la ACLU aseguran haber analizado concienzudamente el texto de esta nueva ley y han decidido no presentar la demanda que anunciaron que tenían preparada si la ley incluía pasajes que discriminaran a la población LGTB. Según un comunicado, la American Civil Liberties Union ha explicado que la firma de esta ley no ha sido más que una “operación propagandística muy elaborada” por un texto que no tendrá efectos discernibles en la política del país: “Tras una cuidadosa revisión del texto de la ley hemos determinado que esta orden no altera significativamente la habilidad de las instituciones o individuos religiosos para intervenir en el proceso político. La orden lo anuncia, pero tampoco afectará a los servicios de salud reproductivos. La afirmación del presidente Trump de que quería ‘destruir totalmente’ la Enmienda Johnson ha resultado ser una ‘fake news’ de manual.”

Aún así la ACLU avisa de que en caso de que esta ley pusiera en marcha algún tipo de acción gubernamental que afectara a los derechos civiles, “volveremos a ver a Trump en los tribunales.”

Los que han demostrado no estar nada contentos con esta ley han sido, justamente, aquellos a los que pretendía contentar. Desde la National Organization for Marriage han protestado porque Trump ha cedido ante las presiones de los grupos LGTB: “Aunque estamos decepcionados porque el Presidente Trump no ha protegido directamente la libertad religiosa de las personas de fe, esta batalla está muy lejos de haber terminado.” Declaración a la que se suma la American Family Association, que se lamentan de que en la ley “no hay ni una palabra de alivio, ánimo o apoyo a todos aquellos que han sido víctimas de la persecución imparable del lobby homosexual.”

Fuente EstoyBailando

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Pat McCrory, exgobernador de Carolina del Norte, se queja de que no le dan trabajo por haber apoyado la ley LGTBfoba del estado

Jueves, 16 de marzo de 2017
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Pat-McCrory-gobernador-de-Carolina-del-Norte-300x239El antiguo gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, ha declarado que tiene dificultades para encontrar quien le contrate, debido a que se le identifica como un fanático intolerante por haber promulgado y defendido durante su mandato la ley que permite la discriminación de las personas LGTB en su estado. La conocida como ley HB2 sigue en vigor debido al pertinaz empeño de los representantes del Partido Republicano, que cuentan con la mayoría en las dos cámaras del estado, a pesar de los esfuerzos del nuevo gobernador, el demócrata Roy Cooper, por intentar derogarla.

Tras perder las pasadas elecciones frente al demócrata Roy Cooper, Pat McCrory se dispuso a continuar con su vida laboral como consultor y asesor. Sin embargo, ha declarado que se encuentra con dificultades para conseguir contratos con empresas. Según el exgobernador, el hecho de que promulgara y defendiera hasta la saciedad la LGTBfoba ley HB2 “ha tenido consecuencias hasta el día de hoy, incluso después de dejar el cargo. La gente es reacia a contratarme, porque, ‘oh, Dios mío, es un fanático’, que es lo último que soy”.

También declara que ha intentado conseguir ser contratado por universidades para dar clases a tiempo parcial, pero se ha encontrado también con la negativa de los rectores, “por temor a las protestas de los estudiantes”. Otra de sus opciones es trabajar para la administración Trump, pero no parece haber nada claro al respecto.

Por supuesto, McCrory no se cree en absoluto responsable de la repercusión que han tenido sus decisiones políticas, sino que culpa de todo a los “grupos liberales” por haberlas denunciado. Siguiendo lo que parece ser una costumbre entre quienes defienden la intolerancia y la discriminación, el exgobernador dice que está “siendo purgado por sus opiniones”, y afirma que “si no estás de acuerdo con la Policía del pensamiento políticamente correcto sobre esta nueva definición de género, eres un fanático, eres lo peor. Es casi como si hubieras violado una ley”.

El fanatismo de la ley HB2, promulgada por el gobernador

La conocida ley HB2 de Carolina del Norte, fue promulgada en marzo de 2016, y prohíbe a los ayuntamientos y condados del estado establecer medidas de protección contra la discriminación de las personas LGTB, a la vez que deroga las ya existentes. Una de sus consecuencias es la de impedir que las personas transexuales dispongan de los aseos correspondientes a su identidad de género real en cualquier centro público, incluidos los escolares, siendo esta además la medida que con mayor virulencia se defendió cuando la HB2 fue aprobada, poniendo a las personas transexuales en el punto de mira de los fanáticos.

La medida fue clamorosamente denunciada por activistas y defensores de los derechos civiles, que consiguieron el apoyo de empresas y corporaciones dispuestas incluso a boicotear cualquier actividad en Carolina del Norte mientras la infame ley siguiera en vigor. Figuras del espectáculo como Beyoncé, Bruce Springsteen, Dead & Company, Ringo Starr o Cyndi Lauper cancelaron sus conciertos o donaron su recaudación a colectivos LGTB. Eventos y convenciones trasladaron su sede a otros estados, causando pérdidas cercanas a los 330 millones de dólares. Empresas y corporaciones como PayPal o el Deustche Bank cesaron en sus inversiones. 200 directivos de las principales empresas escribieron una carta solicitando al gobernador la derogación de la ley. Otras 67 apoyaron la demanda de inconstitucionalidad, presentando un documento de apoyo ante el tribunal. La propia liga de baloncesto profesional (NBA) anunció el traslado de la sede del All-Star Game, que debería celebrarse en Charlotte en 2017, si no se eliminaba cualquier discriminación a las personas LGTB de las leyes del estado. Las pérdidas económicas para el estado por esta decisión de la NBA se estimaban en 100 millones de dólares.

A pesar de ello, en los últimos intentos por parte del gobernador demócrata Roy Cooper por llegar a un consenso y derogar la ley, los representantes del Partido Republicano rehusaron finalmente votar por su anulación, a pesar de haber alcanzado acuerdos previos para ello. La ley, por lo tanto, sigue en vigor, sin que por el momento haya visos de un cambio de actitud de los republicanos al respecto.

Fuente Dosmanzanas

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El Supremo de EE. UU. prefiere no pronunciarse sobre los derechos del alumnado trans después de que Trump le retirase la protección federal

Sábado, 11 de marzo de 2017
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Tribunal-Supremo-Estados-UnidosEn un giro que no anticipa precisamente buenos tiempos para los derechos LGTB, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha decidido que por el momento no se pronunciará sobre el caso de Gavin Grimm, el adolescente al que su instituto no permite usar el baño de chicos que corresponde a su identidad de género masculina, y lo ha devuelto a la Corte de Apelaciones del 4º Circuito para que lo reevalúe a la luz de las nuevas directrices emitidas recientemente por la administración Trump. Pocos dudan de que en algún momento el Supremo tendrá que acabar pronunciándose sobre el fondo del asunto, pero todo parece indicar que será ya cuando el alto tribunal haya consolidado de nuevo una mayoría conservadora con la incoporación de Neil Gorsuch, el candidato propuesto por Trump para ocupar la vacante existente en este momento.

Recordemos el caso. Tras salir del armario como chico en 2014, Gavin Grimm comenzó a usar los baños que corresponden a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero cuando la noticia llegó a oídos de los padres un grupo de ellos solicitó al Consejo Escolar del Condado que se le habilitase un baño separado. El joven, asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo.

Cuando el juez federal Robert Doumar estudió el caso en primera instancia denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género en efecto podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas. Una decisión coherente con las directrices que en abril de 2014 había emitido el Departamento de Educación de Estados Unidos bajo la administracion Obama, según las cuales las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada).

Lo que hizo la Corte de Apelaciones fue devolver el caso al juez Doumar al considerar que este debía evaluar el caso de una forma más detallada a la luz de lo expuesto en el fallo (que puedes consultar íntegramente aquí). Doumar, finalmente, emitió una orden para que Gavin Grimm pudiese utilizar el baño que corresponde a su identidad masculina.

Una decisión que el Consejo Escolar del Condado de Gloucester apeló directamente al Tribunal Supremo, solicitando de este que con carácter urgente la orden quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrollase el proceso legal. Algo a lo que el Tribunal Supremo accedió por 5 votos contra 3, gracias al voto decisivo de Stephen Breyer, uno de los miembros del bloque “progresista”, que en este caso se unió a los cuatro jueces de perfil más conservador. recordemos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos está formado solo por 8 miembros, dado que tras el inesperado fallecimiento de Antonin Scalia el Partido Republicano, que controla el Senado, se ha negado a ratificar a Merrick Garland, el candidato propuesto por Barack Obama, al menos hasta que tengan lugar las elecciones presidenciales.

En caso de que Breyer se hubiera alineado con el resto de jueces progresistas habría habido un empate, con lo cual hubiera prevalecido, al menos temporalmente, la decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito.

Obama aumentó la protección, Trump la ha eliminado…

Ya avanzada la batalla legal, el Departamento de Educación de Obama envió en mayo de 2016 a todos los distritos escolares del país unas nuevas directrices que de forma expresa abordaban el tratamiento de los estudiantes trans. Aquel documento, que aún puedes consultar aquí, tenía un carácter informativo y aclaratorio. Enumeraba las diferentes casuísticas que a juicio de la administración Obama quedaban cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podía suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Quedaba cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero pudiesen acudir a las que corresponden a su identidad de género. Otras actividades que sin embargo no están cubiertas por el Título IX (como el acceso a fraternidades) quedaban, por tanto, fuera del texto (junto al cual, por cierto, el Departamento de Educación también emitió otro documento más amplio que orientaba a las escuelas sobre cómo abordar los diversos escenarios que pueden surgir en su relación con el alumnado transexual).

La decisión de la administración Obama, conviene tener en cuenta, no tenía que ver directamente con el caso Grimm, y era más bien una reacción a la aporobación de una ley LGTBfoba en Carolina del Norte, que entre otras cosas incluye medidas explícitas de discriminación de las personas trans en su acceso a baños públicos.

La llegada al poder de Donald Trump, y junto a él de toda una corte de políticos rabiosamente LGTBfobos (como el vicepresidente Mike Pence o el fiscal general Jeff Sessions) convertía sin embargo en papel mojado los esfuerzos de la administración Obama. La instrucción sobre los estudiantes trans quedaba revocada hace solo unos días, de forma que estos perdían la protección federal y su situación queda ahora en manos de los estados, varios de los cuales están de hecho promoviendo normas discriminatorias para obligarles a usar las instalaciones que corresponden al sexo que les fue asignado al nacer, en lugar de las que corresponden a su identidad de género (similares a la vigente en Carolina del Norte, que los republicanos se niegan a derogar pese al rechazo que ha despertado).

Y el Supremo se inhibe

Finalmente, también Gavin Grimm ha acabado siendo afectado por el ímpetu tránsfobo de la nueva administración estadounidense. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que como explicamos arriba había paralizado cautelarmente a requerimiento del instituto la orden de que Grimm pudiese usar el baño de chicos, tenía previsto celebrar este mes de marzo las audiencias del caso, con objeto de pronunciarse dentro de unas semanas sobre el fondo del asunto. Sin embargo, tras cambiar la política de Departamento de Educación, el Supremo ha decidido devolver la patata caliente al 4ª Circuito para que reevalúe el caso.

