Un instituto del distrito de Central California se ve obligado a cambiar su normativa sobre indumentaria como repuesta a una demanda federal interpuesta por una alumna a la que habían censurado por llevar una camiseta con la leyenda «Nadie sabe que soy lesbiana».

En agosto, Taylor Victor, una alumna del instituto Sierra de Manteca, confiada de su sexualidad y apoyada por su familia tras salir del armario, lleva un camiseta para ir a clase con la leyenda «Nadie sabe que soy lesbiana». Su sorpresa es mayúscula cunado dos funcionarios le llaman la atención, indicándole que cambie la camiseta porque les parece inapropiada y va en contra de la normativa sobre indumentaria del código del Distrito de Institutos Unificados de Manteca (MantecaUSD). Junto a su madre, interpone una demanda que se resuelve el pasado martes con la aprobación de un acuerdo al que el consejo del instituto llega con la Unión de Libertades Civiles Americanas (American Civil Liberties Union), representantes de la alumna y su madre, en la que le permiten llevar su controvertida camiseta.

Si bien el acuerdo especifica que los funcionarios no actuaron erróneamente, el distrito ha accedido a cambiar su normativa sobre indumentaria para aclarar a sus estudiantes que no les pueden prohibir el uso de ropa que apoya sus identidades, o las de sus compañeros de clase, en función de su raza, género, religión, orientación sexual y otras características, destacando que su prioridad número uno, sigue siendo «la habilidad de mantener a nuestros hijos a salvo física y emocionalmente».

El representante de ACLU, Linnea Nelson, explica en una entrevista que ser lesbiana «es una parte importante de la identidad de Taylor, y no debe ser censurada de hablar sobre ello en la escuela (…). Los alumnos no dejan su derecho a la libertad de expresión en las puertas del instituto (…). Y al final del día, la ley es muy clara sobre este tema, y las escuelas públicas no pueden censurar las creencias personales de los estudiantes porque piensen que pueden ser objeto de controversia».

Como parte del acuerdo, el distrito ha accedido a que Victor lleve su camiseta tomando «medidas razonables para protegerla de cualquier acoso o intimidación de otros alumnos o de algún empleado del distrito», tanto como reacción por la camiseta o por haber demandado al instituto. Asimismo, el distrito accede a proporcionar asesoramiento sobre libertad de expresión a sus funcionarios y asumir los costes del proceso.

Totalmente feliz con el resultado del episodio, Taylor Victor escribía una entrada en su blog personal, «Demandé a mi instituto por censura y gané», en el que explica con detalle cómo ha sido todo el proceso, que comienza al ver la camiseta en el escaparate de un centro comercial. Una camiseta que le hizo reír «porque todo el mundo sabe que soy lesbiana».

Fuente Universo Gay

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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos escuchará el 28 de abril los argumentos orales a favor y en contra de la inconstitucionalidad de prohibir a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio (en relación a cuatro casos judiciales que tienen su origen en los estados de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee). Un proceso que podría significar la definitiva extensión del matrimonio igualitario a todo el territorio estadounidense, algo que ya le piden abiertamente al Supremo numerosas personas y organizaciones, incluyendo casi 400 de las más grandes empresas del país o la propia administración Obama.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos anunciaba en enero que en este primer semestre de sesiones de 2015 revisaría la decisión de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, con sede en Cincinnati, que en noviembre de 2o14 decidió sobre los recursos a cuatro sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por cuatro jueces federales de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee. En los dos primeros casos, referidas a parejas del mismo sexo a las que no se les permite contraer matrimonio, mientras que en Ohio y Tennessee las sentencias obligaban a reconocer matrimonios ya celebrados en otros estados. La ejecución de la sentencias había permanecido en suspenso mientras se decidía la apelación. El fallo de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito contradijo las sentencias ya emitidas tanto por el resto de circuitos que se habían pronunciado hasta el momento (el Décimo, el Cuarto y el Séptimo) como por la inmensa mayoría de jueces federales que habían hecho lo propio. El 6ª Circuito consideró así que la decisión o no sobre autorizar el matrimonio igualitario corresponde a los estados y no es una cuestión que deba dirimirse en base a argumentos constitucionales, en concreto a los derechos al debido proceso y a la igual protección recogidos en la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

Los equipos legales de las parejas demandantes decidieron recurrir directamente al Tribunal Supremo. De las apelaciones presentadas, el alto tribunal decidió dar respuesta a dos cuestiones:

1. ¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado autorice un matrimonio entre dos personas del mismo sexo?
2. ¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado reconozca el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, cuando dicho matrimonio ha sido legalmente autorizado y tenido lugar fuera de ese estado?

Ya en enero se comunicó el calendario para la presentación de informes, aunque faltaba por conocer la fecha exacta en la que tendría lugar la sesión final, en la que se presentarán los alegatos orales. Finalmente será el 28 de abril. Es muy probable que la sentencia final se conozca a finales de junio.

Empresas, líderes religiosos, alcaldes, Obama…

Ya en enero, cuando informamos de la decisión del Supremo, recogíamos las reacciones esperanzadas de los grupos LGTB, como Freedom To Marry, Human Rights Campaign, ACLU (American Civil Liberties Union) o Lambda Legal. Pero en las últimas semanas se han sumado al movimiento a favor de una sentencia del Supremo favorable al matrimonio igualitario importantes organizaciones y personas, que han enviado al alto tribunal sus amicus curiae (figura legal que permite a personas u organizaciones que no son parte en el proceso aportar de forma voluntaria argumentos a favor o en contra para colaborar en su resolución).

Entre ellas, casi 400 empresas, algunas de ellas tan importantes como Amazon, American Airlines, American Express, Apple, Citigroup, Colgate-Palmolive, Delta Air Lines, eBay, Facebook, General Electric, Goldman Sachs, Google, Hilton, HSBC, Johnson & Johnson, Levi Strauss, Marriott, Microsoft, Morgan Stanley, Nike, PepsiCo, Pfizer, Procter & Gamble, Twitter, United Airlines, Verizon o Walt Disney. Empresas que consideran, entre otras razones, que el entramado de complicadas situaciones jurídicas derivadas del no reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario en todo el país les supone un grave perjuicio (puedes descargar aquí el documento enviado al Supremo por este grupo de empresas).

También han solicitado al Supremo una sentencia favorable al matrimonio igualitario casi 2000 líderes religiosos del país, pertenecientes a confesiones cristianas, tradiciones judías e incluso organizaciones musulmanas, que consideran que el respeto a la libertad religiosa implica el reconocimiento jurídico del matrimonio igualitario, así como la posibilidad de que aquellas confesiones que decidan libremente celebrar matrimonios religiosos entre personas del mismo sexo lo puedan hacer (puedes descargar aquí su documento); más de 200 alcaldes de ciudades de todo el país (entre ellas Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Cincinnati, Dallas, Denver, Detroit, Filadelfia, Los Ángeles, Nueva York, Portland, Salt Lake City, San Diego, San Francisco o Washington D.C., por mencionar las más importantes); más de 200 miembros demócratas del Congreso (entre ellos 44 senadores) e incluso la propia administración Obama, que argumenta en su amicus curiae que la prohibición del matrimonio igualitario, además de ser discriminatoria y suponer desventajas concretas para las parejas del mismo sexo, envía el mensaje de que “las parejas del mismo sexo y sus hijos son familias de segunda clase, no merecedoras del reconocimiento y de los beneficios que se da por sentado sí merecen las parejas de distinto sexo”. “Las prohibiciones no puede ser reconciliadas con la garantía fundamental de igual protección recogida en la 14ª enmienda a la Constitución”, añade el texto.

No se trata, de hecho, de la primera vez que la administración Obama o que empresas estadounidenses se posicionan directamente ante el Tribunal Supremo a favor del matrimonio igualitario. Ya lo hicieron en 2013, año en el que el más alto tribunal del país acabó por cierto declarando inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. Esperemos que en esta ocasión el resultado sea el mismo…

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Dylan Meehan y Brad Taylor, dos adolescentes del mismo sexo que aparecen abrazados y sonrientes en la foto de su anuario escolar seleccionados, hace dos años, como “la pareja más linda” de su escuela en una decisión sin precedentes.

