Importante sentencia del Tribunal Constitucional de Perú, que ha reconocido el derecho a la propia identidad de género y ha decretado que el proceso de rectificación del sexo en los documentos de identidad debe realizarse mediante procedimiento sumarísimo. La sentencia deja sin efecto una sentencia anterior, especialmente perjudicial para los derechos de las personas trans, que precisamente impedía la modificación del sexo en los documentos de identidad.

La nueva sentencia, Nº 06040-2015-PA/TC (y que puedes descargar aquí en su integridad) supone, por tanto, un giro de 180 grados, al dejar sin efecto la doctrina jurisprudencial establecida en la nefasta sentencia Nº 0139-2013-PA/TC, según la cual el sexo era un elemento “inmutable” y por tanto no era viable solicitar su modificación en los documentos de identidad. Esto, además, se asociaba con la idea de que cualquier alteración a la identidad en función de ese criterio debía ser entendido como un trastorno o una patología.

En efecto, se trata de una sentencia a la que en su momento hicimos alusión. El alto tribunal peruano negó entonces el cambio aduciendo que la demandante, que en el pasado se había sometido a cirugía de reasignación y a la que otro tribunal ya había concedido el cambio de nombre, y que entonces solicitabala rectificación de la referencia al sexo, no presentaba “un caso de intersexualidad o hermafroditismo” que, al momento de registrar su sexo, hubiese ocasionado un error que tuviera que ser rectificado. “Se trata de una persona transexual, es decir, de alguien que muestra una incongruencia entre lo psíquico y lo orgánico en relación a su sexo, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica dentro de los trastornos de la personalidad y del comportamiento”, expresaba aquella lamentable sentencia, que llega a a añadir además que darle la razón hubiera supuesto “admitir el matrimonio entre personas del mismo sexo” .

Afortunadamente la nueva sentencia se desprende de los prejuicios que la anterior contenía, al reconocer que el sexo no siempre debe ser definido en función de la genitalidad, pues estaría cayendo así en un determinismo biológico que reduciría la naturaleza humana a una mera existencia física y ello obviaría que el humano es un ser también psíquico y social. esta nueva sentencia fue aprobada por cuatro votos a favor y tres en contra.

Uno de los magistrados firmantes de la sentencia es Carlos Ramos Núñez, que aclara algunos aspectos de la misma en una entrevista al diario oficial El Peruano. En esta entrevista, el magistrado explica que la nueva decisión del Constitucional peruano busca que la judicatura “pueda tomar en cuenta las recientes tendencias existentes a nivel internacional a favor de las personas que buscan el reconocimiento de su identidad de género y que no se vea sometida, de manera mecánica, a una sentencia, aunque esta sea del máximo intérprete de la Constitución, al menos en lo que se relaciona con los progresos existentes respecto del reconocimiento y ejercicio de los derechos”. “Lo que hace [la sentencia] es reconocer una tendencia que, al parecer, es irreversible, y que se encuentra vigente en los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en distintos órganos de las Naciones Unidas. También en el derecho comparado encontramos distintos pronunciamientos interesantes de altas cortes”, añade el magistrado.

La sentencia no supone, en cualquier caso, que el proceso se libre de la tutela judicial. La rectificación del sexo deberá ser ordenada por un juez, aunque al menos el Tribunal Constitucional establece que deberá hacerse por vía sumarísima. “El Tribunal ha planteado que, por la urgencia de estos casos, los pedidos relacionados con el cambio de sexo sean tramitados en el marco del proceso sumarísimo. No olvidemos que en la práctica de la justicia civil ordinaria, desde el 2007, ya se reconocía el cambio de sexo”, explica Ramos Nuñez.

Sobre el vínculo entre identidad de género y matrimonio igualitario que establecía la anterior sentencia, Ramos Núnez lo niega. “En este caso se ha hecho referencia a la identidad personal, en particular lo que es la identidad de género”, cuestión distinta a la orientación sexual. “Son conceptos que se mantienen en ambientes distintos. Nuestro pronunciamiento respecto a la STC 06040-2015-PA/TC no se extiende a esos supuestos, ya que no han sido planteados”, añade.

Importante avance sobre la sentencia anterior, pero no la situación ideal

En definitiva, tal y como explica el activista Gio Infante en su comentario de la sentencia, se trata de un avance muy importante si se tiene en cuenta el carácter tan profundamente tránsfobo de la sentencia anterior, pero no supone ni mucho menos que la situación a partir de ahora sea la ideal. “Sin duda, un avance. Aunque el gran pendiente sigue siendo que el cambio de nombre y sexo de las personas trans deje de ser visto en vía judicial y sea resuelto administrativamente ante la RENIEC [Registro Nacional de Identificación y Estado Civil] como bien señala el magistrado Espinosa-Saldaña Barrera. Más allá de ello, su voto y el de la magistrada Ledesma Narváez merecen una lectura y reconocimiento especial, toda vez que refieren claramente a la dignidad de las personas trans y las múltiples deudas históricas que el Estado peruano tiene en el reconocimiento y protección de sus derechos”, explica Infante, que denuncia además como “una vergüenza” el voto particular de los tres magistrados opuestos, “que pretendían la primacía cromosómica sobre la experiencia e identidad de las personas para definir su sexo”.

Recordemos que en América Latina son ya varios los países que han actualizado sus normativas por lo que al reconocimiento jurídico de la propia identidad de género se refiere. Es el caso de países como Uruguay, Argentina (cuya legislación fue en su  momento pionera) o Bolivia. Ecuador también aprobó una ley sobre la materia, aunque introduciendo en el último momento aspectos restrictivos por imposición del presidente Rafael Correa. Por otra parte, Chile ya discute una reforma legal sobre la materia y el gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto (que no una ley) en el mismo sentido.

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Merecida condena para la diputada Christine Boutin, del Partido Cristiano-Demócrata (asociado en la coalición conservadora de Nicolás Sarkozy). La que fuera ministra de Vivienda de Francia entre 2007 y 2009 afirmó en una entrevista que “la homosexualidad es una abominación. Pero no la persona. El pecado nunca es aceptable, pero el pecador siempre ha sido perdonado. Tengo amigos homosexuales”. Estas palabras fueron publicadas en la revista Charles en abril de 2014. Ahora, Boutin tendrá que pagar por ellas a instancias de la Justicia francesa.

Aunque algunos medios ultraderechistas agitan la bandera de la “libertad de expresión y pensamiento” para descalificar la decisión de la Justicia francesa de condenar a Christine Boutin, lo cierto es que es una magnífica noticia. La que fuera ministra de Vivienda de Francia en el Gobierno de Nicolás Sarkozy, y fundadora del Partido Demócrata Cristiano, radicalmente contraria a la igualdad y a los derechos humanos de las personas LGTB, tendrá que pagar 5.000 euros por su discurso de “incitación pública al odio o la violencia”. En una entrevista publicada en 2014, Boutin espetó que “la homosexualidad es una abominación”. Si bien la cuantía económica no es demasiado significativa para alguien de su nivel económico, su condena legal “envía una fuerte señal a la sociedad”, defiende la federación Inter-LGTB.

Esta ex líder conservadora francesa ha sido multada con 5.000 euros por ‘incitación al odio o la violencia pública contra las personas LGBTI”. La cosa viene de lejos, un tribunal de París dictó sentencia el 17 de diciembre de 2015 contra Christine Boutin, ex-presidenta del Partido Demócrata Cristiano, por decir en abril de 2014 que “la homosexualidad es una abominación”. Boutin,  también deberá pagar 2.000 euros en concepto de ‘reparación de daños’ a dos grupos LGBTI, Mousse y Le Refuge. “Esta decisión sienta un precedente por varias razones. Ya no es posible escapar a la responsabilidad penal por hacer comentarios homófobos bajo el disfraz del discurso religioso”, dijo Etienne Deshoulières, el abogado del grupo LGBTI Mousse.

En el año 2014 en unas declaraciones a la revista Charles, el 2 de abril de 2014, esta señora se refirió así a la homosexualidad: “yo jamás he condenado a un homosexual. La homosexualidad es una abominación. Pero no la persona. El pecado nunca es aceptable pero el pecador siempre está perdonado”. Y así, citando la Biblia, o eso dice ella, se quedó tan campante.

Durante el juicio, Christine Boutin dijo no haber cambiado de opinión, “pero esto no significa que yo condene a las personas homosexuales. No era consciente del daño que podían provocar mis palabras. Desde entonces no las he repetido”, explicaba la ex ministra homófoba.

La ley que condena la incitación al odio por orientación sexual en Francia es de 2004. “Prácticamente no hay jurisprudencia es por eso que la decisión se ha retrasado varios meses”, explicó el fiscal.

Boutin anunció en Twitter su intención de apelar pero la multa ha sido confirmada por la Corte de Apelaciones de París que ha ratificado una sentencia anterior. Además deberá abonar 2000 como indemnización a dos asociaciones LGTB que se habían presentado como acusación particular.

La defensa de la exministra, en cambio, solicitaba su absolución al considerar que la ofensa de Boutin a la comunidad LGTB es solo “una opinión”. Según el letrado, la sentencia condenatoria “tendrá enormes consecuencias sobre la libertad de expresión”. Pues bien, esperemos que así sea cuando este derecho colisione con otros derechos fundamentales de las personas LGTB.

Para la comunidad igualitaria francesa, encabezada por la Inter-LGTB (parte de la acusación en el enjuiciamiento a Christine Boutin), “en un contexto en el que las agresiones LGTBfóbicas están aumentado y no están concluidos los debates sobre la ley del matrimonio para todos, la justicia envía una fuerte señal a la sociedad”.

La Cour d’Appel confirme la condamnation de @christineboutin et reçoit l’@InterLGBT comme partie civile #justice https://t.co/d8jjVVH1YY

— Inter-LGBT (@InterLGBT) 2 de noviembre de 2016

Por su parte, el activista Jean-Luc Romero ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje en el que responde a Christine Boutin que “no somos ninguna abominación y no creo que vuestro Dios aprueba vuestra labor”.

Condamnation de #Boutin confirmée. Non Mme Boutin,nous ne sommes pas une abomination et je ne crois pas que votre Dieu approuve votre haine.

— Jean-Luc Romero (@JeanLucRomero) 2 de noviembre de 2016

Por supuesto,  los medios de derechas han puesto el grito en el cielo asegurando que se trata de un atentado a la libertad de expresión, a las creencias personales,  a la libertad religiosa y a todas esas cosas de ciencia ficción a las que se aferran y usan como excusa para justificar su odio,  discriminación y desprecio.

La Justicia francesa: una de cal y otra de arena

Hace solo unos días, nos hacíamos eco de otra noticia relacionada con la Justicia de Francia, en ese caso perjudicial para la comunidad LGTB. El Tribunal de Apelaciones de París, el mismo que ha dictado sentencia contra la exministra Boutin, condenaba por injurias a una asociación LGTB por calificar a la Manif pour tous de grupo homófobo.

El citado tribunal ha dictaminado que tildar a la Manif pour tous de grupo homófobo constituye un delito de injurias públicas. Por ello, condena a la antigua presidenta de la asociación de defensa de los derechos LGTB Act Up-Paris a una multa de 800 euros más el pago de las costas judiciales. La sentencia entra en conflicto con una anterior del mismo tribunal, que desestimó una denuncia por injurias presentada también por la Manif pour tous. Desde Act Up-Paris comunicaron que presentarían un recurso de casación, dada la injusticia de negar a las personas LGTB el derecho a dar el nombre apropiado a quienes abogan por discriminarles.

Sin embargo ahora tenemos una duda: Si en Francia ahora es delito decirle a un homófobo que era homófobo,  entonces… ¿Ahora pueden condenar a la Corte de Apelaciones por lo mismo? Entraríamos en un bucle espaciotemporal para el que no estamos preparados.

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Descorazonadora noticia la que nos llega desde Argentina, donde colectivos LGTB y de defensa de los derechos humanos consideran absolutamente insuficientes las condenas dictadas a los policías que secuestraron, agredieron y abusaron sexualmente de una mujer transexual en Tucumán, al noroeste del país. Para la Federación Argentina LGBT (FALGBT) y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) este caso es “emblemático y representativo de lo que ocurre con la violencia institucional en todo el país hacia las compañeras trans”.

La mujer, de nombre Celeste, fue detenida de modo ilegal en noviembre de 2013. Horas antes había tenido una fuerte discusión con su abuela, por la que ya había sido llevada a comisaría y puesta luego en libertad. En el momento de la detención se encontraba en el interior de su domicilio, tomando un baño. Allí irrumpieron los efectivos policiales, que la trasladaron a la seccional IV de San Miguel de Tucumán, alegando la aplicación del código contravencional (una normativa que se aplica en la vía pública y que ha sido denunciada como una herencia de la dictadura argentina que permite a la Policía de Tucumán realizar detenciones arbitrarias).

Ya en la comisaría, Celeste fue sometida a maltrato, vejaciones, insultos y abusos durante tres días, hasta que en un descuido de los policías consiguió escapar. En ese tiempo fue obligada a realizar hacer tareas de limpieza, golpeada, tuvo que soportar como varios policías se masturbaban sobre ella y fue encerrada en una celda junto a otros detenidos que abusaron sexualmente de ella sin que nadie hiciera nada por impedirlo.

Tras escapar, los médicos constataron las lesiones que sufrió, y la brutal agresión fue denunciada. En este intervalo de tiempo, Celeste ha sufrido presiones, intimidaciones e incluso intentos de soborno para que retirara la denuncia. Ella, con el apoyo de activistas LGTB, ha aguantado hasta que por fin, tres años después, se ha celebrado el juicio contra los siete policías que participaron en la agresión. El resultado, sin embargo, ha causado una profunda decepción en el movimiento LGTB argentino. Dos de los procesados, Ernesto Aguirre y Walter Trejo, han sido condenados a cinco años de prisión por privación ilegítima de la libertad y por falsear el acta de detención. Un tercer procesado, Aldo Quiroga, ha sido absuelto de dichos delitos. El resto deberán seguir siendo investigados. Los abusos sexuales sufridos por la víctima han quedado impunes. Todos los acusados, por cierto, han continuado durante todo este tiempo ejerciendo como policías.

Desde la Mesa de Justicia para Celeste, un grupo de activistas que la han arropado, consideran que lo sucedido no es excepcional, y que las mujeres trans, sobre todo aquellas que ejercen el trabajo sexual, están expuestas a un abuso policial constante en Argentina. Para Ruth, una de sus integrantes, “el caso de Celeste en particular es emblemático porque es el único que ha llegado a la justicia”, pero no por ello sus derechos han sido respetados. Durante el juicio, por ejemplo, los abogados defensores se dirigieron continuamente a ella en masculino, sin que los jueces les llamaran al orden. Unos jueces sobre los que por cierto pende la sospecha de su sesgo conservador: se trata del mismo tribunal que condenó a una mujer a ocho años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo acusada de haber asesinado a su hijo. Una sentencia que fue luego anulada por la Corte Suprema de Tucumán, pero que desencadenó en su momento una ola de indignación en Argentina y que motivó incluso una campaña a nivel mundial de Amnistía Internacional.

Para la FALGBT y ATTTA, por su parte, “el caso de la compañera Celeste es emblemático y es representativo de lo que ocurre con la violencia institucional en todo el país hacia las compañeras trans (…) Exigimos que Celeste, tanto como lxs compañerxs del Centro Educativo Trans de Puertas Abiertas, estén protegidxs y que haya una condena con cárcel efectiva para los acusados, y que cese la hostilidad hacia nuestras compañeras trans en todo el territorio nacional. Exigimos #JusticiaParaCeleste”, manifestó Marcela Romero, en este momento presidenta de ambas organizaciones.

