Importantísima sentencia la dada a conocer este martes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según la cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. «Aunque los Estados miembros tienen libertad para autorizar o no el matrimonio homosexual, no pueden obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano de la Unión denegando a su cónyuge del mismo sexo, nacional de un Estado no miembro de la Unión, la concesión un derecho de residencia derivado en su territorio», señala el alto tribunal europeo en el comunicado de prensa en el que da a conocer el fallo.

El caso es conocido en esta página: Adrian Coman, ciudadano rumano, y Robert Hamilton, ciudadano estadounidense, presentaron una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio, celebrado en Bélgica. Una falta de reconocimiento legal que impedía a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras un largo proceso judicial, en noviembre de 2016 el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentaban que se trataba de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo. Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) anunciaba que la Gran Sala se haría cargo de las deliberaciones. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia.

Semanas después, en enero de 2018, nos llegó una primera noticia muy positiva: el prestigioso jurista belga Melchior Wathelet, uno de los once abogados generales con los que actualmente cuenta el Tribunal Superior de Justicia de la Unión (él mismo fue juez de la Corte Europea de Justicia) daba la razón a los demandantes. Y aunque las conclusiones del abogado general no vinculan necesariamente al Tribunal de Justicia (su función consiste en proponer a este una solución jurídica al asunto del que se ocupa), finalmente el Tribunal ha coincidido con su criterio.

Mediante su sentencia dictada hoy, y según el comunicado hecho público por la institución, «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que en el contexto de la Directiva relativa al ejercicio de la libertad de circulación, el concepto de ‘cónyuge’, que designa a una persona unida a otra mediante el vínculo matrimonial, es neutro desde el punto de vista del género, por lo que puede incluir al cónyuge del mismo sexo del ciudadano de la Unión». Y aunque la sentencia precisa que los Estados miembros disponen de la libertad de institucionalizar o no el matrimonio entre personas del mismo sexo, señala que «la negativa de un Estado miembro a reconocer, únicamente a efectos de conceder un derecho de residencia derivado a un nacional de un tercer Estado, el matrimonio de éste con un ciudadano de la Unión del mismo sexo, contraído legalmente en otro Estado miembro, puede obstaculizar el ejercicio del derecho de ese ciudadano a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Esto supondría que la libertad de circulación variaría de un Estado miembro a otro en función de las disposiciones de Derecho nacional que regulan el matrimonio entre personas del mismo sexo».

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se cuida de salvaguardar el derecho de los Estados miembros a autorizar o no el matrimonio igualitario, al asegurar que «la obligación de un Estado miembro de reconocer un matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro de conformidad con el Derecho de este último Estado, con el fin exclusivo de conceder un derecho de residencia derivado a un nacional de un tercer Estado, no afecta negativamente a la institución del matrimonio en el primer Estado miembro. En particular, esa obligación no impone a dicho Estado miembro el deber de contemplar la institución del matrimonio homosexual en su Derecho nacional». Sin embargo, matiza que «una medida nacional que pueda obstaculizar el ejercicio de la libre circulación de las personas sólo puede justificarse si es conforme con los derechos fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Al estar garantizado el derecho al respeto de la vida privada y familiar en el artículo 7 de la Carta, el Tribunal de Justicia señala que también de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resulta que la relación que mantiene una pareja homosexual puede estar comprendida en el concepto de ‘vida privada’ y en el de ‘vida familiar’ del mismo modo que la de una pareja heterosexual que se encuentre en la misma situación».

Rumanía debe actuar en consecuencia

Hay que tener en cuenta que hablamos de una remisión prejudicial, que permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio, interroguen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. Pero el Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional: es el tribunal de cada país quien debe resolver el litigio de conformidad, eso sí, con la decisión europea. Será, por tanto, el Tribunal Constitucional de Rumanía el que ahora debe resolver de forma efectiva en favor del matrimonio Coman-Hamilton. Un país, Rumanía, en el que en este momento se está desarrollando en paralelo un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario vía referéndum.

La decisión favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin embargo, convierte en papel mojado dicha prohibición por lo que a los matrimonios con otros ciudadanos de la Unión se refiere, lo que no es poco. Y sobre todo, la decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar. De esta forma, la resolución sienta un importantísimo precedente para muchas parejas perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias. Y muy especialmente en el caso de los seis Estados miembros que carecen de cualquier reconocimiento de las parejas del mismo sexo, y que además de Rumanía son Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Polonia. Situaciones como la que han sufrido Adrian Coman y su marido, o como la del ciudadano lituano casado en Dinamarca con un hombre de nacionalidad bielorrusa al que las autoridades lituanas denegaron el permiso temporal de residencia, pasarán a ser parte del pasado.

