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Nuevo gobierno de Paraguay promete combatir “ideología de género” y quitar ayudas sociales a las infancias

Jueves, 24 de agosto de 2023
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IMG_0240Santiago Peña

Paraguay recibe a un nuevo gobierno, el del presidente electo Santiago Peña, en un contexto político marcado por desinformaciones basadas en género. La gestión que asume el 15 de agosto anticipó que buscará derogar un convenio que financia ayuda social para niñeces. También habla de fusionar ministerios y combatir “ideología de género”.

ASUNCIÓN, Paraguay. Paraguay recibe a un nuevo gobierno con un contexto político marcado por el odio y desinformaciones basadas en género. Luego de que el Partido Colorado consolidara su hegemonía sumándole 5 años a los 75 de poder casi ininterrumpido, el presidente electo Santiago Peña y su equipo presentan medidas que podrían eliminar los ministerios de la Mujer, Niñez y Adolescencia y Secretaría de la Juventud. Además, anunció que promulgará un acuerdo que deroga un convenio con la Unión Europea para financiar la educación.

Con discursos basados en la “defensa de la vida y la familia”, la “pérdida de la patria potestad” y el fantasma de la “ideología de género” en la educación, 70 diputados y diputadas, en su mayoría de la bancada cartista, votaron a favor la derogación de la Ley 6.659/20 el 9 de agosto. Esta aprueba el convenio financiero con la Unión Europea (UE) por el cual otorga fondos de 38 millones de euros para el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que estaban destinados a kits escolares, platos de comida y gastos en infraestructura.

A finales del 2022, en plena campaña electoral, el documento de derogación obtuvo media sanción pero no hubo quórum en el Senado para su aprobación. La semana pasada, los legisladores votaron tras casi tres horas de exposición de argumentos -pese a los varios intentos por cerrar el debate- y se ratificaron en su posición inicial. Hubo seis votos en contra y una abstención.

Ahora el proyecto de derogación del acuerdo con la UE vuelve al Senado donde se requiere mayoría absoluta (30 votos) para promulgar o vetar esta iniciativa. Esta mañana, el presidente electo Santiago Peña adelantó que promulgará la derogación del convenio.

El actual titular del MEC, Nicolás Zárate, expresó en el contexto de la decisión de Diputados que al derogar la ayuda “le están quitando el almuerzo escolar” a los niños. “Realmente me da mucha rabia este tema, me molesta sobremanera. Este miércoles, por la insensibilidad de los diputados, que no estuvieron a la altura de lo que el pueblo les pide, han derogado una donación, un dinero que era de los chicos”, dijo en una entrevista. 

«Quieren atentar contra los derechos»

A pesar de que el proyecto ‘Que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea y Paraguay para el programa de apoyo a la transformación del sistema educativo en Paraguay’ no interviene en la malla curricular de la educación pública en el país, el oficialismo se encargó de instalar mentiras desde las internas partidarias del año pasado. Entre las más graves, dicen que se pretende “homosexualizar” a los niños, niñas y adolescentes del país a través de la implementación de la “ideología de género” en la educación. Respondiendo así a las demandas de los movimientos antiderechos, con el pastor Miguel Ortigoza como uno de los principales voceros de la mentira. 

La posición de la senadora Blanca Ovelar se hizo viral por la contundencia de sus argumentos contra representantes de la facción cartista su propio partido. “Quiero decirle a la sociedad, es mentira que van a instrumentalizar a tus hijos, es mentira que les van a enseñar a ser homosexuales. Es un disparate irresponsable de gente que no está formada y está fanatizada con un interés electoral”, señaló. 

También explicó en esta nota que las mentiras fueron montadas en el marco de la última campaña electoral para las internas coloradas de diciembre de 2022 para ganar votos. Mezclan su avanzada de ultraderecha con creencias religiosas. Y quieren atentar contra los derechos de minorías, de personas con discapacidades, contra los derechos de las mujeres y contra las personas con opciones sexuales diferentes. Lo que necesitamos acá en un país tan atrasado como el nuestro es una sociedad que respete la libertad de la gente, gente que existe desde que el mundo es mundo ¿Cuál es la alternativa que ofrecen? ¿matarlos a todos?”, refirió.

El diputado cartista Yamil Esgaib, por su parte, expresó en conferencia de prensa que la palabra género, «se usa para distorsionar”, y que el género “es masculino o femenino». «No vamos a aprobar esto porque condiciona el futuro de mis hijos», afirmó. En Diputados, fijo que en Paraguay “no permitimos limosnas ni donaciones condicionadas al futuro de nuestros hijos, de nuestra familia”. También dijo que la Unión Europea no puede “darles clase” de cómo criar a sus hijos y que en la nueva administración “va a sobrar el dinero”. Pese a que la derogación dejará una deuda de G. 110 mil millones en el MEC que deberá cubrir el próximo gobierno.

