Una buena noticia nos llega desde Turquía. Según ha anunciado el colectivo Kaos GL, un tribunal administrativo regional ha puesto por fin punto final a la prohibición de celebrar actos relacionados con la realidad LGTB impuesta a finales de 2017 por el gobernador de Ankara, la capital turca, en base al estado de emergencia declarado en esa fecha. Queda pendiente de decisión una segunda prohibición, emitida en octubre de 2018, pero el maltratado activismo LGTB turco puede al menos celebrar una primera (y significativa) victoria.

Como recogimos en su momento, el entonces gobernador de Ankara, Ercan Topaca, emitía un comunicado en noviembre de 2017 prohibiendo por tiempo indefinido todas las expresiones culturales de la comunidad LGTB en la capital turca. La prohibición, cuyo antecedente había sido el veto, pocos días antes, a la celebración de un Festival de Cine LGTBI Alemán (organizado entre otros por la embajada germana) se fundamentaba en una declaración de estado de emergencia por parte del Gobierno turco. Las organizaciones Kaos GL y Pembe Hayat (o Pink Life) apelaron la decisión, pero la justicia rechazó en un primer momento la apelación. Ahora, sin embargo, el 12º tribunal administrativo de Ankara ha estimado sus argumentos al considerar que la prohibición era «indefinida y ambigua». «Debe garantizarse la seguridad de los eventos, en lugar de prohibirlos», ha argumentado además el tribunal.

La decisión ha sido saludada tanto por los colectivos demandantes como por ILGA Europa, organización que en su momento criticó con dureza la decisión de las autoridades turcas. Sin embargo, como la propia Kaos GL explica en su página web, queda pendiente todavía el recurso por una segunda prohibición de eventos de temática LGTB emitida por el gobernador de Ankara en octubre de 2018, con posterioridad al estado de emergencia decretado por el Gobierno turco (que finalizó en julio). Una segunda prohibición, por cierto, que el pasado mes de febrero un grupo de diputados pertenecientes al Intergrupo LGTB del Parlamento Europeo solicitaron por carta al gobernador de Ankara que derogase. Entre ellos los eurodiputados españoles Izaskun Bilbao (PNV), Ana Miranda (BNG), Javi López (PSC) y Jordi Solé (ERC).

Confiemos en que la justicia ponga también punto final a esta segunda prohibición, uno más en una larga serie de episodios de discriminación contra el colectivo LGTB turco, ejemplarizados por ejemplo en la reciente prohibición del Orgullo LGTB de Estambul, la principal ciudad turca. En 2013 nos hacíamos eco del éxito de dicha celebración, en la que participaron más de 15.000 personas (siendo la más multitudinaria hasta la fecha). Pero las ediciones de 2015 y 2016, en cambio, fueron reprimidas violentamente por las autoridades. En 2015 la marcha fue prohibida de repente por la oficina del gobernador a causa del mes de Ramadán (circunstancia que, siendo exactamente igual, no impidió la manifestación de 2014). En 2016 la Policía turca disolvía violentamente la Marcha del Orgullo Trans de Estambul, también prohibida por el gobernador, que justificaba su decisión por «la seguridad de nuestros ciudadanos, en primer lugar, de los propios participantes». Desde el activismo LGTB, sin embargo, la prohibición se contempló como una claudicación ante las amenazas de grupos de extrema derecha nacionalista e islamistas. Una semana después, el Orgullo LGTB corría la misma suerte. En agosto de ese mismo año, además, la activista trans Hande Kader era brutalmente vejada y asesinada, después de haberse posicionado en primera fila durante el reprimido Orgullo Trans.

La situación se repetía en 2017, cuando tras las amenazas de un grupo ultranacionalista, y lejos de asegurar el ejercicio del derecho de manifestación del colectivo LGTB, el gobernador de Estambul volvió a prohibir la manifestación del Orgullo cediendo al chantaje de los extremistas. Cientos de valientes activistas desafiaron la prohibición y salieron a las calles, pero fueron duramente reprimidos. Y lo mismo sucedió en 2018, cuando un millar de activistas desafiaron la prohibición y la policía les lanza gas lacrimógeno y pelotas de goma para dispersarlos.

La complicada situación política 

Desde el fallido intento de golpe de estado en Turquía, en julio de 2016, el presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, lo ha utilizado para acallar cualquier voz crítica que le resulte molesta. Ha despedido a miles de funcionarios públicos, acusándolos de golpistas, ha perseguido a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno y a políticos de la oposición y se ha detenido a activistas LGTB como Levent Pişkin o Uğur Büber. Solo en 2016, se imputaron cargos por «terrorismo» a 47.000 personas.

