¿Cuántas personas LGTBI, cuántas mujeres habrán votado a este partido misógino, xenófobo, homófobo y antiinmigración?

Los que tenemos canas nos acordamos de la soledad del franquista Blas Piñar en el Congreso de los Diputados clamando contra la Ley del Divorcio: «Dios y yo somos mayoría«… Resultaba patético y los nostálgicos del Franquismo iban viendo reducirse sus manifestaciones de la Plaza de Oriente año tras año… Y es que Alianza Popular, madre del Partido Popular les acogió con los brazos abiertos… Pero no los domesticó y ahora reaparecen en sus hijos y nietos alimentados por su odio a todo lo que huela a Diversidad…

Por primera vez en la reciente historia democrática española, un partido de extrema derecha pura y dura consigue un importante éxito electoral. Vox, formación política que nació como una escisión por la derecha del Partido Popular, entra en el Parlamento de Andalucía con 12 diputados y un 10,98% de los votos. Se convierte además en árbitro de la situación política andaluza, dado que sus votos son necesarios para que la suma de las fuerzas de derecha (Vox, PP y Ciudadanos) desbanque de la Junta de Andalucía al PSOE, incapaz de sumar mayoría absoluta con Adelante Andalucía (la marca electoral bajo la que concurrían Podemos e Izquierda Unida).  Y , todo apunta a que el «efecto contagio» al resto de España convertirá en los próximos años a la extrema derecha en protagonista de la política española. Una mala noticia, sin paliativos, que amenaza muy directamente el futuro de los derechos LGTB en nuestro país.

Susana Díaz (PSA-PSOE) y Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía)

El PSOE de Susana Díaz  ve reducido su porcentaje de voto al 27,95% y consigue solo 33 diputados, frente a los 47 que obtuvo en 2015. El PP también cae con fuerza, quedándose con el 20,75% de los votos y 26 diputados (tenía 33). Ciudadanos, en cambio, obtiene una considerable subida. Se coloca como tercera fuerza política en Andalucía, con el 18,27% de los votos, y pasa de 9 a 21 diputados. Adelante Andalucía, en cambio, queda muy por debajo de lo que en 2015 consiguieron por separado Podemos e IULV-CA: 16,18% de los votos y 17 diputados, frente a los 20 que reunieron entonces. Vox, por último, irrumpe en el Parlamento andaluz, consiguiendo 12 diputados y un 10,97% de voto. La extrema derecha consigue representación en todas las provincias andaluzas, con especial éxito en Almería, la provincia andaluza tradicionalmente más escorada a la derecha, donde se sitúa como tercera fuerza política tras PP y PSOE. Un excelente resultado para una formación que hasta hace pocas semanas era marginal, a la que la esta pasada noche la mismísima Marine Le Pen se apresuraba a felicitar en Twitter.

Los resultados, en definitiva, cierran la puerta a un posible pacto de gobierno entre PSOE y Adelante Andalucía, la opción que hasta este domingo parecía la más probable de acuerdo a las encuestas previas. PSOE y Ciudadanos tampoco suman mayoría, como sí lo hicieron en 2015 . Sobre el papel, PP, Ciudadanos y Vox, que sí reúnen mayoría absoluta, serán los que tendrán que ponerse de acuerdo para de una forma u otra desbancar al PSOE de la Junta. El PP de Pablo Casado y Ciudadanos, de hecho, nunca han manifestado rechazo expreso a pactar con Vox, partido con el que comparten su defensa a ultranza de la unidad de España y su hostilidad al nacionalismo catalán como elementos centrales de su ideario.

Una opción alternativa que algunos comentaristas políticos han puesto encima de la mesa pasaría porque el PSOE ofrezca a Ciudadanos la presidencia de la Junta de Andalucía y que este partido acepte un acuerdo con los socialistas que precisaría, además, de la abstención de Adelante Andalucía. Una operación políticamente complicada, cuya única razón de ser sería el neutralizar a Vox como árbitro político, algo que por el momento Ciudadanos no ha dado muestras de considerar necesario blanqueando a Vox con el único fin de desplazar de la Junta de Andalucía al PSOE, partido que ha gobernado esta comunidad de forma ininterrumpida desde las primeras elecciones autonómicas.

La mala, malísima,  noticia es la irrupción de la extrema derecha. Vox, es una formación no solo contraria al matrimonio igualitario, sino a cualquier reconocimiento jurídico expreso de la realidad familiar LGTB. Propone derogar las leyes de igualdad y no discriminación aprobadas por las comunidades autónomas, y su programa para Andalucía incluye la derogación de la correspondiente norma andaluza. A nivel educativo considera que hay un «evidente adoctrinamiento en ideología de género» y propone la obligatoriedad de que los padres tengan que firmar una autorización expresa «sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad». También propone excluir la atención sanitaria a las personas trans de la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud y retirar cualquier tipo de subvención a asociaciones LGTB. Y esto por mencionar aspectos relacionados únicamente con los derechos LGTB.  A esto hay que añadir los aspectos relacionados con el estado de las Autonomías que pretenden suprimir, la inmigración o la violencia de género y la igualdad de género.

La Santísima Trinidad
(El Padre Casado, el hijo Rivera y el Espíritu Santo Abascal)

El problema, sin embargo, no es tanto el programa concreto de Vox (que obviamente no tiene aún fuerza para imponer, al menos en su totalidad) como la consolidación de una agenda política marcada por las demandas de la extrema derecha y el desplazamiento general hacia la derecha del discurso del resto de los partidos, al que ya venimos asistiendo desde hace semanas. E incluso de un cierto sector de opinión en la izquierda política, todavía minoritario pero cada vez mas ruidoso, que en los últimos tiempos viene lanzando diatribas contra lo que llaman «políticas de identidad», a las que culpan del ascenso de la extrema derecha. Un sector de opinión que reclama que la izquierda deje de considerar como uno de los elementos centrales de su causa la lucha por los derechos civiles de las minorías (y muy singularmente la LGTB), que según ellos la distancia del electorado obrero, y vuelva a un esquema clásico de «lucha de clases». Argumentación curiosa si se tiene en cuenta que Vox es una formación profundamente neoliberal en lo económico y que a día de hoy carece de respaldo entre los sectores socialmente más desfavorecidos. Entre los que por cierto hay muchas personas LGTB.

Habrá multitud de opiniones sobre los factores que nos han llevado hasta aquí: la crisis catalana y la consecuente exacerbación del sentimiento nacionalista español; la machacona presencia en las últimas semanas de Vox en los medios pese a ser hasta ahora un partido extraparlamentario (alguien debería estudiar muy seriamente el papel que programas de televisión de corte supuestamente progresista están jugado como «caja de resonancia» de la extrema derecha); la amplísima difusión en redes sociales de contenidos relacionados con Vox y con su líder, Santiago Abascal (en muchos casos haciendo burla de su campaña, pero al mismo tiempo contribuyendo a amplificarla); el blanqueamiento de la formación («Vox propulsa al centro derecha», podíamos leer hoy mismo como uno de los titulares en la portada del diario económico Expansión) o el fortísimo abstencionismo (la participación en las elecciones andaluzas ha caído cuatro puntos respecto a 2015, llevando la abstención por encima del 40%). Lo cierto es que la situación es ya difícilmente reversible. Se abre un ciclo político que en materia de derechos para las minorías no augura nada bueno. Y los LGTB, recordemos, llevamos siempre las de perder en estos casos.

Y estos son los 12 «apóstoles» del «evangelio» machista, homófobo, xenófobo…

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Benito Morillo, Rafael Segovia, María José Piñero, Manuel Gavira, Francisco Ocaña, Rodrigo Alonso, Eugenio Moltó, Ana Gil, Ángela Mulas, Luz Rodríguez, Francisco Serrano, Alejandro Hernandez. La mayoría  son abogados

Ojalá estemos aún a tiempo de reaccionar.

Con información de Dosmanzanas/El País

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Un tribunal correccional de París ha condenado al expresidente del Frente Nacional Jean-Marie Le Pen por incitación al odio homófobo. La causa, sus comentarios  en los que ha comparado la homosexualidad con la pederastia y criticado el homenaje al policía abiertamente gay Xavier Jugelé, asesinado en los Campos Elíseos, por el protagonismo de su viudo Étienne Cardiles. Le Pen deberá abonar dos multas de 400 euros cada una, así como las costas del juicio e indemnizaciones por daños y prejuicios, por un montante total de 11.000 euros.

Los hechos por los que se ha juzgado y condenado a Le Pen sucedieron en 2016 y 2017. En marzo de 2016, el expresidente del Frente Nacional francés publicaba un vídeo de la serie «Journal de bord» («Diario de a bordo») en su blog en el que afirmaba que «la exaltación de la homosexualidad afecta a todas las profesiones que se acercan a la infancia y a la juventud». Le Pen contrastaba esta situación con la prohibición de «la pedofilia». Una comparación que para los jueces es «injuriosa» y supone la expresión pública de «un discurso de carácter discriminatorio».

En diciembre del mismo año, el exdirigente de ultraderecha respondía en el diario Le Figaro sobre la presencia de personas homosexuales en el Frente Nacional. Le Pen afirmaba entonces que «los homosexuales son como la sal en la sopa. Si no hay ninguna, está un poco sosa. Si hay demasiada, es imbebible». Por aquel entonces, Florian Philippot, abiertamente gay después de ser objeto de un outing, era vicepresidente del partido. Philippot, odiado por el sector más tradicionalista del FN y particularmente por Jean-Marie Le Pen, acabaría dimitiendo después de que Marine Le Pen le retirase buena parte de las competencias internas de las que gozaba.

La sentencia contra Le Pen padre considera que la comparación de la «sal en la sopa» es una injuria que además incita al odio a la comunidad LGTB. Por estas dos causas, se le impone una multa de 400 euros, el pago de 2.000 euros a la asociación contra la discriminación homófoba Mousse, y de otros 2.000 euros por las costas del juicio. El abogado de Mousse Étienne Deshoulières se ha felicitado por la sentencia, que en su opinión «confirma que el discurso homófobo no tiene ya cabida en la política francesa».

El expresidente del FN también ha sido condenado por sus comentarios a raíz del homenaje al policía asesinado en los Campos Elíseos Xavier Jugelé, en abril de 2017. Le Pen declaró entonces que «más que un homenaje al policía, se homenajeaba al homosexual». Tras esta afirmación, añadió que «la participación de su pareja y el largo discurso que este ha pronunciado parecían una especie de institucionalización del matrimonio homosexual, de exaltarlo de alguna manera». Le Pen consideró que la situación marital del Jugelé, de hecho, es una «particularidad familiar» que debería haberse tratado con «más discreción».

Lo cierto es que en el discurso de Étienne Cardiles, pareja del policía fallecido, se alababa tanto la vocación de Jugelé por proteger la paz y a la ciudadanía, como la faceta personal que el resto de personas no conocían de él. En ningún momento se hacía referencia expresa a su homosexualidad: de hecho ni siquiera se hacía referencia a su militancia como miembro de la asociación LGTB de policías y gendarmes Flag ! A Le Pen le molestó especialmente, por tanto, la naturalidad con la que se visibilizó la realidad familiar del policía fallecido.

Así lo entiende también la justicia, para la cual «decir que la orientación sexual de una víctima justificaría una marginación» es una injuria. Le Pen debe pagar por esta causa otra multa de 400 euros, las costas del juicio, que ascienden a 2.000 euros, y una indemnización de 5.000 euros por daños y perjuicios al viudo del policía asesinado. Cardiles se ha mostrado «satisfecho de ver que cuando todo un país se emocionaba por una situación, Jean-Marie Le Pen era el único que la denigraba y hoy se encuentra condenado».

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Cruzada sin descanso de la administración Trump contra los derechos de la comunidad trans en Estados Unidos. El procurador general ha presentado una petición ante el Tribunal Supremo para que tome una decisión sobre su orden para excluir a las personas trans del Ejército. La norma está temporalmente paralizada después de que cuatro tribunales de distrito hayan admitido a trámite otras tantas demandas contra la misma. El Gobierno de Trump pretende acelerar su entrada en vigor, puenteando a los tribunales de apelaciones que debían decidir sobre estos procesos. Acude en su lugar directamente a la más alta instancia judicial, controlada desde octubre por el sector conservador.