Según una investigación realizada en la Universidad de Arizona, estas personas tienen una autoestima más alta y una satisfacción mayor por la vida mayor que los que no lo hacen. 

Los adolescentes Lesbianas, Gays, bisexuales y transgénero (LGBT) que comunican su preferencia u orientación de género durante la preparatoria tienen una autoestima más alta y una satisfacción por la vida mayor que los que no lo hacen, según una investigación realizada en la Universidad de Arizona.

El investigador Stephen Russell de la Universidad de Arizona realizó un estudio de los adolescentes Lesbianas, Gays, bisexuales y transgénero (LGBT) para demostrar la mejora en la salud mental y física que experimentan los adolescentes LGTB que han salido del armario y que indicó que aquellas personas que dieron a conocer su orientación durante la preparatoria se mantienen más sanos mental y físicamente.

Según el estudio, para el cual se ha tomado una muestra de 245 jóvenes (no latinos blancos y latinos) de entre 21 y 25 años que han experimentado bullying en alguna ocasión por su sexualidad, hubieran o no “salido del armario”, aquellos que se mostraron abiertos en cuanto a su orientación sexual poseen una autoestima más alta y una vida más satisfactoria que los que no salieron del armario y no abrieron su identidad sexual en la escuela.

De acuerdo a los datos del investigador, la investigación demuestra que el hecho de que muchos de estos jóvenes sean constantemente aconsejados por los adultos a no mostrar su orientación sexual o de género para evitar un daño mayor, no es niel mejor consejo, ni la mejor opción.

La investigación también contribuye a esclarecer algunos de los beneficios de revelar la orientación sexual durante la etapa escolar, entre los que se encuentra, “¿Los beneficios de salir del clóset en la escuela son más importantes que el riesgo de ser victimizado?.” El estudio apunta a que el salir del clóset en la preparatoria ayuda “al bienestar de las personas cuando son adultos jóvenes“, según Rusell.

“Sabemos en base al estudio que el orillar a los adolescentes LGBT a mantener sus preferencias en secreto o no hablar de ellas está asociado a la depresión, comportamiento suicida, uso de drogas y riesgos de contrae VIH. Ayudarlos a entender que abrir su identidad LGBT puede protegerlos contra riesgos y promover una mejor autoestima y estado de salud”, afirmó Caitlin Ryan, director de the Family Acceptance Project y coautor del estudio.

El estudio, publicado en la American Journal of Orthopsychiatry, es el primero que se ha ocupado de estudiar y documentar los beneficios de comunicar la preferencia sexual durante la adolescencia, inclusive a pesar de que quizás los jóvenes experimenten bullying cuando se identifiquen abiertamente como LGBT.

La idea de ponerlo en marcha nació a raíz de una demanda que emitió la American Civil Liberties Union contra la escuela preparatoria Okeechobee de Florida que negó a los estudiantes el derecho de iniciar una asociación gay/heterosexual en el campus. Los funcionarios escolares argumentaron que permitir el club sería potencialmente perjudicial  para los estudiantes.

El caso fue resuelto antes de ir a juicio a favor de la ACLU. Después un abogado de la ACLU acudió a Russel y le preguntó si podía decir con absoluta certeza que es mejor para un adolescente LGBT,  “salIr del armario” en la preparatoria o no hacerlo. Fue en esemomento cuando el investigador se dio cuenta de la falta de investigación que presentaba el tema.

Los investigadores también examinaron datos del Proyecto de Aceptación Familiar, una iniciativa de intervención, investigación, educación y legislación de la universidad del Estado de San Francisco diseñada para prevenir riesgos y promover el bienestar de los niños y adolescentes LGBT.

Vía El Financiero

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Alabama se ha convertido este lunes en el estado número 37 en el que las parejas del mismo sexo pueden casarse legalmente.

Moore dijo a los magistrados que no están obligados a acatar el reciente fallo de un juez federal que derogó la prohibición estatal contra los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Roy Moore, presidente del Tribunal Supremo de Alabama, se ha comprometido a no respetar la sentencia de un juez federal del Estado que dictaminó recientemente que la enmienda que prohíbe en la Constitución estatal el matrimonio de parejas homosexuales es inconstitucional. Moore alega que seguirá “reconociendo la Constitución y la voluntad del pueblo”.

Roy Moore, presidente del Tribunal Supremo de Alabama, ha sido el responsable de manifestar públicamente que no respetará la sentencia de un juez federal del Estado a favor del derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio en la región.

El presidente del Tribunal Supremo de Alabama ha realizado sus declaraciones en una carta abierta enviada al gobernador del Estado, el republicano Robert Bentley, el cual también se opone al matrimonio de parejas homosexuales.

Moore, presidente del Tribunal Supremo, ha expresado que seguirá respetando la decisión de los ciudadanos de Alabama, los cuales aprobaron hace años en referéndum una enmienda constitucional para prohibir el matrimonio de parejas del mismo sexo. Pese a la sentencia reciente que considera inconstitucional dicha medida por discriminar a la ciudadanía en base a la orientación sexual de la misma, Moore ha alegado que va a seguir “reconociendo la Constitución de Alabama y la voluntad del pueblo expresada de forma abrumadora en la enmienda sobre la santidad del matrimonio”.

Moore ha atacado muy duramente al matrimonio gay desde hace años. Consideró la homosexualidad como una “maldad inherente” en una sentencia de 2002 contra la custodia a una madre lesbiana.

De todas formas, previsiblemente, numerosas parejas del mismo sexo acudirán a partir de hoy a diversos tribunales en el estado ante la entrada en vigor del fallo de un juez que anuló la prohibición que pesaba sobre el matrimonio igualitario.

Susan Watson, directora ejecutiva de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), expresó su escepticismo sobre que los jueces de paz atiendan a Moore y desafíen el fallo del juez federal: “Vamos a ver la igualdad matrimonial en Alabama mañana. No creo que los jueces en Alabama vayan a desafiar la orden de un juez de la corte federal”, dijo el pasado domingo.

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Este viernes 16 de enero, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dado a conocer los casos que considerará en el primer semestre de sesiones de 2015. Se esperaba que entre ellos estuviese alguna de las sentencias desfavorables al matrimonio igualitario, todas ellas dictadas por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, pero el alto tribunal ha comunicado que ha aceptado las cuatro, que afectan a los estados de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee. Las sesiones orales finales se celebrarán en los últimos días del mes de abril, por lo que los expertos prevén que el fallo definitivo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el matrimonio igualitario se dé a conocer a finales del mes de junio.

En el mes de noviembre de 2014, el panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, con sede en Cincinnati, decidió sobre los recursos a cuatro sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por cuatro jueces federales de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee. En los dos primeros casos, referidas a parejas del mismo sexo a las que no se les permite contraer matrimonio, mientras que en Ohio y Tennessee las sentencias obligaban a reconocer matrimonios ya celebrados en otros estados. La ejecución de la sentencias había permanecido en suspenso mientras se decidía la apelación.

El fallo final de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito contradijo las sentencias ya emitidas tanto por el resto de circuitos que se habían pronunciado hasta el momento (el Décimo, el Cuarto y el Séptimo) como por la inmensa mayoría de jueces federales que habían hecho lo propio. El 6ª Circuito consideró así que la decisión o no sobre autorizar el matrimonio igualitario corresponde a los estados y no es una cuestión que deba dirimirse en base a argumentos constitucionales, en concreto a los derechos al debido proceso y a la igual protección recogidos en la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

Los equipos legales de las parejas demandantes decidieron recurrir directamente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que finalmente ha decidido considerar los cuatro casos en este periodo de sesiones. De las apelaciones presentadas, el alto tribunal ha decidido que decidirá sobre las dos cuestiones siguientes:

1. ¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado autorice un matrimonio entre dos personas del mismo sexo?
2. ¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado reconozca el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, cuando dicho matrimonio ha sido legalmente autorizado y tenido lugar fuera de ese estado?

