La comunidad gay representa una “amenaza” y para combatirla hay que utilizar “técnicas de guerra moderna” insistió esta semana el ministro de Defensa Ryamizard Ryacudu.

La homosexualidad es un tema tabú en Indonesia, país musulmán más poblado del mundo.

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La ley se someterá a votación en el Congreso en dos meses

El texto mantiene el requisito de ayuda recíproca moral y material, la pensión de supervivencia, el permiso de residencia para el cónyuge extranjero y también la posibilidad de adquirir el apellido del compañero.

Sin embargo elimina la obligación de fidelidad, un tema emblemático para las asociaciones de defensa de los homosexuales.

La califican una “versión descafeinada” del matrimonio igualitario porque deja fuera el aspecto más controvertido, la posibilidad de adopción de los hijos naturales de uno de los miembros de la pareja pero no deja de ser un hito en un país donde la opinión del Estado Vaticano cuenta y mucho. Al final el primer ministro, Matteo Renzi, ha optado por someter el texto a una moción de confianza, que ha salido adelante con el voto favorable de 173 senadores, mientras que otros 71 han votado en contra. Los representantes del Movimiento Cinco Estrellas han abandonado la sala antes de la votación. De haber salido mal, Renzi se hubiera visto obligado a dimitir, después del acuerdo cerrado este miércoles entre el Partido Democrático, al que pertenece, y Nuevo Centro Derecha (NCD), su principal socio de coalición. El texto deberá ser votado ahora en la Cámara de Diputados.

El primer ministro italiano, Matteo Renzi, aceptaba descafeinar la propuesta de ley de uniones civiles como única forma de desatascar su aprobación por el Senado y superar la división interna de su propio partido. Finalmente ha sido retirada la “stepchild adoption”, es decir, la posibilidad de que en el seno de una pareja del mismo sexo uno de los miembros de la pareja pueda adoptar a los hijos del otro miembro. Renzi también ha aceptado modificar algunos aspectos “simbólicos” para acentuar las diferencias entre uniones civiles y matrimonio. El proyecto ha sido aprobado finalmente por 173 votos a favor y 71 en contra. Ahora debe ser discutido por la Cámara de Diputados, donde no se esperan sorpresas.

La aprobación de una ley que reconozca las parejas del mismo sexo en Italia está siendo especialmente largo y trabajoso, y eso que ni siquiera estamos hablando de una ley de matrimonio igualitario, posibilidad a día de hoy imposible en Italia, el país de Europa occidental en el que la Iglesia católica sigue conservando una mayor influencia. Como en entradas anteriores hemos detallado, la propuesta que inicialmente estaba sobre la mesa era la presentada por la senadora Monica Cirinnà en junio de 2014, que reconocía a las parejas del mismo sexo derechos civiles, patrimoniales y sociales similares a los del matrimonio, aunque no la adopción conjunta. Como gran paso adelante, sin embargo, sí que permitía, bajo ciertas circunstancias, la adopción por parte de uno de los miembros de la pareja de los hijos que ya tenga el otro miembro de la pareja (bautizada en Italia con el anglicismo stepchild adoption).

La tramitación del proyecto, sin embargo, no se aceleró hasta después del histórico referéndum irlandés sobre el matrimonio igualitario, cuando el primer ministro Renzi (Partido Democrático, PD) declaró que “las uniones civiles no pueden retrasarse más”. Curiosamente, el propio Renzi era el que había actuado hasta entonces como freno al proyecto, pese a que el Parlamento salido de las elecciones de 2013 no debería haber tenido, de acuerdo a las posiciones defendidas por los partidos en ese momento, especiales dificultades para aprobarlo. El proyecto recibía por fin la aprobación de la Comisión de Justicia del Senado en mayo pasado, aunque finalmente no ha llegado al pleno del Senado hasta ya bien entrado 2016.

En todo este tiempo, Renzi ha intentado sin éxito llegar a un acuerdo con su socio principal de gobierno, el Nuevo Centro Derecha de Angelino Alfano (actual ministro del Interior), que rechazaba el proyecto de Cirinnà y prefería una regulación de menor nivel que no contemple la stepchild adoption. Renzi, cuya primera y más importante dificultad era la división interna en su propio partido (una amalgama de democristianos, centristas, socialdemócratas y socialistas, y cuyo sector católico sigue siendo especialmente influyente), se vio finalmente abocado a dejar de lado a Alfano y confiar en que a una supuesta mayoría de parlamentarios del PD se sumasen diversas fuerzas menores de izquierda y sobre todo el Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo (M5S), que se había mostrado a favor del proyecto. Pero no fue suficiente. El M5S se negó a validar la denominada “enmienda supercanguro”, un procedimiento parlamentario abreviado que tiene como objeto rechazar de un plumazo y sin discusión numerosas enmiendas menores, al que ese partido se opone por principio. Ello abocaba a un proceso de discusión más prolijo, y lo que en último término es lo importante, acentuaba la división interna entre los senadores del PD, a los que Renzi pensaba dejar libertad de voto por lo que a la stepchild adoption se refiere. El propio M5S había decidido también, después de las recientes y masivas movilizaciones populares tanto a favor como en contra del proyecto, dar libertad de voto a sus senadores en lo referente a este punto.

La discusión quedaba así suspendida mientras partidarios y detractores reagrupaban sus fuerzas. Matteo Renzi, sin embargo, no ha querido dejar pasar más tiempo, y esta misma semana daba su brazo a torcer y aceptaba descaifenar el proyecto en el sentido en el que le reclamaban tanto el sector católico de su partido como la derecha. La senadora Laura Cantini, del PD, plasmaba la reforma en una “maxienmienda” que contaba por el fin con el visto bueno mayoritario de la cámara y que recibía 173 votos favorables y 71 contrarios (los senadores del M5S prefirieron abandonar la votación en señal de protesta por el giro de los de Renzi).

Ahora el proyecto debe recibir el visto bueno de la Cámara de Diputados, donde Renzi dispone de un margen más cómodo que en el Senado, y donde en principio no se esperan modificaciones significativas del texto.

Fuera, la stepchild adoption y la “obligación de fidelidad”

La aprobación del proyecto en el Senado deja al colectivo LGTB italiano con una sensación agridulce. Por un lado, supone la vía libre a que por fin Italia, el último gran país de Europa occidental en hacerlo, reconozca las parejas del mismo sexo (hasta Chipre o Grecia, dos países de tradición ortodoxa, a la que se le supone una mayor hostilidad hacia las relaciones entre personas del mismo sexo, la habían adelantado ya). Por otro, lo sucedido estas últimas semanas en el Senado demuestra hasta qué punto los derechos de una minoría se han convertido en moneda de cambio del juego político italiano, con un Renzi más preocupado de mantener unido a su partido o un M5S más preocupado de dejar en evidencia dicha división interna que de los derechos de las familias homoparentales, que siguen estando desprotegidos.

Las parejas del mismo sexo con hijos, por tanto, seguirán estando obligadas a acudir a la justicia italiana caso por caso para hacer valer sus derechos. Y es que los jueces italianos, salvo excepciones, se están mostrando más sensibles que la clase política de ese país hacia la realidad familiar de las personas LGTB. La propia stepchild adoption, por ejemplo, ha sido ya reconocida por los tribunales en el caso de una pareja de mujeres, residente en Roma desde el año 2003, que tuvo una hija mediante reproducción asistida en un país extranjero, donde también contrajeron matrimonio (no reconocido en Italia). Con posterioridad, reclamaron ante la justicia italiana la adopción del menor por parte de la madre no biológica.

Un detalle quizá menor para algunos pero especialmente simbólico, y que deja bien claro el afán de los senadores homófobos por dejar su impronta en el proyecto, ha sido la supresión de la “obligación de fidelidad” que, del mismo modo que la ley italiana exige a las parejas casadas, el proyecto inicial de Cirinnà exigía a las parejas del mismo sexo unidas civilmente. Por curioso que parezca, se trataba de un aspecto que había sido especialmente criticado por los contrarios al proyecto porque en su opinión hacía prácticamente indistinguible a esta institución de la del matrimonio. Eliminarlo supone, en cierto modo, oficializar que la relación afectiva que se le supone a dos personas del mismo sexo unidas civilmente es de peor calidad que la que se le supone a una pareja de distinto sexo casada.

Tras la aprobación del texto en la Cámara alta, la senadora Cirinná ha sido ovacionada por los miembros del Partido Demócrata, a pesar de que el texto aprobado parece no contentar ni al movimiento activista LGTBI ni a los sectores ultracatólicos y conservadores.

El ministro del Interior y líder de NCD, Angelino Alfano, ha celebrado este jueves desde Bruselas el acuerdo alcanzado. “Ha sido un bonito regalo a Italia haber impedido que dos personas del mismo sexo, algo que impide la naturaleza, tuvieran la posibilidad de tener un hijo. Hemos impedido una revolución contra natura y antropológica, creo que ha sido un resultado nuestro “, ha comentado en unas declaraciones que no han sido bien recibidas en las filas del PD.

“Creo que debería prevalecer el buen sentido también en las declaraciones. El regalo a Italia es decir que no hay ciudadanos de clase B. Y esta ley va en la dirección justa”, ha subrayado la ministra para las Reformas, Maria Elena Boschi.

Grupos católicos y conservadores insistían en que “un niño debe tener un papá y una mamá”. Si una pareja del mismo sexo desea adoptar, ahora no le quedará otro remedio que recurrir a los tribunales. Tal vez allí encontrará alguna puerta abierta.

Italia es el único país de la Europa Occidental que se encontraba en esta situación de limbo jurídico de las parejas del mismo sexo. El documento de ley lleva el nombre de la senadora del Partido Democrático que lo impulsó, Monica Cirinnà.

Las modificaciones introducidas en el proyecto de ley han tenido como principal objetivo hacer el texto digerible para la formación conservadora Nuevo Centroderecha, liderada por el ministro de Interior, Angelino Alfano. Éste aclaró que su partido “no rechaza los derechos de los homosexuales, aunque sí es contrario a las adopciones y a la equiparación de sus uniones con el matrimonio”.

En definitiva, y como la propia ILGA Europe ha reconocido en un comunicado, un paso adelante que es bienvenido pero que se demuestra insuficiente.

Fuente Agencias, Dosmanzanas, Cáscara Amarga, Chueca.com, Ragap

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado este 23 de febrero que las leyes de extranjería de Croacia, que no reconocen a las parejas del mismo sexo la condición de familia, violan la Convención Europea de Derechos Humanos. El caso afecta a una ciudadana de Bosnia-Herzegovina, que solicitó un permiso de residencia en Croacia por reunificación familiar, al acreditar que mantenía una relación estable con una ciudadana croata. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la no equiparación en derechos de las parejas del mismo o distinto sexo es una grave discriminación por razón de orientación sexual.

El 29 de diciembre de 2011, la ciudadana de Bosnia-Herzegovina Danka Pajić solicitó a la administración de extranjería de Croacia la concesión de un permiso de residencia. Dado que la concesión de permiso por ser cónyuge de una ciudadana comunitaria le estaba vedada, pues ni Bosnia-Herzegovina ni Croacia reconocen el matrimonio igualitario, la única vía que le restaba era el de conseguirlo por reunificación familiar, pues la Ley de Extranjería croata sí que considera como familia a las uniones de hecho, en determinados casos, aunque no estén formalizadas.

Pero esas mismas leyes de extranjería solo otorgan la consideración de familia a las uniones de hecho formadas por un hombre y una mujer, excluyendo de esa consideración explícitamente a las parejas del mismo sexo. Esa fue la circunstancia alegada por el Ministerio del Interior croata para denegar el permiso de residencia a Danka Pajić, a pesar de que la investigación policial había acreditado su relación continuada con la ciudadana croata D.B. (la sentencia solo deja conocer sus iniciales). Tanto la declaración de ambas al respecto, como las constantes visitas de una a otra, de una duración de tres meses en cada ocasión (el límite permitido para no necesitar un permiso de residencia), así lo atestiguaban.

Danka Pajić recurrió la resolución denegatoria ante el Tribunal Administrativo de Zagreb en julio de 2012. El Tribunal Administrativo tomó en consideración lo establecido en la Ley de Extranjería de Croacia, que en cuanto a la reunificación familiar se remite a lo que estipule la Ley de Familia. El apartado 3 de esa ley considera como familia a las parejas formadas por un hombre y una mujer que hayan mantenido una relación extramarital durante al menos tres años. El apartado 2 de la misma ley considera como parejas de hecho a aquellas del mismo sexo que hayan mantenido una relación extramarital también de al menos tres años, pero no las considera familia.

En aplicación de esa normativa, el Tribunal Administrativo resolvió que “la Ley de Extranjería establece como miembros de una familia a los cónyuges o personas que conviven en una relación extramarital con arreglo a la legislación croata. Las secciones 3 y 5 de la Ley de la Familia estipulan que el matrimonio y la relación extramarital son uniones entre un hombre y una mujer. De este modo, la unión entre dos personas del mismo sexo no puede considerarse conforme a las disposiciones legales pertinentes como matrimonio o relación extramarital”. El permiso de residencia le fue, por tanto, denegado.

Finalmente, Danka Pajić apeló a la última instancia dentro del cuerpo judicial croata, el Tribunal Constitucional, al estimar que había sido discriminada en base a su orientación sexual. El alto tribunal falló en mayo de 2013 que no encontraba discriminación ni violación alguna de los principios de igualdad recogidos por la Constitución de Croacia. La apelación, pues, fue asimismo denegada.