50.000 alumnos de Asunción, sin almuerzo escolar

Se trata de dinero ya comprometido en programas que se están ejecutando, como los kits de útiles escolares y textos educativos. Los legisladores que votaron a favor de la derogación del acuerdo no propusieron una alternativa de financiamiento público demostrando que no buscan dar respuesta a las necesidades de 476.872 niños, niñas y adolescentes que hoy están fuera del sistema educativo. De aprobarse esta derogación, unos 50.000 alumnos de Asunción quedarán sin almuerzo escolar desde septiembre de este año. 

Tras la media sanción, el senador cartista Basilio Núñez, conocido por emitir comentarios machistas y odiantes, expresó: “La batalla inició el 22 de noviembre del año pasado. Fui uno de los legisladores que presentó la derogación de esa Ley que tenía enlatada la ideología de género. El que quiera salir del ropero o del closet que salga a los 18 años y no se metan con nuestros niños, niñas y familias paraguayas”.

Basilio Núñez dijo que “se va a derogar el convenio y se va a llegar a un acuerdo con la UE”. A su criterio, todo se soluciona con “mejorar el gasto público” y por eso piensan en desvincular a trabajadores del Estado. “Este Gobierno metió 70.000 funcionarios, vamos a sacar 30.000, y en vez de tener planilleros vamos a llevar eso a los niños”, sostuvo. A pesar de que existen otras “alternativas” que propuso el vicepresidente electo Pedro Aliana, como una adenda, reajustes presupuestarios o un nuevo acuerdo con la UE, no queda claro cómo lo harían.

Varias organizaciones que defienden los derechos humanos de las infancias se manifestaron en contra de la postura de los diputados y diputadas. La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) publicó un comunicado en el que expresan que obstaculizar el acceso a fondos de la cooperación internacional para el desarrollo, y más a grupos de población en situación de vulnerabilidad es una violación de los derechos humanos. También se posicionaron Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas y la organización femnista de salud mental Psicofem.

Una ley que prohíbe la “ideología de género” en la educación

El 1 de agosto, en la reunión interinstitucional de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud, se debatió el proyecto de ley que “prohíbe la promoción, el fomento o la enseñanza de la ideología de género en las instituciones educativas”. El proyecto fue impulsado por los senadores cartistas Lizarella Valiente, Gustavo Leite, Natalicio Chase, Carlos Giménez y Orlando Penner. En esa reunión, Valiente dijo que “Paraguay no es machista” si no que las mujeres “malcrían a los hombres». Aquí se verificaron varias de sus mentiras. 

Según Lizarella Valiente, su intención es penalizar el “adoctrinamiento homosexual” dentro del sistema educativo, mediante este proyecto de ley. Esto es, en otras palabras, criminalizar la educación con perspectiva de derechos y las diversidades sexogenéricas. Pero la “ideología de género” no estaba definida en el proyecto original de Lizarella Valiente. Es más, ella misma, desde la Comisión de la Niñez, Adolescencia y Juventud, se corrigió y reconoció que el término estaba mal formulado. El problema es que el término fue reemplazado por “perspectiva de género” pero aún con esta modificación la iniciativa tiene serias fallas técnicas. 

Las abogadas  Mirta Moragas Mereles, María José Durán Leite y Cecilia Balbuena del Pino, del Consultorio Jurídico Feminista (CJF) hicieron un análisis del proyecto y explicaron que la prohibición de una categoría de análisis utilizada en las ciencias sociales para estudiar las asimetrías de poderes entre los géneros es inconstitucional. Entre otros motivos, porque violaría el artículo 26 que garantiza la libre expresión y la libertad de prensa. Además, la ley violaría tratados ratificados por Paraguay como CEDAW, el proyecto no establece un órgano ni un procedimiento de aplicación. La propuesta de impulsar esta prohibición, según apuntan, se enmarca en una estrategia más amplia que busca alimentar un “pánico moral”.

Pero Lizarella no fue la única que desinformó. Dannia Ríos Nacif, abogada y asistente fiscal en Ciudad del Este, identificada como vocera del odio y desinformante de género por el medio El Puente, dijo que los niños están siendo mutilados y sometidos a “inmunizaciones” en otros países. “A las chicas se les extirpan los senos, a los varoncitos los órganos genitales. A las niñas sus ovarios, úteros. Vemos en países como España donde ya se le está demandando al Ministerio de Salud por haber promovido esto en los chicos. En Estados Unidos se les está demandando a los médicos que ya extirparon senos, ovarios, úteros. Creo que Paraguay está a tiempo de detener esta locura”, manifestó.

Ríos Nacif es fundadora del Partido Nacional Vida y Familia. Se candidateó como senadora en las elecciones generales 2023, sin dejar de ser funcionaria judicial. Además, como te contamos en esta nota, el 19 de abril presentó una iniciativa popular titulada “ideología de género es abuso infantil” sobre un proyecto de ley que pretende modificar el artículo 135 del Código Penal. Su objetivo es incorporar como “abuso de niños” la promoción de materiales o actividades que alteren ”la percepción natural de los niños sobre su sexualidad”.

