Informe ILGA: En 2023 aumentaron en el mundo detenciones y persecución a personas LGBT

En 2023 aumentaron las detenciones y procesamientos a personas LGBT. Así lo demuestra «Identidades bajo arresto», el informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA). Las cifras reales son aún mayores.

Un nuevo informe de ILGA ha descubierto un aumento alarmante en el número de arrestos y procesamientos de personas LBTQ+ por participar en relaciones consensuales entre personas del mismo sexo y expresar diversidad de género.

En comparación con años anteriores, ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex) ha descubierto que en 2023 se ha registrado un aumento en los arrestos de personas LGBTQ+ por vivir como ellos mismos.

No solo eso, sino que el estudio determinó que el abuso y el maltrato policial a los detenidos ocurrieron en casi todos los arrestos LGBTQ+ documentados.

De acuerdo con la Our Identities Under Arrest (Nuestras identidades bajo arresto) Según el informe, a noviembre de 2023, 63 estados miembros de la ONU penalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. También señala que Uganda, en particular, ha sido dura con los ciudadanos LGBTQ+ con la introducción de su Ley contra la Homosexualidad.

Aunque el número de estados que penalizan los actos entre personas del mismo sexo ha disminuido constantemente durante la última década (Singapur, las Islas Cook y Mauricio despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo este año), el número de arrestos LGBTQ+ relacionados con la expresión de género o actos sexuales consensuales ha experimentado un “grave ” espiga.

ILGA sí señaló, sin embargo, que el número real de casos podría ser mucho mayor, ya que los registros formales a menudo son “inaccesibles o inexistentes” y, en muchos casos, estos arrestos o procesamientos nunca se registran o “se informan de manera poco clara y sesgada”. modales.”

En su investigación, ILGA revisó más de 1.000 casos de arrestos y enjuiciamientos LGBTQ+ a lo largo de dos décadas.

“Los países considerados ampliamente como ‘seguros’ o ‘tranquilos’ han experimentado cambios repentinos y con relativa poca antelación”, dijo la consultora de investigación Kellyn Botha.

“El creciente discurso de odio contra la diversidad sexual y de género –ya sea por parte de figuras políticas, líderes religiosos y comunitarios, también con la complicidad de los medios de comunicación– se convierte regularmente en represión o campañas organizadas, cuya duración, alcance y violencia no se pueden prever”.

Mientras tanto, países como Burkina Faso, Burundi, Comoras, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Jordania, Libia, Maldivas y Papua Nueva Guinea han visto muy pocos arrestos LGBTQ+ en los últimos años, pero ha habido un repentino aumento desde 2021.

Mientras que países como Kenia, Tanzania, Nigeria y Senegal han intentado “agravar la legislación existente”, otros como Irak, Níger y Malí han hecho nuevos esfuerzos para criminalizar oficialmente a las comunidades LGBTQ+ donde antes no existía ninguna ley anti-LGBTQ+.

El director de investigación de ILGA, Lucas Ramón Mendos, también señaló que, aunque la mayoría de las leyes anti-LGBTQ+ se centran en penalizar los actos consensuales entre personas del mismo sexo, en muchas jurisdicciones, “la forma en que una persona se viste, actúa o habla” a menudo la convierte en un blanco aún más fácil para la policía.

Mendos explicó que la policía suele considerar estos rasgos como “prueba” de “homosexualidad” y pueden ser suficientes para “justificar un arresto”, sin importar la identidad sexual o de género real del individuo.

“Es mucho más probable que alguien sea atacado por su apariencia o gestos disconformes que por cualquier acto sexual ‘ilícito’ verificable”, añadió.

Estos hallazgos demuestran que, en muchas partes del mundo, las comunidades LGBTQ+ viven “bajo una amenaza constante”, afirma el director de programas Guchaten Sandhu.

También demuestra aún más la gran importancia de ofrecer asilo a personas LGBTQ+, a pesar de lo que los exsecretarios del Interior puedan hacernos creer.

Sandhu comenta que la grave amenaza para las personas LGBTQ+ no sólo es real para “las poblaciones de base afectadas por oleadas repentinas de hostilidad, sino también para los solicitantes de asilo que, basándose en evaluaciones fallidas de seguridad, corren el riesgo de ser enviados de regreso a países donde serán perseguidos”.

⚠️ Nuevo informe de ILGA MUndo destaca fuertes aumentos en detenciones y procesamientos de personas LGBT y de género diverso. Los casos documentados muestran la naturaleza impredecible de estas detenciones y procesamientos judiciales. Lee más ➤ https://t.co/xrxwI1oUdk pic.twitter.com/K1FzPTtc57

— ILGA World (@ILGAWORLD) November 30, 2023

Para entender mejor cómo impactan estas leyes y estos datos a nivel político global y para nuestra región, planteamos algunas preguntas a Mendos.

–¿Qué análisis hacés sobre la situación política de los países que analizaron y las violencias que se desplegaron?

Lucas Mendos: Un patrón que se repite es la combinación de referentes políticos, líderes religiosos y medios de comunicación alineados en discursos anti-diversidad que muchas veces generan escalofríos. Desde los liderazgos políticos, religiosos y comunitarios, hay una instrumentalización sistemática de la diversidad como chivo expiatorio casi constante. Se utiliza para movilizar y escandalizar la opinión pública y muchas veces como estrategia de distracción de otros temas de la agenda política. En muchos de estos países, la diversidad sexual y de género termina siendo víctima de una manipulación que genera un caldo de cultivo para la proliferación de niveles altísimos de hostilidad, magnificados en el debate público, en las redes sociales, en las iglesias —que poseen un enorme poder de influencia— y en las calles. Si bien no forma parte del objeto principal del informe, el fenómeno de la desinformación y su potencial impacto en la percepción pública y las dinámicas políticas se deja ver en varios países.

-¿Cómo puede influir la recopilación de estos datos?

Es necesaria para demostrar que las leyes que criminalizan están muy lejos de ser leyes inactivas que “duermen” en los códigos penales, lo que muchos Estados aún sostienen cuando en la ONU se les pide que rindan cuentas al respecto. Y, por otro lado, en los países de recepción de personas refugiadas, los tribunales suelen tener estándares muy altos para reconocer que una persona LGBT está en peligro de sufrir persecución. El solo hecho de que haya una ley que criminalice no es considerado como una razón suficiente para dar asilo. Suelen demandar información sobre cómo se aplican en la práctica. Y es tan difícil conseguir esa información que muchas veces las solicitudes terminan siendo rechazadas. Porque las personas refugiadas no pueden demostrar que corren peligro de ser detenidas, procesadas y condenadas por su identidad. Con este informe ILGA pretende contribuir para que estos faltantes de información sean cada vez menos.

Cómo pueden contribuir los medios

-¿Qué recomendaciones hacen desde ILGA hacia los Estados, las sociedades y los medios de comunicación frente a las persecuciones a LGBTIQ+?

-Es imperativo que los Estados dejen de aplicar estas normas de manera inmediata. La urgencia radica en proteger los derechos fundamentales de la comunidad LGBTIQ+ y poner fin a prácticas persecutorias. Como consecuencia necesaria, los ciento (si acaso no miles) de personas que hoy en día están privadas de libertad por estos “delitos” deben ser liberadas. Estas recomendaciones se han hecho a nivel del Examen Periódico Universal de la ONU, pero los países que criminalizan, hasta la fecha, las vienen rechazando sin excepción.

Como medida intermedia, hay quienes sostienen que los países podrían considerar la implementación de moratorias hasta que se logre la derogación efectiva de estas normativas. Esto proporcionaría un espacio temporal para la revisión y eliminación de leyes discriminatorias.

Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la aplicación de estas normativas en muchos países. Es esencial redefinir su rol para evitar contribuir a prácticas represivas, dejando de identificar posibles víctimas de persecución y desistiendo de la divulgación de información que pueda estigmatizar o desenmascarar a individuos por su orientación sexual. Al mismo tiempo, los medios pueden contribuir con narrativas inclusivas y respetuosas hacia la diversidad sexual y de género.

Violencia institucional en América Latina

–Si bien no está presente en el informe, ¿tienen conocimiento de cómo es la situación en otros países de América Latina?

-Lo que concurre en América Latina es que existen altos niveles documentados de violencia institucional que se siguen dando en países con leyes que ya no criminalizan, al menos de forma explícita. El informe se concentra en los países donde sí existen estas leyes opresivas que criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo y las expresiones de género diversas, y esa es la primordial razón por la cual no hay países de América Latina en el informe. Si contáramos con más recursos nos gustaría en un futuro ampliar el ámbito del informe para cubrir todos los países.

La situación de Argentina

-¿Qué pensás sobre el avance de la ultraderecha en distintos países como en la Argentina y cómo puede impactar esto en la población LGBTIQ+?

-Viéndolo desde una perspectiva a nivel global, una de las preocupaciones más inmediatas es la legitimación del discurso de odio. Esto lo hemos observado en muchos países del mundo donde estos espacios políticos han ganado poder. Podría ser muy nocivo que personas que promueven mensajes discriminatorios ocupen posiciones de liderazgo porque esto tiene el potencial de normalizar y legitimar este tipo de discursos. En lo concreto, un punto crítico está en cómo esto puede permear a las fuerzas de seguridad donde ya cunde fuertemente el prejuicio contra la diversidad, y esto puede fácil y rápidamente traducirse en niveles aún mayores de violencia y discriminación institucional contra nuestras comunidades.

El poder ejecutivo define la política exterior del país. Esto puede tener un impacto palpable en la posición de Argentina como actor clave en temas de derechos humanos y diversidad a nivel internacional, tanto a nivel de la ONU como a nivel de la OEA, dos foros clave donde los temas de diversidad necesitan más que nunca de apoyo constante dada la enorme oposición cada vez más fuerte a estos temas. Argentina hoy en día no solo acompaña sino que muchas veces lidera estas iniciativas a nivel internacional y que deje de hacerlo sería sumamente preocupante.

Fuente PinkNews/Agencia Presentes

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Cuando tomó la difícil decisión de huir de Uganda, tras la aprobación de la draconianas ley anti-LGBTQ+ del país, el activista Henry Mukiibi pensó: «¿Qué he dejado atrás?«.

Mukiibi, director ejecutivo del grupo LGBTQ+ de Uganda Children of the Sun Foundation (COSF), lleva huido y viviendo en la capital keniana, Nairobi, desde principios de este año, tras recibir información de que las autoridades de su país querían detenerlo en virtud de la nueva legislación contra la homosexualidad.

La Ley contra la Homosexualidad, promulgada en mayo y que contempla la pena de muerte para ciertos actos sexuales entre personas del mismo sexo, ha desatado un torrente de abusos contra las personas LGBTQ+ en el país. Varias personas homosexuales han sido detenidas. Otros, entre ellos Mukiibi, consiguieron escapar mientras su gobierno promulgaba una de las leyes anti-LGBTQ+ más duras del mundo.

Mukiibi explica a los medios de comunicación que la situación en Uganda es peor que nunca.

Los servicios del COSF, que proporcionan asistencia sanitaria y jurídica, así como refugio a personas vulnerables, entre ellas miembros de la comunidad LGBTQ+, se han visto afectados por la legislación.

Mukiibi afirma que fue testigo de cómo la gente se volvió «tan homófoba» que «empezaron a atacar» a los miembros del comité del COSF, «golpeándoles por ser quienes son».

Y añade: «Lo que hicimos fue pedir a las personas cercanas que los trajeran a la clínica, y les estamos prestando servicios sanitarios para que reciban tratamiento. Los desahucios han llegado a ser demasiados porque el proyecto de ley tenía una frase que decía que los propietarios no debían dar a las personas LGBT alojamiento o casas en alquiler. Muchas personas fueron desahuciadas. Aquellos cuyos caseros conocían sus identidades, fueron desalojados porque los caseros temen que también sean llevados a prisión. Acogimos a esas personas en nuestro refugio, pero por desgracia, el casero de nuestro refugio me escribió una carta de desahucio desde que saben que soy una persona queer».

Según la Ley contra la Homosexualidad de Uganda, los homosexuales pueden enfrentarse a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte en casos de «homosexualidad agravada«, que puede incluir mantener relaciones sexuales con un menor o una persona vulnerable, mantener relaciones sexuales siendo seropositivo o practicar el incesto.

Alguien que simplemente abogue por los derechos de las personas LGBTQ+ podría ser condenado a 20 años de cárcel, y las personas que alquilan a personas LGBTQ+ se enfrentan a penas de hasta siete años de prisión.

Mukiibi dice que la vida es muy dura en Nairobi mientras espera ser reasentado en otro país. Mientras teme por su propia seguridad, sigue pensando en la comunidad LGBTQ+ que intenta sobrevivir en Uganda.

«Si me evacuan, ¿qué dejo atrás?«, se pregunta. «Tienen un dicho: ‘No puedo ser héroe dos veces’. También intento que trabajemos a distancia para que los miembros de nuestra comunidad reciban los servicios que necesitan. La razón por la que se me ocurrió la idea de la clínica fue que a veces se discrimina a la comunidad LGBT en los centros, y hace poco fui testigo de ello. La gente acudió [a] profesionales sanitarios que les están sermoneando para que saquen a golpes la homosexualidad de los niños».

Incluso antes de que se aprobara este año la Ley contra la Homosexualidad, las personas LGBTQ+ sufrían una grave discriminación en Uganda.

Uganda ya era una de las varias naciones africanas donde es ilegal ser homosexual y promulgó una ley previa contra la homosexualidad en 2014. Los tribunales la anularon, aunque ser LGBTQ+ seguía siendo ilegal debido a la legislación anterior, segúnto Human Rights Watch.

El sentimiento anti-LGBTQ+ ha sido generalizado en la nación de África Oriental, con el presidente Yoweri Museveni, describiendo a las personas queer como «desviados«, y funcionarios del gobierno atacando a grupos centrados en los queer.

La policía utilizó el COVID-19 como pretexto para hacer una redada en las instalaciones del COSF destinadas a la comunidad LGBTQ+, acusando a los residentes de infringir la normativa de distanciamiento social.

Muchos miembros de la comunidad LGBTQ+ ugandesa han buscado seguridad en Kenia, sólo para descubrir que allí también sufren discriminación.

Dhalie Bulyaba, director de la iniciativa familiar global de Safe Place International, decidió abandonar Uganda e ir a Kenia porque «quería encontrar un lugar que no le cuestionara su forma de vestir ni le pidiera explicaciones sobre cómo se identifica».

Pero se dieron cuenta de que solicitar asilo y recurrir a las autoridades «obliga a salir del armario» a las personas LGBTQ+. “Kenia tiene una de las mayores poblaciones de refugiados de África«, explica Bulyaba, «reciben a mucha gente de Somalia, Sudán, la República Democrática del Congo y otras zonas devastadas por la guerra, así que cuando dices que vienes de Uganda, se confunden. Te preguntan: ‘¿Por qué estás aquí? En Uganda no hay guerra’. Te ves obligado a salir del armario y esperar que se apiaden de ti, porque Kenia también penaliza la homosexualidad. Ya es bastante difícil luchar por tus derechos en tu propio país».

Las personas LGBTQ+ están criminalizadas en Kenia, y las relaciones sexuales entre hombres del mismo sexo se castigan con una pena máxima de 14 años de prisión.

En septiembre, cientos de manifestantes contrarios a la comunidad LGBTQ+ se concentraron ante el Tribunal Supremo del país para protestar por su decisión de reafirmar el derecho de asociación de la comunidad homosexual y de constituir organizaciones no gubernamentales.

A Bulyaba le encanta «intentar reflexionar sobre cuestiones de gran calado e impulsar el cambio sistémico», y le apasionan tanto la lectura y la cocina como la defensa de derechos. Siempre hay tiempo en mi día para reunirme a tomar un café y denunciar a estos políticos y los sistemas que intentan impulsar», añaden.

También señalan que la persecución de las personas LGBTQ+ africanas no procede únicamente de las fuerzas conservadoras del continente; grupos del Reino Unido y Estados Unidos están detrás de parte de ella.