También se ha comunicado el calendario para la presentación de informes. El 27 de febrero deberán presentar sus alegatos escritos los equipos legales de las parejas demandantes. El 27 de marzo lo harán las fiscalías. Finalmente, el 17 de abril los demandantes podrán presentar sus réplicas. La sesión final, en la que se presentarán los alegatos orales, tendrá lugar entre el 20 y el 29 de abril. Se ha establecido un total de 90 minutos de tiempo para la presentación de los alegatos orales referidos a la primera pregunta, y de 60 minutos para los de la segunda.

El alto tribunal ha dado instrucciones a los equipos legales para que únicamente ciñan sus argumentos y alegaciones a la cuestión que corresponda a su caso en concreto. Por ejemplo, en el caso de Michigan únicamente se podrá argumentar respecto a la primera cuestión, mientras que en el caso de Ohio se ceñirán a la segunda.

Según los expertos del prestigioso blog especializado en el Tribunal Supremo SCOTUSblog, es muy probable que la sentencia final sobre el matrimonio igualitario se dé a conocer a finales de junio.

Reacciones esperanzadas de los grupos LGTB

Los portavoces de distintas asociaciones de defensa de los derechos LGTB, varias de ellas incluso implicadas en los equipos legales de los casos que se considerarán, han valorado, en general, con esperanza la actuación del Tribunal Supremo. Os ofrecemos algunas de sus reacciones:

Evan Wolfson, presidente de Freedom To Marry, cree que “la decisión de hoy del Tribunal Supremo es el comienzo de lo que esperamos que sea el último capítulo de nuestra campaña para obtener el matrimonio en todo el país”.

Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign, ha querido hacer referencia a la decisión del Tribunal Supremo en el caso Windsor, que obligó a la autoridad federal a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en los estados donde es legal: “Como dijo el juez Anthony Kennedy en el caso de Windsor, esta es una lucha sobre si nuestras familias son iguales o si son de segunda clase. La Constitución de los Estados Unidos no tolera la ciudadanía de segunda clase, un hecho que ha derrocado prohibiciones matrimoniales discriminatorias desde Utah hasta Arkansas. Hemos llegado al momento de la verdad, los hechos son claros, los argumentos han sido escuchados por docenas de tribunales, y ahora los nueve jueces del Tribunal Supremo tendrán la apremiante oportunidad de garantizar la equidad para innumerables familias, de una vez por todas”.

James Esseks, perteneciente a ACLU (American Civil Liberties Union), cuyo equipo legal está implicado en el caso de Kentucky, declara por su parte que “estamos encantados de que el Tribunal decida por fin sobre esta cuestión. El país está listo para una solución a escala nacional que trate a las parejas de gais y lesbianas de manera justa. Cada día que esperamos significa que más personas morirán antes de que tengan la oportunidad de casarse, más niños nacerán sin las protecciones adecuadas, más personas se enfrentarán a emergencias médicas sin poder contar con el reconocimiento de sus cónyuges. Es hora de que los valores americanos de la libertad y la igualdad se apliquen a todas las parejas”.

Susan Sommer, directora de litigios constitucionales de Lambda Legal, que forma parte del equipo legal del caso de Ohio, estima que “estamos dispuestos a presentar nuestro caso ante el Tribunal Supremo para poner fin a estas prohibiciones discriminatorias de una vez por todas. El estado de Ohio no debe permitir que no se respeten los matrimonios legales de parejas del mismo sexo dentro de sus fronteras estatales y ciertamente no debe entrometerse en los asuntos de familia de los estados que respetan los matrimonios de parejas del mismo sexo. De hecho, ningún estado en el país debe continuar con esta discriminación vergonzosa”.

Fuente Dosmanzanas

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Algunos de los equipos defensores de las parejas del mismo sexo que han demandado a sus estados por no permitirles contraer matrimonio han decidido solicitar que los jueces castiguen las prácticas abusivas de las fiscalías. En Wisconsin y Carolina del Sur se han presentado solicitudes judiciales para que se condene a los representantes jurídicos de los estados a sufragar las minutas de los abogados defensores. Las cifras pueden superar el millón de dólares en Wisconsin y los cien mil dólares en Carolina del Sur.

El equipo legal de la organización de defensa de los derechos civilesAmerican Civil Liberties Union (ACLU) fue el encargado de sostener la demanda presentada por ocho parejas del mismo sexo a quienes el estado de Wisconsin impedía contraer matrimonio o no reconocía sus enlaces celebrados en otros estados. Aunque la sentencia del tribunal federal presidido por la juez Barbara Crabb fue favorable al matrimonio igualitario, los demandantes tuvieron que enfrentarse a prácticas por parte de la Fiscalía de Wisconsin cuyo objetivo era la mera dilación del proceso.

El fiscal general del estado, el fuertemente conservador J.B. Van Hollen, intentó por todos los medios retrasar la ejecución de la sentencia, consiguiendo que la juez Crabb la suspendiera en espera de la apelación. La juez, sin embargo, estableció un plazo de diez días antes de la suspensión, plazo en el cual algunas secretarías de los condados facilitaron licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. La reacción del fiscal fue la de amenazar con demandas a los secretarios que cumpliesen con la sentencia federal y la de calificar a los matrimonios celebrados de “ficticios”.

La Corte de Apelaciones del 7º Circuito, al que pertenece Wisconsin,confirmó la sentencia favorable al matrimonio igualitario, aunque el fiscal continuó recurriendo hasta llegar al Tribunal Supremo. El alto tribunal no admitió a trámite el recurso y desde esa fecha el matrimonio entre personas del mismo sexo adquirió completa legalidad en el estado de Wisconsin.

Pero el equipo legal de ACLU considera que las prácticas disuasorias de la Fiscalía merecen  un resarcimiento. Según se hace constar en la petición presentada, ”la decisión de los demandados de presentar innumerables mociones, hallazgos, nuevos argumentos y tratar frenéticamente de detener los matrimonios, produjo un aumento de la complejidad sustantiva y procesal de los demandantes e incrementó el trabajo de sus abogados, tanto en el tribunal de primera instancia como en el tribunal de apelaciones, y por lo tanto el tiempo requerido para el procedimiento“.

Por ello, teniendo en cuenta que la ley federal en los pleitos civiles puede compensar en este sentido a los demandantes, han solicitado que la Fiscalía de Wisconsin se haga cargo de la minuta del equipo defensor por el trabajo y las horas añadidas con sus prácticas. La cifra asciende a casi 1.250.000 dólares (algo más de 1.000.000 de euros). Desde la oficina del fiscal general no se han querido hacer declaraciones.

Petición de resarcimiento en Carolina del Sur

Los abogados defensores de las parejas del mismo sexo que demandaron al estado de Carolina del Sur por no permitirles contraer matrimonio esgrimen un argumento semejante, aunque con sus diferencias.

Carolina del Sur pertenece al ámbito de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, que en el mes de julio corroboró la sentencia que había declarado inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en el estado de Virginia. Al igual que en el caso de Wisconsin, el Tribunal Supremo no admitió a trámite el recurso contra ese dictamen. Por ello, según argumentan los abogados de los demandantes, el estado de Carolina del Sur debería haber acatado la jurisprudencia de su Corte de Apelaciones, aceptada de facto por el Tribunal Supremo, y haber derogado las leyes que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, la Fiscalía, al cargo del también ultraconservador Alan Wilson, no solo continuó defendiendo esas leyes ante el tribunal federal presidido por el juez Richard Mark Gergel, sino que, cuando este dictaminó a favor del matrimonio igualitario, intentó su suspensión permanente durante el proceso de apelación, que fue denegada por la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, e incluso llegó a recurrir al Tribunal Supremo, que tampoco admitió la solicitud. Tras todo este proceso, se celebraron los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo  en Carolina del Sur.

A pesar de todo, la Fiscalía ha continuado con el proceso de apelación, a sabiendas de la práctica seguridad del resultado adverso a su propósito tanto ante la Corte de Apelaciones del 4º Circuito como ante el Tribunal Supremo.