La discriminación de las personas trans es, en este momento, el principal objetivo en la agenda anti-LGTB de la administración de Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence. En julio de 2017, el presidente anunciaba en la red social Twitter su decisión de excluirlas del Ejército. El mensaje se hacía efectivo pocas semanas después mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior. El documento, al que puedes acceder aquí, ordenaba poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, que debía culminar el mes de enero de 2018, y retomar la situación previa a junio de 2016. Se vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército y se interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso.

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales por parte de personas trans que sirven o quieren servir en el Ejército y de asociaciones de defensa de los derechos civiles. La primera de ellas, Doe v. Trump, argumenta que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al «debido proceso». Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre del año pasado emitió un fallo en el que suspendía cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronunciara de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no se consideró competente para paralizar la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación a la vista de los argumentos de la demanda.

Sí lo hizo, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis, en el estado de Maryland, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump). El juez Garbis ordenó la paralización cautelar de la orden de Trump incluyendo la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación. En diciembre de 2017, una tercera jueza federal, Marsha Pechman, del estado de Washington, se pronunciaba en el mismo sentido en el caso Karnoski v. Trump. En este caso, además, la jueza Pechman consideró que la prohibición de servir en el Ejército no solo violaría la 5ª enmienda, sino también la 1ª enmienda, que garantiza la libertad de expresión, al discriminar a las personas trans que sirven en el Ejército por obligarlas a guardar el secreto para conservar sus puestos de trabajo. Un argumento que hasta el momento no había sido considerado por los otros jueces. Pechman ordenó también la paralización cautelar de la prohibición y la vuelta al statu quo anterior a la orden de Trump.

Casi al mismo tiempo que se conocía la decisión de la jueza Pechman en el estado de Washington, su colega del Distrito de Columbia Colleen Kollar-Kotelly denegaba la solicitud de la administración Trump de retrasar la suspensión cautelar de la orden del presidente que ella misma había ordenado. Una denegación que fue recurrida por la administración federal ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el «escalón intermedio» entre los jueces federales de distrito y el Tribunal Supremo. Mientras tanto, la presidencia emitía en marzo de este año un nuevo memorándum en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. El Pentágono aclaró, eso sí, que por el momento los hombres y mujeres trans podrán seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales.

Una situación temporal a la que la administración Trump quiere poner fin cuanto antes. Es por ello que el viernes pasado, el procurador general Noel Francisco recurrió al Tribunal Supremo para pedirle que decida sobre las suspensiones cautelares que están en vigor. La Casa Blanca puentea a las Cortes de Apelaciones, las instancias que deberían resolver los procesos en marcha, y se dirige directamente al máximo órgano judicial de Estados Unidos. Se trata de la cuarta vez que Trump utiliza este atajo, con el que pretende evitar una posible sentencia contraria a la discriminación por parte de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, frecuente objetivo de las críticas del presidente por su presunta tendencia liberal y que debería decidir sobre tres de las demandas.

Los ataques de Trump al Noveno Circuito han motivado incluso una inusual respuesta del presidente del Tribunal Supremo, el conservador John Roberts, reivindicando la independencia del poder judicial. Un Supremo con una mayoría conservadora. después de la designación de Brett Kavanaugh para cubrir la vacante generada por la jubilación de Anthony Kennedy. La nueva mayoría puede extenderse por lustros y podrá modelar a su antojo la jurisprudencia en sentido restrictivo en materias como el acceso al aborto o el fin de la discriminación legal de la comunidad LGTB. En definitiva, un panorama nada halagüeño para la inclusión de las personas trans en el Ejército en el futuro.

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En un referéndum múltiple, los taiwaneses han votado mayoritariamente por que el matrimonio se defina como la unión entre un hombre y una mujer, tratando de impedir que las parejas del mismo sexo puedan acceder a la institución. Asimismo, han votado por mayoría que se cree una figura aparte que legalice la unión de dos hombres o dos mujeres, lo que conduciría a una ley de uniones civiles. Sin embargo, existe un mandato de la Corte Constitucional que obliga a que el matrimonio sea accesible a las parejas del mismo sexo, para lo que dispuso de un plazo que concluirá en mayo de 2019, lo que convertiría a Taiwán en el primer territorio asiático en legalizar el matrimonio igualitario. Por otra parte, los ciudadanos de Taiwán también han votado en contra de que en los centros escolares se ofrezca información sobre la diversidad sexual y de género.

Coincidiendo con las elecciones locales en Taiwán de este 24 de noviembre, se han convocado un total de diez plebiscitos sobre diversos asuntos, cinco de los cuales afectaban directamente a la población LGTB. Tres de ellos fueron promovidos por la Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación, nombre eufemístico de un conjunto de grupos religiosos marcadamente anti-LGTB, en respuesta al dictamen favorable al matrimonio igualitario de la Corte Constitucional taiwanesa. Tras ver como su recurso ante ese dictamente fuera denegado, consiguieron las firmas necesarias para que la Comisión Electoral Central admitiera la solicitud de celebración de una consulta popular, en la que han planteado a los ciudadanos taiwaneses las siguientes preguntas:

• ¿Está de acuerdo con proteger los derechos de las parejas del mismo sexo de iniciar una relación duradera de convivencia que se base en leyes que no sean el Código Civil de Taiwán?
• ¿Está de acuerdo con que los centros de educación primaria y secundaria no deben iniciar ‘educación gay y lésbica’ tal como está estipulado por la Ley de Reglas de Cumplimiento Para la Educación en la Igualdad de Género?
• ¿Está de acuerdo con que el Código Civil solo debe autorizar el matrimonio entre personas de distinto sexo?

Paralelamente, los grupos de defensa de los derechos de las personas LGTB recogieron también las firmas suficientes para que se consultara a su vez sobre las mismas cuestiones, pero en sentido afirmativo:

• ¿Está de acuerdo con que el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse debería estar protegido en el capítulo sobre matrimonio del Código Civil?
• ¿Está de acuerdo con que la Ley de Educación en la Igualdad de Género debería requerir que la educación en la igualdad de género incluyera la homosexualidad, las relaciones y la educación sexual y que se enseñara en los centros de educación primaria y secundaria?

Para que el resultado de un referéndum tenga validez en Taiwán, los votos positivos deben superar a los negativos y conseguir el apoyo de al menos un 25 % de los ciudadanos censados (en este caso 19.757.067). Si se consiguen reunir estos requisitos, el Gobierno está obligado a redactar un proyecto de ley que plasme el resultado de la consulta y someterlo a votación en el Parlamento.

Después de una agresiva campaña, en la que los económicamente poderosos grupos anti-LGTB han copado todos los medios de comunicación, la votación ha sido totalmente aciaga para los intereses de las minorías sexuales. En todas las consultas la participación ha superado los diez millones de ciudadanos. Estos han sido los resultados:

• La creación de una figura diferente al matrimonio para las parejas del mismo sexo: 6.168.017 de votos a favor y 3.923.240 en contra.
• No implementación de la Ley de Educación en la Igualdad de Género: 6.830.565 a favor y 3.288.034 en contra.
• Matrimonio permitido únicamente a las parejas de distinto sexo: 7.389.705 a favor y 2.789.847 en contra.
• Apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo: 3.250.165 a favor y 6.701.859 en contra.
• Implementación de la Ley de Educación en la Igualdad de Género: 3.373.776 y 6.560.143 en contra.

Un resultado que quizás refleje los resultados de una encuesta realizada por la Coalición por el Matrimonio Igualitario en el pasado mes de julio, según la cual el 80 % de los taiwaneses menores de 35 años estarían a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que entre los que superan esa edad solo lo estaría el 30 %. Es posible que la campaña de la Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación haya movilizado a la población de mayor edad, sin que los defensores de los derechos LGTB, con muchos menos medios económicos, hayan podido conseguir hacer lo propio con los más jóvenes. Según denuncian estos últimos, los promotores del referéndum LGTBfobo«han utilizado sus recursos financieros para obtener apoyo difundiendo el miedo,  desinformando, esparciendo mentiras y rumores a través de las redes sociales, en anuncios de televisión y en los medios impresos».

Desde el activismo LGTB se considera, en todo caso, que la celebración de estas consultas contrarias a los derechos LGTB ha sido absurda, dado que la Corte Constitucional dejó muy claro en su resolución de mayo de 2017 que la prohibición del matrimonio a las parejas del mismo sexo era contraria a la Constitución de Taiwán, y dio un mandato para que antes del 24 de mayo de 2019 el Gobierno adaptara las leyes para subsanar esa conculcación de derechos. En caso de que no lo hiciera, la Corte Constitucional dictaminó que las parejas del mismo sexo podrían inscribir sus matrimonios en el registro civil de manera automática. Lo que sí han lamentado los activistas es que los grupos LGTBfobos hayan diseminado «odio, ansiedad, depresión y pánico moral» entre las minorías sexuales a lo largo de los seis meses de campaña.

La activista Victoria Hsu, abogada y cofundadora de la Alianza Taiwanesa para la Promoción de los Derechos Civiles de las Parejas, clarificaba que «nuestra Corte Constitucional dictaminó que el Parlamento debe enmendar el Código Civil o introducir una nueva ley que legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo antes del 24 de mayo de 2019». Según Hsu, el gabinete administrativo del Gobierno de Taiwán ha aclarado recientemente su posición y ha afirmado que el matrimonio entre personas del mismo sexo se legalizará independientemente del resultado de los referéndums. «La única diferencia», señala la activista, «sería enmendar el Código Civil o introducir una ley separada llamada Ley de Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo. Sin embargo, los grupos anti-LGTB han llevado a sus partidarios a creer que pueden detener el matrimonio igualitario, lo cual es ridículo». Hsu estima que el resultado favorable a los LGTBfobos podría ocasionar que el Gobierno tratase de elaborar una Ley de Matrimonio diferenciada para las parejas del mismo sexo con algunas restricciones en derechos, lo cual llevaría probablemente a una nueva disputa legal ante la Corte Constitucional.

Es evidente que el resultado de los referéndums, en realidad su propia celebración, han provocado una colisión entre disposiciones constitucionales y legales que el Gobierno tendrá que resolver en breve. Esperemos que esa resolución se ajuste al mandato de la Corte Constitucional y los derechos de las parejas LGTB taiwanesas no se vean restringidos.

Fuente Dosmanzanas

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La Corte de Apelaciones de Bermudas ha dictaminado en contra del recurso presentado por el Gobierno contra la resolución judicial que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. La posibilidad de un nuevo recurso ha quedado agotada en el ámbito judicial estrictamente bermudeño, pero el Gobierno aún tiene 21 días para apelar al Consejo Privado del Reino Unido, cuyo comité judicial aún funciona como tribunal de apelaciones para los territorios británicos de ultramar. Los activistas LGTB han solicitado al Gobierno que cese en su «insensatez» y dé por concluida su batalla judicial contra los derechos de las minorías sexuales.

Este 23 de noviembre, la Corte de Apelaciones de Bermudas ha ratificado la decisión de la Corte Suprema que declaraba inconstitucionales los artículos de la Ley de Uniones Civiles que impedían el matrimonio entre personas del mismo sexo. Según aquella sentencia, esos artículos hacían prevalecer unas creencias determinadas sobre otras al establecer qué tipo de pareja puede contraer matrimonio y cuál no, lo que vulneraba la libertad religiosa y de creencias que recoge la Constitución.

Tras la decisión de la Corte de Apelaciones, al Gobierno bermudeño solo le resta una última instancia judicial, el Consejo Privado del Reino Unido, una institución cuyo comité judicial aún continúa ejerciendo como tribunal de apelaciones para los territorios británicos de ultramar. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Bermudas ha denegado la solicitud del Gobierno de dejar en suspenso su resolución durante los 21 días que tiene para decidir si recurre al Consejo Privado.

Los activistas LGTB se han felicitado por la resolución de la Corte de Apelaciones y han pedido al Gobierno que cese en sus intentos de seguir cercenando los derechos de las minorías sexuales. «Deténgase», exigían al Gobierno, «ya es hora de que esta insensatez se detenga y se permita que los bermudeños, todos los bermudeños, incluida la comunidad LGTB, se sientan como parte de una comunidad que los acepta con mucho gusto».