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Mientras en Diputados se debatía la derogación del acuerdo con la UE, la senadora Valiente se movilizó con la remera de “Somos Muchos Muchos Más” junto a Miguel Ortigoza en la Plaza de Armas junto con un grupo de fundamentalistas y conservadores autodenominados “provida”. Mensajes como “políticos provida”, “enfoque de género no” y “no a la igualdad de género” se impusieron entre los carteles que sostenían les manifestantes.

Por qué la fusión de los ministerios sería un retroceso en derechos

Otra de las decisiones que se inscriben en la línea del discurso “provida” del cartismo en contra de la “ideología de género” es la planeada fusión del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de la Mujer y la Secretaria de la Juventud, para la creación del “Ministerio de la Familia”. El nuevo presidente de la cámara de diputados Raúl Latorre anunció el 7 de julio que entre los proyectos que planteó impulsar el presidente electo Santiago Peña figura la creación del “Ministerio de la Familia”.

“El presidente electo también me habló de la intención de presentar el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Familia; siguiendo su lineamiento, su política, el posicionamiento del partido con respecto a la defensa de la vida desde su concepción y defensa de la familia como primer núcleo de formación y sustentación de la paraguayidad”, indicó en conferencia de prensa.

Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), manifestaron su preocupación respecto a la posible desaparición de los ministerios y secretarías mencionados y su reemplazo por un supuesto Ministerio de la Familia. Consideran que se trataría de un retroceso significativo en los avances logrados en cuanto a los derechos de las mujeres, de la niñez y de la juventud, lo que a su vez podría afectar a la democracia del país.

Nos preocupa que esta implementación pueda ser utilizada como una herramienta para profundizar el discurso de odio hacia comunidades vulnerables, como las familias indígenas y la comunidad LGBTI. La negación de la diversidad de familias existentes en nuestro país y la exclusión de derechos humanos para todas las personas sin distinción alguna son aspectos alarmantes”, apuntaron en un comunicado. 

Una pregunta que todavía sigue en el aire, refirió la abogada feminista y activista por los DDHH, Emilia Yugovich, es la definición de “familia” que manejará el Ministerio. Se puede asumir, por la postura que vienen sosteniendo los dirigentes del Partido Colorado que se trata de las familias constituídas por “papá, mamá e hijos”, el único tipo de familia que reconocen.

Pero tampoco queda claro qué función tendrá el Ministerio de la Familia y quién estará a cargo, o qué ocurrirá con las políticas públicas que se han venido implementando hace años en el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) y el Ministerio de la Mujer. “Si se produjese una desjerarquización de estos ministerios para someterse a otro ministerio que se va a enfocar en otra cosa más amplia, se va a extender a estos otros dos sujetos, niñez y mujer, en el marco de «familia» y va a dejar gente afuera va a dejar gente desatendida por el Estado”, reflexionó.

#ElOtro15A: por nuestros derechos y contra la narcopolítica

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Bajo el lema “Luchando vamos a estar mejor”, diversas organizaciones sociales, políticas, gremiales, de DDHH, campesinas, indígenas, de mujeres, feministas convocan a la ciudadanía a una jornada de protesta denominada “El otro 15 de agosto”. La movilización tendrá lugar mañana martes 15 de agosto en el marco de la asunción al mando del nuevo gobierno de Santiago Peña y la concentración inicia a las 10 de la mañana en la Plaza de las Mujeres, ex plaza Italia.

Desde la convocatoria expusieron: “Estamos convencidas/os que la unidad y la movilización es la manera eficaz de frenar el atropello a los derechos, la narcopolítica y el copamiento arbitrario de cartistas en los espacios de poder. Por eso les invitamos a sumarse a esta convocatoria, para crecer en nuestra fuerza”. Además de la marcha habrá feria, micrófono abierto, intervenciones artísticas, música y karu guasu.

14 de agosto de 2023
Juliana Quintana
Edición: María Eugenia Ludueña

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesias Evangélicas , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Paraguay 2021: La negación y el autoritarismo como políticas de gobierno para personas LGBT

Miércoles, 22 de diciembre de 2021
Comentarios desactivados en Paraguay 2021: La negación y el autoritarismo como políticas de gobierno para personas LGBT

Paraguayan boyAunque crecen los desafíos para los colectivos LGBT, este año renovaron su lucha y resistencia.

Ni la situación de derechos ni las condiciones de vida de las personas LGBTIQ+ mejoraron el segundo año de pandemia de covid-19 en Paraguay.

Desde el Estado no se registraron avances en torno a garantizar el derecho a la vida, seguridad, igualdad y no discriminación, así como en el acceso al trabajo digno.