Tan solo le quedaba a Danka Pajić el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, amparándose en que se había violado el artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que impide la discriminación, en conjunción con el artículo 8, que se refiere a la vida privada y familiar.

Y este 23 de febrero de 2016, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado a favor de Danka Pajić, al considerar que las leyes de familia y de extranjería croatas, al impedir cualquier reconocimiento como familia a las parejas del mismo sexo, efectivamente las estaban discriminando en base a su orientación sexual.

El Tribunal estima que el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos concede a todos los ciudadanos el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otras personas, y que la orientación sexual forma parte de la esfera personal protegida por ese mismo artículo, por tanto, no puede haber diferencia de consideración entre un tipo de parejas u otro. El fallo final, que ha sido tomado por unanimidad, es aclaratorio:

Por último, este Tribunal desea subrayar una vez más que el presente caso no se refiere a la cuestión de si la solicitud de reagrupación familiar de la solicitante debería haber sido concedida en las circunstancias del caso. Se refiere a la cuestión de si los solicitantes son objeto de discriminación, debido al hecho de que las autoridades nacionales consideran que tal posibilidad es en cualquier caso jurídicamente imposible. De acuerdo con ello, a la luz de las razones expuestas anteriormente, este Tribunal considera que la diferencia de trato de la situación del solicitante en cuestión es incompatible con las disposiciones del artículo 14 en relación con el artículo 8 de la Convención.

Por consiguiente, este Tribunal considera que se ha producido una violación del artículo 14 en relación con el artículo 8 de la Convención.

La sentencia no solo obliga a la administración croata a conceder el permiso de residencia por reagrupación familiar a Danka Pajić, sino que además la condena a indemnizarla con 10.000 euros (11.000 dólares) por los perjuicios causados. También debe hacerse cargo de las costas, que ascienden a 5.690 euros (6.270 dólares).

Repercusión de la sentencia

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no entra a valorar las condiciones en que deben ser concedidos los permisos de residencia por reagrupación familiar, sino que valora si las leyes discriminan en base a la composición de las parejas, algo estrechamente enlazado con la orientación sexual. También es relevante que el Tribunal estime que las parejas que mantienen una relación estable caben dentro de la definición de “unidad familiar”, aunque las circunstancias las obliguen a vivir separadamente, como es el caso de aquellas en que uno de sus miembros ha emigrado a otro país.

Habrá que ver si esta jurisprudencia termina por aplicarse a los casos en que las leyes del país impiden el matrimonio igualitario y las leyes de extranjería solo permiten la concesión de permisos de residencia a las personas unidas en matrimonio, como ocurrió recientemente en Lituania. De ser así, el alcance de esta sentencia puede adquirir una enorme relevancia.

Evelyn Paradis, directora ejecutiva de ILGA-Europa, considera que “esta decisión arroja luz sobre un tipo de discriminación en la práctica que puede tener un efecto devastador para el día a día de las personas. No había ninguna razón real para que las autoridades croatas mantuvieran esta diferencia de trato, y nos alegramos de que el Tribunal haya protegido los derechos de las parejas del mismo sexo para que puedan disfrutar de su vida familiar, libres de discriminación”.

Fuente Dosmanzanas

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La nueva ley de uniones civiles aprobada en Chipre concederá derechos semejantes a los del matrimonio, aunque no permitirá la adopción conjunta ni tampoco la de los hijos del otro miembro de la pareja. A falta de la firma del presidente del gobierno para su promulgación definitiva, esta nueva figura jurídica situará a Chipre a la vanguardia del mundo ortodoxo en materia de derechos LGTB.

La ley de uniones civiles ha sido aprobada por el Parlamento chipriota en segunda lectura este 26 de noviembre, por una contundente mayoría de 39 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones. El proyecto de ley fue impulsado por el Ejecutivo de centroderecha liderado por el presidente Nicos Anastasiades el pasado 7 de mayo, iniciándose posteriormente el trámite parlamentario. Presentado en primera lectura ante el Parlamento el 18 de junio, allí experimentó la modificación de la denominación de la nueva figura jurídica de “acuerdo de convivencia” a “unión civil”, aunque siempre se mantuvo la idea de que estuviera abierta a parejas del mismo o distinto sexo.

Los diputados de las tres principales fuerzas políticas chipriotas (los conservadores de la gobernante Agrupación Democrática, los comunistas del Partido Progresista del Pueblo Obrero y los liberales del Parido Democrático) han votado mayoritariamente a favor de la ley, a pesar de habérseles concedido libertad de voto por parte de sus grupos. Esta amplia aceptación entre los partidos mayoritarios contrasta con la encarnizada oposición de la iglesia ortodoxa, cuyo dirigente, el arzobispo Chrysostomos, acusó a la clase política de “debilitar la integridad moral” de los chipriotas al reconocer algún tipo de derecho a las personas LGTB.

Una vez que el presidente Anastasiades promulgue con su firma la nueva normativa, las parejas unidas civilmente obtendrán derechos semejantes a los del matrimonio en materias como la propiedad, sucesiones, prestaciones, disolución de la unión o pensiones alimenticias, pero no podrán adoptar conjuntamente, ni tampoco a los hijos del otro miembro de la unión. En todo caso, con esta ley, Chipre se sitúa a la vanguardia de los derechos LGTB entre los países de tradición ortodoxa, por delante de Grecia, cuyo proceso para la aprobación de una legislación semejante permanece aún estancado.

Los activistas de Accept-LBGT Cyprus, a cuya persistencia se debe en gran parte la nueva legislación, han expresado su alegría por su aprobación con el siguiente comunicado: “Chipre está cambiando y mirando hacia el futuro. ¡Y todos tenemos que formar parte de este cambio! Gracias por vuestra paciencia y la confianza que habéis depositado en nosotros. Este es un momento significativo en la historia de los derechos humanos en Chipre”.

Por su parte, Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA-Europa, también se congratulaba por la decisión del Parlamento chipriota, pues, para ella, “las parejas del mismo sexo y sus familias son merecedoras de la misma protección que las de sus amigos y vecinos heterosexuales. No se trata de dar ‘derechos especiales’ a un grupo, sino de reconocer la maravillosa diversidad de familias que habitan en Europa”.

El avance que supone la nueva normativa en el reconocimiento de los derechos de las parejas LGTB chipriotas es indudable, significativo y ejemplar para una sociedad de tradición ortodoxa fuertemente conservadora. Sin embargo, los responsables de organizaciones europeas como ILGA-Europa no deben olvidar que las parejas del mismo sexo chipriotas o maltesas siguen sin haber alcanzado la plena igualdad, al no poder decidir entre unirse civilmente o contraer matrimonio, como sí que pueden hacer las parejas heterosexuales. En esos países, a día de hoy, existen legislaciones distintas y separadas para las parejas del mismo sexo, que aún no son merecedoras “de la misma protección que las de sus amigos y vecinos heterosexuales”.

Una isla dividida

Chipre permanece dividido en dos entidades: la grecochipriota al sur y la turcochipriota al norte. En 2004 Naciones Unidas propuso un acuerdo de reunificación que permitiera la convivencia de las dos comunidades, pero los grecochipriotas lo rechazaron. A día de hoy coexisten dos estados de facto independientes y enfrentados: la República de Chipre (internacionalmente reconocida y miembro de la Unión Europea) y la República Turca del Norte de Chipre (reconocida solo por Turquía).

En el sur, y desde la época colonial británica, las relaciones entre varones fueron ilegales hasta que el deseo de incorporarse a la Unión Europea forzó su despenalización en 1998. Desde entonces, la situación ha evolucionado favorablemente, y en 2014 se celebró —con gran éxito de asistencia— el primer Orgullo LGTB en su capital, Nicosia. La aprobación de las uniones civiles para las parejas del mismo sexo en noviembre de 2015 supone otro paso de enorme envergadura en el camino hacia la igualdad de derechos.

La parte turcochipriota, sin embargo, mantenía la ilegalidad de las relaciones homosexuales (a diferencia, curiosamente, de la propia Turquía) hasta enero de este 2015, con penas que podían llegar hasta los cinco años de prisión. Se trataba del último territorio de Europa en el que la homosexualidad estaba penada.

Fuente Dosmanzanas

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Sacayán fue la primera persona transexual en recibir de manos de la presidenta argentina, Cristina Fernández, su nuevo DNI, que contemplaba su cambio legal de nombre y género.

Dos hombres fueron detenidos en calidad de sospechosos por el asesinato a puñaladas de la activista transexual Diana Sacayán en Buenos Aires. Según el informe oficial, las capturas se llevaron a cabo a partir de los resultados de las “escuchas telefónicas, análisis del flujo de las llamadas y declaraciones testimoniales”, entre otras tareas de investigación.

“Por el momento, no se pueden adelantar los nombres ni brindar más precisiones, ya que la causa se encuentra bajo secreto de sumario”, informó el Ministerio Público Fiscal.

El cuerpo de Sacayán fue encontrado sin vida el 13 de octubre pasado en su apartamento en el barrio porteño de Flores.

A partir de las primeras medidas de investigación, se pudo confirmar que se trató de una muerte violenta producida por heridas realizadas con un arma blanca.

En 2012, con la promulgación de la Ley de Identidad de Género, Sacayán fue la primera transexual en recibir de manos de la presidenta argentina, Cristina Fernández, su nuevo DNI, que contemplaba su cambio de nombre y género.

Sacayán era líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA), dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) y trabajaba en el Programa de Identidad Sexual del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Fuente Cáscara Amarga

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El alcalde de Taipéi, Ko Wen-je, ha presidido las bodas multitudinarias que se celebran cada año desde 1973. Esta edición se han celebrado en el estadio deportivo de la Universidad de Taipéi, donde el regidor daba sus bendiciones a las 123 parejas que se casaron allí. Por primera vez en la historia, varias parejas del mismo sexo han participado en este enlace masivo y lo hacían, precisamente, con el apoyo explícito del ayuntamiento. Aunque el matrimonio igualitario todavía no ha llegado a Taiwán, este es otro pequeño paso adelante de la comunidad LGTB, en un contexto de progresiva aceptación social y política.

El consistorio de Taipéi modificaba el reglamento de las bodas masivas el pasado mes de julio, abriendo la puerta a las parejas del mismo sexo a unirse en las siguientes ediciones. Estas bodas se celebran en la capital del país dos veces al año y desde 1973 se han contabilizado más de 16.000 parejas participantes. Las imágenes y noticias de los enlaces multitudinarios de Taipei del pasado sábado 24 de octubre, sin embargo, están dando la vuelta al mundo por la participación de 10 parejas del mismo sexo, por primera vez. El alcalde de Taipéi, Ko Wen-je, ha mostrado su apoyo a la diversidad de manera pública (como podemos ver a la derecha de la imagen que acompaña a esta noticia).

Para el activista LGTB Nelson Chen “a pesar de que el matrimonio entre personas del mismo sexo aún no está legalizado en Taiwán, si las parejas homosexuales más valientes vienen aquí será un gran ejemplo para el público”. Por ello, Chen ha sido uno de los que ha querido ‘unirse’ a su pareja Kao Chih-wei. Tanto ellos como el resto de parejas del mismo sexo presentes en este evento son conscientes de que su boda solo tiene carácter simbólico y, por lo tanto, carece de cualquier validez legal o jurídica. Con todo, se trata de una importante muestra de apoyo político y de visibilidad internacional.

Chen considera que “la boda pública masiva es una bendición ceremonial de igualdad de trato” y, aunque se manifiesta “agradecido”, apunta que queda mucho camino por recorrer todavía hasta que se consiga la aprobación del matrimonio igualitario. De hecho, este activista insta al Gobierno a que saque adelante, además, una ley contra la discriminación y una ley básica de protección de los derechos humanos, con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de todos.

Dosmanzanas ya ha recogido con anterioridad noticias relacionadas con Nelson Chen (o Chen Ching-Hsueh). Él y su pareja, Kao Chih-wei, estuvieron a punto de generar una sentencia en el Tribunal Constitucional en enero de 2013 sobre su derecho a contraer matrimonio. En aquella ocasión, los interesados retiraron el recurso antes de obtener una resolución del alto tribunal, debido a las presiones y amenazas que recibieron en las redes sociales por parte de extremistas homófobos. Nelson Chen aseguraba entonces que él y su prometido ya no querían “ser la única pareja gay de Taiwán en dar la cara”. Casi tres años después, a pesar de todo, Chen y Chih-wei siguen reivindicando sus derechos y los del colectivo LGTB de su país.

Homofobia entre las minorías cristianas frente al aperturismo social

Los cristianos solo representan en torno al 3,9 % de la población taiwanesa, frente a un 35,1 % de budistas, un 33 % de taoístas o un 18,7 % que no profesa ninguna religión. No obstante, aún incluso siendo minoritarios, los grupos cristianos se han esforzado en oponerse públicamente a que las personas LGTB vean reconocido cualquier derecho. La Alianza Nueva Generación ha sido uno de los grupúsculos cristianos que han criticado la medida de incluir a parejas del mismo sexo en las bodas masivas: “nos oponemos firmemente a la promoción en la ciudad de la cultura gay con nuestro dinero, sin ninguna discusión”.

También ha dado la nota algún familiar de las propias parejas del mismo sexo. Una madre, por ejemplo, se negó a atender a los medios de comunicación en nombre de su hijo porque ella no quería que su identidad apareciera en las noticias en relación a este tema. Pero este tipo de reacciones penosas quedaron totalmente empequeñecidas, comparadas con el tremendo apoyo que las 10 parejas del mismo sexo recibieron del resto de contrayentes de distinto sexo cuando desfilaron por el pasillo central y despertaron una gran ovación.