Un derecho reconocido legalmente y obviado políticamente

La situación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bermudas era peculiar. En mayo de 2017, la magistrada de la Corte Suprema Charles-Etta Simmons sentenció a favor de dos hombres que habían reclamado ante los tribunales su derecho a casarse. La jueza consideró entonces que la legislación sobre matrimonio vigente en Bermudas era incompatible con los derechos humanos, ya que contenía una discriminación basada en la orientación sexual de los contrayentes. Por ello, resolvió que los demandantes tenían derecho a contraer matrimonio y declaró que la ley matrimonial debía interpretarse como aplicable a las parejas del mismo sexo. La sentencia tuvo efectos inmediatos y estableció recomendaciones para reformar la normativa, de manera que hiciera referencia a «dos personas» en lugar de a «hombre y mujer».

Sin embargo, el renuente Partido Laborista Progresista, actualmente en el poder, no obedeció esas recomendaciones, apoyado por una sociedad que, meses antes, rechazaba en referéndum la posibilidad de reconocer las uniones entre personas del mismo sexo, ya fueran en forma de matrimonio o de unión civil. El referéndum, consultivo y no vinculante, no alcanzó, sin embargo, el quórum necesario para ser considerado válido.

Dispuesto a satisfacer a sus votantes más conservadores, el Gobierno no llevó a cabo ninguna de las recomendaciones establecidas en la sentencia de la Corte Suprema, por lo que dos personas del mismo sexo podían conseguir que su unión fuera llamada matrimonio, pero las diversas leyes y normativas que tuvieran que ver con el vínculo matrimonial seguían sin aplicárseles. La decisión del poder legislativo fue, en cambio, el subterfugio de la creación de uniones civiles para las parejas del mismo sexo (como mal menor ante sus votantes), con derechos semejantes al del matrimonio, pero como una institución diferenciada. La ley fue aprobada por el Parlamento en diciembre de 2017 y promulgada por el gobernador en febrero de este 2018. Esta nueva figura legal no tuvo efectos retroactivos, por lo que los matrimonios de parejas del mismo sexo realizados desde la sentencia de la Corte Suprema hasta la entrada en vigor de la nueva legislación continuaron vigentes. Sin embargo, esta ley fue parcialmente declarada inconstitucional por la Corte Suprema, concretamente los artículos que prohibían el acceso de las parejas del mismo sexo a la institución del matrimonio. El Gobierno, persistió en su actitud y presentó recurso ante la Corte de Apelaciones, que finalmente ha ratificado la decisión de la Corte Suprema y declarado incostitucional la prohibición del matrimonio igualitario.

Del conservadurismo de la sociedad bermudeña da fe que no despenalizó la homosexualidad hasta 1994, y que, por ejemplo, la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales masculinas sigue siendo dos años superior que para las relaciones heterosexuales o lésbicas (18 años frente a 16). Aunque ello no ha evitado que se produzcan avances significativos. En 2013, por ejemplo, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe discriminar por razones de orientación sexual (a finales de 2012 nos hicimos eco de la misma). Y a principios de 2015 la Corte Suprema de Bermudas falló a favor de la adopción homoparental, lo que permite a las parejas del mismo sexo adoptar en igualdad de condiciones a las parejas de distinto sexo.

El matrimonio igualitario en Reino Unido, sus dependencias y territorios

La composición política y territorial del Reino Unido es compleja, lo que repercute en la legislación de derechos como el matrimonio igualitario, ya que cada territorio o dependencia tiene competencia plena al respecto. La situación es la siguiente (entre paréntesis, la entrada en vigor de la correspondiente legislación):

En las tres dependencias de la Corona:

• La isla de Man (2016), Guernsey (2017) y Jersey (pendiente de sanción real) cuentan ya con leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo.
• El Bailinazgo de Guernsey tiene, a su vez, dos dependencias: en Alderney las parejas del mismo sexo puede casarse desde el 13 de diciembre de 2017, mientras que en Sark aún no se ha legislado al respecto, pero sus responsables políticos se han comprometido a hacerlo próximamente.

En los 14 territorios de ultramar:

• El matrimonio igualitario está aprobado en las islas Pitcairn (2015); el Territorio Antártico Británico (2016); la base de Acrotiri y Dekhelia (2014); Gibraltar (2016); el Territorio Británico del Océano Índico (2014); las islas Malvinas (2017); Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur (2014); y el territorio que conforman la isla de Santa Elena, la isla Ascensión y Tristán de Acuña (2017).
• En Bermudas está vigente por decisión judicial desde mayo de 2017, pero podría ser reemplazado por una ley de uniones civiles por decisión de su Asamblea de Representantes, que meses después votó por la derogación. No obstante, este retroceso en los derechos LGTB todavía debe obtener la sanción real, cuestión que aún se está debatiendo en el Gobierno británico.
• No es legal en Anguila (aunque sí se reconocen los matrimonios celebrados en circunscripciones donde está permitido), las islas Vírgenes Británicas, las islas Caimán, Montserrat y el territorio conformado por las islas Turcas y Caicos.

En el propio Reino Unido en sí:

• Existe el matrimonio igualitario en Inglaterra, Gales (2014) y Escocia (2014).
• No está permitido en Irlanda del Norte, donde los conservadores protestantes siguen impidiendo su aprobación, utilizando torticeramente para ello el protocolo acordado en los procesos de paz para ocasiones especiales.

Fuente Dosmanzanas

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Rayo de esperanza en Castilla y León. La presidenta de las Cortes regionales, la popular Silvia Clemente, decidía esta semana unir sus votos a los de la oposición para desbloquear el avance de la de igualdad LGTB de Castilla y León. La «Proposición de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género, y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad de Castilla y León», recordemos, fue presentada por todos los grupos de la oposición política castellano-leonesa después de que el Partido Popular incumpliera su compromiso de promover una ley en ese sentido desde el Gobierno regional. El Pleno de las Cortes aprobó en junio su toma en consideración, pero la Mesa mantenía bloqueada su tramitación. 

Hagamos un poco de historia. A finales de 2016 diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaban en las Cortes regionales una primera propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, que había sido promovida en Extremadura por el PP cuando gobernó aquella comunidad, y que fue aprobada en marzo de 2015 por unanimidad. El guiño a los populares era evidente. Durante meses, de hecho, se trabajó en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos castellano-leoneses se mostraron incluso dispuestos a hacer algunas concesiones «dolorosas», pero finalmente la Junta de Castilla y León decidía dar carpetazo al proceso con el argumento de que ya se había iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI.

Los colectivos castellano-leoneses consiguieron sin embargo el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes regionales para que el texto pudiese tramitarse en forma de proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno. El compromiso se materializaba en marzo, cuando la Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó admitir a trámite la proposición de ley (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) presentada por los grupos parlamentarios socialista, de Podemos Castilla y León, Ciudadanos y Mixto. El pasado 13 de junio el Pleno decidía su toma en consideración por 43 votos a favor y 41 abstenciones. La sorpresa saltó cuando la presidenta de las Cortes, la popular Silvia Clemente, decidía saltarse la disciplina de voto y alinearse con la oposición («el subconsciente a veces toma decisiones», argumentó posteriormente). Quedaba así roto el empate, que de persistir habría resultado en la negativa a tomar en consideración la proposición.

Una vez tomada en consideración la proposición de ley de la oposición, quedaba pendiente toda la tramitación parlamentaria. Y aquí entra el juego la capacidad de bloqueo de la Mesa de las Cortes, que es la que marca el día a día de la actividad parlamentaria y decide los plazos. En este órgano, el PP cuenta con tres procuradores, incluyendo a la propia Silvia Clemente como presidenta. La oposición cuenta con otros tres (un socialista, uno de Podemos y otro de Ciudadanos). Pues bien, esta semana, Silvia Clemente decidía por fin unir sus votos a los de los representantes de la oposición y no prolongar más el plazo de presentación de enmiendas (un truco parlamentario que, por cierto, que está haciendo mucho daño al avance legislativo de los derechos LGTB en toda España). Lo hacía en contra del criterio del grupo popular, como confirmaba su representante, Raúl de la Hoz, que ha calificado de «irresponsable» que las Cortes tramiten esta ley de ámbito autonómico al tiempo que el Congreso tramita otra ley de igualdad LGTB de ámbito estatal. Como si algo así no sucediese en otras materias y como si otras muchas comunidades no hubiesen ya hecho lo mismo (la última, la Comunidad Valenciana, esta misma semana).

FECyLGTB+ felicita a Silvia Clemente

La Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FEVyLGTB+, de la que forman parte Iguales, Iguales USAL, Chiguitxs LGTB+, Segoentiende, Lesgávila y AWEN LGTBI+) ha felicitado a SIlvia Clemente por, según asegura en un comunicado, «ser una mujer de palabra, pues ha cumplido el compromiso expresado a los colectivos LGTB+ de facilitar y no bloquear nuestra ley en el trámite parlamentario, incluso en contra de la disciplina de voto de su grupo, el grupo Popular, lo que lo hace particularmente valioso». Para la FECyLGTB+ esta decisión de la mesa es «un rayo de esperanza, de arcoiris que luce más todavía en un momento oscuro de dificultad para nuestros derechos». «Nuestra igualdad no es un asunto ya ni de derechas ni de izquierdas, es un asunto de igualdad, de sentido común y de derechos humanos, donde todas las personas de bien pueden y deben estar», asegura el texto.

La FECyLGTB+ advierte, eso sí, de que el PP aún puede bloquear el avance de la propuesta en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, «posiblemente no convocando la ponencia de la ley». Pese a todo, el presidente de FECyLGTB+, Ignacio Paredero, hace un balance positivo de lo conseguido, y cree que si finalmente el PP tiene éxito en sus maniobras de bloqueo (la legislatura se aproxima a su final) será más fácil conseguir la aprobación con las Cortes que resulten de las elecciones del próximo mes de mayo. «No sabemos si la ley se aprobará al final, pese a toda la lucha y el trabajo que hemos realizado por ella. Pero cuando todos los grupos apoyan nuestra ley y hasta la presidenta de las Cortes vota a favor, rompiendo la disciplina de voto, tenemos claro que hemos ganado el debate donde más importa, en la sociedad. Si esta legislatura el PP insiste en bloquear nuestra ley, en la próxima lo lograremos», ha declarado. Confiemos en que así sea.

Fuente Dosmanzanas

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El pasado martes, 20 de noviembre, el Día Internacional de la Memoria Trans recordó la violencia ejercida contra las personas trans y género-diversas en el mundo. La fecha ya ha pasado, pero la realidad que subraya, por desgracia, sigue viva el resto de los días. Según los datos que Transgender Europe ha podido recopilar, entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018 se han registrado 369 personas trans y género-diversas. La cifra real, como tantas otras veces hemos indicado, es seguramente mucho mayor: se trata de un recuento incompleto de aquellos casos sobre los que trasciende información y esta es recogida por la organización. En muchos países, de hecho, es imposible acceder a información de este tipo. Sin embargo, pese a sus limitaciones la cifra es más que suficiente para hacernos una idea del horror que la comunidad trans tiene que soportar en prácticamente todo los rincones del planeta.

Se trata de una cifra superior a la registrada entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017, periodo durante el cual se tuvo constancia de 325 personas trans asesinadas. Y en el periodo inmediatamente anterior fueron 295. Brasil vuelve a ser, un año más, el país con más asesinatos registrados, 167 (en el periodo anterior también encabezaba esta macabra clasificación, con 171 asesinatos). Le sigue México, con 71 asesinatos (15 más que en el periodo precedente); Estados Unidos, con 28 asesinatos (3 más) y Colombia, con 21 asesinatos (11 más).

Por detrás se sitúan Argentina, con 9 asesinatos; Pakistán con 8; India y Turquía con 7; El Salvador y Venezuela con 6; Italia, que con 5 es el país de la Unión Europea que más asesinatos de personas trans registra; Guatemala, con 4; Honduras, Paraguay y Sudáfrica con 3; Bolivia, Chile, Filipinas, Francia, Perú y República Dominicana con 2 cada uno; y finalmente Bangladés, Ecuador, Fiji, Nicaragua, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Reino Unido, Trinidad y Tobago y España, con 1 cada uno. Como vemos, faltan numerosos países en los que por desgracia nos tenemos que también han sucedido asesinatos de personas trans, lo que redunda en la idea de que nos encontramos ante una lista muy incompleta. En total, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2018 constan un total de 2.982 asesinatos de personas trans en 72 países del mundo. De ellos, 1.238 han ocurrido en Brasil, 408 en México y 212 en Estados Unidos. Son los tres países con mayor número de víctimas registradas.