Una decisión que tanto Grimm como los colectivos de defensa de los derechos trans han lamentado. No porque ponga fin al caso, que no lo hace: la discusión vuelve, en cierto modo, al punto de partida, en el que curiosamente aún no había sido emitida la orden del Obama sobre protección del alumnado trans. Pero pocos dudan de que el caso acabará en algún momento volviendo al Tribunal Supremo. Y las perpectivas, en este sentido, no son precisamente halagueñas para el colectivo LGTB, si se tiene en cuenta que lo hará, casi seguramente, con un Tribunal Supremo con una mayoría conservadora consolidada de nuevo, si como es previsible el Senado acaba dando su visto bueno a la nominación de Neil Gorsuch, propuesto por Donald Trump, para sustituir al fallecido Scalia. Seguiremos atentos a los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

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Carolina del Norte no deroga la tóxica ”ley de los baños”

Viernes, 23 de diciembre de 2016
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mccrory_y_coopEl gobernador en funciones de Carolina del Norte, Pat McCrory (izq), y el nuevo gobernador electo, Roy Cooper (dcha)

Los republicanos de Carolina del Norte se sacan de la manga una jugarreta para no eliminar la “ley de los lavabos” durante la sesión que convocaron para eliminar la “ley de los lavabos”.

La discriminatoria ley de Carolina del Norte que limita el acceso a los baños y vestuarios públicos a personas transexuales podía haber sido derogada esta semana después de meses de protestas y boicots económicos. Sin mbrgo, los legisladores del estado de Carolina del Norte han fracasado en su intento de revocar la polémica Ley HB2. Una norma discriminatoria que prohíbe a las personas transgénero usar sanitarios públicos según su identidad de género y las obliga a usar el baño que corresponda a su sexo biológico en edificios públicos. Carolina del Norte ha perdido una gran oportunidad para quitarse la etiqueta de estado más intolerante de EEUU. Tras más de nueve horas de reuniones a puerta cerrada, los legisladores demócratas de Carolina del Norte se marcharon con el ceño fruncido, fruto de la frustración de no haber podido derogar la ley que ha provocado unas perdidas millonarias al estado.

El Instituto Williams de la Escuela de Leyes de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), proyectó que las pérdidas para Carolina del Norte, por la HB2, alcanzarían anualmente los 5.000 millones de dólares.La noticia ha resultado una sorpresa de lo más desagradable. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la ciudad más poblada del estado, Charlotte, ha derogado en su totalidad la ordenanza de no discriminación y el anuncio del nuevo gobernador demócrata que anunció que se había llegado al acuerdo de la eliminación de la HB2, que finalmente no ha sido aprobada por el peso republicano en el parlamento estatal de Carolina del Norte.

La ciudad de Charlotte aprobó hace tiempo una ordenanza municipal que protegía a las personas LGTB de cualquier tipo de discriminación y permitía a las personas trans utilizar el baño del género con el que se identifican. Los republicanos, que controlaban el estado de Carolina del Norte, se opusieron y su gobernador tardó muy poco en aprobar la HB2, una ley estatal que permitía a los negocios seguir discriminando a las personas LGTB y obligaba a las personas trans a utilizar el baño del sexo con el que nacieron; porque según ellos es de sentido común que un hombre no tenga acceso al baño de mujeres.

La HB2 ha supuesto un auténtico desastre económico para el estado, con muchos artistas, empresas y eventos largándose a otra parte porque no quieren invertir en un estado que fomenta la discriminación. Aunque el mayor coste ha sido el del puesto del gobernador, Pat McCrory, que perdió las elecciones en noviembre en lo que se entendió era un plebiscito sobre la HB2.

McCrory perdió las elecciones del pasado noviembre frente al demócrata Roy Cooper, que durante la campaña utilizó la derogación de la HB2 como uno de sus puntos fuertes. Y ahora que Cooper ya ha sido declarado vencedor de las elecciones (no sin varios intentos de McCrory por quedarse en el sillón del gobernador) era cuestión de tiempo que pudiéramos decirle adiós a la HB2.

Esta ley, la primera de su tipo, catapultó a Carolina del Norte al centro del debate sobre los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales y fue la causante de cientos de millones de dólares en pérdidas económicas y la exclusión del Estado en la celebración de grandes eventos deportivos como el Partido de las Estrellas de la NBA.

Con McCrory derrotado, la ciudad de Charlotte daba por hecho que se iba a derogar la HB2 y comenzó negociaciones para eliminar su ordenanza municipal, que ahora sería innecesaria. Y antes de salir del gobierno los republicanos anunciaron una sesión especial de los legisladores para eliminar la HB2, excusándose en que esa ley sólo existía por ordenanzas como la de Charlotte y que además todo había sido culpa de “la izquierda radical“. El ayuntamiento de Charlotte, la ciudad más grande del Estado, votó el pasado lunes la eliminación de las medidas locales de no discriminación que provocaron la aprobación de la HB2, pidiendo a su vez la derogación inmediata de la ley estatal. “Ahora que la ordenanza de Charlotte finalmente ha sido derogada, la privacidad en nuestras duchas, baños y vestuarios es restaurada y protegida por la ley estatal anterior”, dijo McCrory en una declaración grabada en video. Así, tras el acuerdo, el pasado lunes el consejo de Charlotte votaba por unanimidad la derogación de los artículos que entraban en conflicto con la HB2. Tan solo dejaban en vigor aquellos que prohibían al ayuntamiento establecer contratos oficiales con empresas que no establecieran medidas antidiscriminatorias para sus trabajadores LGTB. Pero eso no bastó a los republicanos, que querían una derogación sin excepciones, y acusaron a la “enloquecida izquierda” de Charlotte —refiriéndose a los representantes demócratas del municipio— de haberles engañado.

El gobernador electo actual, el demócrata Roy Cooper, dijo que contaba con garantías de que los líderes legislativos republicanos apoyarían la derogación de la “ley de los baños”. “Espero que mantengan su palabra”, dijo Cooper en un comunicado, señalando que la derogación ayudará a recuperar los trabajos y eventos perdidos en el boicot. Por ello, este miércoles siguiente, en un nuevo pleno, el consejo derogaba el articulado restante. Aun así, el gobernador electo Roy Cooper hizo unas declaraciones en las que se lamentaba de que los republicanos hubieran roto el acuerdo, a pesar de los esfuerzos realizados en Charlotte.

Pero no ha resultado muy bien… La sesión para repeler la HB2 ha sido un auténtico desastre. El gobernador saliente, el republicano Pat McCrory, había convocado una Asamblea General de las dos cámaras del estado para este mismo miércoles, con el objeto de votar la derogación de la HB2. Pero los representantes republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado pusieron todo tipo de objeciones. Interminables interrupciones y recesos llevaron la sesión hasta altas horas de la madrugada, sin que en la Cámara de Representantes se llegara finalmente a realizar ninguna votación, dando la sesión por concluida sin haber tomado ninguna medida.  Para cancelar la ley los republicanos se inventaron otra, la SB4 (Senate Bill 4) que es, básicamente, una cancelación de la HB2. Pero en el último momento intentaron colar en la misma ley una moratoria de 6 meses durante los cuales ningún municipio podría aprobar ninguna ordenanza concerniente al empleo público o el uso de los baños.

En cuanto al Senado, la proposición de ley republicana que trataba de derogar la HB2 fue enmendada por el mismo partido, cuyos miembros votaron favorablemente añadir a la propuesta el establecimiento de un período de demora de seis meses —luego ampliado a todo el ejercicio de 2017—, durante el cual se prohibía aprobar cualquier medida de protección contra la discriminación de las personas LGTB en el estado. Los representantes demócratas acusaron a sus rivales parlamentarios de haberles engañado, pues esa demora, que suponía de hecho continuar con la misma situación, no había formado de los acuerdos.

Tras largos debates, se acordó finalmente someter a votación dos propuestas, una por la que se derogaba completamente la HB2, y otra que recogía la enmienda que incluía la moratoria. La primera propuesta, que suponía la completa derogación de la HB2, fue rechazada por 32 votos a 16. Tras la votación, la sesión quedó finalmente suspendida. La ley discriminatoria sigue totalmente en vigor en Carolina del Norte, con la anuencia del Partido Republicano, que ha conseguido además la claudicación del consejo de la ciudad de Charlotte.

Evidentemente esto ha enfadado muchísimo a los demócratas y a las organizaciones por los derechos del colectivo LGTB, que denuncian que los republicanos han jugado sucio para asegurarse que se eliminaba la ordenanza de Charlotte pero no la HB2: “Éste no era el trato. Esta ley rompe el acuerdo. Charlotte no habría eliminado su ordenanza si esta nueva ley hubiera sido lo acordado“, ha dicho el Senador demócrata Jeff Jackson.

Por su parte los republicanos se defienden diciendo que todo esto es culpa de los demócratas, que pretendían ceder ante la izquierda radical, que ellos no creen en ningún tipo de discriminación pero van a seguir apoyando la HB2 porque “ninguna presión económica, política o ideológica me va a convencer de que lo que está mal está bien. Y permitir que un hombre tenga acceso a los baños y duchas de las mujeres siempre estará mal“, ha dicho Dan Forest, el teniente de Gobernador.

Durante la sesión en la que los republicanos han engañado a todo el mundo se han podido oir gritos de “¡Vergüenza!” por parte de las personas que acudieron al acto. Mara Keisling, la directora del Centro Nacional por la Igualdad Transgénero ha dicho que esta maniobra es inaceptable y que “las acciones de esta legislatura han demostrado a la gente de Carolina del Norte -particularmente a las personas transgénero- que no pueden tener ninguna fe en unos legisladores sinvergüenzas“.

Para Simone Bell, directora regional de Lambda Legal, “la Asamblea General y el gobernador McCrory están jugando al engaño político, y los ciudadanos de Carolina del Norte siguen perdiendo por ello. Es un ultraje que los legisladores de Carolina del Norte no sigan el mandato de los votantes y deroguen la HB2. Mientras la HB2 esté en vigor, miles de personas LGTB que consideran a Carolina del Norte su hogar, especialmente las personas transgénero, están siendo discriminadas y nunca se sentirán seguras. Ha sido un ejercicio contraproducente, al reafirmar al resto del país que Carolina del Norte quiere permanecer atascada en esta disputa divisiva”.

Por su parte, del director del Proyecto LGBT & VIH de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), James Esseks, consideraba que “es una pena que la Asamblea General de Carolina del Norte se haya negado a arreglar el desastre que habían cometido. El apoyo a la comunidad LGBT de líderes políticos, religiosos, empresas y personas de a pie que ha surgido este año no se desvanecerá. Los intentos de expulsar a las personas transgénero de la vida pública no serán tolerados. La legislatura no parece estar dispuesta a deshacer su extralimitación inconstitucional y respetar los derechos de las personas LGBT, así que tendremos que vernos en los tribunales”.

 La Human Rights Campaign también ha protestado por la vergonzosa forma de actuar de los republicanos y desde Lambda Legal y la ACLU acusan al gobernador de jugar al juego de “la gallina política” (ya sabes, a ver quién se atreve a llegar más lejos). “Mientras la HB2 siga en los libros, miles de personas LGTB que llaman hogar a Carolina del Norte, especialmente las personas transgénero, seguirán siendo discriminadas y nunca podrán sentirse seguras. Éste ha sido un ejercicio contraproducente que ha confirmado al resto del país que Carolina del Norte quiere seguir enfrascada en esta disputa divisoria“. Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign, afirmaba con contundencia que “hoy, la confianza pública ha sido traicionada una vez más. Los legisladores han enviado un mensaje claro: Carolina del Norte sigue cerrada para los negocios. Sus vergonzosas acciones y las promesas que han roto someten a los ciudadanos LGTB de Carolina del Norte a una discriminación establecida por el Estado, que contribuye a un ambiente de acoso y violencia, y continuará infligiendo un daño significativo a la reputación y la economía del estado. Hoy ha quedado claro que la crueldad de los líderes republicanos hacia los ciudadanos LGTB, especialmente las personas transexuales, de Carolina del Norte no conoce límites. Por nuestra parte, seguiremos luchando para derogar la HB2 y proteger a los ciudadanos de Carolina del Norte, haciendo lo que sea necesario”.