Sin duda, una historia terrible, que vuelve a poner de manifiesto la situación de absoluta vulnerabilidad que vive el colectivo de mujeres trans en los países de América Latina. Veremos si al menos en este caso instancias superiores son capaces de reparar la injusticia y castigar debidamente a los agresores de Celeste.

Insertamos a continuación la entrevista radiofónica realizada por Radio Zumba la Turba a Ruth, integrante de la Mesa de Justicia para Celeste, en la que explica detalles del caso:

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Soledad Becerril

Un montón de supuestas asociaciones pro-familia solicita a Soledad Becerril que recurra la ley ante el Constitucional.

La “Plataforma de las libertades” está compuesta entre otras asociaciones por Familia y Dignidad Humana, la Federación Española de Asociaciones Provida, la Federación Europea ‘One of Us’ en defensa de la vida y la dignidad humana, HazteOir.org, la Federación Española de Asociaciones Provida, el Instituto de Política Familiar y la Universidad Católica de Murcia, lo que da una idea del nivel que deben tener sus titulaciones. ¿Y por qué quieren recurrir la ley? Pues claro, ¡para proteger a los niños! Porque ya se sabe, los únicos niños que cuentan son los suyos que parece que son todos muy normativos.

Una de las entidades promotoras de la solicitud es la Fundación Valores y Sociedad, presidida por el que fuera presidente del PP vasco, ministro del Interior, diputado y miembro del Parlamento Europeo Jaime Mayor Oreja. No supone, de hecho, una especial sorpresa: Mayor Oreja siempre se caracterizó por ser uno de los líderes populares más abiertamente contrarios a los derechos LGTB, como bien demostró en su época de eurodiputado cada vez que algún tema relacionado se sometía a votación. En el patronato de dicha fundación, según señala eldiario.es, se encuentra también la exsenadora popular Gari Durán, la que fuera también presidenta del PP vasco, María San Gil; el exdiputado y exsenador Ángel Pintado o la exsenadora Gari Durán. También figura, curiosamente, Luis Peral, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, que fue precisamente uno de los dos representantes populares que en su día se ausentaron para no votar la ley (el otro fue David Pérez, que además de diputado en la Asamblea de Madrid es alcalde de Alcorcón).

Otra de las organizaciones firmantes de la solicitud es la Asociación Familia y Dignidad Humana, cuya presidenta y vicepresidente son Lourdes Méndez y Javier Puente, ambos exdiputados populares. Los ya mencionados Ángel Pintado y Gari Durán son su tesorero y portavoz, respectivamente.

Otras organizaciones que firman el documento, por mencionar solo algunas, son la Federación Española de Asociaciones Provida, la Universidad Católica San Antonio de Murcia, HazteOír o el autodenominado Instituto de Política Familiar. Organizaciones, en definitiva, de carácter ultraconservador, muchas de ellas cercanas a la Iglesia católica.

La petición a la Defensora del Pueblo, argumenta que la ley contra la LGTBfobia atenta contra numerosos preceptos constitucionales. Dos aspectos que generan una especial indignación son la prohibición de las terapias aversivas de la homosexualidad (que según estas organizaciones vulnera los derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la protección de la salud y al deber de prestar asistencia de todo tipo a los hijos) o la inclusión en los programas educativos de la diversidad de género (que según los solicitantes vulnera los derechos de libertad de expresión y difusión de pensamientos y de libertad de cátedra). Pero también el principio de inversión de la carga de la prueba cuando se ha producido un episodio de discriminación (que según ellos vulnera los derechos de presunción de inocencia, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva). No son los únicos derechos que consideran vulnerados: también el derecho a la igualdad, a la educación, de libertad religiosa, etc. No hay derecho constitucional, prácticamente, que los solicitantes no consideren vulnerado por la ley. Si te interesa conocer en su integridad el texto del documento, puedes descargarlo directamente de La Gaceta.

Entre otras sandeces, según esta plataforma, la ley madrileña vulnera el derecho a la igualdad ya que aseguran que se dan privilegios a la población LGTB y ataca la autonomía del paciente ya que impide llevar al menor a un psicólogo en caso de que los padres se preocupen por la orientación sexual del menor. Claro que no se han dado cuenta todavía de que en ese caso los que tienen que ir al psicólogo son los padres y que esta ley evita precisamente, que los niños sean considerados “pacientes”.

Además, afirman que “hablar de los modelos de familia” en las escuelas atenta contra la libertad de expresión. Repetimos: “hablar de los modelos de familia” atenta contra la libertad de expresión porque no les deja decir lo que piensan de la homosexualidad en los colegios y claro. Ya podría hacer honor a su nombre la “Plataforma de las libertades” y preocuparse de que todos los niños puedan vivir de forma saludable en lugar dea estar jodiendo al prójimo. Nosotros cuandonos enteramos de estas cosas nos dan muchas ganas de vomitar.

Y es que recomendamos, eso sí, tener a mano un antiemético antes de leer un texto cargado de una profunsa hipocresía. “Con la aparente disculpa de luchar contra la discriminación por orientación sexual (objetivo que evidentemente compartimos), aprovecha [la ley madrileña contra la discriminación de las personas LGTBI] para implantar una concepción ideológica propia de las asociaciones LGTBI sobre la persona, de los ‘diferentes modelos de familia’ y de la sexualidad que, siendo discutibles (pues existe en nuestra sociedad una pluralidad de concepciones) se tratan de imponer a todos”, llega a argumentar el escrito, según el cual “es un hecho que no todos los homosexuales defienden la concepción de la sexualidad del lobby LGTBI, como lo es que muchos heterosexuales sí la defienden”.

Veremos qué sucede finalmente. El hecho de que en este momento buena parte de las figuras del PP mencionadas arriba se encuentren “caídas en desgracia” y de que en la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes haya dado su apoyo a una serie de políticas pro-LGTB (acordadas, en este caso, con PSOE, Podemos y Ciudadanos, además de con los colectivos LGTB madrileños) no significa que muchas de las instancias de poder de este país no estén todavía copadas por los sectores más conservadores. Si la Defensora del Pueblo decidiese presentar un recurso de este tipo nadie asegura que el actual Tribunal Constitucional, fuertemente derechizado, no invalidase, aunque fuese solo parcialmente, un texto ejemplar. Confiemos en que esa posibilidad no llegue ni a plantearse.

Fuente: ABC y Actuall, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

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Una comisión de diputados mexicanos ha votado en contra de la propuesta del lanzada por el presidente del país, Enrique Peña Nieto, que buscaba extender las uniones del mismo sexo desde determinadas regiones mexicanas a todo el territorio del país. Enrique Peña Nieto estaba más que ufano al presentar la iniciativa en mayo pasado que incluía una reforma constitucional para legalizar el matrimonio igualitario en todo el país mexicano, una iniciativa que desató enormes manifestaciones a favor y en contra. Sin embargo, las presiones de la Iglesia Católica mexicana y el peso de la tradición han transformado la alegría en tristeza. La propuesta que pretendía extender el matrimonio igualitario en todo el país azteca ha sido rechazada por legisladores de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja con diecinueve votos en contra, ocho a favor y una abstención.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de México ha rechazado, por 19 votos contra 8 (y una abstención) la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para hacer extensivo a todo el territorio mexicano el matrimonio igualitario, aprobado ya en algunos estados y posible de facto en todo el país por vía judicial. La noticia supone un triunfo para el sector más conservador de la sociedad mexicana, y muy especialmente para la Iglesia católica, que se ha empleado a fondo para agitar el sentimiento homófobo de una parte de la sociedad mexicana. Por el momento, el avance de la igualdad seguirá dependiendo de los tribunales de justicia.

El pasado mes de mayo, Enrique Peña Nieto hacía público el compromiso de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el país. México, recordemos, es un país federal, en el cual cada estado goza de amplia autonomía legislativa y cuenta con códigos civiles propios. En este sentido, son varios los territorios  que han aprobado el matrimonio igualitario (el primero fue el Distrito federal, allá por 2009). La aprobación formal del matrimonio igualitario en Colima  tuvo lugar apenas unos días después de que hicieran lo propio los estados de Michoacán y de Morelos, y solo un par de semanas después de que lo hiciera el estado de Campeche. Antes de esta última oleada, otros tres territorios mexicanos habían aprobado el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos: el Distrito Federal (2009), el norteño el estado de Coahuila (2014) y el estado de Nayarit, en la costa oeste del país (2015). Y ya en 2010 la SCJN determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal era extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en el estado de Quintana Roo (vecino de Campeche, también en la península de Yucatán), cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer..  Pero es que, además, la prohibición del matrimonio igualitario por los estados que aún no permiten su celebración es considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y, de hecho, en prácticamente todos los estados de México se han celebrado ya bodas por orden judicial.

Es por eso que, cinco años después de que el Distrito Federal lo aprobase, y después de toda una cascada judicial de fallos favorables, Peña Nieto decidía este año que había llegado la hora de que la legislación se armonizase, de acuerdo a las directrices de la Suprema Corte, y que Constitución y leyes federales reconociesen expresamente el matrimonio igualitario en todo el país. Un movimiento que despertó, casi de forma inmediata, las iras de la Iglesia católica mexicana, que, pese a haberse opuesto estado a estado al avance de los derechos LGTB, no había conseguido, en un país socialmente muy conservador pero de tradición política laica, cristalizar un movimiento homófobo organizado. La oposición al matrimonio igualitario acabó cristalizando, de hecho, en un movimiento que reproducía el modelo que ya se ensayó en España en 2005 (más torpemente) o en Francia en 2012-2013 (con bastante más éxito, aunque no consiguiese paralizar la aprobación del matrimonio igualitario): un movimiento “civil”, supuestamente al margen de la Iglesia católica, que en lugar de utilizar argumentos religiosos dice ser un movimiento transversal en defensa de la familia. En México, en concreto, la principal demanda de este “Frente Nacional por la Familia” es la modificación de la Constitución mexicana para proteger “a la familia” y “a los niños”.

Un movimiento que en efecto fue capaz de promover manifestaciones multitudinarias, avaladas desde el propio Vaticano por el papa Francisco pese a que supuestamente este está empeñado en recortar la influencia de Norberto Rivera, cardenal primado y arzobispo de México, precisamente uno de los principales promotores de la campaña contra el matrimonio igualitario. Rivera, conocido opositor a los derechos LGTB, es un personaje especialmente siniestro e incómodo para Francisco. Fue acusado en su momento de encubrir varios casos de abusos sexuales a menores por parte del sacerdote Nicolás Aguilar, además de haber sido uno de los grandes protectores de Marcel Maciel (el fundador de los Legionarios de Cristo, otro personaje despreciable, ya fallecido, acusado también de múltiples abusos sexuales). Ello no le ha impedido liderar de forma muy ostensible la ofensiva contra Enrique Peña Nieto por su voluntad de afianzar el matrimonio igualitario sin que el Vaticano le haya censurado por ello.

Triunfo de los homófobos en la Cámara de Diputados

Lo cierto es que el clima homófobo generado estos últimos meses se ha visto reflejado en la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Puntos Constitucionales ha bloqueado el plan de Peña Nieto por 19 votos contra 8. Contra el matrimonio igualitario se han pronunciado todos los representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI, precisamente el partido del presidente), menos Benjamín Medrano (abiertamente gay) e Ivonne Ortega; además de los del Partido de Acción Nacional (PAN), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Nueva Alianza y Partido Encuentro Social. Votaron a favor los representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). El único representante del Movimiento Ciudadano decidió abstenerse. Los argumentos para oponerse variaron entre los que aseguraban que este tema debía seguir siendo competencia de los estados y los que abiertamente consideraron que el matrimonio es solo “entre un hombre y una mujer”.

Edgar Castillo Martínez, secretario de la comisión, dijo que el resultado significa que el asunto está «total y definitivamente concluido», de acuerdo con un sumario difundido en línea por la Cámara de Diputados.

Legisladores de los izquierdistas Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y algunos del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), se expresaron en favor de la reforma pues consideraron que era «compromiso democrático con el avance de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación».

Legisladores del conservador Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido Encuentro Social, Nueva Alianza y algunos del PRI consideraron que corresponde a cada entidad federativa legislar en materia civil, por lo que no era necesaria una reforma constitucional. Argumentaron que la autonomía de los estados «iría en detrimento» y que la iniciativa presidencial presentó «inconsistencias jurídicas».

Movimiento Ciudadano se abstuvo al asegurar que su bancada estaba dividida y «no se daría paso a imposiciones», por lo que de esta forma se respetaba la opinión de cada uno de sus miembros.

El dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside Guadalupe Acosta, del PRD, retomaba en sus términos la iniciativa presidencial sobre matrimonio igualitario al considerar que reconocía la dignidad humana y respetaba los derechos de las personas.

El diputado Agustín Basave, del PRD, aseguró que su motivación principal para sustentar el voto favorable «es la no discriminación», que dijo «tiene que ver efectivamente con el artículo primero de la Constitución». «Yo quiero decirles que yo soy católico, y a mucha honra, pero también creo en la separación Estado-Iglesias y este me parece el caso paradigmático de esa separación», expuso.

La legisladora Guadalupe Acosta Naranjo, del Partido de la Revolución Democrática, dijo que la medida había sido bloqueada debido a maquinaciones políticas. «Una reforma de la que deberíamos sentirnos orgullosos», afirmó Acosta, de acuerdo con la transcripción. «Porque los derechos de las minorías no se ponen a votación, se amplían y reconocen, y es el Congreso quien debería tutelarlos».

Cándido Ochoa Rojas, del Partido Verde –aliado con el PRI–, dijo que estaba votando contra la medida debido a conflictos constitucionales y porque el matrimonio está gobernado por los códigos civiles de los estados. «¿Cómo se va a desarrollar la familia si la exposición de motivos dice que la procreación no es un elemento decisivo del matrimonio?», se preguntó.

Por su parte, el Movimiento por la Igualdad en México, grupo conformado por organizaciones de la sociedad civil y activistas LGTB, expuso en un comunicado que «los diputados que votaron contra la igualdad, habrán de rendir cuentas ante la historia, cuyo juicio es implacable con quienes han sido enemigos de los derechos humanos». Asimismo, señaló que «en el porvenir habrá de mirar a quienes hoy votaron contra, con el mismo reclamo que pesa sobre quienes protagonizaron acontecimientos históricos que humillaron a otros grupos marginados».

El nuevo nuncio apostólico en México, el italiano Franco Coppola, dijo el que el tema del matrimonio homosexual no debe confrontar a México sino provocar un diálogo para «encontrar la solución más apta para este país». «No creo que sea bueno para el país confrontarse, ir a una lucha, hacer una cuenta para ver cuantos están en favor y cuantos en contra», dijo Coppola en conferencia de prensa en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. El religioso señaló que el tema ha generado un debate que ha dejado en claro que hay personas que no se sienten apreciadas y que no sienten que gozan de todos los derechos. «Es una magnífica oportunidad para practicar el diálogo. Intercambiar insultos o prejuicios no sirve de nada y hay que entenderse», abundó.

En definitiva, la situación queda como estaba hasta ahora: múltiples sentencias favorables al matrimonio igualitario, que de facto suponen una “legalización” del mismo aunque en algunos estados sigue siendo necesario recurrir judicialmente cada caso, y varios estados (junto al Distrito Federal) que además lo han aprobado por vía legislativa. A partir de ahora habrá que ver si la ofensiva homófoba sigue adelante, hasta el punto de conseguir de la clase política mexicana una reforma constitucional que prohíba expresamente el matrimonio igualitario (una opción que parece complicada), y estar atentos a cómo siguen produciéndose sentencias judiciales que faciliten cada vez más a las parejas del mismo sexo casarse en todo el territorio mexicano aunque por el momento no exista una normativa nacional al respecto.