Fuente Dosmanzanas

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ILGA Europa ha emitido su acostumbrado informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2018 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2017. Como en pasados años, Malta encabeza la clasificación debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, como el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad, la adopción homoparental o, finalmente, la aprobación del matrimonio igualitario, que la sitúan a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. España, debido a su inmovilismo legislativo, se mantiene en la novena posición, con la recomendación por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta sigue encabezando la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 91,04 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, quedando tan solo pendientes legislaciones respecto a la no discriminación en el acceso a bienes y servicios, las medidas reproductivas para parejas del mismo sexo o mejorar la situación de los asilados por orientación sexual o identidad de género.

Por otro lado, el inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, ha ocasionado que países que en su día encabezaron la clasificación o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, como Suecia u Holanda, se sitúen en la décima y undécima posición respetivamente. Ya no bastan leyes que establezcan la igualdad de derechos, también se exigen políticas activas contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.

La situación en España

La falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además de ello, el hecho de que no exista un organismo que se encargue tanto de vigilar y sancionar las situaciones de discriminación como de fomentar la igualdad en todos los ámbitos resta el porcentaje de consecución de objetivos en el apartado de «Igualdad y no discriminación».

ILGA Europa hace estas dos recomendaciones al Gobierno español:

Es decir, las recomendaciones son que se aprueben leyes como las que están actualmente en trámite parlamentario. Respecto a los acontecimientos más destacables del pasado año, ILGA Europa precisamente señala el gran esfuerzo de las asociaciones LGTBI para convencer a los distintos grupos políticos de la necesidad de aprobar las leyes de igualdad LGTBI y de reformar de la ley de identidad de género. También destaca la gran aceptación social que las personas LGTBI disfrutan en España, según confirman numerosas encuestas, y comenta, por ejemplo, el hecho de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hiciera pública su bisexualidad. Por otro lado, no deja de lamentar las agresiones denunciadas por el Observatorio contra la LGTBfobia de Madrid y los lamentables sucesos que tuvieron lugar en Murcia durante la celebración del Orgullo.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. Repitió en 2017 y este año se consolida en lo más alto de la lista. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza, aunque cayendo hasta el 9º puesto estos dos últimos años debido al inmovilismo legislativo.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, HazteOir, Holanda, Homofobia, Hungría, Iglesia Católica, ILGA, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Transfobia, Turquía, Ucrania, Visibilidad LGTBI

Dos nuevos casos de infección por VIH ocurridos en Estados Unidos en personas que seguían la profilaxis preexposición (si bien uno de ellos es dudoso) atraen de nuevo la atención sobre la eficacia de esta estrategia preventiva. Aprovechamos la oportunidad para hablar de nuevo de ella y remarcar que estos dos nuevos casos no modifican lo que en realidad ya se sabía: que la profilaxis preexposición es altamente efectiva, pero no segura al 100%.

También conocida por los acrónimos PPrE y PrEP, la profilaxis preexposición consiste en que una persona no infectada por el VIH tome tratamiento antirretroviral de forma preventiva. En Europa ya hay un medicamento autorizado con tal fin: Truvada, una combinación de emtricitabina y tenofovir comercializada por el laboratorio farmacéutico Gilead, y que recientemente la Organización Mundial de la salud ha incluido en su lista de medicamentos esenciales con mención expresa a su posible uso en profilaxis preexposición. La Agencia Europea del Medicamento, además, dio luz verde en 2017 a la fabricación de un genérico, Los especialistas en la materia la consideran ya una de las principales herramientas de prevención en grupos especialmente vulnerables en los que las estrategias clásicas no han dado el resultado deseado. Sin embargo, y es importante saberlo, la profilaxis preexposición presenta (como cualquier otra medicación) contraindicaciones y potenciales efectos adversos, y sobre todo no asegura en el 100% de los casos que uno no se pueda infectar, como estos nuevos casos ponen de manifiesto.

No es la primera vez que ocurre, de hecho. Ya antes habían sido comunicados varios casos de infección en varones homosexuales que seguían la profilaxis. En los dos primeros casos, ocurridos en Toronto y en Nueva York, fueron infectados por una cepa de VIH resistente al tratamiento con emtricitabina y tenofovir. En el tercer caso, ocurrido en Ámsterdam, la infección se produjo sin embargo por una cepa no resistente (aunque hay especialistas que defienden la hipótesis de que en este caso el tratamiento sí que frenó la diseminación de la infección por el organismo, que solo se produjo tras la suspensión de la profilaxis). Hace menos de un año se comunicó la existencia de un cuarto caso en Melbourne, aunque no hemos podido localizar información sobre el tipo de infección ni el caso aparece citado en documentos más recientes.

Sea como sea, en estos últimos días se han conocido dos casos más. En el primero de ellos, ocurrido en Carolina del Norte, parece que no será posible determinar si realmente hubo “fallo” de la profilaxis, ya que la persona no hacía un seguimiento adecuado y no puede descartarse que la transmisión ocurriera en un momento en el que no la seguía. Aun así la cepa contraída es también resistente a Truvada. El segundo caso de los conocidos estos días ha ocurrido en el área de Seattle, en el estado de Washington, y de la misma forma la cepa responsable sería resistente.