Por cierto, que desde la NCAA y la NBA han dicho que su negativa a organizar eventos deportivos en el estado sigue vigente mientras no se elimine por completo la HB2.

Durante este año, la NBA y los principales eventos deportivos universitarios excluyeron a Carolina del Norte como sede en sus agendas. Además, artistas como Bruce Springsteen, Maroon 5 y Pearl Jam cancelaron varios conciertos y compañías como PayPal Holdings y Deutsche Bank desecharon planes de inversión para la creación de nuevos puestos de trabajo en el Estado.

Fuente: Gay Star News | Pink News, vía Cáscara Amarga/EstoyBailandoEstoyBailando

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El gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, reconoce finalmente su derrota en las pasadas elecciones

Sábado, 10 de diciembre de 2016
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Pat-McCrory-gobernador-de-Carolina-del-Norte-300x239A pesar de que Pat McCrory se negaba a reconocer su fracaso electoral, finalmente ha terminado por admitir su derrota frente al demócrata Roy Cooper, quien asume su cargo de gobernador en enero, teniendo como uno de sus objetivos la derogación de la Ley HB2 sobre la restricción del uso del cuarto de baño a las personas transexuales.

De infarto fue el escrutinio de las elecciones que auparon a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, pero no todos los republicanos lo celebraron de la misma manera porque, si bien ha obligado a un recuento de los votos posponiendo el final de su período como gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory perdía frente el demócrata Roy Cooper, de 59 años de edad y natural de Nashville, que firmará el cargo el 1 de enero siendo uno de sus primeros propósitos el de revocar las leyes discriminatorias contra la comunidad LGBT de su predecesor en el cargo.

El gobernador de Carolina del Norte, el republicano Pat McCrory, ha reconocido finalmente su derrota en las pasadas elecciones, tras largos días de recuento de votos en gran parte de los condados del estado. McCrory es conocido por su empecinada LGTBfobia, que le llevó a aprobar y mantener una de las legislaciones más discriminatorias de los Estados Unidos, la conocida HB2. El nuevo gobernador, el demócrata Roy Cooper, ya ha declarado su intención de “acabar el trabajo” que han hecho los electores y derogar la infame ley. No lo tendrá fácil, dado que los republicanos sí han conseguido renovar el control de la legislatura del estado.

Tras pedir recuentos en 52 de los 110 condados que componen el estado de Carolina del Norte, y cuatro semanas después de que se celebraran las elecciones el pasado 8 de noviembre, el ya gobernador cesante Pat McCrory ha reconocido la victoria de su oponente, el hasta hoy fiscal general Ray Cooper, que presentó su candidatura por el Partido Demócrata. Lo ha hecho por medio de este vídeo, en el que declara que “a pesar de las cuestiones que deben tener respuesta respecto al proceso de votación, personalmente creo que la mayoría de nuestros ciudadanos han hablado y ahora debemos hacer todo lo que podamos para apoyar al gobernador número 75 de Carolina del Norte, Roy Cooper. Estoy orgulloso de que nuestro equipo deje este estado en un lugar mucho mejor que cuando llegamos a la oficina”:

Pat McCrory se ha convertido así en el primer gobernador de Carolina del Norte en perder una reelección. Pero lo ha hecho por un estrecho margen de unos 10.000 votos de diferencia de entre los más de 4.700.000 emitidos, a pesar de la polémica que ha rodeado su mandato en los últimos tiempos. La aprobación de la ley HB2, que discriminaba a las personas LGTB y afectaba especialmente a las personas transexuales, puso al gobernador en el ojo del huracán. Una ley infame que McCrory defendió a capa y espada, aun cuando las encuestas reflejaban que el 43 % de los ciudadanos de Carolina del Norte se oponía al texto legal, que tan solo apoyaba un 32 %.

roy-cooperSu aprobación arrastró al estado a grandes pérdidas económicas, debido al boicot de empresas y corporaciones, con la consiguiente repercusión en el empleo. Un estudio del William Insitute de la Universidad de California estimaba que, por cada año que la ley estuviera en vigor, el estado de Carolina del Norte perdería 5.000 millones de dólares. La oposición de los principales directores ejecutivos de empresas, artistas y organizaciones deportivas ha dado un golpe a la imagen comercial de Carolina del Norte, lo que ha llevado a las empresas a retirarse de la expansión en el estado, traducido en un considerable impacto negativo sobre Carolina del Norte, tal y como advertían a los políticos de Texas que habían anunciado su intención de copiar las mismas leyes discriminatorias. Quizás por ello, el ya gobernador electo, Roy Cooper, ha declarado que “con estas elecciones, Carolina del Norte está en en el buen camino para recuperar su reputación. Acabemos el trabajo y revoquemos la HB2”.  “Creo que la mayoría o todos los legisladores entienden el severo impacto económico de la Ley HB2 que está teniendo sobre nosotros y que necesitamos hacer algo al respecto”, declara Cooper en una entrevista. Un impacto que, a pesar de todo, ha sido discutido por algunos republicanos, que continúan defendiendo la ley alegando que proporciona privacidad a los menores que hacen uso de los cuartos de baño y los vestuarios en los centros de enseñanza.

Su victoria en Carolina del Norte ha sido celebrada por los líderes de Human Rights Campaign y Equality North Carolina que habían centrado sus esfuerzos en derrotar a McCrory con la movilización del colectivo LGBT en lo que se estiman habrían sido hasta 255.000 votantes.

El presidente de Human Rights Campaign, Chad Griffin, expresó en un comunicado que “el reinado de discriminación de Pat McCrory finalmente ha terminado. El apoyo obstinado y temerario de McCrory a la HB2 le ha costado estas elecciones, y su derrota envía una poderosa advertencia a los legisladores de todo el país de que los ataques a las personas LGTB no serán toleradas. Esperamos con interés trabajar con el gobernador electo Roy Cooper y los legisladores imparciales para derogar HB2. Ya es hora de reparar el daño infligido a la gente, la reputación y la economía de Carolina del Norte”.

“Está perfectamente claro que la gente de Carolina del Norte quiere que esta legislación desaparezca”, declara Chris Sgro, director ejecutivo de Equality North Carolina, esperando que los políticos trabajen a favor de Cooper y deroguen la ley tan pronto como sea posible.

El empecinamiento en la discriminación

La conocida HB2, fue promulgada en marzo de este 2016 por Pat McCrory, después de que las cámaras legislativas del estado, controladas por los republicanos, la aprobaran con carácter de urgencia y sin apenas discusión previa en un proceso que fue ampliamente criticado. La ley prohíbe a los ayuntamientos y condados del estado establecer medidas de protección contra la discriminación de las personas LGTB y deroga las ya existentes. En realidad, la ley perseguía acabar con la norma que antes había aprobado Charlotte, la ciudad más poblada del estado, y que precisamente amparaba a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales ante cualquier tipo de discriminación de que fueran objeto en lugares donde se ofrecen servicios, como comercios, restaurantes, hoteles o taxis. Entre esas medidas se hallaba la de permitir a las personas transexuales que dispusieran de los aseos correspondientes a su identidad de género real en cualquier centro público, incluidos los escolares.

Esta última medida fue la que se tomó como excusa para organizar con carácter de urgencia plenos en ambas cámaras del estado para aprobar la ley a rebufo de la ola de histeria que los grupos más conservadores buscan provocar alrededor del “pánico transexual en los baños”, a semejanza de lo que ocurrió el pasado 2015 en Houston (Texas), donde la campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales fue feroz y vergonzosa. Una urgencia que impidió además el debate sobre el alcance de las medidas antidiscriminatorias, aprobadas en dos sesiones vertiginosas en la Cámara de Representantes y el Senado estatales. En este último, los senadores del Partido Demócrata, en minoría, abandonaron la sesión como protesta. En ambas cámaras el resultado fue abrumadoramente mayoritario.

El gobernador firmó inmediatamente la ley, con lo que las normativas antidiscriminatorias para las personas LGTB existentes en los distintos municipios y condados de Carolina del Norte quedaron derogadas. Muchas de ellas llevaban años en vigor, sin que se haya producido ningún ataque a ningún menor en los baños de los centros escolares por “depredadores disfrazados de mujer”. Sin embargo, para el gobernador, “la expectativa básica de intimidad en el más personal de los lugares, un baño o un vestuario para cada género, ha sido violada por la extralimitación del gobierno y la intrusión del alcalde y el consejo de la ciudad de Charlotte”. Esa fue es la única y mendaz razón dada para no solo derogar una normativa antidiscriminatoria para todo el colectivo LGTB, sino además para impedir que puedan establecerse medidas semejantes en el futuro.

La ACLU, la más importante organización de defensa de los derechos civiles del país, consideró de hecho la ley de Carolina del Norte la más regresiva de todas las aprobadas contra las personas LGTB. El fiscal general de Carolina del Norte y ahora gobernador electo, el demócrata Roy Cooper, dejó claro por su parte que no tenía la menor intención de defender ante los tribunales la constitucionalidad de la ley si esta era denunciada.

La patente discriminación que supone la ley HB2 tuvo consecuencias inmediatas para Carolina del Norte. A parte del All-Star, McCrory también ha visto como importantes figuras del espectáculo como Beyoncé, Bruce Springsteen, Dead & Company,  Itzhak Perlman, Ringo Starr o Cyndi Lauper han cancelado sus conciertos o han donado su recaudación a colectivos LGTB. Eventos y convenciones han trasladado su sede a otros estados, causando pérdidas cercanas a los 330 millones de dólares. Empresas y corporaciones como PayPal o el Deustche Bank han cesado en sus inversiones. 200 directivos de las principales empresas escribieron una carta solicitando al gobernador la derogación de la ley. Otras 67 han apoyado la demanda de inconstitucionalidad, presentando un documento de apoyo ante el tribunal. La propia liga de baloncesto profesional (NBA) anunció el traslado de la sede del All-Star Game, que debería celebrarse en Charlotte en 2017, si no se eliminaba cualquier discriminación a las personas LGTB de las leyes del estado. Las pérdidas económicas para el estado por esta decisión de la NBA se estimaban en 100 millones de dólares.

Pero quizás la mayor pérdida económica sería la retirada de los fondos federales para educación, cifrados en 4.500 millones de dólares. El pasado mes de mayo, el Departamento de Justicia requirió al estado de Carolina del Norte que suspendiera la aplicación de la ley HB2, al considerar que violaba tanto el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación en el empleo por razón de sexo, como el denominado de forma genérica “Título IX”, la ley que prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo (no confundir con el Título IX de la Ley de Derechos Civiles).

Transcurrido el plazo que el Gobierno estadounidense dio al estado de Carolina del Norte, el gobernador McCrory no solamente se negó a suspender la aplicación de la ley, sino que directamente demandó al Departamento de Justicia ante una Corte federal del estado, por considerar que se extralimitaba en el ejercicio de sus funciones. La respuesta de la administración federal fue rotunda: a través de su fiscal  general, la afroamericana Loretta Lynch (natural, ella misma, de Carolina del Norte) anunciaba la presentación de una demanda federal por violación de los derechos civiles contra Carolina del Norte y su gobernador, Pat McCrory, entre otras instituciones del estado. Lo hacía, además, en un apasionado discurso, en el que situaba directamente esta batalla legal en el campo de los derechos civiles. La fiscal instaba a que “en lugar de ignorar a nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, aprendamos de nuestra historia y evitemos repetir los errores de nuestro pasado. Reflexionemos sobre una obvia, pero a menudo olvidada, lección: que una discriminación sancionada por un estado nunca resiste la mirada retrospectiva”.