Este revés legislativo es una noticia que ha teñido de luto al colectivo LGTB mexicano. Y es que el país centroamericano ha intentado cambiar las políticas y crear una red LGTBfriendly pero los números no engañan: Ciudad de México es la localidad más violenta en agresiones al colectivo, ya que la asociación civil Letra S ha documentado 1.310 asesinatos de odio hacia la población LGTB.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Ecuador por discriminación en el despido de un teniente, Homero Flor Freire, acusado de mantener relaciones con otro militar de rango inferior en su dormitorio. Algo que el acusado desmiente, así como niega que sea homosexual.

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Un juzgado francés considera que llamar “homófobos” a los organizadores de la manifestación homófoba La Manif Pour Tous es un delito de “difamación”.

Graves noticias para los defensores de los derechos LGTB en Francia. El Tribunal de Apelaciones de París ha dictaminado que calificar a la Manif pour tous de grupo homófobo constituye un delito de injurias públicas. Por ello, ha condenado a la antigua presidenta de la asociación de defensa de los derechos LGTB Act Up-Paris a una multa de 800 euros más el pago de las costas judiciales. La sentencia entra en conflicto con una anterior del mismo tribunal, que desestimó una denuncia por injurias presentada también por la Manif pour tous. Desde Act Up-Paris han comunicado que presentarán un recurso de casación, dada la injusticia de negar a las personas LGTB el derecho a dar el nombre apropiado a quienes abogan por discriminarles.

La Manif Pour Tous es el nombre que se han puesto los colectivos homófobos que organizan las manifestaciones homófobas (que venga un juzgado francés a decirme lo contrario) que protestan contra el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas homosexuales, niegan las “teorías de género” y se oponen a los derechos de las personas trans. Así que oye, bien pensado, no deberíamos llamarla manifestación homófoba, sino LGTBfóbica. O Todófoba, que también les queda bien. Ah, el nombre de La Manif Pour Tous es un intento de ironizar sobre el nombre que se le daba al proyecto de ley del matrimonio igualitario: Mariàge Pour Tous.

Durante la tramitación del matrimonio igualitario en 2013, el grupo la Manif pour tous consiguió convocar a cientos de miles de ciudadanos franceses que se oponían a que las personas LGTB pudieran alcanzar la igualdad de derechos. El discurso de los manifestantes y convocantes fue en muchas ocasiones extraorinariamente duro y agrio, lo que hizo que se viviese en Francia un ambiente de crispación y violencia inaudito, hasta el punto de que se estima que las agresiones homófobas se incrementaron en un 78 % durante ese período.

Bares de clientela gay violentados, manifestaciones diarias ante la Asamblea Nacional con constantes enfrentamientos con la policía, la jerarquía católica culpando a las víctimas de ser los causantes de la violencia, la agresividad en los discursos de los diputados opuestos al proyecto de ley sobrepasando todas las barreras, incluso la de la agresión física… La amenaza de la líder de quienes se oponían al proyecto de ley, la cómica Frigide Bajot, de que correría la sangre, se convirtió en realidad y tuvimos que informar de agresiones como la sufrida por una pareja gay en París, la muerte por una paliza de un joven antifascista y participante en manifestaciones contra la discriminación o ataques a militantes LGTB por parte de fanáticos, entre ellos un concejal del ultraderechista Frente Nacional.

Pero incluso después de la aprobación definitiva de la ley de matrimonio igualitario la Manif pour tous siguió convocando a sus partidarios. En una ocasión, desplegó una manifestación en la que se profirieron consignas a favor de la ley contra la llamada “propaganda homosexual” en Rusia y contra el derecho de asilo para los perseguidos por su orientación sexual e identidad de género. Como respuesta, el 4 de agosto de 2013, un grupo de activistas de la AIDS Coallition to Unleash Power, también conocidos como Act Up-Paris decidió actuar ante la sede de la Fundación Jérôme Lejeune, y se manifestaron contra la fundación anti-abortista Jerome Lejeune que es una de las organizaciones que apoya La Manif Pour Tous donde ejercía su actividad la presidenta de la Manif pour tous, Ludovine de la Rochère. Allí arrojaron condones rellenos con líquido que imitaba la sangre contra el edificio de la Jerome Lejeune Foundation y pegaron carteles en los que se calificaba a la Manif pour tous de ser un grupo homófobo y se colgaron pósters con la foto de La Rochère y la palabra “homófoba” impresa sobre su cara.

Ludovine de la Rochère presentó una demanda por injurias en nombre de la Manif pour tous y otra por difamación a título personal. La demanda inicialmente fue desestimada en primera instancia por defecto de forma. Los responsables de la Manif pour tous recurrieron esa desestimación y el pasado 2 de noviembre el Tribunal de Apelaciones de París, que no pareció reparar en esos defectos formales, resolvió a su favor, condenando a la antigua presidenta de Act Up-Paris, Laure Pora, a indemnizar a la Manif pour tous con 800 euros por un delito de injurias públicas, y a pagar otros 1.500 euros de costas procesales.

Pósters con la cara de Ludovine La Rochère (Foto: ACT UP Paris Facebook)

Pues a los de La Manif Pour Tous esto les pareció intolerable porque decidieron demandar a Laure Pora, la presidenta de ACT UP en ese momento, argumentando que acusarles de homófobos era un “delito criminal“. Y lo más lamentable es que el Tribunal de Apelaciones de París ha condenado a Pora a pagar 800€ en concepto de daños y perjuicios a La Manif Pour Tous por “difamación“, además de hacerse cargo de los 1.500€ de costas del juicio.

La sentencia, ha causado conmoción entre las asociaciones LGTB, entra en contradicción con una anterior del mismo Tribunal de Apelaciones de París de febrero de 2014. Da la casualidad de que en 2014 La Manif Pour Tous también demandó al por entonces senador Jean-Pierre Michel por lo mismo después de que Michel dijera que sus manifestaciones mostraban “el peor tipo de homofobia“. En ese caso el juzgado le absolvió. En aquella ocasión, la corte desestimó los cargos por injurias contra el senador socialista Jean-Pierre Michel, ponente de la ley de matrimonio igualitario en el Senado, que había dirigido un escrito a los miembros de la Manif pour tous en el que los acusaba de “representar la peor de las homofobias”. El Tribunal de Apelaciones estimó entonces que el senador estaba haciendo uso de su libertad de expresión en el ejercicio de su cargo parlamentario y no cabía condenarle por un delito de injurias.

La abogada de ACT UP, Karine Géronimi, ha dicho que esta decisión del tribunal es “particularmente injusta” y sigue defendiendo que no ve la difamación ni el insulto por ninguna parte al llamar homófobos a los que, efectivamente, son homófobos.

Para Act Up-Paris, la sentencia niega a las personas LGTB el derecho a calificar a quienes trabajan por denegarles sus derechos:

La palabra “homofobia” no es un insulto, sino la caracterización política de un discurso de desprecio hacia los homosexuales, que avala la desigualdad ante la ley con respecto a los heterosexuales y alimenta la discriminación y la violencia.

¿Cómo se puede designar a aquellos cuyas palabras y actos se oponen habitualmente a todo lo que podría servir a la emancipación de las personas LGTB? No podemos aceptar que el Tribunal de Apelaciones nos niegue así los medios para nombrar y denunciar los discursos políticos de nuestros adversarios.

Los activistas han comunicado que recurrirán la sentencia en casación, con la esperanza de que una más alta instancia permita a las personas LGTB poder dar un nombre a la discriminación que sufren y a quienes las discriminan. También se encuentran a la espera de que se resuelva la segunda de las demandas, la interpuesta por Ludovine de la Rochère a título personal por difamación, cuya audiencia tendrá lugar el próximo 17 de noviembre.

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A todos estos que dicen que todos los políticos son iguales y que no votan porque son superfragilisticoespialidosos y purísimos, ahora van a ver lo que es un fascista homófobo, machista y xenófobo en la Casa Blanca…

Malas noticias, sin paliativos. La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses, así como el control republicano de las dos cámaras del Congreso estadounidense, auguran años de parálisis, si no abierto retroceso, por lo que a los derechos de las minorías se refiere. La minoría LGTB no será una excepción. No tanto por la figura de Trump en sí mismo (que nunca ha mostrado un especial interés hacia este colectivo, ni siquiera a la hora de oponerse a sus derechos) como por la de la plataforma ideológica republicana bajo la que se ha presentado (la más anti-LGTB de su historia) y por sus acompañantes de viaje. Su vicepresidente, recordemos, será Mike Pence, una figura que sí destacó por su LGTBfobia durante los años que fue gobernador de Indiana. Otro punto al que habrá que estar atento es a lo que suceda con el equilibrio en el seno del Tribunal Supremo, una institución cuyos miembros, confirmados por el Senado a propuesta del presidente, lo son de forma vitalicia, y que durante estos años quizá le toque renovar a Trump en parte.

Donald Trump ha ganado de forma clara las elecciones presidenciales estadounidenses, al lograr la victoria en una serie de estados clave que se encontraban en disputa. Ello le otorga mayoría en el colegio electoral. Ha ganado en Carolina del Norte, Florida, Michigan, Ohio, Pensilvania y Wisconsin, lo que unido a los estados que ya se daban por seguros para los republicanos le da la victoria final. Hillary Clinton ha retenido los territorios más fuertemente demócratas (como los estados del noreste y de la costa oeste), además de Colorado, Illinois, Nevada, Nuevo México y Hawaii. Virginia, de donde era gobernador su candidato a vicepresidente, ha caído también del lado demócrata. En voto popular (número total de votos recibidos por cada candidato, con independencia del estado de residencia), se registra sin embargo un cuasi empate, aunque este dato aún no está cerrado. De hecho, conforme se acerca el final del escrutinio parece que Clinton obtendrá finalmente más votos que Trump.

En definitiva, un resultado que muestra una doble fractura de la sociedad estadounidense. A la ya tradicional entre estados fuertemente demócratas y estados fuertemente republicanos, se une el apoyo sin precedentes que Trump habría recibido de los votantes blancos de menor nivel educativo, incluso en caladeros considerados tradicionalmente demócratas, según indican los primeros análisis del voto (ver How the Presidential Election Took a U-Turn in 2016 en The New York Times). La movilización masiva de la clase obrera blanca a favor del republicano parece haber sido el factor fundamental a la hora de decantar el resultado. Lo que ello significará en términos de exclusión de las minorías raciales en los próximos años está por ver.

La plataforma republicana, la más anti-LGTB de la historia

Ya en entradas anteriores nos hemos referido al tema, pero no está de más recordar cuál es la declaración de intenciones del Partido Republicano en materia LGTB de acuerdo a la plataforma ideológica que fue aprobada este verano  en la convención republicana:

• Sobre el matrimonio igualitario: rechazo expreso de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Obergefell v. Hodges, que supuso la extensión del matrimonio igualitario a todo el país. El Partido Republicano considera que las leyes federales solo deben reconocer el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer  y hace un llamamiento expreso a considerar la posible aprobación de una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que “devuelva” el control de la regulación matrimonial a los estados.
• Sobre la adopción homoparental: el Partido Republicano muestra su apoyo a las agencias de adopción religiosas que rechazan a las parejas del mismo sexo, argumentando además de forma expresa que los hijos criados en hogares sin un padre y una madre tienen más posibilidades de consumir drogas, cometer delitos y tener embarazos no deseados.
• Defensa activa de la denominada First Amendment Defense Act (FADA), una propuesta legislativa que prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones antidiscriminatorias de los estados, a todas aquellas personas y negocios que que se nieguen a prestar servicios a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos.
• Sobre las denominadas “terapias reparadoras” o “de conversión” para modificar la orientación sexual o la identidad de género, aunque no las menciona de forma expresa, el Partido Republicano defiende el “derecho de los padres” a recurrir las terapias que consideren más adecuadas para sus hijos menores“consistentes con sus valores morales, éticos o religiosos sin discriminación ni castigo”.
• Sobre los derechos de las personas transgénero: el Partido Republicano expresa su apoyo a legislaciones como la aprobada hace unos meses en Carolina del Norte, que entre otras muchas importantes medidas discriminatorias prohíbe a las personas trans utilizar los baños que corresponden a su identidad de género. También muestra su desacuerdo, sin nombrarlo explícitamente con el final de la prohibición de servir en el Ejército a este colectivo, decidida por la administración Obama y confirmada recientemente, al asegurar estar en contra “de la modificación o de la rebaja de los estándares para satisfacer la agenda no militar impuesta por la Casa Blanca”.
• Sobre políticas antidiscriminatorias: el Partido Republicano se opone expresamente a incluir la orientación sexual entre las categorías generalmente cubiertas por las regulaciones contra la discriminación.

¿Y qué han manifestado Trump y Pence?

Siempre se puede argumentar que las plataformas aprobadas por las convenciones son una mera declaración de intenciones y no obligan necesariamente al presidente, que puede decantarse por una política pragmática (y de esto hay sobrados ejemplos en el pasado). Pero tampoco los mensajes lanzados directamente por Trump y el que será su vicepresidente son tranquilizadores. Trump, por ejemp, sugirió en campaña la posibilidad de revertir la histórica decisión del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario proponiendo en el futuro a nuevos jueces del Supremo dispuestos a valorar de nuevo la cuestión. Más adelante, el magnate anunció que no tendría inconveniente en rubricar la FADA, arriba mencionada, en caso de prosperar, lo que habría virtualmente inútiles las regulaciones antidiscriminatorias de los estados en materia LGTB.

Pence, por su parte, anunciaba recientemente que una de las primeras medidas que Trump adoptaría sería anular las órdenes ejecutivas federales que impiden discriminar a las personas LGTB. Obama, recordemos, ha promovido dos importantes órdenes antidiscriminatorias que obligan tanto a las empresas que tengan o que aspiren a firmar contratos con la administración federal (firmada en 2014) como a las escuelas que reciben fondos federales (emitida hace pocos meses, como reacción a la ley LGTBfoba de Carolina del Norte, y que se encuentra en estos momentos sometida a escrutinio judicial).

El único elemento que Trump ha utilizado expresamente para intentar congraciarse con el colectivo LGTB ha sido la islamofobia. Como vuestro presidente, haré todo lo que esté en mi mano para proteger a nuestros ciudadanos LGBTQ de la violencia y la opresión de una ideología extranjera llena de odio, creedme”, expresó Trump en su discurso de aceptación de la nominación republicana. Una frase que de hecho sirvió a a algunos medios de comunicación generalistas (no especialmente preocupados por el detalle cuando de la realidad LGTB se trata) para presentar a Trump como un político sensible a los derechos del colectivo. Activistas LGTB como Michelangelo Signorile alertaron entonces de lo equivocado de esta percepción. Algún tiempo más tarde, Trump propuso que a los inmigrantes que aspirasen a un permiso de residencia en Estados Unidos se les sometiese a un test ideológico que confirmase si comparten o no los valores estadounidenses. Según expresaron entonces miembros de su equipo, entre estos se incluirían los derechos de las personas homosexuales. Nada más se supo de esta propuesta.

Los partidarios LGTB de Trump

Como también hemos venido comentando en entradas anteriores, Donald Trump cuenta pese a todo con seguidores LGTB, como el multimillonario Peter Thiel y muchos de los denominados homocon, una corriente de gais conservadores que comparten el argumentario que sitúa al islam (y no a la derecha religiosa estadounidense) como su principal enemigo. No es casualidad que, coincidiendo con la convención republicana tuviera lugar un evento de apoyo a su candidatura por parte de un grupo (pequeño) de personas LGTB. Los dos principales oradores fueron Milo Yiannopoulos, un columnista conservador abiertamente gay, protagonista de varias polémicas en redes sociales, y la activista antimusulmana Pamela Geller. La intervención de Yiannopoulos, del que son bien conocidas sus opiniones contra el feminismo y el islam, resumió a la perfección el núcleo actual del ideario homocon: el Partido Demócrata no ha hecho nada por los gais, sino que por el contrario ha abierto el país a los musulmanes, enemigos de los derechos LGTB.