Es más, con mayor frecuencia nos llegan noticias positivas desde Taiwán, indicadoras de un progresivo aperturismo social. A finales de agosto,  nos hacíamos eco del vídeo, que lanzaba el principal partido de la oposición, en el que se incluían varias parejas del mismo sexo. El Partido Democrático Progresista (DPP) celebraba de este modo el San Valentín chino. Por otra parte, en 2014 el Orgullo LGTB batía un nuevo récord de asistentes: 64.000 personas. Ese mismo año, se hacía público que el 68 % de la población taiwanesa está a favor del matrimonio igualitario.

ILGA se reúne esta semana en Taiwán

Frente al conjunto de países asiáticos que padecen la LGTBfobia de estado (como Malasia, Brunéi o la India, entre otros), Taiwán se alinea entre los que se acercan poco a poco hacia la senda de la igualdad en la diversidad (como Vietnam). Es por ello que Taiwán (concretamente, Taipéi) acoge esta semana la reunión de 300 activistas llegados de otras 30 naciones, junto a los locales, para tratar temas tan relevantes como la igualdad civil, el VIH-Sida, y los progresos realizados por las familias LGBT en Taiwán. Se trata de la conferencia regional de la asociación internacional de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales ILGA, para la que la Unión Europea ha realizado una donación de 40.000 euros (según recogen distintos medios de comunicación taiwaneses).

Fuente Dosmanzanas

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Un nuevo rincón del mundo se convierte en un lugar aún peor para las personas LGTB, y van… Se trata de la provincia indonesia de Aceh, donde el pasado viernes entró en vigor la ley que su Parlamento aprobó en septiembre de 2014 y que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La ley, además, será de aplicación tanto a musulmanes como a no musulmanes.

Formalmente, la homosexualidad no es delito en Indonesia, el país con mayor número de fieles musulmanes del mundo, que mantiene un código penal heredado de la época colonial neerlandesa. La excepción es la provincia noroccidental de Aceh, en donde rige oficialmente la sharía o ley islámica desde 2005 (gracias a la autonomía que le fue concedida por Indonesia tras firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región) y donde el año pasado su Parlamento aprobó por unanimidad aplicar este degradante castigo físico a los casos, explícitamente descritos, de sexo anal entre hombres y de “frotamiento de partes del cuerpo entre mujeres para la estimulación”. Los azotes en público ya se aplicaban a los condenados por juegos de apuestas, consumo de alcohol y adulterio o muestras de afecto entre personas de distinto sexo fuera del matrimonio. La pena podrá ser conmutada por una multa de mil gramos de oro puro o cien meses (más de ocho años) de prisión y se aplicará tanto a musulmanes como al resto de la población, incluidos extranjeros.

“Los no musulmanes pueden elegir ser juzgados bajo la ‘sharía’ o bajo el código penal normal de Indonesia”, ha asegurado el responsable del departamento legal de la ‘sharía’ del Gobierno provincial, Syahrizal Abbas. La nueva legislación también criminaliza la violación y el acoso sexual. Todos aquellos que sean declarados culpables podrían enfrentarse a penas de al menos 40 latigazos, según una copia del texto a la que la agencia Reuters ha podido acceder.

Durante este tiempo, la esperanza de los activistas en favor derechos humanos de la región era que el Gobierno de Indonesia hiciese uso de su capacidad para bloquear la reforma, pero no ha sido así. Aceh se consolida de esta forma como el rincón más hostil de Indonesia para las personas LGTB. Un peligro adicional, sin embargo, viene dado por la posibilidad de que otras provincias con un perfil social y religioso parecido al de Aceh, como Sumatra Meridional o Java Oriental, sigan su ejemplo.

Grupos de defensa de los Derechos Humanos han advertido de que esta nueva ley podría criminalizar el sexo consensuado y poner obstáculos a la denuncia de violaciones. “Castigar a alguien que ha tenido sexo consentido con hasta 100 latigazos es despreciable”, ha asegurado el director de campañas de Amnistía Internacional en el sureste asiático, Josef Benedict. “Es una violación flagrante de los Derechos Humanos y debe ser derogada de forma inmediata”, ha añadido.

A Aceh se le otorgó en 2005 un estatus especial de autonomía, como parte de un acuerdo firmado con Yakarta para poner fin a décadas de violencia separatista, y fue entonces cuando se le dio la capacidad para introducir la ‘sharía’. A comienzos de año, un distrito de la provincia promulgó una ordenanza municipal que exigía a las escuelas educar a niños y niñas de forma separada, y otra en la que se prohibía a las mujeres sentarse a horcajadas sobre una motocicleta cuando es un conductor el que lleva el vehículo.

Ya antes de la aprobación de esta ley, nos habíamos hecho eco de la situación en Aceh. En el año 2010 relatábamos la indignación de grupos musulmanes ultraconservadores por la celebración de un certamen de belleza para mujeres transexuales, mientras que en 2013 recogíamos una primera iniciativa del ayuntamiento de la capital de la provincia, Banda Aceh, para introducir un castigo físico para quienes mantuviesen relaciones con personas del mismo sexo. Y a principios de este mismo mes de octubre dos mujeres eran detenidas acusadas de mantener relaciones lésbicas. Ellas se habrían librado por poco de recibir los latigazos, pero la policía islámica anunció que serían sometidas a “rehabilitación” en dependencias sociales.

Indonesia: entre lo malo y lo peor

Indonesia presenta una realidad diferente para su comunidad LGTB dependiendo de la región. La de Aceh es desde luego la peor situación, puesto que como decíamos arriba la homosexualidad no es formalmente delito en el resto del país. Ello no significa que en otras partes sea buena. En 2004, las autoridades municipales de Palembang, en Sumatra Meridional, dictaron por ejemplo una regulación en la que aglutinaban la actividad de las personas LGTB como “prostitución”. En virtud de ese reglamento, todas las personas acusadas de cometer cualquiera de esas actividades se enfrentan a la perspectiva de un máximo de seis meses de prisión o 5.000.000 de rupias (360 euros, 380 dólares) de multa.

En otras zonas existe una actitud algo más tolerante, especialmente en zonas urbanas como Yakarta. Con todo, la influencia de los islamistas más radicales se hace sentir cada vez más. En la propia Yakarta las autoridades prohibieron en 2012 un concierto de Lady Gaga, abanderada de los derechos LGTB, por considerarla un personaje diabólico y antirreligioso. Los fundamentalistas también han obligado a cancelar una reunión de la división asiática de la ILGA (International Lesbian and Gay Association) en Surabaya y han amenazado a los organizadores del Q! Film Festival, un festival de cine LGTB, por mencionar otros dos ejemplos.

En marzo de este 2015, el Consejo de Ulemas de Indonesia dictó una fetua en la que se exigía que los actos homosexuales sean castigados con la pena de muerte. Aunque el Consejo de Ulemas no tiene ningún poder legislativo o ejecutivo en Indonesia, su influencia social es elevada. Indonesia también votó el pasado 2014 en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la homofobia y la transfobia y ha sido calificado, por su propia población, como un mal lugar para vivir si eres gay o lesbiana (solo un 2% opina lo contrario) en una encuesta de Gallup.

Fuente Dosmanzanas y Ragap

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Aceh, Amnistía Internacional, Banda Aceh, Consejo de Ulemas de Indonesia, Discriminación, ILGA, Indonesia, Islam, Java Oriental, Josef Benedict, Lady Gaga, Palembang, Q! Film Festival, Sharia, Sumatra Meridional, Surabaya, Syahrizal Abbas, Yakarta

Finalmente el veto presidencial a la ley de identidad de género no ha podido ser levantado por el Parlamento de Polonia. La cuestión ni siquiera ha sido resuelta en votación, pues cuestiones formales impidieron que se presentara para su consideración por los parlamentarios en el último día de sesiones plenarias antes de las elecciones generales del próximo 25 de octubre. La comunidad transexual polaca deberá esperar a un nuevo período legislativo lleno de incertidumbres, mientras sus miembros siguen sufriendo un largo y penoso proceso judicial para ver reconocidos sus derechos.

El veto del presidente polaco, Andrzej Duda, a la Ley de Identidad de Género aprobada por el Parlamento polaco el pasado verano debería haber sido debatido en el Sejm (cámara baja del Parlamento) el pasado día 9 de octubre. Para poder levantarlo, se necesitaba un quórum de al menos el cincuenta por ciento de los miembros de la cámara, y el voto favorable de tres quintas partes de los presentes. Sin embargo, la comisión parlamentaria correspondiente no presentó el preceptivo informe para que la cuestión fuera planteada en el orden del día, y la votación no pudo producirse.

La cuestión se agrava dado que se trataba de la última sesión plenaria antes de las elecciones generales del próximo 25 de octubre, por lo que el proyecto de ley quedará en el limbo parlamentario hasta que las nuevas cámaras que se constituyan decidan retomar su proceso. Su futuro es, por tanto, incierto, pues no se sabe qué nuevas mayorías de formarán, y es dudoso que para ninguno de los diferentes grupos esta sea una cuestión prioritaria. Mientras tanto, las personas transexuales polacas deberán someterse a lo que ILGA Europa describe como un “penoso y estresante proceso judicial”, y soportar largas esperas para obtener una decisión favorable a sus derechos.

Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA Europa, opina que “esta Ley no trataba únicamente de la codificación de un procedimiento no escrito. Era una oportunidad para que los parlamentarios de Polonia reafirmaran su compromiso con la igualdad. La ley había sido apoyada por ambas cámaras del Parlamento hace solo unas semanas. Pero ahora, esos mismos representantes electos han dado marcha atrás en la oportunidad de dar a las personas trans de Polonia una mayor dignidad. Que sus esperanzas se hayan estrellado con este último obstáculo legislativo es increíblemente frustrante. Las voces de las personas trans y todos aquellos que apoyaron la ley han sido descaradamente ignoradas por los políticos polacos. Los derechos humanos no son una moneda de cambio. Estamos muy preocupados por que las personas trans de Polonia hayan sido utilizadas como un peón en un deprimente juego preelectoral”.

Una ley largamente esperada y ahora frustrada

Debido a la precariedad legal en que se encontraban las personas transexuales polacas, Anna Grodzka, la primera diputada transgénero del país, presentaba ante el Parlamento el proyecto de Ley de Identidad de Género, que suponía un primer intento de regular legalmente todo el proceso de modificación de los documentos oficiales. Y lo hacía además sin la necesidad de que las personas transgénero hubieran de someterse a ninguna cirugía o tratamiento hormonal para que esas modificaciones tuvieran lugar. Lo que sí se requería era la soltería y la necesidad de presentar ante el juez dos informes médicos o psicológicos independientes que confirmaran que la persona “es de una identidad de género diferente al género legalmente asignado”.

Con esa redacción, la Ley de Identidad de Género consiguió la aprobación del Sejm (la cámara baja) este 23 de julio, por una mayoría de votos 252 a favor frente a 158 en contra, lo cual fue saludado por los defensores de los derechos LGTB como “una victoria enorme para las personas trans en Polonia”. También consiguió la mayoría en el Senado (o cámara alta), aunque allí sufrió la introducción de un enmienda que exigía a las personas transgénero con hijos menores la aquiescencia de un psicólogo infantil, requisito que hizo temer a los activistas que fuera un subterfugio para limitar los derechos basándose en una supuesta protección de los menores.

A pesar de ello, todos coincidían en que se trataba de un primer paso gigantesco en el reconocimiento de los derechos de las personas transgénero polacas. Esa satisfacción, sin embargo, se vio lamentablemente truncada por la decisión del presidente polaco, Andrej Duda, que el pasado viernes 2 de octubre decidió vetar la Ley de Identidad de Género, a pesar de que haber obtenido un apoyo parlamentario de semejante envergadura. Que el veto no haya podido ser levantado por el Parlamento supone una insoportable dilación en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales polacas.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Andrzej Duda, Anna Grodzka, Discriminación, Evelyne Paradis, ILGA, Polonia, Transexualidad, Transfobia

La referente trans Diana Sacayán, fue encontrada hoy con heridas fatales de arma blanca en su departamento del barrio porteño de Caballito, informaron fuentes policiales.

La organización manifestó en un comunicado que fue la asesinaron por su condición transexual; recordó que en 2014 se registraron siete muertes por esta misma razón

La activista trans Diana Sacayán fue hallada muerta en su departamento, en la calle Rivadavia al 6700, en el barrio porteño de Caballito. Según indicaron fuentes policiales, el cuerpo presentaba “signos de violencia”, por lo que se investiga un homicidio.

La Comunidad Homosexual Argentina (CHA) lamentó la muerte de la activista trans Diana Sacayán, quien era la coordinadora del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), y que fue encontrada muerta en su departamento de Rivadavia al 6700, en el barrio de Flores de la Ciudad de Buenos Aires.

Diana formaba parte del equipo del Programa de Diversidad Sexual de INADI y era una impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans. Era la líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA) y dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL).

En 2012 había recibido su DNI con su identidad de género autopercibida como mujer trans. El documento le fue entregado por la propia presidenta Cristina Kirchner.

Diana defendió su identidad de género autopercibida como mujer trans y también apoyó desde su lugar en el MAL causas como el cupo laboral para personas trans en la cartera pública de la provincia de Buenos Aires.

