El otrora auxiliar de Detroit admite que la Iglesia no ha sabido acompañar a los homosexuales

La Iglesia «tiene cierta responsabilidad» por la homofobia, reconoce el prelado, de 89 años: el lenguaje de ‘desorden’ «crea miedo, ira y lleva a la gente a hacer juicios falsos sobre las personas LGBT»

«Si dos personas siguen a su conciencia, yo no tengo derecho a interferir», afirma sobre las relaciones de dos personas del mismo sexo

16.04.2019 Cameron Doody

Nunca es fácil admitir que te has equivocado y decidir que quieres reparar el daño que tu error ha causado. Menos aún si eres obispo y tu error se trata de una cuestión de doctrina, y menos aún si tienes 89 años de edad. Pero eso es exactamente lo que ha hecho Thomas Gumbleton, obispo auxiliar ya jubilado de Detroit, quien ha reconocido que por su doctrina tan estricta sobre la homosexualidad la Iglesia «tiene cierta responsabilidad» por la aún existente homofobia en la sociedad.

«Mis clases de teología moral fueron muy inadecuadas en lo que se refiere a la doctrina de la homosexualidad. Nunca hubo distinción entre la homosexualidad como elección o como parte de la identidad de una persona«, ha reconocido Gumbleton en una entrevista con el periódico italiano Quotidiano Nazionale. «Salí del seminario con la convicción de que [la homosexualidad] era una elección y por tanto un pecado. No estuve preparado como para acompañar a los gays y lesbianas en sus luchas«, se ha sincerado el que fuera auxiliar de Detroit entre 1968 y 2006, añadiendo que «sí» ha cometido errores en su ministerio con este colectivo.

Heed Francis’ example: Bishop Thomas Gumbleton speaks on LGBT issues https://t.co/wXbCbeU45S via @vineandfigco @NCRonline

“Moral theology classes were very inadequate regarding teaching on homosexuality. Church’s teaching is still developing.” pic.twitter.com/VRGIMS3rI2

— Fields of Moab (@fieldsofmoab) 15 de abril de 2019

Una salida del armario inesperada

Pedir a los fieles gays y lesbianas a que renunciaran a sus relaciones con personas del mismo sexo -tal y como hizo durante gran parte de su ministerio- «obviamente no fue el consejo correcto», ha reconocido Gumbleton, recordando que el punto de inflexión para él vino cuando su propio hermano, casado y con cuatro hijos, salió del armario. Es una de las razones por las que Gumbleton siente tan profundamente el daño que provoca el lenguaje doctrinal de que la persona homosexual es «intrínsecamente desordenada».

Gumbleton cree que este lenguaje de «desorden» «cree miedo, ira y lleva a la gente a hacer juicios falsos sobre las personas LGBT». «Ningún padre debe decir jamás a un hijo que él o ella está intrinsecamente desordenada», ha alertado el prelado. «Que la Iglesia enseñe eso es un insulto hacia el padre y el hijo», ha criticado, recordando que «yo he tenido a padres que se enfadan mucho si esto siquiera se menciona, y yo no les culpo».

«La doctrina de la Iglesia aún se está desarrollando»

Pero aún hay motivos para la esperanza para los fieles LGBT. «La doctrina de la Iglesia aún se está desarrollando» en lo que se refiere a la homosexualidad, ha opinado Gumbleton, explicando que a su juicio y en cuanto a la experiencia de los LGBT de que nacen ya con esta identidad afectiva «la Iglesia debe continuar explorando la cuestión más a fondo desde un punto de vista científico».

Inspiración para este replanteamiento, ha proseguido Gumbleton, es el mismo Papa Francisco, «quien ha acogido a personas gay en su círculo de amigos». «Al hacerlo [el Papa] pregunta, ‘¿Quién soy yo para juzgar?'» «Si dos personas siguen a su conciencia, yo no tengo derecho a interferir», ha concluido el obispo.

Fuente Religión Digital

Iglesia Católica Detroit, Homofobia, Homosexualidad, Iglesia Católica, Thomas Gumbleton

Una buena noticia nos llega desde Turquía. Según ha anunciado el colectivo Kaos GL, un tribunal administrativo regional ha puesto por fin punto final a la prohibición de celebrar actos relacionados con la realidad LGTB impuesta a finales de 2017 por el gobernador de Ankara, la capital turca, en base al estado de emergencia declarado en esa fecha. Queda pendiente de decisión una segunda prohibición, emitida en octubre de 2018, pero el maltratado activismo LGTB turco puede al menos celebrar una primera (y significativa) victoria.

Como recogimos en su momento, el entonces gobernador de Ankara, Ercan Topaca, emitía un comunicado en noviembre de 2017 prohibiendo por tiempo indefinido todas las expresiones culturales de la comunidad LGTB en la capital turca. La prohibición, cuyo antecedente había sido el veto, pocos días antes, a la celebración de un Festival de Cine LGTBI Alemán (organizado entre otros por la embajada germana) se fundamentaba en una declaración de estado de emergencia por parte del Gobierno turco. Las organizaciones Kaos GL y Pembe Hayat (o Pink Life) apelaron la decisión, pero la justicia rechazó en un primer momento la apelación. Ahora, sin embargo, el 12º tribunal administrativo de Ankara ha estimado sus argumentos al considerar que la prohibición era «indefinida y ambigua». «Debe garantizarse la seguridad de los eventos, en lugar de prohibirlos», ha argumentado además el tribunal.

La decisión ha sido saludada tanto por los colectivos demandantes como por ILGA Europa, organización que en su momento criticó con dureza la decisión de las autoridades turcas. Sin embargo, como la propia Kaos GL explica en su página web, queda pendiente todavía el recurso por una segunda prohibición de eventos de temática LGTB emitida por el gobernador de Ankara en octubre de 2018, con posterioridad al estado de emergencia decretado por el Gobierno turco (que finalizó en julio). Una segunda prohibición, por cierto, que el pasado mes de febrero un grupo de diputados pertenecientes al Intergrupo LGTB del Parlamento Europeo solicitaron por carta al gobernador de Ankara que derogase. Entre ellos los eurodiputados españoles Izaskun Bilbao (PNV), Ana Miranda (BNG), Javi López (PSC) y Jordi Solé (ERC).

Confiemos en que la justicia ponga también punto final a esta segunda prohibición, uno más en una larga serie de episodios de discriminación contra el colectivo LGTB turco, ejemplarizados por ejemplo en la reciente prohibición del Orgullo LGTB de Estambul, la principal ciudad turca. En 2013 nos hacíamos eco del éxito de dicha celebración, en la que participaron más de 15.000 personas (siendo la más multitudinaria hasta la fecha). Pero las ediciones de 2015 y 2016, en cambio, fueron reprimidas violentamente por las autoridades. En 2015 la marcha fue prohibida de repente por la oficina del gobernador a causa del mes de Ramadán (circunstancia que, siendo exactamente igual, no impidió la manifestación de 2014). En 2016 la Policía turca disolvía violentamente la Marcha del Orgullo Trans de Estambul, también prohibida por el gobernador, que justificaba su decisión por «la seguridad de nuestros ciudadanos, en primer lugar, de los propios participantes». Desde el activismo LGTB, sin embargo, la prohibición se contempló como una claudicación ante las amenazas de grupos de extrema derecha nacionalista e islamistas. Una semana después, el Orgullo LGTB corría la misma suerte. En agosto de ese mismo año, además, la activista trans Hande Kader era brutalmente vejada y asesinada, después de haberse posicionado en primera fila durante el reprimido Orgullo Trans.

La situación se repetía en 2017, cuando tras las amenazas de un grupo ultranacionalista, y lejos de asegurar el ejercicio del derecho de manifestación del colectivo LGTB, el gobernador de Estambul volvió a prohibir la manifestación del Orgullo cediendo al chantaje de los extremistas. Cientos de valientes activistas desafiaron la prohibición y salieron a las calles, pero fueron duramente reprimidos. Y lo mismo sucedió en 2018, cuando un millar de activistas desafiaron la prohibición y la policía les lanza gas lacrimógeno y pelotas de goma para dispersarlos.

La complicada situación política 

Desde el fallido intento de golpe de estado en Turquía, en julio de 2016, el presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, lo ha utilizado para acallar cualquier voz crítica que le resulte molesta. Ha despedido a miles de funcionarios públicos, acusándolos de golpistas, ha perseguido a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno y a políticos de la oposición y se ha detenido a activistas LGTB como Levent Pişkin o Uğur Büber. Solo en 2016, se imputaron cargos por «terrorismo» a 47.000 personas.

Como culminación del proceso de concentración de poder, en abril de 2017 Turquía aprobaba en referéndum convertirse en un estado presidencialista por un 51,41% de los votos. Erdoğan concentraba así toda la capacidad ejecutiva, junto a la potestad de elegir jueces de los tribunales superiores y disolver el Parlamento. Con los dos mandatos de cinco años, aprobados como el plazo máximo que un presidente tendrá posibilidad de ejercer el cargo bajo la nueva Constitución, Erdoğan podría mantener su poder hasta 2029 (las próximas elecciones presidenciales no tienen lugar hasta 2019). Una situación altamente preocupante para el respeto de los derechos humanos y del colectivo LGTB en Turquía, a la que pese a todo trata de resistir una parte importante de la sociedad turca. Un dato esperanzador ha sido, en este sentido, el reciente resultado de las elecciones municipales, donde la oposición del Partido Republicano del Pueblo (actualmente un partido secular de centro-izquierda) ha conseguido arrebatar a los islamistas de Erdoğan las alcaldías de Ankara y Estambul (en este último caso por un margen muy ajustado).

General, Homofobia/ Transfobia. Ana Miranda, Ankara, BNG, Discriminación, ERC, Estambul, Hande Kader, Homofobia, Intergrupo LGTB, Izaskun Bilbao, Javier López, Jordi Solé, KAOS-GL, Levent Pişkin, LGTBfobia, Orgullo LGTB, Pembe Hayat, PNV, PSC, Recep Tayyip Erdoğan, Transfobia, Turquía, Uğur Büber

Espantosa noticia la que nos llega desde Guatemala, donde el joven José Roberto Díaz, de 18 años, fue torturado y asesinado en lo que claramente parece ser un delito de odio: sus asesinos le grabaron a cuchillo en su cuerpo insultos homófobos.