Y ese es precisamente el argumento del equipo de abogados defensores, que denuncian que todo ese trámite inútil acarrea cientos de horas de trabajo para sus bufetes, que deben contrarrestar ante los tribunales las apelaciones de la Fiscalía. Por ello han solicitado que el departamento presidido por el fiscal Wilson se haga cargo de los emolumentos correspondientes a las horas dedicadas al alargamiento del proceso, que cifran en unos 150.000 dólares (unos 120.000 euros).

Si prosperan estas solicitudes, estos emolumentos se sumarán al no cifrado pero sin duda enorme gasto en recursos públicos, e incluso en contratación de bufetes privados, que los estados han dilapidado en la defensa de las leyes contrarias a la igualdad de derechos LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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Sólo 18 países de todo el mundo permiten a militares transexuales servir abiertamente y Estados Unidos no es uno de ellos.

Aproximadamente 15.500 personas transexuales sirven en las filas del Ejército estadounidense en secreto

En un encuentro de militares transexuales de ejércitos extranjeros en Washington, Donna Harding contó que se unió a las filas australianas para reprimir algo que sentía desde que era joven: era una niña atrapada en el cuerpo de un niño. “Es un proceso bastante frecuente en las personas con un problema de identidad sexual. Intentamos solucionar lo que creemos que tenemos mal y consideramos que el ejército es el lugar para lograrlo“, declaró la mayor Harding.

La mujer hablaba en Washington en una conferencia sin precedentes de militares transexuales en el mundo, que compartieron su experiencia con la esperanza de persuadir al Pentágono y a la administración estadounidense para romper lo que probablemente sea último tabú: aceptar a los miembros de su comunidad en las filas del ejército de Estados Unidos.

La primera conferencia internacional de militares transexuales realizada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha reunido este lunes en Washington a militares transexuales de todas las partes del mundo para compartir experiencias y pedir la eliminación del tabú transexual en el Ejército de Estados Unidos.

Las diferencias entre la política de transexuales estadounidense y la de otros países son numerosas y llamativas. Al menos 18 países permiten servir abiertamente a militares transexuales, incluidos importantes aliados de Washington como Australia, el Reino Unido, Canadá, Suecia y Nueva Zelanda.

En 2011, Estados Unidos derogó una polémica ley conocida como “No preguntes, no digas”, que obligaba a los militares gays y lesbianas a disimular su homosexualidad bajo la amenaza de ser despedidos. Pero extender este derecho a los transexuales es poco probable. Los gays y lesbianas han servido abiertamente en el Ejército estadounidense desde 2011, pero las personas transexuales no pueden. Como explica el Departamento de Defensa de Estados Unidos: “Condiciones psicosexuales, incluyendo pero no limitado a “transexualidad, exhibicionismo, travestismo, voyeurismo y otros parafilias”, no pueden servir en el Ejército.

El ministro de Defensa, Chuck Hagelm, dijo estar abierto a revisar dentro de unos meses la prohibición actualmente en vigor. Pero, en este momento, ningún proceso ha sido iniciado y toda iniciativa que busque a incorporar abiertamente a los transexuales desencadenaría probablemente una viva controversia.

A pesar de la prohibición, aproximadamente 15.500 transexuales de más de un millón de soldados, están en las filas del Ejército estadounidense en secreto. Si se llegara a conocer su identidad, las autoridades estarían obligadas a despedirlos, algo que sería fácil de cambiar, según la mayoría de los participante de la Conferencia Internacional de este lunes.

“Organizacionalmente, no es tan complicado”, ha explicado la sargento transexual de las Fuerzas Aéreas de Nueva Zelanda, Lucy Jordan, y ha añadido que se trata de “invertir en lo más importante de tu organización. Es sobre gente, gente, gente”.

La Corte Suprema de Canadá reguló en 1992 una ley por la que declaraba inconstitucional prohibir a las personas su entrada en el Ejército por razones de orientación sexual o identidad de género. En Reino Unido, nunca ha existido dicha prohibición.

Suiza se convirtió en 1972 en el primer país en el mundo que dejó que la gente cambiase su género legal después de una cirugía de reconvertimiento y la aceptación de los transexuales en el Ejército tuvo lugar en la década de los 90.

Espacios de intimidad

Para Lassaline, que lidera un grupo de personal transexual, la solución pasa por respetar “la privacidad de las personas” y ha añadido, “¿Cuánto cuesta poner una cortina en las duchas?”, en referencia a los baños comunes que deben utilizar los soldados. Además, ha explicado que otras soldados que tienen cicatrices tras sufrir un cáncer de mama u otras operaciones son también reticentes a ducharse de forma común.

Para Donna Harding, transexual y miembro del Cuerpo de Enfermeras del Ejército australiano, “ser capaz de ser abierto y auténtico es la clave”, ya que “los transexuales en el Ejército, todo lo que queremos hacer es servir lo mejor posible y servir con dignidad”.  La mayor Harding se unió a la reserva australiana en el año 2000 antes de integrar el ejército regular en 2004. “He vivido en la angustia constante y el temor de que alguien descubriera mi secreto”, cuenta delante de la audiencia reunida por el Sindicato estadounidense de libertades civiles (ACLU). “He perdido la cuenta del número de veces en las que habría sido fácil estrellar (dirigir) mi vehículo hacia el camión que venía”, relata. Añade que 80% de los transexuales consideran el suicidio y que un 40% ha intentado acabar con sus vidas. Después de someterse a operaciones para transformarse en mujer, Harding trabaja en el Cuerpo Real de Enfermería australiano y estima que “ser honesta y auténtica es la clave para ser capaz de hacer bien su trabajo“.

La mayor Alexandra Larsson, oficial de inteligencia en la Fuerza Aérea de Suecia, relató que tuvo muchas oportunidades y recibió mucho apoyo cuando tuvo el coraje de convertirse en mujer y afirma que tiene “el mejor trabajo del mundo”. “El problema, hoy en día, es que todo depende de quién eres y del lugar donde estés. Y eso no debería ser así. Todo el mundo debería beneficiarse de las mismas oportunidades”, opinó.

LA EDUCACIÓN, UN ELEMENTO CRUCIAL

El factor crucial para que los transexuales sean aceptados en los ejércitos es la educación. Por eso trabajan para que quienes toman la difícil decisión de cambiar su identidad sexual puedan hacerlo con dignidad y seguridad.

Y algunas evidencias sugieren que aceptarlos no tendría ningún efecto en la eficacia operacional del ejército.

“Sin ninguna duda, mientras más políticas de aceptación se afinen, mejores son nuestras operaciones porque tendremos personas que son auténticas en su lugar de trabajo sin tener que ocuparse de los desafíos personales en paralelo”, subrayó Sarah Maskell, jefe de escuadrón en la Fuerza Aérea Real británica.

Compartir las duchas, el tratamiento médico y el cuidado deben ser cuestiones bastante fáciles de ajustar haciendo uso del sentido común, dijeron participantes de este encuentro.

La sargento Lucy Jordan, primer militar de las fuerzas de Nueva Zelanda en transformarse en mujer después de su incorporación, saludó el apoyo que recibió de parte de su comandante. “Lo que mi organización me ha dado, y esto que hacemos aquí, es ante todo para invertir en lo más importante de nuestra organización, es decir sus miembros”.

Fuente t fotografía: El Nuevo Diario

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La legalización del matrimonio igualitario en Nevada, estado donde su ubica la ciudad turística de Las Vegas, ha permitido que se abra una nueva línea de negocio para los empresarios del ocio de la ciudad del juego: las bodas de parejas del mismo sexo. Pero algunos de los centros dedicados a celebrar ceremonias de matrimonio han declarado que rechazarán a este tipo de parejas, alegando un conflicto con sus creencias religiosas. Por otra parte, en el estado de Wyoming se han celebrado las primeras bodas de parejas del mismo sexo tras la comunicación oficial por parte de la Fiscalía General de que no presentarán apelación contra la sentencia que permite el matrimonio igualitario.