Karina Nazabal, diputada del FpV bonaerense, fue quien presentó el proyecto de ley del cupo laboral trans. “Fue un proyecto de ella, yo como diputada lo acompañé, pero era algo que Diana impulsó desde incluso antes de la ley de Identidad de Género. Realmente estamos de luto porque ella era una luchadora. Creo que si hay un legado que Diana le deja a todas las personas trans es, sin duda, el del cupo laboral. Tuvo la valentía de militarlo frente a todos y también estuvo junto a nosotros en todas las instancias del proyecto”, dijo Nazabal.

César Cigliutti, presidente de la CHA, expresó: “Diana Sacayán era una militante admirable y una compañera de lucha. Con todo el dolor que sentimos frente a su muerte y ante cada una de nuestras muertes, no nos quedamos en el lugar de la víctima, por eso seguiremos cada uno de los pasos de la investigación y también denunciamos estos crímenes en el Informe Anual de la CHA”.

El comunicado destaca “la historia de lucha constante” de Sacayán, cuya labor derivó en la aprobación de la Ley de Cupo Trans de la provincia de Buenos Aires el 17 de septiembre. “Los liderazgos como el de Diana Sacayán son inspiradores no sólo para nuestra comunidad LGBTI sino para toda la sociedad“, agregó Cigliutti.

A su vez, Pedro Paradiso Sottile, secretario de la CHA, dijo: “En el marco de los 31 años desde nuestra fundación, seguimos denunciando los crímenes de odio contra las personas en base a su orientación sexual e identidad de género y sus expresiones, denunciando estas violaciones a los derechos humanos, exigiendo justicia y solicitando este año la reforma urgente de la Ley Nacional Antidiscriminatoria, para empezar a poner fin a la Homo/Lesbo/Transfobia que nos mata. Hacerlo hoy nuevamente frente al asesinato de nuestra amiga y militante trans Diana Sacayán es muy doloroso, muy difícil, porque nos han arrebatado a una gran luchadora y activista “.

César Cigliutti, presidente de la CHA cuenta, por su parte que en el informe anual que publica la CHA, presentado el 17 de septiembre de 2015, la organización registra los crímenes de odio (asesinatos por orientación sexual e identidad de género) de 2014:

Desde el año 1993 la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) realiza un Informe Anual sobre casos de discriminación por Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género. Hace 22 años, el entonces Presidente de la CHA, Carlos Jáuregui redactó lo que es una suerte de un primer registro en nuestro país, una memoria histórica de la discriminación hacia nuestra comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual e intersexual (LGBTI).

La enunciación de “crímenes de odio” la utilizamos desde el trabajo que hizo Amnistía Internacional “Crímenes de odio, conspiración de silencio. Tortura y malos tratos basados en la identidad sexual” difundido el 21 de junio de 2001, en el que participó la CHA. Fue la primera vez que Amnistía Internacional presentó a nivel mundial un informe sobre casos de discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Uno de los casos emblemáticos del informe fue el de Vanesa Ledesma, travesti muerta bajo custodia en el Precinto 18 (ex-comisaría 13) de la ciudad de Córdoba. El asesinato de Vanesa Ledesma fue archivado por la justicia como “muerte natural” y nosotros/as mantenemos la denuncia de su asesinato.

En el año 2014 de los casos documentados por los medios de comunicación, se han asesinado a siete personas de nuestra comunidad, dos personas gays y cinco personas trans. En 2013, fueron cinco personas de nuestra comunidad, tres personas gays y dos personas travestis.

La homo/lesbo/transfobia se manifiesta de diferentes maneras y en diversos ámbitos, siendo responsable de muchas de las vulneraciones de derechos basadas en la orientación sexual, identidad de género y sus expresiones de las personas. Una de sus consecuencias más terribles son los asesinatos y crímenes de odio, cometidos hacia las personas LGTBI, impulsados por fundamentalismos, creencias y prejuicios religiosos, sociales y culturales.

Este Informe de la CHA constituye una denuncia, y también un acto de memoria sobre nuestra propia historia, reflejando una parte de la realidad, ya que son casos publicados por diferentes medios de comunicación. Esta visibilidad la hacemos para respetar y preservar la memoria de cada una de esas vidas, que también son las nuestras. Para exigir justicia y poner fin a la discriminación y violencia que llega a matarnos.

En un hecho histórico para educar a la Justicia en la diversidad, desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) realizamos durante el mes de Mayo de 2015 el primer curso de capacitación y formación sobre crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género, denominado: “La investigación de los llamados delitos de odio por orientación sexual- Mecanismos de investigación y la víctima en el sistema acusatorio”. El curso organizado por la Dirección Fiscal de Capacitación Estratégica del Organismo y desarrollado en la Escuela del Servicio de Justicia (ESJ) ha sido un paso fundamental para dar visibilidad a los asesinatos y crímenes de odio cometidos contra personas LGTBI.

Volvemos a solicitar, como lo hacemos desde el año 1988, al Congreso Nacional el tratamiento y aprobación urgente de la reforma de la Ley Nacional Antidiscriminatoria, donde se incluya dentro de las causales de discriminación, la orientación sexual, identidad de género y sus expresiones, la inversión de la carga de la prueba, la reparación en forma plena del daño no patrimonial y patrimonial ocasionado, como también la legitimación para exigir la cesación, reparación y recomposición a las personas afectadas, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y a las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Son los Estados quienes deben llevar adelante políticas públicas LGTBI, en los ámbitos nacionales, provinciales y municipales, para garantizar la inclusión y una ciudadanía plena a toda la sociedad, en articulación con los organismos no gubernamentales, para romper con viejos paradigmas de exclusión y estigmatización.

Seguiremos trabajando para que los crímenes de odio y cualquier expresión de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género se transformen en lo que son, la celebración de la diversidad.

Informe de los asesinatos por orientación sexual e identidad de género del 2014

Aldana Palacios

22/04/2014. Asesinan a Aldana Palacios, una persona travesti de 50 años en Resistencia, provincia de Chaco. El cuerpo fue hallado boca abajo, en posición recta y con los brazos recogidos a la altura del pecho; ubicado en un terreno donde se construía un tinglado -calle 1º de Mayo 2450, barrio Jorge Newbery-, detrás de unos ladrillos. La víctima se encontraba con la ropa baja, presentaba fuertes golpes en la cabeza y un corte a la altura de la cara.

Participaron del procedimiento Gabinete Científico, División Homicidios y personal de la Comisaria Undécima. El fiscal ordenó la necropsia y el cuerpo fue trasladado por la división de bomberos al Instituto Médico Forense del Poder Judicial para los estudios correspondientes.

Omar Montalat

13/07/2014. Asesinan a Omar Montalat, una persona gay de 45 años. Lo hallaron degollado en una zanja del ex predio de los talleres ferroviarios de Santos Lugares, sito en la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero de la provincia de Buenos Aires. Intervino el personal de seguridad del predio cuando se advirtió la existencia de un cuerpo semisumergido boca abajo, que presentaba un profundo corte en el lado derecho del cuello, tres puñaladas en la espalda y enucleación (remoción del globo ocular) en el costado izquierdo.

Según la Policía, la víctima fue asesinada en el mismo lugar en el que fue hallado su cadáver, ya que tenía consigo sus pertenencias y en la escena del crimen se encontraban esparcidos diversos objetos sexuales. En el lugar continuaron trabajando efectivos de la Policía Científica y de la Jefatura Departamental de Tres de Febrero, bajo las órdenes de la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de San Martín, Graciela López Pereyra.

En tanto, la causa iniciada a raíz de la averiguación de paradero, radicada en la seccional 47 porteña, está a cargo de la fiscal de Instrucción 43, Elena Krasucki.

Marita Ordoñez

06/11/2014. Encuentran asesinada a Marita Ordoñez, una persona trans de 36 años, en un descampado de Mar del Plata, entre las avenidas Arturo Allio y Juan B. Justo. La familia de la víctima había denunciado su desaparición el domingo en la comisaría 11a. El sábado a la noche ella y su hermano habían sido invitadas a un cumpleaños, pero nunca llegó. Marita vivía a dos cuadras del lugar donde fue hallado su cuerpo. Fue trasladada a la morgue judicial local para la realización de la correspondiente autopsia que determinara las causas de su muerte. Los investigadores notaron que el cadáver presentaba hematomas, por lo que consideraron que Marita Ordoñez había sido asesinada a golpes.

Romina Carrizo

25/11/2014. Romina Carrizo era una persona trans de 55 años. La encontraron enterrada y asesinada a puñaladas en una vivienda de la localidad bonaerense de Manzanares, partido de Pilar de la provincia de Buenos Aires.

Por el crimen detuvieron a un joven con el que convivía. El dueño del inmueble había llamado a la policía, ya que hacía varios días que no veía a la víctima ni a su pareja, un joven de 22 años. Tras la denuncia, los efectivos se trasladaron hasta la casa y hallaron manchas de sangre en los muebles, al tiempo que advirtieron que había tierra removida. Luego de una excavación en el lugar, el personal de Policía Científica halló el cuerpo enterrado, que presentaba varias puñaladas. Asimismo, los investigadores secuestraron una cuchilla que coincidía con los cortes que sufrió la víctima.

Los voceros explicaron que el médico forense determinó que la muerte databa de hacía poco más de una semana y que había ocurrido a consecuencia de las lesiones cometidas con arma blanca.

De acuerdo con la información recogida en las pesquisas, el sábado 15 de noviembre se escucharon discusiones en la vivienda, por lo que creen que en ese momento ocurrió el ataque homicida.

El hecho caratulado como homicidio recayó en la UFI Nº 1 de Pilar, que está a cargo de Marcos Petersen Victorica.

Pamela Maité Moreno

03/12/2014: Asesinan a Pamela Maité Moreno, una persona travesti de 24 años, en la capital de la provincia de Santiago del Estero; la encuentran al costado del kilómetro 723 de la Ruta Nacional 34, en las afueras de la ciudad santiagueña de La Banda. Pamela vivía en el pasaje 1190 del barrio Sarmiento de la capital provincial.

Por una denuncia telefónica, efectivos de la Seccional 14 y de la Brigada de Investigaciones bandeña se dirigieron al lugar y encontraron a Pamela sin vida, con signos de haber recibido un fuerte golpe en la cabeza, mientras que en la parte posterior de su remera había marcas de neumático. El médico de la fuerza

que revisó el cadáver detectó laceraciones y golpes en el cuerpo que no eran compatibles con un siniestro vial. Tampoco los peritos de la División Criminalística dieron con evidencias de una colisión, motivo por el que se presumía que Moreno fue ultimada en otra parte y arrojada junto al camino. Por ese motivo, el fiscal de turno de La Banda, José Piña, peticionó la autopsia para determinar exactamente la causa de la muerte y la fecha. Fuentes de la Oficina de Diversidad de la Municipalidad de La Banda revelaron que Pamela ejercía la prostitución y se habría contactado con un cliente en la ciudad santiagueña, con quien se trasladó a un albergue transitorio de la ciudad vecina.

Los investigadores solicitaron una ambulancia para el traslado del cuerpo al Hospital de La Banda, donde fue examinado por el Dr. Paz, quien constató su fallecimiento debido a múltiples laceraciones y a un grave traumatismo de cráneo. En la parte posterior de la remera de la víctima se encontraron huellas de neumáticos, por lo que el fiscal de turno, Dr. José Piña, dispuso el traslado del occiso a la morgue judicial del Hospital Independencia para realizarle una autopsia. Actuaron en el lugar, personal de Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes y observaron que en la escena no había indicios de algún accidente de tránsito. Colaboró en el hecho el personal de División Homicidios y de la Brigada de Investigaciones de la Departamental N°4 de La Banda.

El doce de marzo de 2015 un comerciante y ex policía provincial admitió haber asesinado a Pamela atropellándola con su camioneta, tras despojarla de un monedero con dinero y un celular, en cercanías de un hotel alojamiento de la localidad santiagueña de La Banda. En una audiencia y ante la fiscal Norma Morán, el acusado, Brian Salto (30), reconoció que con las ruedas traseras de su camioneta Ford doble cabina, negra, arrolló a la travesti Pamela Moreno, que se

resistió al robo de 300 pesos y el celular. En su confesión, Salto, que hace nueve años integró la Policía santiagueña y al momento de su detención se dedicaba a comercializar comestibles en zonas rurales, indicó que tras matar a la travesti, retornó a su casa, en la localidad de Suncho Corral, distante a 200 kilómetros al sureste de la capital provincial.

Tras haberse declarado culpable, el juez de Control y Garantía de La Banda, Ramón Gómez, resolvió la prisión preventiva de Salto tras vencerse los plazos procesales. En el informe de la autopsia, los forenses concluyeron que la travesti fue sometida a una golpiza y luego arrollada por un vehículo que le dejó marcadas las ruedas en el tórax y el abdomen.

Dardo Cwalina

13/12/2014: Asesinan a Dardo Cwalina, de 26 años, un empresario gay que se dedicaba al rubro de catering en Formosa. Los investigadores pudieron determinar que fue castrado aún con vida, desnucado, degollado; luego descuartizado, incinerado y enterrados sus restos en un basural.

El hecho comenzó a ser investigado el 13 de diciembre de 2014, tras una denuncia radicada por Agueda Cwalina (51 años), que era prima de Dardo. Por tal motivo, se abrió una causa ante las autoridades, que fue caratulada “Averiguación de paradero”, a cargo de la doctora Laura Karina Paz, titular del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 5 de la Primera Circunscripción de Formosa.