El asesinato ocurrió en el departamento de Huehuetenango, al noroeste del país. El cuerpo de José Roberto Díaz, un joven maquillador de 18 años, fue encontrado por sus vecinos en un terreno baldío el pasado 25 de marzo. Según publica Nómada, su última conexión en WhatsApp había sido el 24 de marzo, a las 19:37 de la tarde. Desde entonces permanecía desaparecido. Sus verdugos, que lo torturaron visiblemente antes de asesinarlo, dejaron su cuerpo grabado con insultos homófobos («hueco», «morro», «maricón») y, según informa la agencia Presentes, con el número 18, símbolo de una de las maras o pandillas más violentas de Centroamérica.

José Roberto Díaz era abierta y orgullosamente gay, lo que le había valido insultos y amenazas. Una de sus aficiones era el transformismo, y de hecho había ganado ya tres títulos bajo el nombre de Alessandra Villamizar. Contaba con la ayuda y el apoyo de su madre, y su gran aspiración era tener su propio salón de belleza. Además se había implicado como activista en Trabajando Unidos, un colectivo LGTB de Huehuetenango. «Como una estrella en el cielo serás recordado, porque viniste a ser luz para quienes te conocimos, él era reina y para esta reina habrá justicia. Para Josecito, como lo conocíamos cariñosamente, exigiremos justicia, gritaremos, aullaremos hasta que nuestra voz se enronque… Gritaremos para que te escuchen y morderemos si es necesario para alcanzar toda la justicia que mereces, en tu memoria y en tu nombre no desistiremos», puede leerse en su página de Facebook. En otro mensaje más formal publicado en esta misma red social, la organización a la que pertenecía el asesinado ha hecho además un llamamiento a denunciar los actos de intimidación «para reafirmarle a la sociedad, a las personas que no creen y desacreditan nuestras luchas y a las autoridades, que somos agentes de derechos, que no pueden violentarlos y sobre todo que estamos articulados, y que no permitiremos que estos sucesos sigan siendo las únicas miradas que se le den a la comunidad LGTBIQ».

Guatemala: una realidad muy difícil para el colectivo LGTB

Según el último informe sobre homofobia de Estado de ILGA, el colectivo LGTB guatemalteco se enfrenta a violencia desde múltiples frentes, que van desde la represión policial a las bandas de delincuencia organizada, además de a la enorme presión de grupos conservadores altamente LGTBfóbicos que incluso han promovido la discusión en el Congreso de la República de la mal llamada «Ley para la Protección de la Vida y la Familia», que entre otras cosas busca prohibir la información sobre diversidad sexual en los colegios.

Por desgracia, resulta difícil cuantificar dicha violencia contra las personas LGTB, que en Guatemala no gozan de protección contra la discriminación. Según un informe de 2018del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas referido a ese país, «al Comité le preocupa que la legislación no prohíba la discriminación y los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género y no proteja el derecho al reconocimiento de la identidad legal de las personas transgénero. También se muestra preocupado por el aumento de las muertes de mujeres transgénero y por las deficiencias en el registro e investigación de actos violentos motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima, y lamenta la falta de datos consolidados sobre las investigaciones, procesamientos, enjuiciamientos, sanciones y reparaciones otorgadas en casos de violencia y delitos de odio contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales».

En cualquier caso, la violencia parece estar a la orden del día. Según datos de la organización Oasis publicados en 2017, cada año se registran cerca de 18 asesinatos de personas LGTBI en Guatemala, que en muchos casos son reportados como «crímenes pasionales» o muertes provocadas por la delincuencia común. Dicha organización estimaba entonces que la cifra real de personas asesinadas sería tres veces mayor, debido a que muchos casos ni siquiera llegaban a su conocimiento.

General, Homofobia/ Transfobia. Asesinatos, Delitos de Odio, Guatemala, Homofobia, Huehuetenango, José Roberto Díaz, LGTBfobia, Naciones Unidas, Nómada, Oasis, Presentes, Trabajando Unidos Huehuetenango

El estado de Arizona ha derogado una ley que desde 1991 prohibía presentar de forma positiva la homosexualidad en las escuelas. La presentación de una demanda judicial ha acelerado la derogación de la ley, una decisión que en este caso ha sido compartida por legisladores demócratas y republicanos (aunque varios de estos últimos se han opuesto) y por el gobernador del estado, el republicano Doug Ducey. Todavía quedan otros seis estados en Estados Unidos con legislaciones similares.

La norma fue aprobada en 1991, y tenía como objeto regular la forma en la que las escuelas daban formación a sus alumnos sobre el VIH/sida. Era una época en la que la pandemia se cobraba miles de vidas y las administraciones públicas estadounidenses comenzaban a introducir formación en las escuelas para combatirla. Sin embargo, el temor a que una mayor educación sexual se tradujera en una mayor información sobre las relaciones homosexuales llevó a que diversos estados implementaran limitaciones como la ahora derogada. La ley de Arizona, en concreto, prohibía de forma expresa «promover un estilo de vida homosexual», «presentar la homosexualidad como un estilo de vida alternativo positivo» y «sugerir que algunas prácticas sexuales son prácticas seguras de sexo homosexual».

Los legisladores republicanos de Arizona, un estado tradicionalmente «rojo» (proclive a votar republicano), se habían resistido durante años a derogar la norma, denunciada por el activismo LGTB estadounidense junto a otras similares de Alabama, Luisiana, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur y Texas. La presentación, el pasado 28 de marzo, de una demanda por la organización Equality Arizona ante una corte federal en representación de dos estudiantes LGTB, uno de primaria y otro de secundaria, alegando que la norma violaba la protección igualitaria de sus derechos que garantiza la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, ha precipitado sin embargo los acontecimientos. La demanda contaba, por una parte, con el apoyo de la superintendente de Educación de Arizona, un cargo de elección directa que en estos momentos ocupa la demócrata Kathy Hoffman, y que paradójicamente era una de las demandadas. Por otra parte, el fiscal general del estado, Mark Brnovich, decidía, pese a su filiación republicana, que no defendería la ley ante la justicia federal.

Una situación comprometida que vaticinaba una derrota judicial, y ante la que la legislatura de Arizona, en cuyas dos cámaras los republicanos tienen ligera mayoría, decidía mover ficha derogando la ley. Primero lo aprobó la Cámara de Representantes, el pasado miércoles, por 55 votos contra 5. Un día, el pasado jueves, lo hacía el Senado, por 19 a 10. Ese mismo día el gobernador Doug Ducey estampaba su firma sobre la reforma.

La decisión ha sido ampliamente saludada por los grupos de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB, que esperan que pueda servir para mejorar tanto la formación que los escolares reciben sobre VIH/sida como, de forma más general, la vida de los menores LGTB, que se veían privados de una representación positiva de la realidad homosexual. La batalla sigue viva, no obstante, en otros seis estados del sur que todavía mantienen legislaciones similares, los ya mencionados Alabama, Luisiana, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur y Texas.

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Alabama, Arizona, Carolina del Sur, Discriminación, Doug Ducey, Educación, Equality Arizona, Estados Unidos, Homofobia, Kathy Hoffman, LGTBfobia, Luisiana, Mark Brnovich, Mississippi, Oklahoma, Texas, VIH

La orientación sexual y el género no son una enfermedad pero tu homofobia sí lo es. Al escuchar estas palabras mucha gente te responderá: “si yo no soy homófobo, pero…” y en los puntos suspensivos todo el colectivo LGTB sabe qué poner como ejemplo de algo que haya escuchado alguna vez.

-Pero que no lo llamen matrimonio.

-Pero por qué tienen que demostrarlo en público.

-Pero que no lo vean mis hijos.

-Pero que no se estudie en las aulas.

-Pero cuándo un orgullo hetero.

Podríamos seguir y lo sabéis. Son muchas las excusas y los ‘peros’ que se nos plantean cada día solo por amar, sentir y ser distinto a la mayoría. ¿Y quién ha dicho que la mayoría tenga toda la razón o haya que vivir conforme a ella?

Por esta cuestión, la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales) ha lanzado en redes y en su web esta maravillosa campaña llamada “#SÍNDROMEdelPERO”.

Ha resurgido con fuerza en el último año y afecta en España a miles de personas. Seguro que te has encontrado algún caso. El típico comentario de “si yo tengo un amigo gay, pero…” o “me parece genial que celebren el orgullo, pero…”. Cuidado, es fácil que tú también presentes síntomas.”

Dentro de su web puedes ver casos típicos de este Síndrome que puede tener cualquiera a tu alrededor: tu madre, tu padre, tu hermana, tu cuñado o alguno de tus amigos. ¿Lo peor? Tú misma o tú mismo lo puede tener. Y, además, es muy contagioso. Pero tranqui, que hay solución. Se llama ARGUMENTINE.

Con un sencillo test podrás saber si tienes este Síndrome y cuál es el grado. Pero lo mejor es que también te dan una solución para mejorar tu enfermedad y la de quienes tienes alrededor. De repente, todo va a mejorar. Solo tienes que confiar. ARGUMENTINE es un medicamente muy útil que tiene solución para 6 grandes síntomas.

Esta es una iniciativa lanzada desde la FELGTB con la intención de combatir con palabras el discurso de odio contra el colectivo LGTBI que nuevamente ha surgido en la sociedad. Cuantas más personas tengamos los argumentos a nuestro alcance, más sencillo será rebatir este discurso en nuestras situaciones diarias y acabar con él.”

Fuente FELGTB, vía Oveja Rosa

General, Homofobia/ Transfobia. Campaña LGTBI, FELGTB, Homofobia, Síndrome del “Pero”

Nuevo triunfo judicial en Perú. La conocida activista Susel Paredes y su esposa Gracia Aljovín, que se casaron en Estados Unidos en 2016, han visto reconocido su matrimonio por el 11º Juzgado Constitucional de Lima después de que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) rechazara su inscripción. La batalla judicial está lejos de haber finalizado, pero la pareja ya ha advertido que piensa llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata del segundo matrimonio del mismo sexo celebrado por ciudadanos peruanos en el extranjero sobre el que la justicia de su país debe decidir: el primer caso, el de Óscar Ugarteche y Fidel Aroche, está ya en manos del Tribunal Constitucional.