En cualquier caso, elevada eficacia

En definitiva, en el peor de los casos hasta la fecha existirían referencias a seis posibles transmisiones en personas que seguían PrEP. Teniendo en cuenta que ya habría cientos de miles de personas siguiéndolo (solo en el condado de King, en Washington, en el que ha ocurrido la última transmisión, habría ya unas 6.500) no deja de ser cierto que hablamos de una estrategia muy eficaz.

Es por esa elevada eficacia que los especialistas recomiendan su administración en personas con un elevado riesgo de transmisión. Según Gesida (el Grupo de Estudio de Sida de SEIMC, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) estas personas son básicamente hombres que tiene relaciones sexuales con otros hombres y mujeres transexuales que en los seis meses previos:

1. Hayan tenido relaciones que incluyan prácticas de riesgo sin preservativo.
2. Hayan presentado además una de las siguientes características:

• Relaciones con más de dos parejas.
• Les ha sido diagnosticada alguna infección de transmisión sexual (ITS).
• Han necesitado profilaxis postexposición.
• Han usado sustancias psicoactivas durante las relaciones sexuales.

Gesida también aconseja valorar la profilaxis preexposición en personas con una pareja infectada por VIH sin control clínico o virológico y con la que no se utilice preservativo; en personas con relaciones sexuales no protegidas e “intención transaccional” (sea por dinero, drogas u otra razón); en usuarios de drogas por vía parenteral que compartan jeringuillas y en general en personas en situación de vulnerabilidad social expuestas a contactos no protegidos con alto riesgo de infección por VIH.

No conviene, en cualquier caso, banalizar lo que supone la profilaxis preexposición: hablamos de que una persona sana tome una medicación que no necesitaría tomar si adoptase otras medidas de prevención. Sin olvidar la importancia de la adherencia al tratamiento, es decir, de que las personas respeten escrupulosamente la pauta establecida y se acuerden de tomar de forma correcta la medicación (lo que por ejemplo no es fácil si se opta por una pauta intermitente en lugar de una diaria). Y una buena adherencia no siempre es sencilla cuando una persona no presenta síntomas de enfermedad. De hecho, los mismos especialistas que apuestan por la profilaxis preexposición recuerdan que esta debe ser complementaria a otras estrategias, como la prueba del VIH y el inicio precoz del tratamiento en personas infectadas. También recuerdan la importancia del preservativo como la más sencilla de las herramientas de prevención, poniendo el acento en que la profilaxis preexposición se dirige precisamente a aquella población en la que esta estrategia no basta.

Otra preocupación de los expertos es la posible repercusión que la profilaxis preexposición puede tener sobre la expansión de otras ITS, que obviamente no previene, especialmente entre aquellos usuarios que renuncian al uso del preservativo. Es por todo ello que desde Gesida recomiendan que la profilaxis preexposición sea prescrita y supervisada por un facultativo con experiencia en VIH e ITS y con capacidad de hacer un seguimiento.

España: ya hay un documento de consenso

Aunque la promoción de la profilaxis preexposición ha sido discutida en el pasado, la evidencia señala que es hora de apostar por ella ante el fracaso parcial de las estrategias clásicas (básicamente las campañas centradas en el uso del preservativo) en determinados grupos. Buena muestra de ello son las estadísticas de nuevas infecciones del Ministerio de Sanidad español. Durante el año 2016, último del que se han hecho públicas cifras completas, se notificaron 3.353 nuevos diagnósticos de VIH, prácticamente el mismo número que en el año 2015. En el 53,1% de los casos en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Lo peor: los nuevos diagnósticos tardíos siguen siendo casi la mitad.

Es por ello que son ya varios los países europeos cuyos Sistemas Nacionales de Salud han acordado (bajo condiciones diversas) su financiación, como Bélgica, Escocia, Francia, Luxemburgo, Noruega o Portugal. Otros países, en cambio, van más retrasados, y están todavía evaluando o a la espera de evaluar esta estrategia de tratamiento.

En España, existe ya un documento de consenso elaborado por el Ministerio de Sanidad y publicado con fecha de enero de 2018, en la que se propone una estrategia de implementación, centrada en grupos de varones homosexuales que tienen relaciones sexuales de alto riesgo, y en la que la medicación se prescribiría en unidades asistenciales específicas (hasta ahora, Truvada solo se administra en dispensación hospitalaria como tratamiento de la infección por VIH). Esperemos que las autoridades sanitarias se pongan ya manos a la obra, porque como el propio documento del Ministerio reconoce que las personas interesadas en la utilización de la profilaxis preexposición la consiguen ya fuera del circuito sanitario formal y de manera no controlada (mediante compra online, por ejemplo, o compartiendo fármacos con personas infectadas en tratamiento) sin que se les realice seguimiento alguno.