Después de que, a principios de ese mes de octubre, la Corte de Apelaciones del 9º Circuito declarara inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Nevada, las asociaciones de empresarios de la ciudad de Las Vegas procedieron a publicitar esta novedad legal con el fin de atraer un nuevo tipo de turista a la ciudad: la pareja del mismo sexo que quiere casarse de manera rápida y disfrutar de las peculiaridades que ofrecen sus capillas de boda y las demás instalaciones de ocio. Para ello lanzaron una campaña en prensa dirigida específicamente a este sector de la población, con inserción de anuncios a toda página. Las autoridades de la ciudad, por su parte, han abierto incluso una página web dedicada exclusivamente a informar a la población LGTB local y visitante de las nuevas oportunidades que se abren con la reciente situación legal.

Sin embargo, algunas de las afamadas capillas de boda de la ciudad han declarado que rehusarán formalizar los matrimonios de parejas del mismo sexo debido a las creencias religiosas de sus propietarios. Así lo afirmaba la dueña de Vegas Wed Chapel, local abierto las 24 horas donde se puede contraer matrimonio con distintas modalidades de ceremonia, desde el ambiente hawaiano a la boda oficiada por un imitador de Elvis Presley. Su propietaria, que se declara perteneciente a la confesión de cristianos renacidos, considera que “sería una hipócrita si dijera que soy una persona creyente en la Biblia y sin embargo quisiera formalizar un matrimonio que para los creyentes va contra la ley de Dios”. Los propietarios de una de las capillas de boda más célebres, The Elvis Wedding Chapel, comunicaron también su oposición a celebrar matrimonios de parejas del mismo sexo, aunque rehusaron hacer más declaraciones.

Pero esta decisión, en opinión de la asociación de defensa de los derechos civiles American Civil Liberties Union (ACLU), contravendría la legislación del estado de Nevada, pues desde 2011 se incluyó la prohibición de la discriminación por razón de orientación sexual en la Ley para Establecimientos Públicos del estado, que incluye a los proveedores de servicios. Tan solo las instituciones religiosas están exentas de cumplir esa normativa.

Las capillas de boda no son centros religiosos, sino establecimientos comerciales con ánimo de lucro, y deben atenerse a lo establecido por la ley, como ocurre con las pastelerías que sirven tartas de boda o los fotógrafos que realizan reportajes de las ceremonias. Los propietarios de las capillas obtienen una licencia que les permite celebrar matrimonios civiles tras comprobar que las parejas contrayentes cumplen los requisitos establecidos por las leyes de Nevada, pero no pueden discriminar a esas parejas en base a su orientación sexual. Si lo hacen, según ACLU, se enfrentarían a sanciones económicas e incluso a la pérdida de la licencia.

Primeras bodas en Wyoming, con el recuerdo de Matthew Shepard

El juez federal Scott W. Skavdahl dictó el pasado 17 de octubre una medida cautelar contra la normativa que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de Wyoming, a la que declaró inconstitucional, aunque suspendiendo su aplicación hasta el próximo jueves 23 de octubre o hasta que la administración del estado comunicara su intención de no apelar su fallo. El gobernador Matthew H. Mead informaba poco después de que la Fiscalía General de Wyoming no presentaría apelación contra el mandato del juez Skavdahl y que lo comunicaría oficialmente antes del plazo establecido.

Y efectivamente, este 21 de octubre la Fiscalía General comunicaba al tribunal del juez Skavdahl que no recurriría ante la Corte de Apelaciones su medida cautelar, y el tribunal inmediatamente emitía una orden que levantaba su suspensión temporal. Desde ese momento, ya se podían celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo en Wyoming, lo cual ocurrió esa misma tarde. Travis Gray y Dirk Andrews eran los primeros en casarse en el condado de Casper, mientras que AJ & Jennifer hacían lo propio en el condado de Laramie.

Nadie ha olvidado en esta fecha tan relevante para los derechos LGTB en Wyoming que fue precisamente en este estado, concretamente en el citado condado de Laramie, donde en octubre de 1998 fue torturado y asesinado por ser homosexual el joven de 21 años Matthew Shepard. Lo espantoso de este terrible crimen tuvo como consecuencia que se aprobara la Matthew Sephard Act, una legislación federal que considera los crímenes cometidos por razón de orientación sexual e identidad de género crímenes de odio también a nivel penal.

Fuente Dosmanzanas

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Es el cuarto magistrado federal que anula la enmienda aprobada en el 2008

Nueva sentencia de un juez federal declarando inconstitucional la prohibición del matrimonio en un estado de los Estados Unidos, y no precisamente poco importante. Florida se suma a la ya larga lista de estados en los que se han producido sentencias favorables al matrimonio igualitario, aunque su ejecución queda de momento paralizada hasta que se decidan los recursos. Con Florida, además, se abre la puerta a que el 11º Circuito de Apelaciones (con jurisdicción también sobre los estados de Georgia y Alabama) tenga que pronunciarse sobre la materia… si es que antes no lo hace el propio Tribunal Supremo.

Un juez federal declaró hoy inconstitucional la ley que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo en Florida , informó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de ese estado. El pasado 4 de agosto un juez del condado de Broward, al norte de Miami, declaró inconstitucional la misma ley, y el pasado 25 de julio una jueza de Miami falló a favor de una demanda presentada este año por seis parejas de homosexuales que buscaban anular la prohibición de estas uniones en Florida.

El juez Robert L. Hinkle anuló la prohibición del matrimonio homosexual, pero esta resolución queda en suspenso pendiente de la apelación por parte del estado de Florida.

Según la ACLU de Florida, que interpuso la demanda en nombre de ocho parejas, una mujer viuda residente de Fort Myers y la organización SAVE, el magistrado argumentó que la «razón fundamental del estado para negar el reconocimiento de los matrimonios no tiene ninguna base racional». En su decisión, el juez sostuvo que, «al negar a los demandantes el derecho fundamental a contraer matrimonio, la prohibición del matrimonio de Florida viola el debido proceso y las cláusulas de igualdad de protección de la Constitución de Estados Unidos», según ACLU.

La argumentación del juez Hinkle (cuya sentencia puedes descargar aquí) es similar a la de sentencias previas en otros estados, al considerar que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Florida (aprobada por referéndum en 2008) viola el derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. No nos resistimos, sin embargo, a reproducir su inicio, que nos parece especialmente significativo (la traducción es propia):

“Los fundadores de esta nación establecieron en el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos que uno de sus objetivos era asegurar para nosotros y para nuestra posteridad los beneficios de la libertad. Pero la libertad ha llegado más lentamente para unos que para otros. Fue en 1967, casi dos siglos después de que la Constitución entrara en vigor, cuando el Tribunal Supremo anuló las leyes estatales que prohibían el matrimonio interracial, protegiendo así la libertad de las personas que habían elegido como pareja en sus vidas alguien de una raza diferente. Ahora, casi 50 años después, los argumentos que defendían la prohibición del matrimonio interracial nos parecen obvios pretextos racistas. Debe ser difícil para aquellos que no vivieron esa época entender que entonces hubo quienes los defendieron de forma honesta. Cuando dentro de 50 años las personas echen la vista atrás, los argumentos de los que ahora defienden igual de honestamente la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo parecerán obvios pretextos discriminatorios. Y los que no hayan vivido esta época se preguntarán cómo es posible que alguien los defendiera”.

Hinkle deja cautelarmente en suspenso la aplicación de la sentencia hasta que se decida la probable apelación o hasta que el Tribunal Supremo aclare definitivamente la situación.

Eso sí, la suspensión no afecta al caso de Arlene Goldberg, la mujer que solicitaba ser formalmente reconocida como la viuda de Carol Goldwasser, la que fue su pareja durante 47 años y con la que contrajo matrimonio en 2011 en Nueva York. El juez considera que en este caso no hay razón de peso que alegar para oponerse al reconocimiento y ordena que se proceda a la modificación del certificado de defunción

«Estoy muy contenta de que el estado al que consideramos nuestro hogar pronto reconocerá que lo que Carol y yo tuvimos fue un matrimonio», afirmó Arlene Goldberg, que presentó la demanda después de que falleciera su esposa y compañera durante 47 años, Carol Goldwasser.