Tras rastrillar dicha zona, los policías formoseños encontraron abandonado el coche de la víctima y luego, a través de otros testimonios, localizaron a Enzo Andrés Ojeda, quien debía reunirse con la víctima en proximidades del aeródromo de El Colorado. Este confesó su participación en el crimen.

Los investigadores determinaron que el empresario y Ojeda se habían reunido en las inmediaciones del predio de la Asociación Mutual Empleados

Bancarios (AME) de la provincia de Formosa. Pero en el encuentro también estuvo presente Federico Matías Martínez, de 23 años, responsable de degollar a Cwalina. Luego, el dúo castró al empresario, estando aún con vida. De inmediato, los agresores se dirigieron en motocicleta a una estación de servicio, cargaron combustible y llenaron un bidón de cinco litros. Después los regresaron junto al fallecido Dardo Cwalina, lo rociaron con el combustible adquirido y le prendieron fuego. Finalmente, lo descuartizaron y enterraron sus restos.

Los policías consideraron que la esposa de Martínez, María Magdalena Méndez, de 32 años, había sido cómplice de lo sucedido, por lo que realizaron un allanamiento en la finca en la que residía la pareja, situada en calle Corrientes, sin número, en el denominado Barrio Dos de Abril, del citado distrito. En el inmueble, se hallaban las prendas de vestir que Ojeda y Martínez utilizaron cuando arribaron a la estación de servicio. Los policías vieron una cámara séptica en la parte trasera de la casa y procedieron a desagotarla. En el interior encontraron un pantalón de jean azul con presuntas manchas de sangre, una remera, un par de zapatillas blancas y un calzoncillo azul. Estas ropas eran de Martínez, tal lo indicado por su suegra. Pero además incautaron una billetera de cuero marrón y blanca, un guante de látex, un cable USB, un pantalón de jean, un total de cuatro anillos de plata, dos cadenitas de plata, una pulsera, un cinturón, un par de medias, un celular y dos protectores de celular.

La prima del empresario y su hermano Ariel Baudelio Cwalina reconocieron los elementos como pertenecientes a la víctima. En la cámara séptica apareció un preservativo usado y, por esta razón, no se descartó la posibilidad de que alguno de los criminales hubiera mantenido relaciones sexuales con el muchacho antes de la consumación del asesinato.

Gimena Álvarez

24/12/2014: Asesinan a golpes a Gimena Álvarez, una persona trans de 31 años, en el canal de la Esteco en la provincia de Salta. Fue hallada en “estado desesperante en el interior del canal” a la altura de su intersección con Tucumán. Luego de ser rescatada del lugar, fue trasladada en código rojo hacia el Hospital San Bernardo, donde falleció horas después de ser intervenida quirúrgicamente de una grave lesión en el cráneo. El hecho, que se presumió accidental, se produjo entre las 20 y 20.30 del miércoles 24, cuando vecinos alertaron que una joven se hallaba inconsciente en el interior del canal. Fuentes policiales relataron que las tareas de asistencia y rescate se realizaron con esa presunción, aunque posteriormente se descubrió que Gimena Álvarez había sufrido gravísimos traumatismos en la zona torácica, además de las lesiones en su rostro y su cabeza.

La autopsia practicada informa que falleció en el posoperatorio por traumatismo grave de cráneo, hematoma subdural y traumatismo cerrado de tórax.

Todas estas lesiones no son compatibles con una caída accidental al interior de un desagüe público y las supuestas llamadas de vecinos que alertaron sobre el suceso podrían haber sido realizadas por quienes agredieron a Gimena Álvarez y la arrojaron allí.

Funte La Nación,

General, Homofobia/ Transfobia. Aldana Palacios, Argentina, César Cigliutti, Cristina Kirchner, Dardo Cwalina, Diana Sacayán, Frente para la Victoria (FpV), Gimena Alvarez, ILGA, INADI, Karina Nazabal, Mal, Marita Ordoñez, Omar Montalat, Pamela Maité Moreno, Pedro Paradiso Sottile, Romina Carrizo

La ley, según se explica en sus fundamentos, apunta a “generar igualdad de oportunidades ante las dificultades que tienen las integrantes de este colectivo de lograr una inserción laboral y obtener un trabajo digno”, al establecer que el uno por ciento del personal estatal provincial deberá ser transgénero.

La Cámara de Senadores bonaerenses convirtió en ley el proyecto que crea en el sector público de la provincia un cupo mínimo de al menos el uno por ciento de los empleos para que las personas transgénero pueda tener acceso a un trabajo digno.

La norma fue elaborada por la diputada provincial del Frente para la Victoria Karina Nazábal, aprobada en la Cámara baja a fines del año pasado y sancionada el miércoles por el Senado. Ahora deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo para entrar en vigencia.

El proyecto determina que el cupo laboral deberá abrirse en el sector público de la Provincia, que comprende los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la seguridad social, las empresas y sociedades del Estado y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, entre otras.

El artículo quinto establece que las beneficiarias de la norma serán “las personas travestis, transexuales y transgénero, mayores de 18 años de edad, hayan o no accedido a los beneficios de la ley 26.743 (de identidad de género) y que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo que deben ocupar de acuerdo con sus antecedentes laborales y educativos”.

Además establece que el incumplimiento total o parcial de la Ley “constituirá, para los/as funcionarios/as responsables, mal desempeño en sus funciones o falta grave, según corresponda”.

En los fundamentos de la norma, la diputada Nazábal explicó que la comunidad transgénero de Argentina “se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente del país”. “La realidad de este colectivo está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación, teniendo grandes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato y la mayoría vive en extrema pobreza, privadas de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales”, explicó.

La legisladora sostuvo que la expulsión de los circuitos laborales “también es moneda corriente para las minorías por identidad de género” por lo que consideró que es el Estado “el que se empieza a hacer cargo de brindar oportunidad de trabajo a este colectivo”.

Tras la sanción de la norma, Diana Sacayán, de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) dijo tener una “enorme felicidad”. “No pensábamos poder llegar a este momento tan importante. Habíamos trabajado sobre políticas públicas de empleo junto al Estado nacional, políticas positivas para el colectivo pero que eran insuficientes”, destacó. “El problema de la necesidad de un trabajo no estaba resuelto, por lo que vislumbramos que era necesario trabajar sobre el derecho al trabajo, poner en discusión el derecho al trabajo genuino para estas personas”, concluyó.

Fuente Cáscara Amarga

General, Historia LGTBI Administración, Buenos Aires, Diana Sacayán, Frente para la Victoria, ILGA, Karina Nazabal, Senado, Transgenerismo, Transgénero

El nigeriano afincado en Alcántara (Cáceres) junto a su pareja, de nacionalidad española, ha sido recibido por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en la sede de Presidencia, donde también ha estado presente el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha mostrado su apoyo al joven nigeriano gay, cuya deportación se ha paralizado temporalmente, y ha pedido que se agilicen aquellas gestiones que permitan una solución definitiva.

Tanto Fernández Vara como Sánchez se han comprometido a realizar gestiones para facilitar en lo posible la resolución del problema suscitado por la orden de expulsión de Henry, actualmente paralizada, pues en algunas regiones de Nigeria la homosexualidad está castigada con la pena de muerte.

Según ha explicado en un comunicado la Junta, gracias a gestiones realizadas por ésta y las delegaciones del Gobierno en Extremadura y Madrid, que tuvieron conocimiento de la situación a través de iniciativa de la Fundación Triángulo, se logró paralizar la extradición el pasado miércoles.

Así, mientras el proceso de paralización se ha demorado por seis meses, los trámites para conseguir que Henry pueda permanecer en España, donde su situación de arraigo “está demostrada”, deben estar formalizados a mediados de agosto, por lo que tanto el ciudadano nigeriano como su pareja han solicitado la ayuda de las administraciones para poder acelerar el procedimiento.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea extremeña, Blanca Martín, ha adelantado que trasladará a los grupos de la Cámara el asunto del joven nigeriano “para impulsar alguna iniciativa y contribuir con ello a que su situación se resuelva lo antes posible”.

Martín, que también se ha reunido hoy con Henry en la Cámara autonómica, ha apelado al “compromiso firme” de todas las instituciones y fuerzas políticas “para que no se nos llene la boca al hablar de igualdad y luego no hacer nada”, según se recoge en un comunicado de prensa.

Fuente Cáscara Amarga

General #HenriSeQueda, ADHEX, Asilo, Blanca Martín, CEAR, Discriminación, Extremadura, Fundación Triángulo, Guillermo Fernández Vara, Henri Okorun, ILGA, José María Núñez, Nigeria, Pedro Sánchez, Port Harcourt, PSOE, Rafa González

Henry O., que vivía con su pareja en un pueblo extremeño desde hace ocho años, iba a ser deportado a su país, donde la homosexualidad se castiga con la pena de muerte

Tiene seis meses para regularizar su situación en España

La delegada del Gobierno de Madrid, Concepción Dancausa, ha paralizado la expulsión in extremis de un joven nigeriano gay que iba a ser deportado a su país de origen, donde la homosexualidad es delito y está castigada con la pena de muerte. Según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno, Dancausa ha contado con el aval del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para paralizar el traslado del joven, que estaba previsto para ayer a las 7 de la mañana. El joven nigeriano, Henry, vivía junto a su pareja en un pueblo extremeño desde hacía 8 años y tenía una oferta laboral, pero al no tener papeles iba a ser deportado a Nigeria con otros ciudadanos que se encontraban en su misma situación irregular. La Fundación Triángulo se había movilizado para evitar la repatriación del joven a un país donde “la homofobia social pone en peligro” su vida.

Después del mal trago que ha tenido que pasar Henri Okorun los últimos días, su caso ha tenido un final feliz, al menos por el momento. Fundación Triángulo de Extremadura, en coordinación con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX), conseguía que se paralizara su deportación a Nigeria (su país de origen), en el último momento, con la colaboración de varias administraciones. A pesar de que ya está arraigado en Extremadura, este ciudadano del municipio cacereño de Alcántara arrastra una situación administrativa “irregular”. El caso es que no ha podido contraer matrimonio con su pareja, como era el deseo de ambos, porque se le exige unos certificados que no puede solicitar (por los riesgos que le conllevaría salir de España y por la imposibilidad de volver a entrar a nuestro país de forma legal).

Concepción Dancausa, la delegada del Gobierno en Madrid, fue la acabó intercediendo ante el Ministerio del Interior para que anulara la orden de expulsión de Henri Okorun, por “razones sobrevenidas”. Sin embargo, parece que en la decisión pesaron las opiniones favorables a la paralización del presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, y de la delegada del Gobierno en esta comunidad autónoma, Cristina Herrera. Okourun ha contado en todo momento con el apoyo de la Fundación Triángulo, además de CEAR y ADHEX, que también se han interesado por su situación. Su pareja y los vecinos de Alcántara, el municipio cacereño en el que Okourun reside y en el que está perfectamente integrado, también han vivido con angustia lo sucedido.

Las redes sociales también se han movilizado para exigir el cese de su expatriación a Nigeria, en primer lugar, y se han felicitado tras la paralización del expediente de expulsión. El coordinador de ALEAS-Izquierda Unida (agrupación LGTB de la formación) en Madrid, así como participante de la coalición Ahora Madrid, trasladaba en un tuit sus felicitaciones “a colectivos como @FTriangulo y activistas”. Con la etiqueta #HenriSeQueda, otras personas han mostrado su apoyo a Henri Okorun. El activista social Rafa González, por su parte, aseguraba que “Extremadura no puede tolerar una repatriación que llevará a la muerte a un ser humano por su orientación sexual”. El mismo usuario, en otro tuit, añadía que “una vez más, con unidad; ¡si se puede!”. No han faltado los agradecimientos varios a Fundación Triángulo, como por ejemplo: “Muy buen trabajo. Gracias compañeros de Triangulo Extremadura”, tuit firmado por Alexandre Munin.

El presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, ha señalado que si a Henri Okorun  no se le ha concedido hasta el momento la consideración de arraigo “es por la negación del consulado español de apostillar los documentos de Fe de Vida y Antecedentes Penales imprescindible para poder desarrollar los procedimientos, bien de arraigo o de matrimonio, a través de los cuales podríamos dar salida a esta situación”.

La penosa situación del colectivo LGTB en Nigeria

Nigeriay es uno de los 79 países o territorios del mundo que persigue la homosexualidad, según el informe de ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) del pasado mayo, y de hecho ha endurecido recientemente su tratamiento penal. Asimismo, dosmanzanas se ha hecho eco en diversas ocasiones de la escalada de violencia homófoba del estado africano y de la violación de derechos humanos por parte de sus autoridades judiciales, políticas y administrativas. La última noticia que recogimos ocurrió a principios de este año, cuando la policía islámica de Kato (una ciudad al norte de Nigeria) detenía a doce personas acusadas de participar en una “boda gay”. Los detenidos negaron los hechos, aduciendo que simplemente celebraban una fiesta de cumpleaños.

Anteriormente, en enero de 2014 una multitud de miles de personas rodeaba un tribunal islámico, donde se juzgaba a once hombres acusados de practicar la homosexualidad, exigiendo su ejecución inmediata. Meses después, cuatro de los detenidos, que confesaron los hechos probablemente bajo tortura, fueron condenados a recibir públicamente 15 latigazos y al pago de una multa o un año de prisión.

En febrero del mismo año, otra horda enfurecida asaltó los domicilios de doce homosexuales en la capital, Abuja, a quienes terminaron por arrancar de sus casas y golpearles incluso ante las puertas de la comisaría local. En las mismas fechas, en la localidad sureña de Port Harcourt, otros dos homosexuales fueron arrastrados fuera de su hogar y obligados a realizar actos sexuales ante una multitud agresiva.