Yiannopoulos, por cierto, se ha lanzado en días recientes a una espiral de odio tránsfobo, calificando a las personas trans de “enfermas mentales”, defendiendo las leyes que les impiden usar las instalaciones que corresponden a su identidad de género, convertidas en la punta de lanza del movimiento LGTBfobo estadounidense.

Siendo justos, también hay que recordar que Log Cabin Republicans, el más importante y “serio” de los grupos LGTB afines al Partido Republicano estadounidense, anunció que no apoyaría a Donald Trump en las  presidenciales. Aunque hicieron una encendida defensa del candidato republicano, al que calificaron como “el más pro-LGTB de la historia del Partido Republicano”, aclararon que su decisión fue tomada en consideración al equipo fuertemente LGTBfobo que ha escogido para acompañarle en la carrera presidencial y las medidas que defienden.

Mike Pence, próximo vicepresidente

Sin duda alguna la figura de Mike Pence, el próximo vicepresidente, destaca en este sentido. Su momento de mayor protagonismo como gobernador de Indiana vino precisamente de la mano de su oposición a los derechos LGTB: en marzo de 2015 sancionaba orgulloso una ley, aprobada por la legislatura del estado (bajo control republicano) cuyo objetivo era impedir que entes locales o el propio estado pudiesen aprobar normativas antidiscriminatorias que afectasen a la “libertad religiosa”, eufemismo que suponía la legalización de la discriminación contra las personas LGTB. Un acto en el que Pence quiso rodearse de numerosos líderes religiosos, algunos de ellos virulentamente homófobos ver foto, a la izquierda).

La norma provocó una intensísima reacción social en su contra, que amenazó con afectar seriamente la economía del estado y que de hecho dejó muy tocada su imagen. Mike Pence se vio obligado a promover una norma adicional que clarificase los límites de la ley e impidiese la discriminación en la prestación de servicios a personas por motivos de orientación sexual. Una marcha atrás que dejó tocada la imagen de Pence y que seguramente fue una de las razones que le llevaron a aceptar la propuesta de Trump en lugar de optar a la reelección como gobernador.

El equilibrio del Supremo, amenazado

Otro de los puntos de interés en materia LGTB en los próximos años será lo que suceda con el equilibrio del Tribunal Supremo, cuyos miembros lo son de forma vitalicia. Por lo pronto, hay una vacante sin ocupar, tras el inesperado fallecimiento de Antonin Scalia, el que fuera uno de sus miembros más conservadores. Los republicanos, que controlan el Senado (y lo seguirán haciendo al menos durante dos años más) se ha negado por el momento a ratificar a Merrick Garland, el candidato propuesto por Barack Obama, de perfil centrista. Veremos qué sucede ahora: aunque los analistas apostaban a que la ratificación de Garland se produciría tras las elecciones, en este momento no es descartable que los republicanos prefieran que dicha vacante sea ocupada por un juez fuertemente conservador y contrario a los derechos LGTB.

No está de más recordar, en este sentido, la importancia de Tribunal Supremo como garante del orden constitucional estadounidense por encima de la acción del presidente y del Congreso. Gracias al Supremo, por ejemplo, las leyes de segregación racial quedaron invalidadas en los estados del Sur, y gracias al Supremo hay hoy matrimonio igualitario en todo el territorio de los Estados Unidos. Ese mismo tribunal deberá decidir en los próximos meses, por ejemplo, si es legal o no la discriminación de un adolescente trans al que no le permiten usar el baño de chicos en su instituto.

¿La caída de Pat McCrory, único consuelo?

Con esto terminamos el que es nuestro primer análisis del resultado de las elecciones en Estados Unidos en clave LGTB. Tiempo habrá de hilar más fino (este martes, por ejemplo, también se renovaban numerosas legislaturas estatales y se decidían varios gobernadores).

Sí que parece, a falta de la confirmación oficial, que el colectivo LGTB habría conseguido una victoria simbólica: la derrota del gobernador de Carolina del Norte, el republicano Pat McCrory, a manos de su rival demócrata, Roy Cooper. Pese al estrecho margen (menos de 5.000 votos) la derrota de McCory es especialmente significativa, dado que los republicanos han ganado allí con comodidad tanto las elecciones presidenciales como las elecciones a la legislatura del estado. Y es que la elección de gobernador se había convertido en una especie de “plebiscito oficioso” sobre la ley LGTBfoba aprobada en Carolina del Norte, de la que McCrory se había convertido en principal defensor. Un consuelo sin duda magro: los republicanos conservan el poder legislativo en ese estado y es difícil que acepten la derogación de la ley. Sí que puede servir, en cualquier caso, para lanzar un mensaje a otros líderes republicanos que estén pensando en embarcarse en aventuras similares.

Fuente Dosmanzanas

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Dos adolescentes han sido detenidas en Marrakech tras ser sorprendidas por un familiar abrazándose y besándose. Tras comunicar a la madre de una de las chicas lo que había contemplado, esta denunció el hecho a la Policía. Ambas fueron detenidas bajo la acusación de haber cometido actos contra la naturaleza con una persona del mismo sexo, y están a la espera de juicio enfrentándose a una pena de entre seis meses y dos años de cárcel. Desde las asociaciones de derechos humanos se denuncia tanto la detención, como el hecho de que una de las adolescentes haya sido ingresada en una prisión para adultos.

Sanaa y Hajar tienen 16 y 17 años respectivamente. Ambas se encontraban en la azotea de la casa de la primera, y estaban abrazadas y besándose cuando fueron sorprendidas por el primo de Sanaa, que las grabó con su teléfono móvil. Inmediatamente, enseñó las imágenes a su tía, quien se escandalizó por ver a su hija con otra chica, que además parecía ser una vagabunda. Lo puso en conocimiento de la Policía, que procedió a la detención de las dos muchachas el pasado 27 de octubre.

Sanaa fue conducida a un centro de detención para menores, pero Hajar ingresó en la prisión local para adultos. Desde las asociaciones de defensa de derechos humanos se denuncia que Hajar estuvo incomunicada, que su madre no tuvo información de su estado durante más de siete horas, que fue presionada para obtener una confesión y que se negó a tomar alimentos desde que fue detenida. Ambas fueron acusadas de haber vulnerado el artículo 489 del Código Penal de Marruecos, que castiga “los actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo” con penas de hasta tres años de prisión y una sanción económica. Hajar, además, se enfrenta a cargos por “vagancia”.

Tras permanecer detenidas desde el pasado jueves, 27 de octubre, el pasado viernes, 4 de noviembre, estaba previsto el juicio en Marrakech de Sanaa y Hajar pero  sus abogados habían solicitado la libertad condicional, que el Tribunal de Primera Instancia de Marrakech les concedía este 3 de noviembre siendo ambas puestas en libertad provisional con cargos, a la espera de juicio con la obligación de que comparezcan. Una de ellas denuncia haber sido maltratada estando bajo custodia policial.  Al día siguiente, el Tribunal de Primera Instancia de Marrakech ha fijado para el próximo 25 de noviembre la vista para el juicio contra las dos adolescentes.

Omar Arbib, presidente de la sección local de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), ha comunicado que han proporcionado un abogado para que se encargue de la defensa de Sanaa y Hajar. Según denuncia el activista Omar Arbib, dada la frecuencia con la que las autoridades consiguen confesiones forzadas, incluso en juicios de esta naturaleza, asegura que es poco probable que Sanaa y Hajar reciban un juicio justo, a pesar de que cuenten con un abogado defensor de su asociación.  Arbib denuncia las irregularidades cometidas y exige “su liberación y la derogación del artículo 489 que penaliza las relaciones sexuales entre dos personas del mismo sexo, por respeto a las libertades individuales y los tratados internacionales. El hecho de que se las grabase es también una violación de esas libertades. Por otra parte, no fueron detenidas en delito flagrante y el incidente no ocurrió en un lugar público”.

La ley en Marruecos continúa penalizando la homosexualidad, a pesar de su constitución de 2011 consagra el derecho de todas las personas a la «protección de su vida privada». Una garantía que, según los defensores de los derechos humanos, debería contemplar la despenalización de los actos homosexuales privados, penados y castigados con hasta tres años de cárcel por el Código Penal en su artículo 489, que persigue lo que denominan «actos contra natura con individuos del mismo sexo».

Recrudecimiento de la persecución a las personas LGTB

Si bien en numerosas ocasiones se han procesado a hombres homosexuales, el caso de Sanaa y Hajar sería el primero relacionado con una pareja de lesbianas, con el agravante de que ambas son menores de edad. No podemos olvidar el cómo el pasado 25 de marzo, un vídeo grabado con un teléfono móvil comenzó a circular como la pólvora por la red: en él se veía cómo un grupo de personas asaltan un domicilio particular, sacan a dos hombres de la cama, los golpean e insultan y finalmente los sacan a la calle desnudos y ensangrentados. Este episodio puso a Marruecos en el foco de organizaciones internacionales, desde Human Rights Watch (HRW) a la feminista Femen, que envió a Beni Melal a dos activistas que trataron de desnudarse ante la puerta del tribunal, aunque la policía intervino con presteza e impidió su acción.

HRW, que envió a un observador al proceso y ha publicado varios comunicados sobre el caso, se escandalizó por el hecho de que la Justicia marroquí procesara a las víctimas de una agresión antes que a los agresores. “Agredidos, ensangrentados, sacados desnudos a las calles y luego mandados a la cárcel por su vida privada (…) Este veredicto va a desanimar a las víctimas a la hora de buscar justicia y aumentará la probabilidad de delitos de homofobia” en el país, dijo la organización. Queda, no obstante, la preocupación expresada en numerosos medios por el carácter de la agresión: el allanamiento de un domicilio, la agresión colectiva y la vejación pública en plena calle contra dos seres indefensos. “El proceso de Beni Melal -decía Karim Bujari- interpela a todo el mundo porque también es el de la libertad individual opuesta a la resistencia violenta de la comunidad”.

Y aún tenemos grabadas en la retina otras terribles imágenes, las de un intento de linchamiento de una mujer transgénero en Fez, ocurrido en junio pasado. Ocurrió lo mismo: solo gracias a que el vídeo se viralizó y desencadenó un escándalo que trascendió las fronteras de Marruecos, acabaron con una dos de los agresores fueron condenados a cuatro meses de prisión, y ello pese a que el propio ministro de Justicia; Mustafá Ramid, llegó a insinuar entonces que las personas LGTB son culpables de las agresiones que reciben.

Agresiones que ocurren en un contexto en el que, como hemos venido informando de un tiempo a esta parte, parece darse un recrudecimiento de la persecución contra las personas LGTB por las autoridades de Marruecos, desmintiendo el tópico preexistente de que las leyes represoras no se aplican en la práctica. El artículo 489 del Código Penal marroquí, recordemos, castiga los “actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo” con penas de hasta 3 años de prisión, además de una sanción económica. Y el artículo 483 establece penas de hasta dos años de prisión por “obscenidad pública”. Y lo cierto es que cada llegan más noticias de detenciones y condenas por violar la ley. Hace pocas semanas nos hacíamos eco de la condena a 18 meses de prisión a dos jóvenes por cometer “actos con un individuo del mismo sexo” por un tribunal de Tiznit, al sur de Marruecos. Y poco antes, en enero, dábamos cuenta de la detención de dos jóvenes marroquíes por haber difundido un vídeo en el que se besaban en un lugar público.

La situación actual en Marruecos contrasta marcadamente con su posición histórica como refugio para hombres homosexuales, cuando eran perseguidos en Europa, el año pasado era España la que concedía asilo a 77 personas homosexuales. Actualmente, el problema no sólo afecta a la ley, sino a los valores sociales imperantes tan fuertemente conservadores y reaccionarios, que rechazan las relaciones homosexuales y no tienen piedad para denunciar aunque se trate de personas menores de edad y de su propia familia, como es este caso. El Gobierno marroquí, encabezado por el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), exclulía de la actual reforma del Código Penal los artículos más polémicos que tienen que ver con las libertades individuales y sexuales, como los que castigan la homosexualidad, el adulterio y las relaciones extramaritales.

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Un despropósito que Francisco no ha eliminado aún…

Se acaban de cumplir treinta años de la “Carta a los obispos sobre la atención pastoral a las personas homosexuales”, sin duda el documento más importante emitido en materia expresamente LGTB por la Iglesia católica. Un texto que frenó en seco numerosas iniciativas entonces en marcha y que aún hoy parecen audaces. Hacemos memoria de esta carta, de sus circunstancias y su repercusión.

El 31 de octubre de 1986 el Vaticano publicaba la Carta a los obispos de la Iglesia católica sobre la atención pastoral a las personas homosexuales. Juan Pablo II era papa, y Joseph Ratzinger, luego papa Benedicto XVI, era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Un documento que es conocido también como Homosexualitatis problema, sus dos primeras palabras en latín. En Estados Unidos algunos la llamaron también “la Carta de Halloween”, por la fecha en que fue publicada.

El documento pretendía salir al paso del debate en torno a la integración de gais y lesbianas en la Iglesia católica suscitado por la mínima apertura que había significado un documento anterior, la Declaración acerca de ciertas cuestiones de ética sexual, de 1975, bajo el pontificado de Pablo VI. Un texto que había reconocido por primera vez que la inclinación homosexual en sí misma no era pecado. Esta mínima concesión fue suficiente para que en ciertos lugares se iniciara un acercamiento a la comunidad LGTB (al principio centrada casi exclusivamente en gais y lesbianas), lo que causó inquietud en el Vaticano y motivó la publicación de este segundo documento.

Como era de esperar, la Carta a los obispos de la Iglesia católica sobre la atención pastoral a las personas homosexuales supuso un cerrojazo a todas las esperanzas de cambio. Pero no solo eso: en ese documento se incluyeron además observaciones sobre las motivaciones de los activistas LGTB católicos y seculares notablemente duras, se marcó con el sello de la desconfianza el apoyo a leyes antidiscriminatorias y se hicieron unas anotaciones “sociológicas” que motivaron que incluso algunos miembros de la jerarquía se vieran posteriormente obligados a relativizarlas en su valor. Fue un cierre de filas doctrinal y una negativa a todo diálogo. En cualquier caso, aunque sea para mal, la Carta sigue siendo el documento doctrinal más importante sobre homosexualidad, y sus consecuencias siguen sintiéndose hoy. Por ello, merece la pena recordarla en algunas de sus tesis, así como el contexto en que se produjo.

El trasfondo: una década de debates e iniciativas audaces (1975-1985)

Entre los últimos años 70 y primeros 80 se habían adelantado propuestas teóricas e iniciativas muy interesantes sobre la inclusión de gais y lesbianas en la iglesia católica, sobre todo en los Estados Unidos. Desde el punto de vista teórico, destacan especialmente dos textos: el libro La sexualidad humana, de la Asociación Católica de América, y La iglesia ante la homosexualidad, del entonces jesuita padre John J. McNeill (a quien en su momento dedicamos un obituario en esta página). En ambos casos se defendía la posibilidad de relaciones físicas homosexuales moralmente buenas desde un punto de vista cristiano.

En cuanto a las iniciativas, algunas resultarían innovadoras y atrevidas incluso hoy (1). En 1981, la archidiócesis de Baltimore estableció uno de los primeros ministerios diocesanos para gais y lesbianas católicos. En 1983, la archidiócesis de San Francisco emitió el primer plan global de pastoral para personas homosexuales. También en 1983, la Conferencia Católica del Estado de Washington, formada por los obispos de tres diócesis del estado, publicó un documento titulado El prejuicio contra los homosexuales y el ministerio de la Iglesia, donde se llegaba a decir que la enseñanza sobre la homosexualidad requería “repensarse y desarrollarse”, y se urgía a la Iglesia a llevar a cabo una “investigación teológica sostenida respecto de su propia tradición teológica sobre la homosexualidad, de la cual nada es enseñanza infalible”. Por último, en 1985, los encargados del acercamiento pastoral a gais y lesbianas de la archidiócesis de Baltimore publicaron Homosexualidad: una perspectiva católica positiva. Aunque no cuestionaba el magisterio oficial, su enfoque positivo despertó recelos en algunos sectores de la iglesia.