Los grupos cristianos con sede en Estados Unidos -conocidos por luchar contra todo, desde los derechos reproductivos hasta las libertades de las personas LGBTQ+- han realizado grandes inversiones en África durante la última década, impulsando una agenda estrictamente conservadora.

En abril, un demoledor informe reveló que el gobierno británico financió el trabajo de una organización religiosa virulentamente anti-LGBTQ+ en Uganda, según VICE.

El Banco Mundial ya ha dejado de conceder préstamos a Uganda, y la Unión Europea ha denunciado la legislación anti-LGBTQ+ más reciente.

Sulah Mawejje, directora para Kenia de Safe Place International Dream Academy, afirma que el Banco Mundial y otras organizaciones «tienen que ser más proactivas y menos reactivas» porque saben que los movimientos anti-LGBTQ+ en África están financiados por organizaciones extranjeras. «¿Por qué han esperado a que se apruebe algo como este proyecto de ley antigay para imponer sanciones e intentar plantar cara al gobierno?», se pregunta. “Podríamos haber evitado que la gente se viera obligada a huir y a pasar por el dificilísimo proceso de convertirse en refugiado».

Mawejje, intérprete a tiempo parcial para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, añade que es «mucho más que un refugiado, una persona que se ha enfrentado a una discriminación indecible» al huir de Uganda. «Tengo otra faceta, como muchos refugiados, a la que no llegan los medios de comunicación: soy el alma de la fiesta«, dice. «Me encanta ser atrevido y desafiante».

Fuente PinkNews

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La administración Biden ha decidido retirar esta semana a cuatro naciones africanas de un programa comercial, alegando “graves violaciones” de los derechos humanos, especialmente mediante la implementación legislativa de la criminalización de las personas LGTBIQ+.

En una carta enviada el 30 de octubre al representante republicano Mike Johnson, recién elegido presidente de la Cámara de Representantes, y a la presidenta del Senado, la vicepresidenta Kamala Harris, el presidente Joe Biden anunció su intención de retirar a la República Centroafricana, Uganda, Níger y Gabón de la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA). Las razones para apartar a las cuatro naciones como beneficiarias del acuerdo comercial están relacionadas con lo que Biden describió como una falta de diversificación política y de aceptación de los “derechos humanos reconocidos internacionalmente”.

“El gobierno de la República Centroafricana ha cometido graves violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos y no ha establecido, o no está haciendo progresos continuos para establecer, la protección de los derechos de los trabajadores internacionalmente reconocidos, el Estado de derecho y el pluralismo político”, afirma la carta.

Además de la República Centroafricana, Biden especificó que los dirigentes de Níger y Gabón no han cumplido las estipulaciones sobre “pluralismo político y Estado de derecho” del acuerdo, mientras que Uganda “incurrió” en fallos percibidos en el reconocimiento de los “derechos humanos”.

“A pesar del intenso compromiso entre Estados Unidos y la República Centroafricana, Gabón, Níger y Uganda, estos países no han abordado las preocupaciones de Estados Unidos sobre su incumplimiento de los criterios de elegibilidad de la AGOA”, continúa la carta.

Las razones políticas para retirar a Gabón y Níger implican, según se informa, golpes de estado en sus respectivos países que han dado lugar a un liderazgo militar. Por otra parte, la República Centroafricana y Uganda criminalizan a las personas LGBTIQ+.

La retirada de los países se produce meses después de que el parlamento ugandés aprobara su ley antisodomía, que limita estrictamente e incluso penaliza la homosexualidad en la nación. La legislación ha recibido críticas de políticos occidentales, incluido el gobierno de Biden, pero el apoyo de otras naciones africanas.

Del mismo modo, aunque la República Centroafricana no penaliza la homosexualidad, tiene en vigor sanciones que prohíben los actos sexuales entre personas del mismo sexo en público.

Biden concluyó su carta declarando su decisión de “poner fin a la designación de estos países como países subsaharianos beneficiarios de la AGOA, con efecto a partir del 1 de enero de 2024”. Según se informa, la administración “continuará evaluando” la elegibilidad de las cuatro naciones para cumplir los requisitos para ser reincorporadas al programa.

La AGOA permite a los países elegibles acceder al mercado estadounidense libre de aranceles y se aplica a casi 2.000 productos. Establecido en 2000, el acuerdo se basa en gran medida en la adhesión de las naciones implicadas más que en acciones económicas recíprocas. Además, la administración Biden tiene la última palabra sobre si los países pueden acogerse a los beneficios de la ley.

Los “rigurosos” requisitos para ser beneficiarios incluyen “progresos continuos” en las áreas de “economía de mercado, Estado de derecho, pluralismo político y derecho al debido proceso”, así como “promulgar políticas para reducir la pobreza, combatir la corrupción y proteger los derechos humanos”.

La medida de Biden acercará aún más a esos países al BRICS foro político económico formado por cinco países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, cuyo objetivo es potenciar las posibilidades de cada uno de sus miembros a través de, por ejemplo, la asistencia financiera para determinados tipos de proyectos.

En los últimos meses, la influencia política, militar y económica de Rusia y China en África no ha parado de crecer a costa del papel de Occidente en el continente.

Fuente LSN

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La Ley Anti-Homosexualidad (AHA) recientemente aprobada en Uganda ha provocado un aumento de los abusos contra las personas LGBTQIA+, han dicho activistas sobre el terreno.

Advertencia de contenido: esta historia incluye temas que podrían hacer que algunos lectores se sientan incómodos o molestos.

Promulgada en mayo, la AHA defiende la criminalización de la actividad sexual entre personas del mismo sexo y ordena que ciertos actos sean castigados con la pena de muerte.

Al menos seis personas han sido acusadas en virtud de la legislación, incluidas dos acusadas de “homosexualidad agravada”, algo que se define en el proyecto de ley como relaciones sexuales con un menor, tener relaciones sexuales siendo VIH positivo o participar en incesto.

Las personas LGBTQIA+ en Uganda se enfrentan ahora a torrentes de abusos debido a la AHA, según un informe elaborado por un comité de la coalición Convención por la Igualdad (CFE) y visto por Reuters.

Del 1 de enero al 31 de agosto de este año, los investigadores han registrado al menos 306 violaciones de derechos basadas en la orientación sexual y/o identidad de género de una persona.

Estos incluyen actos de tortura, violación, arresto y desalojo, con 18 casos documentados de policías que realizaron exámenes anales forzados para reunir “pruebas” de la homosexualidad de alguien.

“Sobrevivir a un examen anal forzado en la policía es algo que te acompañará para siempre”, dijo uno de los supervivientes a los investigadores.

Los informes de 2020 y 2021 encontraron que los actores estatales perpetraron casi el 70 por ciento de las violaciones de derechos, aunque en 2023 solo se les atribuyeron 25 incidentes.

En cambio, se cree que la mayoría fueron cometidos por particulares, lo que se ha relacionado con un aumento de la retórica homofóbica en el país.

Los investigadores dijeron que este aumento comenzó antes de la aprobación de la AHA a principios de este año y se ha utilizado para radicalizar al público contra las personas LGBTQIA+.

El informe señaló que no puede considerarse exhaustivo de la situación en Uganda debido a las dificultades que enfrentan las personas LGBTQIA+ para denunciar los abusos que sufren.

Fuente Reuters

General, Homofobia/ Transfobia. Derechos LGTBIQ+, exámenes anales, Homofobia/Transfobia, Ley Anti-Homosexualidad (AHA), Uganda

Elisha Mukisa

Un activista ugandés anti-gay ha sido encarcelado acusado de homosexualidad en lo que un periódico local ha considerado el primer caso importante desde que la nación promulgó su brutal ley contra la homosexualidad en Uganda.

Elisha Mukisa se ha hecho un nombre como activista “ex-gay”. Abogó fervientemente por la aprobación de la ley contra la homosexualidad, presentándose a sí mismo como una ex “víctima” de la homosexualidad. En marzo habló ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios a favor del proyecto de ley.

Uganda podría matar al primer hombre acusado en virtud de su ley de “homosexualidad agravada”. Según la ley Kill the Gays, se le acusa de tener “relaciones sexuales ilegales” con otro hombre.

Según la nueva ley, la pena de muerte se aplica en casos considerados “agravados”, que incluyen reincidencia de homosexualidad, sexo que transmite una enfermedad terminal o relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con un menor, un anciano o una persona con discapacidad. Los críticos dicen que la ley demoniza a los homosexuales como depredadores sexuales inmorales y que propagan enfermedades, al tiempo que aísla aún más a la ya marginada comunidad LGBTQ+ del país.

El The Daily Monitor informa que Mukisa fue procesado esta semana junto con el hombre con quien ha sido acusado de practicar la homosexualidad, Kitimbo Ramon Mwesigwa. Ambos han negado las acusaciones.

El activista Frank Mugisha calificó la situación de “cargada de ironía. Esto no es de ninguna manera una sensación de schadenfreude», dijo, «sino más bien una sensación de desilusión en nuestra clase política».

Otro activista, el abogado Nicholas Opiyo, también comentó la ironía del hecho de que “será juzgado bajo una ley que promovió tan fervientemente con desinformación y mentiras”.

Pero tanto Mugisha como Opiyo enfatizaron que Mukisa todavía tiene derechos y merece un juicio justo. “Chantajeó a ONG que se han comprometido a trabajar por los derechos de los homosexuales. Pero como la noche sigue al día, sabía que la verdad no podía ocultarse para siempre”, dijo Mugisha. “También declaro inequívocamente que él más que nadie merece ser juzgado con el debido proceso a diferencia de lo que deseaba para otros”.

La Ley contra la Homosexualidad, también conocida como Ley Matar a los Gays, fue promulgada por el presidente, Yoweri Museveni en mayo, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley.

A principios de este mes, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda en respuesta a la aprobación de la ley.

La administración Biden ordenó una revisión de toda la ayuda estadounidense a la nación de África Oriental, además de emitir una advertencia de viaje a Uganda citando problemas de “chantaje” y “violencia” generalizados en el país.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente LGBTQ Nation/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Elisha Mukisa, Ex-gay, Frank Mugisha, Homofobia/Transfobia, Kitimbo Ramon Mwesigwa, Nicholas Opiyo, Uganda

Según la ley Kill the Gays, se le acusa de tener “relaciones sexuales ilegales” con otro hombre.

Un joven ugandés de 20 años es el primero acusado en virtud de la nueva ley de “homosexualidad agravada” de Uganda. El cargo, también conocido como la ley “Matar a los Gays”, es un delito punible con la muerte.

El acusado anónimo fue acusado el 18 de agosto, dijeron su abogado y los fiscales.

Según un documento de acusación visto por Reuters, el acusado “realizó relaciones sexuales ilegales” con un hombre de 41 años. Los fiscales no especificaron por qué el hecho se consideró agravado.

Según la nueva legislación aprobada a principios de este año que criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, la pena de muerte se aplica en casos considerados “agravados”, que incluyen reincidencia de homosexualidad, sexo que transmite una enfermedad terminal o relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con un menor, un anciano o una persona con discapacidad. Los críticos dicen que la ley demoniza a los homosexuales como depredadores sexuales inmorales y que propagan enfermedades, al tiempo que aísla aún más a la ya marginada comunidad LGBTQ+ del país.

“Dado que se trata de un delito capital que puede ser juzgado por el Tribunal Superior, el cargo fue leído y explicado (al detenido) en el Tribunal de Primera Instancia el día 18 y fue puesto en prisión preventiva”, dijo Jacqueline Okui, portavoz de la oficina del director. de procesamientos públicos, dijo a Reuters.

La semana pasada, cuatro ugandeses (dos mujeres y dos hombres) fueron arrestados bajo sospecha de haber cometido actos homosexuales en un salón de masajes después de que una “informante” avisara a la policía.

La Ley Anti-Homosexualidad, como se conoce formalmente a la ley Kill the Gays, fue promulgada por el presidente,  Yoweri Museveni, en mayo, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley.

A principios de este mes, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos en Uganda en respuesta a la aprobación de la ley.

La administración Biden ordenó una revisión de toda la ayuda estadounidense a la nación de África Oriental, además de emitir una advertencia de viaje a Uganda citando problemas de “chantaje” y “violencia” generalizados en el país.

Justine Balya, abogada del acusado, calificó la ley por la que se acusó a su cliente de “inconstitucional”. El Tribunal Superior del país aún no ha aceptado una impugnación de la ley.

La Ley contra la Homosexualidad es la segunda ley para matar a los gays que se promulga en el país en otras tantas décadas. Al igual que la primera versión, aprobada en 2014 y luego revocada por el Tribunal Superior de Uganda, la segunda fue escrita y impulsada por el Parlamento con la ayuda de Family Watch International, con sede en Arizona, una organización comprometida con la difusión de ideologías anti-LGBTQ+ y antiaborto en todo el mundo. mundo, según el Southern Poverty Law Center.

El grupo ha estado trabajando haciendo proselitismo entre los legisladores ugandeses desde 2009.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente Reuters/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Justine Balya, Ley Kill the Gays, Pena de Muerte, Uganda

 Un nuevo artículo de un medio de comunicación católico ha destacado la difícil situación de los refugiados LGBTQ+, para quienes cada día es “difícil y lleno de desafíos”. En un campo de refugiados, la mayoría de estos refugiados LGBTQ+ son católicos.

Doreen Ajiambo, corresponsal en África/Oriente Medio de Global Sisters Report, una publicación de National Catholic Reporter, detalló la experiencia de estos refugiados que viven en el campamento de refugiados de Kakuma, un campamento en el noroeste de Kenia que alberga a más de 200.000 refugiados de Etiopía, Sudán del Sur, Sudán, Somalia, Burundi, la República Democrática del Congo y Uganda.

Cientos de residentes LGBTQ+ en el campamento enfrentan discriminación y violencia persistentes. Para Nardi Niyongabo, un refugiado gay de Burundi, existe un “miedo constante” en torno a su identidad sexual. Niyongabo huyó a Uganda en 2013 después de que familiares y amigos lo atacaran físicamente por tener intimidad con su pareja. En 2017, se mudó al campo de refugiados de Kakuma en Kenia después de que el gobierno de Uganda intensificó su campaña contra los derechos LGBTQ+.

Según Niyongabo, muchos de los refugiados LGBTQ+ se identifican como católicos, pero la mayoría de los residentes cristianos del campamento no toleran a las personas LGBTQ+. A principios de año, un grupo de refugiados atacó físicamente a Niyongabo durante las oraciones vespertinas, dejándolo inconsciente y con una pierna rota. El ataque ocurrió después de que el catequista predicara sobre la naturaleza “demoníaca” de la homosexualidad. Niyongabo describió la experiencia:

«‘Pensé que este sería mi lugar más seguro, pero esas esperanzas se han desvanecido después de que los cristianos me atacaron recientemente en una iglesia’. Los refugiados LGBTQ viven con el temor constante de ser atacados o incluso asesinados. Muchas personas nos insultan; se burlan de nosotros y dicen que nos posee un demonio y un espíritu maligno de homosexualidad.’

“‘Tenemos miedo de ir a la iglesia o reunirnos con algunos líderes religiosos aquí, ya que la mayoría anima a la gente a atacarnos. Dicen que no estamos viviendo de la forma normal en que Dios nos hizo; lo que somos es pecado’”.

La historia de Niyongabo es solo una de muchas de las personas LGBTQ+ en el campamento. Una refugiada lesbiana que permaneció en el anonimato declaró:

“‘Nos enfrentamos a más problemas que otros refugiados. Somos discriminados e incluso a veces se nos niega la comida. Somos atacados constantemente, y si informamos a la policía oa los funcionarios del ACNUR [Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados], somos ignorados. Algunas lesbianas han sido violadas, pero cuando lo denunciaron, la policía les dijo que fueran a buscar a los perpetradores ellos mismos’”.