España, lamentablemente, vuelve a aparecer un año más en la lista. Si el periodo anterior lo hizo debido a muerte de Lorena Reyes, ocurrida en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife (hace pocas semanas un jurado popular absolvía al único acusado por su muerte), ahora lo hace debido a la muerte de Eli, objeto de una brutal paliza el pasado mes de agosto en Valladolid a manos de un menor. Y es que detrás de cada una de las cifras hay personas reales de carne y hueso, cuyas vidas se han visto truncadas de forma dramática. En este documento, imprescindible para mantener viva la memoria, puedes acceder a sus nombres.

Cabe destacar, en cualquier caso, que aunque consideremos de forma global estos asesinatos como tránsfobos, la violencia contra las personas trans y género-diversas se entrelaza con frecuencia con la ejercida en función de otros ejes de opresión, como el racismo, el machismo (el grueso de las víctimas del odio tránsfobo son mujeres), la xenofobia o el desprecio a las trabajadoras del sexo. Aunque en dos tercios de las 2.982 víctimas identificadas entre 2008 y 2018 se desconoce su actividad profesional, del resto la mayoría (646) eran trabajadoras sexuales. Y si nos atenemos por ejemplo a los datos de Francia, Italia, España y Portugal, países tradicionalmente receptores de personas LGTB de África y América Latina, el 65% de las víctimas trans asesinadas durante los años que Transgender Europe lleva haciendo el recuento son migrantes.

El Día Internacional de la Memoria Trans

El Día Internacional de la Memoria Trans fue instituido en memoria de Rita Hester, una mujer transexual afroamericana asesinada en 1998 en Massachusetts. Surgido en el ámbito de los países de habla inglesa, con el paso del tiempo se ha consolidado como la fecha en la que se rinde homenaje a las personas asesinadas por el odio tránsfobo en todo el mundo.

Insertamos a continuación el vídeo que Transgender Europe ha elaborado este año con motivo de esta jornada:

Más información sobre el Día Internacional de la Memoria Trans 2018 y los datos expuestos aquí. 

Más información sobre Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), proyecto de investigación y monitorización de Transgender Europe sobre la situación de las personas trans en el mundo aquí.

Más información sobre el Observatorio de Personas Trans Asesinadas aquí.

Web general de Transgender Europe aquí.

Fuente Dosmanzanas

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Ya hace días que explicamos que en la región de Dar es Salaam, en Tanzania, ha empezado una “purga” gay impulsada por su gobernador, Paul Makonda, con la intención de identificar, detener y torturar a las personas gais para que “vuelvan” a ser heterosexuales. También hace días que te explicamos que el Ministro de Exteriores del país, Alphaxard Kangi Ndege Lugola, explicó a la prensa que el gobierno no ve con buenos ojos esa “purga”… para luego ir al Parlamento a decir que Tanzania “no es el lugar” para ser homosexual porque “nunca permitiremos que esas cosas ocurran“.

Es asombrosa la inexistente reacción de los colectivos LGTB+ que se lanzaron en tromba a manifestarse frente a las embajadas rusas cuando ocurrió más o menos lo mismo en Chechenia.

A la que esta vez parece que no tenemos que esperar mucho rato es a la comunidad internacional, que aunque en el caso de Chechenia ni estuvo ni se la esperaba, en el caos de Tanzania sí han empezado a mover ficha.

Primero fue la mismísima Unión Europea la que llamó a consultas a su embajador en Dar es Salaam, Roeland van de Geer, y emitió un comunicado denunciando “el deterioro en materia de derechos humanos” en Tanzania. Por su parte el gobierno de Estados Unidos ordenó a la embajada americana en el país que emitiera una alerta de seguridad recomendando a sus ciudadanos que revisaran sus perfiles en redes sociales, porque Makonda ya anunció que no se iba a amilanar a la hora de monitorizar comunicaciones privadas para “detectar” a los homosexuales.

Ahora Tanzania se acaba de llevar un golpe mucho más duro que una consulta a un embajador o una alerta de seguridad. El gobierno de Dinamarca, el segundo país que más ayudas inyecta en el país (unos 53 millones de dólares solo el año pasado), ha anunciado que no seguirán ayudando económicamente al país. Según Ulla Tørnæs, ministra de desarrollo danesa, el país está muy preocupado por “el desarrollo negativo” del país africano,  ha condenado los comentarios homófobos e “inaceptables” de sus responsables políticos y ha anunciado que retiran una ayuda de 10 millones de dólares. “El respeto a los derechos humanos es de suma importancia para Dinamarca“, aseguró Tørnæs

Pero Tanzania no ha perdido solo 10 millones de dólares. Aunque no ha sido por el caso de la “purga” gay, el Banco Mundial ha decidido cancelar los planes de un préstamo de 300 millones de dólares al país; por un lado porque Tanzania ha decidido prohibir que las jóvenes embarazadas vayan a la escuela o al instituto (y también que vuelvan después de dar a luz) y por otro lado por la ley sobre estadística que el país aprobó en septiembre y que convierte en un crimen que se cuestionen los datos que proporciona el gobierno.

Lo de los gobiernos de los países homófobos que dependen de ayudas internacionales para que su población no se rebele contra ellos es, cuando menos, curioso. En sus discursos siempre acusan a los países occidentales de querer “imponer” sus nuevas costumbres (los derechos LGTB+), y las rechazan de pleno… Pero no tienen ningún problema a la hora de aceptar nuestro dinero occidental. Alguien debería tomar nota de eso.

Fuente  Pink News, vía HazteQueer

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Las Cortes Valencianas han aprobado este miércoles, con el apoyo de todas las formaciones políticas allí representadas salvo el Partido Popular, la ley valenciana de igualdad LGTBI. La Comunidad Valenciana, que ya en 2017 aprobó una ley integral de transexualidad, se suma así al grupo de comunidades que en el ámbito legislativo autonómico protegen a las personas LGTBI contra la discriminación y promueven políticas de igualdad. 

La ley incluye medidas en los ámbitos social, sanitario, educativo, cultural y familiar. Como elementos especialmente destacados, recoge de forma explícita la prohibición de las «terapias» de conversión y la creación de un Consejo Valenciano LGTBI como órgano consultivo y de participación ciudadana, así como de un Espacio de la Memoria LGTBI, un servicio cuyo objetivo sera promover y favorecer el conocimiento, estudio e investigación sobre la historia del colectivo LGTBI.

El texto también recoge medidas de atención a las víctimas de violencia por LGTBIfobia, el desarrollo de un servicio público de información, orientación y asesoramiento a personas LGTBI y sus familias y de un servicio de acogimiento residencial para personas LGTBI en situación de especial vulnerabilidad o exclusión. También recoge en su articulado medidas contra la violencia familiar, así como de atención y ayuda a víctimas de la violencia en parejas formadas por personas del mismo sexo.

La ley incluye un capítulo sancionador, con multas que van desde los 200 hasta los 45.000 euros, en función de la gravedad de las infracciones. Otras posibles sanciones son la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Generalitat Valenciana, así como de contratar con esta, sus organismos autónomos o entes públicos por un período que puede ir desde el año hasta los tres años. También la inhabilitación temporal, por un periodo de hasta tres años, para ser titular, la persona física o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos.

En definitiva, una magnífica ley que sigue la estela de otras ya aprobadas en comunidades como Andalucía, País Vasco, Baleares, Cataluña, Extremadura, la Comunidad de Madrid, Murcia , Canarias, Aragón o Navarra. Leyes frente a las que el PP ha mantenido todas las posiciones posibles: las ha apoyado, por ejemplo, en Andalucía o Madrid, mientras que se ha opuesto en Cataluña (con una especial fiereza) o Navarra. En el caso valenciano ha decidido abstenerse, frente al voto positivo de PSPV-PSOE, Compromís, Podemos y Ciudadanos. De hecho, la única ley de este tipo aprobada en una comunidad gobernada con mayoría absoluta de los populares fue de Galicia, precisamente la más pobre de todas al haberse negado el PP gallego a incluir el capítulo sancionador que sí contempla el resto de leyes y que la oposición gallega planteó en su momento.

En cualquier caso, que la abstención de los populares valencianos supone un avance respecto a lo sucedido el año pasado con la ley integral de transexualidad, a la que se opusieron. El Partido Popular valenciano, pese a ser la fuerza con más parlamentarios, perdió la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 2015, arrastrado por una gestión que convirtió la la Comunidad Valenciana en el estandarte de la corrupción y el saqueo de las arcas públicas. De hecho, solo unos pocos meses antes el grupo popular en las Cortes Valencianas había rechazado tramitar una proposición de ley para la igualdad efectiva de las personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género presentada entonces por el grupo socialista.

Esperemos que ahora la ley, recibida con satisfacción por los colectivos LGTB valencianos, se acompañe del necesario desarrollo reglamentario, y que su implementación sea efectiva y no quede únicamente, como a veces da la sensación que esta sucediendo en algunas de las comunidades en las que se han aprobado leyes similares, en una hermosa declaración de intenciones.

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Solo un 7% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años se opone al matrimonio igualitario. Así lo pone de manifiesto una encuesta de Pew Research Center, el prestigioso instituto de investigación social estadounidense, cuyo objetivo era la de comparar las actitudes de la juventud de 34 países europeos en diversos aspectos. Un resultado coherente con lo que muestran estudios previos, que de forma repetida colocan a España como uno de los países con mayor aceptación social de la realidad homosexual.

De todos los países de la encuesta, solo Suecia y Dinamarca, dos países nórdicos cuya tradición de respeto y tolerancia al colectivo LGTB es bien conocida, registran cifras inferiores a las de España (5% y 6%, respectivamente). Justo a continuación de España, se sitúan Bélgica (9%), Holanda (10%), Finlandia (12%), Reino Unido (13%), Austria, Noruega y Portugal (14%), Alemania (15%), Suiza (16%), la República Checa (18%) e Irlanda (20%). Cabe destacar que en casi todos estos países se ha aprobado (mediante diferentes procedimientos) el matrimonio igualitario, con la excepción de República Checa (cuyo parlamento lo está discutiendo) y Suiza (pincha para ampliar la imagen):

A más distancia y a caballo entre las Europas occidental y oriental se sitúa Italia, con un 27%. Hablamos de un país que arrastra una LGTBfobia social mayor que la del resto de Europa occidental, y en el que por ejemplo ninguno de los grandes partidos políticos ha apostado nunca por el matrimonio igualitario. Detrás de Italia se sitúan todos los países de la Europa del este, así como los de tradición ortodoxa. Pese a todo, pueden apreciarse importantes diferencias entre aquellos en los que el porcentaje de jóvenes contrarios al matrimonio igualitario está relativamente equilibrado con el resto, como Eslovaquia (42%), Polonia (50%), Grecia (51%) o Hungría (52%); aquellos en los que ya empieza a ser muy importante, como Estonia y Croacia (61%), Rumanía (66%), Bulgaria (68%) y Letonia (70%), y aquellos en los que la oposición es abrumadora, como Lituania (74%), Bielorrusia y Serbia (75%), Bosnia-Herzegovina (79%) y por supuesto Ucrania (82%), Rusia (86%), Moldavia (89%), Georgia (94%) y Armenia (95%).

No han sido incluidos en la encuesta Islandia, Luxemburgo y Malta (que caerían, casi seguro, en el bloque de países más tolerantes) ni Albania, Chipre, Kosovo, Montenegro, Macedonia y Turquía (en los que creemos que, con distintos porcentajes, la oposición sería importante). Nos hubiera gustado conocer especialmente el porcentaje de Eslovenia, país en el que llegó a aprobarse una ley de matrimonio que fue luego anulada en un referéndum promovido desde sectores afines a la Iglesia católica en el que participó poco más de un tercio del censo, y el pasado marzo aprobó una ley de uniones civiles. Imposible olvidar, por cierto, el papel que desempeñó el papa Francisco, que pocos días antes del referéndum quiso dar su apoyo expreso a los partidarios de prohibir el matrimonio igualitario y contribuir de esta forma a la victoria del bando homófobo.