Polémica alrededor de las deportaciones

El caso de Henri Okorun no es el único que ha generado ruido mediático y en las redes sociales. El pasado mes de abril, la reacción social acabó doblegando al gobierno de Rajoy, que permitió entrar en España a la mujer camerunesa perseguida por ser lesbiana. En el mismo mes, publicábamos que la justicia del Reino Unido denegaba el asilo a una activista nigeriana por no creer que fuera realmente lesbiana.

En 2013, Interior denegó el asilo a otra mujer lesbiana de Camerún y expulsó a una ciudadana de Panamá que había sufrido malos tratos en su país debido a su condición transexual, pese a contar con informes favorables al asilo tanto por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados como de CEAR) pero nos tememos que ha habido muchos otros que ni siquiera han tenido eco mediático. Las razones para felicitarse, por tanto, son limitadas.

Fuente Dosmanzanas, Cáscara Amarga y El Mundo

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La decimotercera marcha del Orgullo LGTB de Estambul, la ciudad más poblada de Turquía, fue abortada en la tarde del pasado domingo por las fuerzas de seguridad. Mediante el uso de una violencia desproporcionada, la policía turca impidió que miles de personas se manifestaran por las principales calles de la ciudad. No ha habido heridos de gravedad, pero se produjeron varias detenciones.

La marcha estaba convocada a las cinco de la tarde en la plaza Taksim y la avenida de İstiklal, en pleno centro de la ciudad, adonde empezaron a acudir miles de manifestantes. Al mismo tiempo, la policía comenzó a distribuirse por los accesos de ambas calles y, sin apenas previo aviso, atacó a los congregados para dispersarlos con cañones de agua, balas de goma y gases lacrimógenos. Los participantes huyeron hacia el norte y a las cinco y media, todas las entradas y salidas de Taksim e İstiklal quedaron bloqueadas por las fuerzas de seguridad.

Según los organizadores del Orgullo, la marcha fue “prohibida de repente por la oficina del Gobernador de Estambul a causa del mes de Ramadán sin ningún aviso”. Los activistas recordaron que el año pasado la celebración también tuvo lugar durante el mes sagrado del calendario islámico, sin que ello supusiera ningún obstáculo para su desarrollo. El representante del Gobierno en la ciudad asegura, sin embargo, que el veto a la marcha se comunicó horas antes de su comienzo por carecer del permiso necesario y defiende que la policía hizo un uso “proporcionado” de la fuerza para disolver la concentración.

Las organizaciones LGTB han reaccionado con lógica rabia ante el ataque a un Orgullo que llevaba celebrándose trece años y había crecido desde unas treinta personas en 2003 a más de 15.000 en 2013; año en el que, además, los activistas LGTB se unieron a las protestas del parque Gezi contra el Gobierno de Recep Tayyip Erdoğan y también sufrieron las agresiones y detenciones de las fuerzas de seguridad. ILGA Europa condena en un comunicado la vulneración del derecho de asociación que supuso la redada.

A nivel europeo, el Comisario de Derechos Humanos Nils Muižnieks también expresó su rechazo y recordó que el papel de la policía es “proteger a los manifestantes, no atacarlos”. Pero la primera en expresar su indignación, en Twitter, fue la cantante Lady Gaga, quien pedía que se detuvieran los ataques. “¡Esto es inhumano!”, sentenciaba, al tiempo que pedía al gobernador en Estambul que permitiera la celebración del Ramadán y del Orgullo “en PAZ, en lugar de dividir con violencia”.

En la página del diario Hürriyet está disponible un reportaje fotográfico de los acontecimientos ocurridos en el centro de Estambul.

En estos vídeos compartidos en Twitter se observa la brutalidad con la que actúa la policía turca para reprimir una manifestación pacifista. Los gritos de la multitud dan muestra del horror que se vivió en la calle durante esos minutos en la que la policía encañonaba a los manifestantes. Al finalizar la manifestación, el camión cisterna de la policía apareció con pintadas pacifistas pro LGBT.

Fuente Dosmanzanas y Ragap

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Foto: Paula Thomas

Alrededor del 50% de los homicidios perpetrados en contra de la comunidad LGBTI tiene como víctimas a mujeres transgénero. Revista FUCSIA entrevistó a cuatro luchadoras que han logrado ser ejemplo de su comunidad.

Basta con que una mujer transgénero que trabaje en la Zona de Tolerancia, ubicada en el barrio Santafé de Bogotá, camine una cuadra más allá de su lugar de confort para que sea amenazada a muerte por los jíbaros y miembros de bandas criminales que controlan el barrio a baja voz.

Basta con que decida, una noche cualquiera, quizá buscando mejores clientes, ir más allá de la frontera invisible que existe entre las calles 19 y 22 –donde aquellos que mandan les han permitido ubicarse y adonde no llegan las ‘gallinas’, que son las mujeres uterovaginales– para que sea baleada o amenazada con panfletos que en la madrugada pasarán bajo su puerta.

Santafé es, paradójicamente, el lugar donde las transgénero dicen sentirse de verdad libres: no en vano es en ese barrio de pocas cuadras adonde migran –desde cualquier lugar de Colombia– en busca de trabajo, aceptación, y con la intención de conformar grupos que con el tiempo se transformarán en familias sociales.

Lulú, de 28 años y Coqueta de 55 años. Foto: Paula Thomas

Llegan con nombres distintos a los de su nacimiento; en su maleta traen maquillaje barato y vestidos que fueron comprando con el tiempo y que por fin, con tranquilidad, podrán lucir.

Ahora, y sin tener los ojos de sus familiares en la nuca, tienen la intención de tomar hormonas, practicarse cirugías, aplicarse, así sea, silicona industrial con tal de verse femeninas –aunque este procedimiento pueda causarles graves infecciones, el dinero sea escaso y el Plan Obligatorio de Salud no reconozaca la transformación de este grupo poblacional–.

Quieren reinventarse; olvidar así su primera identidad. Una que no iba ligada con su deseo. Esta transformación, sin embargo, implica una alta posibilidad de peligro, y no solo en lo que concierne a su salud. Se estima que alrededor del 50% de los asesinatos contra la población LGBTI –164 entre 2013 y 2014, según nuevas cifras de Colombia Diversa que serán presentadas el 11 de junio– se cometieron contra mujeres transgénero.

Este panorama es tenebroso. Pero no ha logrado amedrentar a estas mujeres, no las ha limitado, y muestra de ello son cuatro valientes que entrevistamos en la Revista FUCSIA: Coqueta, de 55 años, Katalina, de 29, Lulú, de 28, y Stephanye, de 18.

Las cuatro huyeron de sus hogares antes de cumplir la mayoría de edad para poder transformarse tranquilamente. Las cuatro han sido señaladas en la calle, en cualquier esquina, por lo que reclaman no ser visibles.

“La gente fija la mirada, imprudentemente, y yo solo quiero ser invisible, ser parte de la sociedad sin ser vista, burlada, señalada, juzgada. El problema es que la gente no entiende cómo se construye una persona transgénero. No entienden que hay otras formas de ser mujer y de ser hombre: que hay mujeres con pene y hay hombres con vagina”, dijo Lulú. Las cuatro han vivido y se han transformado en Santafé: un lugar que consideran de apertura mental, aunque sea muy pequeño para sus expectativas a futuro.

Todas forman parte de la Red Somos y la Red Comunitaria Trans, en donde, con trabajos en técnicas de salud sexual y reproductiva, han alcanzado un sueldo digno que les ha permitido salir del estereotipo según el cual estas mujeres solo pueden ser peluqueras o prostitutas.

Aun así, todas han conocido las drogas, la violencia judicial, la prostitución, menos Stephanye, quien, por ser la más joven, ha crecido en un entorno donde las organizaciones civiles le brindan posibilidades distintas. Esto, sin embargo, no la blinda: “Tengo miedo del futuro. Miedo de que sufra tantas agresiones que yo misma termine volviéndome amenazadora y violenta. Llevo dos meses en Bogotá. He pasado un sinnúmero de hojas de vida en barrios distintos y nadie me da trabajo por mi condición. Mientras piensan que soy, naturalmente, mujer, me entrevistan. Apenas muestro mi cédula, donde dice que mi género es masculino, me cierran las puertas“.

Una de ellas, Katalina, fue la primera transgénero en estar en una cárcel de hombres en La Picota. Otra, mientras trabajaba en los años noventa, vio a cuatro amigas morir en Santafé: “Fueron baleadas”, dice Coqueta. Lulú,

de niña, jugaba con los vestidos de primera comunión de sus hermanas y sentía que su único consuelo era el espejo, cuando, con el pintalabios de su madre, se ponía algo de color. Todas, con el tiempo y mucho después de huir de casa, fueron aceptadas por sus madres biológicas. Pero, en sus cédulas, ninguna es identificada como mujer. Esto significa que, si llegan a morir, si llegan a estar en esa lista de mujeres transgénero que año tras año son asesinadas, deberán ser enterradas como hombres. Con otras inconveniencias.

Stephanye, de 18 años. Foto: Paula Thomas

De los 164 casos de homicidio señalados por Colombia Diversa –de ellos, dos de las víctimas eran lesbianas, dos homosexuales, y el resto, probablemente, transgénero– solo seis recibieron sentencias condenatorias.

Los demás casos o bien han quedado impunes o bien siguen abiertos; a pesar de los esfuerzos que ha hecho la Fiscalía General de la Nación, organización que, desde que el fiscal Eduardo Montealegre entró en mando, asumió una lucha total contra la discriminación de las personas LGBTI.

Con la idea de que la identidad de género y la orientación sexual son parte esencial de la personalidad, la organización abrió en 2014 la Dirección Nacional de Políticas Públicas y Planeación, que a su vez creó un equipo orientado en géneros y enfoque diferencial.

“La Fiscalía ahora contempla los homicidios hacia la población LGBTI como un agravante, ya que son asesinatos que se hacen por prejuicio. Nuestro personal entiende que la sexualidad es parte del derecho a la dignidad”, dijo la fiscal María Cecilia Córdoba. Para esto, se entrenaron a 35 fiscales, quienes hoy tienen entre sus manos 267 casos activos de agresión o asesinato, de los cuales 18 están actualmente en juicio.

La mayoría de los casos involucra a una mujer transgénero. La respuesta al porqué parece ser algo compleja: “Los cuerpos transgénero incitan una especie de pánico, ya que van en contra del orden social establecido, y del binarismo hombre-mujer”, dice María Mercedes Gómez, coordinadora de Latinoamérica y el Caribe para el International Gay and Lesbian Human Rights Commission. El perpetrador, entonces, empoderado y con sentido de derecho y de deber, apunta siempre a destruir el cuerpo de la víctima, que es el que lo hace cuestionar su individualidad.

“La persona que se percibe como transgénero lo que muestra es que la asignación de los sexos no es irrevocable. De ahí surge el miedo del perpetrador: los cuerpos transgénero revelan que aquello que consideran tan universal, certero y necesario, como el género, puede ser susceptible al cambio, a la indeterminación. La víctima no hace nada para ser agredida, es el perpetrador que, desde su mirada, la sataniza, la vuelve estereotipo”, explica Gómez.

Según Alejandro Lanz, de Colombia Diversa, las víctimas usualmente son atacadas en las partes que las identifican como mujeres –los senos, los glúteos, el pelo largo–. Cuando se usa arma blanca, no son apuñaladas una vez, sino un sinnúmero de ellas, con el único propósito de destruir o cicatrizar el cuerpo.

Una vez llegan esos cuerpos a Medicina Legal no los identifican como femeninos, sino como masculinos, por lo cual se hace difícil que la familia social que crearon en Bogotá las identifique –ya que no cuentan con su nombre de registro–, y que se tenga claridad sobre el número exacto de homicidios en contra de este grupo poblacional.

De las mujeres a las que entrevistamos, la mayor de ellas, Coqueta, está repleta de cicatrices. Las tiene en brazos y piernas, en el abdomen y en la cara. “Son la muestra de que he resistido –dice riendo, porque todas estas mujeres ríen, a pesar de la vida que han llevado–. He sobrevivido porque he querido superarme. Ya era una mujer trans cuando estudié el bachillerato, tenía alrededor de cuarenta años”.

En su día a día, Katalina, Lulú, Coqueta y Stephanye caminan las peligrosas calles de Santafé, no para buscar clientes, sino para repartir condones, tomar pruebas de sangre a sus compañeras y verificar que no tengan una enfermedad de transmisión sexual; también para alentarlas a que se inscriban en diversos programas creados para ellas por el SENA y la Alcaldía a través de Bogotá Humana.

En las noches, incluso, cuidan que aquellas que se están prostituyendo no estén pasando frío. La única para la que Santafé es un lugar desconocido es Stephanye, quien acaba de llegar de Buenaventura después de ser amenazada por su identidad de género –bandas criminales le dijeron que iban a matarla en una casa de pique si no se iba–. Ella es solo una de las casi 150 personas de este grupo poblacional que han sido desplazadas a causa del conflicto armado, según cifras de la Fiscalía.

Pero no solo los grupos armados y las bandas criminales agreden a la población LGBTI. También la Policía. Así, de los 79 casos de abuso policial que logró identificar Colombia Diversa en 2013 contra la población LGBTI, más del 50% fue en contra de mujeres transgénero.