Susel Paredes y Gracia Aljovín contrajeron matrimonio en Miami (Florida, Estados Unidos) en agosto de 2016, y como cualquier otra pareja de ciudadanos peruanos casada en el extranjero solicitaron su reconocimiento e inscripción en Perú de acuerdo a lo que marca el libro X del Código Civil peruano, referido al Derecho Internacional privado. El RENIEC, sin embargo, la denegó, argumentando que la Constitución peruana no reconoce de forma expresa el matrimonio entre personas del mismo sexo (lo cierto es que no hace mención al sexo de los contrayentes) y que el Código Civil, norma de rango inferior a la Constitución, define en su artículo 234 (libro III) al matrimonio como «la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer».

La pareja interpuso la correspondiente demanda de amparo ante la justicia, y ahora el 11º Juzgado Constitucional les ha dado la razón, argumentando que «aun cuando el Código Civil es una norma cronológicamente anterior a la Constitución vigente, debe observarse que tanto la actual Constitución, como la de 1979, en este extremo de la diferencia de sexos de los contrayentes, no hace precisión alguna».

Cabe señalar que la batalla judicial no termina aquí. Nadie duda que el RENIEC apelará y el caso se elevará a una instancia superior, llegando previsiblemente hasta la Corte Constitucional. Paredes y Aljovín, en cualquier caso, están dispuestas a llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por lo pronto, cuentan ya con el apoyo de la Defensoría del Pueblo de Perú, que en un mensaje en redes sociales ha señalado que el fallo judicial que ordena reconocer el matrimonio «coincide con lo señalado por nuestra institución, en que son derechos de las personas del mismo sexo constituir una familia y contraer matrimonio».

Es importante tener en cuenta, en este sentido, la opinión consultiva que hacía pública en enero de 2018 este organismo, a requerimiento de Costa Rica, y que considera que los países bajo su jurisdicción deben garantizar tanto el matrimonio igualitario como el derecho de las personas trans al reconocimiento jurídico de su identidad de género. Perú es uno de los estados que aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana, y aunque la opinión de esta no marca plazos de obligado cumplimiento resulta obvio que un pronunciamiento del Tribunal Constitucional de Perú contrario al reconocimiento del matrimonio entre Paredes y Aljovín supondría todo un desafío.

El precedente del matrimonio entre Óscar Ugarteche y Fidel Aroche

Hay que tener en cuenta, además, que el Tribunal Constitucional de Perú ya tiene sobre la mesa la demanda de Óscar Ugarteche (otro destacado activista) y Fidel Aroche, cuyo matrimonio, celebrado en este caso en México, el RENIEC rechazó inscribir. El asunto recayó en el 7º Juzgado Constitucional de Lima, que en diciembre de 2016 emitió una sentencia favorable a la pareja de la que nos hicimos eco en su momento. El RENIEC, sin embargo, recurrió la sentencia. Y aunque en un primer momento la justicia desestimó el recurso alegando una cuestión formal referida a los plazos de presentación, la pareja elevó el caso al Tribunal Constitucional, que el pasado mes de junio escuchó sus argumentos sin que por el momento se haya pronunciado.

Una decisión favorable, ya sea a la demanda de Ugarteche y Aroche o a la de Paredes y Aljovín (en cuyo caso ni siquiera existe el supuesto defecto formal atribuido a la demanda de los primeros) marcaría un precedente de gran importancia, dado que el avance de los derechos LGTB en Perú se encuentra estancada a nivel político. Sucesivos intentos de reconocer jurídicamente las parejas del mismo sexo han fracasado. Es cierto que en diciembre de 2016 los diputados Carlos Bruce y Alberto de Belaunde presentaron un proyecto de ley de uniones civiles entre personas del mismo sexo. Semanas después, un grupo aún más amplio de diputados (entre ellos también Bruce y Belaunde) presentaron proyecto de ley matrimonio igualitario. Pero ninguno de los dos cuenta con posibilidades de aprobación en la actual coyuntura política peruana, donde la presión de los grupos religiosos (tanto Iglesia católica como los minoritarios pero pujantes grupos evangélicos) contra cualquier iniciativa que suponga un mínimo avance de los derechos LGTB es muy fuerte. Buen ejemplo de ellos son las movilizaciones del movimiento «Con mis hijos no te metas» contra cualquier iniciativa que suponga la inclusión de de un enfoque de género en las aulas peruanas.

«Que nos traten como iguales en dignidad y derechos»

«Tenemos un largo camino todavía, pero mucha esperanza, ilusión y fuerzas», escribe Susel Paredes en una columna publicada en Perú 21 que la activista titula Perú, un país de gente feliz. «La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 1 dice: ‘Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros’. Asimismo, la Constitución Política del Perú dice en su artículo 1: ‘La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado’», continúa Paredes.

«Lo que reclamamos como comunidad LTGBI es exactamente eso, que nos traten como iguales en dignidad y derechos, y así como pagamos nuestros impuestos, exigimos al Estado que reconozca nuestros derechos. Pero más allá de la ley, a lo que aspiramos, mi compañera y yo, es a vivir en una sociedad donde la gente sea feliz, y hacer un país de gente feliz construyendo un país próspero», finaliza.

Ojalá el largo camino iniciado por Paredes, Ugarteche y sus respectivos cónyuges se vea finalmente recompensado. Estaremos atentos.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Alberto de Belaunde, Carlos Bruce, Defensor del Pueblo (Perú), Discriminación, Fidel Aroche, Gracia Aljovín, Homofobia, LGTBfobia, Matrimonio, Miami, Óscar Ugarteche, Perú, Perú 21, RENIEC, Susel Paredes, Tribunal Constitucional de Perú

El estado de Colorado ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión con objeto de intentar modificar la orientación sexual o la identidad de género en menores de edad. Se convierte así en el 16º estado de los Estados Unidos, además de Washington D.C. y de Puerto Rico, en prohibir estos infames procedimientos.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes de Colorado el 19 de febrero por 42 votos a favor y 20 en contra. El Senado aprobó una versión enmendada el 25 de marzo, por 21 votos a favor y 13 en contra. En ambas cámaras los demócratas gozan de mayoría. Este viernes, 5 de abril, la Cámara de Representantes dio finalmente su visto bueno a la versión aprobada por el Senado. Aunque el texto aún debe ser rubricado por el gobernador, que tiene capacidad de vetarlo, nadie duda que este no podrá impedimento alguno. El gobernador de Colorado, recordemos, no es otro que el demócrata Jared Polis, abiertamente gay, que ganó las elecciones del pasado 6 de noviembre con el 53,4% de los votos. Antes de optar a gobernar su estado, Polis fue miembro del Congreso de los Estados Unidos. Fue, de hecho, el primer congresista abiertamente gay en el momento de ser elegido por primera vez en 2008 (posteriormente revalidó su escaño en 2010, 2012, 2014 y 2016).

El uso de “terapias” reparadoras o de conversión en menores de edad ha sido ya prohibido en dieciseis estados norteamericanos, además de en la capital federal. California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire. Y hace pocos días se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado.

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En Europa, Malta fue pionera

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, en discusión en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar» una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que en cualquier caso permanece encallado por el desacuerdo entre las diferentes fuerzas políticas que en teoría lo apoyan y cuya aprobación a día de hoy no está asegurada.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Historia LGTBI "Terapias" reparadoras o de conversión, Asociación Americana de Psicología, Asociación Mundial de Psiquiatría, California, Colorado, Connecticut, Consejo General de la Psicología de España, Delaware, Discriminación, Estados Unidos, Hawai, Homofobia, Illinois, Jared Polis, Judith Glasshold, LGTBfobia, Maryland, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Partido Nuevo Progresista, Puerto Rico, Rhode Island, Ricardo Rosselló, Vermont, Washington (estado), Washington D.C.

Eric Porterfield es un político republicano, miembro de la Cámara de Representantes de Virginia Occidental, que identifica a la comunidad LGTBQ como «lo más parecido a terroristas políticos que hay en los Estados Unidos. No hay duda sobre esto». Compara también al colectivo con el Ku Klux Klan y lo acusa de ser un difusor del discurso del odio y actuar en contra de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. Pese a las peticiones de dimisión tras dichas declaraciones, Porterfield sigue en el cargo. 

Esto es exactamente el movimiento LGTBQ para Eric Porterfield, un legislador del Partido Republicano de Estados Unidos en el estado de Virginia Occidental. Hasta tal punto llega el odio del político que, durante una entrevista en la cadena local WVVA, Porterfield insinuó que actuaría contra la seguridad de sus propios hijos si estos le dijeran que son homosexuales. Fue tras escuchar los continuos ataques a la comunidad LGTBQ cuando la presentadora del espacio intentó buscar un hipotético caso en el que el político tuviera que aceptar la homosexualidad en su contexto más cercano. «Usted tiene una hija y un hijo adorables. ¿Qué sucedería si cuando sean adolescentes o adultos le dijeran que son gay o lesbiana?», le preguntó. «Bueno, primero hablaré de mi hija. Primero la llevaría a la pedicura, luego a hacerse las uñas, y después vería si sabe nadar. Si fuese mi hijo, seguramente lo llevaría a cazar y a pescar, y después vería si sabe nadar». Unas declaraciones tan cargadas de estereotipos sexistas como de odio incluso dirigido a sus propios hijos en un supuesto teórico.

La presentadora del espacio informativo quedó atónita ante las palabras del político, que llevaba una gorra con el lema Make America great again, lema de la campaña de Donald Trump. Un eslogan que, adaptado a cada lugar, ha sido utilizado por partidos de extrema derecha de todo el mundo, como es el caso de Vox en España. «¿A qué se refiere con ver si saben nadar?», le preguntó. «Solo querría asegurarme de que saben nadar», respondió Porterfield, sonriendo. «¿Qué quiere decir con eso?», intentó de nuevo la presentadora. «Solo eso, que los llevaría a hacer actividades», respondió.