Fuente Dosmanzanas

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Ha pasado ya casi una semana desde que la ceremonia de clausura pusiera fin a los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 en Pyeongchang (Corea del Sur). No podemos, sin embargo, dejar pasar la oportunidad de subrayar lo positivo que estos juegos han resultado para la visibilidad LGTB, especialmente tras el recuerdo de lo sucedido en la anterior cita olímpica de invierno, en Sochi (Rusia). Unos juegos que nos han descubierto además a la figura de Adam Rippon, patinador estadounidense cuya defensa sin ambages de la visibilidad y de la pluma lo ha convertido ya en todo un icono gay.

En los juegos de Pyeongchang han competido (según el listado de Wikipedia) 16 deportistas abiertamente LGTB: 12 mujeres y 4 hombres. Nueve más que en Sochi. Con una diferencia apreciable: en Sochi todas ellas eran mujeres. Los de Corea, por tanto, han sido los primeros juegos olímpicos de invierno de la historia en los que participaban deportistas abiertamente gais. Por nacionalidades, tres eran belgas (Jorik Hendrickx, Sophie Vercruyssen y Kim Meylemans), tres estadounidenses (Brittany Bowe, Gus Kenworthy y Adam Rippon), dos canadienses (Brianne Jenner y Eric Radford), otras dos holandesas (Cheryl Maas e Ireen Wüst), una australiana (Belle Brockhoff), una austriaca (Daniela Iraschko-Stolz), una checa (Šárka Pančochová), una eslovena (Barbara Jezeršek),  una sueca (Emilia Ramboldt) y una suiza (Simona Meiler).

Por lo que se refiere al balance de medallas, el “equipo LGTB” ha conseguido (que hayamos podido contabilizar) ocho medallas. De las dos primeras ya informamos en esta misma página: el oro del canadiense Eric Radford en la competición por patinaje por equipos, ejecutando el programa de parejas junto a Meagan Duhamel, y el bronce del estadounidense Adam Rippon en la misma competición (Rippon ejecutó, en concreto, el programa largo masculino). Eric Radford (también junto a Megan Duhamel) consiguió después otro bronce en la competición de parejas.

Más allá del patinaje artístico, la holandesa Ireen Wüst consiguió un oro y dos platas en la competición de 1.500, 3.000 metros y persecución por equipos, respectivamente, de patinaje de velocidad, mientras que la canadiense Brianne Jenner se hizo con la plata como miembro del equipo de hockey sobre hielo. La estadounidense Brittany Bowe, por su parte, consiguió un bronce en la competición de patinaje de velocidad por equipos (junto a tres compañeras). En total, 5 medallistas de 16 participantes, un 31%. Si comparamos esa cifra con la de los últimos juegos olímpicos celebrados (los de verano de 2016 en Río de Janeiro), en los cuales esa cifra ascendió al 47%, la tendencia parece señalar que poco a poco se agrieta el “techo de cristal” de los deportistas LGTB: cada vez resulta menos necesario ser un deportista de los de “opción casi segura” de medalla para ser seleccionado siendo LGTB.

Como ya mencionamos en nuestra entrada anterior, la medalla de Rippon tuvo un especial “valor añadido” en clave LGTB, si se tiene en cuenta que el joven patinador se había significado por sus críticas a que la delegación estadounidense en los Juegos estuviese encabezada por el vicepresidente Mike Pence, bien conocido por su LGTBfobia. Críticas que compartía con su compañero del equipo estadounidense, el esquiador Gus Kenworthy. Ambos, de hecho, lanzaban un mensaje de visibilidad durante la ceremonia de apertura de los Juegos. “Estamos aquí. Somos queer. Acostúmbrate”, tuiteaba Kenworthy, en un indisimulado mensaje a Pence:

We’re here. We’re queer. Get used to it. @Adaripp #Olympics #OpeningCeremony pic.twitter.com/OCeiqiY6BN

— Gus Kenworthy (@guskenworthy) 9 de febrero de 2018

Rippon, en cualquier caso, cautivó por su alegría, desparpajo y por su defensa rotunda de la visibilidad y de la pluma, y se ha convertido en un verdadero icono gay, aunque él ha matizado dicha afirmación no sin ironía: “Quiero que la gente se dé cuenta de que no soy un icono gay, de que no soy el amorcito gay de América… Soy un icono y soy el amorcito de América”. Valga como ejemplo de su actitud de no querer disimular su pluma el vídeo incluido en el siguiente tuit, en el que Rippon lee una de las cartas de apoyo que ha recibido:

Of all the letters and messages I’ve gotten, this is definitely one of my favs. I love you, Alexis E. pic.twitter.com/JtG4D4YHmB