Actualmente, 32 de las 54 naciones de África criminalizan la homosexualidad. Ayer, Bondings 2.0 informó sobre las duras acciones tomadas por los obispos en Malawi y Costa de Marfil. En África Oriental se encuentran leyes particularmente duras y discriminatorias. Por ejemplo, aquellos que “practiquen o promuevan la homosexualidad” en Kenia pueden ser encarcelados hasta 14 años. En Uganda, una nueva ley permite que los condenados por “homosexualidad agravada” se enfrenten a la pena de muerte.

Si bien muchos en África apoyan estas leyes discriminatorias, el Papa Francisco ha apoyado abiertamente a la comunidad LGBTQ+, incluso afirmando que «ser homosexual no es un delito» a principios de este año. El P. José Padinjareparampil, director de Don Bosco Kakuma, una agencia de servicios sociales salesianos, ha estado trabajando para difundir la misión del Papa Francisco en todo el campamento, diciendo:

“‘Damos la bienvenida a todos a la iglesia sin importar cómo se identifiquen. Estoy hablando con otros líderes para asegurarme de que no discriminen a las personas LGBTQ. Siempre alentamos a todos a abrazarse y vivir en unidad porque la iglesia es la unidad en el cuerpo de Cristo’”.

El trabajo del Padre Padinjareparampil debe ser un modelo para todos los líderes católicos en esa área. Ningún individuo debería vivir una vida de “miedo constante”, ya que todos los católicos tienen el deber de oponerse a los abusos de los derechos humanos dondequiera que estén, especialmente en una situación como la de un campo de refugiados.

—Sarah Cassidy (ella/ella), New Ways Ministry, 17 de agosto de 2023

Fuente New Ways Ministry

Cristianismo (Iglesias), General, Homofobia/ Transfobia. Bosco Kakuma, Burundi, Doreen Ajiambo, Etiopía, José Padinjareparampil, Kakuma, Kenia, Nardi Niyongabo, Personas refugiadas, Personas refugiadas LGTBIQ+, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Sudán del sur, Uganda

Juan Carlos Cruz Chellew,

Los líderes católicos LGBTQ+ han continuado pidiendo a los obispos de Uganda  que condenen la legislación aprobada a principios de este año que criminaliza aún más a las personas LGBTQ+. Sin embargo, un obispo estadounidense ha defendido la nueva ley.

Juan Carlos Cruz Chellew, un hombre gay que es un asesor cercano del Papa Francisco, escribió en el National Catholic Reporter que el silencio de los obispos de Uganda “es ensordecedor”. Continuó, señalando la condena del Papa a las leyes de criminalización a principios de este año:

“Este silencio continuo se vuelve más notable considerando el papel influyente de la Iglesia Católica en Uganda, con casi el 40% de los ugandeses identificándose como católicos. Los obispos católicos, considerados líderes morales por millones, tienen una posición de influencia única y podrían cambiar la narrativa en torno a esta legislación inhumana. . .

“Sin embargo, a pesar de las palabras del Papa, los obispos católicos de Uganda permanecen notablemente silenciosos sobre este tema. También guarda silencio el Dicasterio para la Evangelización del Vaticano que supervisa las diócesis y los obispos en Uganda. Su silencio crea un vacío, lleno de miedo, discriminación y deshumanización. Como líderes morales y espirituales, sus palabras, o la falta de ellas, pueden moldear la opinión pública, ya sea legitimando estas leyes inhumanas o desafiándolas. . .

“Es hora de que los obispos católicos de Uganda y el Dicasterio Vaticano para la Evangelización rompan su silencio. Es hora de que denuncien esta legislación como contraria a la dignidad humana y al amor que sustenta el cristianismo. Sus palabras podrían resonar en toda la nación y el mundo, promoviendo un mensaje de amor y aceptación sobre el odio y la discriminación”.

Chris Vela

Como Bondings 2.0 informó anteriormente, varios católicos ugandeses de alto perfil elogiaron públicamente la aprobación en abril de la Ley contra la homosexualidad, que impone la pena de muerte, la cadena perpetua y la terapia de conversión forzada como castigos por las relaciones sexuales entre personas del mismo género. Antes de la aprobación del proyecto de ley, el obispo Sanctus Lino Wanok de Lira, Uganda, calificó la homosexualidad como “no humana” en una homilía del Miércoles de Ceniza.

La Global Network of Rainbow Catholics-Red Global de Católicos Arco Iris (GNRC) reiteró su llamado anterior a los fieles a actuar contra la nueva ley de Uganda y la cultura anti-LGBTQ+ de la que proviene. Chris Vella, también copresidente de la GNRC, dijo que estaba «profundamente conmocionado y entristecido», y agregó: «Nos acercamos a nuestra familia LGBT en Uganda en solidaridad y extendemos nuestras oraciones en su nombre».

Marianne Duddy-Burke, la otra copresidenta de la GNRC, dijo en un comunicado:

“Invitamos a los líderes de la iglesia a mirar de cerca la experiencia vivida por las personas LGBTIQ e iniciar un diálogo genuino y sincero con estas personas antes de emitir declaraciones que son profundamente dañinas y peligrosas. Hacemos un llamado a las personas de buena voluntad para que protejan los derechos humanos de las personas LGBTIQ y no toleren ningún tipo de violencia y discriminación”.

Obispo Thomas Paprocki

En una columna de un periódico diocesano que ridiculizaba el Mes del Orgullo, el obispo Thomas Paprocki de Springfield, Illinois, se desvió del tema para reprender al presidente Joe Biden por criticar la nueva ley de Uganda, sugiriendo que era “inherentemente racista y arrogante que el líder blanco de los Estados Unidos sermonear a una nación africana sobre qué leyes son correctas para su país”. El comentario de Biden fue el ejemplo de Paprocki de “[nuestro] gobierno. . . promover el movimiento LGBTQ+, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en todo el mundo”.

Cuando el llinois Times le preguntó acerca de sus comentarios, el obispo no condenó la ley de Uganda y afirmó: “Si bien respeta la soberanía del pueblo de Uganda para aprobar sus propias leyes, la enseñanza de la Iglesia contra la pena de muerte es clara. La Iglesia también enseña claramente que, si bien los actos homosexuales son gravemente pecaminosos, las personas homosexuales deben ser ‘aceptadas con respeto, compasión y sensibilidad’ y que ‘debe evitarse todo signo de discriminación injusta en su contra’”.

En todo el mundo, los líderes católicos y los laicos tienen la responsabilidad moral de ser solidarios con la comunidad LGBTQ+ marginada de Uganda. El Catecismo de la Iglesia Católica denuncia tanto la pena de muerte (n. 2306) como la “discriminación injusta” contra las personas lesbianas y gays (n. 2358). En ambos casos, la última Ley Anti-Homosexualidad de Uganda hace alarde de las enseñanzas de la iglesia a expensas de las vidas LGBTQ+. Los líderes de la iglesia en Uganda deben ser una voz profética allí y estar a la altura de los estándares del Evangelio que afirman predicar al condenar la ley injusta.

—Ariell Simon (ella/ella) y Robert Shine (él/él), New Ways Ministry, 11 de julio de 2023

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La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda

  Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien la nueva Ley aprobada por el Parlamento y promulgada  por el presidente de Uganda, Museveni, criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Y de hecho, el pasado 31 de mayo, el proyecto de ley contra la homosexualidad de Uganda se convirtió en ley, y los activistas calificaron la “ley mortal” como un “ataque a los derechos humanos”. Yoweri Museveni, dio su aprobación a la Ley Anti-Homosexualidad, que se convierte inmediatamente en una de las leyes anti-LGBTQ+ más estrictas del mundo, informó el lunes (29 de mayo) la cuenta oficial de Twitter del gobierno de Uganda.

Museveni, firme partidario de la familia, había prometido previamente firmar la medida tras las enmiendas sugeridas por él, y se ha manifestado enérgicamente contra lo que considera incursiones ideológicas occidentales en su nación mayoritariamente cristiana.

La presidenta del parlamento de Uganda, Anita Among, también confirmó la noticia en una publicación en Twitter, diciendo que Museveni había “respondido a los gritos de nuestro pueblo” y “legislado para proteger la santidad de la familia. Ahora animo a los garantes de deberes bajo la ley a ejecutar el mandato que se les otorga en la Ley Anti-Homosexualidad”, escribió Among. “El pueblo de Uganda ha hablado, y ahora es su deber hacer cumplir la ley de manera justa, firme y constante”.

La nueva legislación duplica las ya duras sanciones impuestas a las personas LGBTQ+ en Uganda, donde la intimidad sexual consentida entre personas del mismo sexo es ilegal. La Ley contra la Homosexualidad introduce el nuevo delito de “homosexualidad agravada”, que se define como tener relaciones sexuales con una persona menor de 18 años y tener relaciones sexuales siendo VIH positivo, entre otras categorías. Lleva una sentencia de muerte.

Según la ley, cualquiera que alquile a sabiendas a homosexuales podría ser encarcelado hasta siete años, señaló la BBC. Además, los ugandeses estarán obligados por ley a denunciar cualquier acto homosexual en el que participen menores de edad; no hacerlo podría acarrear cinco años entre rejas o fuertes multas equivalentes a más de 2.500 dólares.

El parlamento aprobó una versión anterior del proyecto de ley en marzo que tenía disposiciones que buscaban castigar a las personas por simplemente identificarse como parte de la comunidad LGBTQ+, pero los legisladores eliminaron esta cláusula en mayo después de que Museveni devolviera el proyecto de ley al parlamento para su reconsideración.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas”a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente New Ways Ministry/Cristianos Gays

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Católicos LGTBIQ+, Chris Vella, Global Network of Rainbow Catholics-Red Global de Católicos Arco Iris, Homofobia/Transfobia, Iglesia Católica, Juan Carlos Cruz Chellew, Papa Francisco, Red Global de Católicos Arco Iris (GNRC), Sanctus Lino Wanok, Thomas Paprocki, Uganda

Llamamiento de Justin Welby, primado de Inglaterra, a Stephen Kaziimba, primado de Uganda

Choque de Primados: La Comunión Anglicana, a prueba tras el apoyo de la Iglesia de Uganda a la ley que contempla la pena de muerte para las personas LGTBIQ+

Welby: «Insto al arzobispo Kaziimba y a la Iglesia de Uganda, un país y una Iglesia que amo mucho y al que le debo tanto, a que reconsideren su apoyo a esta legislación y rechacen la criminalización de las personas LGBTQ».

El arzobispo de Canterbury ha rechazado la ley contra la actividad homosexual de Uganda y pide a los anglicanos ugandeses que se opongan al proyecto de ley.

El Arzobispo de Canterbury ha expresado su “dolor y consternación” por la ley de Uganda que prohíbe la homosexualidad en una carta instando a los funcionarios de la Iglesia en el país a rechazarla.

El obispo principal Justin Welby escribió al arzobispo de Uganda Stephen Kaziimba el viernes (9 de junio) condenando públicamente la Ley contra la homosexualidad de Uganda.

“Recientemente le escribí a mi hermano en Cristo, el Primado de Uganda, el Arzobispo Stephen Kaziimba, para expresar mi dolor y consternación por el apoyo de la Iglesia de Uganda a la Ley contra la Homosexualidad. Hago esta declaración públicacon tristeza y con oraciones continuas por la reconciliación entre nuestras iglesias y en toda la Comunión Anglicana», dice Welby en un comunicado

“Soy profundamente consciente de la historia del dominio colonial en Uganda, tan heroicamente resistido por su pueblo. Pero no se trata de imponer valores occidentales a nuestros hermanos y hermanas anglicanos de Uganda. Se trata de recordarles los compromisos que hemos hecho como anglicanos de tratar a cada persona con el cuidado y el respeto que merecen como hijos de Dios”.

There is no justification for any province of the Anglican Communion to support the criminalisation of LGBTQ people: not in our resolutions, our teachings, or the Gospel we share.

After writing to the Primate of Uganda, I make the following statement: https://t.co/GaDDx8XTvf

— Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) June 9, 2023

Así se expresa el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, sobre el apoyo de la Iglesia de Uganda a la Ley contra la Homosexualidad promulgada recientemente por el presidente Yoweri Museveni, una de las más duras del mundo contra el colectivo LGBTQ, y en donde cualquier condenado puede enfrentarse a cadena perpetua, contemplándose incluso la pena de muerte para los «casos agravados«, como tener relaciones homosexuales con menores de 18 años o infectar a una pareja sexual con una enfermedad crónica como el sida.

El proyecto de ley, firmado por segunda vez el 29 de mayo, introduce leyes que prohíben a los ciudadanos de Uganda defender o promover los derechos LGBTQ+ además de leyes ya estrictas contra la intimidad consensuada entre personas del mismo sexo.

También introduce una cláusula sobre la “homosexualidad agravada”, definida como tener relaciones sexuales con un menor o siendo seropositivo, que conlleva la pena de muerte.

Los legisladores aprobaron inicialmente la legislación en abril, pero fue devuelta después de que el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, dijera que requería enmiendas para “facilitar el refuerzo y el fortalecimiento de algunas disposiciones en línea con nuestras mejores prácticas”.

En su carta, Welby también pidió a la Global Anglican Future Conference (GAFCON) y a la Global South Fellowship of Anglican Churches (GSFA) que dejaran “explícitamente” en claro que la ley estaba en contra de sus valores fundamentales.

“Dentro de la Comunión Anglicana, -prosigue el comunicado difundido por Welby- seguimos en desacuerdo sobre cuestiones de sexualidad, pero en nuestro compromiso con la dignidad humana otorgada por Dios, debemos estar unidos”, escribió. “Le recordé al arzobispo Kaziimba que los anglicanos de todo el mundo han estado unidos durante mucho tiempo en nuestra oposición a la criminalización de la homosexualidad y las personas LGBTQ. Apoyar dicha legislación es una desviación fundamental de nuestro compromiso de defender la libertad y la dignidad de todas las personas.

“No hay justificación para que ninguna provincia de la Comunión Anglicana apoye tales leyes: ni en nuestras resoluciones, ni en nuestras enseñanzas, ni en el Evangelio que compartimos”.

Señaló una resolución acordada durante la Conferencia de Lambeth de 1998, una asamblea decenal de obispos para expresar resoluciones sobre las creencias anglicanas, que establece un «compromiso de ministrar pastoralmente y sensibilidad para todos, independientemente de la orientación sexual».

“La Iglesia de Uganda, como muchas provincias anglicanas, mantiene la enseñanza cristiana tradicional sobre la sexualidad y el matrimonio establecida en la Resolución i.10 de la Conferencia de Lambeth de 1998. Esa resolución también expresó el compromiso de ministrar pastoral y sensiblemente a todos, independientemente de la orientación sexual, y de condenar la homofobia.“Le dije al Arzobispo Kaziimba que no puedo ver cómo el apoyo de la Iglesia de Uganda a la Ley contra la Homosexualidad es consistente con sus muchas declaraciones en apoyo de la Resolución i.10”, señala el primado anglicano, precisamente muy cuestionado por las iglesias africanas por el apoyo desde Europa a las reivindicaciones de la comunidad LGTBQ.

Arzobispo Stephen Kaziimba Mugalu

“Más recientemente, en la Reunión de Primados de 2016 en Canterbury, los Primados de la Comunión Anglicana ‘condenaron los prejuicios y la violencia homofóbicos y resolvieron trabajar juntos para ofrecer atención pastoral y un servicio amoroso independientemente de la orientación sexual”, añade el arzobispo de Canterbury, quien apunta también que “afirmamos que esta convicción surge de nuestro discipulado de Jesucristo.

También “reafirmamos nuestro rechazo a las sanciones penales contra personas atraídas por personas del mismo sexo” y declaramos que “el amor de Dios por cada ser humano es el mismo, independientemente de su sexualidad, y que la iglesia nunca debe dar otra impresión con sus acciones”, continúa el comunicado, que ahonda en la fractura entre las Iglesias anglicanas en una cuestión muy sensible en sociedades como la africana.