Por otra parte, las asociaciones LGTB cristianas proliferaban, en Estados Unidos y fuera. Dignity era la organización más veterana, pero también estaba la Conferencia de Católicas Lesbianas. Había organizaciones dedicadas a religiosos y sacerdotes LGTB, como Communications Ministry, Christian Community Association, Rest, Renewal o Re-Creation. Por último otras organizaciones se dedicaban a la comunicación entre la comunidad LGTB y la iglesia, como New Ways Ministry (aún existente), SIGMA (Sisters in Gay Ministry Associated) y la Consultation on Homosexuality, Social Justice and Roman Catholic Theology.

Condena de toda relación sexual y descalificación de cualquier cambio doctrinal

Todas estas iniciativas preocuparon sin duda al Vaticano, que quiso emitir un comunicado a los obispos para “aclarar” en qué podía consistir y en qué no la pastoral con homosexuales. El resultado fue la Carta que comentamos. En primer lugar, prohibía toda pastoral que implicara aprobación de las relaciones homosexuales. Con ser esto ya un freno a las iniciativas que se estaban dando, la Carta fue más lejos, realizando afirmaciones recibidas por muchos como hirientes.

En primer lugar, estaba la calificación de la misma orientación sexual. Aunque mantenía que en sí misma la homosexualidad no era pecado, sí que le otorgaba un valor negativo en sí mismo:

“En la discusión que siguió a la publicación de la Declaración [acerca de ciertas cuestiones de ética sexual, de 1975], se propusieron unas interpretaciones excesivamente benévolas de la condición homosexual misma, hasta el punto que alguno se atrevió incluso a definirla indiferente o, sin más, buena. Es necesario precisar, por el contrario, que la particular inclinación de la persona homosexual, aunque en sí no sea pecado, constituye sin embargo una tendencia, más o menos fuerte, hacia un comportamiento intrínsecamente malo desde el punto de vista moral. Por este motivo la inclinación misma debe ser considerada como objetivamente desordenada”.

Por ello, la atención pastoral debía realizarse “para que no lleguen a creer que la realización concreta de tal tendencia en las relaciones homosexuales es una opción moralmente aceptable”.

Pero el texto iba aún más allá, haciendo una serie de observaciones sobre los colectivos LGTB y sobre los activistas católicos a favor de las personas LGTB en la iglesia que muchos recibieron como hirientes. Así, las personas que trabajaban para un cambio en la iglesia eran descritas con tonos exclusivamente negativos:

“Dentro de la Iglesia se ha formado también una tendencia, constituida por grupos de presión con diversos nombres y diversa amplitud, que intenta acreditarse como representante de todas las personas homosexuales que son católicas. Pero el hecho es que sus seguidores, generalmente, son personas que, o ignoran la enseñanza de la Iglesia, o buscan subvertirla de alguna manera”.

Por ello, el que estuvieran bajo el paraguas de la institución significaba: “mantener bajo el amparo del catolicismo a personas homosexuales que no tienen intención alguna de abandonar su comportamiento homosexual”. Igualmente, la Carta identificaba toda protesta con una “táctica”:

“Una de las tácticas utilizadas es la de afirmar, en tono de protesta, que cualquier crítica, o reserva en relación con las personas homosexuales, con su actividad y con su estilo de vida, constituye simplemente una forma de injusta discriminación”.

Contra el apoyo a políticas antidiscriminatorias y referencias muy cuestionables al sida y la violencia homófoba

No era lo único, Sin embargo. También se rechazaba que se buscara apoyo en los católicos a leyes antidiscriminatorias a favor de las personas LGTB, en asuntos laborales o para el alquiler de casas (recuérdese la urgencia de estos temas en los peores años de la la crisis del sida). En este sentido, la Carta consideraba que cuando se buscaba el apoyo a estas leyes, en realidad se estaba buscando la aceptación de la conducta homosexual:

“En algunas naciones se realiza, por consiguiente, un verdadero y propio tentativo de manipular a la Iglesia conquistando el apoyo de sus pastores, frecuentemente de buena fe, en el esfuerzo de cambiar las normas de la legislación civil. El fin de tal acción consiste en conformar esta legislación con la concepción propia de estos grupos de presión, para quienes la homosexualidad es, si no totalmente buena, al menos una realidad perfectamente inocua”.

Más aún, para apoyar este rechazo a apoyar leyes discriminatorias porque significaba apoyar la homosexualidad, la Carta realizó una de sus afirmaciones peor recibidas. En ella, se insinuaba la relación entre homosexualidad y sida, con un texto que roza la culpabilización de los activistas LGTB por la difusión de la enfermedad:

“Aunque la práctica de la homosexualidad amenace seriamente la vida y el bienestar de un gran número de personas, los partidarios de esta tendencia no desisten de sus acciones y se niegan a tomar en consideración las proporciones del riesgo allí implicado”.

La Carta contenía otro pasaje muy discutible sobre la violencia contra las personas LGTB, que por un lado rechazaba:

“Es de deplorar con firmeza que las personas homosexuales hayan sido y sean todavía objeto de expresiones malévolas y de acciones violentas. Tales comportamientos merecen la condena de los pastores de la Iglesia, dondequiera que se verifiquen (…) La dignidad propia de toda persona siempre debe ser respetada en las palabras, en las acciones y en las legislaciones”.

Para a continuación decir lo siguiente:

“Sin embargo, la justa reacción a las injusticias cometidas contra las personas homosexuales de ningún modo puede llevar a la afirmación de que la condición homosexual no sea desordenada. Cuando tal afirmación es acogida y, por consiguiente, la actividad homosexual es aceptada como buena, o también cuando se introduce una legislación civil para proteger un comportamiento al cual ninguno puede reivindicar derecho alguno, ni la Iglesia, ni la sociedad en su conjunto deberían luego sorprenderse si también ganan terreno otras opiniones y prácticas torcidas y si aumentan los comportamientos irracionales y violentos”.

Se entiende fácilmente que esta declaración causara estupor muchos activistas LGTB, personas de la sociedad civil y hasta no pocos católicos, incluidos clérigos. No en vano, el que entonces era arzobispo de San Francisco, John R. Quinn, en su comentario a la Carta, se vio en la necesidad de exhortar a distinguir entre sus afirmaciones “doctrinales” y sus “observaciones sociológicas”.

Un documento que ha marcado las tres décadas posteriores

A pesar de estar dirigida en principio a los obispos, la Carta causó un fuerte impacto entre los católicos, al menos de Norteamérica y Europa occidental. En primer lugar, fue un golpe muy duro para los activistas LGTB católicos y sus aliados, acusados genéricamente de tener intereses espurios. Lo fue también para quienes manejaban una visión más abierta de la Iglesia católica, al ver cómo se cerraban filas en todos los aspectos doctrinales (el texto debe enmarcarse en un contexto de reafirmación de la doctrina en moral sexual y personal en todos los niveles: anticoncepción, técnicas de reproducción asistida, etc.). En un nivel más práctico, supuso que las asociaciones LGTB católicas que no aceptaron la doctrina que marcaba fueron expulsadas en casi todas las diócesis de los espacios propiedad de la Iglesia.

Es cierto que este cerrojazo no supuso el final del activismo LGTB católico y cristiano. En medio de muchas dificultades, agravadas por la crisis del sida (recuérdese que la Carta fue publicada en octubre de 1986), Dignity y otros colectivos mantuvieron su actividad. En este contexto, merece la pena recordar que la Carta permitió que el movimiento LGTB católico recuperara para el activismo a John J. McNeill, quien decidió romper su silencio impuesto para protestar contra este documento.

Igualmente, otros grupos fueron surgiendo en Estados Unidos y otros países. El movimiento LGTB católico y “revisionista” siguió vivo a pesar de la Carta. En un primer momento logró el mérito nada desdeñable de sobrevivir. Posteriormente ganó en peso y organización. Y lo ha hecho hasta el punto de que 30 años después, cuando parece haber signos de un mínimo deshielo, algunos en la Iglesia católica vuelven a pensar que va siendo hora de darles espacio.

El hecho de que la Carta siga en vigor como doctrina oficial de la iglesia (conviene recordarlo) impide todo optimismo fácil. Pero también es cierto que tres décadas de vigencia no han logrado acallar esas voces a favor de las personas LGTB, que tan duros calificativos recibieron entonces.

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(1) Las informaciones sobre el contexto previo, así como las declaraciones del arzobispo de San Francisco, están tomadas de un libro de Jeaninne Gramick y Pat Furey, The Vatican and Homosexuality. Reactions to the Letter to the Bishops of the Catholic Church on the Pastoral Care of Homosexual Persons, Nueva York, Crossroad, 1988.

Fuente Dosmanzanas

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Charles Ntwaagae (izda) y Vitit Muntarbhorn (Dcha)

De los 193 países miembro de la ONU, 73 tienen legislaciones que condenan la homosexualidad como un crimen. De estos países 33 son africanos, entre ellos Uganda, Nigeria, Sudán y Mauritania.

La labor del primer experto de las Naciones Unidas independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género está en peligro. Una coalición formada por 54 países africanos demandan la destitución del experto en discriminación al colectivo LGTB y la desaparición de tal cargo vinculado a la ONU que, según ellos, no debe «ocuparse de los temas de orientación e identidad sexual». El grupo de Estados africanos, formado por 54 miembros, ha emitido un comunicado pidiendo que se revise la decisión de crear este nuevo alto cargo, que está llamado a jugar un importante papel en la evaluación de los derechos LGTB en el mundo.

Hace un mes que recogíamos el nombramiento del tailandés Vitit Muntarbhorn por un periodo de tres años para ser el titular inicial del puesto de experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género. El 30 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas había aprobado por 23 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones la creación de esta figura, propuesta por varios países de América Latina. El proceso no fue precisamente fácil y tuvo que enfrentarse, además de a numerosas enmiendas, a una propuesta de retirada promovida por Arabia Saudí, que finalmente no prosperó.

Pero los representantes de los Gobiernos contrarios a los derechos de las personas LGTB no se han dado por vencidos. El viernes pasado, el embajador ante la ONU de Botsuana presentó en nombre de los 57 países del grupo africano una resolución para pedir “la suspensión de las actividades del experto independiente”. Y ello hasta que se dirima la legalidad de la creación de un cargo para defender la protección contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, unas “nociones” sobre cuya mera existencia “no hay un acuerdo internacional”, según los firmantes.

Con este argumento de que su misión no tiene relación con los derechos humanos, varios países africanos solicitaron el viernes, 4 de noviembre, la suspensión de Vitit Muntarbhorn, como experto designado por un período de tres años por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con el objetivo evaluar las implementaciones del derecho internacional en materia de derechos humanos para que llevara a cabo investigaciones sobre las discriminaciones y la violencia contra las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales o transgénero y aumentar la concienciación sobre la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Anteriormente había sido designado enviado especial de la ONU en Corea del Norte, además de haber trabajado en la investigación de la Comisión Internacional Independiente sobre Siria.

Charles Ntwaagae, embajador de Botswana, se expresó en nombre de 54 países africanos miembros de la ONU, afirmando ante una comisión de la Asamblea General que el Consejo «no debe ocuparse de los temas de orientación e identidad sexual (…). Estas dos nociones no son y no deberían estar vinculadas a los instrumentos internacionales existentes para la protección de los derechos humanos», explicó al pedir la suspensión del mandato de Muntarbhorn. Este grupo ha presentado una resolución, cuya votación estaba prevista para el martes, 8 de noviembre. El texto pide la realización de consultas sobre la legalidad del mandato del experto LGBT y a la espera de ello exige la suspensión de su nominación.

El derecho al desarrollo y la lucha contra el racismo son, para los representantes de los países africanos, objetivos más importantes que se verían supuestamente relegados por el incremento de la vigilancia frente a los abusos contra la población LGTB. Una postura habitual para algunos de los Estados más contrarios al reconocimiento de esta realidad, que suelen luchar denodadamente contra la inclusión de las minorías afectivo-sexuales en los acuerdos para promover los derechos humanos de todos los individuos.

La propuesta de los países africanos se podría votar este martes en el tercer comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas, encargado de los asuntos sociales, culturales y humanitarios. Si sale adelante, el pleno de la Asamblea deberá adoptar una decisión definitiva antes de fin de año. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra.

Alrededor de un 40 % de los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, 73 países en concreto, tienen leyes que condenan la homosexualidad, 33 de los cuales pertenecen al continente africano. La resolución del Consejo de Derechos Humanos por la que designaba el nombramiento de un experto LGTB fue aprobada por 23 votos contra 18, en la que hubo 6 abstenciones, lo que refleja las profundas divisiones internas en materia de derechos de homosexuales, bisexuales y transexuales.

Las funciones del nuevo cargo

Muntarbhorn es un profesor de Derecho Internacional con una dilatada trayectoria al servicio de Naciones Unidas. Fue además uno de los juristas que participaron en la elaboración de los muy importantes “Principios de Yogyakarta” sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, aprobados en noviembre de 2006 (y que puedes descargar en su integridad aquí).

El experto cuenta con el siguiente mandato, según la resolución aprobada el pasado junio (reproducimos literalmente):

• Evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes de derechos humanos relacionados con los medios de superar la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, e identificar las mejores prácticas y las deficiencias;
• Concienciar a la población acerca de la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, y determinar y abordar las causas fundamentales de la violencia y la discriminación;
• Entablar un diálogo con los Estados y otros interesados pertinentes, incluidos los organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas, los mecanismos regionales de derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, y celebrar consultas con ellos;
• Trabajar, en cooperación con los Estados, para promover la aplicación de medidas que contribuyan a la protección de todas las personas contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;
• Hacer frente a las formas múltiples, interrelacionadas y agravadas de violencia y discriminación con que se enfrentan las personas por causa de su orientación sexual o identidad de género;
• Organizar, facilitar y apoyar la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional en apoyo de las iniciativas nacionales de lucha contra la violencia y la discriminación de las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Muntarbhorn deberá presentar un informe anual tanto al Consejo de Derechos Humanos como a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Asociación Internacional de Lesbianas y Gays exige a los países de la ONU que rechacen la moción del Grupo Africano para eliminar la recién creada figura del experto en cuestiones LGTBI.

Los grupos LGTB aplaudieron en su momento la designación de Muntarbhorn como experto en temas LGTBI de la ONU. La creación de ese puesto fue sugerida directamente por la ILGA (la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays) que se mostró muy satisfecha con la elección de este profesor de derecho internacional para “abordar las formas múltiples e interrelacionadas de violencia y discriminación que sufren las personas con respecto a su orientación sexual e identidad de género“. Su nombramiento se produjo el pasado 1 de noviembre para un periodo de 3 años que podían ser renovados.

La moción se votará esta mañana, en Nueva York. Y algunos temen que debido a las elecciones americanas (que son también mañana) esta problemática no sólo no reciba la atención necesaria sino que se cree el clima perfecto para que ganen los países que quieren cargarse (figuradamente) a Muntarbhorn -que, literalmente, no lleva en el cargo ni una semana- y con ello la lucha contra la LGTBIfobia desde la propia ONU.

Es por eso que desde la ILGA, la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays que se fundió en 1978 y engloba a 1.200 asociaciones de todo el mundo, se exige a los gobiernos que no apoyen la moción del Grupo Africano y mantengan la figura del Experto en cuestiones LGTBI para seguir avanzando en el respeto a los derechos del colectivo.

Jordi Petit, ex secretario general de la ILGA explica que espera y confía en que la votación ofrezca “un resultado positivo para este primer defensor de la comunidad LGTBI mundial, sin precedentes en la ONU.” Y recuerda al recién formado gobierno español que todos esperamos su “voto negativo a la moción de los países de la intolerancia.”