Odio sin complejos

Eric Porterfield, ciego y «cristiano renacido», es el perfecto ejemplo de político extremista y lenguaraz, un perfil que pese a incomodar al republicanismo tradicional se ha visto fortalecido desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, especialmente en los estados sureños. Elegido miembro de la Cámara de Representantes de Virginia Occidental en noviembre del año pasado, Porterfield comenzó a difundir sus ideas de odio ya antes de la mencionada entrevista, cuando dio su apoyo a un proyecto de ley para legalizar en su estado la discriminación contra las personas LGTBQ que sería de aplicación incluso en aquellos condados que hubiesen aprobado de forma expresa medidas antidiscriminatorias (proyecto que finalmente fue rechazado). Porterfield defendió que la comunidad LGTBQ actúa en contra de la primera enmienda de la Constitución estadounidense (que protege los derechos a la libertad religiosa y a la libertad de expresión).

Tampoco dudó en comparar al movimiento del arcoíris con otro más monocromático: «Los LGTBQ son una versión moderna del Ku Klux Klan, solo que no visten gorros y usan sus payasadas de odio». Una cuestionable afirmación, si se tiene en cuenta que el grupo supremacista acumula más de 4.000 asesinatos reconocidos en Estados Unidos a los que se les suman los ocultados y los no descubiertos o conectados directamente con la secta. Además, Porterfield obvia el hecho de que el colectivo supremacista blanco es precisamente uno de los grupos que vio con mayor simpatía la llegada de Donald Trump a la presidencia. Un caso en el que también encontramos paralelismos con la situación política española, ya que David Duke, antiguo gran maestre del Ku Klux Klan, felicitó a Vox por sus resultados en las elecciones al Parlamento andaluz.

Porterfield también ha utilizado el término «faggot» («maricón») sin complejos para referirse a personas abiertamente homosexuales y acusa al colectivo LGTBQ de ser «uno de los grupos más socialistas de los Estados Unidos». Un señalamiento de activistas, políticos o personas de cualquier ámbito de la sociedad muy cercano a las «cazas de brujas» de las que Porterfield acusa al colectivo LGTBQ.

Peticiones de dimisión desde su propio partido

Unas declaraciones de Porterfield de tal calibre que incluso desde el Partido Republicano le han pedido que abandone el escaño. «Estos comentarios son inaceptables y así los denunciamos», expreso en un comunicado Melody Potter, presidenta de los republicanos de Virginia Occidental, que añadió que las opiniones de Porterfield «no reflejan los valores de nuestro país, de nuestro estado y del Partido Republicano».

Petición a la que Eric Porterfield no ha hecho por el momento el más mínimo caso.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Discriminación, Donald Trump, Eric Porterfield, Estados Unidos, Homofobia, LGTBfobia, Melody Potter, Partido Republicano, Virginia Occidental, WVVA

El próximo 8 de septiembre es la fecha elegida por los activistas LGTB de Bosnia-Herzegovina para celebrar en Sarajevo el primer Orgullo del país balcánico. Un anuncio que ya ha generado una ola de LGTBfobia en redes sociales y que ha desembocado incluso en una agresión a una trabajadora de una organización de defensa de los derechos humanos. Organizaciones de defensa de los derechos humanos exigen a las autoridades de la capital bosnia que el Orgullo LGTB pueda celebrarse de forma segura para sus participantes.

El anuncio fue hecho el pasado lunes por una quincena de activistas pertenecientes a organizaciones de diversos puntos del país (Prijedor, Banja Luka, Sarajevo, Bijeljina y Tuzla). Según ha declarado Branko Ćulibrk, la intención de los organizadores es celebrar el Orgullo en el centro de la ciudad, tal y como sucede con otras manifestaciones, y para ello han cursado ya la correspondiente petición a las autoridades del cantón de Sarajevo. El lema de la manifestación será «ima izać’!», expresión que, según explican los propios organizadores, se utiliza en los autobuses bosnios cuando alguno de los pasajeros solicita una parada, y que podría traducirse por «abra la puerta, por favor», en un juego de palabras con la expresión «salir del armario».

Por el momento, solo el líder de HDZ BiH (La Unión Democrática Croata de Bosnia y Herzegovina, el principal partido de la minoría croata en Bosnia) ha manifestado de forma inequívoca su apoyo a la organización del Orgullo. El resto de partidos permanecen en silencio o se muestran reticentes. Pero si a nivel político el recibimiento del anuncio ha sido frío, en las redes sociales ha generado una ola de LGTBfobia que demuestra que los valientes activistas bosnios no lo tendrán fácil, con abundantes comentarios de odio y respuestas negativas a encuestas online en medios locales. A pesar de ello, el activista Branko Ćulibrk se muestra optimista y destaca el apoyo recibido. «Lo que más nos ha sorprendido ha sido los mensajes de apoyo y de ánimo, que tenemos presentes mucho más que los mensajes de odio», asegura.

Por desgracia, este mismo viernes la organización de defensa de los derechos humanos Civil Rights Defenders denunciaba la doble agresión sufrida por una de sus trabajadoras, Ehlimana Elma Muslija. La primera agresión tuvo lugar cuando paseaba con su novia por el centro de Sarajevo durante la noche del 3 al 4 de abril. Un hombre se les acercó y las amenazó con un cuchillo, haciendo además mención expresa al Orgullo LGTB y a cómo este ofendía sus creencias y añadiendo que «correría la sangre». Este viernes el mismo agresor, acompañado en esta ocasión de otro individuo, se acercó a la pareja cuando esta se encontraba frente a un comercio y golpeó a Ehlimana Elma Muslija en la cara, haciéndola caer al suelo. Intentaron también agredir a su novia, aunque esta consiguió evitarlo después de que otro viandante hiciera frente a los agresores. «Está claro que este ataque es resultado del anuncio del primer Orgullo LGTB de Bosnia-Herzegovina. Los miembros de la comunidad LGTB tiene derecho a vivir sin miedo de ser atacados por su identidad y es la obligación del Estado asegurar su protección», ha declarado Goran Miletic, director para Europa de Civil Rights Defenders. Esta organización ha exigido a las autoridades locales investigar el ataque sufrido por su trabajadora, así como asegurar una total protección a los participantes en el Orgullo de Sarajevo el próximo 8 de septiembre.

Una realidad política y social complicada

La vida de las personas abiertamente LGTB no es fácil en Bosnia-Herzegovina, la ex república yugoslava que desde los acuerdos de Dayton, que en 1995 pusieron fin a la guerra civil, permanece dividida en dos entidades independientes de facto, la serbia y la musulmano-croata. Estas se subdividen a su vez en regiones y cantones que en la práctica son étnicamente homogéneos. Las relaciones homosexuales no fueron despenalizadas hasta 1996 (en la entidad musulmano-croata), 1998 (en la entidad serbia) y 2003 (en el distrito de Brčko, un distrito fronterizo especial). Por lo que se refiere a la situación jurídica, no existe reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, y las personas trans todavía deben someterse a esterilización quirúrgica para ver reconocida legalmente su identidad, entre otras deficiencias (ver último informe de ILGA Europa, páginas 29 y 30). De acuerdo a la clasificación de ILGA Europa, de hecho, Bosnia-Herzegovina ocupa la posición 27 de 49 estados, con solamente un 31,38% de objetivos logrados.

Pero si la realidad jurídica de las personas LGTB es complicada, más aún lo es su día a día, sometidos como están a una fuerte LGTBfobia social. De ahí la importancia de su próximo Orgullo. Fue en septiembre de 2008 cuando se intentó por primera vez celebrar un festival LGTB en Sarajevo, y ante los ataques sufridos por varios asistentes el primer día, el resto de los días se tuvo que celebrar a puerta cerrada  y bajo protección policial. Ojalá en esta ocasión la realidad sea por fin distinta.

General, Historia LGTBI Activismo, Banja Luka, Bijeljina, Bosnia y Herzegovina, Bosnia-Herzegovina, Branko Ćulibrk, Civil Rights Defenders, Discriminación, Ehlimana Elma Muslija, Goran Miletić, HDZ BiH, Homofobia, ILGA, ILGA Europa, LGTBfobia, Orgullo LGTB, Prijedor, Sarajevo, Tuzla

Las autoridades de Azerbaiyán vuelven a poner a la comunidad LGTB en el punto de mira. Activistas locales han denunciado la detención de hasta catorce personas, acusadas de ejercer trabajos sexuales. Los policías usaron la trampa de hacerse pasar por clientes para arrestarlas. Algunas de ellas fueron sometidas a pruebas forzosas de detección del VIH. En un proceso administrativo sin tutela judicial, los acusados se enfrentaron a multas y penas de hasta treinta días de cárcel. Tras la intervención del tribunal de apelaciones de Bakú, todos han sido liberados. Los sucesos recuerdan a las redadas practicadas en 2017 en la república caucásica.

Los hechos comenzaron el pasado lunes 1 de abril y a partir de los días siguientes se han ido conociendo los detalles que han podido facilitar los activistas locales y organizaciones como ILGA Europa. Las cifras varían según la fuente, pero la web azerí Minority habla de unos catorce detenidos, que fueron trasladados a dependencias policiales. En varios de los casos, las víctimas acudieron a hoteles de Bakú donde creían haber concertado una cita para ofrecer sus servicios sexuales. Se trataba de una trampa de la policía, que las arrestaron al llegar. Otras fueron detenidas en sus hogares. El trabajo sexual es ilegal en Azerbaiyán, pero los activistas denuncian que las personas LGTB son las principales víctimas de la persecución.

Los detenidos fueron sometidos a reconocimientos médicos forzosos, incluidas pruebas de detección del VIH. Algunos fueron acusados de «vandalismo menor», castigado con multas de acuerdo con el artículo 510 del Código de Infracciones Administrativas. Otros se enfrentaron a penas de prisión de hasta 30 días por desobediencia a la autoridad, tipificada en el artículo 535.1 del mismo texto. Al tratarse de un proceso administrativo, los arrestados no tuvieron derecho en un principio a la asistencia letrada.

La noticia de las detenciones ha devuelto al punto de mira la situación de la comunidad LGTB en Azerbaiyán. Un portavoz del departamento de Estado norteamericano expresó el jueves la «profunda preocupación» del Gobierno estadounidense por los hechos e instó a las autoridades azeríes a «cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos». Tras unos días de incertidumbre, el pasado viernes el tribunal de apelaciones de Bakú escuchó las alegaciones de los detenidos y decretó su puesta en libertad.