Derogar la ley no será fácil

Además de la educación, las energías renovables y la justicia criminal, también la revocación de la ley de la restricción del uso del cuarto de baño a personas transexuales en escuelas y edificios gubernamentales, conocida como Ley HB2, es uno de los objetivos de Roy Cooper, que quizás tendrá que esperar hasta el año que viene. Y e que Roy Cooper no lo tendrá fácil: pese a perder las elecciones a gobernador, los republicanos renovaron en noviembre su mayoría en las dos cámaras legislativas del estado y tendrán mayoría a favor del veto en la Cámara y el Senado en 2017. Y aunque varios legisladores republicanos entre los que con toda probabilidad estará Cecil Brockman, que salía del armario con la intención de concienciar a sus compañeros de partido, han manifestado después de todo lo sucedido que ya no están a favor de la ley HB2, ello no parece suficiente para proceder lisa y llanamente a su derogación. Los activistas LGTB locales, no obstante, se muestran moderadamente esperanzados ante la posibilidad de que se alcance algún tipo de compromiso. Estaremos atentos a lo que sucede.

Fuente Dosmanzanas/Universogay

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Chelsea Manning interrumpe su huelga de hambre tras el compromiso de que podrá acceder al tratamiento de reasignación de sexo

Martes, 20 de septiembre de 2016
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chelseamanningTras confirmarse que podrá acceder a los procedimientos de reasignación de sexo que necesita, la soldado Chelsea Manning ha abandonado su huelga de hambre. Un paso más en la lucha denodada que mantiene contra la intransigencia de la administración militar penal, que no solo se niega reiteradamente a facilitar tratamientos, sino que incluso se resiste a reconocer su identidad de género. Solo a través de demandas, o de métodos tan drásticos como una huelga de hambre, Chelsea Manning consigue finalmente que las autoridades militares respeten sus derechos humanos. Unas autoridades que pretenden someterla a una junta disciplinaria por intentar suicidarse el pasado mes de julio.

Chelsea Manning inició el pasado 9 de septiembre una huelga de hambre, en protesta por la negativa de las autoridades militares a que se sometiera a cirugía de reasignación de sexo. Aunque el procedimiento fue recomendado el pasado mes de abril por el propio equipo médico militar, los mandos se mostraban inflexibles. Mientras ella pedía públicamente ayuda, desde ACLU (la mayor asociación estadounidense de defensa de los derechos civiles, cuyo equipo legal llevó el caso de Manning en los tribunales), hizo público el siguiente comunicado:

Desde que fue ingresada en prisión bajo custodia en 2010, Manning, una mujer transexual, se ha visto obligada a cumplir su sentencia en una prisión estrictamente masculina, ha sido sometida a largos períodos de confinamiento en solitario durante su consejo de guerra, y se le ha negado el tratamiento médico relacionado con su identidad de género. El 9 de septiembre, ha comenzado una huelga de hambre para exigir, entre otras cosas, que se le administren los tratamientos y cuidados médicos recomendados para su proceso de reasignación de sexo.

Tras darse a conocer públicamente la huelga de hambre, los mandos militares rectificaron, y se han comprometido a que se lleven a cabo todos los procesos médicos necesarios. La soldado expresaba su satisfacción mediante este mensaje público:

Estoy infinitamente aliviada de que el ejército finalmente esté haciendo lo correcto. Los aplaudo por ello. Esto es todo lo que quería, que me dejen ser yo misma. Pero es difícil dejar de preguntarse por qué han tardado tanto tiempo. Y también, por qué eran necesarias medidas tan drásticas. La cirugía se recomendó en abril de 2016. Las recomendaciones para poder dejarme el pelo largo se dieron en 2014. En cualquier caso, espero que esto siente un precedente para los miles de personas trans que están esperando que se les dé el tratamiento que necesitan.

Chase Strangio, abogado de la ACLU, también se congratulaba de la nueva decisión, pero a su vez criticaba con indignación que las autoridades militares continúen acosando a la soldado, y que incluso pretendan someterla a una junta disciplinaria por un intento de suicidio:

Este es un día fantástico para Chelsea, que al fin puede disfrutar de un poco de paz sabiendo que la atención médica que necesita críticamente está al llegar. Esta atención médica es absolutamente vital para Chelsea, igual que lo es para muchas personas transexuales —dentro y fuera de la prisión— a quienes se les niega sistemáticamente el tratamiento, únicamente por ser transexuales. Afortunadamente, el Gobierno ha reconocido su obligación constitucional de proporcionar a Chelsea la atención médica que necesita, y esperamos que actúen sin demora para asegurar que su sufrimiento no prosigue innecesariamente.

Sin embargo, es preocupante que el Gobierno siga insistiendo en que seguirá haciéndole cumplir las normas sobre longitud de corte de pelo masculino, y que la someterán a una junta disciplinaria por cargos administrativos relacionados con su intento de suicidio de julio, que fue ocasionado por la negativa del gobierno a tratar de manera adecuada su identidad de género. Dado el reconocimiento de las necesidades de atención sanitaria de Chelsea, esperamos que se le permita inmediatamente dejarse crecer el pelo en consonancia con las normas de las presas militares femeninas, y que se abandonen todos los cargos relacionados con su intento de suicidio y la investigación subsiguiente.

En agosto de 2013, Chelsea Manning fue sentenciada a 35 años de cárcel por filtrar a la web WikiLeaks un gran número de documentos que comprometían a la diplomacia estadounidense. Desde el día siguiente a su condena, la soldado se declaró públicamente como una mujer transexual, expresando su intención de iniciar el tratamiento hormonal necesario. Sin embargo, tuvo que demandar al Gobierno estadounidense por la negativa de las autoridades penitenciarias a ofrecerle la asistencia precisa para su reasignación. Finalmente, en abril de 2015 consiguió la autorización del Gobierno e inició el tratamiento hormonal. Las autoridades militares se negaron incluso a reconocer su nombre de mujer, hasta que en abril de 2014 un juez de Kansas lo decretara, tras la correspondiente demanda.

Y es que, como denunciaba Chase Strangio, a pesar de todas las sentencias y dictámenes, Chelsea Manning sigue recluida en un centro penitenciario para varones, y se le niegan derechos como el de poder dejarse el pelo largo, como se permite a las mujeres reclusas, aunque el equipo médico lo haya recomendado. Los continuos castigos a un durísimo aislamiento por las faltas más leves y la lucha continuada por ejercer sus más elementales derechos, condujeron a Chelsea Manning a un intento de suicidio el pasado mes de julio, por el que ahora quieren juzgarla.

Fuente Dosmanzanas

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El Supremo de los Estados Unidos impide a un adolescente trans usar el baño que corresponde a su identidad mientras decide si acepta el caso

Sábado, 6 de agosto de 2016
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Gavin_Grimm_insert_courtesy_Gavin_GrimmGavin Grimm

Malas noticias, al menos de momento. Por primera vez, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha pronunciado (de forma indirecta) sobre la polémica que rodea en ese país el uso de los baños y otras instalaciones públicas por parte de las personas transexuales. Y lo ha hecho prohibiendo temporalmente a un adolescente trans que pueda usar el baño de chicos de su instituto. La decisión, adoptada por 5 votos a 3, supone mantener el statu quo jurídico a la espera de que el Supremo adopte una decisión sobre el fondo del asunto, posiblemente en próximos meses.

En este caso el voto decisivo ha sido el de Stephen Breyer, uno de los miembros del bloque “progresista”, que se ha unido a los cuatro jueces de perfil más conservador y ha dado la razón al Consejo Escolar del Distrito de Gloucester, en Virginia. El Consejo Escolar había solicitado con carácter urgente que el permiso para que Gavin Grimm pudiese utilizar el baño que corresponde a su identidad de género, emitida por el juez federal Robert Doumar, quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrolla el proceso legal.

La orden de Doumar se producía tras el importante pronunciamiento de la Corte federal de Apelaciones del 4º Circuito, con sede en Richmond (Virginia), que el pasado mes de abril había dado la razón al adolescente. Se trataba de una decisión también provisional, pero que entonces se inclinaba del lado de Gavin: la Corte de Apelaciones consideró que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género (en este caso masculina) sí podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas.

La historia de Gavin

Tras salir del armario como chico, Gavin Grimm comenzó a usar los baños que corresponden a su identidad masculina en su instituto de Gloucester. Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero en cuanto la noticia llegó a oídos de los padres un grupo de ellos solicitó al consejo escolar del condado que se le habilitase un baño separado de los que usan el resto de estudiantes.

El joven, forzado a usar un baño distinto al que le corresponde como chico y asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo. Ya en abril de 2014, de hecho, el Departamento de Educación de Estados Unidos había publicado un documento aclarando que las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB.

Cuando el juez Robert Doumar estudió en caso en primera instancia denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, aun reconociendo en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada. La Corte de Apelaciones devolvió el caso al juez federal de distrito al considerar que este debía evaluar el caso de una forma más detallada a la luz de los argumentos expuestos en el fallo (que puedes consultar íntegramente aquí). El resto ya lo sabemos…

La decisión del Supremo: un revés temporal

De hecho, si ahora Stephen Breyer hubiera unido su voto al de las otras tres jueces del bloque progresista se hubiera registrado un empate, con lo cual la posición de la Corte de Apelaciones, la más alta de las que han valorado el caso, hubiese prevalecido. Pero no ha sido así. El propio Stephen Breyer, sin embargo, ha querido dejar claro, en un voto particular, que el suyo era un voto “de cortesía” hasta que el Supremo decida si revisa el fondo del asunto, algo que no ocurrirá previsiblemente hasta octubre. Si decide hacerlo, el statu quo se mantendrá hasta que haya una decisión final.

Si finalmente el Supremo decide no revisar el caso, finaliza la suspensión temporal: prevalece la posición del tribunal más alto que ha valorado el caso (la Corte de Apelaciones) y Gavin, en teoría, podría volver a usar el baño de chicos. “Lo que es triste”, ha declarado Joshua Block, abogado de la ACLU, “es que hay una posibilidad muy seria de que incluso si Gavin gana el caso la decisión no llegue a tiempo”. Y es que Gavin Grimm, que tiene ya 17 años, comenzará este otoño su último curso en el instituto.

La estrategia del “pánico transexual”, transfondo de la polémica

Si la decisión que la Corte de Apelaciones tomó en abril fue recibida con satisfacción por el colectivo LGTB estadounidense, lo sucedido ahora supone un cierto jarro de agua fría. No conviene olvidar que los grupos opuestos a los derechos LGTB en Estados Unidos parecen haber encontrado en el “pánico transexual en los baños” el argumento que estaban buscando para relanzar su lucha, al menos en los estados más conservadores en los que los republicanos gozan de mayoría.

Una estrategia que ensayaron con éxito en Houston (Texas), donde una vergonzante campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales consiguió tumbar en referéndum la normativa antidiscriminatoria que la ciudad había aprobado. Meses después esta misma estrategia volvía a conseguir un éxito sonado en Carolina del Norte, donde la absurda polémica sobre los baños enmascaraba la aprobación de lo que es todo un paquete de medidas legales encaminadas a hacer posible la discriminación de las personas LGTB en muy diversos aspectos. Medidas que están encontrando, eso sí, una cada vez mayor contestación social y que pueden suponerle a Carolina del Norte la pérdida de importantes inversiones económicas (hace solo unos días recogíamos, por ejemplo, como la NBA ha decidido llevarse a otro estado la celebración del All-Star Game de 2017).

Fuente Dosmanzanas

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California aprueba la inclusión de la comunidad LGTB en el sistema educativo.