“Estas declaraciones y compromisos son la mente común de la Comunión Anglicana sobre la dignidad y el valor esenciales de cada persona. Por lo tanto, insto al arzobispo Kaziimba y a la Iglesia de Uganda, un país y una Iglesia que amo mucho y al que le debo tanto, a que reconsideren su apoyo a esta legislación y rechacen la criminalización de las personas LGBTQ. También hago un llamado a mis hermanos en Cristo, el liderazgo de GAFCON y la Fraternidad de Iglesias Anglicanas del Sur Global, para que aclaren explícita y públicamente que la criminalización de las personas LGBTQ es algo que ninguna provincia anglicana puede apoyar: eso debe declararse inequívocamente”, subraya Welby, quien concluye pidiendo que, “como discípulos de Jesucristo, estamos llamados a honrar la imagen de Dios en cada persona, y rezo para que los anglicanos sean intransigentes y estén unidos en este llamado”.

El arzobispo de Canterbury se ha enfrentado a la controversia por sus puntos de vista sobre las personas LGBTQ+ en el pasado

Si bien la carta del arzobispo de Canterbury que condena el proyecto de ley sin duda será un alivio para los anglicanos LGBTQ+, el enfoque anterior de Welby sobre la inclusión ha dejado a muchos en la Iglesia en terreno inestable.

La Iglesia de Inglaterra se vio obligada a disculparse por su trato a las personas LGBTQ+ luego de meses de controversia luego de que los obispos se negaran a permitir la ordenación de matrimonios entre personas del mismo sexo por parte de miembros del clero.

“Las ocasiones en que han recibido una respuesta hostil y homófoba en nuestras iglesias son vergonzosas y por eso nos arrepentimos”, decía una carta abierta en enero. “Mientras escuchamos, nos han dicho una y otra vez cómo le hemos fallado a las personas LGBTQ+”, continuó. “No los hemos amado como Dios los ama, y eso está profundamente mal”.

El mismo día, Welby dijo que las parejas del mismo sexo que ya están casadas pueden ser bendecidas por el clero, pero que él mismo no lo haría debido a su «responsabilidad pastoral para toda la comunión».

En respuesta, el parlamentario laborista Ben Bradshaw dijo que las recomendaciones eran «incluso peores de lo que se ha seguido».

De manera similar, la exasesora del gobierno LGBTQ+ y activista cristiana gay, Jayne Ozanne, dijo: “¡Disculpa no aceptada, arzobispo! Me pregunto si los arzobispos realmente han olvidado que nos han pedido disculpas antes, muchas veces, o si creen que esto será suficiente para nosotros dado que la discriminación continúa”.

Anglicanismo: una comunión dividida por la inclusión de las personas LGTBI

La Rosa de los Vientos,
(Emblema oficial de la Comunión anglicana, simboliza su alcance mundial y naturaleza descentralizada.)

La aceptación de la homosexualidad en la Comunión anglicana es desigual entre sus diferentes jerarquías e iglesias. La Iglesia episcopaliana, rama estadounidense de los anglicanos, es sin duda la que abrió camino. Ya en 2003 eligió al primer obispo abiertamente gay, Gene Robinson. Y en 2010 fue la primera en romper con la moratoria autoimpuesta durante varios años por la comunión anglicana tras el nombramiento de Robinson y comenzar a ordenar de nuevo obispos y obispas abiertamente homosexuales. En 2012 aprobaba también la ordenación de personas transexuales. También, como ya hemos señalado, fue la primera iglesia anglicana en celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo.

La Iglesia anglicana de Canadá también se ha caracterizado por su afán inclusivo. Así, por ejemplo, tras sumarse a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo, enspués elegía obispo a Kevin Robertson, abiertamente gay y padre, junto a su pareja, de dos hijos. Roberston se convertía así en el primer miembro de una familia homoparental en ostentar esta dignidad en una iglesia anglicana.

En el otro extremo se sitúan las iglesias anglicanas africanas, algunas de ellas virulentamente homófobas. Una situación inestable que en la última década ha colocado al anglicanismo al borde de un cisma que no ha llegado a producirse aún pero que sobrevuela la Comunión Anglicana.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien la nueva Ley aprobada por el Parlamento y promulgada  por el presidente de Uganda, Museveni, criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas”a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente PinkNews/Religión Digital/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Anglicana Anita Among, Arthur Kayima, Comunión Anglicana, Global Anglican Future Conference (GAFCON), Global South FelloOwship of Anglican Churches (GSFA), Homofobia/Transfobia, Iglesia de Inglaterra, Justin Welby, Karine Jean-Pierre, Mike Podmore, Pena de Muerte, Personas LGTBIQ, Stephen Kaziimba, Uganda, Yoweri Museveni

El criminal presidente de Uganda, Yoweri Museveni,con una Biblia en la mano…

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, promulgó la Ley contra la homosexualidad, que duplica la persecución de las personas LGBTQ+ en el país.

La ley anti-LGBTQ+ de Uganda es un “ataque a los derechos humanos”

El proyecto de ley contra la homosexualidad de Uganda se convirtió en ley, y los activistas calificaron la «ley mortal» como un «ataque a los derechos humanos».

Yoweri Museveni, dio su aprobación a la Ley Anti-Homosexualidad, que se convierte inmediatamente en una de las leyes anti-LGBTQ+ más estrictas del mundo, informó el lunes (29 de mayo) la cuenta oficial de Twitter del gobierno de Uganda.

Museveni, firme partidario de la familia, había prometido previamente firmar la medida tras las enmiendas sugeridas por él, y se ha manifestado enérgicamente contra lo que considera incursiones ideológicas occidentales en su nación mayoritariamente cristiana.

La presidenta del parlamento de Uganda, Anita Among, también confirmó la noticia en una publicación en Twitter, diciendo que Museveni había «respondido a los gritos de nuestro pueblo» y «legislado para proteger la santidad de la familia».

“Ahora animo a los garantes de deberes bajo la ley a ejecutar el mandato que se les otorga en la Ley Anti-Homosexualidad”, escribió Among. “El pueblo de Uganda ha hablado, y ahora es su deber hacer cumplir la ley de manera justa, firme y constante”.

– ,
General @KagutaMuseveni , has executed his Constitutional mandate and assented to the Anti-Homosexuality Act, 2023. pic.twitter.com/PH8IUegBp3

— Government of Uganda (@GovUganda) May 29, 2023

La Ley contra la Homosexualidad de Uganda introduce la pena de muerte

La nueva legislación duplica las ya duras sanciones impuestas a las personas LGBTQ+ en Uganda, donde la intimidad sexual consentida entre personas del mismo sexo es ilegal.

La Ley contra la Homosexualidad introduce el nuevo delito de “homosexualidad agravada”, que se define como tener relaciones sexuales con una persona menor de 18 años y tener relaciones sexuales siendo VIH positivo, entre otras categorías. Lleva una sentencia de muerte.

Según la ley, cualquiera que alquile a sabiendas a homosexuales podría ser encarcelado hasta siete años, señaló la BBC. Además, los ugandeses estarán obligados por ley a denunciar cualquier acto homosexual en el que participen menores de edad; no hacerlo podría acarrear cinco años entre rejas o fuertes multas equivalentes a más de 2.500 dólares.

El parlamento aprobó una versión anterior del proyecto de ley en marzo que tenía disposiciones que buscaban castigar a las personas por simplemente identificarse como parte de la comunidad LGBTQ+, pero los legisladores eliminaron esta cláusula en mayo después de que Museveni devolviera el proyecto de ley al parlamento para su reconsideración.

Arthur Kayima, un activista queer de derechos humanos de Uganda, condenó la «legislación vil y mortal» y dijo que «no hará nada para mejorar Uganda o la vida de los ugandeses». En lugar de centrarse en los problemas reales a los que se enfrenta Uganda (pobreza, mala infraestructura, economía, violencia doméstica), Museveni preferiría causar distracción atacando nuestro derecho fundamental a existir”, dijo Kayima.

La activista continuó: “Tengo miedo por mi comunidad. ¿Cuántos de nosotros seremos encarcelados, golpeados o perseguidos en las sombras de la sociedad como resultado de esta legislación? ¿Cuántos morirán? “Todos aquellos que creen en nuestros derechos deben luchar contra esta legislación y las fuerzas detrás de ella por todos los medios necesarios”.

Activistas LGBTQ+ y de derechos humanos pidieron al presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que no promulgara la Ley contra la homosexualidad. Museveni ignoró sus súplicas. (Getty)

Mike Podmore, director de la red de VIH, salud y derechos STOPAIDS, con sede en el Reino Unido, dijo que el proyecto de ley no solo es un «ataque directo a los derechos humanos», sino que también es una «amenaza para la salud pública que diezmará la respuesta al VIH».

Podmore describió cómo la Ley Anti-Homosexualidad penalizará la “prestación de servicios clave y afianzará aún más el estigma mortal que lamentablemente todavía rodea al VIH”.

“Debemos hacer todo lo posible para persuadir a Uganda contra este paso regresivo que podría desencadenar un efecto dominó entre otros países de la región para retroceder aún más en los derechos LGBTQI+, incluidos Kenia, Ghana y Burundi”, dijo Podmore.

“Los gobiernos de todo el mundo deben actuar de inmediato para hacer valer los derechos de las personas homosexuales y garantizar la seguridad de los ugandeses LGBTQI+ al garantizar que se respalden los servicios de primera línea y se brinde asilo seguro donde sea necesario”.

Podmore agregó que el Reino Unido tiene una “responsabilidad particular” en esta lucha, ya que las leyes que penalizan a las personas LGBTQ+ se introdujeron por primera vez cuando el Imperio Británico colonizó Uganda.

Además, dijo que Estados Unidos tiene un interés en este movimiento ya que “los grupos fundamentalistas evangélicos han financiado esta odiosa agenda”.

Después de que la Ley Anti-Homosexualidad fuera aprobada por el parlamento de Uganda en marzo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, advirtió que Estados Unidos podría implementar sanciones económicas si la nación africana promulgaba el proyecto de ley.

Jean-Pierre describió la medida como “una de las leyes anti-LGBTQ+ más extremas del mundo”.

Dijo que la legislación anti-LGBTQ+ “afectaría los derechos humanos universales, pondría en peligro el progreso en la lucha contra el VIH/SIDA, disuadiría el turismo y la [inversión] en Uganda y dañaría la reputación internacional de Uganda”.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente Pink News/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Anita Among, Arthur Kayima, Homofobia/Transfobia, Karine Jean-Pierre, Mike Podmore, Pena de Muerte, Personas LGTBIQ, Uganda, Yoweri Museveni

El Parlamento ugandés aprobó este mes su amplio proyecto de ley contra la sodomía tras añadir disposiciones que garantizan que no se penalice a las personas atraídas por personas del mismo sexo que busquen ayuda. El presidente del país africano ha declarado que firmará la medida una vez introducidos los cambios necesarios que aumenten los castigos y la represión a quien se niegue a «curarse»

 La nueva versión de la ley sigue siendo «una de las piezas más duras de la legislación anti-gay en el continente», según la BBC.

El parlamento de Uganda aprobó una primera versión de la «Ley contra la homosexualidad« en marzo. Denostada por los defensores de la agenda LGBT, la medida prevé penas estrictas para el comportamiento homosexual, incluyendo la pena de muerte .

«Estamos haciendo esta ley para nosotros mismos. Estamos haciendo esta ley por nuestros hijos«, declaró el mes pasado en el Parlamento el Ministro de Obras de Uganda, Ecweru Musa Francis. «Este país se mantendrá firme… los homosexuales no tienen espacio en Uganda».

El mes pasado, el presidente ugandés, Yoweri Museveni, afirmó que firmaría el proyecto de ley después de que los legisladores introdujeran cambios que salvaguardaban a los homosexuales de ser castigados por revelar su condición si buscaban la rehabilitación.

Posteriormente, los legisladores enmendaron la medida, que seguirá estableciendo penas rigurosas para las personas que faciliten la actividad homosexual.

Según la ley, cualquiera que alquile a sabiendas a homosexuales podría ser encarcelado hasta siete años, señaló la BBC. Además, los ugandeses estarán obligados por ley a denunciar cualquier acto homosexual en el que participen menores de edad; no hacerlo podría acarrear cinco años entre rejas o fuertes multas equivalentes a más de 2.500 dólares.

Museveni, firme partidario de la familia, había prometido previamente firmar la medida tras las enmiendas sugeridas por él, y se ha manifestado enérgicamente contra lo que considera incursiones ideológicas occidentales en su nación mayoritariamente cristiana.

En las últimas semanas y meses, funcionarios estadounidenses y europeos han condenado duramente el proyecto de ley antihomosexualidad de Uganda.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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En enero de este año, el gobierno de Irlanda promete promulgar una ley que prohíba las terapias de conversión antes de 2024. El pasado mes de octubre, el Senado de México votó para prohibir todas las terapias de conversión. En agosto, la ya dimitida primera ministra del Reino Unido Liz Truss,  se posicionaba en contra de prohibir las terapias de conversión. El Partido Conservador había estado prometiendo una prohibición de la terapia de conversión en el Reino Unido desde 2018, y el año pasado finalmente produjo un documento de consulta. Sin embargo, la consulta estuvo plagada de banderas rojas, comparando el tratamiento médico afirmativo para niños trans con la terapia de conversión, brindando exenciones religiosas e incluso afirmando que los adultos pueden dar su consentimiento libremente a la terapia de conversión.

Las propuestas de legislación del Reino Unido empeoraron este año cuando se anunció que la prohibición solo cubriría la orientación sexual y no la identidad de género. Por otro lado, Escocia se ha separado de la postura arcaica de los Tories, produciendo su propio informe de un grupo asesor de expertos del gobierno. El informe integral fue bien recibido por la comunidad LGBTQ+, centró a los sobrevivientes en todas las áreas y estableció principios clave para legislar en contra de la terapia de conversión.

Estos incluyeron una prohibición futura que debe cubrir cualquier tratamiento, práctica o esfuerzo que tenga como objetivo cambiar, suprimir o eliminar la orientación sexual, la expresión de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona, y brindar orientación específica sobre las experiencias de las personas de color LGBTQ+. – y sobrevivientes de grupos religiosos étnicos minoritarios.

En mayo, los obispos y las obispas de la Iglesia Anglicana de Gales celebraban que el Gobierno galés prohíba las “terapias” de conversión antiLGTBI. El pasado febrero, Israel prohibía las terapias de conversión para miembros de la comunidad LGTBQ+. Al otro lado del Atlántico, la Cámara de los Comunes de Canadá le dio su visto bueno el pasado diciembre,  por unanimidad, a un proyecto de ley para prohibir las pseudoterapias de conversión, y definitivamente el pasado enero de este año. Se trata de un veto total, no solo en menores de edad, y contempla penas de hasta cinco años de cárcel para quien inflija estas prácticas y hasta dos para quien se beneficie económicamente de las mismas o las publicite. El Senado aprobó el texto en una tramitación exprés apenas seis días más tarde y, tras recibir la firma de la gobernadora general, entró en vigor el pasado 7 de enero, y el pasado marzo les seguía Chile que prohíbe por ley las “terapias reparativas” de la homosexualidad o la transexualidad.

Sin embargo, hace unos meses conocíamos que Boris Johnson cedía a la presión del lobby transexcluyente y dejará fuera de la prohibición de las «terapias» de conversión la identidad de género. Y más recientemente, el Consejo General del Poder Judicial español criticaba en su informe no preceptivo, la prohibición de las mal llamadas terapias, en el proyecto de la ley Trans española. A esto se sumaban las desafortunadas palabras de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, gracias a los votos de la extrema derecha, Díaz Ayuso quien  no sancionará al obispo homófobo Reig Plá por las terapias para ‘curar’ la homosexualidad’.

La situación en otros países

Canadá y Francia se unieron al reducido grupo de países que han prohibido las pseudoterapias de conversión, ya sea de manera general o en menores de edad el pasado mes de enero. Le siguió Nueva Zelanda el pasado 15 de febrero, y el pasado marzo les seguía Chile que prohíbe por ley las “terapias reparativas” de la homosexualidad o la transexualidad.