— Adam Rippon (@Adaripp) 26 de febrero de 2018

El otro gran protagonista “visible” de los Juegos ha sido el ya mencionado Gus Kenworthy, pese a no repetir la medalla en la modalidad slopestyle de esquí acrobático que sí consiguió en Sochi, cuando aún no se había visibilizado públicamente como gay (de ahí que no lo hayamos incluido entre las deportistas abiertamente LGTB que participaron en Sochi, todas ellas chicas). Lo hizo en 2015 (ya entonces lo recogimos) y desde entonces Kenworthy no ha dudado en hacer bandera de la visibilidad. Y así lo ha demostrado en estos últimos Juegos. Desde el mensaje que acompañaba a las fotografías con Rippon durante la ceremonia de apertura del que hablábamos arriba, hasta el beso con su novio, Matthew Wilkas, tras finalizar su competición, momento que fue difundido por televisión y que dio la vuelta al mundo:

Didn’t realize this moment was being filmed yesterday but I’m so happy that it was. My childhood self would never have dreamed of seeing a gay kiss on TV at the Olympics but for the first time ever a kid watching at home CAN! Love is love is love. pic.twitter.com/8t0zHjgDg8

— Gus Kenworthy (@guskenworthy) 19 de febrero de 2018

“Ayer no me di cuenta de que este momento estaba siendo grabado, pero estoy muy feliz de que lo fuese. Nunca jamás hubiera soñado, siendo niño, que podría ver un beso gay en televisión durante los Juegos Olímpicos, pero por primera vez un niño que ahora esté en su casa puede. Amor es amor, es amor”, señalaba el propio Kenworthy en redes sociales para acompañar una imagen que ya es icónica para la visibilidad LGTB en el deporte.

Una imagen y una actitud que también le ha valido a Kenworthy toda una legión de haters, como él mismo denunciaba en Twitter. “Según ellos: ‘es 2018, a nadie le importa que seas gay. La homofobia ya no existe. Supéralo’. Mis notificaciones de YouTube…”, ironizaba, pasando a mostrar algunas de las notificaciones que había recibido en YouTube de mensajes cargados de insultos homófobos:

Them: It’s 2018 nobody cares that you’re gay. Homophobia doesn’t exist anymore. Get over yourself.

My YouTube notifications: pic.twitter.com/moASu15TR4

— Gus Kenworthy (@guskenworthy) 27 de febrero de 2018

Kenworthy y Rippon, por cierto, también disfrutaron de lo lindo juntos durante la ceremonia de clausura. Kenworthy llegó a bromear sobre su relación en Twitter: “Hace dos semanas, en la ceremonia de apertura, nos conocimos y allí empezó una amistad. Hoy, en la ceremonia de clausura, se acaba. Adam Rippon, deja de llamarme. Estás empezando a ser muy pesadito y ya no puedo más”, tuiteaba:

Two weeks ago, at opening ceremonies, we met and a friendship began. Today, at closing ceremonies, it ends. @Adaripp, please stop calling me. You’re honestly starting to get v clingy and I can’t anymore. pic.twitter.com/h9GArWda9b

— Gus Kenworthy (@guskenworthy) 25 de febrero de 2018

Pese a que no faltaron los que malinterpretaron la broma, tiene pinta de que la buena relación entre Kenworthy y Rippon nos proporcionará aún muchos buenos momentos. El propio Kenworthy comentaba en una entrevista su admiración hacia Rippon y su deseo de que su amistad se mantenga durante el resto de sus vidas. El esquiador estadounidense también destacaba la importancia de que haya una comunidad LGTB visible en el mundo del deporte:

Fuente Dosmanzanas

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Importante noticia la que hemos conocido esta semana: la Corte Europea de Justicia comenzó a examinar el martes pasado el caso de una pareja del mismo sexo casada legalmente en Bélgica, pero cuyo matrimonio no reconocen las autoridades de Rumanía. La resolución de este caso, que se conocerá previsiblemente el año que viene, podría sentar un importante precedente para la libertad de circulación de las personas LGTB en el territorio de la Unión Europea. Una sentencia positiva obligaría a todos los estados miembros a reconocer los matrimonios y uniones civiles legalmente celebrados en otros países de la Unión.

La Justicia europea ha empezado a deliberar sobre un asunto cuya resolución podría traer profundas consecuencias para las parejas del mismo sexo. Hemos informado del caso que llevan adelante Adrian Coman, un ciudadano rumano, y su marido estadounidense Robert Hamilton, casados legalmente en Bélgica. La pareja presentó una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio. Esta falta de reconocimiento legal impide a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país.

Tras un ya largo proceso judicial, en noviembre del año pasado el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo que ha sido vulnerada en su caso. La clave reside en dilucidar si una pareja casada del mismo sexo tiene derecho a que se le aplique la normativa europea sobre reunificación familiar, toda vez que uno de sus miembros es un ciudadano comunitario.

Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) ha anunciado que la Gran Sala se hará cargo de las deliberaciones, que comenzaron la semana pasada. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia. La resolución, que previsiblemente se conocerá ya en 2018, podría sentar un importante precedente para muchas parejas perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias.