“Es común que los policías lo cojan a uno de parche –dice Katalina–. Si una mujer transgénero denuncia que es violada, ellos se ríen y le dan paso libre al victimario. Si uno llega a denunciar maltrato, es común que uno le diga al otro: ‘Mira, aquí te traje a tu mujer’. Por eso no denunciamos, y sin denuncias los casos quedan impunes“.

El problema de la impunidad reside, también, en que los agresores sienten –de parte del Estado– un permiso para ejercer limpieza social. Y es que en parte, como sociedad, sí tenemos la culpa: el simple hecho de que no haya registros de cuántas mujeres transgénero hay en Colombia, porque su cédula siempre dirá que son de género masculino, habla de una tendencia hacia la vergüenza y el ocultamiento.

Lo realmente valiente y hermoso de mujeres como Lulú, Katalina, Stephanye y Coqueta no es solo que hayan logrado sobrevivir, sino cómo lo han hecho. Han vivido, felices y en el amor, a pesar de ser materia de agresiones constantes.

Cuidan a sus pares, incluso en las cárceles, ya que ellas mismas han ideado un programa para visitar a las mujeres transgénero que se encuentran en penitenciarías masculinas. Como sociedad, sí, las hemos restringido, dándoles un permiso tácito para que se muevan en un lugar al que le hemos puesto un nombre, en teoría, compasivo: Zona de Tolerancia. Este nombre, sin embargo, es contrario a un sustantivo como “compasión”. Pero, si a pesar de esta restricción estas mujeres han demostrado suficiente poder para ser libres y actuar a favor de sus derechos, imaginémonos lo que podrían hacer si las dejamos ejercer su voluntad. Es hora, entonces, de abrirles paso.

Fuente Fucsia.com

General, Homofobia/ Transfobia. Alejandro Lanz, Bogotá Humana, Colombia, Colombia Diversa, Eduardo Montealegre, ILGA, María Cecilia Córdoba, María Mercedes Gómez, Red Comunitaria Trans, Red Somos, SENA, Transexual, Transexualidad, Transgénero, Zona de Tolerancia

Themis Katsagiannis y Dimitris Tsambrounis que se casaron en 2008 y cuya boda fue suspendida

Insuficiente medida y muy decepcionante viniendo de un partido de izquierdas que tantas expectativas ha levatado… Primero fue no poner a ninguna mujer en el Gobierno… ahora uniones civiles descafeinadas negando el derecho a la adopción… ¿esto es democracia?

El Ministerio griego de Justicia ha presentado un proyecto de actualización de la ley griega de uniones civiles que incluye su apertura a las parejas del mismo sexo. El gobierno de Syriza busca así dar cumplimiento a una sentencia de 2013 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el anterior gobierno había ignorado. Grecia puede convertirse de este modo en el primer país del ámbito cultural ortodoxo en otorgar reconocimiento jurídico a las parejas del mismo sexo (con el permiso de Chipre, que tramita en estos momentos una ley similar). Queda fuera, eso sí, la adopción conjunta, tal como el primer ministro Alexis Tsipras adelantó ya antes de las elecciones. 

Como recogíamos hace un par de semanas, el Ministerio de Justicia griego había encargado a una comisión de cinco juristas elaborar una propuesta de actualización de la ley de uniones civiles con objeto de presentarla al Parlamento antes del 15 de junio, de forma que pueda ser discutida este verano. La apertura de la ley a las parejas del mismo sexo había sido anunciada semanas antes por el ministro Nikolaos Paraskevopoulos. Grecia, recordemos, no otorga a las parejas del mismo sexo derecho alguno en este momento. Dos de ellas se casaron en 2008 aprovechando un vacío legal, pero sus matrimonios fueron luego ilegalizados. Ha habido luego tímidos intentos de reconocimiento, pero nunca han prosperado, ni siquiera cuando en noviembre de 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decretó que la exclusión de las parejas del mismo sexo de la normativa griega sobre uniones civiles viola la Convención Europea de Derechos Humanos. El entonces gobierno de coalición entre Nueva Democracia y PASOK anunció que modificaría la ley para dar cumplimiento al fallo, pero la reforma nunca llegó a producirse.

La victoria de Syriza en las elecciones de enero abrió un nuevo escenario. En el pasado (en concreto, en su congreso de 2013, primero que celebró como partido unitario) Syriza se había posicionado a favor de la igualdad jurídica de las parejas del mismo sexo, aunque antes de las últimas elecciones optó por silenciar el tema. Su líder, Alexis Tsipras, no pudo sin embargo evitar ser preguntado en campaña sobre la adopción homoparental, respondiendo entonces que por el momento esta quedaría fuera de su programa de gobierno por ser un tema “difícil, que requiere diálogo” y sobre el que según él hay “contradicciones en la comunidad científica”. La discusión había sido introducida en el debate político griego por el anterior ministro de Justicia, Charalambos Athanasiou (Nueva Democracia), que precisamente justificaba el retraso en hacer caso al fallo del alto tribunal europeo argumentando que ello llevaría a discutir si las parejas del mismo sexo podían adoptar.

La victoria de Syriza despertaba inevitablemente esperanzas de mejora en la situación de los derechos LGTB. La primera prueba de fuego era conocer qué sucedía con la aplicación de la sentencia de Estrasburgo. El proyecto ahora presentado no solo daría cumplimiento a esta, sino que conllevaría además una mejora general en materia patrimonial y de herencia, acercando los derechos de las parejas unidas civilmente a los del matrimonio, aunque sin equipararlos totalmente. Queda también fuera de la reforma la adopción conjunta. El proyecto, tal y como ha sido presentado, tampoco contempla el reconocimiento de los matrimonios entre ciudadanos griegos del mismo sexo realizados en el extranjero.

La noticia ha sido recibida con moderada satisfacción por el colectivo LGTB griego, aunque muchos se preguntan por qué un gobierno liderado por Syriza no tiene el arrojo de ir más allá y promover el reconocimiento del matrimonio igualitario, sobre todo si se tiene en cuenta que encuestas recientes otorgan por primera vez mayoría a los partidarios de que las parejas del mismo sexo se puedan casar (56% frente a un 35% de opuestos). La adopción conjunta, sin embargo, sigue contando con un rechazo mayoritario (56% de contrarios frente a un 30% de partidarios).

Existe, en cualquier caso, la sensación de que se trata de un paso de gran importancia a nivel regional, más aún si se tiene en cuenta que Chipre camina en la misma dirección. Desde ILGA Europa, que el próximo octubre celebrará en Atenas su conferencia anual, también han expresado su alegría, aunque animan a mejorar el proyecto durante su tramitación parlamentaria.

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ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) ha publicado este mes de mayo su informe anual que recoge la situación legal de las personas LGTB en cada uno de los países pertenecientes a las Naciones Unidas. Destaca la abrumadora lista de 75 países que aún penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. A ellos habría que sumar otros 4 territorios donde se persigue igualmente a la población LGTB, aunque no sean reconocidos por la ONU o la legislación opresora no sea de carácter nacional. En 8 de estos países la legislación establece la pena de muerte para quienes mantengan relaciones homosexuales.

El primer informe titulado “Homofobia de Estado” elaborado por ILGA data del año 2006. En él se contaban 92 países y territorios en los que se perseguía legalmente a las personas LGTB. En el memorándum de 2015 se cuentan 75, a los que habría que sumar otros 4 territorios no reconocidos por Naciones Unidas, o donde la persecución no es de ámbito nacional, pero sí lo suficientemente relevante, hasta alcanzar la cifra de 79 países y territorios.

Entre las bajas de la lista de países discriminadores que se han producido en el último año, destacan la de la República Turca del Norte de Chipre, que en 2014 despenalizó las relaciones homosexuales, siendo el último territorio europeo en hacerlo; también lo hizo Mozambique en su nuevo Código Penal, aunque la discriminación social de las personas LGTB persiste; Lesoto y Santo Tomé fueron otros dos territorios africanos que también eliminaron el pasado año el delito de homosexualidad en sus reformas legislativas; lo mismo sucedió en Palaos, el archipiélago situado en el Pacífico Occidental.

La lista más estremecedora es la de los países que castigan las relaciones homosexuales con la pena de muerte: Mauritania, Sudán, Irán, Arabia Saudí y Yemen. A ellos habría que sumar algunas de las provincias de Nigeria y Somalia donde se aplica la sharia (o ley islámica), y los territorios de Iraq y Siria ocupados por el Estado Islámico. A todos ellos se unirá Brunéi en el año 2016, al entrar en vigor la tercera fase de su reforma del Código Penal, que establece la pena de muerte por lapidación para quienes mantengan relaciones sexuales con personas de su mismo sexo.

Los países que castigan las relaciones homosexuales en el mundo

A continuación os detallamos el listado de los países con homofobia de Estado institucionalizada, a los que se añaden algunos territorios no reconocidos por las Naciones Unidas, como Palestina/Franja de Gaza u otros donde la violencia contra las personas LGTB está extendida, aunque se cometa por grupos insurgentes, como el caso de Iraq o las zonas ocupadas por el Estado Islámico. También se incluye a Indonesia, que, aunque no tiene una legislación discriminadora de ámbito nacional, sí que la mantiene en provincias de considerable población.

África

Angola, Argelia, Botsuana, Burundi, Camerún, Comoras, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Liberia, Libia, Malawi, Mauritania, Marruecos, Mauricio, Namibia, Nigeria, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabue.

Hay que hacer la salvedad de que el Gobierno de Malawi decretó en 2012 una moratoria en la aplicación de las leyes que penalizan la homosexualidad.

Asia

Afganistán, Arabia Saudí, Bangladesh, Bután, Brunei, Emiratos Árabes Unidos, Estado Islámico, India, Iraq, Irán, Kuwait, Líbano, Malasia, Maldivas, Myanmar, Omán, Pakistán, Palestina/Franja de Gaza, Qatar, Singapur, Siria, Sri Lanka, Turkmenistán, Uzbekistán, Yemen.

En Iraq no existen oficialmente leyes que castiguen la homosexualidad, pero la violencia homófoba es intensa y habitual, incluso con la connivencia de sus fuerzas del orden. También se han denunciado casos de aplicación de la sharia por conducta homosexual por parte de los autoproclamados jueces islámicos. Se incluye asimismo al Estado Islámico, que no duda en exhibir un grado de violencia y barbarie inauditos contra la población LGTB como arma propagandística.

América

Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago.

Oceanía

Indonesia (provincias de Aceh y Sumatra Meridional), Islas Cook, Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu.

Europa

Con la derogación de las leyes discriminadores en la República Turca del Norte de Chipre, no existe ningún territorio europeo en el que las relaciones entre personas del mismo sexo estén penadas.

Sin embargo, leyes homófobas aprobadas en Rusia, aunque teóricamente no penalizan las relaciones homosexuales o bisexuales, en la práctica están siendo utilizadas para estigmatizarlas y que queden reducidas a una conducta privada, invisible a los ojos de la sociedad. A ello hay que sumar las continuadas agresiones hacia homosexuales, bisexuales y transexuales por parte de grupos homófobos, cada vez más organizados.

Otro país con legislación discriminadora es Lituania, cuyas leyes prohíben la manifestación y promoción de contenidos publicitarios que hagan referencia a la orientación sexual. Como en el caso ruso, la ley sirve para impedir que se ofrezca información positiva sobre homosexualidad o bisexualidad, con el estigma social consecuente.

Fuente Dosmanzanas

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Antes de integrarse en Ciudadanos y ser candidata de este partido a la alcaldía de Barcelona, Carina Mejías fue portavoz del grupo popular en el Parlamento de Cataluña. Lo fue en una época en la que su partido de entonces se oponía con fuerza a la equiparación de los derechos de las personas LGTB, muy singularmente en Cataluña. No está de más recordar que Mejías, a la que las encuestan pronostican un papel muy destacado en la futura política municipal de Barcelona, defendió entonces con especial ahínco las políticas homófobas del PP.

En una carta dirigida en 2007 a Josep Miró i Ardèvol, presidente de la organización ultraconservadora E-Cristians -y que había mostrado su preferencia por Unió Democràtica de Catalunya sobre el PP como partido que se aproximaba mejor “a lo que se puede necesitar desde un punto de vista cristiano”- Carina Mejías presumía de las acciones que el PP había llevado a cabo contra la decisión de la Generalitat de Catalunya (entonces gobernada por una coalición de fuerzas de izquierda) de convertirse en miembro asociado de la ILGA o como protesta contra un festival de cine LGTB que según Mejías “utilizaba” en su publicidad la fotografía de un menor.

La ahora candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona le recordaba a Miró i Ardèvol que el presidente de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, tenía “inclinación a pactar con el PSOE, el partido impulsor de leyes que legalizan el matrimonio homosexual, regulan el matrimonio express, reduciéndolo a un simple papeleo, o no tienen pudor a dar su apoyo incondicional a la LOE, la Ley de Educación que incluye la asignatura de “educación para la ciudadanía”, legitimando así el adoctrinamiento moral de nuestros hijos”.

“El Partido Popular defendió el voto en contra de todas las iniciativas legislativas enunciadas por ser contrarias a sus principios ideológicos, inspirados en el humanismo cristiano, y a sus convicciones morales, y fue capaz de soportar con entereza durísimas descalificaciones por ello. Por eso nadie, podrá jamás cuestionar nuestra firmeza y nuestro compromiso”, añadía Carina Mejías.