En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor en 2019 tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril del mismo año  también  se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo hemos aprobó por ejemplo en enero de 2019  por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.

Y en julio, era Ciudad de México quien prohibía las «terapias» de conversión de la orientación sexual y la identidad de género. Y en octubre de 2020, en el Estado de México. y en julio de 2021 el Estado de Yucatán.

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. La siguió Alemania el año pasado, aunque con un texto limitado a los menores de edad y con ciertas ambigüedades que el próximo Gobierno de Olaf Scholz se ha comprometido a revisar. El próximo país en sumarse será posiblemente Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó en octubre, también por unanimidad, el veto a las pseudoterapias de conversión. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.

En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y era una de las disposiciones que preveía la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto).  Un proyecto que naufragó con la convocatoria de las elecciones de abril de 2019. Tras la repetición electoral, el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla «la aprobación de una Ley contra la Discriminación de las Personas LGTBI incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión».

Y, por fin, El Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, presentó el pasado junio el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, que incluye la prohibición de las pseudoterapias de conversión  aprobado por el Consejo de Ministros, iniciando ya su trámite para su debate y aprobación en el Congreso de los Diputados que culminó el pasad9 22 de diciembre con su aprobación por mayoría en el Congreso de los Diputados (188 votos a favor, 150 en contra y 7 abstenciones), el pleno del Congreso Diputados  de España aprobó y que ha sido remitido al Senado para su ratificación.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias»reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

De hecho, en julio de 2021, nos enterábamos de que el Vaticano frenaba las “terapias de conversión” e instruía a los obispos españoles a desautorizar a un grupo de ex-gays. Sin embargo, con la dimisión del obispo  Xavier Novell nos enterábamos de que éste, participó, y avaló, ‘terapias de conversión’ de homosexuales hasta que fue frenado por el Vaticano. otros prelados que avalaban dichas prácticas (según las víctimas) serían: José Ignacio Munilla, Javier Martínez, Arturo Ros y  Juan Antonio Reig  avalarían estas prácticas.

Hace unos días conocíamos que funcionarios de escuelas cristianas acusados de intentar ‘exorcizar’ a un adolescente gay para expulsar ‘demonios’

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La historia de “X. X.”, un eclesiástico homosexual que pasó por las ‘terapias de conversión’ y “pensó que no tenía más opción que suicidarse”

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«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

Fuente Agencias/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. "Terapias" reparadoras o de conversión, Ecweru Musa Francis, Homofobia/Transfobia, Uganda, Yoweri Museveni

Presidente Yoweri Museveni

Parlamentarios de Uganda aprueban proyecto de ley que impone la pena de muerte por homosexualidad

Activistas de derechos humanos condenan proyecto de ley que introduce penas capitales y cadena perpetua 

La ONU insta al presidente de Uganda a bloquear el «inquietante» proyecto de ley LGBTQ+ que introduce la pena de muerte

La Casa Blanca sugiere que Uganda podría enfrentar sanciones si el proyecto de ley de prohibición ‘extrema’ LGBTQ+ se convierte en ley

Los parlamentarios de Uganda aprobaron un controvertido proyecto de ley anti-LGBTQ+, que haría que los actos homosexuales se castigaran con la muerte, lo que atrajo una fuerte condena de los activistas por los derechos. El proyecto de ley contra la homosexualidad, que fue aprobado por el parlamento de Uganda el martes (21 de marzo), hará que sea ilegal identificarse simplemente como LGBTQ. Cualquier persona declarada culpable bajo la ley propuesta podría enfrentar hasta 20 años de cárcel. También se esperaría que los amigos y familiares entreguen a las personas LGBTQ+ si tuvieran una relación del mismo sexo.

Todos menos dos de los 389 legisladores votaron a última hora del martes a favor del proyecto de ley de línea dura contra la homosexualidad, que introduce penas capitales y de cadena perpetua para el sexo gay y el «reclutamiento, promoción y financiación» de «actividades» entre personas del mismo sexo.

La pena de muerte también es posible en virtud de la legislación para quienes sean declarados culpables de “homosexualidad agravada”, refiriéndose a violación, abuso sexual infantil o incesto. “Una persona que comete el delito de homosexualidad agravada y es responsable, en caso de condena, de sufrir la muerte”, dice el proyecto de ley presentado por Robina Rwakoojo, presidenta de asuntos legales y parlamentarios.

Los aliados de la comunidad LBGTQ+ podrían enfrentar hasta cinco años de prisión, y las personas tienen el deber de denunciar a las autoridades a las personas que tienen relaciones del mismo sexo. Habiendo sido votado por el parlamento, el proyecto de ley está listo para que el presidente Yoweri Museveni lo promulgue. El proyecto de ley, después de haber sido aprobado por el parlamento, ahora se encuentra en el escritorio del presidente Yoweri Museveni.

Solo dos diputados del partido gobernante, Fox Odoi-Oywelowo y Paul Kwizera Bucyana, se opusieron a la nueva legislación.

“El proyecto de ley está mal concebido, contiene disposiciones que son inconstitucionales, revierte los logros registrados en la lucha contra la violencia de género y criminaliza a las personas en lugar de conductas que contravienen todas las normas legales conocidas”, dijo Odoi-Oywelowo. “El proyecto de ley no introduce ningún valor agregado al libro de estatutos y al marco legislativo disponible”, dijo.

Una versión anterior del proyecto de ley provocó críticas internacionales generalizadas y luego fue anulada por el tribunal constitucional de Uganda por motivos de procedimiento. El proyecto de ley ahora irá al presidente Yoweri Museveni, quien puede vetarlo o convertirlo en ley. En un discurso reciente, pareció expresar su apoyo al proyecto de ley.

 Momento en que los parlamentarios de Uganda aprueban un proyecto de ley anti-LGBTQ+ – video
derechos LGBTQ+

Un parlamentario en la cámara, John Musila, usó una toga que decía: “Di no al homosexualismo, lesbianismo, gay”.

Cuando se presentó el proyecto de ley al parlamento de Uganda, Anita Among instó a otros parlamentarios a rechazar la intimidación, particularmente de los países occidentales.

Asuman Basalirwa, quien presentó el proyecto de ley, dijo que su objetivo era “proteger la cultura de nuestra iglesia, los valores familiares legales, religiosos y tradicionales de los ugandeses de los actos que probablemente promuevan la promiscuidad sexual en este país”.

Otra parlamentaria, Sarah Opendi, sugirió que los hombres homosexuales fueran castrados y que la cadena perpetua «no era adecuada» porque un hombre homosexual podría «seguir viviendo su vida, tal vez incluso continuar con la homosexualidad en prisión».

El proyecto de ley marca el último de una serie de retrocesos para los derechos LGBTQ+ en África, donde la homosexualidad es ilegal en la mayoría de los países. En Uganda, un país cristiano en gran parte conservador, el sexo homosexual ya se castigaba con cadena perpetua.

Activistas de derechos humanos han condenado la nueva medida para promulgar la dura ley, calificándola de «ley de odio». Hoy marca un día trágico en la historia de Uganda. @Parliament_Ug  ha aprobado una legislación que promueve el odio y busca despojar a las personas LGBTIQ de sus derechos fundamentales!” tuiteó Sarah Kasande, abogada y activista de derechos humanos de Kampala. “Las disposiciones del proyecto de ley contra la homosexualidad son bárbaras, discriminatorias e inconstitucionales”, dijo.

Ella agregó: “Para la comunidad LGBTIQ, sé que este es un día difícil, pero no pierdan la esperanza. La batalla no ha terminado; este repugnante proyecto de ley finalmente será derogado”.

El activista gay Eric Ndawula tuiteó: “Los eventos de hoy en el parlamento no son solo inmorales, sino un asalto total a la humanidad. Es aterrador que el juicio de nuestros parlamentarios esté empañado por el odio y la homofobia. ¿Quién se beneficia de esta ley draconiana?”

Today’s events in Parliament are not just immoral, but a complete assault on humanity. It’s frightening that our MPs’ judgment is clouded by hate & homophobia. Who benefits from this draconian law? It’s a question they’ll likely never answer. #AntiHomosexualityBill2023 Draconian pic.twitter.com/CvQvNK3Oiz

— Eric Ndawula🏳️‍🌈 (@EricNdawulaGrif) March 21, 2023

Más de 110 personas LGBTQ+ en Uganda informaron incidentes que incluyen arrestos, violencia sexual, desalojos y desnudez pública al grupo de defensa Minorías Sexuales de Uganda (Smug) solo en febrero. Las personas transgénero se vieron afectadas de manera desproporcionada, dijo el grupo.
omitir la promoción del boletín anterior

Kasha Jacqueline Nabagesera, una activista lesbiana en Kampala, dijo que continuarían los esfuerzos para anular la legislación. “Seguiremos luchando contra esta injusticia. Esta mujer lesbiana es ugandesa, incluso este pedazo de papel [no] impedirá que disfrute de mi país. La lucha acaba de comenzar”, dijo Nabagesera en un tuit.

Kasande dijo: “Lucharemos hasta que todas las personas en Uganda puedan disfrutar de los derechos que les garantiza la constitución”.

El presidente Museveni dijo el mes pasado que Uganda no aceptará la homosexualidad y afirmó que Occidente buscaba obligar a otros países a «normalizar» lo que llamó «desviaciones» y felicitó recientemente a los llamados “creyentes” por rechazar la homosexualidad. “Los países occidentales deberían dejar de perder el tiempo de la humanidad tratando de imponer sus prácticas a otras personas”, dijo Museveni en un discurso televisado ante el parlamento el 16 de marzo. “Los homosexuales son desviaciones de lo normal. ¿Por qué? ¿Es por naturaleza o por crianza? Necesitamos responder a esas preguntas. Necesitamos una opinión médica sobre eso”, dijo.

“Es decepcionante que el parlamento, una vez más, apruebe un proyecto de ley que claramente contraviene varios derechos humanos básicos”, dijo Oryem Nyeko, investigador de la división de África de Human Rights Watch. “Esto solo abre la puerta a leyes más regresivas y a que se violen los derechos de las personas en todos los ámbitos. El presidente Museveni no debería consentirlo”, dijo.

El proyecto de ley contra la homosexualidad ha causado consternación internacional por los castigos extremos que conlleva.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, lo instó a no hacerlo, calificando la ley de draconiana y diciendo que su aprobación por parte de los legisladores fue «devastadora y profundamente perturbadora».

Türk dijo: “La aprobación de este proyecto de ley discriminatorio, probablemente uno de los peores de su tipo en el mundo, es un acontecimiento profundamente preocupante. Esta ley, si entra en vigor, tendrá graves repercusiones negativas en la sociedad en su conjunto y erosionará los logros obtenidos a lo largo de los años”.

Continuó diciendo que la legislación podría abrir la puerta a la “violación sistémica” de los derechos humanos de casi todas las personas LGBTQ+ y servir para incitar a las personas entre sí. “Confunde las relaciones consentidas y no consentidas”, dijo, y agregó que las relaciones consentidas nunca deben criminalizarse y que se necesitan medidas basadas en evidencia para poner fin a la violencia sexual en todas sus formas. Este proyecto de ley será una gran distracción de tomar las medidas necesarias para poner fin a la violencia sexual”, dijo.

Türk también destacó que el proyecto de ley entraba en conflicto con la constitución de Uganda, que tenía disposiciones sobre igualdad y no discriminación, además de contrarrestar sus obligaciones legales internacionales de derechos humanos y desarrollo sostenible. «Promover la violencia y la discriminación contra las personas por lo que son y por lo que aman está mal y cualquier intento falso de justificar esto sobre la base de ‘valores’ debe denunciarse y condenarse», agregó.

 La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Estados Unidos tiene serias preocupaciones sobre el nuevo proyecto de ley anti-LGBTQ+ de Uganda.

Jean-Pierre habló durante una conferencia de prensa el miércoles (22 de marzo), después de que el parlamento de Uganda aprobara la Ley.

“Si el [proyecto de ley] se convierte en ley y se promulga, afectaría los derechos humanos universales, pondría en peligro el progreso en la lucha contra el VIH/SIDA, disuadiría el turismo y las [inversiones] en Uganda y dañaría la reputación internacional de Uganda”, dijo Jean-Pierre.  “Es una de las leyes anti-LGBTQ+ más extremas del mundo. Los derechos humanos son universales, nadie debe ser atacado o encarcelado simplemente por ser quien es y a quien ama”.

La secretaria de prensa sugirió que Estados Unidos podría implementar sanciones económicas si Uganda promulga el proyecto de ley. “Eso sería realmente desafortunado porque gran parte de la asistencia económica que proporcionamos a Uganda es asistencia sanitaria, y en gran parte a través [del plan de emergencia del presidente para el alivio del SIDA]”, continuó la secretaria de prensa. “Ciertamente estamos observando esto de cerca y tendremos que analizar si habría o no repercusiones, tal vez de manera económica, si esta ley se aprobara y promulgara”.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

The Guardian/Cristianos Gays/Pink News

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Presidente de Uganda Yoweri Museveni

El parlamento de Uganda busca endurecer su postura contra las personas queer al escuchar un proyecto de ley que criminalizaría identificarse como LGBTQ+.

Los legisladores dicen que la prohibición actual de las relaciones entre personas del mismo sexo, que se castiga en el país de África oriental con hasta cadena perpetua, no es suficiente.

Las fuertes raíces religiosas (católicos y anglicanos apoyan la ley) y conservadoras de Uganda significan que hay opiniones profundamente anti-LGBTQ+ en el país.

El parlamento ugandés intentó anteriormente volver a criminalizar la homosexualidad con una ley en 2013. Sin embargo, al año siguiente, fue anulada por la Corte Suprema, que dictaminó que la legislación se aprobó incorrectamente y contravenía la constitución del país.

El proyecto de ley contra la homosexualidad de 2023 incluye la prohibición de tocar a otra persona “con la intención de cometer el acto de la homosexualidad”, y las personas declaradas culpables del “delito de la homosexualidad” se enfrentan a hasta 10 años de cárcel.

El mismo castigo es posible por simplemente identificarse como lesbiana, gay, trans, queer o “cualquier otra identidad sexual o de género que sea contraria a las categorías binarias de hombre y mujer”, dijo Human Rights Watch.

Reuters informó que la presidenta del parlamento de Uganda, Anita Among, instó a los parlamentarios a rechazar la intimidación, refiriéndose a las historias de que algunos países occidentales amenazaban con imponer prohibiciones de viaje a los involucrados en la aprobación de la ley.

Habiendo tenido el proyecto de ley su primera lectura en el parlamento, ahora se ha enviado a un comité, donde habrá audiencias públicas, antes de que regrese al parlamento para un debate y una votación.

Oryem Nyeko, investigador de Uganda en Human Rights Watch, dijo que criminalizar a las personas “simplemente por ser quienes son”, además de infringir los derechos a la privacidad y la libertad de expresión, era “una de las características más extremas” del proyecto de ley.

“Los políticos de Uganda deberían centrarse en aprobar leyes que protejan a las minorías vulnerables y afirmen los derechos fundamentales y dejar de apuntar a las personas LGBT para obtener capital político”, dijo.

“Lo que está intentando el gobierno debería hacer sonar las alarmas entre los grupos de la sociedad civil en Uganda y en la comunidad internacional, ya que indica una mayor represión y el sofocamiento de las voces de la oposición y los grupos de la sociedad civil en todos los ámbitos”.

La Fundación Peter Tatchell organizó una protesta que tuvo lugar el 13 de marzo frente a la Abadía de Westminster para expresar su oposición a la legislación propuesta.

La fecha marca el Día de la Commonwealth y la protesta tendrá lugar “cuando los líderes de la Commonwealth y el rey Carlos lleguen para el servicio anual del Día de la Commonwealth”, dijo Peter Tatchell. Uganda es miembro de la Commonwealth.