Más allá de las opiniones sobre el matrimonio igualitario, el estudio de Pew Research Center preguntaba a los jóvenes europeos sobre otras materias como la actitud hacia las personas de religión musulmana, la importancia que conceden a la religión como elemento de su identidad nacional, el aborto o la creencia en que la cultura propia es superior a otras. Sus resultados quedan fuera del ámbito LGTB, pero arrojan dos resultados que de forma general son coherentes con la opinión sobre el matrimonio igualitario: hay un fuerte contraste entre los jóvenes de Europa occidental y oriental, y en todos los casos los jóvenes españoles se sitúan en el lado más tolerante del espectro. Puedes acceder aquí a más información sobre el estudio.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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La Corte Caribeña de Justicia (CCJ), tribunal de última instancia de varios países de la región, ha emitido una sentencia contra la ley guyanesa que coartaba la expresión de género de las personas trans. Es el resultado de un proceso que se remonta a 2010, cuando seis mujeres transexuales reclamaron a la justicia el fin de la norma, de origen colonial, que les impedía vestir de acuerdo a su identidad de género. Las demandantes habían sido arrestadas un año antes por portar una indumentaria femenina mientras su género legal era masculino. Los jueces del alto tribunal consideran que la ley es inconstitucional por violar el derecho fundamental a la libertad de expresión.

Buenas noticias desde el Caribe, la región de América con una LGTBfobia más arraigada. La Corte Caribeña de Justicia (CCJ) ha declarado inconstitucional la norma guyanesa que prohibía la «vestir atuendos femeninos por parte de hombres» y «vestir atuendos masculinos por parte de mujeres». Una redacción que tiene su origen en la época colonial británica y que se ha usado principalmente para perseguir a mujeres trans. Entre ellas, las seis que en 2010 iniciaron el proceso, un año después de ser arrestadas por «travestismo». «Fue una de las experiencias más humillantes de mi vida», relataba entonces una de las afectadas. Contaron con el respaldo de SASOD (Guyana’s Society Against Sexual Orientation Discrimination), una organización que pese a la situación jurídica adversa lucha por los derechos de las personas LGTB e intenta que el país ponga fin a la prohibición tanto de la homosexualidad como de la transexualidad.

En 2013, el magistrado de la Corte Suprema de Guyana Ian Chang daba parcialmente la razón a las demandantes, pero optaba por mantener la prohibición si el «travestismo» tenía lugar con «intenciones inapropiadas». Las interesadas y los activistas entendieron que esta vaga formulación dejaba la puerta abierta a la discriminación, por lo que recurrieron el fallo ante la Corte de Apelaciones de Guyana, que sin embargo ratificó la sentencia de Chang. Se dirigieron entonces a la Corte Caribeña de Justicia, el tribunal de última instancia de Guyana, así como de Barbados, Belice y Dominica. La CCJ comenzó a escuchar los argumentos del caso en junio de este año.

El pasado día 13, el alto tribunal decretó la inconstitucionalidad de la ley. Los magistrados han considerado que el artículo en cuestión «viola el derecho de los demandantes a la protección de la ley  y es contrario al imperio de la ley». La sentencia, que puedes descargar aquí, defiende la libertad de expresión de los peticionarios a pesar de la «confusión, miedo, incluso asco» que la realidad LGTB produce en gran parte de la sociedad caribeña y que genera «con frecuencia escarnio y a veces violencia contra aquellos que son diferentes». Frente a estas situaciones, es papel de los tribunales «ofrecer protección legal a los que sufren los embates de dichos comportamientos».

Un marco hostil que va cambiando lentamente

La antigua Guayana Británica, hoy Guyana, es un país de América del Sur que limita al este con Surinam y al oeste con Venezuela y Brasil. Miembro de la Commomwealth, su lengua oficial es el inglés y su religión mayoritaria el cristianismo, distribuido en diferentes confesiones, aunque casi una cuarta parte de la población practica el hinduismo y más de un 7% son musulmanes. La ley prohíbe tanto las relaciones homosexuales masculinas (castigadas con penas de cárcel que oscilan entre los dos años y la cadena perpetua) como, hasta ahora, el vestir de acuerdo a la identidad de género en el caso de las personas trans, sean hombres o mujeres.

En 2012, el Gobierno guyanés abrió un proceso de consultas para valorar la posible retirada de su legislación de las medidas que discriminan a las personas LGTB, entre ellas la criminalización de las relaciones entre varones. Un empeño que contó con la férrea oposición de los líderes religiosos del país, tanto cristianos como hindúes y musulmanes. Durante la campaña de las elecciones de 2015, los principales partidos expresaron su apoyo a la despenalización. El actual presidente, David A. Granger, defiende la legalización de los actos consentidos entre personas del mismo sexo. Las sentencias en el mismo sentido de los tribunales supremos de Belice, en 2016, y de Trinidad y Tobago, en abril de este año, mantienen la esperanza de los activistas por un cambio que no acaba de llegar a Guyana.

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La noticia la ha divulgado El Periódico de Aquí, diario local valenciano, que ha tenido acceso a la denuncia. Cinco jóvenes fueron víctimas, en la madrugada de este domingo, de una agresión homófoba en Valencia, a manos de un grupo más numeroso de individuos que antes les preguntaron si eran homosexuales. 

Los jóvenes se encontraban en las inmediaciones del mercado de Russafa, en el barrio del mismo nombre, una de las zonas tradicionalmente consideradas «de ambiente» de la capital valenciana. Los agresores, un grupo que les doblaba en número, se les acercaron y les pidieron un cigarrillo. Tras recibir una negativa, les preguntaron si eran homosexuales. Al responder los jóvenes que sí lo eran comenzaron los insultos homófobos (del tipo de «qué asco, os la metéis por el culo, cómo os puede gustar esas cosas, maricones de mierda»), las amenazas y finalmente la agresión física. Dos de los jóvenes acabaron en el suelo, recibiendo golpes y patadas. Uno de los agresores intentó además robarle la riñonera a una de las víctimas.

Por fortuna, uno de los chicos se zafó de los agresores y pudo pedir auxilio a otras personas que se encontraban en la zona, así como avisar a la policía. En el momento en que las otras personas se acercaron los agresores huyeron, aunque ya en un primer momento la policía consiguió identificar a tres de los agresores cuando patrullaron la zona junto a una de las víctimas. Posteriormente, tras ser acompañados por la policía a un centro sanitario para ser atendidos de las contusiones, las víctimas consiguieron identificar a otros dos agresores.

Agredido tras quedar con dos hombres mediante una aplicación de citas

Aunque no tiene relación con la noticia anterior, se da la circunstancia de que pocos días antes se había producido otra agresión de tintes homófobos en la capital valenciana. En esta ocasión la víctima fue agredida por dos individuos con los que había contactado a través de una aplicación de citas y a los que invitó a su casa para mantener relaciones (y que se presentaron en su casa acompañados de un tercero).

Según recoge el diario Levante, la agresión tuvo lugar el pasado miércoles. Por respeto a su intimidad, no ha trascendido ni el barrio en el que ocurrió ni por supuesto la identidad de la víctima, de 41 años de edad, que invitó a su casa a dos hombres con los que contactó mediante una aplicación de citas (tampoco ha trascendido cuál). Cuando estos se presentaron lo hicieron acompañado de un tercero, pese a lo cual la víctima confió y los dejó pasar. Apenas entraron en la vivienda le propinaron una brutal paliza, además de robarle el teléfono móvil.

La víctima, por fortuna, pudo llamar al 112 y pedir ayuda. Fue atendido en su casa por los servicios de emergencias pero precisó atención hospitalaria y varios puntos de sutura en la cabeza. Expertos informáticos de la Policía Nacional tratan ahora de identificar a los agresores, que bien podrían haber cometido otras agresiones del mismo tipo (muchas víctimas de este tipo de agresiones a manos de individuos con los que se ha contactado para mantener relaciones no denuncian lo sucedido, por vergüenza, desconfianza hacia la policía, por encontrarse en el armario, etc.).

Repunte de la LGTBfobia en Valencia

Ya este verano el Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia denunciaba un repunte de las agresiones registradas contra personas LGTB en la Comunidad Valenciana, cuyas víctimas son básicamente hombres jóvenes, gais o bisexuales, de edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, mientras que el perfil del agresor es sobre todo el de varones, solos o en grupo, de mediana edad.

Hay que tener en cuenta, en este sentido, que la actividad del Observatorio Valenciano, que nació el año pasado impulsado por el colectivo alicantino Diversitat, es más reciente que la de sus homólogos madrileño o catalán. El pasado mes de abril publicó su primer informe anual, referido al año 2017. Según dicho informe, elaborado a partir de las denuncias y consultas recibidas por parte de Diversitat y de varias entidades colaboradoras, en el territorio valenciano se contabilizaron durante el año pasado 79 delitos e incidentes motivados en el odio y la discriminación. Todo apunta a que este 2018 la cifra será significativamente mayor.

Fuente Dosmanzanas

"Migajas" de espiritualidad, Espiritualidad Comunidad Valenciana, Delitos de Odio, Diversitat, El Periódico de Aquí, Homofobia, Levante, LGTBfobia, Observatorio Valenciano contra los Delitos de Odio, Valencia

Santiago de Chile ha acogido este fin de semana una multitudinaria marcha por el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, convocada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), bajo el lema «Basta de bla-bla». «Cuando las encuestas dicen que la mayoría los chilenos y chilenas respalda la adopción homoparental y el matrimonio igualitario, las más de 80 mil personas asistentes hoy a la marcha demuestran ello. El país en su mayoría no tolera que existan familias de primera y segunda categoría», ha defendido la portavoz del MOVILH Daniela Andrade. Según un reciente estudio, el 64,5% de los congresistas está a favor del matrimonio igualitario y el 65,6% de la adopción homoparental, a pesar de que el presidente Piñera se niega a cumplir el acuerdo sobre matrimonio igualitario firmado en 2016 entre el Estado chileno y el MOVILH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Con la marcha, argumenta el activista chileno Rolando Jiménez, «también recordamos que el Estado de Chile firmó una acuerdo con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para impulsar el matrimonio igualitario. Pese a que el Acuerdo es legal y vinculante, según lo señalado por la propia Contraloría General de la República, el Estado aún no cumple su promesa, lo cual es gravísimo, pues deja a Chile como un país que no cumple con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos».

Según un reciente estudio del Laboratorio Constitucional de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, que entrevistó a 183 de los 198 congresistas, es decir al 92,4% del total,  el 64,5% está a favor del matrimonio igualitario y el 65,6% respalda la adopción homoparental.

«Estas cifras coinciden con cálculos de nuestra organización y demuestran que aquí se debe pasar del discurso a la práctica. Si la mayoría apoya, no hay razón alguna para seguir postergando la adopción homoparental o el matrimonio igualitario. Pese a ello, este último proyecto de ley no se discute desde noviembre del 2017 en el Congreso. Los discursos se deben llevar a la práctica. No más bla-ba», señala el responsable del MOVILH Oscar Rementería.

El conservador Piñera no quiere avances igualitarios

Como en su momento recogimos, el Estado chileno y el Movimiento de Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) alcanzaron en 2016 una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio (puedes descargar aquel acuerdo aquí). El acuerdo, considerado histórico en su momento, implicaba ir más allá de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (aprobadas el año anterior) y promover el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad (que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales), así como la aprobación de una ley de identidad de género y un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria (la conocida como «ley Zamudio»), entre otras medidas.

Mientras que la ley de identidad de género era aprobada en septiembre (tras cinco largos años de tramitación y no sin grandes dificultades en los últimos meses), el resto de avances permanecen sin embargo congelados. Es más, según se filtró a la prensa chilena, el Gobierno de Sebastián Piñera manifestó ante la CIDH que no piensa cumplir el acuerdo por lo que al matrimonio igualitario se refiere. Se acoge para ello a una más que dudosa interpretación de la literalidad del acuerdo, según el cual el Estado chileno se comprometía a tramitar un proyecto de ley de matrimonio igualitario y a (reproducimos literalmente) «adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva».

Para el Gobierno de Piñera, este compromiso ya ha sido cumplido con la presentación en 2017 por el entonces Gobierno de Michelle Bachelet de un proyecto de ley de matrimonio igualitario, que formalmente no ha sido retirado. El actual Gobierno considera que no está obligado a nada más, dado que «el Estado nunca se obligó a obtener la aprobación legislativa del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo».

Audiencia sobre matrimonio igualitario de la CIDH

Se la la circunstancia de que la CIDH ha convocado su primera audiencia temática sobre matrimonio igualitario. La histórica audiencia tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el marco de su 170 período de sesiones, que se desarrollará en Washington. La petición, a demanda de varios movimientos LGTB latinoamericanos, ha sido  coordinada precisamente por los abogados que representaron al MOVILH en su demanda internacional por el matrimonio igualitario, los juristas Hunter Carter, Ciro Colombara y Branislav Marelic.