Concretamente, podría tener consecuencias para los únicos seis Estados miembros que actualmente carecen de cualquier reconocimiento de las parejas del mismo sexo: se trata, además de Rumanía, de Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Polonia. Una sentencia favorable para los demandantes podría obligar a estos países a reconocer a las parejas del mismo sexo legalmente casadas o unidas civilmente en otros Estados de la Unión cuando al menos uno de los cónyuges sea ciudadano de un Estado miembro. Situaciones como la aquí descrita, o como la del ciudadano lituano casado en Dinamarca con un hombre de nacionalidad bielorrusa al que las autoridades lituanas denegaron el permiso temporal de residencia, pasarían a ser parte del pasado.

Se trata de la primera vez que el Constitucional rumano acude al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hace difícil hacer un pronóstico sobre el resultado final. Del alto tribunal con sede en Luxemburgo han salido sentencias favorables para los derechos LGTB, como la que prohibió las pruebas denigrantes para los solicitantes de asilo homosexuales o la que equiparaba los derechos laborales de las parejas del mismo sexo a las que se prohíbe el matrimonio con los de las parejas casadas. Otras han sido más decepcionantes, como cuando hace dos años consideraba considera lícito que se pueda prohibir a los gais donar sangre.

Un proceso paralelo a la convocatoria del referéndum

De manera paralela al contencioso de Coman y Hamilton, se está desarrollando en Rumanía un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre el asunto promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento.

En mayo de este año, la Cámara de Diputados aprobaba la medida por 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma de este tipo y en septiembre, el gobernante Partido Socialdemócrata anunciaba la próxima convocatoria de un referéndum que aún no se ha llevado a cabo. Si el plebiscito se produce finalmente y los ciudadanos respaldan la propuesta homófoba, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

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El Partido Popular es el único partido que vota en contra (¡SORPRESA!) de la propuesta del PSOE para actualizar la Ley Trans de 2007.

Las nuevas medidas buscan despatologizar la transexualidad y reconocer la autodeterminación de género de todas las personas mayores de 16 años.

El PSOE presentaba el 3 de marzo una Proposición de Ley con el objetivo de reformar la Ley 3/2007, mediante la que se regula la rectificación del género en el Registro Civil con el objetivo de incluir tres modificaciones sustanciales que se han estado debatiendo desde este martes, 28 de noviembre. Con el apoyo de Unidos Podemos, Ciudadanos y los grupos nacionalistas, salvo un voto de UPN y Foro Asturias, que han votado en contra, como también ha hecho en bloque el PP, este jueves, 30 de noviembre, se aprobaba la reforma con 203 votos a favor y 130 en contra.

En febrero de 2017 te contábamos que la diputada del PSOE, Dolores Galovart, presentó en el Congreso una iniciativa para actualizar la Ley Trans aprobada en 2007. Entre las medidas que proponía actualizar el PSOE estaba una importantísima: la despatologización de la transexualidad. ¿Cómo? Pues muy fácil: eliminando la necesidad de que existiera un diagnóstico de “disforia de género” para poder cambiar tu nombre y sexo en el registro. Y no solo eso, tampoco haría falta acreditar haberse sometido a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo (ni cirugías ni terapias hormonales ni nada) para poder hacer ese cambio. Reconociendo así el derecho a la autodeterminación del género. Otras cosa importante que proponía esa actualización era que las personas mayores de 16 años pudieran solicitar ese cambio ellos mismos y, en el caso de los menores, deberían hacerlo sus padres o tutores legales. Si había disconformidad el menor podría presentar una solicitud en el Ministerio Fiscal para que un juez decidiera teniendo siempre en cuenta el interés del menor.También podrían solicitarla las personas extranjeras cuya residencia legal esté en España para así actualizar su tarjeta de residencia y sus permisos de trabajo y que quedara reflejada su verdadera identidad.

Bueno, pues esta propuesta llegó el pasado jueves al Congreso y su toma en consideración ha sido aprobada con una inmensa mayoría de votos. 200, ahí es nada.

Nueve meses después de que el grupo socialista del Congreso la registrase (con la simbólica presencia de Carla Antonelli), por fin esta cámara ha debatido la toma en consideración de la proposición de ley que actualiza la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. Solo el Partido Popular, entre las grandes formaciones políticas, ha rechazado apoyar la propuesta. Una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas).

La Proposición de Ley (que puedes descargar aquí) elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

La Ley 3/2007, un texto envejecido prematuramente

La Ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Bélgica, de Dinamarca, de Grecia, de Irlanda, de Malta o de Noruega. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente. En el continente americano, por su parte, destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido. Cambiando de continente, Nepal ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque varias leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo quedaba hasta ahora a criterio del juez de turno.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

Tras el debate de este martes, 28 de noviembre, la aprobación de la reforma por el Congreso se da por segura, al contar con el apoyo de PSOE, del grupo grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Ciudadanos, de ERC, de Compromís, del PNV y del PDCat. El PP, sin embargo, ha anunciado a través de la diputada María del Carmen Dueñas que no apoyarán el texto por incluir la posibilidad de que los menores trans puedan modificar legalmente su identidad de género sin intervención judicial. “Que no se nos olvide que hablamos de menores y hay que ser muy cautelosos”, ha expresado Dueñas.