LGTBfobia de Estado en Azerbaiyán

Aunque las relaciones homosexuales fueron despenalizadas en el año 2000, con la misma edad de consentimiento que la de las relaciones heterosexuales, la comunidad LGTB de Azerbaiyán sigue estando sometida a la LGTBfobia social y de Estado. El informe anual de ILGA Europa hecho público en mayo del año pasado situaba el país como el peor de Europa para las personas LGTB. En 2017 se producía el arresto de al menos 50 personas, justificado por el ministerio del Interior y la Fiscalía General como una medida para evitar la propagación del VIH.

La difícil situación de la comunidad ya había sido objeto de la atención internacional con anterioridad. El Parlamento Europeo aprobaba en 2015 una resolución mediante la cual, entre otros puntos, pedía «al Gobierno de Azerbaiyán que deje de oprimir e intimidar a los defensores de los derechos humanos que trabajan por los derechos de las personas LGBTI». En este sentido, la Eurocámara condenaba «enérgicamente los discursos de odio, procedentes de los más altos niveles políticos, contra las personas LGBTI».

Las personas LGTB no solo se enfrentan a la persecución del Estado, sino con frecuencia a su propio entorno social. En 2014 nos hacíamos eco del caso de un joven de 18 años al que sus propios padres le rociaron con gasolina y le amenazaron con prenderle fuego al revelarles su homosexualidad. Afortunadamente, el joven logró escapar con vida. Dos años antes habíamos recogido las declaraciones del activista local Yadigyar Sadykov, que afirmaba que «si una familia decidiera matar a un pariente homosexual, la mayoría de la gente lo aprobaría (…) Nunca he encontrado una persona abiertamente homosexual aquí». Por este difícil marco social, son pocas las personas que se atreven a visibilizarse como LGTB en Azerbaiyán, y muchas de ellas encuentran en el trabajo sexual su única forma de vida.

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Azerbaiyán, Discriminación, Homofobia, ILGA Europa, LGTBfobia, Minority, Policía, Serofobia, VIH/SIDA, Yadigyar Sadykov

Del blog de Rufo González Atrévete a orar:

«La Iglesia es masculina… y machista»

 ”La Iglesia no es femenina, y menos aún feminista»

05.04.2019 | Pepe Mallo

General, Iglesia Católica Clericalismo, Feminismo, Homofobia, Iglesia Católica, Machismo, Misoginia, Patriarcalismo

Una pareja de chicos ha denunciado haber sido víctimas, el pasado viernes por la noche, de una agresión de cáracter homófobo en Catwalk, una conocida discoteca del Port Olímpic de Barcelona. Una de las víctimas ha explicado a TV3, la televisión autonómica catalana, que él y su compañero se encontraban en el interior de un baño cuando los vigilantes de seguridad reventaron la puerta, que les cayó encima, hiriendo a uno de ellos en la nariz y los labios.

Después de sacarlos del baño, la pareja asegura que los vigilantes los agarraron por la cintura y los arrojaron fuera de la discoteca «como un saco de patatas». Según su versión, no les dieron explicación ninguna, pero continuaron burlándose de ellos incluso cuando se encontraban ya fuera del local. «Estaba clarísimo que era un acto de odio de personas homófobas», explica a TV3 uno de los chicos. Insertamos a continuación el vídeo de con el testimonio de uno de los denunciantes (en catalán, pero fácilmente comprensible sin ser catalanoparlante):

Los jóvenes han presentado ya la correspondiente denuncia ante los Mossos d’Esquadra y la Oficina para la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona. Como se puede ver el el vídeo, también han notificado lo sucedido al Observatori contra l’Homofòbia, entidad que recientemente reclamaba medidas urgentes ante el repunte de agresiones por LGTBfobia en Cataluña y que asegura disponer ya de un histórico de denuncias por conductas de LGTBfobia en locales de ocio del Port Olímpic (en el reportaje de TV3, por ejemplo, se menciona el caso de una chica trans a la que le denegaron el acceso a uno de los locales).

Según pública La Vanguardia, la sala Catwalk asegura por su parte que todas las personas son bienvenidas al local al margen de su orientación sexual y descarga la responsabilidad de lo sucedido en el servicio de seguridad, contratado a una empresa externa. Según justifica la discoteca, la política de esta empresa es que al encontrar dos personas juntas en un mismo baño se les solicita que lo abandonen «para prevenir el posible consumo de drogas».

Algo que, al menos en principio, no cuadra con el relato de los denunciantes y las imágenes de las lesiones sufridas… Estaremos atentos a cómo evoluciona el caso.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona, Cataluña, Delitos de Odio, Homofobia, LGTBfobia, Mossos d'Esquadra, Observatori contra l'Homofòbia, Port Olímpic, Sala Catwalk, Transfobia, TV3

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Artículo 534 (Líbano), Despenalización de la homosexualidad, Discriminación, Ejército, Homofobia, Janet Hanna, LGTBfobia, Líbano, Peter Germanos, Sociedad Libanesa de Psiquiatría

La misma app había sido ya retirada de sus catálogos por el resto de las grandes plataformas, Apple, Amazon y Microsoft. La decisión de la ONG Human Rights Campaign de no calificar a Google en su ranking sobre Equidad Corporativa ha precipitado la decisión de la compañía de Silicon Valley. Además, una campaña ha recogido 140.000 firmas en Change.org para que este programa sea eliminado de cualquier base de descarga.

Google se ha quedado atrás respecto a otras plataformas a la hora de retirar una aplicación de carácter religioso cristiano que incluía consejos y prácticas para «recuperarse de la atracción a personas del mismo sexo». Una condición que los responsables de esta aplicación trataban como «enfermedad mental», en claro anacronismo con nuestros tiempos y que obvia el hecho de que la Organización Mundial de la Salud ya descatalogó la homosexualidad como enfermedad mental. Una decisión que este 17 de mayo cumplirá 28 años y que multitud de colectivos cristianos se empeñan en negar al proponer diversas «terapias» de conversión, por las que se promete que los individuos son capaces de dejar atrás su homosexualidad.

La decisión del gigante tecnológico se produce tras el gesto de Human Rights Campaign de no calificar el grado de Equidad Corporativa de esta compañía en su ranking anual hasta que esta descatalogase la aplicación. Un hecho que ha empujado finalmente a la compañía a retirar de su catálogo de Play Store esta herramienta «en línea con otras tiendas de aplicaciones», según informa la compañía en un comunicado.

La aplicación de la organización Living Hope Ministries, una organización que busca «proclamar la verdad de Dios entre los que buscan una plenitud afectivo-sexual a través de una relación más estrecha con Cristo», suponía hasta ahora la presencia de esta organización en plataformas digitales. Su contenido y temática se centra (ya que sigue estando presente en otras plataformas más minoritarias) en la «conversión» de personas atraídas hacia personas del mismo sexo. La metodología utilizada son sermones religiosos y experiencias de conversión relatadas por sus protagonistas. Unos testimonios que afirman poder «cambiar» o «ignorar su sexualidad».

La retirada de la aplicación de las plataformas más importantes ha sido principalmente impulsada por Truth Wins Out («La verdad triunfa»), una ONG que combate los estragos que causan las organizaciones religiosas de carácter LGTBfobo. Tras la retirada de la aplicación de Apple en diciembre del año pasado, la organización ultraconservadora defendió a través de una carta abierta de uno de sus miembros publicada en su web que la herramienta no pretendía la discriminación de las personas LGTB o promover terapias de reparación. Algo cuestionable en los términos en los que se expresa el autor, ya que en la misma se citan términos como «curar la homosexualidad» o se diferencia entre «la luz» (una conducta heterosexual de cara al público) y «la oscuridad» (una conducta homosexual llevada a cabo de manera casi clandestina). Además habla de «lucha contra la atracción hacia personas del mismo sexo» para referirse al camino que se emprende tras ingresar en esta comunidad.

La decisión de Google de mantener hasta ahora esta aplicación en su catálogo (en este enlace se puede comprobar que la app ya no está activa) ha contrastado con el tradicional apoyo de esta compañía a las personas LGTB que ha incluido campañas, doodles (interfaces de Google) especiales durante las celebraciones del Orgullo LGTB, la presencia de carrozas de la compañía en el Orgullo de Madrid, o la participación activa de la compañía en otras campañas de concienciación como It Gets Better.

Prohibición de «terapias» de conversión: en Europa, Malta fue pionera

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, en discusión en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar» una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que en cualquier caso permanece encallado por el desacuerdo entre las diferentes fuerzas políticas que en teoría lo apoyan y cuya aprobación a día de hoy no está asegurada.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Dosmanzans/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. "Terapias" reparadoras o de conversión, Amazon, Aplicaciones móviles, Apple, Change.org, Discriminación, Google, Homofobia, Homofobia internalizada, Human Rights Campaign, LGTBfobia, Living Hope Ministries, Microsoft, Truth Wins Out

El Alto Tribunal de las Islas Caimán ha dictaminado que la prohibición del matrimonio a las parejas del mismo sexo es inconstitucional. Asimismo, ha ordenado al Ejecutivo que modifique la Ley de Matrimonio para que lo defina como «la unión de dos personas como cónyuges». Aunque la orden es de obligado cumplimiento, la Fiscalía estima que el Gobierno deberá tomarse su tiempo para considerar la sentencia. Aun así, un nuevo territorio británico de ultramar se suma a la igualdad de derechos para las parejas LGTB.

La sentencia del Alto Tribunal es el resultado de la denuncia presentada en abril de 2018 por la caimanesa Chantelle Day y su pareja, la británica Vickie Bodden Bush, a quienes se les denegó en el Registro Civil la posibilidad de contraer matrimonio. Tras escuchar los argumentos de la defensa de las denunciantes y de la Fiscalía General, el presidente del Alto Tribunal, Anthony Smellie, ha resuelto que Chantelle y Vickie tenían razón y que la denegación del permiso de matrimonio por ser una pareja del mismo sexo es contraria a la Constitución de las Islas Caimán. Y lo ha hecho con estas contundentes palabras:

Este Tribunal está obligado a no permitir que la violación de los derechos de las demandantes continúe sin una reparación. La Constitución, en su requisito obligatorio de que la ley sea sometida a conformidad, debe prevalecer. Las demandantes y su hija tienen derecho a que el Tribunal ponga fin de inmediato a las indignidades a las que han sido sometidas.