JOIN US: Protest Uganda & Commonwealth homophobia! Mon 13 March 1pm Westminster Abbey, as Commonwealth leaders, PM & King Charles attend Commonwealth Day service. 32 Commonwealth nations criminalise LGBTs. Uganda bids to outlaw LGBT identity & groups. INFO https://t.co/OkIQcjkqXc pic.twitter.com/dfapiywovX

— Peter Tatchell (@PeterTatchell) March 9, 2023

Al describir el proyecto de ley como una de las leyes homofóbicas más amplias y draconianas jamás consideradas por cualquier régimen en el mundo, Tatchell agregó: “Prohibiría casi todos los aspectos de la existencia LGBT+”.Señaló que violaba las secciones dos y cuatro de la Carta de la Commonwealth, el artículo 21 de la constitución de Uganda y los artículos  dos y tres de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

La activista ugandesa Abbey Kiwanuka, del grupo LGBTI africano Out & Proud, dijo que lucharán contra el proyecto de ley. «Al contrario de lo que afirman los proponentes de este proyecto de ley, nadie está reclutando a nadie para la homosexualidad», dijo Kiwanuka.

El fundador de African Equality Foundation, Edwin Sesange, hizo un llamado a los líderes de la Commonwealth para que “se pronuncien y hagan que países como Uganda rindan cuentas y respeten los derechos humanos básicos”. Agregó: “No hay un futuro común pacífico en la mancomunidad cuando se persigue a las personas LGBT”.

Reuters informó que activistas dijeron que ya ha habido una ola reciente de discriminación y violencia contra la comunidad LGBTQ+ en el país este año, luego de una investigación realizada por un comité parlamentario sobre informes de supuesta promoción de la homosexualidad en las escuelas.

 La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. Como señalábamos anteriormente, el artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente PinkNews/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Abbey Kiwanuka, African Equality Foundation, Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Commonwealth, Día de la Commonwealth, Edwin Sesange, Fundación Peter Tatchell, Homofobia/Transfobia, Out & Proud, Uganda

La Iglesia de Inglaterra se ha apartado de la fe, aseguran

Los primados de diez provincias de la Comunión anglicana rechazan el primado de Justin Welby

Tras la decisión de la Iglesia de Inglaterra de bendecir las uniones homosexuales, la Fraternidad Global Sur de Iglesias Anglicanas ha hecho pública una declaración en la que rechaza el liderazgo del arzobispo de Canterbury, Justin Welby, como primero entre iguales en la Comunión Anglicana. Es un paso más hacia el cisma de la entidad eclesial que nació con Enrique VIII.

Amenaza de cisma en la Comunión Anglicana, la federación de 42 Iglesias a las que pertenecen unos 100 millones de fieles en 160 países. Una docena de primados de las llamadas Iglesias del sur han anunciado que ya no reconocen el liderazgo de Justin Welby, avalado por su condición de arzobispo de Canterbury y primado de la Iglesia de Inglaterra. ¿El motivo? La decisión de esta de autorizar la bendición de los matrimonios y uniones civiles de personas del mismo sexo, apartándose así, denuncian, de “la fe histórica transmitida por los Apóstoles”. La medida es fruto de seis años de deliberaciones y fue adoptada en el Sínodo celebrado en Londres del 6 al 9 de este mes de febrero.

La declaración fue firmada por los líderes de diez de las 42 provincias de la Comunión Anglicana: los primados de Sudán del Sur, Chile, el Océano Índico, Congo, Myanmar, Bangladesh, Uganda, Sudán, Alejandría (Egipto) y Melanesia. Se daba por hecho que ocurriría algo así. Stephen Samuel Kaziimba Mugalu, arzobispo anglicano de Uganda, dijo la semana pasada que los anglicanos ingleses estaban provocando el cisma tras la reciente votación de la Iglesia Anglicana de Inglaterra aprobando la bendición litúrgica de las uniones del mismo sexo, una decisión alabada por el arzobispo anglicano de Canterbury, Justin Welby, y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, quienes afirmaron en una declaración conjunta: «Por primera vez, la Iglesia de Inglaterra acogerá públicamente, sin reservas y con alegría a las parejas del mismo sexo en la Iglesia».

La declaración también fue firmada por los primados de la Iglesia Anglicana de Norteamérica y la Iglesia Anglicana de Brasil, que forman parte de la Fraternidad Mundial del Sur pero no de la Comunión Anglicana.

Primados y obispos de la Sexta Conferencia del Sur Global en El Cairo, Egipto, 2016

Según la declaración:

«Dado que la Iglesia de Inglaterra se ha apartado de la fe histórica transmitida por los Apóstoles mediante esta innovación en las liturgias de la Iglesia y su práctica pastoral, se ha descalificado a sí misma para liderar la Comunión como la Iglesia «Madre» histórica. De hecho, la Iglesia de Inglaterra ha elegido romper la comunión con aquellas provincias que permanecen fieles a la fe bíblica histórica expresada en los formularios anglicanos y aplicada a la cuestión del matrimonio y la sexualidad en la Resolución de Lambeth 1.10[iii] de la Conferencia de Lambeth de 1998.

Por mucho que los Primados de la Fraternidad Global Sur de Iglesias Anglicanas (GSFA) también quieran mantener la unidad de la Iglesia visible y el tejido de la Comunión Anglicana, nuestra llamada a ser «un remanente santo» no nos permite estar «en comunión» con aquellas provincias que se han apartado de la fe histórica y han tomado el camino de la falsa enseñanza. Esto nos rompe el corazón y rezamos para que las provincias revisionistas vuelvan a ‘la fe una vez dada’ (Judas 3) y a nosotros.

La GSFA ya no puede reconocer al actual Arzobispo de Canterbury, el Rt Hon & Most Revd Justin Welby, como el «primero entre iguales» Líder de la Comunión global … Rezamos para que nuestra retirada de su apoyo para liderar toda la Comunión sea recibida por él como una admonición en el amor.

Con la Iglesia de Inglaterra y el Arzobispo de Canterbury perdiendo su papel de liderazgo de la Comunión global, los Primados de la GSFA se reunirán rápidamente, consultarán y trabajarán con otros Primados ortodoxos en la Iglesia Anglicana a través de las naciones para reestablecer la Comunión sobre sus fundamentos bíblicos. La Iglesia de Inglaterra es la primera provincia histórica, pero ahora que se ha apartado de la fe histórica la responsabilidad recae en los restantes Primados ortodoxos.

No nos alejaremos de la Comunión que tan ricamente nos ha bendecido y por cuya fidelidad a Dios y a Su palabra nuestros antepasados han pagado un costoso precio. Lo que ha sucedido en la Iglesia de Inglaterra sólo ha servido para fortalecer nuestra determinación de trabajar juntos para restablecer la Comunión, y para asegurar que la Comunión restablecida esté marcada por la reforma y la renovación».

Welby: “No me aferraré”

Aunque haya sido divulgada ahora, la decisión fue tomada el día 13, tras una reunión telemática presidida por el primado de Sudán del Sur. Los demás firmantes son los líderes de las provincias de Chile, Océano Índico, Congo, Myanmar, América del Norte, Bangladesh, Uganda, Sudán, Alejandría, Brasil y Melanesia.

La víspera de ese encuentro, Welby manifestó su disposición a aceptar una reforma en el mecanismo de elección primacial, asumido ahora por el arzobispo de Canterbury por razones históricas, si así se preserva la autonomía de la Iglesia de Inglaterra y la comunión. “No me aferraré a un lugar o posición”, dijo el 12 de febrero en la ceremonia de apertura en Accra (Ghana) del Consejo Consultivo Anglicano, en el que participaron 110 delegados en representación de 39 de las 42 Iglesias que integran la Comunión. Añadió, eso sí, que los instrumentos para la elección no pueden ser “dictados, chantajeados y sobornados para hacer lo que otros quieren que hagamos”. Con respecto a la crisis, afirmó que “estamos profundamente en desacuerdo, no por falta de integridad, corrupción, mentira o rendición a la cultura, sino porque interpretamos las Escrituras de manera diferente, entendemos la obra del Espíritu de manera diferente y miramos estas cosas con diferentes lentes culturales”.

El Palacio de Lambeth, sede de gobierno de la Iglesia de Inglaterra, ha recordado en una declaración emitida tras el anuncio de los primados de la GSFA que lo que une a las Iglesias es más que lo que las separa. “Los profundos desacuerdos que existen en la Comunión Anglicana sobre la sexualidad y el matrimonio no son nuevos. Las 42 Iglesias miembros de la Comunión Anglicana son independientes y autónomas, pero al mismo tiempo interdependientes”, recuerda.

 El secretario general de la Comunión Anglicana, por su parte, reverendo Anthony Poggo, indica en otra nota oficial que el arzobispo Welby le ha pedido que organice una reunión de primados en un futuro próximo para “una discusión abierta del papel del arzobispo de Canterbury en la Comunión”.

A statement by the Secretary General of the Anglican Communion in response to the Global South Fellowship of Anglicans

Click here to read the full statement: https://t.co/getyHnUN1M#AnglicanCommunion #Anglicans #AnglicanWorld pic.twitter.com/rc41xVjlAX

— Anglican Communion (@AnglicanWorld) February 20, 2023

Solución de compromiso

El Sínodo anglicano de principios de mes adoptó una solución de compromiso con respecto a unas cuestiones sobre las que llevaba deliberando desde 2016. Por un lado, rechazó la posibilidad de modificar la doctrina sobre el santo matrimonio —unión de un hombre y una mujer para toda la vida—, como venía reclamando el ala progresista del anglicanismo, pero por otro dio luz verde a la bendición del amor que se profesan aquellas parejas homosexuales que han formalizado su matrimonio o unión civil.

Es esta medida la que ahora es percibida como escandalosa y herética por parte del sector conservador. Y eso, pese a que esos “servicios” serán prestados por los clérigos de forma voluntaria y mediante una fórmula —las llamadas Oraciones de Amor y Fe— que en ningún momento podrán ser “contrarias a la doctrina (…) ni indicar un alejamiento de la misma”. El Sínodo pidió también perdón a la comunidad LGTBQI+ por la forma en que sus miembros y seres queridos han sido tratados hasta ahora en el anglicanismo.

Las medidas adoptadas obtuvieron el siguiente respaldo en cada una de las Cámaras: 36 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones entre los obispos; 111 votos a favor, 85 en contra y 3 abstenciones entre el clero; y 103 votos a favor, 92 en contra y 5 abstenciones entre los laicos.

Welby, once años al frente de la Iglesia de Inglaterra

El arzobispo Welby fue elegido 105 arzobispo de Canterbury en noviembre de 2011. Lleva, por tanto, poco más de once años al frente de la Iglesia de la Inglaterra, en cuyo liderazgo sustituyó a Rowan Williams. Hijo ilegítimo de Anthony Montague Browne, secretario de Winston Churchill, como él mismo desveló hace unos años, ha declarado que él no impartirá personalmente ninguna bendición de parejas gays. El matrimonio homosexual es legal en Inglaterra y Gales desde 2013.

Fuente Agencias

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Obispo Sanctus Lino Wanok

Un obispo de Uganda utilizó una liturgia del Miércoles de Ceniza para condenar la homosexualidad, pocas semanas después de que el Papa Francisco denunciara las leyes de criminalización que siguen vigentes en ese país.

Monitor informó sobre el obispo que hizo los comentarios negativos LGBTQ en su homilía para marcar el comienzo de la Cuaresma:

“En Lira, el obispo de la diócesis católica de Lira, Rt Rev Sanctus Lino Wanok, hizo un llamado a los cristianos que atraen a las personas hacia la homosexualidad para que utilicen esta temporada de Cuaresma para el arrepentimiento y busquen las bendiciones de Dios.

“Dijo que Dios no puede bendecir lo que él considera pecado, y que la Iglesia Católica no aceptará la homosexualidad.

“‘No atraigas a nadie al pecado de la homosexualidad ya que no es humano; es la muerte, de la cual la humanidad debe arrepentirse. Dios quiere la salvación para esa persona y esa persona puede salvarse si la liberamos de eso”, dijo el obispo Wanok.

“El obispo Wanok dijo que la homosexualidad es inaceptable y que la Biblia la condena, pero dado que se promete la salvación para todos, incluidos los homosexuales, deben arrepentirse de tales actos. . .

“‘Es algo realmente vergonzoso, se están burlando de la Iglesia al decir que queremos bendiciones para nuestra unión. Esa burla debe cesar, de lo contrario, es una ofensa a Dios como nuestro creador’, explicó”.

En otro lugar, el encuadre de la homosexualidad en una perspectiva de derechos humanos fue condenado por el P. AGabito Arinaitwe de la Parroquia Católica de los Mártires de Uganda, quien sugiere: “Es hora de que nos alejemos de nuestras malas acciones y volvamos al Señor”. Monitor también informó sobre varios obispos y sacerdotes anglicanos que hicieron comentarios aún más duros sobre las personas LGBTQ+.

A principios de este mes, Global Network of Rainbow Catholics (GNRC) emitió una declaración de preocupación por la represión del gobierno de Uganda contra los grupos LGBTQ+, que puede despojar a unos 22 grupos de su estatus de organización no gubernamental. Los líderes de la GNRC dijeron que “el buen trabajo social y pastoral” de grupos como Freedom and Roam Uganda (FARUG) está “siendo desmantelado por el gobierno de Uganda”.

Marianne Duddy-Burke, una de las copresidentas de GNRC, comentó:

“FARUG y grupos similares han trabajado incansablemente para cuidar a algunas de las personas más vulnerables de Uganda durante muchos años. Apoyamos de todo corazón sus esfuerzos para cuidar a nuestras hermanas, hermanos y familiares LGBT+, especialmente aquellos que han sufrido violencia o han sido expulsados de sus hogares”.

Chris Vella, otro copresidente, declaró:

“El hostigamiento, las limitaciones a su derecho de asociación y su derecho a trabajar para y en nombre de las personas LGBT en su país son inaceptables. Hacemos un llamado al respeto fundamental de los derechos humanos”.

La situación de las personas LGBTQ+ en Uganda es grave. Las relaciones entre personas del mismo género siguen siendo ilegales, con una pena potencial de cadena perpetua, y la violencia y la discriminación anti-LGBTQ+ son comunes. Dado que alrededor del 40% de los ugandeses son católicos, la iglesia institucional continúa influyendo en la política y la cultura de la nación. Pero los líderes católicos tienen un historial preocupante de apoyo a la criminalización, incluidos los esfuerzos para fortalecer los castigos en 2014.

El Papa Francisco ha dejado claro este año que la Iglesia Católica se opone estridentemente a las leyes de criminalización. En comentarios menos informados, sugirió que los obispos con actitudes LGBTQ negativas deben someterse a un «proceso de conversión» y centrarse en tratar a las personas homosexuales con la misma «ternura«. . .[que] Dios tiene para cada uno de nosotros.”

La retórica utilizada por el obispo Wanok y otros clérigos para hablar sobre la homosexualidad no solo es inaceptable, es inconsistente con lo que la iglesia realmente enseña y la visión inclusiva que este Papa tiene para la iglesia. La Cuaresma es de hecho un tiempo para alejarse del mal y volverse hacia Dios. El obispo Wanok, el padre Arinaitwe y otros clérigos ugandeses con actitudes similares deberían alejarse de la homofobia y acercarse a los derechos humanos de las personas homosexuales.

—Robert Shine (él/él), New Ways Ministry, 25 de febrero de 2023

Fuente New Ways Ministry

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. Como señalábamos anteriormente, el artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Cristianos Gays

Hinduísmo, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Chris Vella, Diócesis de Lira, Freedom and Roam Uganda (FARUG), Global Network of Rainbow Catholic (GNRC), Homofobia/Transfobia, Iglesia Católica, Marianne Duddy-Burke, Miércoles de Ceniza, Sanctus Lino Wanok, Uganda

El arzobispo retó a la Iglesia de Inglaterra a salir de la «Comunión Anglicana» por su, según él, alejamiento de la enseñanza de Cristo sobre el matrimonio y les puso como ejemplo de fidelidad el testimonio de los mártires católicos ugandeses.

La Iglesia Anglicana de Uganda ha condenado enérgicamente a la Iglesia de Inglaterra por su aceptación y bendición de las uniones entre personas del mismo sexo.