Hinkle es el cuarto juez del sur de Florida que anula la prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo por considerarla inconstitucional. Los electores de Florida votaron una enmienda en el 2008 que prohíbe el matrimonio gay y lo define como sólo la unión entre un hombre y una mujer. Pero en junio del 2013 el Tribunal Supremo dio un paso decisivo a favor del matrimonio homosexual al declarar inconstitucional la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA), que definía el matrimonio como «la unión entre un hombre y una mujer» e impedía, por tanto, que los homosexuales casados en los estados donde es legal lograran reconocimiento y beneficios fiscales a nivel federal.

Fuente La Voz de Galicia

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Añadiendo un nuevo eslabón a la cadena de sentencias favorables a los derechos de las personas LGTB de este mes de mayo, el juez federal John E. Jones ha resuelto que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo que establecen las leyes de Pensilvania es inconstitucional. El juez Jones no ha dictado una suspensión temporal de su fallo, pero sí ha ordenado la inmediata expedición de licencias de matrimonio a las parejas el mismo sexo que las soliciten, hecho que ya se ha producido. Sin embargo, las leyes de Pensilvania obligan a una espera de tres días hábiles desde que la licencia es expedida hasta que el matrimonio pueda llevarse a cabo, a menos que un juez exima a la pareja de esa dilación. La oficina del gobernador aún no ha comunicado si apelará la decisión del tribunal federal.

La Constitución del estado de Pensilvania no recoge una prohibición expresa del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero en 1996 fue aprobada una ley en ese sentido, que además impedía reconocer los matrimonios de este tipo celebrados en otros estados donde son legales. Contra esta ley presentaron una demanda conjunta diez parejas del mismo sexo de Pensilvania, dos de sus hijos y una viuda. En la demanda arguían que impedirles contraer matrimonio o no reconocer los celebrados en otros estados basándose en que se trataba de parejas del mismo sexo vulneraba sus derechos a la igual protección y debido proceso reconocidos por la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

La fiscal general de Pensilvania, Kathleen Kane, se negó a defender dicha ley ante el tribunal federal, declarando que “no puedo defender éticamente la constitucionalidad de la ley de Pensilvania (que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo), porque creo que es completamente inconstitucional”. El gobernador, Tom Corbett, que llegó a argumentar su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo comparándolo con el incesto o los matrimonios con menores de 12 años, decidió contratar a un despacho privado de abogados para que defendiera la ley ante el juez Jones, cuya tarifa ascendía a más de 400 dólares a la hora.

Otra sentencia favorable

Ese dispendio de dinero público no parece haber demostrado su utilidad, pues finalmente el juez Jones ha dictaminado a favor de las parejas demandantes, estimando que, efectivamente, sus derechos constitucionales a la igual protección y debido proceso eran vulnerados por la legislación de Pensilvania.

El preámbulo de la sentencia evidencia lo que ya es un proceso imparable: “nos unimos a los doce tribunales federales de distrito de todo el país que, cuando se han enfrentado a estas desigualdades en sus propios estados, han llegado a la conclusión de que todas las parejas se merecen la misma dignidad en el ámbito del matrimonio civil”.

Tras los argumentos jurídicos, semejantes a los considerados en las sentencias de Utah, Oklahoma, Texas, Virginia, Michigan, Arkansas,  Idaho y Oregón, el juez concluye con una reflexión de fondo, en la que llega a comparar la discriminación que supone la prohibición del matrimonio a las parejas del mismo sexo con las leyes de segregación racial vigentes en los Estados Unidos hasta mediados del pasado siglo:

El asunto que resolvemos hoy supone una división. Algunos de nuestros ciudadanos se sienten profundamente incómodos con la noción del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, que el matrimonio entre personas del mismo sexo cause malestar en algunos no hace constitucional su prohibición. Tampoco puede prevalecer la tradición del pasado sobre las garantías constitucionales al debido proceso y la igual protección. Si no fuera así, la nuestra seguiría siendo una nación racialmente segregada según la doctrina ahora legítimamente descartada de ‘separados pero iguales’. En los sesenta años desde que se resolvió el proceso de Brown contra la Junta de Educación, afortunadamente se ha desvanecido de la historia el ‘separados’ y solo permanece el ‘iguales’. Del mismo modo, en las generaciones futuras será abandonada la etiqueta de ‘matrimonio entre personas del mismo sexo’ para ser reemplazada simplemente por la de ‘matrimonio’.

Somos un pueblo mejor que lo que representan estas leyes, y es hora de arrojarlas al vertedero de la historia.

Incierta apelación

Por el momento, la oficina del gobernador Corbett no ha anunciado si presentará la correspondiente apelación y petición de suspensión de la sentencia, como en los casos de Utah, Oklahoma, Texas, Virginia, Michigan, Arkansas e Idaho. Al no haber dictado dicha suspensión el juez Jones, las licencias de matrimonio ya han sido expedidas, aunque, como comentábamos, la demora de tres días hasta que puedan ejecutarse proporcionaba en un principio un margen para que la apelación pudiera ser presentada antes de que se celebrara algún matrimonio. Sin embargo, al prever la ley que un juez pueda eximir de esa demora a una pareja solicitante, se ha informado de que ya ha tenido lugar el primer matrimonio legal de una pareja del mismo sexo en Pensilvania.

La delegación de la organización de defensa de los derechos civiles ACLU (American Civil Liberties Union) en Pensilvana ha abierto una petición on-line para solicitar al gobernador que no apele la sentencia y que Pensilvania se convierta definitivamente en el decimonoveno estado de los Estados Unidos en permitir el matrimonio igualitario.

La que sí que ha formulado una declaración es la fiscal general Kathleen Kane, que desde la cuenta de Facebook de la Fiscalía expresaba su satisfacción por la sentencia, calificando esta fecha como “un día histórico” pues “se hace justicia a los ciudadanos de Pensilvania que han sufrido una protección desigual ante la ley debido a su orientación sexual”.

Estaremos pendientes de la decisión del gobernador al respecto para seguir informando.

Continúa la avalancha

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio de 2013, se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Pensilvania se une a los estados en los que las sentencias han dado resultados favorables, como en el caso de Utah, Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan, Arkansas, Idaho y Oregón. Sin embargo, exceptuando a Oregón, todas las demás sentencias están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones.

En Kentucky y Ohio se ha resuelto a favor del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo celebrados en otros estados donde están permitidos, con las sentencias también en suspenso. En Tennessee e Indiana ese reconocimiento se circunscribe únicamente a las parejas demandantes, aunque el precedente ya se ha establecido.

En dosmanzanas también hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como la de Nevada), pero en realidad el proceso alcanza ya a treinta estados que cubren todos los territorios judiciales del país. Todo apunta a que esta auténtica avalancha judicial tendrá que culminar más pronto que tarde en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Actualmente, y en espera de que se resuelvan las diversas apelaciones y procesos, en los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 18 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales.

Fuente Dosmanzanas

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Además del vertiginoso y variopinto proceso judicial en el que se haya incurso el matrimonio igualitario en los Estados Unidos, existen también pequeños avances en el reconocimiento de los derechos LGTB que suman pasos en el camino hacia la igualdad. Así, una juez de Misuri, estado donde no es legal el matrimonio igualitario, ha concedido el divorcio a una pareja de lesbianas que había contraído legalmente matrimonio en Massachusetts en 2009. La Corte Suprema de Alaska, otro estado que no reconoce el matrimonio igualitario, ha dictaminado que las parejas del mismo sexo deben acceder a las exenciones fiscales estatales establecidas para los matrimonios. Por su parte, el Senado de California, donde sí está permitido el matrimonio igualitario, ha aprobado un proyecto de ley para aplicar un lenguaje inclusivo en el Código de Familia del estado, en el que aún se define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer.

Concedido el divorcio a un matrimonio de lesbianas en Misuri

La juez Leslie Schneider, cuyo tribunal se ubica en el condado de Boonty, en el estado de Misuri, ha concedido el divorcio a la pareja formada por Dena y Samantha Latimer, que contrajeron matrimonio en el estado de Massachusetts en el año 2009. Residentes en la actualidad en la ciudad de Columbia, Misuri, la pareja no podía solicitar su divorcio a la administración de Massachusetts, pues sus leyes requieren que los peticionarios sean residentes en el estado.