Por el contrario, la violencia verbal, física y simbólica aumentó, según el último informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

En el apartado «Somos fuerza, resistencia y comunidad aún sin un Estado garante de derecho» elaborado por Rosa Posa, Lía Benítez Flecha y Carolina Robledo (de Aireana, grupo por las lesbianas), Mariana Sepúlveda (de Panambí, asociación de travestis, transexuales y transgéneros), Walter Morínigo (de Presencia Joven) y Erwing Augsten (de la Red contra toda forma de discriminación) identifican un estancamiento en el reconocimiento de derechos. Pero también celebran el avance en la movilización social.

Según un informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) la violencia sigue en aumento

El incremento de la violencia

La Asociación Panambi recibió 80 denuncias, de las cuales 20 fueron por violencia en penitenciarías, 20 por discriminación a la identidad de género, 30 por abuso de autoridad y 10 por agresión física en la zona de trabajo sexual.

En agosto, la activista por los derechos de las personas trans, Yren Rotela, recibió amenazas de muerte en varias oportunidades. “No valés nada, te vas a morir”, fue una de las frases que recibió de parte del agresor no-identificado.

El servicio de atención de Aireana, Rohendu, registró 203 denuncias entre noviembre de 2020 y octubre de 2021. La categoría “afrontar la discriminación” recibió los índices más altos.

En ella resaltan contextos relacionados con la salida del clóset; violencia, acoso y/o persecución a causa de la orientación sexual, identidad y/o expresión de género.

La violencia económica por identidad de género

Estas violencias se profundizan cuando se cruzan con otros motivos de discriminación como la clase social, la raza o el estado serológico. Entre noviembre de 2020 y septiembre de 2021, el Centro de Denuncias de DDHH y VIH recibió 46 denuncias.

Del total, 34 fueron de discriminación por orientación sexual, 7 por orientación sexual, 4 maltrato por identidad de género y 1 por violencia de género.

Persiste en la negación de la discriminación, la negación de la existencia de parejas del mismo sexo y la negación de la identidad de género. Así como la disociación de la orientación sexual y la identidad o expresión de género de los demás derechos.

El panorama actual está también marcado por despidos injustificados y discriminación laboral. “Negar es una estrategia que sostiene el avance del pensamiento antiderechos bajo el lema de proteger a la familia. En singular, se trata de la familia cisheterosexual nuclear). Lo que se hace es impedir los derechos de otras personas”, sostienen en el informe.

Sin respuesta al pedido de rectificación de nombre en la CI de las personas trans

El 15 de octubre, día de la visibilidad trans en Paraguay, 10 personas trans lanzaron la campaña “Soy Real #MiNombreDebeSerLegal” con el objetivo de que sus documentos personales reflejen el nombre con el cual se identifican.

El procedimiento establecido por las leyes no debería demorar más de tres meses. Sin embargo, ya pasaron cinco años desde que las activistas trans Mariana Sepúlveda o Yren Rotela iniciaron la rectificación de sus nombres y todavía no tienen una sentencia favorable.

El Código Civil otorga el derecho a solicitar ese cambio vía judicial, invocando una justa causa.

El pedido de rectificación de los diez nombres de Franchesca Yegros, Camila Denis, Kimberly Ayala, Liam Chaparro, Iris Leticia Brítez, Marie Lucía García, Liz Paola Cortaza, Ihara Jacquet, Yren Rotela y Mariana Sepúlveda todavía no recibió una respuesta oficial.

Sin identidad no hay acceso

Además de negarles el acceso a la salud, a la educación, a la Justicia y hasta una vivienda, el Estado les niega el reconocimiento de su identidad.

Ese mismo mes, la Pastoral de vida arquidiocesana emitió un pronunciamiento oponiéndose a que la defensora general, Lorena Segovia, sea elegida en la terna para ministra de la Corte Suprema de Justicia.

El motivo fue haber reconocido que en Paraguay existen niños y adolescentes trans.

De acuerdo a la organización, Segovia manifestó abiertamente durante la audiencia pública una «promoción de una ideología que atenta contra la dignidad humana».

Presas sin condena

Respecto de la situación penitenciaria, la mayoría de las personas trans están presas sin condena, pero esta situación también es extensiva al resto de la población penitenciaria: el 71,7% de las personas privadas de libertad en Paraguay no tienen condena.

Las mujeres trans están recluidas en cárceles de varones y son víctimas de ataques, agresiones y de discriminación, principalmente, por parte de los guardiacárceles.

La resolución N° 302 del Ministerio de Justicia, el 30 de abril del año pasado amplía un formato de planilla de uso diario en establecimientos penitenciarios.

En ella solicitan la incorporación de dos columnas denominadas “LGBTIQ+ y DISCAPACITADOS”, como datos que deberían consignarse en el parte diario.

La existencia negada

La abogada y activista feminista, Mirta Moragas, dijo a Presentes: “En la cárcel hay una sobrerepresentación de las personas LGBT. Desde el año pasado, el parte diario penitenciario tiene una clasificación LGTBI. Nadie reconoce que existimos pero en la cárcel sí nos reconocen, por ejemplo. El parte diario penitenciario distingue a personas extranjeras, personas indígenas y ya tienen una casilla LGTB”.