Lo cierto es que la nueva Constitución del archipiélago, aprobada en 2009, solo se refiere al matrimonio cuando estipula que se debe «respetar el derecho de todo hombre o mujer solteros a contraer matrimonio con una persona del sexo opuesto y formar una familia». Pero en realidad ni define el matrimonio ni lo prohíbe expresamente a las parejas del mismo sexo. La definición queda recogida en el artículo 2 de la Ley de Matrimonio, que lo describe como «la unión entre un hombre y una mujer».

El juez Smellie ha ordenado también que se reforme ese artículo para que el matrimonio quede definido como «la unión de dos personas como cónyuges». El Gobierno debe cumplir con ese dictamen, aunque parece que hay alguna reticencia por parte del fiscal General, Samuel Bulgin, quien a la salida del tribunal declaraba que «comprensiblemente, el Gobierno tendrá que tomarse un tiempo para considerarlo y pensar en cómo seguir adelante». Durante el juicio, Bulgin abogó por la creación de una ley de uniones civiles para las parejas del mismo sexo, aun considerando que esa era labor del Legislativo.

Como antecedente, en las Islas Caimán eran reconocidos los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros países a efectos de consecución de un permiso de trabajo, mediante una sentencia del Tribunal de Apelaciones que adoptaba el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a quien la justicia caimanesa está sujeta.

Con esta sentencia, y en espera de que el Gobierno acate la orden del Tribunal, las Islas Caimán se suman a los territorios británicos de ultramar donde existe la igualdad para las parejas del mismo sexo.

El matrimonio igualitario en Reino Unido, sus dependencias y territorios

La composición política y territorial del Reino Unido es compleja, lo que repercute en la legislación de derechos como el matrimonio igualitario, ya que cada territorio o dependencia tiene competencia plena al respecto. La situación es la siguiente (entre paréntesis, la entrada en vigor de la correspondiente legislación):

En las tres dependencias de la Corona:

• La isla de Man (2016), Guernsey (2017) y Jersey (pendiente de sanción real) cuentan ya con leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo.
• El Bailinazgo de Guernsey tiene, a su vez, dos dependencias: en Alderney las parejas del mismo sexo puede casarse desde el 13 de diciembre de 2017, mientras que en Sark aún no se ha legislado al respecto, pero sus responsables políticos se han comprometido a hacerlo próximamente.

En los 14 territorios de ultramar:

• El matrimonio igualitario está aprobado en las islas Pitcairn (2015); el Territorio Antártico Británico (2016); la base de Acrotiri y Dekhelia (2014); Gibraltar (2016); el Territorio Británico del Océano Índico (2014); las islas Malvinas (2017); Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur (2014); y el territorio que conforman la isla de Santa Elena, la isla Ascensión y Tristán de Acuña (2017).
• En Bermudas está vigente por decisión judicial desde mayo de 2017, pero podría ser reemplazado por una ley de uniones civiles por decisión de su Asamblea de Representantes, que meses después votó por la derogación. No obstante, este retroceso en los derechos LGTB todavía debe obtener la sanción real, cuestión que aún se está debatiendo en el Gobierno británico.
• No es legal en Anguila (aunque sí se reconocen los matrimonios celebrados en circunscripciones donde está permitido), las islas Vírgenes Británicas, las islas Caimán, Montserrat y el territorio conformado por las islas Turcas y Caicos.

En el propio Reino Unido en sí:

• Existe el matrimonio igualitario en Inglaterra, Gales (2014) y Escocia (2014).
• No está permitido en Irlanda del Norte, donde los conservadores protestantes siguen impidiendo su aprobación, utilizando torticeramente para ello el protocolo acordado en los procesos de paz para ocasiones especiales. La situación actualmente está estancada, por falta de Gobierno, y la vía judicial ha quedado cerrada.

General, Historia LGTBI Acrotiri y Dekhelia, Alderney, Anguila, Anthony Smellie, Ascensión, Bermudas, Chantelle Day, Discriminación, Georgia del Sur, Gibraltar, Guernsey, Homofobia, Ian Kawaley, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Pitcairn, Islas Sandwich del Sur, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jersey, Matrimonio, Montserrat, Reino Unido, Samuel Bulgin, Santa Elena, Sark, Territorio Antártico Británico, Territorio Británico del Océano Índico, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tristán de Acuña, Vickie Bodden Bush

El Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia ha calificado de «histórica»la sentencia dictada por el Juzgado de Menores nº 2 de Alicante que condena a cuatro menores que en 2017 agredieron a una pareja gay en las fiestas de Sant Vicent del Raspeig (Alicante). Desde la entidad valenciana se felicitan especialmente por las medidas de recuperación de los menores, al entender, al igual que las propias víctimas, que estos pueden cambiar su actitud. 

La agresión, de la que en su momento nos hicimos eco, ocurrió en la madrugada del 23 de julio de 2017 en el racó fogueril «Las Acacias» de Sant Vicent del Raspeig (Alicante). Según considera probado la sentencia conocida este viernes, los jóvenes comenzaron a increpar a la pareja después de que esta se diera un beso, con expresiones como «maricones» e «hijos de puta», y diciéndoles que se marcharan. Una de las víctimas respondió levantándose de la mesa donde se encontraban sentados con otros amigos, dando un golpe a la misma al tiempo que preguntaba si pasaba algo. En ese momento varias personas, entre las que se encontraban los menores ahora juzgados, le golpearon con una silla en la cabeza, como consecuencia de lo cual cayó al suelo, donde continuaron propinándole patadas, causándole erosiones y hematomas en cabeza, cara y piernas. Su pareja, también agredida, sufrió también erosiones y hematomas diversos, a demás de dolor cervical y de cabeza, mareos y ansiedad.

Los cuatro menores participantes en la agresión han sido finalmente condenados como autores responsables de dos delitos leves de lesiones y un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas (artículo 510 2 a). En este sentido, la sentencia considera probada la existencia de homofobia como desencadenante de la agresión. «El Tribunal Constitucional ha mantenido que, en este tipo de delitos, a falta de prueba directa de cargo, la prueba indiciaria es hábil para sustentar un pronunciamiento de condena siempre que parta de datos fácticos plenamente acreditados y que de los hechos en que se basa el delito se deduzcan los indicios necesarios, a partir de un proceso mental razonado acorde con las reglas del criterio humano y de la lógica. Los insultos homófobos son uno de esos indicios, palabras que denotan claramente un prejuicio, siendo indicadores claros de esa actitud de vulneración de los derechos y libertades que, debe insistirse, fue la que desencadenó la agresión al protestar Manuel [una de las víctimas] porque ya no podía soportar más los insultos que estaban recibiendo», expresa la jueza.

A tres de los menores se les impone una pena de 100 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad y una tarea socioeducativa con una duración máxima de doce meses, con contenido en educación en valores y resolución pacífica de conflictos, para uno de ellos. Al cuarto menor, en atención a sus circunstancias específicas, se le impone una pena de seis fines se semana en centro educativo, además de una tarea socioeducativa con una duración máxima de doce meses, con contenido en educación en valores y resolución pacífica de conflictos. Los menores y sus padres han sido además condenados a abonar a cada una de las víctimas 160 euros por las lesiones y a una de ellas 600 euros por las secuelas causadas.

«Es una sentencia histórica porque reconoce el delito de odio, por la orientación sexual de las víctimas y porque las víctimas y la acusación particular motivamos que a esos menores se les pudiera recuperar realizando formación en valores y trabajos en beneficio comunidad», se ha felicitado en Twitter el Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, que junto a las víctimas había solicitado precisamente la aplicación de medidas de este tipo al considerar que los menores pueden cambiar su actitud. Confiemos en que así sea.

General, Homofobia/ Transfobia. Comunidad Valenciana, Delitos de Odio, hoguera "Las Acacias", Homofobia, LGTBfobia, Observatorio Valenciano contra los Delitos de Odio, Sant Vicent del Raspeig

Ya sabemos la fecha exacta de la noticia que publicábamos hace unos días:

El sultanato implantará a partir del 3 abril la versión más estricta de la sharía y endurece hasta límites inhumanos su código penal

Amnistía Internacional denuncia que el próximo 3 de abril entrarán en vigor en Brunéi las leyes que castigan las relaciones homosexuales con la pena de muerte por lapidación. El desarrollo final del nuevo Código Penal, aprobado en 2014, que pretende implantar la sharía o ley islámica, concluirá en esa fecha con la inclusión de castigos físicos y mutilaciones incluso en niños. Ya se están planteando boicots a hoteles y negocios propiedad del sultán Muda Hassanal Bolkiah, como medida de protesta ante la barbarie.

En abril de 2014 fue aprobada la última actualización del Código Penal de Brunéi, un pequeño estado de mayoría musulmana situado en el sudeste asiático, con la pretensión de adaptarlo a la sharía o ley islámica. El 1 de mayo del mismo año entraba en vigor, aunque se anunciaba su implementación en tres fases. En la primera fase se fijaron multas y penas de prisión para diversos delitos, tal como se establece en las páginas del Corán.

En otras dos fases, que en un principio se desarrollarían en los veinticuatro meses siguientes, se introducían castigos corporales e incluso la pena de muerte para determinados delitos u ofensas. Sin embargo, su entrada en vigor fue posponiéndose indefinidamente, hasta que el pasado mes de marzo de 2018, el Ministerio de Asuntos Religiosos anunciaba su próxima implementación.

Finalmente, según denuncia Amnistía Internacional, la entrada en vigor de la nueva legislación tendrá lugar el 3 de abril de 2019. Entre las áreas delictivas que cubre se encuentran el robo, las relaciones sexuales ilícitas, hacer acusaciones no probadas de sexo ilícito, causar daño físico, el consumo de bebidas alcohólicas, la apostasía y los actos contrarios a las creencias islámicas.

Aparte de la pena de flagelación para la mayoría de estos delitos y ofensas, se establece la mutilación de manos y pies para los delitos relacionados con el robo, incluso para niños. Para las relaciones sexuales ilícitas y la apostasía de la religión islámica se implementa la pena de muerte por lapidación.

Esas relaciones ilícitas incluyen las que tiene lugar entre personas del mismo sexo (que hasta ahora estaban penadas con hasta 10 años de cárcel), el adulterio, las relaciones extramatrimoniales y la violación. En un principio, la nueva legislación solo se aplicará a la población musulmana de Brunéi (alrededor de dos tercios de los 500 000 habitantes del pequeño estado).