Se da la circunstancia, a este respecto, de que hasta el mismísimo Tribunal Supremo ha llegado a plantear ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la Ley 3/2007 por impedir a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida. Fue en marzo de 2016, a través de un auto de su Sala de lo Civil que consideró que dicha negativa puede privar a las personas menores de edad de derechos fundamentales.

Será la segunda vez en pocos meses que este partido falta a la palabra dada el pasado junio, cuando se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

ACTUALIZACIÓN (sábado, 02 de Diciembre)

No ha habido sorpresas tras la votación, que había sido pospuesta hasta este jueves. Tal y como estaba previsto, el grupo popular, además de un diputado de Unión del Pueblo Navarro y otro de Foro Asturias (dos partidos regionalistas de derecha que se presentaron coaligados con el PP en las últimas elecciones) se han opuesto a la toma en consideración de la proposición de ley, que pese a todo ha sido aprobada por 200 votos a favor y 128 en contra:

El #Pleno da el primer paso para la #ReformaLeyTRANS2007 propuesta por @gpscongreso que permite a los menores transexuales la modificación registral de sexo y nombre 📝 NdP: https://t.co/5AnRWljpzW pic.twitter.com/5jaC1b2JEX

— Congreso (@Congreso_Es) 30 de noviembre de 2017

«Hoy escribimos un nuevo capítulo en la historia de los derechos de las personas transexuales», declara María Dolores Galovart, que había defendido la Propuesta de Ley este martes. Tres son los principales cambios que establece esta reforma:

1. A partir de los 16 años de edad, las personas transexuales podrán presentar la solicitud del cambio de nombre y género ellos mismos a través del Ministerio Fiscal, de forma que un juez resolvería el procedimiento «teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor», en el caso que uno de sus padres o ambos no hubieran dado su consentimiento, siendo ellos quienes podrían solicitarlo para los menores de 16 años.

2. La autodeterminación personal se convierte en el único requisito para demostrar la identidad sexual, sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos que indiquen que padecen disforia de género en lo que constituye la despatologización definitiva de la transexualidad al dejar de ser considerados «enfermos».

3. Las personas transexuales extranjeras que tengan el permiso de residencia también podrán modificar su nombre y género, tanto en el permiso de residencia como en el de trabajo, con sólo solicitarlo.

«Con esta reforma se supera una legislación que consideraba la transexualidad como un trastorno mental, al exigir para el cambio de género informes médicos sobre la existencia de una distrofia de género, además de los tratamientos médicos para llevar a cabo este proceso biológicamente (…). Un instrumento útil y necesario para mejorar la vida y hacer más felices a las personas transexuales », señala Galovart durante el debate de la reforma.

«Debemos superar una sociedad heteronormativa y binaria para poder ser libres de ser quienes somos independientemente del sexo que se nos asignó al nacer», declara Teresa Jordà, diputada de ERC, quienes junto a Unidos Podemos, consideran la reforma insuficiente y reclaman la puesta en marcha de una ley integral que luche contra la transfobia y aborde las necesidades de las personas transexuales en aspectos como la educación y los ámbitos laborales y sanitarios.

La excusa del PP para no apoyar esta reforma es que no podían hacerlo «tal y como está planteada» al no plantear seguridad jurídica a las personas menores de edad, según su punto de vista, así como consideran de más que los extranjeros puedan cambiar el género en su documentación española.

Efectivamente, como recuerdan en EstoyBailando, la gaviota ataca de nuevo.

Sí, Y es que… después de esto,  algunos pensaban que era imposible que el PP votara en contra de esta propuesta.

🏳️‍🌈 Estamos en la marcha del #WorldPrideMadrid apoyando los derechos LGTBI 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/ioFUmRxka6

— Partido Popular (@PPopular) 1 de julio de 2017

Será que España no es el “mundo”. O que era mentira. Pero no, seguro que no era mentira. No era un paripé. No se la colaron a FELGTB y COGAM. Seguro segurísimo que Andrea Levy y Maroto fueron porque de verdad creían en lo que ponía la pancarta. O a lo mejor es que no la leyeron.

Sea como sea, lo han hecho. Después de llevar la pancarta pidiendo que se reconocieran los derechos LGTBI en el mundo… han votado en contra de los derechos LGTBI en el Congreso. La T, Andrea Levy es de TRANS; que a lo mejor te dormiste el día que explicaban eso y por eso os habéis liado.

Y, como siempre, se han inventado una excusa maravillosa. Porque otra cosa, pero excusas tienen para dar y regalar. Esta vez dicen que votan en contra porque la nueva iniciativa no garantiza la seguridad jurídica de los menores y creen que no debería incluir a los extranjeros.