No olvidemos que, actualmente, hay 77 países en el mundo en el que ser gay es ilegal y que 33 de esos países están en África. Y no nos olvidemos de los países en los que la homosexualidad no es ilegal pero tampoco se persiguen los delitos de odio. A eso súmale la escalada en los delitos de odio que vemos por todo el mundo, la masacre de Orlando, los graves problemas de la comunidad en países de América Latina o el Caribe, las agresiones homófobas en España y en Europa y las terribles ejecuciones de homosexuales que perpetra el Estado Islámico y que son difundidas por las redes sociales.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha hecho de la promoción de los derechos de las personas LGBT una de sus prioridades. «La marea está girando» a favor de los derechos LGTB, declaraba Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, al recibir un premio de la Elton John AIDS Foundation contra el Sida. El diplomático surcoreano se convertía en el centro de críticas muchos miembros de la ONU, particularmente de Rusia, cuando decidía en 2015 extender beneficios sociales a las parejas del mismo sexo de los empleados de la ONU. «Quiero recordar a otros que las personas LGBT son sólo eso, personas (…) Ellos valen tanto como cualquier otra persona. Y han nacido con los mismos inalterables derechos que cualquier otra persona», declaraba en sus discurso de aceptación del premio.

Fuente Agencias, ILGA, vía Cáscara Amarga/Universogay/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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A pesar de haberse disculpado, como ya publicábamos hace unos días, el hotel escocés The Marcliffe ha perdido su categoría de cinco estrellas debido a los comentarios homófobos vertidos por su dueño, Stewart Spence, en un evento benéfico organizado por la industria hotelera, en el que afirmó no haber “contratado nunca a un maricón”. La agencia turística VisitScotland ha retirado a The Marcliffe de su página web y ha suspendido la calificación otorgada hasta entonces. Aunque el empresario ha expresado sus disculpas, VisitScotland le ha requerido pruebas fidedignas que acrediten que en sus instalaciones no se discrimina a los trabajadores o a los clientes por su orientación sexual.

Los hechos tuvieron lugar a principios del mes de octubre durante un evento benéfico organizado por Hospitality Industry Trust Scotland, la más relevante agrupación hotelera de la zona. Según testigos, Stewart Spence, dueño del hotel The Marcliffe en la localidad escocesa de Aberdeen, empezó a alardear de ser amigo del multimillonario candidato a la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump, y espetó a los asistentes: “Yo no soy maricón. Nunca he contratado a un maricón y nunca lo haré”. Los mismos testigos señalan que los presentes se quedaron “boquiabiertos, nadie podía creer que una persona tan bien conocida e influyente expresara abiertamente unas opiniones tan horribles e intolerantes”.

Lo ocurrido llegó a conocimiento de VisitScotland, la agencia turística que cuenta al hotel The Marcliffe entre sus afiliados y le proporciona difusión a través de sus medios, así como certifica su calidad. Un portavoz de la agencia comunicaba que “hemos avisado al hotel de que hemos suspendido su pertenencia a nuestra Garantía de Calidad y su inclusión en nuestra web, hasta que recibamos pruebas escritas de que no mantienen una política discriminatoria con su personal y clientes, y que han comprendido que deben cumplir enteramente con la legislación pertinente. Asimismo, les hemos informado de que están disponibles programas de formación y apoyo en organizaciones como Stonewall”. Esa suspensión supone la pérdida de la categoría de cinco estrellas que la agencia le había otorgado.

Desde Hospitality Industry Trust Scotland, por su parte, comunicaban que “estamos en profundo desacuerdo con las opiniones y observaciones homófobas expresadas la pasada noche por una persona en la cena de recaudación de fondos de la fundación Grampian, que fueron una sorpresa absoluta y tan impactantes como poco fidedignas de la realidad de la industria hotelera”.

La pronta reacción tanto de VisitScotland como de Hospitality Industry Trust Scotland han complacido a la asociación de defensa de los derechos LGTB Stonewall, aunque estiman que “las observaciones formuladas en el evento de la pasada noche demuestran claramente que hay una gran cantidad de trabajo por hacer antes de que las personas LGBT pueden sentirse seguras e incluidas en sus trabajos, y de que los clientes LGBT sean tratados de manera justa y respetuosa”. La asociación también ofrece su apoyo “a los empleadores del sector de la hostelería que quieran crear lugares de trabajo más inclusivos para las personas LGTB”.

Ante una reacción tan unánime de condena hacia sus palabras, y quizás con temor a la repercusión que pudiera tener para su negocio, Stewart Spence ha hecho las siguientes declaraciones: “Hice algunos comentarios muy imprudentes en la cena de la pasada noche y hoy me siento absolutamente mortificado. Me gustaría pedir mis más sinceras disculpas por la ofensa causada. No sé en lo que estaba pensando. Esperaba despertar algunas risas en torno al tema de los setenta y, aunque las palabras que utilicé pudieron haber sido, lamentablemente, un lugar común en esa generación, siguen siendo totalmente inaceptables. The Marcliffe es un lugar inclusivo tanto para su personal como para sus clientes. Damos la bienvenida a todos, independientemente de su orientación sexual. Me arrepiento de todo esto  y lo siento de verdad”.

Fuente Dosmanzanas

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Queda solo una semana para que se celebren las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y los dos principales candidatos aparecen virtualmente empatados en las encuestas, aunque con una ligera ventaja de Hillary Clinton si lo que se tiene en cuenta es el colegio electoral (en Estados Unidos, es el número de votos electorales que un candidato consigue reunir, en función de en qué estados logra la victoria, lo que determina el resultado final). Cada voto cuenta, también el LGTB. Por eso los dos principales candidatos han intentado atraerlo en los últimos días. De una manera bien distinta, que refleja hasta qué punto la cuestión interesa a uno y a otro.

La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, promete avanzar hacia una sociedad más igualitaria en un mitin celebrado con la comunidad LGTB en Florida, un estado clave en la campaña en el que las encuestas le auguran un empate técnico contra Donald Trump.

Hillary Clinton, la candidata demócrata, dio un mitin en un local de ambiente LGTB (The Manor, en la localidad de Wilton Manors, Florida) en el que hizo un llamamiento a no dar ni un paso atrás sobre los avances que se han conseguido estos últimos años. Clinton, en este sentido, lo tenía fácil: le bastaba con enumerar las promesas que los republicanos han hecho sobre esta materia. Recordó, por ejemplo, que Donald Trump ha sugerido la posibilidad de revertir la histórica decisión del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario proponiendo en el futuro a nuevos jueces del Supremo dispuestos a valorar de nuevo la cuestión.

De campaña por uno de los estados claves de cara a las elecciones presidenciales, Hillary Clinton une lazos con la comunidad latina a través de un concierto de Jennifer Lopez y Marc Anthony en Miami, en el que pedía que votaran el 8 de noviembre en las «elecciones más importantes de la historia», y con la comunidad LGTB en un mitin celebrado en Wilton Mannors, la segunda ciudad estadounidense con mayor cantidad de residentes identificados como LGBT, donde recordaba la tragedia de Pulse.

La candidata demócrata no desaprovechó tampoco el momento para recordar otra promesa republicana, quizá menos llamativa pero quizá más grave, en tanto podría ocurrir desde el minuto cero de la presidencia de Trump: la de anular las órdenes ejecutivas federales que impiden discriminar a las personas LGTB. Obama, recordemos, ha firmado dos importantes órdenes antidiscriminatorias que obligan tanto a las empresas que tengan o que aspiren a firmar contratos con la administración federal (firmada en 2014) como a las escuelas que reciben fondos federales (emitida hace pocos meses, como reacción a la ley LGTBfoba de Carolina del Norte, y que se encuentra en estos momentos sometida a escrutinio judicial). El candidato republicano a vicepresidente, Mike Pence, era el encargado, hace pocas semanas, de anunciar en una entrevista esta medida.

Hillary Clinton, sin embargo, no se quedó solo ahí, y denunció de forma expresa que son todavía muchos los estados que siguen amparando la discriminación de las personas LGTB en materia de trabajo o vivienda. La candidata demócrata, de hecho, puso el ejemplo de Eleazar Andres, un trabajador gay que fue despedido de una de las empresas de Donald Trump tras denunciar el brutal acoso homófobo al que fue sometido por sus compañeros (hasta llegó a ser hospitalizado tras una agresión). En este sentido, la candidata demócrata prometió su apoyo activo a una legislación federal que prohíba este tipo de episodios. Algo que en cualquier caso parece difícil, incluso con Clinton en la presidencia si los republicanos retienen, como así parece que sucederá, el control de la Cámara de Representantes (que también se renueva el próximo martes, junto a un tercio del Senado).

No está de más recordar, hablando de discriminación a personas LGTB, que el propio Trump anunciaba en septiembre que no tendría inconveniente en rubricar la FADA (First Amendment Defense Act), una propuesta legislativa que los republicanos incluyen en su plataforma electoral y que en caso de prosperar prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones antidiscriminatorias de los estados, a todas aquellas personas y negocios que que se nieguen a prestar servicios a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos.

En su mitin de Florida Clinton también prometió, por cierto, luchar por un mayor control sobre la posesión de armas para intentar evitar masacres como la Orlando, que hace unos meses conmocionó precisamente a la comunidad LGTB de Florida.

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Clinton contra Trump

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En una elección turbulenta, rodeada de polémicas, Marcelo Crivella ganó la alcaldía de Río de Janeiro, Brasil.

La homosexualidad es una “conducta maligna”, un “mal terrible” y una “condición lamentable”. Es lo que escribía en su libro Evangelizando a África el alcalde electo de Río de Janeiro, Marcelo Crivella. Obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, Crivella simboliza la pujanza de los grupos evangélicos en Brasil, portavoces en su mayoría de la LGTBfobia más indisimulada.

El pasado domingo tuvo lugar la segunda vuelta de las elecciones municipales en Río de Janeiro, la segunda mayor ciudad de Brasil. El candidato del conservador Partido Republicano Brasileño (PRB)una organización con once años de trayectoria política. Con el 59% de los votos, Marcello Crivella, se impuso a su rival socialista Marcelo Freixo, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), por cerca de veinte puntos porcentuales. La derecha conquista así otro importante bastión de poder tras desalojar a la presidenta Dilma Rousseff el pasado mes de agosto mediante un procedimiento de impeachment.

Al votar en Copacabana, el religioso prometió dedicarse «a cuidar sobre todo de la salud, educación, transporte y seguridad». Crivella fue obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, fundada en 1977 por su tío Edir Macedo. El pastor ha subrayado que, más allá de la vida religiosa, tuvo varios oficios antes de convertirse en senador: ingeniero civil, escritor, oficial de reserva del ejército, taxista, profesor universitario y funcionario. Crivella llegó al cargo de senador en 2002 sin haber participado nunca antes en una elección, en gran parte gracias al voto de los fieles.

Desde que comenzó a disputarse la alcaldía de Río en 2004, ha prometido constantemente que la Iglesia Universal no influiría en sus decisiones políticas. Sin embargo, sus declaraciones al respecto son vistas con escepticismo tanto por otros líderes religiosos como por analistas políticos.

Y es que el historial de Crivella es muy desalentador para la población LGTB carioca. El alcalde electo, que tomará posesión en enero, es obispo de la evangélica Iglesia de Universal del Reino de Dios. Tras pasar diez años en África como misionero, escribió el libro Evangelizando a África, en el que califica la homosexualidad de “conducta maligna”, “mal terrible” y “condición lamentable” , y que los gays son víctimas de un «terrible mal». Dijo, además, que la Iglesia católica «predica doctrinas demoníacas», mientras que el hinduismo y las religiones africanas albergan «espíritus impuros». Debido a las repercusiones negativas del texto, durante la campaña electoral tuvo que disculparse por las ofensas que publicara «hace décadas», «cuando era joven», después de vivir en un ambiente de guerra y superstición.

En las semanas previas a su elección, Crivella se declaró favorable a las uniones civiles pero no al matrimonio entre personas del mismo sexo, que es legal en Brasil desde 2013. Un cambio respecto a sus posiciones previas, en las que se había mostrado contrario a cualquier reconocimiento de las parejas del mismo sexo. Los antecedentes, sin embargo, no invitan al optimismo.

El pastor Ed René Kivitz, miembro de la Iglesia Bautista del Agua Blanca, dijo a BBC Brasil que la dualidad entre el Crivella religioso y el Crivella político no es más que una «estrategia de campaña». A pesar de que Crivella intentó desligarse de su papel como miembro de la Iglesia Universal, Kivitz opina que su carrera política se decide «en el horizonte interno de su experiencia religiosa».

Crivella fue ministro de la Pesca durante el gobierno de Dilma Rousseff y aliado del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (ambos del Partido de los Trabajadores) en varias campañas políticas. No obstante, durante el proceso de impeachment de Rousseff votó «sí» al juicio político de la presidenta.

La elección del pastor evangélico, en una ciudad conocida internacionalmente por sus exuberantes carnavales, ha sido interpretada como otro paso hacia la consolidación del conservadurismo en el país más grande de América Latina. Las preocupaciones apuntan a que su futura gestión agudizará la intolerancia religiosa y dañará la políticas a favor de la equidad de género y los derechos de la comunidad LGTB. Sin embargo, analistas consultados por BBC Brasil creen que algunas alegaciones en cuanto a Crivella son «exageradas». «Él tuvo que dejar claro que no va a eliminar el Desfile Gay o el carnaval, ni tolerar ningún tipo de persecución hacia las religiones de origen africano», argumenta Ricardo Ismael, doctor en Ciencias Políticas e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. «Es una exageración ese tipo de acusación. No sería estratégica para él», opina Ismael.

La pujanza evangélica, seria amenaza para las personas LGTB

Y es que, a pesar de los avances jurídicos, Brasil sigue registrando un elevado índice de LGTBfobia social, lo que cada año causa la muerte violenta de varios cientos de personas. No es precisamente ajeno a este clima de odio la pujanza del lobby evangélico en ese país, al que en diversas ocasiones hemos hecho referencia (conviene recordar que los evangélicos agrupan ya a un quinto de la población brasileña). Aunque Brasil es el país con más personas católicas del mundo, la comunidad evangélica agrupa al 20% de los brasileños. Entre 2000 y 2010, el número de evangélicos en ese país creció un 61%. La Iglesia Universal, principal denominación Pentecostal en Brasil, es la tercera con más fieles en ese país. . Hace un par de años, por ejemplo, cerca de 100.000 personas convocadas por diversos grupos evangélicos mostraban en Río de Janeiro su oposición al matrimonio igualitario, un derecho reconocido judicialmente en ese país. La convocatoria coincidió con la “Marcha por Jesús”, un evento que anualmente congrega a decenas de miles de fieles evangélicos.

La fuerza de los grupos evangélicos en Brasil también se hizo evidente el nombramiento del diputado homófobo Marco Feliciano como presidente de la Comisión de Derechos Humanos en 2013, cargo que ocupó durante varios meses. Desde ese puesto, Feliciano fue uno de los promotores de una iniciativa para reintroducir las “terapias” reparadoras de la homosexualidad (prohibidas por el Consejo Federal de Psicología de Brasil) que fue retirada solo cuando quedó claro que sería objeto de una contundente derrota en el pleno de la Cámara de Diputados si llegaba a votarse bajo la presión de las fuertes movilizaciones sociales que tenían lugar en Brasil en aquel momento, y en las que participó de forma muy activa el colectivo LGTB.