Rachel Chhoa-Howard, representante de Amnistía Internacional en Brunéi, consideraba que «legalizar tales penas crueles e inhumanas es espantoso en sí mismo. Algunas de las posibles “ofensas” ni siquiera deberían considerarse crímenes, incluyendo las relaciones sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo».

Por su parte, ILGA no incluía a Brunéi entre los países en que se establece la pena de muerte para las relaciones homosexuales en su día último informe sobre homofobia de Estado, al no haber entrado en vigor a la fecha de su publicación, aunque informaba de la posibilidad de la implementación del nuevo Código Penal. Sin embargo, incomprensiblemente, le restaba importancia por creer que no se aplicará, dado que el requisito para la pena de ejecución por lapidación requiere que haya al menos cuatro testigos masculinos de la ofensa.

La noticia de la implementación de una legislación tan bárbara ha ocasionado que algunas voces, como la del actor George Clooney, hayan pedido que se boicoteen los negocios que el sultán Muda Hassanal Bolkiah tiene alrededor del mundo, incluyendo sus instalaciones hoteleras.

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Amnistía Internacional, Brunei, Discriminación, George Clooney, Homofobia, Islam, Muda Hassanal Bolkiah, Rachel Chhoa-Howard, Sharia

Una comisión del Senado rumano ha rechazado dos proposiciones de ley de uniones civiles para las parejas de distinto o del mismo sexo. El primer proyecto lo había redactado el Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación y contaba con el apoyo de 42 parlamentarios de cuatro partidos diferentes. Pero el senador socialdemócrata (PSD) Șerban Nicolae, vicepresidente de la comisión, opinó que la medida «no está justificada» ni «responde a ninguna necesidad social». A diferencia de la primera, que excluía la adopción conjunta, la segunda propuesta dejaba este asunto abierto. La habían elaborado los liberales del ALDE y se saldó también con el rechazo de la comisión.

La posibilidad de aprobar una ley de uniones civiles se viene discutiendo en Rumanía desde hace más de diez años. En 2008, el senador de la minoría húngara Péter Eckstein-Kovács presentaba una proposición de ley que decayó con la convocatoria de las elecciones de ese año. En 2011, fue un senador liberal-conservador (PNL), Viorel Arion, el que introdujo un nuevo texto, que llegó a recibir un dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados. Pero el Gobierno del conservador Emil Boc rechazó su tramitación. Dos años después, el diputado verde Remus Cernea lo volvía a intentar en la cámara baja, donde se topó con el rechazo de la comisión.

Hace ahora un año, el Consejo Nacional contra la Discriminación (CNCD) redactó una propuesta legislativa que presentó al Gobierno y a los partidos con representación parlamentaria. En su elaboración participaron también asociaciones LGTB como ACCEPT y MozaiQ. Se trata de una regulación de las parejas del mismo o de distinto sexo que otorga derechos similares al matrimonio en áreas como la seguridad social, fiscalidad o prevención de la violencia doméstica. La medida excluye la posibilidad de la adopción conjunta para las parejas del mismo sexo, que en cambio verían reconocido su matrimonio contraído legalmente en otro país como una unión civil.

Se redactó una proposición de ley sobre la base del texto presentado por el CNCD, que fue secundada por 42 parlamentarios del PSD, PNL, USR (Unión Salvar Rumanía, anticorrupción) y UDMR (minoría húngara). El 31 de octubre del año pasado se registraba la medida ante el Parlamento. Paralelamente, el diputado Andrei Gerea y el senador Ion Popa, ambos de ALDE, presentaban su propia proposición de ley de uniones civiles el 2 de noviembre. El texto equipara las parejas unidas con los matrimonios en materia de herencia, pensión de viudedad, seguridad social y obtención de la ciudadanía, entre otros. A diferencia de la propuesta multipartita, no prohibía ni regulaba la adopción conjunta.

El pasado martes 12 de marzo, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, con mayoría socialdemócrata, rechazaba ambas propuestas. Sobre la primera, el vicepresidente Șerban Nicolae opinaba que «no está justificada» ni «responde a ninguna necesidad social». Edward Dirca, senador del USR y uno de los firmantes del texto, le replicó que «ya va siendo hora» de crear un marco legal de uniones civiles. Los representantes de las asociaciones LGTB también lamentaron el dictamen desfavorable y recordaron que Italia y Grecia recibieron sanciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no regular las uniones entre personas del mismo sexo.

El fracaso del referéndum contra el matrimonio igualitario

En julio de 2016 comenzó en Rumanía un proceso para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario. Fue cuando el Tribunal Constitucional dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación promovida por la Coalición por la Familia (un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa), que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo de 2017 se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada en septiembre del año pasado. En ambos casos se alcanzó la mayoría requerida de dos tercios.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tuvo vía libre para ser votada en referéndum. El objetivo era cambiar la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Para que el resultado de la consulta popular fuera válido, debía participar al menos el 30% del censo electoral y los votos favorables superar el 50%. El plebiscito se celebró en dos jornadas, el 6 y 7 de octubre y fracasó estrepitosamente al congregar tan solo al 20,41% de la población con derecho a voto.

La situación de las parejas del mismo sexo en Rumanía

Todo este proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se desarrolló parcialmente de forma paralela a la batalla legal de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica y presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre de 2016 que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario.

Posteriormente, el alto tribunal rumano dio a conocer los considerandos de su decisión. Los jueces se remitían a la sentencia europea y la interpretaban de acuerdo con legislación rumana. Concretamente, establecen que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la protección de la vida privada y familiar que consagra el artículo 26.1 de la Constitución rumana:

Las autoridades públicas respetarán y protegerán la vida íntima, familiar y privada.

El Constitucional consideraba que este artículo debía interpretarse en un sentido inclusivo con las personas LGTB. Aún más, afirmaba que las parejas del mismo sexo «tienen derecho, con el tiempo y de acuerdo con la ley, a disfrutar de un reconocimiento legal y jurídico de sus derechos y obligaciones». Las derivaciones legales de esta formulación no están claras, porque el alto tribunal no ha ordenado el reconocimiento inmediato de las parejas del mismo sexo, sino que deja la regulación en manos del legislativo. La traslación del mandato de igualdad, por tanto, puede durar aún mucho tiempo, si es que se llega a producir. Expertos legales opinan que el fallo solo obliga a las autoridades a reconocer a las parejas del mismo sexo los mismos derechos y obligaciones que a las parejas de distinto sexo no casadas. Es decir, casi ninguno en la actualidad, ya que Rumanía sigue careciendo de una ley de uniones civiles tras el rechazo de las dos últimas propuestas.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Accept, Adrian Coman, Coalición por la Familia (Rumanía), Consejo Nacional Contra la Discriminación (Rumanía), Discriminación, Edward Dirca, Grecia, Homofobia, Italia, LGTBfobia, Matrimonio, MozaiQ, Péter Eckstein-Kovács, PNL, PSD (Rumanía), Remus Cernea, Robert Hamilton, Rumanía, Șerban Nicolae, Tribunal Constitucional de Rumanía, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, UDMR, Unión Salvar Rumanía, Uniones Civiles, Viorel Arion

Coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de su fundación, ILGA ha reanudado la publicación de su informe sobre la homofobia de Estado, tras un receso de un año. Desde el su último reporte, publicado en mayo de 2017, ILGA celebra que se hayan despenalizado las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo en tres países: India, Trinidad y Tobago y Angola. También se congratula que desde esa fecha el matrimonio igualitario sea una realidad en Malta, Alemania, Australia y Austria. Sin embargo, alerta de que de los derechos adquiridos no son inamovibles y pueden perderse, como ocurrió en Chad cuando se volvieron a penalizar las relaciones homosexuales en 2017, y que el auge de los populismos conservadores amenaza las conquistas incluso en los países más avanzados en el respeto a los derechos humanos.

Dentro del informe, como es costumbre, ILGA edita un mapa explicativo de la situación legal de las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo. Si en otros años la parte positiva se materializaba en el matrimonio igualitario, este año ILGA ha considerado como límite favorable que la no discriminación basada en la orientación sexual tenga rango constitucional. En el extremo negativo se sitúan los países que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, y el límite en aquellos que las castigan con la cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Este es el mapa descriptivo (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

DERECHOS Y PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRMINACIÓN

Leyes contra la discriminación con base en la orientación sexual

Tan solo en 9 países pertenecientes a la Naciones Unidas se protege constitucionalmente de manera específica contra la discriminación por razón de la orientación sexual:

Bolivia, Ecuador, Fiyi, México, Nepal, Malta, Portugal, Sudáfrica y Suecia.

Sin embargo, a pesar de esa protección constitucional, en Bolivia, Ecuador, Fiyi y Nepal se discrimina a las parejas del mismo sexo al negarles la posibilidad de contraer matrimonio, tal como se permite a las parejas de distinto sexo.

A estos 9 países se añaden otros 43 en los que existe una legislación específica que proporciona una «protección amplia» contra la discriminación con base en la orientación sexual:

Albania, Alemania, Andorra, Angola, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mauricio, Mongolia, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, República Checa, Rumania, Serbia, Surinam y Uruguay.

Como en el caso anterior, la protección legal contra la discriminación no implica la plena igualdad de derechos. No solo en la mayoría de estos países también se discrimina a las parejas del mismo sexo, sino que en alguno, como en Mauricio, se compagina esa protección con la penalización de las relaciones homosexuales masculinas, que están castigadas con penas de hasta 5 años de cárcel.

En 73 de los países pertenecientes a Naciones Unidas existen leyes que protegen contra la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de orientación sexual, aunque en algunos de ellos las relaciones entre personas del mismo sexo estén castigadas penalmente (es el caso de Botsuana, Kiribati, Mauricio, Samoa, Santa Lucía y la región autónoma de las Islas Cook). En 39 se han promulgado leyes que castigan los actos de incitación al odio, la discriminación o la violencia por motivos de orientación sexual. En otros 42 países se imponen penas más severas por delitos motivados por el odio hacia la orientación sexual de la víctima.

ILGA estima que en 8 países la protección contra la discriminación con base en la orientación sexual es limitada o dispar en su territorio:

Argentina, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Japón, República Dominicana y Vanuatu.