Martes, 19 de julio de 2016
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780x580-notasdeprensa-20015-2014-5-27-14723La Junta Estatal de Educación de California aprueba la adopción de un nuevo plan de estudios para la educación primaria y secundaria que incluya los eventos y personalidades del colectivo LGTB que hayan contribuido significativamente a la historia.

California incluirá la historia LGTB en el currículum escolar, tras aprobarlo el Consejo Estatal de Educación por unanimidad el pasado jueves. Así, desde ahora se adoptará un nuevo marco educativo en la enseñanza de la historia y las ciencias sociales que incluye el estudio de las contribuciones de los grupos minoritarios, incluyendo a las “lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales estadounidenses“. De esta forma, se da por fin cumplimiento a la FAIR Education Act (“Ley de Educación Justa, Precisa, Inclusiva y Respetuosa”), impulsada por el senador abiertamente gay Mark Leno y aprobada por la legislatura de California hace ya cinco años.

El área de educación del estado de California ha aprobado impartir historia de la comunidad LGBT dentro del currículum de historia y ciencias sociales. Será en los primeros años de educación básica e incluirá temas como la diversidad de las familias, los roles de género, el movimiento de derechos homosexuales y conocerán la aportación de personajes célebres como Harvey Milk y su lucha en San Francisco. Así mismo, también se revisarán todos los libros que ofrezcan una visión negativa de la homosexualidad. No es la primera medida que se toma en este sentido, hace ya cinco años se intentó incluir a la comunidad LGBT así como a grupos étnicos y sociales. Sin embargo, ha sufrido de varios retrasos por sus opositores.

El jueves, 14 de julio, por unanimidad, la Junta Estatal de Educación de California ha aprobado la adopción de un nuevo planteamiento respecto al plan de estudios de las escuelas públicas con el objetivo de incluir en la educación primaria y secundaria a aquellas personas de la comunidad LGBT que hayan contribuido significativamente a la lucha por los derechos civiles y historia de los Estados Unidos.

En julio de 2011, el que era gobernador de California, Jerry Bill, aprobaba la ley SB48, nacía así un proyecto de ley con el nombre de FAIR, acrónimo de Fair, Accurate, Inclusive & Respectful, (Justa, Precisa, Inclusiva y Respetuosa, en español) que demandaba la inclusión de aquellas personas que habían contribuido a la historia estadounidense, no ya sólo pertenecientes al colectivo LGTB, sino también personas afroamericanas, latinoamericanas y mujeres, entre otros colectivos. «La historia debe ser honesta. Este proyecto de ley revisa las leyes existentes que prohiben la discriminación en la educación y asegura que las importantes contribuciones de americanos de todas las procedencias y estilos de vida serán incluidos en nuestros libros de historia», decía el gobernador de California en su momento.

161392640669-Harvey-MilkCinco años después y tras dos intentos fallidos por los opositores a esta ley, la Junta Estatal de Educación de California ya está dispuesta para su cumplimiento, incorporando la historia LGTB a lo largo de diferentes grados.

El objetivo de dicha ley no era otro que incluir la historia LGTB como parte del temario obligatorio en los colegios del estado. Este nuevo marco establece las directrices para que las escuelas públicas tanto de primaria como de secundaria apliquen las normas de contenido para la enseñanza de la historia y las ciencias sociales. Entre otras novedades, las personas LGTB y su contribución a la historia de California y los Estados Unidos están representadas de forma expresa por primera vez.

El plan de estudios propuesto comienza con la introducción de temas LGTB en el segundo grado, a través de debates sobre la diversidad de las familias; continuando en segundo grado con lecciones cobre el papel de California en el movimiento de los derechos de los homosexuales; para culminar en quinto y octavo grado analizando los roles de género en los siglos XVIII y XIX, así como las personas que se rebelaron contra estos roles. Ya en la educación secundaria se incluiría el fallo del Tribunal Supremo mediante el que se legaliza el matrimonio igualitario y casos recientes sobre el acceso a los cuartos de baño de personas transexuales.

Para Don Romesburg, profesor de Estudios de Mujeres y Género en la californiana Sonoma State University, este marco, mucho más inclusivo, permitirá a los estudiantes “pensar de manera crítica y abierta acerca de cómo ese pasado [de historia y acontecimientos LGTB] influye en el papel que en el presente y en el futuro puedan desempeñar en una sociedad inclusiva y respetuosa”.

«Una de las cosas más importantes sobre este nuevo marco es que ofrece un marco del siglo XXI (…). Reconoce realmente que sea cual sea tu punto de vista político o tu opinión sobre los derechos LGTB, la historia LGTB es parte de la historia de los Estados Unidos», declara Don Rumesburg, presidente del Departamento de la Mujer y Estudios de Género de la Universidad Estatal de Sonoma.

En la comisión de consulta, que ha durado hasta cuatro horas, se han admitido testimonios públicos en los que decenas de personas han criticado también la manera en la que se habla sobre musulmanes, hindúes y judíos en el sistema educativo estadounidense. Asimismo, tres profesores expresaron su consternación por la omisión de grupos significativos, como los nativos americanos. «California ha sido líder en el reconocimiento y promoción de los derechos de la comunidad LGTB de California (…). Hoy California ha dado otro paso para afirmar nuestros valores compartidos de inclusión e igualdad», declara Melissa Goodman, directora de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU en sus siglas en inglés).

Tom Torlakson, superintendente de Instrucción Pública del Estado, ha asegurado que la nueva instrucción es una victoria para los estudiantes. “En este documento se va a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la historia y las ciencias sociales […] Va a dar a nuestros estudiantes acceso a las últimas investigaciones históricas y les ayudará a aprender acerca de la diversidad de nuestro estado y las contribuciones de personas y grupos que en el pasado no han recibido el reconocimiento adecuado“, añadió.

Cabe recordar que ya en 2006 fue aprobada una ley similar por la legislatura de California, pero el entonces gobernador, el republicano Arnold Schwarzenegger, la vetó argumentando que debían ser los propios centros educativos los que decidieran sobre este tipo de contenidos. También conviene tener en cuenta que los alumnos californianos ya estudiaban por ley las aportaciones de las mujeres, los afroamericanos, las personas de origen mexicano o los empresarios, entre otros grupos sociales y minorías. A partir de ahora, y gracias a esta iniciativa pionera, los escolares de California también podrán estudiar en sus libros de historia en qué consistieron los disturbios de Stonewall o quién era Harvey Milk.

Fuente: Univision, vía AmbienteG y Universogay/Dosmanzanas

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El Concejo de Oxford (Alabama) rectifica y deja sin efecto la ordenanza que penaba con cárcel el uso de baños públicos por personas transexuales

Viernes, 6 de mayo de 2016
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imagesEl Concejo de la ciudad de Oxford (Alabama) ha votado por mayoría dejar sin efecto la ordenanza que penaba, hasta con penas de cárcel, a las personas transexuales que usaran los baños públicos adecuados a su identidad de género. La amenaza de demandas por violación de derechos civiles y la posible pérdida de las subvenciones educativas ha hecho que tres de los cinco concejales cambien de opinión, que un primer momento fue unánime en su deleznable transfobia.

El pasado martes 26 de abril, el Concejo de la ciudad de Oxford, sita en el estado de Alabama, aprobaba por unanimidad una ordenanza que obligaba a los ciudadanos a que únicamente pudieran acceder a los baños públicos asignados al género que apareciese en su partida de nacimiento. Según alegaba entonces el presidente del Concejo, Steven Waits, “no nos importa el 0,3 % de la población que se identifica como transexual, sino proteger a nuestras mujeres y niños”. La normativa castigaba a los infractores con una multa de 500 dólares (435 euros) o una pena de seis meses de cárcel, siendo calificada por los defensores de los derechos LGTB como “la más aterradora de la nación”.

El detonante que impulsó la articulación de una ordenanza semejante fue un comunicado efectuado por la cadena de hipermercados Target, una de las más importantes de los Estados Unidos, en el que expresaban su oposición a las normas tránsfobas que se aprobaban en estados y municipios en los siguientes términos: “Animamos a los miembros de nuestro personal y a nuestros clientes a que utilicen los baños o probadores que correspondan a su identidad de género”. El Concejo de Oxford debió entender que el asunto era de tan gran relevancia, dado que en la ciudad existe un Target, como para aprobar la normativa tránsfoba con carácter de urgencia.

El que se penase con penas de prisión el uso de los baños públicos por parte de las personas transexuales, a las que se refirieron con tanto desprecio, ocasionó un gran revuelo mediático. Pero además hizo que la ciudad se pusiera en el punto de mira de ACLU (American Civil Liberties Union, la más importante asociación de defensa de los derechos civiles del país) y SPLC (Southern Poverty Law Center, un grupo jurídico del mismo tipo cuyo ámbito son los estados del sur). Ambas asociaciones informaron inmediatamente de su decisión de proceder a denunciar la ordenanza ante los tribunales en cuanto se aplicase.

Desde SPLC se incidió sobre todo en acudir a la autoridad federal para que cesase de inmediato en la provisión de subvenciones a los centros educativos, por violación del título IX de la Ley de Educación, que obliga a que los centros subvencionados no apliquen ninguna normativa discriminatoria a sus empleados y estudiantes.

Eso al parecer ha bastado para que se instara una nueva votación de la normativa, puesto que aún no había sido promulgada por el alcalde, que se encuentra enfermo. Los concejales Charlotte Hubbard, Phil Gardner y Mike Henderson votaron por dejar sin efectos la ordenanza, mientras que el presidente del Concejo, Stephen Waits, y el concejal Chris Spurlin votaron por mantenerla.

Chinyere Ezie, abogada de SPLC presente en la reunión del Concejo, expresaba su satisfacción en los siguientes términos: “El ayuntamiento de Oxford ha hecho lo correcto al derogar su ordenanza discriminatoria. Estamos muy satisfechos de que los miembros del Concejo hayan llegado a la conclusión de que nadie debe ser penalizado por ir simplemente al baño”.

La ordenanza aprobada por el Concejo de Oxford era heredera de la aprobada en Carolina del Norte en lo que respecta a este asunto, y sin duda también es fruto de la fuerte campaña tránsfoba que se inició en la ciudad de Houston (Texas), donde se difundió la imaginaria figura del depredador sexual disfrazado de mujer, que, en la mente de quienes perpetraron el dislate, utilizaba los baños femeninos para abusar de niñas. Todo ello como publicidad contraria a la normativa antidiscriminatoria aprobada en la ciudad, que, lamentablemente fue exitosa, pues logró derogar la ley favorable a los derechos LGTB. El mismo falaz y malintencionado argumento ha sido enarbolado posteriormente en otros ámbitos para defender lo que es pura y dura transfobia.

Fuente Dosmanzanas

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Golpe judicial a las leyes tránsfobas en Estados Unidos: una Corte federal permite a un adolescente trans usar el baño de chicos de su instituto

Viernes, 22 de abril de 2016
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transexualidad-680x365_cImportante pronunciamiento de la Corte federal de Apelaciones del 4º Circuito, con sede en Richmond (Virginia), que da la razón a Gavin Grimm, un adolescente transexual al que su instituto no permite usar los baños de chicos. El fallo considera que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género, en este caso masculina, sí está amparado la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas. Se da además la circunstancia de que la Corte de Apelaciones del 4º Circuito tiene jurisdicción sobre Carolina del Norte, por lo que ya hay quien interpreta que la decisión apunta a una derogación de facto de parte de la polémica ley LGTBfoba de este estado.