Pero Feliciano no está solo. Jean Wyllys, el primer diputado abiertamente gay del Parlamento brasileño, denunciaba hace unos meses, a raíz de la masacre homófoba de Orlando, los “delirios homofóbicos” de políticos y líderes religiosos a los que calificaba de “mentirosos” por trasladar “la idea de que gais, lesbianas y transexuales deseamos imponer una ‘ideología de género’ o la ‘cristianofobia’”, advirtiendo que esos discursos “pueden conducir a la barbarie”. Wyllys, que ha llegado a estar amenazado de muerte por su defensa de la igualdad y por su propia orientación homosexual, acusaba directamente a Marco Feliciano, al también diputado Pastor Eurico, al pastor Silas Malafaia, a la psicológa Marisa Lobo y a la pastora y cantante Ana Paula Valadão. También mencionaba a Jair Bolsonaro, que es católico pero defiende la agenda conservadora del Frente Parlamentario Evangélico en el Congreso.

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Organizaciones LGTB de Castilla y León han elaborado un borrador de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género que tienen previsto presentar a la Junta de Castilla y León para su tramitación. La propuesta está inspirada en la ley que en marzo de 2015 fue aprobada en la vecina Extremadura, con la mirada puesta en lo que allí sucedió: aprobación por unanimidad de todos los grupos políticos en una cámara en la que el también gobernaba el Partido Popular.

Hay que tener en cuenta que tanto la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, como el propio gobierno de la Junta, presidido por Juan Vicente Herrera, han expresado su voluntad de aprobar un ley de este tipo. Parece que el hecho de que en las últimas elecciones autonómicas el PP perdiese (al menos técnicamente) la mayoría absoluta de la que gozaba en anteriores legislaturas ha vuelto a este partido más sensible a las reivindicaciones del colectivo LGTB, que antes había preferido ignorar. Una señal de que estamos en un tiempo nuevo, en este sentido, es que todos los ayuntamientos de las capitales de provincia castellano-leonesas, así como decenas de otros municipios de la comunidad, se hayan sumado a la campaña “Municipios por la Igualdad LGTB+ en Castilla y León” promovida por la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FEyLGTB+) y otros colectivos de la región, y que reclamaba precisamente la aprobación de una ley de este tipo.

Las organizaciones que han participado en el proceso colaborativo de elaboración del texto son la propia FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo. El texto, como mencionamos antes, adopta como modelo la Ley de Igualdad Social de Extremadura, promovida en su momento por el gobierno de José Antonio Monago y que aborda también en su articulado la realidad de las personas transexuales. No obstante, incluye mejoras que han sido tomadas de leyes aprobadas más recientemente en Murcia o en la Comunidad de Madrid. Textos todos ellos que han salido adelante con la unanimidad de todos los grupos políticos en comunidades gobernadas en minoría por el PP. Recordemos que en las Cortes de Castilla y León el PP cuenta con 42 representantes (de un total de 84), frente a 25 del PSOE, 10 de Podemos, 5 de Ciudadanos, 1 del IU-Equo y 1 de Unión del Pueblo Leonés.

“Este borrador, este texto valiente, es un paso adelante más hacia conseguir la Ley de Igualdad Social LGTB+ que llevamos pidiendo en la calle varios años. Y ya estamos cerca de lograrlo”, ha señalado Ignacio Paredero, presidente de la FECyLGTB+. “Es hora de que Castilla y León avance de una vez hacia la igualdad del colectivo LGTB+. Precisamente aquí es donde más falta hace”, ha declarado por su parte Pepa Tascón, su vicepresidenta.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos anunció este viernes que revisará el caso de Gavin Grimm, el adolescente trans al que se le ha prohibido usar el baño de chicos de su instituto. La decisión del Tribunal Supremo, aunque desde un punto de vista jurídico no hará otra cosa que dirimir un conflicto de legitimidades, marcará posiblemente la evolución de los derechos LGTB en Estados Unidos en los próximos años. Las perspectivas, en este caso, son bastante más inciertas que cuando se dirimió la cuestión del matrimonio igualitario. 

Recordemos en primer lugar el caso que el Tribunal Supremo va a revisar. Tras salir del armario como chico, Gavin Grimm comenzó a usar los baños que corresponden a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero en cuanto la noticia llegó a oídos de los padres un grupo de ellos solicitó al Consejo Escolar del Condado que se le habilitase un baño separado de los que usan el resto de estudiantes.

El joven, forzado a usar un baño distinto al que le corresponde como chico y asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo. Ya en abril de 2014, de hecho, el Departamento de Educación de Estados Unidos había publicado un documento aclarando que las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB.

Cuando el juez federal Robert Doumar estudió el caso en primera instancia denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género sí podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada). Lo que hizo la Corte de Apelaciones fue devolver el caso al juez Doumar al considerar que este debía evaluar el caso de una forma más detallada a la luz de lo expuesto en el fallo (que puedes consultar íntegramente aquí). Doumar, finalmente, emitió una orden para que Gavin Grimm pudiese utilizar el baño que corresponde a su identidad masculina.

Una decisión que el Consejo Escolar del Condado de Gloucester apeló directamente al Tribunal Supremo, solicitando de este que con carácter urgente la orden quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrollase el proceso legal. Algo a lo que el Tribunal Supremo accedió por 5 votos contra 3, gracias al voto decisivo de Stephen Breyer, uno de los miembros del bloque “progresista”, que en este caso se unió a los cuatro jueces de perfil más conservador. recordemos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos está formado solo por 8 miembros, dado que tras el inesperado fallecimiento de Antonin Scalia el Partido Republicano, que controla el Senado, se ha negado a ratificar a Merrick Garland, el candidato propuesto por Barack Obama, al menos hasta que tengan lugar las elecciones presidenciales.

En caso de que Breyer se hubiera alineado con el resto de jueces progresistas habría habido un empate, con lo cual hubiera prevalecido, al menos temporalmente, la decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito.

El papel de la administración Obama

En paralelo a todo este proceso, el propio departamento federal de Educación emitía el pasado mayo una instrucción que estipulaba que en efecto prohibir a los estudiantes trans usar las instalaciones que corresponden a su identidad de género supone una violación del Título IX. Aquel documento, que puedes descargar en su integridad aquí, tenía un carácter informativo y aclaratorio, y enumeraba las diferentes casuísticas que a juicio de la administración federal quedan cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podría suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Según este documento queda cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero puedan acudir a las que corresponden a su identidad de género.

La acción de la administración Obama, conviene precisar, no venía desencadenada directamente por el caso de Gavin Grimm, sino que tenía lugar en el contexto de la aprobación por Carolina del Norte de su infame ley antiLGTB, gracias al control republicano de dicho estado. Un texto que prohíbe a los ayuntamientos y condados del estado establecer nuevas medidas contra la discriminación de las personas LGTB y deroga las previamente existentes (como la que ya había sido aprobada en la ciudad de Charlotte, que amparaba a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales ante cualquier tipo de discriminación de que fueran objeto en lugares donde se ofrecen servicios, como comercios, restaurantes, hoteles o taxis). Entre las medidas prohibidas, la de permitir a las personas transexuales que puedan utilizar los aseos correspondientes a su identidad de género en cualquier centro público. Una ley contra la que la propia fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, ha interpuesto una demanda.

Finalmente, para complicar aún más la cosa, el juez federal Reed O’Connor, de Forth Worth (Texas), emitía en agosto una medida cautelar que dejaba en suspenso la instrucción emitida por el departamento de Educación, como respuesta a la demanda presentada por representantes de 13 estados. O’Connor consideró que el Gobierno estadounidense se excedió en sus funciones al obligar a los estados a elegir entre desobedecer la normativa federal (exponiéndose a perder fondos públicos) o acatarla, lo cual, en su opinión, contradice estatutos y textos regulatorios a nivel de los estados.

El Supremo decidirá… elecciones mediante

Esa es, más o menos, la situación de fondo en este momento. Ahora el Supremo ha decidido aceptar la apelación del Consejo Escolar del Condado de Gloucester referida al caso de Gavin Grimm para su discusión. El Consejo Escolar argumenta que en este caso la justicia federal ha actuado de forma inadecuada al asumir sin más la interpretación que una agencia federal hace de una regulación que ni siquiera tiene rango de ley.

Se trata, según los analistas, del caso de mayor perfil político de los que el Tribunal Supremo ha decidido aceptar desde el fallecimiento de Scalia. De ahí que sea previsible que genere una gran polémica. Entre otras cosas, debido al actual contexto político estadounidense.

Por lo pronto, la discusión del caso, y las correspondientes audiencias a las partes, no tendrá lugar hasta el año 2017. Lo que significa que no sabemos qué habrá sucedido entonces con el puesto vacante del Supremo. En el caso, absoluto descartable, de que Donald Trump se haga con la presidencia en las elecciones del 8 de noviembre y los republicanos mantengan el control del Senado, es muy posible que dicha vacante sea ocupada por un juez fuertemente conservador y contrario a los derechos LGTB (es de hecho, una de las promesas electorales de Trump, que ha llegado a defender el nombramiento de jueces que deshagan la sentencia de 2015 sobre el matrimonio igualitario). Pero incluso en el caso de que no sea así, y dicha plaza la ocupe finalmente Merrick Garland, el candidato propuesto por Obama y que lleva meses pendiente de confirmación), la discusión se prevé ajustada.

La estrategia del “pánico transexual”, transfondo de la polémica

Pocos dudan de que nos encontramos ante un caso especialmente trascendente. Los grupos opuestos a los derechos LGTB en Estados Unidos han encontrado en el “pánico transexual en los baños” el argumento que estaban buscando para relanzar su lucha en territorios en los que no cuentan con una ventaja social clara. Una estrategia que ensayaron con gran éxito en Houston, posiblemente la ciudad más abiertamente pro-LGTB del estado de Texas, donde una vergonzante campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales consiguió tumbar en referéndum la normativa antidiscriminatoria que la ciudad había aprobado.

Meses después esta misma estrategia volvía a conseguir un éxito sonado en Carolina del Norte, donde la absurda polémica sobre los baños enmascaraba, como explicamos arriba, la aprobación de lo que es todo un paquete de medidas legales encaminadas a hacer posible la discriminación de las personas LGTB en muy diversos aspectos. Medidas que están encontrando, eso sí, una cada vez mayor contestación social y que pueden suponerle a Carolina del Norte la pérdida de importantes inversiones económicas (por ejemplo, la NBA ha decidido llevarse a otro estado la celebración del All-Star Game de 2017).

Si la decisión del Supremo es favorable al Consejo Escolar del Distrito de Gloucester y avala la discriminación tránsfoba de Gavin Grimm, esta estrategia habrá conseguido, de hecho, una victoria muy importante para el bando conservador. Si además esta se produjera en un contexto político hostil a los derechos LGTB (esperemos a los resultados del próximo 8 de noviembre…) las consecuencias podrían ser muy negativas.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Cal Strode ha hecho un estudio entre 280 gais de Reino Unido y de California para llegar a una conclusión: la homofobia existe entre los gais que parecen heteros. Lo que los anglosajones llaman straight-acting y lo que aquí llamaríamos un gay muy masculino o gay sin pluma. El estudio plantea un par de temas bastante interesantes acerca de la homofobia dentro de la comunidad gay y del compromiso en la lucha contra la LGBTfobia.

Interesante estudio que está despertando gran revuelo en medios LGTB y redes sociales. Según la investigación, que incluyó 280 entrevistas en Reino Unido y California, un porcentaje elevado de los gais que se identifican como “sin pluma” creen que los gais con pluma dan una “mala reputación” al colectivo homosexual masculino. Hallazgos que mueven a reflexionar sobre el grado de interiorización de la homofobia que aún persiste entre los propios gais.

El estudio, firmado por Cal Strode, fue galardonado en 2014 por EUPRERA (Asociación Europea de Investigación en Relaciones Públicas y Educación), aunque no ha sido hasta ahora cuando sus resultados han comenzado a conocerse. De hecho todavía no los hemos visto publicado en su integridad, por lo que por el momento solo haremos referencia a lo divulgado en aquellos medios que el propio autor enlaza desde su cuenta de Twitter, como Attitude o Gay Times.

Strode entrevistó a 280 hombres gais del Reino Unido y California y comparó las experiencias y opiniones de aquellos que se identificaban a sí mismos como “straight-acting” con el resto. Se trata de un término clásicamente utilizado por aquellos gais de habla inglesa que se definen como “de aspecto hetero”, “de pinta hetero”, “masculinos” o “sin pluma” (algunos de los términos equivalentes que utilizan los gais de habla española).

Los datos que obtuvo son realmente interesantes. En primer lugar, la mayoría (un 56%) de los que aseguraron no haber sido nunca víctimas de homofobia en la escuela se identificaron como “sin pluma”. Por el contrario, entre los que sí dijeron haber sido víctimas de homofobia, solo el 25% se identificaban de esa forma.

Otros datos interesantes sobre el grupo de gais que se identificaba como “sin pluma” fueron que:

• Estaban de acuerdo con la afirmación “Los gais femeninos dan a los gais una mala reputación” un 37% más que el resto de los entrevistados.
• Habían sufrido episodios de homofobia y discriminación debido a su orientación sexual un 33% menos que el resto de los entrevistados.
• Estaban de acuerdo con la afirmación “Me identifico más con la comunidad heterosexual que con la comunidad gay” un 35% más que el resto de los entrevistados.

¿Un fenómeno inherente a todo colectivo estigmatizado?

“Todos nos esforzamos por tener una visión positiva de nosotros mismos y queremos creer que el grupo al que pertenecemos es mejor que el resto. Y lo que sugiere la teoría de la identidad social es que cuando sentimos que este no es el caso, o bien tratamos de migrar a otro grupo que percibimos con un estatus más elevado, o bien intentamos cambiar los valores del grupo al que pertenecemos. Y esto es lo que parece que está sucediendo en la comunidad gay hoy en día. Los gais ‘con pluma’ se ven atrapados en el fuego cruzado de la batalla que los gais “sin pluma” libran con ellos mismos. Además, el modo en el que los hombres gais se venden hoy día a sí mismos es especialmente visible debido al éxito de aplicaciones como Grindr. Esto permite que afloren actitudes como la plumofobia y el racismo”, analiza Cal Strode, autor del estudio.

Strode no es partidario, sin embargo, de “demonizar” a los gais que se definen como “de aspecto hetero” o “sin pluma”, sino hacerles entender que actúan desde una posición de homofobia internalizada. Algo que no es sencillo. “No podemos esperar que todo el mundo tenga un entendimiento académico de lo que significa la opresión, el privilegio y los roles sociales. Tenemos que encontrar una forma constructiva de iniciar un diálogo con estas personas de forma que finalmente consigamos tenerlas junto a nosotros”, asegura.

Fernando López, experto en historia LGTB y director del Orgullo de San Diego, coincide con este análisis, y considera que este tipo de conducta no es exclusiva de la comunidad gay. “En realidad, ocurre con todos los grupos estigmatizados socialmente”, asegura, poniendo el ejemplo de lo que sucede en la comunidad latina de Estados Unidos, a la que él mismo pertenece, dentro de la cual no faltan los ejemplos de personas que intentan “migrar” su identidad para sentirse parte de un grupo al que perciben como de un estatus más elevado. A veces, simplemente modificando su nombre. “Conozco un montón de gente que dice llamarse John cuando su nombre es Juan, o Michael cuando su verdadero nombre es Miguel”, asegura.

Sin duda, un estudio que da pie a una seria reflexión sobre un fenómeno, el de la “plumofobia” dentro del propio colectivo gay, sobre el que muchos prefieren pasar de puntillas. Y que posiblemente no es otra cosa que la expresión de la homofobia que tantos y tantos gais han internalizado como propia, y que expresan como desprecio al “afeminamiento”, a “las locas”, a los gais a los que “se les nota” y como culto a la imagen tradicional de la masculinidad…

Como afirma en AmbienteG su redactor Peibols, son cifras, que asustan. ¿Acaso no tenemos bastante con la homofobia externa que también tenemos que sufrirla por parte de nuestros similares?