La semana pasada, Aireana firmó un convenio con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura con el objetivo de seguir trabajando por la defensa de los derechos humanos y continuar con el trabajo por los derechos de las mujeres privadas de libertad, y su derecho al acceso a las visitas íntimas.

También acordaron impulsar acciones tendientes a la remoción de la discriminación por orientación sexual hacia personas, como las mal llamadas “terapias de conversión”, formas de tortura que siguen operando en el territorio nacional.

La discriminación y el odio siguen matando a personas trans

La joven trans, Gabriela Cabrera, de 23 años, murió bajo circunstancias que la Justicia paraguaya sigue sin esclarecer.

La primera hipótesis que arrojó el médico forense fue que se trató de un suicidio pero a un mes de su aparición sin vida los resultados de la autopsia no se dieron a conocer.

La fiscalía ordenó la detención de su pareja, Reinaldo Manuel Fernández González, que se encontraba abrazado al cuerpo cuando la encontraron. Le tomaron declaración indagatoria pero estuvo detenido menos de seis horas.

El fiscal a cargo dijo que no lo detuvieron porque “no reunía indicios suficientes para hacerlo”.

Días antes de su muerte, el domingo 7, fue golpeada brutalmente por un grupo de personas. Hasta el momento, ni los forenses ni la Fiscalía pueden determinar el motivo de su muerte y tampoco identificaron a los agresores, pero al menos hay una investigación en curso.

Sus compañeras de Casa Diversa exigen una investigación exhaustiva de la Fiscalía y que se haga justicia. Hasta la fecha, suman 62 asesinatos a personas trans en transición democrática en Paraguay.

La Justicia no ha dado respuestas sobre el crimen de Gabi Cabrera.Foto: Jessie Insfrán

Agentes policiales: primer anillo de violencia contra las trabajadoras sexuales

Los agentes policiales, en lugar de proteger a las trabajadoras sexuales, les impiden que trabajen o las extorsionan a cambio de sexo o dinero.

Aunque el trabajo sexual es una actividad lícita (no está prohibida pero tampoco regulada expresamente en la legislación), es continuamente objeto de discriminación, estigmatización y violencia. Esto facilita que las trabajadoras se vean afectadas por diferentes situaciones de violencia desde los propios agentes policiales, quienes controlan sus lugares de trabajo.

Los medios de comunicación también contribuyeron con violencia simbólica a través de la publicación de sus nombres y oficios.

Las trabajadoras sexuales denuncian no haber accedido a planes sociales del Gobierno durante la emergencia sanitaria, así como también la falta de investigación de los asesinatos a trabajadoras sexuales, principalmente, en las zonas de frontera.

Avanzan los discursos de odio y los grupos antiderechos

Bajo el lema “Construyamos la civilización del amor”, el sábado 25 de septiembre grupos de familias antiderechos marcharon en la “Caminata por la vida y la familia” en el microcentro de Asunción.

Su objetivo, según apuntan, fue llamar la atención de las autoridades que pretenden introducir en la legislación paraguaya el aborto y la educación sexual desde una perspectiva de género, a lo que llaman “la cultura de la muerte”.

La marcha fue presidida por el arzobispo de Asunción, monseñor Edmundo Valenzuela, el mismo que sostiene que el movimiento LGBT es una “agresión de ideologías que buscan destruir la naturaleza del varón y la mujer”. El mismo que intentó silenciar a la estudiante Belén Whittinsglow.

El mismo que pidió a Alexa Torres no hacer “de una piedrita una montaña”, para evitar que haga público el acoso que recibió por parte del sacerdote Silvestre Olmedo.

En Encarnación, el grupo antiderechos denominado “Movimiento Nacional Somos Muchos, Muchos Más” promovió la firma de acuerdo con candidatos a la intendencia de esa ciudad. Este acuerdo tuvo la intención de generar una Dirección de “Vida y Familia” dentro del municipio.

Estas acciones son realizadas con la intención de evitar la protección de derechos para las personas TLGBI.

La constante lucha contra los derechos LGBTI

Bajo la consigna “vida y familia” fueron vulnerados los derechos a la libre manifestación y movilización en el contexto de las marchas por los derechos TLGBI de la capital del departamento de Itapúa.

En esa misma ciudad, en mayo, grupos fundamentalistas denunciaron ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) la circulación entre estudiantes de la educación media de una encuesta realizada en contexto de pandemia.

El instrumento contaba con la posibilidad de seleccionar dentro del campo “identidad de género” las opciones de: mujer trans, varón trans o no binarie. En pocas horas, el MEC se desvinculó de dicha encuesta mediante un comunicado público firmado por el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, donde reafirma su postura “por la vida y la familia”.

El violento rol de la Iglesia

En septiembre, el pastor evangélico José Duarte, que se hace llamar “el profeta de Lambaré” acusó de homosexuales y amenazó de muerte a lxs vecinxs que se manifestaron por polución sonora frente a la iglesia evangélica “Ejército de Avivamiento del Reino de Dios”.