Donde dije digo, digo Diego

Hace pocas semanas, Carina Mejías era preguntada por este asunto en Osoigo.com, una plataforma digital que permite hacer preguntas directas a los políticos que se dan de alta en ella. “Hace unos años, cuando era portavoz del PP catalán, usted dijo sentirse orgullosa de que el PP hubiera votado en contra del matrimonio homosexual por ir contra el ‘humanismo cristiano’. ¿Sigue sintiéndose orgullosa de que el PP, partido al que pertenecía, votara en contra de dotar de igualdad a los homosexuales?”, era la pregunta que le lanzaba un usuario, Raúl Pérez. “Siempre he sido partidaria del reconocimiento de los efectos jurídicos de las uniones entre  personas del mismo sexo. Además, tras la contundente sentencia del Tribunal Constitucional que avaló la norma de 2005 se reconoció como plenamente legal y constitucional una realidad social”, respondía Mejías, que por cierto evitaba en todo momento el uso de la palabra “matrimonio” en su respuesta.

Una rectificación, por cierto, muy similar a la que en su momento hizo el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, al que dosmanzanas entrevistaba allá por 2006, cuando su partido era aún irrelevante en el mapa político estatal pero que ya emergía como “estrella” del panorama catalán (pocos días después era elegido diputado autonómico). “La igualdad no pasa por subvertir el sentido de las palabras, sino por garantizar que las diferencias no implican discriminaciones. Llamar matrimonio a una unión homosexual genera tensiones innecesarias y perfectamente evitables en la sociedad, sin aportar ninguna mejora a las parejas homosexuales ni a la calidad de su ciudadanía”, declaraba entonces a nuestro blog. Un año después Albert Rivera decía ya estar “a favor de los matrimonios homosexuales”.

Desde nuestro punto de vista, es legítimo evolucionar políticamente, y nos congratulamos de que políticos que antes decían oponerse al matrimonio igualitario ahora lo acepten. Ciudadanos, y eso merece la pena destacarse, votó a favor de la reciente ley catalana contra la LGTBfobia, y en el reciente debate organizado en Madrid por COGAM su número 3 al Ayuntamiento, Sofía Miranda, se mostraba a favor de avanzar en el mismo sentido en Madrid. En el caso de Carina Mejías, sin embargo, sí creemos que merece la pena destacarse su pasado opuesto a los derechos LGTB, especialmente por la contundencia que entonces mostró. No está de más recordar, por mencionar uno de los ejemplos que recogía en su carta al presidente de E-Cristians, la furibunda campaña de los sectores más conservadores de la sociedad catalana contra la decisión de la Generalitat de ingresar en ILGA, a la que el PP no dudó en sumarse en sede parlamentaria cuando Mejías era nada más y nada menos que su portavoz.

Fuente Dosmanzanas

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Un año más, ILGA Europa ha dado a conocer su informe anual sobre la situación de los derechos LGTB en el continente europeo. Como es costumbre, junto al estudio se incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTB. España baja hasta la sexta posición, empatada con Holanda y Noruega, desbancada por los sorprendentes ascensos de Malta, que alcanza el tercer puesto, y sobre todo de Croacia, un país cuya población votó mayoritariamente en referéndum a favor de la discriminación de las personas LGTB. En cuanto al descenso en la calificación de España, han pesado las políticas en materia sanitaria y servicios sociales del gobierno del Partido Popular, entre las que se incluyen la restricción del tratamiento hormonal para los hombres transexuales, el bloqueo de las técnicas de reproducción asistida para lesbianas y mujeres bisexuales o el hecho de que las personas que viven con VIH no puedan acceder a ciertas profesiones o servicios como residencias para mayores o seguros de salud o de vida, sin que se articulen medidas legislativas para impedir la patente discriminación que eso supone.

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y antidiscriminación, derecho de familia, crímenes y discursos de odio, reconocimiento legal de la identidad de género, libertad de asociación y asilo. Dicho porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial.

Ello explica el ascenso de Malta hasta la tercera posición, pues tras promulgar en 2014 una ley de uniones civiles que incluía a las parejas del mismo sexo, en abril de 2015 ha aprobado una avanzada ley de identidad de género que reconoce y ampara los derechos de las personas transexuales e intersexuales. Sin embargo, cabe señalar que los gais, lesbianas y bisexuales malteses siguen sin ser iguales ante la ley, pues sus parejas no merecen el mismo reconocimiento que las parejas heterosexuales.

Ese es también el caso de Croacia, con el agravante de que en este caso fue el propio pueblo croata quien en 2013 corroboró en referéndum una reforma constitucional para prohibir el matrimonio igualitario. Tras esa decisión, en julio de 2014 el gobierno de Croacia aprobó una ley de uniones civiles que sí incluía a las parejas del mismo sexo (aunque no les permite adoptar conjuntamente), lo cual le ha proporcionado el ascenso hasta la quinta plaza en el listado de ILGA. A pesar de ello, hay que reiterar que las parejas LGTB croatas están discriminadas constitucionalmente por decisión popular.

Aunque cabe recordar, como de costumbre, que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA, no deja de sorprender que la discriminación expresa y constitucional del colectivo LGTB no reste puntuación, sino que parece sumarla. También cabe preguntarse qué medidas legislativas a favor de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales ha adoptado Rusia en el último año para que su porcentaje se incremente del 6 al 8 % y abandone el último puesto de la clasificación.

Como en los últimos años, el Reino Unido vuelve a ocupar el primer lugar, seguido de nuevo por Bélgica. Esta es la lista ordenada por calificación:

• Reino Unido: 86 %
• Bélgica: 83 %
• Malta: 77 %
• Suecia : 72 %
• Croacia: 71 %
• Holanda: 69 %
• Noruega: 69 %
• España: 69 %
• Dinamarca: 68 %
• Portugal: 67 %
• Francia: 65 %
• Islandia: 63 %
• Finlandia: 62 %
• Alemania: 56 %
• Austria: 52 %
• Hungría: 50 %
• Montenegro: 46 %
• Luxemburgo: 43 %
• Albania: 42 %
• Irlanda: 40 %
• Grecia: 39 %
• Georgia: 36 %
• República Checa: 35 %
• Estonia: 34 %
• Eslovenia: 32 %
• Andorra : 31 %
• Bosnia-Herzegovina: 29 %
• Serbia: 29 %
• Eslovaquia: 29 %
• Rumania: 28 %
• Suiza: 28 %
• Bulgaria: 27 %
• Polonia: 26 %
• Italia: 22 %
• Liechtenstein: 19 %
• Lituania: 19 %
• Chipre: 18 %
• Kosovo: 18 %
• Letonia: 18 %
• Moldavia: 16 %
• Bielorrusia: 14 %
• San Marino: 14 %
• Macedonia: 13 %
• Turquía: 12 %
• Mónaco: 11 %
• Ucrania: 10 %
• Armenia: 9 %
• Rusia: 8 %
• Azerbaiyán: 5 %

La situación en España

Entre los datos que destaca ILGA sobre la situación española, está el informe del Ministerio del Interior que señala que el mayor porcentaje entre los delitos de odios son aquellos que tienen a las personas LGTB como víctimas, al alcanzar el 39,9 % del total. A ello suma la habitual intolerancia y agresividad contra el colectivo LGTB por parte de la jerarquía de la iglesia católica, con el cardenal Fernando Sebastián a la cabeza calificando a la homosexualidad como “deficiencia tratable”.

Pero son las restricciones impuestas por el gobierno del Partido Popular en materia sanitaria y de servicios sociales las que tienen una mayor influencia en la calificación de ILGA. Entre ellas, la exclusión de las mujeres sin pareja masculina de la cobertura de las técnicas de reproducción asistida, que afecta a las lesbianas y mujeres bisexuales; la retirada del Reandron, tratamiento hormonal muy utilizado por los hombres transexuales, de la financiación pública; la no articulación de medidas legislativas para impedir la discriminación de las personas que viven con VIH en el acceso a ciertas profesiones o servicios, como las residencias para mayores o seguros de salud y de vida; el imperdonable hecho de que, desde 2009, no se haya concedido ninguna solicitud de asilo a personas LGTB perseguidas en su país, a pesar de que la legislación europea lo establezca; o  el vergonzoso convenio de adopción con Rusia, que se doblega ante su legislación homófoba y no solo impide a las parejas del mismo sexo y a las personas solteras optar a la adopción, sino que permite a Rusia hacer un seguimiento de los menores ya adoptados.

ILGA señala que las carencias en estos y en otros ámbitos a veces son aliviadas por determinadas Comunidades Autónomas. Así, destaca la aprobación en comunidades como Extremadura de una avanzada ley contra la discriminación de las personas LGTBI, a semejanza de la promulgada anteriormente en Cataluña. O la entrada en vigor de la ley integral de identidad de género en Andalucía, a la que califica como una de las más avanzadas de Europa. ILGA, sin embargo, echa en falta más legislación de este tipo de ámbito nacional.

Algunos de los datos positivos son ambivalentes. Aunque ILGA señala que los hijos de parejas del mismo sexo masculina nacidos por gestación subrogada en otros países ya pueden ser registrados, también advierte de que no ha sido así hasta que se tuvo que acatar una sentencia del tribunal de Estrasburgo. También alaba que el actual rey, Felipe VI, haya recibido a los representantes de los colectivos LGTB en diversos actos oficiales, pero critica que la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no se haya reunido con esos mismos representantes después de más de dos años de reiteradas solicitudes al respecto.

También hay datos claramente positivos para ILGA, como la presentación por parte del Ministerio del Interior del primer protocolo policial específico para los delitos de odio. También destaca la sentencia del Tribunal Supremo a favor de Maribel Blanco, una mujer lesbiana que ha conseguido ser declarada madre legal del hijo concebido por la que ahora es su expareja mediante fecundación in vitro, pese a no existir entre ellas relación matrimonial y a que la madre biológica se oponía a ello.

Existe un dato por el que ILGA alaba a España especialmente: según los informes a disposición de la organización, España está a la cabeza mundial en cuanto a la aceptación social de la homosexualidad.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, y en 2014.  España, en todos los casos, se ha situado siempre en los puestos de cabeza.

Os podéis descargar (en formato PDF) tanto el informe anual, como la tabla con todos los datos o el mapa.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Felipe de Borbón, Fernando Sebastián, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Hungría, ILGA, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Maribel Blanco, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Soraya Sáenz de Santamaría, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania

Desfile del primer Orgullo gay en Nicosia

El Consejo de Gobierno de la República de Chipre ha dado el primer paso hacia el reconocimiento de los derechos LGTB aprobando un anteproyecto de ley de uniones civiles para todas las parejas. Ahora debe superar la tramitación parlamentaria.

El Ejecutivo de centroderecha liderado por el presidente Nicos Anastasiades ha dado este jueves el visto bueno a una iniciativa que persigue “traer la justicia social y responder a las necesidades de la gente”. La propuesta regulará aspectos como los derechos de propiedad, la disolución de la unión o las pensiones alimenticias; la adopción conjunta, sin embargo, seguirá excluida para las parejas no casadas. El ministro del Interior, Socratis Hasikos, ha calificado el anteproyecto de “demanda social” y ha manifestado su respeto ante las objeciones que, con toda seguridad, pondrá la iglesia ortodoxa griega, mayoritaria en el país.

Ya en 2010, un alto cargo del Gobierno del entonces presidente Demetris Christofias anunciaba que se estudiaría la posibilidad de introducir el matrimonio entre personas del mismo sexo en la república; una vía que no prosperó. El ejecutivo de Christofias sí aprobó, justo antes de las elecciones presidenciales de febrero de 2013, un anteproyecto de ley de uniones civiles, cuya tramitación no prosiguió con el nuevo Gobierno de centroderecha de Anastasiades. El ministro Hasikos promovió entonces la redacción de un nuevo proyecto, cuya aprobación ha tenido lugar con un año de demora sobre la fecha prevista.

Que la iniciativa no haya caído en saco roto y haya superado su primer trámite, si bien con retraso, es mérito en gran parte de la persistencia de los activistas de Accept-LBGT Cyprus. Esta organización se ha felicitado por el anuncio del Gobierno y le ha pedido que apoye el proyecto también durante su andadura parlamentaria. Asimismo, ILGA Europe ha felicitado al Ejecutivo chipriota por cumplir con su promesa y aprobar una iniciativa en línea con lo estipulado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con la que “todas las familias estarán protegidas”.

Chipre permanece dividido en dos entidades: la grecochipriota al sur y la turcochipriota al norte. En 2004 Naciones Unidas propuso un acuerdo de reunificación que permitiera la convivencia de las dos comunidades, pero los grecochipriotas lo rechazaron. A día de hoy coexisten dos estados de facto independientes y enfrentados: la República de Chipre (internacionalmente reconocida y miembro de la Unión Europea) y la República Turca del Norte de Chipre (reconocida solo por Turquía).

En el sur, y desde la época colonial británica, las relaciones entre varones fueron ilegales hasta que el deseo de incorporarse a la Unión Europea forzó su despenalización en 1998. Desde entonces, la situación ha evolucionado favorablemente, y el año pasado se celebró -con gran éxito de asistencia- el primer Orgullo LGTB en su capital, Nicosia. Un evento que tendrá lugar también este año, en concreto el próximo día 6 de junio.

La parte turcochipriota, sin embargo, mantenía su ilegalidad (a diferencia, curiosamente, de la propia Turquía) hasta enero de este año, con penas que podían llegar hasta los cinco años de prisión. Se trataba del último territorio de Europa en el que la homosexualidad estaba penada.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Accept, Chipre, Demetris Christofias, Discriminación, ILGA, Nicos Anastasiades, República Turca del Norte de Chipre, Socratis Hasikos, Uniones Civiles