A esta dificultad se añadía el que las leyes del estado de Misuri no solo no permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que tampoco reconocen los matrimonios de este tipo celebrados en estados donde están permitidos. Es decir, para el estado de Misuri Dena y Samantha no estaban legalmente casadas. La juez Schneider, sin embargo, ha considerado que su tribunal podía dictaminar sobre un matrimonio no reconocido por el estado, basándose en la jurisprudencia y, sobre todo, ha dictaminado que las leyes de Misuri que prohíben el matrimonio igualitario entran en conflicto con los derechos a la igual protección y al debido proceso recogidos en la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El divorcio, por consiguiente, ha sido concedido.

Si bien la sentencia tan solo afecta a las demandantes, ya que no se trataba de un caso contra la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, se sienta un nuevo precedente en el reconocimiento legal de los derechos LGTB. Actualmente en Misuri la ACLU (American Civil Liberties Union) tiene interpuesta una demanda en los tribunales estatales en representación de seis parejas del mismo sexo, en la que se solicita el reconocimiento de sus matrimonios celebrados en otros estados. La audiencia está fijada para el próximo mes de septiembre.

Exenciones fiscales para las parejas del mismo sexo en Alaska

Alaska es, junto a Montana y Dakota del Norte, uno de los tres estados de los Estados Unidos donde aún no hay presentadas demandas para el reconocimiento del matrimonio igualitario. Sin embargo, una reciente sentencia sí que ha reconocido algunos derechos para las parejas del mismo sexo.

Tanto el estado de Alaska como la ciudad de Anchorage establecen una exención fiscal en la valoración de la vivienda habitual de 150.000 dólares a los matrimonios en el que al menos uno de sus miembros sea jubilado o veterano discapacitado. Como el matrimonio entre personas del mismo sexo no es legal en el estado, estas parejas son consideradas como meros cohabitantes que no pueden acceder a la exención, con el consiguiente incremento en el  monto de sus impuestos.

También fue ACLU quien demandó al estado de Alaska y a la ciudad de Anchorage por esta evidente y dolosa discriminación. La Corte Suprema del estado dictaminó el pasado 25 de abril que la discriminación de las parejas del mismo sexo en el acceso a las exenciones fiscales es inconstitucional, ordenando su aplicación inmediata a este colectivo. Joshua Decker, director ejecutivo de ACLU en Alaska, expresaba su satisfacción por la sentencia, ya que “nuestros jubilados y veteranos no deberían tener que pagar más impuestos solo porque son gais o lesbianas”.

Lenguaje inclusivo en el Código de Familia de California

El Senado de California aprobó, por una mayoría de 25 votos contra 10, un proyecto de ley para la modificación del Código de Familia del estado. Su objetivo es eliminar del mismo la definición del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, que aún persiste, que se sustituiría por la fórmula “relación personal derivada de un contrato civil entre dos personas”. También se suprimiría del Código la limitación para no reconocer los matrimonios entre personas del mismo contraídos en otros estados.

Ciertamente, tanto la definición del matrimonio como la mencionada limitación no son de aplicación actualmente en California, ya que los tribunales, en un largo, accidentado y finalmente venturoso proceso, establecieron que la prohibición del matrimonio igualitario en ese estado era inconstitucional. Pero precisamente el hecho de que no haya habido una reforma legislativa es lo que ocasiona que permanezcan aún estas incongruencias en los códigos y registros civiles.

El senador demócrata Mark Leno, ponente del proyecto, aclaraba que, precisamente, su objetivo era  “actualizar nuestro Código de Familia para cumplir con las decisiones judiciales”. El proyecto de ley deberá ser considerado ahora por la Asamblea Estatal de California.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos no ha admitido a trámite el recurso de una empresa de fotografía que se negó a ofrecer sus servicios a una pareja del mismo sexo, por lo cual fue sancionada por la administración de Nuevo México al vulnerar el Acta de Derechos Humanos del estado. La decisión del alto tribunal ha sido acogida con satisfacción por las organizaciones LGTB, cuya esperanza es que los tribunales impidan la aplicación de normas discriminatorias como la aprobada recientemente en Mississippi.

En 2006, la pareja formada por Vanessa Willock y Misti Collinsworth decidió celebrar su unión por medio de una ceremonia privada a la que estaban invitados sus familiares y amigos. No se trataba estrictamente de una boda, pues el matrimonio entre personas del mismo sexo no fue legalizado en Nuevo México, su estado de residencia, hasta 2013. Sin embargo, para ellas tenía la misma relevancia. Por ello quisieron contratar los servicios de Elane Photography, con el objetivo de que hiciera un reportaje fotográfico que inmortalizara ese momento tan importante en sus vidas.

Sin embargo, Elane Photography rehusó efectuar el reportaje fotográfico alegando que participar en una ceremonia de este tipo contravenía sus creencias religiosas. Vanessa Willock decidió presentar la correspondiente demanda ante la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo México, que dictaminó a su favor por encontrar la negativa discriminatoria. Elane Photography interpuso el correspondiente recurso contra esa decisión ante la Corte de Apelaciones, alegando que, al ser la fotografía un medio de expresión, su negativa estaba amparada por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, el recurso fue desestimado en junio de 2012.

Siguiendo el procedimiento judicial, la empresa recurrió ante la Corte Suprema de Nuevo México, que en agosto de 2013 resolvió también en su contra, confirmando lo dictaminado en primera instancia por la Comisión de Derechos Humanos. En su fallo, los jueces de la Corte Suprema estimaron que “llegamos a la conclusión de que un negocio de  fotografía comercial que ofrece sus servicios al público, aumentando así su visibilidad ante clientes potenciales, está sujeto a las disposiciones antidiscriminatorias del Acta de Derechos Humanos de Nuevo México y debe ofrecer sus servicios a las parejas del mismo sexo en las mismas condiciones que los ofrece a las parejas de distinto sexo. Por lo tanto, cuando Elane Photography se negó a fotografiar una ceremonia de compromiso entre personas del mismo sexo, violó  el Acta de Derechos Humanos de Nuevo México de la misma manera que si se hubiera negado a fotografiar una boda entre personas de diferentes razas”.

La sentencia favorable a la igualdad queda confirmada

El último recurso que le quedaba a Elane Photography era el Tribunal Supremo, a quien volvió a plantear su derecho a discriminar a sus clientes debido a sus creencias religiosas, amparándose en la Primera Enmieda. Sin embargo, este lunes 7 de marzo el Tribunal Supremo ha dado a conocer su decisión de no admitir a trámite el recurso, con lo que se confirma lo dictaminado por la Corte Suprema de Nuevo México.

Esta decisión ha sido acogida con satisfacción por organizaciones de defensa de los derechos civiles como ACLU (American Civil Liberties Union), preocupadas porque normas como la recientemente aprobada en Mississippi amparen la discriminación de las personas LGTB con la excusa de proteger la libertad religiosa. Su interpretación es que el alto tribunal no ha encontrado que haya habido ninguna vulneración de derechos constitucionales.

Respecto a este asunto, ACLU ha emitido el siguiente comunicado: “ningún tribunal ha dictaminado que a las empresas les ampare la Primera Enmienda en su derecho a discriminar, y no es de extrañar que el Tribunal Supremo haya rechazado este intento de revocar lo establecido por la ley. Ofrecer servicios comerciales como fotografías de bodas, venta de tartas nupciales o arreglos florales, no significa que el propietario de un negocio respalde el matrimonio de un cliente. El negocio está simplemente prestando un servicio comercial. Todo el mundo tiene derecho a expresar sus opiniones sobre cualquier tema que desee, y eso incluye a los dueños de negocios. Pero todos los negocios tienen que acatar las mismas reglas, para proteger a sus clientes frente a la discriminación del mercado”.