A partir de las denuncias en redes sociales, se divulgaron videos de Duarte oficiando supuestas expulsiones de “espíritus malignos” y la instrumentalización de niñes para dar credibilidad a sus prácticas.

El autoritarismo penetró en diferentes instancias de la sociedad y el Estado, así como la concentración de poder político y económico en el movimiento Honor Colorado, una de las facciones de la ANR, el partido de gobierno.

A esto se suma la insistencia con declarar ciudades como “provida y profamilia”, que tomaron más fuerza y poder luego de las últimas elecciones municipales.

Fuente Agencia Presentes

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Juró Kimberly Ayala, la primera abogada trans de Paraguay

Miércoles, 11 de noviembre de 2020
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DSC_0168-01-784x1024Por Juliana Quintana, desde Asunción

Fotos: Jessie Insfrán

Kimberly Ayala juró como abogada a las 11 de la mañana en el Palacio de Justicia de Asunción. Presentó, por tercera vez, su pedido de juramento ante la Corte Suprema de Justicia y, luego de 5 años de haberse recibido de la facultad y de habérsele negado dos veces el derecho a jurar y acceder a su matrícula, en una fecha histórica, por fin, lanzó su birrete. Su logro representa un hito en el país por tratarse de la primera persona trans en convertirse en abogada.

Bajo la consigna “Birretes arriba por Kimberly”, distintas organizaciones se congregaron en la explanada del Palacio de Justicia de Asunción. Estuvieron presentes la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), Amnistía Internacional, Diversxs, la Red Paraguaya de la Diversidad Sexual (REPADIS),  Coalición TLGBI, Its Gets Better Paraguay y la Red Contra Toda Forma de Discriminación.

En 2015, Kimberly egresó de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional del Este (UNE). Obtuvo un promedio sobresaliente en su promoción y salió mejor alumna pero nunca pudo ejercer ante tribunales porque la justicia no reconocía su identidad de género. Aún así, ella está acostumbrada a luchar. Hace años que pertenece a la agrupación Diverses, de Hernandarias (su ciudad natal). De hecho, estuvo presente el año pasado cuando grupos antiderechos atacaron la marcha LGBT en el departamento de Alto Paraná.

Al poco tiempo de recibirse, Kimberly comenzó a gestionar sus documentos desde Hernandarias para jurar como abogada. Su prima, que trabaja en la Corte, trató de ayudarla a avanzar con el juramento pero no se lo permitieron porque su foto “no coincidía” con el nombre. Cuando Kimberly llamó por teléfono, le dijeron que para solucionar el problema debía sacarse una foto nueva.

“La persona que me atendió me dijo que me alce el cabello y me ponga corbata y maquillaje. Más todavía me molesté y le dije que yo no iba a someterme a eso porque es como negar mi identidad. Yo soy una mujer trans y ya hacía tiempo estaba viviendo como mujer trans. Esto es algo que yo ya formé, que ya es mío. Le dije que mi otra identidad quedó en el pasado”, contó Kimberly a Presentes. Pero no la dejaron jurar.

A partir de ahí empezó a buscar ayuda. Consiguió el acompañamiento legal de una abogada de Asunción que se acercó varias veces a la Corte Suprema. Como tampoco tuvo respuesta, acudió a la secretaría de género. Ellos se expidieron sobre el caso y derivaron a la plenaria de los ministros. “El presidente interino en aquel momento era muy conservador, entonces, las cosas no se desarrollaron. No recibí ninguna recomendación ni siquiera de la secretaría de género”, expresó la abogada.

No existía excusa para seguir demorando el juramento

DSC_0266-01-1024x808La indignación la llevó a Kimberly a tomarse un tiempo del caso. Mientras tanto, trabajó en el área de marketing y también como peluquera. En el 2019 intervino el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay (INECIP), que lleva lleva causas sociales y presentó, por segunda vez, los documentos al Poder Judicial para su jura como abogada. Consiguieron hablar con un ministro que se mostró predispuesto a ayudarla, pero tampoco hubo respuesta.

Este año, Rosalía Vega, de Amnistía Internacional se enteró de lo ocurrido y se puso en contacto con Kimberly y Julia Cabello, abogada de la Codehupy, llevó su caso. Ambas trabajaron en conjunto para lograr que se cumpla con el derecho constitucional de Kimberly.

“No había un criterio legal para evitar que jure. Ella cumplió con todos los requisitos establecidos para que pueda matricularse y jurar como abogada. Nosotros, previendo cualquier situación, pedimos a la propia Corte Suprema de Justicia hace unos meses atrás, por acceso a la información pública, todas las resoluciones y requisitos para que una persona pueda realizar su juramento y matricularse como profesional del derecho. Esa información nos fue remitida por escrito por parte del Poder Judicial. Cualquier tipo de requisito adicional hubiera sido ilegal y arbitrario”, puntualizó Cabello.