Fuente MOVILH/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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La esperanza de vivir una vida digna es más poderosa que las amenazas y el miedo. No se nos ocurre otra reflexión cuando vemos las imágenes de la boda entre Erick Dubón y Pedro Nehemías, dos jóvenes hondureños de 23 y 22 años, respectivamente, y que forman parte de la caravana migrante que ha atravesado México desde Honduras. Un subgrupo de la caravana, compuesto por varios cientos de personas, ha llegado ya a Tijuana, en la frontera con Estados Unidos. Con ellos se encuentran varias docenas de personas LGTB que huyen, no está de más recordar, de una de las regiones del mundo con una mayor LGTBfobia social y de Estado, pero a las que les espera un futuro no precisamente fácil.

El grupo de migrantes está formado por personas que huyen de países como El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua, con altísimas altas de pobreza y en algunos casos con importantes conflictos políticos. Pero también con graves problemas de LGTBfobia social y de Estado.

El caso de Honduras, país del que proceden Erick Dubón y Pedro Nehemías, es paradigmático. Se trata de los países del mundo que registra mayor violencia contra las personas LGTB, y muy destacadamente contra las personas trans. De hecho, sin hacer un seguimiento intensivo, son numerosos los casos de agresiones que  hemos recogido en los últimos años. Muy especialmente tras el golpe de Estado del año 2009, cuando la situación se deterioró de forma acelerada y se produjeron varios asesinatos de activistas LGTB. La relativa «normalización» política de años posteriores no se ha acompañado de una mejora de la situación de la comunidad LGTB, cuyos miembros ha seguido siendo objeto de violencia, fuesen activistas o no (en la entrada que dedicamos el año pasado a Honduras tras el asesinato de la activista trans Sherlyn Montoya puedes encontrar más detalles).

No es de extrañar, por tanto, que numerosas personas LGTB procedentes de estos países haya decidido sumarse a la caravana en busca de la libertad para ser ellas mismas sin miedo a la persecución, la tortura o la muerte. The Washington Post recogía esta pasada semana los testimonios de varias de ellas, que forman parte de un grupo que decidía separarse de la caravana principal en Ciudad de México y desplazarse en autobús hasta Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, donde de hecho ya han llegado varios centenares de migrantes que ahora esperan su oportunidad de cruzar al norte. Un grupo que ha tenido que soportar también, según recogía el diario estadounidense, la LGTBfobia de una parte de sus propios compañeros de caravana, y que les ha llevado a buscarse entre ellos, agruparse y protegerse.

La caravana de migrantes, LGTB o no, cuenta además con el recelo de una parte de la población mexicana, ya de por sí muy empobrecida. Pero de lo que no hay dudas es de su fuerza y de su esperanza. Buen ejemplo de ello son las imágenes de la boda entre Erick Dubón y Pedro Nehemías, que este domingo se hacían virales al publicarlas en Twitter la periodista Sarah Kinosian, que acompaña a la caravana migrante. Desconocemos los detalles de la ceremonia y si el matrimonio tendrá reconocimiento legal (Tijuana está en Baja California, uno de los estados mexicanos en los que se celebran matrimonios entre personas del mismo sexo), pero su valor simbólico es indudable. Y según tuiteaba Kinosian, otras seis parejas estaban ya dispuestas a seguir sus pasos.

No sabemos qué futuro espera a Erick y Pedro. Su intención es solicitar asilo en Estados Unidos, pero qué duda cabe que lo tienen francamente complicado, y más ahora que su presidente, Donald Trump, no ha dudado en convertir a la caravana en un nuevo chivo expiatorio y dirigir contra ella sus ataques de odio. Tampoco lo tienen fácil en México. El País recoge hoy, precisamente, como ya se están produciendo los primeros brotes de xenofobia contra las personas que han llegado a Tijuana.

Sea como sea, les deseamos lo mejor.

Os dejamos con el momento en el que se dieron el «sí»:

Congrats to Erick and Pedro! The first LGBT couple of 7 from the migrant caravan to get married today. pic.twitter.com/6t3Snt6jZV

— Sarah Kinosian (@skinosian) 18 de noviembre de 2018

Fuente Dosmanzanas

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Lo adelantábamos el pasado día 14 y lo destacaba hace unos días eldiario.es, y en efecto lo hemos podido comprobar leyendo las propuestas de enmienda del Partido Popular a la proposición de ley de reforma de la ley de identidad de género. Los populares, contrarios ahora al principio de despatologización de la transexualidad, piden que se mantenga la necesidad de un «diagnóstico» para que las personas trans puedan modificar sus datos registrales. Un paso atrás respecto a lo que el propio PP se comprometió en su momento, cuando, en un documento que se ha revelado como una de las mayores mentiras de los diputados populares Javier Maroto y Andrea Levy, que llegaron a estampar su firma en él, los conservadores aseguraron estar de acuerdo con suprimir la patologización de las identidades trans.

Como sabemos, en este momento se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores (sin necesidad de intervención judicial salvo oposición expresa de uno o ambos progenitores o representantes legales). Quedaría así actualizada la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como «ley de identidad de género». La iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero de este año cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance. La proposición permanece sin embargo atascada en el marasmo parlamentario, a la espera de que se vote una serie de enmiendas publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes con fecha 21 de marzo.

Una de estas enmiendas, del PP, propone mantener la patologización de la transexualidad que contempla la legislación vigente. Los populares proponen para ello la siguiente redacción del artículo 4 (requisitos para acordar la rectificación):

1. La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una vez que la persona solicitante acredite que le ha sido diagnosticada disforia de género.
2. La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informe de médico o psicólogo clínico, colegiados en España o cuyos títulos hayan sido reconocidos u homologados en España, y que deberá hacer referencia:
   • A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia.
   • A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior.

El PP justifica la enmienda como una «mejora técnica», argumentando que «la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares».

La propuesta del PP supone, en definitiva, mantener la patologización de las identidades trans y que España continúe alejándose de los puestos de cabeza en materia de derechos LGTB. Hay que recordar, en este sentido, que son ya bastantes los países que han adelantado a España en este aspecto, entre ellos varios de nuestro entorno como Portugal, Grecia, Bélgica, Irlanda, Dinamarca, Malta  o Noruega. En España, por el contrario, mientras la Ley 3/2007 no sea actualizada sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes.

Las mentiras de Maroto y Levy

Más allá de esto, cabe destacar que el PP ha dado aquí un giro de 180 grados sobre su compromiso de junio de 2017, cuando las principales fuerzas políticas acordaron con la FELGTB permitir la aprobación de una ley LGTBI cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español», así como «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional». El primero de estos puntos ya resultó incumplido en septiembre, cuando los populares se abstuvieron de votar la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB y presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Pero es ahora cuando de forma más clara se visualiza el incumplimiento: podría argumentarse que en aquel momento la abstención no suponía necesariamente una oposición frontal, pero la propuesta popular en un aspecto tan concreto y específico como es el de exigir un «diagnóstico» a las personas trans no admite dudas.

En este caso, además, no podemos responsabilizar al nuevo presidente popular, Pablo Casado, entre cuyos apoyos para hacerse con el liderazgo del PP se encontraba por ejemplo la organización ultraconservadora HazteOír. Fue la anterior dirección la responsable de las propuestas de enmienda. A quién sí debemos recordar, para mal, es a Javier Maroto y Andrea Levy (dos de los fieles a Casado, por cierto) que para estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid (que ese año coincidía con la celebración del World Pride) no dudaron en mentir y estampar su firma en un documento en el que aseguraban que su partido se comprometía a «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans», así como estar de acuerdo con los mensajes de las pancartas de cabecera, una de las cuales rezaba «Despatologización Trans ¡Ya!». Un documento que la FELGTB divulgó en su momento:

Recordamos los compromisos con la #LeyIgualdadLGTBI que firmó el @PPopular en el @WorldPride2017 pic.twitter.com/kGf0UsaXmh

— Federación Estatal LGTB (@FELGTB) 19 de septiembre de 2017

Nada sorprendente, por cierto, viniendo de Javier Maroto, un político abiertamente gay pero que en el pasado no ha dudado en mentir para blanquear las posiciones de su partido en materia de derechos LGTB.

UPN, socio de los populares, también en contra de la despatologización

No podemos finalizar esta entrada sin reseñar que el PP no es la la única fuerza política que se opone a despatologización de las identidades trans. Los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, fuerza política que acudió junto al PP a las elecciones generales, han propuesta una enmienda en el mismo sentido. UPN, de hecho, propone mantener la ley como está, incluyendo las limitaciones a menores de edad y personas extranjeras.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Andrea Levy, Congreso de los Diputados, Dinamarca, eldiario.es, En Comú Podem, En Marea, España, FELGTB, Grecia, HazteOir, Identidad de género, Irlanda, Javier Maroto, LGTBfobia, Malta, Noruega, Orgullo LGTB, Pablo Casado, Personas transgénero, Portugal, PP, PSOE, Transexualidad, Transfobia, Unidos Podemos, UPN, World Pride, World Pride 2017

Diez hombres fueron detenidos en el archipiélago tanzano de Zanzíbar pocos días después de que el comisionado de la ciudad portuaria de Dar es-Salam, Paul Makonda, hiciera un llamamiento para que los ciudadanos denunciasen a quienes consideraran sospechosos de ser homosexuales. Las detenciones se produjeron tras una redada policial en una supuesta «boda gay», aunque posteriormente todos los implicados fueron puestos en libertad sin cargos por falta de pruebas. Las autoridades policiales, sin embargo, declaran que continuarán con la investigación y no descartan que vuelvan a ser detenidos. La defensa, por su parte, teme las represalias policiales hacia sus defendidos y el grave estigma social del que serán objeto. No obstante, el Gobierno tanzano ha querido distanciarse del llamamiento y las declaraciones homófobas del comisionado Makonda, al señalar que se trata de «su opinión personal», mientras aboga por el respeto a los derechos constitucionales y humanos de los ciudadanos tanzanos.

El sábado 3 de noviembre tuvo lugar una redada policial en la isla de Unguja, la mayor del archipiélago tanzano de Zanzíbar, en lo que se había denunciado como una supuesta fiesta de celebración de una «boda gay». Diez hombres fueron detenidos y posteriormente puestos a disposición policial. Permanecieron privados de libertad hasta el 8 de noviembre, día en el que el jefe regional de la Policía de Unguja, Suleiman Hassan, comunicó su liberación, dado que «hemos estado investigando este caso como se nos informó, pero hasta el momento no hemos encontrado evidencia de actos ilegales». Sin embargo, también aseguró que «continuamos con nuestra investigación y, si encontramos evidencia, podrían ser detenidos de nuevo y acusados».

Efectivamente, el abogado de los detenidos expresaba su temor a una nueva detención. «He lidiado con muchos de estos casos y dado el alto nivel de homofobia en el país, no creo que esto sea el final para mis clientes», afirmaba, «es probable que sean acosados y arrestados nuevamente». Precisamente por esa homofobia social que denunciaba, el defensor no quiso facilitar su nombre por temor a las represalias. Sea cual sea el resultado final de la investigación y el proceso, los diez detenidos ya se deben enfrentar al estigma y el oprobio social.

La redada se produjo tan solo unos días después de que el comisionado de la ciudad portuaria de Dar es-Salam, Paul Makonda, pidiera a la población que denunciara a todas aquellas personas sospechosas de ser homosexuales para que fueran detenidas e investigadas por un «equipo especial» de las fuerzas de seguridad. Pocos días después se habrían recibido más de 5.000 mensajes de denuncia y las autoridades de Dar es-Salaam contarían ya con más de 100 nombres en la lista.

La reacción internacional a esta amenaza de «caza de homosexuales» fue inmediata. Por ejemplo, la Unión Europea comunicó que revisaría sus tratados con Tanzania tras esta vulneración de los derechos humanos. Como consecuencia, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Tanzania se emitió el siguiente comunicado:

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación con África Oriental, en nombre del Gobierno de la República Unida de Tanzania, desea informar a su pueblo y a la comunidad internacional a través de los medios locales e internacionales acerca del problema de la homosexualidad abordado recientemente por el excelentísimo comisionado regional de Dar es-Salam. En su reunión con los medios de comunicación, el excelentísimo comisionado regional anunció una campaña para hacer frente a los actos homosexuales en la ciudad de Dar es-Salaam. El Gobierno de la República Unida de Tanzania desea aclarar que esa es su opinión y no la posición del Gobierno. Además, el Gobierno de la República Unida de Tanzania desea aprovechar esta oportunidad para recordar e insistir en que continuará respetando todos los acuerdos internacionales sobre derechos humanos que ha firmado y ratificado. Tanzania seguirá respetando y protegiendo los derechos contenidos en la Constitución de la República Unida de Tanzania.