Fuente Dosmanzanas

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Si ayer nos alegrábamos poque había ocurrido todo lo contrario en otros cuatro  estados, hoy tenemos que informar de queen Arizona, la intolerancia religiosa se ha impuesto sobre la ley civil y los derechos humanos…

Una pizzería de Arizona se reserva el derecho de admisión a ‘legisladores homófobos’

Hace pocos días Kansas conseguía resistir el embate homófobo, pero Arizona no ha podido. Las cámaras legislativas de ese estado han aprobado una ley que autoriza la discriminación de las personas LGTB en base a las creencias religiosas de los prestadores de servicios. Eso sí, a diferencia del proyecto que se debatió en Kansas, la ley de Arizona solo será aplicable a servicios de titularidad privada, no a funcionarios públicos. Todo apunta a que la gobernadora del estado, la republicana Jan Brewer, firmará la ley, pese al llamamiento que sectores económicos le han hecho para que la vete.

La norma fue aprobada el miércoles por el Senado de Arizona por 17 votos a favor (los de todos los senadores republicanos) y 13 en contra (los de todos los senadores demócratas), dejando claro que en este estado la identificación de los republicanos con las posiciones discriminatorias es mucho más sólida que en otros lugares de Estados Unidos. Un día después era la Cámara de Representantes la que le daba su visto bueno por 33 votos a favor (todos ellos republicanos) y 27 en contra (los de los 24 demócratas y 3 republicanos). Los tres únicos representantes republicanos que votaron contra la discriminación fueron Heather Carter, Kate Brophy-McGee y Ethan Orr.

La ley “relativa al libre ejercicio de la religión” (que puedes descargar, en inglés, pinchando aquí) fue una propuesta de grupos conservadores ligados a la derecha religiosa que los legisladores republicanos no han dudado en hacer suya. Si entra en vigor, el propietario de cualquier negocio podrá negarse a atender a clientes cuando ello colisione “de forma sustancialmente motivada” con su fe, una licencia discriminatoria que hasta ahora solo estaba permitida para organizaciones religiosas. Aunque el texto no las menciona, el objetivo de la ley no es otro que las personas LGTB, que a partir de ahora pasan a ser ciudadanos de segunda clase a los que se podrá denegar servicios sin que ello suponga una infracción.

Los defensores de la ley argumentan que ello impedirá, por ejemplo, que un fotógrafo opuesto al matrimonio igualitario por razones religiosas pueda negarse a prestar sus servicios en una boda entre personas del mismo sexo (aunque Arizona no permite a día de hoy tales bodas), pero lo cierto es que los términos de la ley son lo suficientemente ambiguos como para permitir que cualquier persona LGTB sea rechazada en un comercio, en un restaurante, en una sala de espectáculos o en un hotel, por mencionar algunos ejemplos. Si la persona acude a la justicia, quedará a interpretación del juez determinar si la discriminación está suficientemente fundada en las “creencias religiosas” o no.

“Intentamos proteger la libertad religiosa”, ha justificado el representante republicano Steve Montenegro. “No queremos que el gobierno venga y obligue a una persona a actuar contra sus sagradas creencias religiosas o que se vea forzado a ello porque es el propietario de un pequeño negocio”, ha añadido. Para el representante demócrata Rubén Gallego, sin embargo, “el mensaje es el siguiente: ‘queremos que trabajes aquí, pero no estamos dispuestos a protegerte, a proteger tus derechos, a proteger a tu familia’”.  ”Justificar la discriminación contra la comunidad LGTB o contra otros utilizando la religión es una afrenta a todos los ciudadanos de Arizona. Esta no es la Arizona en la que quiero vivir. Esta no es la Arizona en la que la comunidad LGTB quiere vivir”, ha afirmado el también representante demócrata Demion Clinco, él mismo abiertamente gay. Por su parte, Victoria López, directora de programas de la ACLU (American Civil Liberties Union) en Arizona, ha expresado que su organización está examinando con detalle la legalidad de la norma.

Líderes económicos del estado piden a la gobernadora que vete la ley

Pero la oposición a la norma no proviene solo de la comunidad LGTB, de los políticos demócratas o de las organizaciones de defensa de los derechos civiles. Sectores económicos del estado no ven con buenos ojos una ley que coloca a Arizona en el ojo del huracán como un estado irrespetuoso hacia las minorías, como ya sucedió hace pocos años cuando el estado aprobó una polémica ley antiinmigración, que ya entonces produjo un boicoteo hacia el estado de Arizona con importantes consecuencias económicas.

El Consejo Económico del Gran Phoenix (Greater Phoenix Economic Council) una entidad que busca atraer inversiones a la capital del estado y a su región, ha dirigido por ejemplo una carta a la gobernadora Brewer en la que expresamente le piden que vete la ley. La carta está firmada por su presidente ejecutivo, Barry Broome, y por el presidente de su consejo, James Lundy (que a su vez es el presidente del Alliance Bank of Arizona).

Fuente Dosmanzanas

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Leemos en Dosmanzanas que Mike Turner, congresista republicano de la Cámara de Representantes de Oklahoma, ha presentado un proyecto de ley para prohibir cualquier forma de matrimonio en el estado. El objetivo del proyecto sería impedir que los enlaces entre personas del mismo sexo tengan lugar en Oklahoma si la Corte Federal de Apelaciones suscribe la sentencia del juez Terence C. Kern, que el pasado 14 de enero declaró inconstitucional la limitación del matrimonio a las parejas del mismo sexo recogida en las leyes del estado.

Crece el temor entre las filas más conservadoras a que la Corte Federal de Apelaciones de Denver, que debe decidir sobre las sentencias, ahora en suspenso, que abrieron el matrimonio igualitario en Utah y Oklahoma, sea favorable a los derechos LGTB. La decisión de la Corte Federal de Apelaciones de San Francisco respecto a la ilegalidad de rechazar a un jurado por razón de su orientación sexual, otorgando a esta el mismo grado de protección contra la discriminación que al sexo o la raza, no ha hecho más que aumentar esa inquietud.

Pero lo que no cabía esperar es que el grado de fanatismo homófobo llegara al punto de querer erradicar la figura misma del matrimonio antes que permitir su disfrute a las parejas del mismo sexo. Así lo ha hecho el republicano Mike Turner, presentando en la Cámara de Representantes de Oklahoma un proyecto de ley que prohibiría la celebración y reconocimiento de cualquier matrimonio en el estado. La iniciativa tiene el formato denominado “shell bill”, es decir, un proyecto de ley sin apenas contenido que puede enmendarse en cualquier momento según las circunstancias. El objetivo de Turner, pues, sería modificarlo a conveniencia, o incluso retirarlo, según lo que dicte la Corte Federal de Apelaciones de Denver en su momento.

Según Mike Turner, sus electores “están dispuestos a discutir acerca de si el matrimonio debe ser regulado por el estado”, estimando además que la opción de abandonar en Oklahoma el reconocimiento del matrimonio civil es “sin duda una opción realista y algo que debería formar parte del debate”. Turner afirma tener el apoyo de otros representantes conservadores, que mantendrían idéntico punto de vista.

Para Ryan Kiesel, director ejecutivo de ACLU (American Civil Liberties Union, organización de defensa de los derechos civiles de las minorías) en el estado, estos representantes “están totalmente fuera de contacto con los ciudadanos de Oklahoma”, y cree que en el futuro este tipo de reacciones serán cada vez más escasas. Según Kiesel, la ACLU ha sido incapaz de encontrar un estado que haya erradicado completamente el matrimonio.

En todo caso, la idea de arrebatar a todos los ciudadanos un derecho con el fin de que una minoría no pueda disfrutarlo no sería novedosa en Oklahoma. Cuando la autoridad federal obligó a los estados a que ofrecieran a los miembros de la Guardia Nacional legalmente casados con una persona de su mismo sexo los mismos beneficios establecidos para cualquier matrimonio, la gobernadora Mary Fallin decidió suprimir todos esos beneficios para todas las parejas casadas, incluidas las de distinto sexo, antes de verse obligada a ofrecérselos a los miembros de un matrimonio homosexual.

Homofobia/ Transfobia. ACLU, Corte de Apelaciones de San Francisco, Corte de Apelaciones del 10º Distrito (Estados Unidos), Discriminación, Estados Unidos, Mary Fallin, Matrimonio, Mike Turner, Oklahoma, Utah