En otros 55 países no existe ningún tipo de legislación contra la discriminación, pero tampoco se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Entre ellos están gigantes demográficos como China, India, Indonesia y Rusia.

Los derechos de las parejas del mismo sexo: matrimonio y adopción

En cuanto a los derechos de las parejas del mismo sexo, en 26 de los países pertenecientes a las Naciones Unidas existe la igualdad de acceso a la institución del matrimonio:

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido (excepto Irlanda del Norte), Sudáfrica, Suecia y Uruguay,

El próximo mes de mayo vencen los plazos establecidos por sus respectivas Cortes Constitucionales para que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea legal en Costa Rica y Taiwán.

En otros 16 estados se han establecido distintos tipos legales de unión que reconocen algún tipo de derechos a las parejas del mismo sexo:

Andorra, Chile, Chipre, Colombia, Croacia, Ecuador, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Liechtenstein, República Checa, San Marino y Suiza.

En 28 países se permite la adopción en las mismas condiciones que a las parejas de distinto sexo:

Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Israel, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Uruguay,

En 3 países más, solo se permite la adopción de los hijos de la pareja:

Eslovenia, Estonia y San Marino.

LA HOMOFOBIA DE ESTADO

Criminalización de las relaciones homosexuales

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

En 73 países y territorios del mundo están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 70 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 73 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 44 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Respecto al informe de 2017, han desparecido las referencias a Siria e Irak, donde se implementaba actores no formalmente estatales como el Estado Islámico.

Restricciones a la libertad de expresión y la actuación de ONG

Aparte de la criminalización de las relaciones homosexuales, en 32 Estados existen leyes que restringen la libertad de expresión en cuestiones de orientación sexual e identidad de género:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bielorrusia, Camerún, Catar, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Libia, Lituania, Malasia, Marruecos, Nigeria, Omán, Paquistán, Paraguay, Rusia, Singapur, Siria, Somalia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda y Yemen.

En Europa, aparte de Rusia, Lituania y Bielorrusia, ha habido intentos de aprobación de leyes contra la «propaganda homosexual» (que prohíben informar positivamente de las relaciones entre personas del mismo sexo) en Armenia y Letonia. En Hungría se han prohibido por decretos los estudios de género en las universidades. Por su parte, en los Estados Unidos de América, siete estados (que representan el 17,4 % del total) han promulgado leyes locales que también se han definido como contrarias a la «propaganda homosexual» en el ámbito educativo.

En 41 países se ha constatado que se plantean barreras para la formación, el establecimiento o el registro de ONG relacionadas con la orientación sexual:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Bangladés, Bielorrusia, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Catar, China, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Fiyi, Irán, Jordania, Kazajistán, Kirguizistán, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malawi, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Omán, Rusia, Senegal, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Tanzania, Uganda, Yemen y Zambia.

Según declaraban Ruth Baldacchino y Helen Kennedy, cosecretarias generales de ILGA, «esto no son solo cifras, sino leyes que realmente impactan la vida diaria de las personas de diversas orientaciones sexuales en todo el mundo. Las leyes positivas marcan la diferencia: pueden contribuir a cambiar las actitudes del público y, concretamente, dicen a la gente que son igualmente dignas de derechos».

Puedes descargar el informe completo de ILGA en inglés sobre Homofobia de Estado (536 páginas) en este enlace.

General, Homofobia/ Transfobia. Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Australia, Austria, Bahrein, Bangladés, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brasil, Brunei, Bulgaria, Burundi, Bután, Camerún, Canadá, Catar, Chad, Chechenia, Chile, China, Chipre, Colombia, Comoras, Corea del Norte, Corea del Sur, Croacia, Dominica, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estado Islámico, Estonia, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Helen Kennedy, Holanda, Homofobia, Homofobia de Estado, Honduras, Hungría, ILGA, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Islas Salomón, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malawi, Maldivas, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Perú, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Ruth Baldacchino, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, senegal, Serbia, Seychelles, Sharia, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del sur, Suecia, Surinam, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Yemen, Zambia. Zimbabue

El escritor jamaicano Marlon James ha hablado públicamente sobre el exorcismo al que se sometió en su juventud para intentar dejar de ser homosexual, en una entrevista concedida a BBC Radio. El autor ha revelado como, en su deseo de integrarse en la sociedad jamaicana, trató por todos los medios de alterar su orientación sexual con la ayuda del pastor de una iglesia evangélica a la que acudió durante un tiempo.

Marlon James, de 48 años, ha publicado hasta ahora cuatro novelas. En 2015, se convirtió en el primer jamaicano en obtener el premio Man Booker por su tercera novela Breve historia de 7 asesinatos, inspirada en el intento de asesinato de Bob Marley a mediados de los setenta, y en la que incluyó personajes homosexuales, según sus propias palabras, para reflejar «la hipocresía en Jamaica». Su último libro, Black Leopard, Red Wolf, acaba de ser publicado en Estados Unidos.

Hijo de detectives y abiertamente homosexual, James decidió abandonar su país —uno de los más homófobos del planeta— en 2007 para instalarse en Mineápolis (Estados Unidos), en busca de un lugar menos hostil. «En mi adolescencia, antes de ir a la universidad, pasaba casi todo el tiempo en mi habitación. Pasé tanto tiempo allí que mis vecinos pensaron que hice la escuela secundaria en Estados Unidos. Iba a clase y luego desaparecía. Básicamente, venía a casa para cenar, dormir y dibujar cómics. Tenía pocos amigos», contaba en una entrevista con The Guardian.

Sus años en Jamaica supusieron toda una evolución personal. Se graduó en Lengua y Literatura. A principios de los noventa, encontró trabajo en una agencia de publicidad y, poco después, comenzó a asistir a una iglesia evangélica de Kingston, en busca de respuestas a ciertas preguntas existenciales que se hacía. James, que ya estaba en la treintena, había visto a otros feligreses recibir exorcismos, y pensó que él también necesitaba uno.

«Los libertadores recitaron versículos de la Biblia y rechazaron las mentiras de James en el nombre de Jesús. James, traumatizado, comenzó a vomitar  […] Finalmente, gritó: ‘Veo a dos hombres follando cada vez que cierro los ojos para rezar’. Los libertadores le sacaron el espíritu de la homosexualidad, el de la blasfemia y el del espíritu de incredulidad. Le dijeron que habían oído ocho demonios dentro de él […] Después de un rato, dejó de llorar y ordenó a sus demonios que se fueran. La mujer sostuvo su rostro en sus manos y le dijo que estaba libre». Así describe la periodista Jia Tolentino en un reciente artículo para The New Yorker las sensaciones de James en aquel momento.

Durante unos pocos meses, James se sintió libre de luchas internas. Poco a poco, sin embargo, comenzó de nuevo a consumir pornografía. Afortunadamente, su vida dio un vuelco el día que se sintió liberado de culpa y comprendió que sería más fácil cambiar sus creencias sobre la homosexualidad que reprimir su sexualidad. «Un día, súbitamente, lo pensé: ‘¿y si me deshago de la iglesia?’. Y funcionó de forma radical. Soy demasiado raro para ser un ateo, pero no creo que tenga fe ya», señaló en su entrevista radiofónica. Su asunción como hombre gay, sin embargo, le condenaba en la que posiblemente es una sociedad tan homófoba como la jamaicana. «Ya fuera en avión o en ataúd, sabía que tenía que salir de Jamaica», escribía él mismo en 2015 en The New York Times.

Jamaica, un infierno para las personas LGTB

Que Jamaica es posiblemente la sociedad más homófoba de América no es un secreto, y no solo porque las relaciones homosexuales masculinas sigan siendo delito. En el pasado hemos recogido noticias verdaderamente espantosas sobre la situación social en la que viven las personas LGTB en la isla. En diciembre de 2010 era asesinado un activista gay que, según informó entonces la organización J-FLAG, había sido previamente amenazado, y en junio de 2012 eran asesinados otros dos hombres gais. A finales de ese mismo año, dos jóvenes descubiertos manteniendo relaciones sexuales en los baños de la Universidad Tecnológica de Jamaica caían en manos de una muchedumbre enfurecida y uno de ellos era golpeado brutalmente por los guardas de seguridad.

En septiembre de 2013, conocimos otro caso de un joven que escapó milagrosamente de un linchamiento homófobo. Poco después cuatro hombres homosexuales que compartían vivienda vieron cómo un grupo de agresores le prendían fuego. Esa misma casa había sido también el último lugar en el que vivió Dwayne Jones, una joven adolescente transgénero asesinada pocas semanas antes por una turba de personas que descubrieron su condición.

En marzo de 2015 dábamos cuenta del brutal linchamiento a un joven gay, a manos de una turba furiosa, que lo mató a pedradas. En 2016 se producían dos nuevos asesinatos de posible motivación homófoba. Y en septiembre de 2017, el activista Dexter Pottinger era apuñalado hasta la muerte en su domicilio.

Son solo algunos de los casos que trascienden las fronteras de Jamaica. Muchos otros ni siquiera llegamos a conocerlos, entre otras cosas por la falta de confianza y la pasividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad ante estos casos. La violencia y el miedo, de hecho, no son episodios aislados sino que forman parte de la vida cotidiana de las personas LGTB jamaicanas, bien reflejados en el completo informe de 86 páginas que en 2014 publicó sobre Jamaica la organización Human Rights Watch.

Ello no impide que incluso en un ambiente tan hostil surjan valientes activistas, que de hecho en 2015 celebraron por primera vez varios actos con motivo del Orgullo LGTB, sin convocar, eso sí, una manifestación como tal. Algo que por supuesto sí pueden hacer los homófobos. Una de estas llamativas muestras públicas de homofobia fue la que recogimos en 2014, cuando cientos de personas, convocados por una coalición de líderes religiosos, salieron a las calles de Kingston coincidiendo con el Orgullo para protestar contra lo que denominaron la «creciente amenaza de la homosexualidad».

Fuente Dosmanzanas

General, Iglesias Evangélicas BBC, Black Leopard Red Wolf, Breve historia de 7 asesinatos, Discriminación, Estados Unidos, Homofobia, Homofobia internalizada, Iglesias Evangélicas, Jamaica, LGTBfobia, Libros, Marlon James, Mineápolis, The Guardian, The New York Times, The New Yorker