El debate de siempre, cuando se acerca el Orgullo, es el de quién nos representa y quién no y cómo. Y es que muchos gais sin pluma opinan que quiénes salen a la calle, quiénes se suben a las carrozas, dan mala imagen de la comunidad LGBT. Lo peor de estos gais es que están repitiendo un discurso que muchos heteros han plantado en nuestras cabezas: que vivir tu sexualidad libremente es malo.

La pluma no da mala imagen a los gais. Es el odio y la discriminación lo que da mala imagen a cualquier persona. No saber respetar la forma de ser, de vivir, de otras personas es lo que da mala imagen. Que la persona que tengas al lado tenga mucha pluma no te debería afectar.

Este estudio también habla de que estos gais, que no han sufrido homofobia y que creen que la pluma da mala imagen, no quieren saber nada de la lucha contra la homofobia. Vamos, que encima de no respetar, además no luchan por los derechos de los demás. La verdad es que es uno de esos estudios que le dejan a uno mal sabor de boca.

Puede entender que personas intransigentes, con pocas miras al mundo que les rodea; personas de ideologías que no respetan la diferencia de sus vecinos; personas que no valoran el amor por encima de todo; que esas personas no entiendan que la homosexualidad y todo lo que la rodea no es malo. Pero que alguien que vive su sexualidad no sea capaz de respetar a quiénes, por ejemplo, tiene más pluma que él (o ella) me desconciertan.

Fuente Dosmanzanas/AmbienteG

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La primera ministra de Irlanda del Norte, Arlene Foster, ha afirmado que seguirá bloqueando el matrimonio igualitario tantas veces como pueda hacerlo. Además de oponerse personalmente a variar la definición del matrimonio, la mandataria afirma verse impulsada a seguir la vía del bloqueo a los derechos civiles de los norirlandeses por su disgusto ante las críticas que recibe en las redes sociales. Una actitud que ha sido calificada por la líder del Partido de la Alianza de Irlanda del Norte, Naomi Long, de “infantil” e “hipócrita”.

Irlanda del Norte es el único territorio del Reino Unido en el que las parejas del mismo sexo no pueden contraer legalmente matrimonio. Y lo es con empecinamiento, pues su Asamblea ha rechazado la aprobación del matrimonio igualitario cinco veces consecutivas. En la última votación, sin embargo, los partidarios de la igualdad para las personas LGTB lograron ser por primera vez mayoritarios, pero el ultraconservador Partido Unionista Democrático, ahora en el poder, hizo uso de la “petition of concern” para lograr que la proposición de ley fuera finalmente rechazada.

La “petition of concern” fue concebida durante los acuerdos de paz de 1988, con la idea de que cualquier legislación sobre determinados temas sensibles obtuviera un respaldo suficiente de los dos sectores, el nacionalista irlandés y el unionista. En concreto, las proposiciones deben alcanzar un 60 % de los votos de toda la Asamblea, y al menos un 40 % en cada uno de los bandos. La “petition of concern” debe ser solicitada por un mínimo de 30 representantes, con lo que, dado que el Partido Unionista Democrático tiene 37 diputados, bastan sus votos para hacerla valer.

La utilización de la “petition of concern” para un asunto de derechos civiles de las minorías como es el matrimonio igualitario ha sido fuertemente criticada, sobre todo si se tiene en cuenta que las encuestas muestran un amplio apoyo al mismo, tanto por parte de la población de tradición católica como de la protestante, aunque en esta última el sostén, aun siendo también mayoritario, es significativamente menor.

Pero la primera ministra y líder del Partido Unionista Democrático, Arlene Foster, ha afirmado que usará la “petition of concern” todas las veces que sean necesarias para impedir que se apruebe el matrimonio igualitario durante su mandato. “¿Por qué íbamos a renunciar a esa herramienta cuando nos sentimos tan fuertemente implicados en cuanto a la definición del matrimonio?”, se preguntaba la mandataria, a lo que añadía que “no tengo problemas con que la gente defienda su sexualidad, pero sí que se convierte en un problema cuando la gente trata de redefinir el matrimonio”. Por ello, Foster opina que la “’petition of concern’ está ahí para usarla, y la vamos a utilizar tanto como podamos. Si los demás quieren debatir sobre su completa desaparición, estaremos en ese debate”.

Sin embargo, lo que ha resultado chocante ha sido la razón que ha dado para ese empecinamiento. Al parecer, algunos activistas LGTB protestan con acritud, a través de las redes sociales, por la vulneración de los derechos civiles de los ciudadanos norirlandeses que supone la desigualdad ante el matrimonio por razón de orientación sexual. Esa actitud acre es considerada “insultante” por la primera ministra, que ha advertido que “no van a influirme dirigiéndome esos insultos. De hecho, van a conseguir que haga justo lo contrario, la gente tiene que recapacitar sobre eso”.

Reacción de la oposición

Para Naomi Long, líder del Partido de la Alianza de Irlanda del Norte (también unionista pero de carácter liberal y conciliador), la primera ministra está culpando a los “trolls de internet” de sus propias decisiones respecto al matrimonio igualitario. Long estima que la actitud de Arlene Foster “no solo es infantil e impropia del alto cargo que ocupa, sino que además es hipócrita, porque su partido, en cada oportunidad, ha tratado de bloquear cualquier progreso para la comunidad LGTB en Irlanda del Norte”. La líder del Partido de la Alianza cree que el Partido Unionista “abusa de la ‘petition of concern’ para revertir lo que sería una mayoría democrática. Por supuesto, si no están de acuerdo con el matrimonio igualitario pueden votar en contra. Pero yo desearía una democracia más madura, en la que viéramos una limitación del uso, sino la completa desaparición, de la ‘petition of concern’ como mecanismo. Así nos basaríamos en un sencillo principio democrático”.

Por su parte, Séan Lynch, diputado del nacionalista Sinn Féin en la presente legislatura, declaraba que “ante todo se trata de una cuestión de igualdad y el Sin Féin se compromete a que el matrimonio igualitario se extienda por toda la isla”. Lynch denunciaba que el pasado 27 de octubre su partido había presentado al Gobierno un nuevo proyecto de reforma de la Ley de Matrimonio, que había sido bloqueado otra vez por el Partido Unionista Democrático.

Por ello, con el frente parlamentario aparentemente cerrado a cualquier iniciativa favorable al matrimonio igualitario, parece que el único camino para que prospere la igualdad LGTB en Irlanda del Norte es la judicial. La primera demanda de este tipo, largamente esperada, fue presentada en enero de 2015 ante el Alto Tribunal de Belfast por una pareja formada por dos hombres, que contrajo matrimonio en Inglaterra el pasado 2014, una vez que entró en vigor la ley que lo permitía. Sin embargo, al cambiar su residencia a Irlanda del Norte, su estado civil no fue reconocido por la administración de este territorio. El Alto Tribunal de Belfast tendrá que dictaminar si, como arguyen los demandantes, el Reino Unido es un único Estado unitario con poderes administrativos delegados en las regiones, pero no una república federal, como es el caso de los Estados Unidos. Según este criterio, no es posible que una pareja esté considerada como casada en un territorio del Reino Unido y en otro no.

Fuente Dosmanzanas

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Hace unas semanas te contábamos que el director del colegio Juan Pablo II de Madrid había enviado una carta bastante repugnante a los padres de los alumnos en la que comparaba la ley contra la lgtbfobia aprobada en Madrid con  el “fanatismo terrorista”. Tras la denuncia por parte de Arcópoli, la Comunidad ha decidido enviar el caso a la Fiscalía para ver si se ha cometido algún delito por homofobia. Y por si fuera poco, la Consejería de Políticas Sociales ha abierto una investigación para ver si el centro cumple el concierto educativo, y es que en caso de no hacerlo, podría suponer la retirada del mismo.

Y cuando hablamos de la retirada del concierto nos referimos a  que el gobierno podría retirarle los fondos. Es decir, podrían quedarse sin dinero. Y ahí, es donde les duele a los homófobos. Bueno, a todos menos a determinados grandes almacenes que parecen pasar de todo.

Recordemos que la misiva, entre otras cosas, decía que era una pena que se pierda el tiempo en leyes absurdas cuando se podría estar defendiendo la familia y las raíces cristianas. Oye, qué manía tienen los cristianos con definir lo que es familia y lo que no. Además, también hablaba de los “valientes obispos” que ya no podrían seguir siendo homófobos.  Lo que igual no se esperaba este señor es que la mismísima Cristina Cifuentes saliera al paso diciendo que “este tipo de afirmaciones son de una gran radicalidad que incluyen afirmaciones que desde luego no es lo que recoge el espíritu de nuestra Constitución y de nuestra legislación y, desde luego, de la legislación de la Comunidad de Madrid, que hay que cumplir.”

De momento las autoridades están revisando la oferta de actividades extraescolares, las asignaturas optativas y el cumplimiento de los currículos y parece ser que hasta ahora está todo en orden. Bueno, todo menos los pensamientos de Carlos Martínez, el director, que parecen bastante “desordenados”, que es una palabra que seguro que le gusta mucho.

Así que toca esperar y ver como se resuelve todo esto. Si por nosotros fuera, inhabilitaríamos al Sr. Martínez de por vida.

El PP de Alcorcón se niega a condenar la carta del colegio Juan Pablo II

Pues aunque la propia Comunidad de Madrid ha puesto el caso en manos de la fiscalía para que investiguen si se ha cometido un delito de odio tipificado precisamente en esa ley LGTBI, y aunque la Consejería de Políticas Sociales está investigando al centro para ver si cumple el concierto que tiene con la Comunidad (y si no lo cumple, quitarles el dinero), el PP del Ayuntamiento de Alcorcón ha dicho, básicamente, que a ellos esa carta les parece bien.

El gobierno de Alcorcón tiene un largo historial de enfrentamientos con el colectivo LGTB. Aunque su alcalde dice que no es homófobo (y lo dice muy alto y muy claro, en plan “voy a denunciar a Arcópoli por llamarme homófobo“), el grupo municipal del PP en esta localidad madrileña no ha votado a favor de ninguna propuesta a favor de la igualdad del colectivo. La última ha sido rechazar un programa contra la discriminación en las aulas y para el fomento de la convivencia e interculturalidad presentada por el PSOE y que contaba con el respaldo de todos los otros grupos (Ganar Alcorcón, Ciudadanos y La Izquierda).

Esa propuesta del PSOE llevaba en el texto, además, el compromiso de desarrollar la ley LGTB en lo que concierne a las competencias del ayuntamiento y poner en marcha un plan para fomentar la convivencia en los centros escolares públicos y concertados (como el Juan Pablo II); que es lo que exige la ley.

Pero al PP de Alcorcón esa ley debe parecerle también comparable al “fanatismo terrorista“, porque han dicho que nanai de la china. Que ellos no votan eso. Y tampoco quieren condenar la carta que Carlos Martínez, el director del Juan Pablo II, envió a los padres. Aunque el propio PP en la Comunidad lo haya hecho.

Yago Blando, el coordinador general de Arcópoli, sigue pidiendo al Ayuntamiento una reunión para saber exactamente cómo pretende el PP municipal fomentar la igualdad y cuáles son sus propuestas para luchar contra la discriminación del colectivo LGTB. Porque no tiene mucho sentido que por un lado digan que no son homófobos y que ellos son los primeros en luchar por la igualdad pero luego no sólo rechazar todas las propuestas sobre el tema de otros grupos sino ni siquiera plantear alguna.

¿Qué misterio se oculta en el PP de Alcorcón?

Arcópoli lamenta que el alcalde de Alcorcón se niegue a condenar la carta homófoba del colegio Juan Pablo II

Fuente: Cadena Ser/Arcópoli, Estoy Bailando

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Nueva iniciativa legislativa para sacar adelante la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo en Taiwán. Diez diputados del gobernante Partido Progresista Democrático (DPP) han anunciado la presentación de un proyecto de ley en esa dirección. Han pasado dos años desde el último intento y el balance de fuerzas es ahora más favorable a la igualdad.

En enero de este año se producía en Taiwán un vuelco electoral que hizo presidenta a la candidata del DPP Tsai Ing-wen, favorable al matrimonio igualitario. El partido de Tsai también consiguió la mayoría absoluta en el Yuan Legislativo, el parlamento unicameral del país. La victoria del DPP alimentó las esperanzas de nuevos avances en el país asiático, uno de los más adelantados del continente en materia de derechos LGTB.

Nueve meses después se produce el primer movimiento. Diez diputados del DPP anunciaron el lunes pasado la presentación de un proyecto de ley para modificar el Código Civil y abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo. La propuesta cuenta ya con el apoyo de 33 diputados del partido en el Gobierno, que ocupa 68 de los 113 escaños. El opositor Partido del Nuevo Poder (NPP), con 5 asientos, también se ha mostrado favorable a la igualdad matrimonial y ha hecho pública su propio proyecto.

El proceso legislativo, sin embargo, se prevé largo. Por lo pronto, ninguno de los partidos representados en el Yuan Legislativo se ha comprometido oficialmente a que la medida se someta finalmente a votación en el pleno del Parlamento. Esta reticencia parece contradictoria con el hecho de que 65 de los diputados han expresado públicamente su apoyo al matrimonio igualitario. Pero muchos de ellos justifican su falta de resolución por la presión para no importunar a los electores de sus distritos con una decisión que creen difícil de explicar. El opositor Kuomintang se plantea dotar de libertad de voto a sus representantes llegado el momento.

La punta de lanza de la igualdad en Asia

En diciembre de 2014, el parlamento taiwanés era el primero en Asia en debatir la aprobación del matrimonio igualitario; una cuestión propuesta, precisamente, por el DPP y que cuenta con el rechazo del Kuomintang. El ahora principal partido de la oposición sí apoya las uniones civiles. Antes de convertirse en presidenta, Tsai publicó un vídeo para celebrar el equivalente chino del día de San Valentín en el que se incluyen tres parejas del mismo sexo. Ya era bien conocida su postura y la de su partido con respecto al apoyo explícito a la comunidad LGTB.

Aunque el matrimonio igualitario todavía no es legal en Taiwán, el clima sociopolítico es cada vez más aperturista. La vía legislativa parece la única viable, después de que la batalla jurídica emprendida por el activista Qi Jia-wei (o Chi Chia-wei) y su novio para contraer matrimonio fracasara cuando la Corte Administrativa de Taipéi desestimó su demanda al considerar que según la legislación vigente en Taiwán, el matrimonio debe contraerse entre un hombre y una mujer.

Por lo que se refiere a la aceptación social, hay indicios positivos. En octubre del año pasado, por primera vez, en las bodas masivas de Taipéi participaron 10 parejas del mismo sexo (cuya unión fue simbólica y sin validez legal), con el apoyo y la bendición del alcalde de Taipéi, Ko Wen-je. El principal escollo proviene del ámbito religioso. La Alianza Nueva Generación fue uno de los grupúsculos cristianos que criticaron la medida de incluir a parejas del mismo sexo en las bodas masivas: “nos oponemos firmemente a la promoción en la ciudad de la cultura gay con nuestro dinero, sin ninguna discusión”. Con todo, cabe recordar que los cristianos solo representan en torno al 3,9 % de la población taiwanesa.

Por otra parte, en 2014 el Orgullo LGTB batía un nuevo récord de asistentes: 64.000 personas. Ese mismo año, se hacía público que el 68 % de la población está a favor del matrimonio igualitario. En septiembre de 2013, 800 activistas celebraron con gran éxito un banquete nupcial frente a la sede presidencial para reclamar la aprobación del matrimonio igualitario. Taipéi, por su parte, es considerada por muchos la ciudad más gay-friendly del continente asiático y es hoy un destino turístico LGTB en alza. La capital y Kaohsiung, la segunda ciudad del país, cuentan desde este año con un registro de parejas del mismo sexo.

Fuente Dosmanzanas

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