La historia de Gavin Grimm, de 16 años, no es muy diferente a la de otros menores transexuales. Tras salir del armario como chico, Grimm comenzó a usar los baños que corresponden a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero en cuanto la noticia llegó a oídos de los padres un grupo de ellos solicitó al consejo escolar del condado que a Gavin se le habilitase un baño separado de los que usan el resto de estudiantes.

El joven, forzado a usar un baño distinto al que le corresponde como chico y asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo. Ya en abril de 2014, de hecho, el Departamento de Educación de Estados Unidos había publicado un documento aclarando que las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB.

El juez federal que estudió en caso en primera instancia denegó la petición de Gavin en septiembre, pero el joven apeló. Ahora un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) ha determinado, por 2 votos contra 1, que efectivamente ha existido una violación de la legislación federal que lesiona los derechos de Gavin, aun reconociendo en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada.

Conviene matizar, en cualquier caso, que lo que hace la Corte de Apelaciones es atender a la petición de Gavin de que se le permita usar el baño de chicos mientras el proceso legal continúa. De hecho, la Corte de Apelaciones devuelve el caso al juez federal de distrito al considerar que este debe evaluar el caso de una forma más detallada a la luz de los argumentos expuestos en el fallo (que puedes consultar íntegramente aquí).

Golpe judicial a la estrategia del “pánico transexual”

En cualquier caso, la decisión de la Corte de Apelaciones es especialmente trascendente, sobre todo por el momento en el que se produce: cuando los grupos opuestos a los derechos LGTB en Estados Unidos parecen haber encontrado en el “pánico transexual en los baños” el argumento que estaban buscando para relanzar su lucha, al menos en los estados más conservadores en los que los republicanos gozan de mayoría.

Una estrategia que ensayaron con éxito hace unos meses en Houston (Texas), donde una vergonzante campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales consiguió tumbar en referéndum la normativa antidiscriminatoria que la ciudad había aprobado. Hace pocas semanas esta misma estrategia volvía a conseguir un éxito sonado en Carolina del Norte, donde la absurda polémica sobre los baños enmascaraba la aprobación de lo que es todo un paquete de medidas legales encaminadas a hacer posible la discriminación de las personas LGTB en muy diversos aspectos. Medidas que están encontrando, eso sí, una cada vez mayor contestación social y que pueden suponer la pérdida de importantes inversiones económicas.

Carolina del Norte, además, se encuentra bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones del 4º Distrito, por lo que no es descabellado teorizar, como ya han están haciendo algunos analistas, que el pronunciamiento apunta a una derogación de facto de parte de su ley LGTBfoba, la referida a las instalaciones de centros educativos que reciben fondos del Gobierno. Estaremos en cualquier caso atentos a cómo evoluciona la cuestión…

Fuente Dosmanzanas

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Mientras la justicia federal se pronuncia en Mississippi declarando que es inconstitucional prohibir adoptar a las parejas del mismo sexo , el gobernador Phil Bryant promulga la ley que permite la discriminación de las personas LGTB

Sábado, 9 de abril de 2016
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MI635573753688880883-Bryant-AP-Interview-ThreEl  juez federal Daniel Jordan ha emitido una orden que considera inconstitucional la ley que prohíbe la adopción por parejas del mismo sexo en Mississippi. La noticia tiene una especial importancia simbólica, si se tiene en cuenta que ocurre en medio de la ola de propuestas de ley homófobas y tránsfobas que los contrarios a los derechos LGTB están promoviendo en diferentes estados norteamericanos, entre ellos el propio Mississippi.

La norma que prohíbe adoptar a las personas del mismo sexo –sección 93-17-3(5) del Código Civil de Mississippi- fue aprobada en el año 2000. Recibió el beneplácito del gobernador, por aquel entonces un político demócrata, Ronni Musgrove. Un buen ejemplo de hasta qué punto ha cambiado la sensibilidad hacia los derechos LGTB: hoy día sería impensable que un gobernador demócrata diera su visto bueno a una ley así (el propio Musgrove escribía en 2013 un artículo en The Huffington Post en el que expresaba su arrepentimiento y contando como su punto de vista había evolucionado a lo largo de los años).

La prohibición de Mississippi, sin embargo, era la última que quedaba por ser desafiada en los tribunales. Leyes similares en otros estados han ido siendo invalidadas, una tras otra. Es por eso que cuatro parejas de mujeres (dos de ellas queriendo adoptar conjuntamente a través del sistema de adopciones del estado y otras dos queriendo que una de las miembros de la pareja pudiera adoptar a los hijos de su compañera), acompañadas de dos organizaciones de defensa de los derechos civiles LGTB (Campaign for Southern Equality y Family Equality Council) decidieron acudir a los tribunales.

Ahora la justicia federal les ha dado la razón. En una orden preliminar, el juez federal Daniel Jordan considera que a la vista de los argumentos del Tribunal Supremo para extender el derecho al matrimonio igualitario y los beneficios que ello conlleva a todo el país, la prohibición a las parejas del mismo sexo de adoptar viola su derecho a la igual protección que garantiza la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, y por ello ordena que de forma inmediata deje de ser aplicada (puedes descargar la sentencia completa aquí).

El fallo del juez Jordan tiene una especial importancia simbólica. Por un lado, Mississippi era el último de los estados en los que una ley prohibiendo expresamente adoptar a parejas del mismo sexo seguía incólume. En este momento, no existe ya ningún estado que mantenga dicha prohibición formal. Ello no significa que no queden numerosos flecos legales ni que no existan obstáculos a las diferentes formas de ejercer ese derecho (hace menos de un mes recogíamos precisamente como el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocaba una sentencia de la Corte Suprema de Alabama que denegaba los derechos de adopción que ya habían sido reconocidos en el estado vecino de Georgia a una de las integrantes de una pareja de mujeres). Pero el armazón jurídico que sustenta la discriminación en estos casos es cada vez más endeble.

Sin embargo, el gobernador de Mississippi, el republicano Phil Bryant, ha promulgado una ley, aprobada por ambas cámaras legislativas del estado, que permite a funcionarios, empresas, negocios y organizaciones rehusar prestar sus servicios a aquellos cuya “forma de vida” no esté en consonancia con sus creencias religiosas. En la práctica, significa que tienen derecho a discriminar a las personas LGBT sin que puedan ser demandados por ello. El gobernador Bryant apenas ha tardado unas horas en validar con su firma la ley desde que le fue enviada desde la Cámara de Representantes del estado, negándose a recibir tanto a las asociaciones de defensa de los derechos LGTB como a los empresarios, que se plantean boicotear a Mississippi como lugar de negocios.

El proyecto de ley 1523 fue introducido en la Cámara de Representantes de Mississippi, en manos republicanas, el pasado mes de febrero, siendo sometido a votación y aprobado el 29 de ese mismo mes, por un amplio margen de 80 votos favorables, 30 en contra y 3 abstenciones. Posteriormente pasó a consideración del Senado estatal, también en poder de los republicanos, donde fue aprobado este 1 de abril por 69 votos a favor, 44 en contra y 7 abstenciones. Finalmente, el gobernador Phil Bryant lo promulgó como ley el pasado 5 de abril, para que entre en vigor el próximo 1 de julio.

El proyecto de ley estaba considerado como una de los más regresivos los casi 200 diseminados por las cámaras de 32 de los 50 estados de los Estados Unidos. En todos ellos, bajo la excusa de la protección de la libertad religiosa, ya amparada por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, se trata de formalizar el derecho a discriminar por razón de orientación sexual e identidad de género si se arguyen “sinceros sentimientos religiosos”.

La ley impide que se puedan plantear demandas contra funcionarios, comerciantes, empresarios u organizaciones que se nieguen a prestar sus servicios a determinados colectivos si estiman que contravienen sus creencias religiosas. En concreto, se protege que se puedan denegar servicios si el proveedor estima que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer; si considera que las relaciones sexuales solo pueden mantenerse dentro del matrimonio; o si cree que el género asignado al nacimiento no debe ser cambiado. Es decir, el objeto principal de la ley es permitir la discriminación de las personas LGTB.

En cuando a los funcionarios, tan solo establece la salvedad, obligatoria por otro lado, de que el servicio a prestar (como la expedición de una licencia de matrimonio a una pareja del mismo sexo) debe ser garantizado por otro empleado público.

Las asociaciones LGTB y las corporaciones y empresas expresaron su indignación por una ley tan regresiva, y solicitaron al gobernador Bryant que interpusiese su veto. Los representantes del Partido Demócrata incluso retrasaron la aprobación definitiva del proyecto de ley con una petición plenaria de rechazo, que sabían que perderían, con el objetivo de que el gobernador se reuniera con los activistas y empresarios opuestos a ley. Pero Bryant se negó a recibirles, y validó el proyecto de ley tan solo unas horas después de que llegara a sus manos, con la excusa de que trata de “impedir que el gobierno interfiera en la vida de las personas”, en referencia a las leyes de protección contra la discriminación vigentes en muchos estados y municipios.

Mississippi se une así a Carolina del Norte en la aplicación de una legislación que vulnera derechos fundamentales por razón de la orientación sexual e identidad de género de sus ciudadanos. En otros estados, como Indiana, Dakota del Sur, Georgia o Virginia, sus gobernadores, sin embargo, han considerado el perjuicio que conllevaría un texto legislativo semejante y han interpuesto su veto.

La ACLU (la mayor asociación de defensa de los derechos civiles de los Estados Unidos) ha emitido el siguiente, y elocuente, comunicado:

Este es un día triste para el estado de Mississippi y para los miles de habitantes de Mississippi que ahora pueden ser rechazados en los comercios, o a quienes pueden negarse licencias de matrimonio, una vivienda, servicios esenciales y necesidades básicas por ser lo que son. Este proyecto de ley va en contra de los principios básicos estadounidenses de equidad, justicia e igualdad y no protege la libertad religiosa de nadie. Lejos de proteger a cualquier persona de “la discriminación del gobierno”, como pretende el proyecto de ley, es un ataque a los ciudadanos de nuestro estado, y servirá como un emblema de la vergüenza para el estado de la magnolia.

La organización GLAAD pide al gobernador Phil Bryant que vetase la delirante propuesta de ley HB 1523, que autoriza legalmente la discriminación en el estado de Mississippi y que van más allá del colectivo LGTB,

 Muchos estados consideran actualmente proyectos de ley que permiten la discriminación de la comunidad LGTB en los Estados Unidos, pero la ley HB 1523 propuesta por Mississippi no sólo es la más explícita, sino que podría considerarse, ya no reaccionaria, sino delirante y particularmente inquisitoria al detallar todas y cada una de las maneras en las que se puede ejercer la discriminación de manera legal, sin temor a ninguna consecuencia del gobierno central.

El proyecto de ley HB 1523 no pretende ser neutral: sólo protege a las personas con creencias religiosas y a nadie más, ateniéndose a tres premisas principales:

— El matrimonio sólo es o sólo debe ser reconocido como la unión de un hombre y una mujer

— Las relaciones sexuales son propiedad reservada al matrimonio.

— Los género masculino (hombre) o femenino (mujer) se refiere al sexo biológico inmutable de un individuo tal y como se determina por su anatomía y genitales en el momento de su nacimiento.

La evaluación de las diferentes situaciones en las que se podrían aplicar estos parámetros es muy sencilla, debido a que el proyecto de ley expone también cada una de las situaciones en las que se puede ejercer la discriminación. En tanto que los individuos estén motivados por “una creencia religiosa o convicción moral“, cualquiera de los siguientes comportamientos tendría el respaldo del gobierno de Mississippi:

— Las organizaciones religiosas pueden negarse a formalizar cualquier matrimonio o proporcionar cualquier servicio relacionado con el reconocimiento del matrimonio.