A pesar de este distanciamento forzado del Gobierno tanzano, lo cierto es que el llamamiento de Makonda no ha sido más que la última abatida de la ola de homofobia de Estado en Tanzania, que está alcanzando cotas sin predecentes. Hace poco más de un año el entonces ministro de Interior, Mwigulu Nchemba, amenazó abiertamente con detener y juzgar a quienes defendiesen los derechos LGTB en el país africano. «Me gustaría recordar y advertir a todas las organizaciones e instituciones que hacen campaña y pretenden proteger los intereses homosexuales (…) que vamos a detener a cualquiera que esté involucrado y presentar cargos ante los tribunales», aseguraba. Días antes, el presidente John Magufuli se había referido con crudeza al papel de las ONG extranjeras, a quienes prometió combatir aunque eso significara la pérdida de ayudas internacionales.

Pero fue en el verano de 2016 cuando comenzó a tenerse noticia de la deriva LGTBfoba de las autoridades tanzanas, de la mano del mismo Paul Makonda, que parece decidido a utilizar la homofobia de la población como instrumento para encumbrarse políticamente. El comisionado de Dar es-Salam anunciaba entonces una campaña de represión contra los homosexuales, lo que dio lugar a varias detenciones en locales de ambiente. Makonda también amenazó con detener a quienes siguieran en las redes sociales a hombres abiertamente homosexuales. En octubre de 2017 se tuvo noticia de la detención de doce hombres en un hotel.

Homofobia de Estado

El Código Penal tanzano castiga las relaciones «contra el orden de la naturaleza», entre las que se incluyen la zoofilia o la sodomía, con penas de cárcel que pueden llegar hasta la cadena perpetua. La «grave indecencia» entre varones puede ser penada con cinco años de prisión. Las relaciones lésbicas, en cambio, solo están explícitamente castigadas en la región insular de Zanzíbar, con penas de hasta cinco años de cárcel que pueden sustituirse por una multa de hasta 500.000 chelines (210 euros, 230 dólares). Sin embargo, en diciembre pasado nos llegaba la noticia de la primera detención de una mujer en el interior del país tras hacerse viral un vídeo en el que besaba y regalaba un anillo a otra mujer. Una detención que claramente apuntaba a que las autoridades tanzanas han apostado por hacer una interpretación más extensiva y menos garantista de la legislación homófoba, que apenas se aplicaba hace unos pocos años.

La ofensiva se ha extendido incluso al ámbito sanitario: el Ministerio de Sanidad comunicaba, también en el verano de 2016, la prohibición de la importación y venta de lubricantes sexuales, argumentando que fomentaban las relaciones entre varones y la propagación del VIH. En junio de 2017 las amenazas alcanzan a las personas extranjeras que simplemente defiendan los derechos del colectivo LGBT. Así, el gobierno de Tanzania amenazó con deportar a quienes ayuden y defiendan al colectivo LGBT. Un paso más en la escalada represora del gobierno tanzano, que en los últimos tiempos ha arreciado en su empeño de estigmatizar a sus ciudadanos LGTB, utilizándoles como cabeza de turco a quien culpar de los problemas del país. Y hace dos años el entonces viceministro de Sanidad, Hamisi Kigwangala, emitía un comunicado en el que aseguraba que el Gobierno protegería los valores tradicionales de la sociedad tanzana, argumentando que «no puedo negar la presencia de personas LGTBI en nuestro país y el riesgo que presentan para la propagación del VIH/sida». Con ese propósito, a principios de 2017, Kigwangala ordenaba la detención de varios ciudadanos tanzanos, acusándoles de «promover la homosexualidad» a través de las redes sociales.

En definitiva, parece que las autoridades tanzanas, a imagen y semejanza de lo que viene sucediendo en otros países de la región, han decidido estigmatizar a sus ciudadanos LGTB y utilizarlos como cabezas de turco a quienes culpar de los problemas del país. Un escenario que nos hace temor lo peor.

La homosexualidad es ilegal en 38 de los 54 países africanos, castigándose con la muerte en Sudán, Somalia y Mauritania. En 2014, Uganda trata de imponer la pena de muerte a los condenados por ser homosexuales, pero ante la controversia creada la ley fue rectificada. Amnistía Internacional denuncia en julio de este mismo año que las autoridades de Tanzania estaban «arrestando y persiguiendo a la población con cargos relacionados con la homosexualidad, sometiéndoles a exámenes anales forzosos».

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Las autoridades malasias vuelven a censurar una película por visibilizar la homosexualidad. Se trata de Bohemian Rhapsody, el filme sobre la mítica banda Queen y su vocalista Freddie Mercury. Las escenas borradas en la versión proyectada en el país asiático hacen referencia principalmente a relaciones entre hombres y travestismo. El filme, recomendado para mayores de 13 años en Estados Unidos y Reino Unido, ha recibido en Malasia una calificación para mayores de 18 años para evitar «más cortes» que «habrían afectado a la trama».  

Bohemian Rhapsody, que se ha estrenado recientemente en cines, cuenta la historia de la banda de rock Queen hasta el famoso concierto Live Aid en el estadio de Wembley en 1985. La cinta explora (sin entrar en profundidades) la sexualidad de Freddie Mercury, incluyendo sus relaciones con otros hombres. Un tema tabú para las autoridades malasias, que, como ya hicieran con La Bella y la Bestia, han vuelto a censurar las escenas donde la homosexualidad es más visible. Ya entonces la LPF dejó claro que solo permite tramas que hagan referencia a la homosexualidad si el personaje muere o acaba renunciando a su orientación sexual a lo largo de la película. En el caso de la película de Disney, la productora se negó a permitir la proyección de una versión censurada, cosa que no ha ocurrido por el momento con Bohemian Rhapsody.

Aunque en un principio se informó sobre un supuesto corte de 24 minutos con respecto al metraje original, la censura se ha quedado reducida a un total de tres minutos. En concreto, según el presidente de la LPF Mohd Zamberi Abdul Aziz, se han eliminado palabras malsonantes, así como escenas de «hombres besándose, hombres frotándose unos contra otros y un grupo de hombres con vestidos celebrando  una fiesta en una mansión». También se han borrado referencias a la relación entre Freddie Mercury y Jim Hutton (el que fuera su pareja durante los últimos años de su vida, al que la película presenta en un par de secuencias) y se ha editado la parte en la que Mercury se confiesa bisexual a su entonces pareja Mary Austin.

Zamberi defendió la edición de la película se ha llevado a cabo para que los malasios puedan verla, porque en caso contrario, las autoridades la habrían vetado por completo. «Cualquier cosa relacionada con lo LGTB o que lo promueva no se admitirá, y como sabemos que es una película que la gente quiere ver, solo cortamos muy pocas escenas», afirmó. Además de la censura, la película ha sido calificada para mayores de 18 años, a diferencia de Estados Unidos y Reino Unido, donde está recomendada para mayores de 13. Zamberi argumenta que, de haberla mantenido para mayores de 13 años, el filme habría sufrido la eliminación de escenas con besos o consumo de alcohol, por ejemplo. Unos cortes que «habrían afectado a la trama», a diferencia al parecer de los que sí se han producido.

LGTBfobia y censura pese al cambio político

En entradas anteriores hemos venido hablando de la escalada de LGTBfobia de Estado en Malasia, y que el nuevo Ejecutivo no ha frenado pese a las esperanzas que había despertado. En agosto de este año una representante del Gobierno afirmó que el colectivo LGTB no debe visibilizarse porque incomoda «a la mayoría» del país. Lo hacía a cuenta de la censura de los retratos de los activistas Pang Khee Teik y Nisha Ayub en una exposición de George Town (ciudad del Estado de Penang) por orden administrativa. Hace un mes, el ministro de Religión calificó los derechos LGTB de «ideas extremas» que «no se pueden permitir».

La LGTBfobia social y política imperante en Malasia ha llevado a situaciones que rozan el absurdo, y que hemos recogido en esta misma página. En febrero del año pasado, en un vídeo promovido por el Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia se sugería a los homosexuales que «aprender» a ser hetero es como iniciarse en la equitación. En febrero de este año nos hacíamos eco de un artículo que ejemplificaba la estigmatización de la comunidad LGTB también desde los medios de comunicación. En abril, nos enterábamos de que la Universidad de Ciencias de Malasia (USM) celebró un concurso de carteles para “convertir”alumnos gays en heterosexuales. Y en mayo que el gobierno de Malasia ha comenzado a bloquear páginas LGTB+, incluido el portal Utopia-Asia que es la principal fuente de información para viajeros gais en la región. Otros ejemplos son el anuncio de censura de programas con personajes homosexuales; la censura de una escena de La Bella y la Bestia y de una canción de Lady Gaga o la cancelación de un Festival que se celebraba desde 2008 para promover el respeto a la diversidad sexual.

Otros ejemplos son el anuncio de censura de programas con personajes homosexuales; la censura de una escena de La Bella y la Bestia, de la que ya hemos hablado, y de una canción de Lady Gaga o la cancelación de un Festival que se celebraba desde 2008 para promover el respeto a la diversidad sexual.

Una estigmatización social que, en ocasiones, tiene consecuencias criminales. Especialmente preocupante fue lo sucedido en 2012, cuando un joven gay musulmán recibió amenazas de muerte por difundir un vídeo en el que animaba a otros homosexuales a salir del armario. En junio del año pasado conocíamos la muerte de un adolescente, T. Nhaveen, después de cinco días en coma y sufrir una dura agresión de carácter homofóbica que le había dejado con varias heridas y quemaduras en la espalda, además de ser sodomizado con una barra. T. Nhaveen, de dieciocho años de edad, había quedado con su mejor amigo, T. Previin, de 19 años de edad, el sábado, 10 de junio, alrededor de las 11 de la mañana en una hamburguesería de Gelugor, un zona residencial de George Town, en Penang, para celebrar que iba a comenzar su vida como estudiante de música en Kuala Lumpur, pero falleció el jueves, 15 de junio, tras ser víctima de una dura agresión homofóbica que le deja en coma durante cinco días. Un episodio más de bullying homofóbico que en esta ocasión había consternado a la sociedad de Malasia por su dureza y violencia. Ante este escenario, podría pensarse que un suceso tan terrible como este debería servir de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia. Mucho nos temíamos que no iba a ser así, a la vista del hecho de que los mismos medios locales y autoridades que habían reaccionado con horror ni siquiera precisaron que el acoso que el joven sufría era de naturaleza homofóbica. Esperemos, al menos, que se haga justicia con los asesinos de  T. Nhaveen. Está claro, sin embargo, que ni siquiera un hecho tan terrible como este ha servido de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia, como ya entonces pronosticábamos. Y para corroborarlo, en julio radicales religiosos de Malasia e Indonesia se rebelaban contra Starbucks por su apoyo al colectivo LGBT…Aunque el suceso que causó una mayor consternación fue el brutal asesinato homófobo del joven T. Nhaveen en junio del año pasado. Está claro, sin embargo, que ni siquiera un hecho tan terrible como este ha servido de acicate para que la aceptación de la diversidad gane posiciones en Malasia.

Fuente Dosmanzanas

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Ya hace semanas que os hablamos de la “purga” gay que el gobernador de la región de Dar es Salaam, Paul Makonda, decidió poner en marcha el pasado 5 de noviembre. Por ahora no parece que haya mucha gente manifestándose frente a los consulados del país como sí se hizo cuando ocurrió lo mismo en Chechenia, pero seguro que es por causas ajenas a la organización y no porque en Tanzania sean negros y en el fondo todos somos un poquito racistas o porque Chechenia tiene relación con Putin y joder, qué mal nos cae Putin a todos.

Makonda pidió a la población que denunciara a cualquiera que sospecharan que era homosexual, y formó un equipo de 17 “expertos” que se encargarían de comprobar si la acusación era cierta (realizando un examen anal, una práctica absurda, discriminatoria e inhumana que muchos países están dejando de utilizar para detectar gais); para luego no matarlos ni torturarlos sino “curarlos”. A base de más torturas, claro.