Como culminación del proceso de concentración de poder, en abril de 2017 Turquía aprobaba en referéndum convertirse en un estado presidencialista por un 51,41% de los votos. Erdoğan concentraba así toda la capacidad ejecutiva, junto a la potestad de elegir jueces de los tribunales superiores y disolver el Parlamento. Con los dos mandatos de cinco años, aprobados como el plazo máximo que un presidente tendrá posibilidad de ejercer el cargo bajo la nueva Constitución, Erdoğan podría mantener su poder hasta 2029 (las próximas elecciones presidenciales no tienen lugar hasta 2019). Una situación altamente preocupante para el respeto de los derechos humanos y del colectivo LGTB en Turquía, a la que pese a todo trata de resistir una parte importante de la sociedad turca. Un dato esperanzador ha sido, en este sentido, el reciente resultado de las elecciones municipales, donde la oposición del Partido Republicano del Pueblo (actualmente un partido secular de centro-izquierda) ha conseguido arrebatar a los islamistas de Erdoğan las alcaldías de Ankara y Estambul (en este último caso por un margen muy ajustado).

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Se aproximan las elecciones al Parlamento Europeo, una instancia cada vez más importante por lo que a los derechos LGTB se refiere. Es por eso que ILGA Europe ha lanzado Come Out, una campaña de sensibilización e información cuyo objetivo es que el mayor número de candidatos se adhieran a un compromiso de diez puntos a favor de los derechos de las personas LGTB en el ámbito competencial de la Unión Europea y los votantes podamos conocerlos. Hasta la fecha, 20 candidatos españoles se han adherido ya.  Equo, la formación ecologista, y PSOE aportan la mayor parte de los candidatos.

Los diez compromisos de Come Out buscan implementar una hoja de ruta hacia la igualdad de las personas LGTBI, reforzar los derechos humanos dentro de la Unión, profundizar un marco normativo contra la discriminación, luchar contra la violencia homófoba y tránsfoba, promover una definición inclusiva de familia por lo que a las políticas de la Unión se refiere, proteger los derechos de las personas trans, combatir el acoso escolar homofóbico y transfóbico, acabar con las desigualdades en el acceso a la salud de las personas LGTBI, asegurar una protección efectiva a las personas LGTBI solicitantes de asilo y convertir a esta institución en pieza clave por lo que a la promoción de los derechos LGTBI en en mundo se refiere.

Entre los cinco candidatos de Equo que han firmado el compromiso está su cabeza de lista y ganador de las primarias de dicha formación, Florent Marcellesi. También lo han hecho Carlos Martín, Reyes Montiel, Aitor Urresti y Alberto Villa. Del resto de candidatos cuatro pertenecen al PSOE (Àlex Sáez, Iratxe García, Sergio Gutiérrez y Luis Yáñez), tres a la Confederación Pirata (Sirius D. Abadía, Darío Castañé y Lorena Müller), dos a Iniciativa per Catalunya Verds (María Delfina Rossi y Ernest Urtasun) y a Compromiso por Galicia (Paulo Carlos López y Andrés Núñez) y uno al Partido Nacionalista Vasco (Izaskun Bilbao), Bloque Nacionalista Galego (Ana Miranda) y a la Coalició Compromís (Antonio García). Cabe señalar, en ese último caso, que Compromís y Equo acudirán a las elecciones europeas con una lista conjunta. De Izquierda Unida, el activista LGTB Javier Sáez que será candidato por Izquierda Unida. Sáez, sociólogo de profesión, ha centrado su actividad en los estudios feministas y LGTBI. “Necesitamos diputados y diputadas en el Parlamento Europeo que den visibilidad a la realidad LGTBI en Europa y que vigilen el compromiso de los acuerdos adoptados por los Estados miembros en esta materia”, declaró Sáez al hacer pública su candidatura. Para el activista estas elecciones son de gran importancia. “En los últimos años asistimos en Europa a un ascenso de grupos intolerantes y de partidos políticos de extrema derecha que centran sus ataques en las minorías étnicas y en la comunidad LGTBI”, explica. Para Sáez, este hecho, lejos de ser anecdótico, “necesita ser denunciado y combatido a escala europea también por los partidos y coaliciones de izquierda”.

Esperamos que más candidatos se sumen a la campaña Come Out y hagan más amplia la lista, que en estos momentos lideran Reino Unido (donde 37 candidatos ya se han adherido), Alemania (33), Suecia (29) y Bélgica (26). En el extremo opuesto se sitúan Bulgaria, Hungría, la República Checa y Rumanía, cuatro países en los que ningún candidato se ha adherido todavía al compromiso. Tampoco queda en muy buen lugar Italia, uno de los grandes países de la Unión, donde solo tres candidatos lo han firmado.

General Aitor Urresti, Alberto Villa, Àlex Sáez, Ana Miranda, Andrés Núñez, Antonio García, BNG, Bulgaria, campaña Come Out, Carlos Martín, Compromís, Compromiso por Galicia, Confederación Pirata, Darío Castañé, Discriminación, Equo, Ernest Urtasun, España, Florent Marcellesi, Hungría, ICV, Iratxe García, Italia, IU, Izaskun Bilbao, Javier Sáez, Lorena Müller, Luis Yáñez, María Delfina Rossi, Parlamento Europeo, Paulo Carlos López, PNV, PSOE, República Checa, Reyes Montiel, Rumanía, Sergio Gutiérrez, Sirius D. Abadía, Unión Europea