— Las organizaciones religiosas pueden contratar, despedir o abrir expediente disciplinario a cualquier empleado que viole las creencias religiosas de su organización.

— Las organizaciones religiosas pueden escoger no vender, alquilar u otra manera de proporcionar refugio.

— Las organizaciones religiosas que proporcionan servicios adoptivos o de crianza, pueden declinar sus servicios sin el riesgo de perder sus subvenciones estatales.

— Cualquier padre adoptivo o sustituto puede imponer sus creencias religiosas a sus hijos.

— Cualquier persona puede optar por no proporcionar tratamiento, asesoramiento o cirugía relacionada con la transición de género o con personas homosexuales.

— Cualquier persona (referido a cualquier tipo de negocio) puede escoger no proporcionar servicios para cualquier ceremonia de matrimonio o acto que involucre el reconocimiento de un matrimonio, incluyendo: fotografía, poesía, vídeo, servicios de disc-jokey, preparativos de boda, imprenta, editores, floristerías, confección de ropa, pastelerías y confiterías, salones de bodas o eventos, limusinas y otros servicios de alquiler de vehículos, servicios de compra-venta de joyas.

— Cualquier persona puede establecer «normativas o políticas específicas relacionadas con el género acerca del vestuario o aseo personal del empleado o estudiante», y pueden gestionar el acceso al cuarto de baño y otras instalaciones segregadas por género.

— Cualquier funcionario puede expresar abiertamente sus creencias sin ninguna consecuencia.

— Cualquier funcionario puede escoger no autorizar o conceder licencias de matrimonio legales recusándose a sí mismos de tales funciones.

Protect Thy Neighbor, Protege a Tu Vecino, un proyecto de Americans United for Separate of Church and State, Americanos Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado, expone varias situaciones hipotéticas de cómo esta discriminación podría desarrollarse en ámbitos más allá de la comunidad LGTB:

— Una agencia de adopción podría negarse a entregar un niño a una familia si sus miembros vivían juntos antes de casarse.

— Un asesor podría negarse a ayudar a un adolescente LGTB con pensamientos suicidas que llama a un teléfono de ayuda.

— Una agencia de alquiler de vehículos podría negarse a alquilar un coche a una pareja del mismo sexo si lo fueran a utilizar para su luna de miel.

— Una empresa podría despedir a una mujer sólo por usar pantalones (aunque esto podría considerarse ilegal bajo el Título VII de la Ly federal de Derechos Civiles).

Cualquier persona que se aprovecha de alguna de estas opciones para ejercer la discriminación estaría protegida frente a cualquier sanción tributaria, pérdida de contrato o concesión, pérdida de beneficios, multa o sanción, licencia o certificado, acuerdo de tutela o contrato o cualquier contratiempo en el empleo. Todavía más, estas protecciones se extienden incluso si entran en contradicción con leyes estatales. En otras palabras, cualquiera puede aludir a sus creencias religiosas para justificar su comportamiento discriminatorio si es demandado por víctimas de discriminación. Y cuando lo hacen, no sólo tienen todos sus derechos ante los tribunales, sino que pueden exigir compensación por daños.

En la actualidad, ninguna ciudad de Mississippi ha prohibido la discriminación contra la comunidad LGTB por ley, pero algunas sí han aprobado resoluciones que se oponen a tal discriminación, incluyendo Jackson, Waveland, Bahía de St. Louis, Greenville, Magnolia, Oxford y Hattiesburg. Si alguna de estas localidades aprueba alguna ley de este tipo, quedaría automáticamente anulada con la ley HB 1523, que prevalece a cualquier ley o norma con la que pueda entrar en contradicción. Todas las anteriores formas de discriminación se volverían legales sin importar las leyes que se hayan aprobado en cada una de las ciudades del estado.

Este proyecto de ley ya ha hecho un significativo progreso a través de la legislatura de Mississippi. La Cámara de Representantes la aprobaba el mes pasado, por 80 contra 39 votos, estando actualmente en trámites en el Senado.

Fuente UniversoGay/Dosmanzanas

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Activistas y colectivos LGTB plantan cara al estado de Carolina del Norte por su política transfóbica y es aprobada nueva ley LGTBfoba en Kansas

Jueves, 31 de marzo de 2016
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north_carolina_legislativeCarolina del Norte frena las iniciativas legales contra la transfobia 

Legisladores republicanos del estado de Carolina del Norte han aprobado un proyecto de ley que impide que gobiernos locales y municipales aprueben sus propias normas contra la discriminación.

El proyecto de ley fue, además, aprobado de urgencia por las cámaras estatales, en un proceso muy criticado. La ley prohíbe a los ayuntamientos y condados del estado establecer medidas de protección contra la discriminación de las personas LGTB y deroga las ya existentes. Sus efectos tendrán lugar el próximo 1 de abril.

La iniciativa, firmada por el gobernador Pat McCrory, ha sido un duro golpe para el movimiento LGBT después del éxito conseguido con las últimas protecciones legales para evitar la discriminación en las ciudades de todo el país.

La Asamblea General, controlada por los republicanos, actuó después de que los líderes municipales de la ciudad de Charlotte aprobaran el mes pasado una medida que permite que las personas transexuales puedan utilizar sin ningún obstáculo los aseos públicos acordes con su identidad de género. McCrory, que fue alcalde de Charlotte durante 14 años, ha criticado la ordenanza local. Aunque 12 demócratas se unieron a los republicanos presentes contra el proyecto de ley, posteriormente todos los demócratas en el Senado salieron del recinto durante el debate en señal de protesta. Los restantes republicanos en la cámara alta respaldaron la iniciativa transfóbica de forma unánime. “Elegimos no participar en esta farsa“, afirmó Dan Blue de Raleigh, líder de la minoría en el Senado. Phil Berger de Eden, líder de la cámara alta, dijo que no recordaba haber visto un acto así por parte de algunos legisladores antes de una votación, lo que consideró una “violación grave de su obligación hacia los ciudadanos que votaron para elegirlos”.

Como decimos, el detonante fue el proyecto de ley aprobado en la localidad de Charlotte, que amparaba a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales ante cualquier tipo de discriminación de que fueran objeto en lugares donde se ofrecen servicios, como comercios, restaurantes, hoteles o taxis. Entre esas medidas se hallaba la de permitir a las personas transexuales que dispusieran de los aseos correspondientes a su identidad de género real en cualquier centro público, incluidos los escolares.

Y esta última medida fue la que se tomó como excusa para organizar con carácter de urgencia plenos en ambas cámaras del estado para derogar la normativa de Charlotte, a semejanza de lo que ocurrió en Houston (Texas), donde la campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales fue feroz y vergonzosa.

Pero lo que no hubo en Carolina del Norte fue un debate sobre el alcance de las medidas antidiscriminatorias, sino dos sesiones vertiginosas llevadas a cabo el pasado miércoles en la Cámara de Representantes y el Senado estatal. En este último, los senadores estatales del Partido Demócrata, en minoría, abandonaron la sesión como protesta. En ambas cámaras el resultado fue abrumadoramente mayoritario, por lo que el proyecto de ley fue enviado al gobernador McCroy para su promulgación.

Enarbolando una vez más el fantasma (inventado) del “depredador sexual disfrazado de mujer”, el gobernador firmó inmediatamente la ley, con lo que las normativas antidiscriminatorias para las personas LGTB existentes en los distintos municipios y condados de Carolina del Norte quedaron derogadas. Muchas de ellas llevaban años en vigor, sin que se haya producido ningún ataque a ningún menor en los baños de los centros escolares por “depredadores disfrazados”. Sin embargo, para el gobernador, “la expectativa básica de intimidad en el más personal de los lugares, un baño o un vestuario para cada género, ha sido violada por la extralimitación del gobierno y la intrusión del alcalde y el consejo de la ciudad de Charlotte”, y esa es la única y mendaz razón dada para no solo derogar una normativa antidiscriminatoria para todo el colectivo LGTB, sino además para impedir que puedan establecerse medidas semejantes en el futuro.

Activistas por los derechos de la diversidad sexual han impugnado la nueva ley de Carolina del Norte, al iniciar una demanda federal el lunes en la que califican la ley de discriminatoria y da al colectivo LGTB un “tratamiento desfavorable”.

Para la ACLU, la más importante organización de defensa de los derechos civiles del país, se trata de la ley más regresiva de todas las aprobadas contra las personas LGTB, pues los legisladores de Carolina del Norte “en lugar de ampliar las leyes antidiscriminatorias para proteger a todos los ciudadanos de Carolina del Norte, malgastan más de 42.000 dólares en un proyecto de ley extremista, que deshace todas las leyes antidiscriminatorias locales y excluye específicamente a los homosexuales y las personas transgénero de cualquier protección legal”.

ACLU también denuncia que se ponen en peligro los más de 4.500 millones de dólares de fondos federales que Carolina del Norte recibe para subvencionar centros escolares, y que están condicionados a que en los mismos no exista discriminación por razón, entre otras, de la orientación sexual o identidad de género. También han expresado su repulsa a la ley promulgada por el gobernador la Liga de Municipios de Carolina del Norte y empresas como Red Hat, Dow Chemical, Apple, Siemens, Microsoft,y AT&T.

El fiscal general de Carolina del Norte, el demócrata Roy Cooper, ha comunicado por su parte que no defenderá ante los tribunales la constitucionalidad de la ley LGTBfoba si esta es denunciada.

 Activistas y colectivos LGTB plantan cara al estado de Carolina del Norte por su política transfóbica

Pat-McCrory-gobernador-de-Carolina-del-Norte-300x239La ley, a la que también se oponen enérgicamente grandes empresas como Apple y Google, fue sancionada por el gobernador republicano Pat McCrory la semana pasada. La legislatura, dominada por los republicanos, aprobó la ley en respuesta a una ordenanza del municipio de Charlotte que permitía a las personas transexuales utilizar los baños correspondientes al género con que se identifican. La nueva ley del estado, prohíbe a ciudades y condados aprobar disposiciones que protegen la orientación sexual y la identidad de género de la discriminación en establecimientos públicos.

“Al brindar a las personas LGBT un tratamiento desfavorable e incluir explícitamente la discriminación de las personas transexuales en el derecho estatal, la nueva ley viola las garantías básicas de tratamiento igualitario y la Constitución de Estados Unidos”, reza la demanda.

Así, a partir de la sanción de la ley, Carolina del Norte se ha convertido en el primer estado que obliga a estudiantes de escuelas y universidades públicas a usar los baños que corresponden a sus certificados de nacimiento.

Los detractores de esta discriminatoria ley dicen que los legisladores estatales presentan argumentos falsos y los partidarios dicen que la nueva ley protege a las personas de tener que compartir el baño con gente que les provoca “inquietud”.

La demanda fue presentada por dos personas transexuales, una profesora lesbiana de la Universidad de Carolina del Norte y varios grupos defensores de las libertades civiles.

Ray Cooper, secretario de Justicia del estado y perteneciente al Partido Demócrata, también es otro de los acusados a pesar de su oposición la ley y sus declaraciones a favor de que se derogue, debido a que su oficina defiende al estado en la Corte.

Kansas

Sam-Brownback-gobernador-de-Kansas-300x245Por su parte, el gobernador de Kansas, Sam Brownback, ha promulgado también una ley motivada por esa supuesta defensa de la libertad religiosa, que permitirá que las asociaciones de estudiantes de los centros de enseñanza secundaria y universitarios puedan rechazar el ingreso de quienes “no se adhieran a las convicciones religiosas de la asociación”. Eso permitirá que se deniegue formar parte de esas asociaciones a los estudiantes LGTB, incluso en instituciones financiadas mayoritariamente con fondos públicos. La excusa del gobernador para la promulgación es que “la libertad religiosa es parte de lo que somos como nación y como estado”.