A pesar de que, según Amnistía Internacional, la policía del país ya ha arrestado (como mínimo) a 10 hombres sospechosos de ser gais; el Ministro del Interior del país, Alphaxard Kangi Ndege Lugola, aseguró a la prensa que en su país todo el mundo está a salvo: “Tanzania es un lugar seguro y nadie puede decir lo contrario sin tener toda la información. Si alguien siente que su vida está amenazada, debería ir a la policía y no he recibido ninguna información por parte de la policía que demostrara la vulnerabilidad de ninguna persona“.

Parece un chiste, pero es real. Y luego que para qué seguimos celebrando el Día del Orgullo LGTB+.

Fíjate si las declaraciones del Ministro son absurdas (y falsas) que él mismo se contradijo un par de días después al dirigirse al Parlamento del país y asegurar que, con respecto a la homosexualidad, Tanzania “no es el lugar adecuado para ese tipo de actos, nunca permitiremos que ocurran esas cosas. Tenemos leyes que prohíben esas cosas.”

Independientemente de las atrocidades que Makonda y el gobierno tanzano (que dijo públicamente que se distanciaba de la “purga” pero no piensa hacer nada para evitarla), el país castiga la homosexualidad con la cadena perpetua. Es a lo que, probablemente, se enfrenten los 10 detenidos de hace unos días cuyo abogado teme que, a pesar de estar en libertad bajo fianza, vuelvan a ser perseguidos y acosados por la policía.

La misma policía que responde ante el ministro de interior del que te hablamos en esta noticia. Luego se extraña de que no le lleguen informes de violencia policial contra personas LGTB+.

Fuente | Pink News, vía HazteQueer

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Una concentración de activistas frente al Círculo Ecuestre de Barcelona conseguía este viernes la suspensión del acto de promoción del odio homófobo que la organización HazteOír había organizado en la capital catalana. El Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya había intentado que la Generalitat actuase de oficio y en aplicación de la ley catalana contra la LGTBfobia aplicase medidas cautelares. Finalmente tuvo que ser la movilización activista la que impidiese que los promotores del odio se saliesen con la suya.

Los de Hazte Oír vuelven a la carga con el bus homófobo y, por si eso fuera poco, también han organizado una charla contra el feminismo y esa invención  que llaman “ideología de género”.

La organización ultraconservadora ha organizado una nueva gira de «conferencias coloquio» por varias ciudades de España para difundir su mensaje de LGTBfobia.  La gira se inició en Madrid el pasado martes, 6 de noviembre, y ha tenido ya paradas en Zaragoza (7 de noviembre) y Oviedo (8 de noviembre). Este viernes, 9 de noviembre, estaba prevista una parada en Barcelona. Está previsto que continúe la semana que viene con actos en Palma de Mallorca (día 12), Valencia (día 13), Murcia (14), Sevilla (15) y Cádiz (16), para recalar de nuevo en Madrid el 17 de noviembre.

Pese a las protestas, los actos de Madrid, Oviedo y Zaragoza se celebraron sin cortapisa, aunque en Zaragoza tuvo que cambiar de lugar, trasladándose desde el Paraninfo de la Universidad al World Trade Center Zaragoza.

La intención de la organización ultra es acabar el periplo con una conferencia a cargo de Agustín Laje y Nicolás Márquez para, según ellos, “desmontar las mentiras LGTBI” y “los mitos de la nueva izquierda“.

La coartada, pues, en esta ocasión, la presentación del libro Marxismo, feminismo y LGTBI, escrito por los argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez, colaboradores de CitizenGO, la marca internacional de HazteOír. Sus tesis, muy en en boga entre los círculos ultraconservadores de América Latina, es que hay un nexo de unión entre el activismo LGTB y lo que denominan «neomarxismo». «El viejo comunismo se ha disfrazado de ideología de género, de un feminismo que acusa al hombre de ser hombre, y se cuela en nuestras escuelas, en las teles, en el mundo del entretenimiento», reza por ejemplo la promoción de las conferencias en la página Mis hijos, mi decisión, desde donde es posible acceder a las entradas.

En Barcelona, sin embargo, la presión del activismo, concentrado a las puertas del local en el que iba a tener lugar el evento, consiguió su suspensión. Especialmente activa estuvo la Crida LGTBI, que avisó a través de sus redes sociales del cambio de lugar de la conferencia con el que HazteOír intentó despistar a los manifestantes.

Desde l’Observatori Contra l’Homofòbia exigieron al Govern de la Generalitat que aplique las medidas cautelares necesarias para impedir la circulación del autobús y el coloquio posterior. La petición la realizó el portavoz del OCH, Cristian Carrer, durante la comisión parlamentaria de Igualdad en la que se presentó el informe del Estado de la LGTBIfobia en Cataluña: 111 incidencias por discriminación de identidad sexual en 2017. Un 32,2% más que en 2016. Una fantástica noticia teniendo en cuenta que en 2014 se aprobó la famosa Ley 11/2014 que se suponía iba a frenar la discriminación… Pero que 4 años después aún no saben cómo aplicar.

Tanto el OCH como la Crida LGBTI habíann convocado una manifestación para ayer por la tarde frente al lugar en el que Hazte Oír pretende llevar a cabo sus charlas. La organización HazteOír, como ya es habitual, ha aprovechado la situación para hacerse la víctima y denunciar lo que ha calificado como acción de una «turba violenta». «En Barcelona los radicales marxistas/LGTBI son más violentos que en otras ciudades.  Y los Mossos permiten las agresiones al disidente», tuiteaba el presidente de HazteOír, Ignacio Arsuaga.

Pese a las diferentes legislaciones autonómicas en materia LGTB, lo cierto es que HazteOír continúa organizando sus eventos de promoción del odio por toda la geografía española. Lo veíamos el pasado febrero, por ejemplo, en Madrid: pese a que entonces la organización ultraconservadora anunció con antelación un acto que «incumpliría todas las leyes LGTBI vigentes en España», ni las autoridades policiales ni las judiciales tomaron medidas para evitar su celebración. De hecho, un grupo de activistas que se personaron a las puertas del local para protestar fueron reprimidos tanto por la seguridad privada del evento como por agentes de la Policía Nacional que se personaron casi inmediatamente en el lugar. Dos personas fueron además detenidas.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona han dejado claro que no permitirán que el autobús circule por Barcelona. Así lo ha explicado la regidora Laura Pérez, que ha asegurado que el consistorio “utilizará las herramientas que tiene” y se coordinará con la Generalitat para mandar El Bús al mismo lugar en el que acabó el del reality de Antena 3.

Según Laura Pérez, lo de Hazte Oír es “una provocación” y les ha dejado claro que no son bienvenidos en la ciudad. Si finalmente decidieran presentarse, podrían volverse a Madrid con una multa de 3.000€ al aplicarles la ordenanza municipal de civismo, con el agravante de que el mensaje del autobús afecta directamente a menores de edad. Y no solo eso, también pueden llevarse otra multa de 600€ por vulnerar la ley de publicidad dinámica.

No parece que les preocupe mucho teniendo en cuenta que  siguen disfrutando de la condición de organización de Utilidad Pública a la organización, lo que implica una serie de beneficios fiscales para sus donantes, que tienen bastante más que esos 3.600€.

HazteOír sigue siendo hoy día entidad de utilidad pública, un privilegio que le concedió en 2013 el Gobierno del Partido Popular y que permite que sus donantes y socios puedan beneficiarse de considerablesa ventajas fiscales. Al margen de que organización ultraconservadora mantenga al día sus obligaciones administrativas, hay que recordar que, para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza».

Una definición que a nuestro juicio no coincide con el ideario de HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB y que ha promovido campañas de odio tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias, por ejemplo) como en otros países, a través de su marca internacional CitizenGO. En Kenia, por mencionar solo un ejemplo, promovió una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales.

¡Oh casualidad… HazteOír y Vox al alimón!

Sin embargo, el anterior ministro del Interior, del partido Popular, Juan Ignacio Zoido, se negaba de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”. Y, por si fuera poco, HazteOír decidía movilizarse activamente en favor de Pablo Casado como presidente del PP…

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es el llamamiento de instituciones que han solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír,, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP). Y hasta en el parlamento Europeo más de 70 eurodiputados de todo signo político, instaron al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora llamando la atención acerca de su mensaje homófobo: Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”…

Por su parte, la misma Iglesia rechazaba su mensaje: El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacudía una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en a  editorial del  jueves 9 de marzo del 2017. En el mismo, que llevaba por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”. Y la Conferencia Episcopal Española daba la espalda a Hazte Oír pidiendo “ser serios con los niños y con las niñas”.

El pasado mes de agosto, tras recoger algunos medios que el Ministerio de Interior descartaba retirar dicha declaración por «cuestiones técnicas», una noticia de la que también se hacían eco algunas páginas LGTBI y que desató la polémica en redes sociales., fuentes socialistas y del propio Ministerio anunciaban la apertura de un expediente a la organizaicón ultraconservadora para ver si «persistía» su utilidad pública. Han pasado tres meses, y por el momento el estatus de HazteOír sigue siendo el mismo.

Fuente | La Vanguardia – Betevé ,vía Hazte Queer/Dosmanzanas

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El pasado sábado publicábamos que Paul Makonda el gobernador de Dar es Salaam (la capital económica de Tanzania y la ciudad más poblada del país) había dado orden de comenzar una “purga” gay con la intención de arrestar a todas las personas homosexuales y “curarlas”. Makonda dio orden a todos los ciudadanos de reportar a la policía a cualquier persona que supieran (o creyeran) que era homosexual, además de haber comenzado ayer mismo la monitorización de todas las comunicaciones vía internet para identificar a los homosexuales.

Aunque el propio gobierno del país está liderado por un señor profundamente homófobo como es John Magufuli, desde el Ministerio de Exteriores han emitido un comunicado desmarcándose de las palabras de Makonda. “Queremos clarificar que el Sr. Makonda solo estaba expresando sus opiniones personales, las cuales no representan la posición oficial de la República Unida de Tanzania“, explica el comunicado, que añade: “La República Unida de Tanzania continuará respetando y defendiendo los derechos humanos tal y como provee la Constitución del país“.

Aunque al gobierno no le gusten las palabras de Makonda (o eso digan de cara a la galería internacional), tampoco parece que vayan a hacer mucho por pararle los pies. Los que sí se han puesto las pilas han sido los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea. Desde la embajada norteamericana en Tanzania emitieron el pasado viernes una alerta de seguridad que recomendaba a todos los ciudadanos americanos revisar sus perfiles en redes sociales para asegurarse de que eliminan o protegen las imágenes que pueden ir en contra de la prohibición de la homosexualidad en el país.

La nota, además, recomienda a todos los ciudadanos que en caso de ser requeridos por las fuerzas de seguridad del país exijan que se avise a la embajada, algo que como la propia embajada reconoce no se hace “de forma habitual“.

Por su parte la Unión Europa ha llamado a consultas a Roeland van de Geer, el embajador del organismo en Dar es Salaam, y además ha emitido un comunicado en el que se lamentan “del deterioro en materia de derechos humanos y aplicación de la ley en Tanzania” y anuncian “una revisión en profundidad de las relaciones con Tanzania“.

Oficialmente la “purga” gay en la región de Dar es Salaam comenzó el lunes 5 de noviembre, aunque según el gobierno de la ciudad ya han recibido más de 10.000 mensajes de ciudadanos preocupados que han hecho circular fotos, nombres, datos y direcciones de los sospechosos de ser homosexuales. “Si conoces a un homosexual, debes denunciarlo a la policía“, dijo Paul Makonda a la prensa, “Nadie puede escapar“.

Se cree que, ahora mismo, el gobierno de Makonda ya tiene en su poder los nombres de 100 personas acusadas de ser homosexuales que podrían ser detenidas en breve.

Como varias organizaciones LGTB+ del país están denunciando, la intención de Makonda no es la de asesinar, encarcelar o expulsar a las personas homosexuales sino torturarlas para “curar” su homosexualidad; algo que el propio gobernante ha reconocido en una entrevista. Para ello Makonda ha formado un grupo de 17 personas (entre las que hay varios “psiquiatras” y “doctores” que realizarán exámenes anales a los sospechosos de ser homosexuales) para llevar a cabo esta “purga”: “Tenemos un equipo de doctores y psicólogos que les ayudarán a cambiar“.

Makonda además está decidido a ignorar completamente las preocupaciones de la comunidad internacional, avisando de que “prefiero enfadar a esos países que a Dios” y asegurando que el sexo gay “socava los valores morales de los tanzanianos y de nuestras religiones cristiana y musulmana“.

Fuente Gay Star News – Pink News, vía HazteQueer

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