En una carta publicada el 10 de febrero, el arzobispo de la Iglesia de Uganda, Stephen Samuel Kaziimba, respondió a la reciente votación de la Iglesia Anglicana de Inglaterra aprobando la bendición litúrgica de las uniones del mismo sexo, una decisión alabada por el arzobispo anglicano de Canterbury, Justin Welby, y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, quienes afirmaron en una declaración conjunta: «Por primera vez, la Iglesia de Inglaterra acogerá públicamente, sin reservas y con alegría a las parejas del mismo sexo en la Iglesia».

Criticando la decisión como un intento de apaciguar a ambas partes en el debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo proponiendo una contradicción, el arzobispo Kaziimba dijo que la Iglesia de Inglaterra ha «decidido permitir que el clero presida bendiciones de uniones del mismo sexo y han aprobado oraciones y liturgias suplementarias para tales ocasiones. A la Iglesia de Inglaterra se le da muy bien hacer declaraciones contradictorias y esperar que todo el mundo crea que ambas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Eso es lo que han hecho con esta decisión».

Kaziimba continuó: «La única diferencia significativa entre una boda y un servicio de “bendición” es la terminología utilizada. La Iglesia de Inglaterra insiste en que no está cambiando su doctrina sobre el matrimonio. Pero, en la práctica, están haciendo precisamente eso».

Distanciando a la Iglesia de Uganda del cambio efectivo de doctrina, Kaziimba insistió: «Pero, lo que quiero que sepan es que, si parece una boda, y suena como una boda… ES una boda».

Reiterando que la condena de la sodomía está contenida en las Escrituras, el arzobispo expuso la concepción cristiana tradicional del matrimonio, la familia y la moral sexual.

Declaró: «Desde la primera página de la Biblia en el libro del Génesis hasta la última página de la Biblia en el libro del Apocalipsis, está claro que el diseño de Dios para el florecimiento humano es que formemos parte de una familia – una familia que se define como un hombre y una mujer unidos en santo matrimonio para toda la vida y, si Dios quiere, una unión que produzca hijos. La Palabra de Dios ha dicho que el único contexto para las relaciones sexuales es en el contexto de un matrimonio de un hombre y una mujer».

Y continuó:

«Dado que el matrimonio de por vida y exclusivo entre un hombre y una mujer es el único contexto para las relaciones sexuales, la Biblia califica de pecado cualquier otro tipo de relación sexual. Ya sea adulterio, o fornicación, o poligamia, o relaciones homosexuales. Todas son pecado y todas nos separan de Dios.

Eso significa que dormir con tu novia o tu novio antes del matrimonio es pecado.
Eso significa que, si estas casado y tienes un «segundo plato», eso es pecado.
Eso significa que, si tomas una segunda o tercera esposa, eso es pecado.
Eso significa que, si te involucras en relaciones homosexuales, eso es pecado».
Dios no puede bendecir lo que llama pecado

El arzobispo afirmó que la Iglesia de Uganda se mantendría fiel a la enseñanza bíblica sobre «el matrimonio de por vida y exclusivo entre un hombre y una mujer», negándose a aceptar o bendecir los “pecados sexuales”. Condenó a la Iglesia de Inglaterra por apartarse de esta enseñanza diciendo: «Nuestro mensaje es el mensaje de la Biblia, que es: ‘Vete y no peques más’. La Iglesia de Inglaterra, por otra parte, se ha apartado de la Biblia y su nuevo mensaje es el mensaje opuesto de la Biblia. Ahora dicen: «Ve y peca más». Incluso ofrecen bendecir ese pecado. Eso está mal. Como Iglesia de Uganda no podemos aceptarlo. Dios no puede bendecir lo que llama pecado».

A continuación, el arzobispo recordó el testimonio de los mártires católicos ugandeses,: «Todos conocemos la historia de los mártires de Uganda, que se negaron a mantener relaciones homosexuales con sus líderes. Se mantuvieron firmes en su fe cristiana y fueron martirizados por ello. No podemos traicionarlos a ellos ni a nuestro Señor Jesucristo. No traicionaremos la Palabra de Dios ni Sus caminos. La Biblia nos dice que sólo Jesús es ‘el camino, la verdad y la vida’, y que es el mismo ‘ayer, hoy y siempre’».

El arzobispo retó entonces a la Iglesia de Inglaterra a salir de la «Comunión Anglicana» por su alejamiento de la enseñanza De la Iglesia sobre el matrimonio. Declaró: «Ahora queremos preguntar a la Iglesia de Inglaterra: ‘¿Tenéis la integridad de salir de la Comunión Anglicana porque os habéis apartado de la fe anglicana? Dios os llamó a predicar un Evangelio de arrepentimiento y fe. En vez de eso, eres como Jonás. Has desobedecido y corres en dirección contraria».

«Rezamos para que se arrepientan», continuó el arzobispo. «Y, si se niegan a arrepentirse, entonces les pedimos que tengan la integridad de formar su propia Comunión de Canterbury porque lo que creen no es anglicanismo y no es la fe una vez entregada a los santos. Si quieren llevar a toda su Iglesia al vientre de una ballena, son libres de hacerlo; después de todo, somos Provincias Anglicanas autónomas. Nosotros pensamos que es una mala idea, pero ellos son libres de hacerlo. Pero NO son libres de arrastrar a toda la Comunión Anglicana con ellos. La Comunión Anglicana NO es una extensión de la Iglesia de Inglaterra».

A continuación, el arzobispo advirtió a todos los ugandeses contra los intentos de los grupos pro-homosexuales de captar niños en la escuela. Rechazando la táctica de la promesa y el señuelo del dinero, Kaziimba declaró: «Ahora que nuestros hijos han vuelto a la escuela, cuidado con las organizaciones gays bien financiadas que están reclutando a nuestros hijos para la homosexualidad. No sólo en Kampala, sino en todo el país. Apuntan a nuestra pobreza y prometen dinero a nuestros jóvenes».

«Mis compatriotas ugandeses: no podemos servir a Dios y a las riquezas», declaró. «No podemos servir a Dios y al dinero. No perdáis vuestra alma porque penséis que vais a ganar el mundo entero gracias al dinero que os ofrecen. No pienses que puedes aceptar el dinero, pero no caer en su trampa. Es mentira; te están explotando con ese dinero».

Volviendo de nuevo a las Escrituras, el arzobispo concluyó: «La Biblia dice: ‘Resistid al diablo y huirá de vosotros’. Así que di: ‘No’. Hoy estoy aquí para declarar: ‘En cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor’». La Cámara de Obispos está unida en esto. La Asamblea Provincial está unida en esto: «En cuanto a mí y a la Iglesia de Uganda, serviremos al Señor’»

Fuente LifeSiteNews

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Arzobispo Stephen Kaziimba Mugalu

Los funcionarios del gobierno y los líderes religiosos están provocando una histeria anti-queer en Uganda al perpetuar la afirmación falsa, ignorante y peligrosa de que las personas LGBTQ+ en el país están “reclutando” niños.

por Luis de Barros

Los funcionarios del gobierno y los líderes religiosos están provocando una histeria anti-queer en Uganda al perpetuar la afirmación falsa, ignorante y peligrosa de que las personas LGBTQ+ en el país están “reclutando” niños.

Annet Kezaabu, presidenta del Comité de Control Anti-Pornográfico de la Dirección de Ética e Integridad, habría advertido que los miembros de la comunidad LGBTQ+ están apuntando a las escuelas para “reclutar, preparar e iniciar” a los niños en la homosexualidad.

Según los medios de comunicación ugandeses, abrumadoramente acríticos, afirmó que estos niños son “reclutados” para este “vicio” a través de obsequios y dinero que les ofrecen las personas LGBTQ+.

Annet Kezaabu,

Las afirmaciones de Kezaabu se hacen eco de las del arzobispo de la Iglesia de Uganda, Stephen Kaziimba Mugalu, que se incluyeron en su mensaje de Navidad, entregado recientemente en Kampala.

“Quiero alertar a todos los estudiantes, padres y maestros de que hay personas malas que intentan atraer a los niños a la homosexualidad prometiéndoles dinero y patrocinio”, dijo Mugalu.

“A aquellos que están reclutando niños para la homosexualidad, quiero hacerles una advertencia muy fuerte. Estas no son mis palabras, sino las palabras de Jesús: ‘Si alguno hace tropezar a uno de estos pequeños… más le valdría que le colgasen al cuello una gran piedra de molino de asno y que lo hundieran en lo profundo del mar.’”, afirmó.

Mugalu pidió al gobierno que “establezca un sistema simple mediante el cual los niños puedan denunciar a estas personas a las autoridades pertinentes, quienes pueden investigar y tomar las medidas apropiadas”.

En respuesta a las palabras profundamente irresponsables del arzobispo, el defensor LGBTQ+ de Uganda, el Dr. Frank Mugisha, escribió que el clérigo anglicano estaba utilizando a las personas LGBTQ+ como chivos expiatorios.

Este insulto ‘homofóbico‘ no solo amenaza sino que también pone a esta comunidad ya vulnerable en peligro mortal.

“No sorprende que estos ataques se produzcan al final del año, cuando se supone que los feligreses deben pedir la rendición de cuentas anual. Las personas queer serían la pista falsa perfecta, ya que el tema evoca tanto la ignorancia como la emoción. Idealmente, es una opción para cualquiera que esté buscando un renacimiento de relaciones públicas”, dijo Mugisha.

Señaló que los sentimientos de Mugalu “no son simplemente palabras de cualquier Tom, Dick o Harry. Son palabras elegidas selectivamente por una persona en una posición de autoridad que tiene tanta influencia”. Mugisha agregó: «Este insulto ‘homofóbico’ no solo amenaza sino que también pone a esta comunidad ya vulnerable en peligro mortal».

Frank Mugisha, director ejecutivo de Sexual Minorities Uganda, o SMUG. (Foto de archivo)

La creencia de que las personas LGBTQ+ son depredadores de niños se utiliza para demonizar y perseguir a la comunidad queer. Se basa en la creencia errónea de que la homosexualidad es un comportamiento desviado aprendido que se puede “enseñar” a otros. (La homosexualidad es, de hecho, una atracción romántica y sexual que es innata en algunos individuos y es una variación normal de la sexualidad humana).

Esta narrativa, ampliamente promovida por grupos religiosos estadounidenses de derecha en África, también pinta los esfuerzos para garantizar la igualdad de derechos humanos para las personas LGBTQ+ como una conspiración global para “corromper” y “reclutar” niños.

Es este pensamiento equivocado e incuestionable lo que ha ayudado a que Uganda sea una de las naciones más autoritarias del mundo en lo que respecta a la comunidad LGBTQ+. La legislación de la era colonial que penalizaba la intimidad entre personas del mismo sexo permite que el estado castigue a cualquiera que sea declarado culpable del “delito” con cadena perpetua.

El parlamento del país ha intentado en repetidas ocasiones promulgar leyes anti-LGBTQ+ aún más opresivas, pero hasta ahora estos esfuerzos han fracasado. En agosto del año pasado, las autoridades cerraron las operaciones de Sexual Minorities Uganda (SMUG), un grupo de derechos LGBTQ+ líder en el país.

– Luiz De Barros, editor de MambaOnline.

Fuente MambaOnline

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El Gobierno de Uganda ha suspendido las actividades de SMUG (Sexual Minorities Uganda), la principal organización de defensa de los derechos de las personas LGTBI.Utilizando un subterfugio legal, la administración ugandesa trata de acallar cualquier voz que se oponga a la persecución de las minorías sexuales, en un país donde las relaciones homosexuales están castigadas con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Según Frank Mughisa, director ejecutivo de SMUG, la suspensión está dictada por grupos homófobos y tránsfobos que se han infiltrado en la administración ugandesa.

El pasado 3 de agosto, la Oficina Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de Uganda se puso en contacto con la organización SMUG para ordenarle el cese inmediato de sus actividades por no estar registrada como ONG. Según Stephen Okell, supervisor de la agencia gubernamental, SMUG estaba funcionando «ilegalmente».

Sin embargo, SMUG emitió un comunicado en el que informaba de cómo fue rechazada su solicitud de inscripción debido a que consideraron que su nombre, que hacía referencia a las minorías sexuales, era «inapropiado». Esa negativa fue recurrida ante los tribunales, que corroboraron la decisión de la agencia.

El comunicado de SMUG es el siguiente:

Declaración sobre el cese de las actividades de Sexual Minorities Uganda por parte de la Oficina Nacional de Organizaciones No Gubernamentales

El miércoles 3 de agosto de 2022, la Oficina Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, el organismo gubernamental que regula las ONG en Uganda, suspendió las actividades de Sexual Minorities Uganda por no estar registrada en la Oficina de ONG.

Cabe señalar que en 2012, Frank Mugisha y otros solicitaron a la Oficina de Servicios de Registro de Uganda (URSB), en virtud del artículo 18 de la Ley de empresas de 2012, el registro del nombre de la entidad propuesta. En una carta fechada el 16 de febrero de 2016, la URSB rechazó la solicitud de registro del nombre «Minorías Sexuales de Uganda» por considerar que dicho nombre era «indeseable y no registrable que la empresa propuesta se constituya para defender los derechos y el bienestar de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales y queer, que se dedican a actividades etiquetadas como actos delictivos en virtud del artículo 145 de la Ley del Código Penal». Una decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Uganda.

La negativa a legalizar las operaciones de SMUG, que buscan proteger a las personas LGBTQ que siguen sufriendo una gran discriminación en Uganda, fomentada activamente por líderes políticos y religiosos, fue un claro indicador de que el gobierno de Uganda y sus organismos son inflexibles y tratan a las minorías sexuales y de género ugandesas como ciudadanos de segunda clase. Esto compromete aún más los esfuerzos para exigir mejores servicios sanitarios y agrava el ya de por sí inestable ambiente para la comunidad LGBTQ.

«Se trata de una clara caza de brujas arraigada en la homofobia sistemática que está alimentada por los movimientos antigay y antigénero que se han infiltrado en las oficinas públicas con el objetivo de influir en la legislación para borrar a la comunidad LGBTQ».

Frank Mugisha, activista gay ugandés.

El articulo 145 del Código Penal al que se refería la URSB es el que castiga las relaciones homosexuales con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua. Existe, además, un proyecto de ley para endurecer aún más esas penas, aprobado por el Parlamento de Uganda en mayo de 2021, que fue devuelto por el presidente Yoweri Museveni para solventar algunos problemas de procedimiento, pero que aún está en trámite parlamentario.

SMUG, como coordinadora y proveedora de amparo legal ha sido decisiva en que los tribunales ugandeses hayan sido renuentes a aplicar el artículo 145, obligando incluso a que la policía utilice subterfugios como el incumplimiento de las medidas de protección contra la epidemia de la COVID-19 para efectuar redadas y detenciones masivas. También fue quien logró que los tribunales impidieran la publicación de listas de personas LGTBIpara su escarnio social. Un miembro destacado de SMUG fue el recordado activista David Kato, que fue brutalmente asesinado en su domicilio en 2011.

Numerosas asociaciones de defensa de los derechos LGTBI, como Council for Global Equality, OutRight Action International y Pan Africa ILGA han condenado firmemente la suspensión de las actividades de SMUG. Por su parte, en su cuenta de Twitter, SMUG ha compartido un mensaje contundente: «Volveremos».

https://twitter.com/smug2004/status/1555594875168608257?s=21&t=zefUgjr2UkBr-WXzH0BnkQ

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. Como señalábamos anteriormente, el artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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 Ruandeses sentados en el Centro de Tránsito de Gikondo en 2015.(STEPHANIE AGLIETTI/AFP a través de Getty Images)

Un ministro del Ministerio del Interior intentó defender el historial de derechos humanos y LGTBI de Ruanda en medio de las reacciones al plan de Boris Johnson de dar a los solicitantes de asilo un billete de ida a la nación africana.

El primer ministro Boris Johnson anunció el jueves (14 de abril) planes para que el Reino Unido “deslocalice” a muchos solicitantes de asilo a centros de tramitación en Ruanda.