Según Human Rights Campaign, la ley pone en peligro políticas de no discriminación ya establecidas en instituciones educativas de Kansas, incluida la propia univesidad estatal. Estas instituciones prohíben que las organizaciones estudiantiles puedan discriminar por motivos de raza, sexo, religión, orientación sexual o identidad de género para seguir recibiendo apoyo financiero. También denuncian el daño que producirá a miles de estudiantes, que no podrán incluir en sus currículos la pertenencia a determinadas asociaciones de prestigio que se adhieran a la nueva ley.

Para el presidente de Human Rights Campaign, Chad Griffin, “la historia nunca ha estado de parte de los líderes que promueven la discriminación, y el gobernador Brownback ha abandonado imprudentemente su responsabilidad de asegurar que todos los estudiantes sean tratados con dignidad y respeto. Este es un día oscuro para Kansas, y tenemos que encontrar la manera de que esta deplorable ley sea finalmente derogada”.

Para Thomas Witt, director ejecutivo de Equality Kansas, la ley es una muestra más de la intolerancia del gobernador, pues “la administración Brownback se ha pasado seis años tratando de incluir la discriminación en las leyes de Kansas. Dirigirse contra los estudiantes universitarios con un proyecto de ley que les obliga a financiar grupos que les discriminan activamente es intolerante y vergonzoso. Este es un día triste para Kansas“.

Agencias/Cáscara Amarga/Dosmanzanas

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Acusan a una cárcel de censurar correo con material gay enviado a presos

Miércoles, 30 de marzo de 2016
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317089-970x600-1Según el director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles, desde agosto la prisión ha rechazado correspondencia por ese motivo, como mínimo, en 13 ocasiones, lo que es una violación a los derechos de la Primera Enmienda de los reos.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) lucha contra una prohibición de cartas, revistas y otra correspondencia que contenga material homosexual enviadas a reclusos de una prisión en Kentucky, informaron reportes de la prensa el miércoles.

El director legal de ACLU en Kentucky, William Sharp, ha escrito al complejo correccional del este de Kentucky para oponerse a la política que prohíbe que los prisioneros reciban artículos que “promuevan la homosexualidad”, según informó el periódico Lexington Herald-Leader.

“A los prisioneros de Kentucky no se les puede negar constitucionalmente el derecho de recibir correo solo porque su contenido se relacione con gente gay o temas de interés para homosexuales… Hacerlo así discrimina a individuos sobre la base de su orientación sexual, negándoles el derecho fundamental de recibir información protegida por la Primera Enmienda“, escribió Sharp en una carta a la alcaidesa, Kathy Litteral.

Sharp dijo que las preocupaciones de seguridad no eran argumentos válidos para retener artículos que mencionen la homosexualidad.

Rodney Ballard, el recientemente designado comisario de correccionales del estado, dijo que no estaba familiarizado con la política, pero que investigaría el tema.

“Vamos a revisar todas las políticas, tanto institucionalmente como en todo el sistema”, dijo Lisa Lamb, portavoz del Departamento de Correccionales.

Fuente Agencia/Cáscara Amarga

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El gobernador de Puerto Rico garantiza el matrimonio igualitario

Lunes, 14 de marzo de 2016
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780x580-television-25165-2016-1-16-174454sen_apadillaEl juez federal Juan M. Pérez-Giménez ha dictaminado sorprendentemente que el fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de junio de 2015, que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario, no es de aplicación en Puerto Rico al no ser un estado integrado, sino un territorio. El juez Pérez-Giménez fue quien en su día dictó la constitucionalidad de la ley puertorriqueña que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo, en una sentencia que se distanciaba jurídicamente de la inmensa mayoría de las dictadas por los tribunales federales y cortes de apelación hasta ese momento. El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, ha comunicado que el Gobierno de la isla seguirá acatando las sentencias de los tribunales de superior jerarquía, sin que el fallo del juez Pérez-Giménez elimine ningún derecho a las parejas del mismo sexo puertorriqueñas.

Alejandro García Padilla, máximo mandatario de Puerto Rico, ha anunciado que pese a las presiones por parte de la justicia de la isla caribeña, el estado mantendrá con absoluta rotundidad el matrimonio igualitario en los mismos términos que los respaldados el año pasado por el Tribunal Supremo estadounidense.

Esto se debe a que un magistrado de Puerto Rico dictaminó que el matrimonio igualitario aprobado a nivel nacional por la Corte Suprema, no es aplicable a la isla porque no es un estado sino un territorio estadounidense. Juan Pérez Giménez, juez de Distrito de Puerto Rico, lleva tiempo cabalgando en una cruzada personal contra el matrimonio igualitario.

Una batalla abierta contra la Diversidad que desde hace meses se apoya en la influencia de la Iglesia Católica en la isla y en los sectores más conservadores del estado.

Hace unos meses, el legislador intentaba asestar un golpe de efecto contra los derechos de la comunidad LGTB e intentaba confirmar la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Puerto Rico.

En octubre de 2014, y en sentido contrario a la de la inmensa mayoría de sus colegas de los Estados Unidos, el juez federal puertorriqueño Juan M. Pérez-Giménez dictaminaba que la ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en Puerto Rico era plenamente constitucional, tras la demanda impuesta por Ada Conde Vidal e Ivonne Álvarez Vélez.  Ambas reclamaban que el matrimonio que habían contraído en el estado de Massachusetts en 2004 fuese reconocido por las autoridades puertorriqueñas. Tras el fallo negativo, las demandantes recurrieron ante la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito, radicada en Boston, bajo cuya jurisdicción se encuentra Puerto Rico.

La Corte de Apelaciones de Boston aplazó su decisión hasta que decidiera al respecto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, quien finalmente declaró inconstitucionales todas las leyes que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tras la sentencia del alto tribunal, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito confirmaba por unanimidad que la prohibición del matrimonio igualitario en Puerto Rico atentaba contra la Constitución de los Estados Unidos, y el gobernador Alejandro García Padilla ordenaba a la administración pública de Puerto Rico hacer los trámites necesarios para poner a disposición de las parejas del mismo sexo licencias matrimoniales. La Corte de Apelaciones también instó al juez Pérez-Giménez, en una orden fechada el 8 de julio de 2015, a que dictase nueva sentencia a la luz de la decisión del Tribunal Supremo.

Tras la histórica sentencia pronunciada por el Tribunal Supremo de EEUU con la que se declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario, Pérez Giménez se enrocaba en su posición inicial y llegaba a afirmar que la decisión del Tribunal Supremo no se podía aplicar a Puerto Rico, ya que no es un estado. El magistrado Juan Pérez Giménez ha provocado la confusión sobre el futuro del matrimonio igualitario en Puerto Rico, debido a un inesperado fallo, emitido el 8 de marzo, en el que afirma que cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos permite el matrimonio igualitario, hace alusión a los estados de la unión, pero no menciona territorios como Puerto Rico, no incorporado como estado. En una decisión que ha sorprendido a propios y extraños, ha dictaminado que la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense es únicamente vinculante para los estados miembros de la unión, pero no para los territorios vinculados como Puerto Rico y que, por lo tanto, la definición del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer establecida en el artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico sigue vigente. Según el juez, el derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo puertorriqueñas requeriría de una orden adicional por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos o del Tribunal Supremo de Puerto Rico; o bien de una legislación especial por parte del Congreso de Estados Unidos en el ejercicio de los poderes conferidos bajo la cláusula territorial o de algún estatuto adoptado por la Legislatura de Puerto Rico que enmiende o derogue el artículo 68.

 El fallo también rechaza una moción interpuesta por la organización Lambda Legal y el gobierno del Puerto Rico para levantar la prohibición del matrimonio igualitario en la isla, por lo que no estaba claro si el gobierno de Puerto Rico dejará de emitir licencias matrimoniales. El Departamento de Justicia de la isla ha remitido todas las reclamaciones a la oficina del gobernador, y a pesar de que han nombrado a un portavoz para responder a todas las preguntas, todavía no ha resuelto las numerosas dudas que ha despertado el asunto.

La comunidad LGTB de la isla no ha tardado en manifestarse en contra del magistrado, dado que su fallo va en contra de la decisión del Supremo estadounidense, que en julio del año pasado validó el matrimonio igualitario en todos los estados, incluyendo Puerto Rico, donde se celebró una boda masiva en la que decenas de parejas se juraron amor eterno, legalizando su relación. “Creemos que esta orden es errónea”, afirma Omar González, abogado de Lambda Legal, “es algo que no podemos permitir”, señalando que el fallo no invalida las docenas de matrimonios que se ha efectuado ya en la isla. En la misma línea, el activista por los derechos humanos, Pedro Julio Serrano, proclama que “es una vergüenza que el matrimonio para parejas del mismo sexo haya sido impuesto por la Corte suprema de Estados Unidos y no autorizado por la legislatura de Puerto Rico”.

El presidente del senado, Eduardo Bhatia, ha calificado de insólito el fallo del magistrado por considerar que “constituye una de las ironías más grandes en tiempos recientes (…). Me parece insólito que el propio tribual federal en la isla ignore que en Puerto Rico aplican los derechos consagrados en la Constitución de los Estados Unidos”.

Tras el revuelo causado por este dictamen , el gobernador de Puerto Rico ha intervenido para detener esta absurda travesía hacia el pasado. De este modo, Alejandro García Padilla, afirmaba en un comunicado que:

El derecho fundamental al matrimonio ha sido ordenado por el Tribunal Supremo de EEUU y el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston. Por lo tanto, voy a respetar las resoluciones de los tribunales superiores que, afortunadamente, están muy alejadas de las ideas del juez Juan Pérez Giménez.”

Por su parte, el secretario de Justicia, César Miranda, precisó que “la orden de la Corte Federal para el Distrito de San Juan no altera la validez de los matrimonios contraídos en Puerto Rico entre parejas del mismo sexo y tampoco impide darle reconocimiento a aquellos matrimonios contraídos en otras jurisdicciones”.

En opinión del abogado constitucionalista Carlos Ramos, la decisión del juez Pérez-Giménez no afecta al derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo, pues “el estado de derecho en Puerto Rico es la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La decisión del juez Pérez Giménez, que a mi juicio es errada, es inconsecuente para el estado de derecho en Puerto Rico. Nadie tiene que preocuparse de que pueda ejercer su derecho fundamental a casarse y que el Código Civil de Puerto Rico no es un impedimento”.

Quienes sí que están afectadas por la inexplicable sentencia del juez Pérez-Giménez son Ada Conde Vidal e Ivonne Álvarez Vélez, que se verán obligadas a recurrirla ante la Corte de Apelaciones de Boston. Según estima Ana Conde Vidal, la decisión de Pérez-Giménez es un “absurdo jurídico” porque la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito “ya le había solicitado que decidiera a tenor con lo que había decidido el Tribunal Supremo”. Ana Conde Vidal, que también es abogada, declaraba que “definitivamente, vamos a apelar la decisión. Entendemos que cuando esto vaya a Boston no va a ser mayor controversia y va a ser una decisión rápida cuando le digan: ‘aténgase a las consecuencias de nuestra orden del 8 de julio de 2015’”.

Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en sus siglas en inglés), también han criticado que las leyes que prohíben el matrimonio igualitario, como en el caso de Puerto Rico, sigan en los textos y códigos legales, a pesar de no poder ser aplicadas. ACLU se dirige a los legisladores puertorriqueños indicándoles que “si realmente creen en la equidad están obligados a tomar acción para derogar los artículos del Código Civil de Puerto Rico”.

Fuente Agencias/ Redacción Chueca/Dosmanzanas

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