Ella no pedía un cambio de nombre, solo pedía jurar con su imagen actual. Según contó Cabello, el dictamen de la secretaría de género de la Corte Suprema decía, entre otras cosas, que sería absurdo que la fotografía no se correspondiera con su imagen actual. Sobre todo, porque el departamento de identificaciones del Paraguay, el ente que pone el Estado paraguayo para determinar la identidad de las personas, le adjudicó la cédula de identidad de Kimberly con su nombre asignado al nacer y su imagen actual.

“Esto es muy importante porque va a sentar jurisprudencia, va a dejar un precedente de que sí podemos lograr lo que nos propongamos. Esto va a dar un panorama y un horizonte súper bueno a toda la población trans que siempre fue tan marginada y excluida. Vale la pena que las personas vean cómo esta sociedad nos cierra puertas y ventanas, inclusive cumpliendo con todos los requisitos que la sociedad te impone para ser un ciudadano. Y en este caso, no era nada más que por discriminación”, dijo Kimberly.

Sin avances en una ley de identidad de género

El presidente del Poder Judicial, Alberto Martínez Simón, en diálogo con una radio local, citó el artículo 25 de la Constitución Nacional. “Dice que cada persona puede manifestar y crear su propia identidad de la manera que libremente la quiera ejercer y por lo tanto una persona puede venir vestida de mujer si es que lo siente así. No encuentro ningún impedimento legal para negarle el derecho al juramento a una persona que ha concluido con el estudio de la carrera”, expresó el funcionario.

DSC_0197-01-1024x683Kimberly junto a Yren Rotela

Sin embargo, hay nombres que todavía esperan el aval de la Corte. Yren Rotela y Mariana Sepúlveda, ambas activistas por los derechos de las personas trans, denunciaron que no hubo avances sobre sus cambios de nombre. En el caso de Mariana, tuvo que  atravesar por una pericia psicológica y luego del fallo de la jueza Karen Leticia González, que salió favorable a la Constitución y conforme al derecho internacional, la Cámara de Apelaciones sometió el caso a una opinión consultiva de la Corte.

El fallo fue apelado por la fiscala Sara González Valdez, quien alegó que la resolución de la magistrada viola el artículo 56 de la ley 1266/1987 del Registro Civil que establece: “El Oficial del Registro Civil no inscribirá nombres ridículos o que puedan inducir a error sobre sexo, ni más de tres nombres”. Si bien en Paraguay hoy no existe una ley que prohíba a una persona trans cambiar su nombre, aún no existe una ley de identidad de género que garantice este derecho.

“Mi transición fue durante mi quinto año de carrera. Todo el alumnado y los docentes de ese momento me acompañaron. Muchos me felicitaron. También hubo a quienes no les gustó pero, en general, el recibimiento fue muy bueno”, relata Kimberly. Ganó una beca para hacer una maestría en educación superior en Ciudad del Este, donde la reconocían con su nombre social.

“Yo sé que es difícil pedirles que se adapten al nuevo nombre, pero es tiempo de empezar ya en el país. No soy la única que está en la universidad. Yo sé que hay psicólogas trans, filósofas trans, otras chicas trans que ya terminaron su carrera, solo que ellas no tuvieron el problema que yo porque la carrera de derecho es súper machista”

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El derecho al trabajo es para todas las personas, así como el de la libre expresión de la personalidad. “Somos el único país de la región que no tiene una ley contra toda forma de discriminación, y no por una ingenuidad de creer que una ley va a resolver el problema pero va a aportar decididamente en una sociedad un poco más consciente, más tolerante de los derechos. O sino hacemos agua de lo que dice nuestra propia constitución”, expuso Cabello.

Aunque la obligaron a jurar con su nombre asignado al nacer, Kimberly juró con un tapabocas que llevaba inscripto “Más amor, menos odio”. Su sueño es ocuparse de sus compañeras trans privadas de libertad y concursar para convertirse en jueza. “Este es un ejemplo de que sí se puede, siendo libre y expresando nuestra personalidad”, manifestó.

Fuente Agencia Presentes

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Prohíben abrazarse a pareja gay en un shopping de Paraguay

Jueves, 12 de diciembre de 2019
Comentarios desactivados en Prohíben abrazarse a pareja gay en un shopping de Paraguay

Paraguay-foto--1010x505Rodrigo Paredes (23) y Daniel Moreno (30) fueron el domingo al shopping Pinedo, ubicado en la ciudad de San Lorenzo, a 12 km de Asunción. Cerca de las seis de la tarde, se sentaron en uno de los banquitos del pasillo y se abrazaron, cuando una guardia de seguridad de nombre Claudia Herreira les llamó la atención. “No pueden estar así”, les dijo. “¿Cómo es así?”, pregunta Rodrigo. “Así abrazados”, responde. “¿Es porque somos gays?”, inquirió el joven. Herreira afirmó y reforzó que no podían estar así, “a no ser que sean heteros”.