El viernes (15 de abril), Tom Pursglove, ministro adjunto de Justicia y de Lucha contra la Inmigración Ilegal, fue confrontado por Sky News con los propios consejos de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores para las personas LGTBI que vayan a Ruanda.

El departamento advierte que, aunque no hay ninguna ley que prohíba las relaciones entre personas del mismo sexo, la homosexualidad está “mal vista por muchos” en Ruanda y las personas LGTBI+ sufren “discriminación y abusos”.

“Ése es el consejo que da a los homosexuales de este país el Ministerio de Asuntos Exteriores, a la vuelta de la esquina”, dijo el presentador Niall Paterson.

Pursglove tropezó con sus palabras: “Tengo que decir que en las últimas 24 horas, desde este anuncio, se han lanzado algunos estereotipos espantosos. El hecho es que Ruanda ha avanzado mucho en las últimas tres décadas. Tiene un parlamento de mayoría femenina, tiene una ley antidiscriminación que recorre toda su constitución”.

Home Office minister Tom Pursglove is asked about Rwanda's history on LGBT rights, after the UK government announced plans to send asylum seekers to the African nation.

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— Sky News (@SkyNews) April 15, 2022

El plan de asilo de los Tory “hará que las personas refugiadas homosexuales sean deportadas hasta la muerte

Pursglove se enfrentó de nuevo a un informe de 2021 de Human Rights Watch (HRW) report sobre la práctica de las “redadas” por parte de los funcionarios ruandeses.

La organización sin ánimo de lucro habló con nueve personas LGTBI, así como con profesionales del sexo, niños sin hogar y otras personas que fueron detenidas por los funcionarios para “limpiar” las calles antes de una reunión de alto nivel de los jefes de gobierno de la Commonwealth.

Los detenidos fueron recluidos en habitaciones superpobladas, sin comida, agua ni atención sanitaria adecuadas, y fueron golpeados por los guardias en un centro de tránsito de Kigali.

Los detenidos homosexuales y trans dijeron a HRW que se les acusaba de “no representar los valores ruandeses”.

Una mujer trans dijo: “La policía dijo que nos insultaron y nos preguntaron cómo podíamos comportarnos así, manteniendo relaciones sexuales con personas de nuestro mismo sexo. Dijeron que éramos delincuentes y nos metieron en esa habitación. Pero en la habitación nos golpearon mucho otros detenidos y la policía no hizo nada a pesar de nuestros gritos”.

Un detenido fue arrestado tras besar a su pareja del mismo sexo en un bar. Otro detenido gay dijo que le golpearon y le dijeron que tenía que “rehabilitarse”.

Aunque las relaciones entre personas del mismo sexo no son ilegales, no existe ninguna protección legal para las personas LGTBI, aparte de una medida general contra la discriminación.

Los ruandeses LGTBI han informado de que han tenido que ocultar quiénes son para evitar que les peguen, que pierdan sus trabajos, que les desalojen de sus casas y mucho más.

Se han registrado “redadas” similares antes de otros acontecimientos de gran repercusión, con informes generalizados sobre la detención por parte de las autoridades de personas LGTBI acusadas de “comportamiento desviado”.

Los hombres se sientan en el Gikondo Transit Center en Kigali el 24 de septiembre de 2015. (Getty)

En 2020, una mujer trans contó a Vice que fue detenida cuando se dirigía a su casa desde una fiesta. Los agentes afirmaron falsamente que era una indigente y que vendía sustancias, y la llevaron al Centro de Tránsito de Gikondo, donde estuvo detenida durante seis meses.

“Directamente te cortan el pelo, te quitan la ropa y ven quién eres. Me pusieron delante de 400 personas y me quitaron la ropa”, dijo la mujer, Bella. “Dijeron: ‘Mira cómo se comporta, y tiene un pene’”.

Bella dijo que la retuvieron en una celda oscura y sucia conocida como “la caja del gato”, donde la obligaron a orinar y defecar sobre sí misma. Le dijeron “que se convirtiera en un hombre”, la golpearon varias veces y la violaron sus compañeros de prisión al menos tres veces.

Esta reputación es la razón por la que los defensores de los derechos LGTBI han reaccionado con horror ante la propuesta de asilo del gobierno británico para Ruanda.

Entre ellos se encuentra el Dr. S Chelvan, director de inmigración y derecho público del bufete 33 Bedford Row, que declaró a PinkNews que, si se promulga, el plan “dará lugar a que las personas refugiadas genuinas sean deportadas a la muerte”.

“El historial de derechos humanos de Ruanda incluye desapariciones forzadas y asesinatos, e incluso los consejos de viaje del Reino Unido [Ministerio de Asuntos Exteriores] advierten a los viajeros LGTBI de los abusos y la discriminación sancionados por el Estado”, dijo Chelvan.

“Este gobierno ha perdido su brújula moral y, como hemos visto en los últimos días, no tiene ninguna relación con el Estado de derecho. La opinión pública británica ha demostrado, tanto con Afganistán como con Ucrania, que somos un país que proporciona refugio y acoge a las personas refugiadas para que entren y permanezcan en el Reino Unido”.

La ministra del Interior, Priti Patel, visitó el jueves Kigali, la capital de Ruanda, para firmar el acuerdo. El plan reubicaría a miles de migrantes y les ofrecería la opción de buscar un asentamiento en países distintos de Gran Bretaña, de ser obligados a regresar a su país de origen o de quedarse permanentemente en Ruanda.

La secretaria británica, Priti Patel (c), visitó Kigali, donde se detuvieron una docena de personas LGBT + personas el año pasado por las autoridades. (Agencia Cyril Ndegeya / Anadolu a través de Getty Images)

Tratando de justificar una política que los activistas LGTBI y de derechos humanos han calificado de “malvada”, Pursglove dijo que Ruanda tiene una “rica y orgullosa historia” de proporcionar refugio a los solicitantes de asilo.

Afirmó que la decisión de expulsar a los solicitantes de asilo se tomaría “caso por caso”.

A la pregunta de Good Morning Britain de si viviría con gusto en Ruanda, dijo que sólo la visitaría.

Según una hoja informativa del Ministerio del Interior sobre la Asociación para la Migración y el Desarrollo Económico, cualquier solicitante de asilo que sea “inadmisible en el sistema de asilo del Reino Unido” y pueda ser “expulsado” sería trasladado automáticamente en avión a un “país seguro del tercer mundo”.

Sólo si la persona no puede ser “expulsada”, el Ministerio del Interior estudiaría su solicitud.

Sigue siendo incierto si la política se aplicará. Esta semana, el Parlamento volverá a examinar el proyecto de ley sobre nacionalidad y fronteras, que intensificará las políticas de inmigración del gobierno conservador, que ya son de línea dura. Johnson ha admitido que espera que el plan se enfrente a desafíos legales.

Dado que la propuesta aún no es ley, Chelvan pidió a la Cámara de los Lores y a los jueces “que se aseguren de que nuestras obligaciones con la Convención sobre los Refugiados, en consonancia con nuestra orgullosa historia y tradición en el Reino Unido de proporcionar refugio a las personas refugiadas, no sean incumplidas por nuestros políticos quebrados”.

Fuente: Pink News

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La ministra del Interior de Gran Bretaña, Priti Patel, ha tenido durante mucho tiempo un enfoque de línea dura hacia la inmigración. (PAUL ELLIS / POOL / AFP)

El gobierno tory quiere enviar a Ruanda a algunos solicitantes de asilo que llegan al Reino Unido en pequeñas embarcaciones desde el Canal, un plan calificado de “malvado” e “inviable”.

La ministra del Interior, Priti Patel, ha aterrizado en Ruanda para firmar el acuerdo, anunciado oficialmente por Boris Johnson el jueves (14 de abril).

“El ministro del Interior expondrá más detalles sobre la primera asociación mundial en materia de migración y desarrollo económico firmada por la ministra del Interior, Priti Patel, con Ruanda, una de las economías de más rápido crecimiento de África, reconocida en todo el mundo por su trayectoria en materia de acogida e integración de las personas migrantes”, dijo antes su oficina.

Aunque los detalles precisos del pacto todavía están surgiendo, los informes del jueves sugieren que los que lleguen a Gran Bretaña a través del Canal de la Mancha y otras rutas consideradas “ilegales” por el gobierno serán trasladados en avión a Ruanda para su procesamiento. No está claro si el gobierno ha obtenido garantías de bienestar para las personas, o si el campo estará bajo jurisdicción británica.

The Times informó de que las propuestas sólo se aplicarán a los solicitantes de asilo varones, a los que, al parecer, se animará a establecerse en Ruanda.

En un discurso pronunciado en un aeropuerto de Kent, Johnson dijo que cualquiera que sea sorprendido entrando ilegalmente en Gran Bretaña a partir del 1 de enero podrá ser reubicado en Ruanda.

“Debemos garantizar que la única vía de asilo en el Reino Unido sea segura y legal, y que quienes intenten saltarse la cola o abusar de nuestros sistemas no encuentren una vía automática para instalarse en nuestro país, sino que sean expulsados rápida y humanamente a un tercer país seguro o a su país de origen”, dijo.

Johnson dijo que el gobierno planeaba acabar con el “bárbaro comercio de la miseria humana” causado por los traficantes de personas en el Canal de la Mancha, algo que las personas refugiadas LGTBI advirtieron previamente a PinkNews que ocurrirá aún más si se reducen las normas de migración para ellas.

Dijo que el plan de deslocalización no se llevará a cabo de la noche a la mañana, mientras que el gobierno ruandés afirmó que Gran Bretaña pagará a Ruanda millones para financiar “oportunidades” para las personas migrantes, como educación, clases de idiomas y formación profesional.

Gran Bretaña “no puede mantener un sistema ilegal paralelo. Nuestra compasión puede ser infinita, pero nuestra capacidad de ayudar a la gente no lo es”.

Los partidos de la oposición y los grupos de derechos advirtieron que la adopción por parte de Gran Bretaña de un enfoque de “deslocalización” de la solicitud de asilo es “inviable y poco ético”.

Entre los más duros críticos se encuentra Rainbow Migration, que presta apoyo a los solicitantes de asilo LGTBI.

La directora de políticas, Sonia Lenegan, declaró a PinkNews que los “malvados” planes perjudicarán aún más a las personas LGTBI que buscan refugio en países que ven su existencia como ilegal. “Ruanda no es un buen lugar para las personas LGTBI”, dijo.

Los funcionarios del Ministerio del Interior ya utilizan métodos “degradantes” y estereotipos anticuados a la hora de decidir si una persona LGTBI+ es quien dice ser, dijo Lenegan.

“No hay forma de que el gobierno británico pueda confirmar que no enviará a personas LGTBI a Ruanda, porque sabemos que la gente no se cree habitualmente y que el Ministerio del Interior cuestiona la orientación sexual de las personas en muchos casos”, añadió.

“No hay forma de que el gobierno pueda asegurar que no va a enviar a personas LGTBI allí. “¿Cómo van a filtrar a la gente si ahora ni siquiera les creen? No hay salvaguardias que sean suficientes. No es seguro para las personas LGTBI, no es seguro para nadie”.

Un acuerdo similar entre Ruanda e Israel supuso la deportación de unas 4.000 personas a Ruanda y Uganda entre 2014 y 2017, para que casi todas huyeran inmediatamente a Europa, dijo Lenegan.

Añadió: “Cuando Australia trasladó a personas a la isla de Manus, donde está penalizado ser gay, se les dijo [a los solicitantes de asilo] en la inducción que no fueran abiertos”. Espera que ocurra lo mismo con las personas LGTBI enviadas a Ruanda.

Yvette Cooper, secretaria de Interior en la sombra del Partido Laborista, dijo que el acuerdo es un “intento de distraer” del “incumplimiento de la ley” por parte del gobierno, en referencia a que Johnson aceptó una multa por infringir las normas de encierro.

El líder del SNP en Westminster, Ian Blackford, declaró al programa Today de Radio 4 de la BBC: “Esto no es la marca de una sociedad civilizada. Es una maldad”.

Desperate & truly shameful announcement from Govt tonight as an attempt to distract from Boris Johnson’s lawbreaking.

Unworkable, unethical & extortionate. https://t.co/FdWx4fafEV

— Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) April 13, 2022

Ruanda es uno de los pocos países africanos en los que, técnicamente, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no son ilegales; sin embargo, la homofobia está muy arraigada y las personas “presuntamente” LGTBI son detenidas a menudo en virtud de las leyes de moralidad pública.

La ciudadanía tiene un derecho general a no ser discriminada, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores reconoce que “no hay leyes específicas contra la discriminación que protejan a las personas LGTBI” en Ruanda. El Matrimonio Igualitario y la adopción, así como el reconocimiento del género de las personas trans, siguen sin estar regulados.

Nueve de cada diez ciudadanos consideran que el país no es un “buen lugar para los homosexuales”, según una encuesta de Gallup de 2013. Los ruandeses LGTBI han afirmado que son despedidos, desahuciados y separados de sus seres queridos de forma rutinaria si salen del armario.

Johnson anunció la política en Kent, donde miles de solicitantes de asilo han buscado refugio tras realizar peligrosas travesías por el Canal de la Mancha.

“Acepto que estas personas -sean 600 o mil- buscan una vida mejor; las oportunidades que ofrece el Reino Unido y la esperanza de un nuevo comienzo”, dijo.

“Pero son estas esperanzas -estos sueños- los que han sido explotados. Estos viles traficantes de personas están abusando de los vulnerables y convirtiendo el Canal en un cementerio acuático, con hombres, mujeres y niños ahogándose en embarcaciones no aptas para la navegación y asfixiándose en camiones refrigerados.”

La esperada colaboración con Ruanda se inscribe en el marco de los tenaces esfuerzos de los tories por endurecer las fronteras británicas –aunque las solicitudes de asilo se han desplomado en los últimos años- con su controvertido proyecto de ley de Nacionalidad y Fronteras.

El proyecto de ley de Nacionalidad y Fronteras, presentado por Patel, incluye propuestas para penalizar la entrada ilegal en Gran Bretaña, por ejemplo, en barco. La Cámara de los Lores ha votado en contra de muchas de sus medidas de línea dura, ya que se bate de un lado a otro entre las cámaras.

Aunque el traslado de las personas migrantes a Ruanda no formaba parte específicamente de la legislación, los ministros propusieron en julio trasladar a los solicitantes de asilo a un centro de procesamiento en alta mar. The Times afirmó que las personas migrantes podrían ser enviadas a Ghana y Ruanda.

El proyecto de ley volverá a la Cámara de los Comunes el próximo miércoles (20 de abril) para que los diputados consideren las nuevas enmiendas votadas por los Lores.

Las personas LGTBI que solicitan asilo en Gran Bretaña ya se enfrentan a obstáculos desproporcionadamente altos, pero el proyecto de ley de Nacionalidad y Fronteras no hará más que empeorar las cosas, según declararon anteriormente los refugiados a PinkNews.

Actualmente, el Ministerio del Interior rechaza cuatro de cada cinco solicitudes presentadas por motivos de sexualidad o identidad de género, una cifra que se ha disparado en los últimos años.

El Consejo de Refugiados, grupo británico que apoya a los refugiados y solicitantes de asilo, instó al gobierno a elegir la “compasión”.

“El gobierno está eligiendo el control y el castigo por encima de la compasión, a pesar de que sus propios datos muestran que dos tercios de los hombres, mujeres y niños que llegan en pequeñas embarcaciones proceden de países donde la guerra y la persecución les han obligado a abandonar sus hogares”, declaró el director ejecutivo Enver Solomon a The Guardian.

El Parlamento danés aprobó en septiembre una ley que permite a la nación reubicar a los solicitantes de asilo fuera de la Unión Europea, una medida condenada por la Unión Africana como “transferencia de responsabilidad y carga”.

Ahora parece que Gran Bretaña espera hacer lo mismo.

PinkNews se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior para obtener comentarios.

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Fuente: PinkNews,

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