El caso se dio a conocer a raíz de las publicaciones que hizo Rodrigo desde sus redes sociales. “Me da mucha impotencia porque uno va queriendo pasar el rato como cualquier otra persona, compartir con su pareja, con amigos y recibir ese trato de manera discriminatoria. Vimos a otras parejas heterosexuales que estaban tranquilamente abrazados pero nosotros no podíamos por ser dos varones”, subrayó.

La pareja dejó una queja a la gerencia del centro comercial contando lo sucedido y, al cabo de seis días, recibieron una respuesta en la que se disculpaban “si hubo una equivocación”. Cuando Cecilia Figueredo, gerente de marketing del shopping Pinedo fue consultada por Presentes, expresó que el espacio es “inclusivo”, pero que, por política del centro comercial, las parejas deben mantener “el buen comportamiento” en público, indistintamente de su orientación sexual.

Sin embargo, el ejemplo que aportó para esta definición es que las personas no deben estar acostadas en los bancos, lo que no coincide con la versión de los hechos de Rodrigo y Daniel.

“Pinedo es un shopping de familia”

“Acá siempre vienen personas trans, lesbianas, no tenemos problemas con eso. Lo que nosotros cuidamos es el buen comportamiento porque el Pinedo es un shopping de familia y hay gente que nos reclama. Abrazarse y tomarse de la mano, para nosotros, no es ningún problema.  El jefe de monitoreo le comunicó al guardia lo que vio y ella les pidió que se moderen”, dijo Figueredo, y se justificó varias veces con que no les pidieron que se retiraran.

“Es un hecho de discriminación porque somos una pareja homosexual y llama la atención que seamos dos chicos abrazados. Se supone que si vos le querés a una persona querés demostrar cariño”, manifestó Daniel.

“El derecho de admisión en ningún caso es reconocido como un derecho absoluto ni tampoco sujeto a criterios del titular del establecimiento, sino que se encuentra sometida al previo control administrativo con el fin de garantizar su cumplimiento y finalidad adscrita por la ley”, expresó en uno de sus tuits. Además, el mismo día que elevaron el reclamo a la gerencia del shopping, escribieron a las redes del shopping Paseo la Galería para consultarles si tenían políticas similares a las del Pinedo, y se acercaron para verificar que sostuvieran su discurso.

Recrudecieron las denuncias en el 2019

Simón Cazal, cofundador de la organización SomosGay, recordó que este año incrementó la cantidad de personas que se acercaron a la organización a denunciar discriminación y violencias y que a la fecha ascienden a 13, tanto de espacios privados como públicos. A este número se suma este caso del shopping Pinedo y el de Bruno Olmedo.

“Este año recibimos un pico de agresión en relación a las violencias registradas en los últimos 10 años. Hay una militancia constante y activa no solo por parte de los sectores fundamentalistas sino también del Estado y creemos que esa es la causa de este escenario”, sostiene Cazal y considera que el derecho de admisión es la excusa que usan los locales para discriminar abiertamente.

De acuerdo al informe anual de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) que se publicará el 10 de diciembre, hasta el mes pasado se registraron tres denuncias de discriminación a lesbianas en lugares públicos (restaurante, club deportivo y negación de alquiler de casa).

“La mayoría de casos que recibimos sobre violencia y discriminación hacia lesbianas suceden en el ámbito familiar”, explicó Rosa Posa, activista de Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas.

Sin ley antidiscriminatoria

El documento fue elaborado por Rosa Posa, de Aireana; Erwing Augsten, de la Red contra toda forma de discriminación (RCTD) y Mariana Sepúlveda, de Panambí (Asociación de travestis, transexuales y transgéneros del Paraguay).

En junio, a Lola Asunción, una mujer trans, le prohibieron el ingreso al Shopping del Sol. En septiembre, echaron a Adison Montiel y Mattias Ayala del shopping Mariscal López por besarse, el mismo mes en que el centro comercial inició una campaña por la inclusión LGBT.

En noviembre, Daniel Guerrero sufrió un ataque de homo-odio en un shopping de la ciudad de Mariano Roque Alonso mientras se estaba cambiando en el baño. Una limpiadora le derramó lavandina en la cara. “Sos un asqueroso de mierda, dejá de espiar a las personas”, le gritó. Llamó a la policía, narró los hechos pero no le creyeron.

El martes, en el Villa Morra Park (una plaza de comidas ubicado sobre la Avenida Mariscal López, en Asunción) a Adriana Lezcano y su pareja le pidieron que no se besen públicamente delante de familias con niñes.

En Paraguay, aún no existe una ley contra forma de discriminación y el gobierno de Mario Abdo Benítez reafirmó su posición en contra de los derechos LGTBIQ+. Ya en campaña declaró que “se le acabaría la tinta” vetando proyectos de leyes que atentaran “contra la familia”. 

No obstante, el artículo 25 de la Constitución Nacional refiere a la expresión de la personalidad y refiere que: “Toda persona tiene el derecho a la libre expresión de su personalidad, a la creatividad y a la formación de su propia identidad”.

Fuente Agencia Presentes

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Recordatorio

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