Que es gracioso, Javier Maroto, porque lo de los extranjeros ya sabemos que no os gusta. Tú mismo ya has dejado claro que a xenófobo no te gana nadie (bueno sí, Albiol). Pero que ahora os preocupen los menores cuando no movisteis undedo para parar las campañas tránsfobas de Hazte Oír que negaban la existencia de menores trans…

Pues aunque todos los grupos de la oposición han votado a favor de la toma en consideración de esta reforma, desde Unidos Podemos y Esquerra Republicana han reclamado además que se ponga en marcha de una vez una ley estatal integral de transexualidad como las que ya se han aprobado en diferentes parlamentos autonómicos. Con esas leyes se asegura, además de que las personas trans ven reconocida su igualdad y sus derechos, la lucha contra la transfobia por medio de protocolos y medidas concretas aplicadas tanto en el ámbito educativo como en el laboral como en el sanitario.

***

No obstante, conviene precisar que el éxito de esta votación en el Congreso no supone que la proposición de ley haya quedado definitivamente aprobada. Ahora comienza una andadura que la llevará, entre otros trámites, al Senado, cámara en la que el PP dispone de mayoría absoluta. Si los populares mantienen su negativa, el Senado rechazará la reforma, lo que obligará al Congreso a levantar el veto. Un largo camino al que por desgracia el colectivo LGTB ya está acostumbrado: ya sucedió con la ley de matrimonio igualitario en 2005, a la que el PP también se opuso.

Esta entrada fue publicada originalmente el 28 de noviembre, fecha en la que se debatió la toma en consideración. El 02 de Diciembre se ha procedido a su actualización, incluyendo el resultado final de la votación.

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando/Universogay

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Nueve meses después de que el grupo socialista del Congreso la registrase (con la simbólica presencia de Carla Antonelli), por fin esta cámara ha debatido la proposición de actualización de la ya anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. Solo el Partido Popular, entre las grandes formaciones políticas, ha rechazado apoyar la propuesta, que se votará el jueves, lo que asegura su aprobación. Una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas). 

La Proposición de Ley (que puedes descargar aquí) elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

La Ley 3/2007, un texto envejecido prematuramente

La Ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Bélgica, de Dinamarca, de Grecia, de Irlanda, de Malta o de Noruega. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente. En el continente americano, por su parte, destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido. Cambiando de continente, Nepal ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque varias leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo quedaba hasta ahora a criterio del juez de turno.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

A la espera de la votación del jueves, tras el debate de este martes la aprobación de la reforma por el Congreso se da por segura, al contar con el apoyo de PSOE, del grupo grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Ciudadanos, de ERC, de Compromís, del PNV y del PDCat. El PP, sin embargo, ha anunciado a través de la diputada María del Carmen Dueñas que no apoyarán el texto por incluir la posibilidad de que los menores trans puedan modificar legalmente su identidad de género sin intervención judicial. “Que no se nos olvide que hablamos de menores y hay que ser muy cautelosos”, ha expresado Dueñas.

Se da la circunstancia, a este respecto, de que hasta el mismísimo Tribunal Supremo ha llegado a plantear ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la Ley 3/2007 por impedir a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida. Fue en marzo de 2016, a través de un auto de su Sala de lo Civil que consideró que dicha negativa puede privar a las personas menores de edad de derechos fundamentales.

Si se confirma que el jueves el PP no vota a favor, será la segunda vez en pocos meses que este partido falta a la palabra dada el pasado junio, cuando se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Andrea Levy, Argentina, Bélgica, Carla Antonelli, Ciudadanos, Colombia, Compromís, Dinamarca, En Comú Podem, En Marea, ERC, Escocia, España, Grecia, Identidad de género, Irlanda, Javier Maroto, Malta, María del Carmen Dueñas, Nepal, Noruega, Partido Demócrata Catalán, PNV, Portugal, PP, PSOE, Transexualidad, Transfobia, Transgenerismo, Unidos Podemos

Grecia aprueba una Ley Trans que mejora sustancialmente el proceso legal para cambiar el nombre y el género en documentos oficiales pero no se rige por el principio de auto-determinación.

A pesar de no ser una ley perfecta los colectivos trans celebran su aprobación y lo consideran un paso adelante en una lucha que aún no ha terminado.

El Parlamento griego aprobó el martes una avanzada ley de identidad de género, la primera del país que despatologiza la realidad trans. El texto elimina la necesidad de tutela médica y de cualquier intervención quirúrgica, incluida la esterilización, para que los mayores de 17 años puedan obtener el reconocimiento legal de su identidad. Los jóvenes de entre 15 y 17 años sí necesitarán un informe psiquiátrico además del consentimiento paterno. Aunque no satisface la totalidad de sus reivindicaciones, los colectivos trans han saludado la nueva norma como un gran avance.

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas transexuales a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, según un informe de Transgender Europe de noviembre de 2016, 21 estados europeos seguían haciéndolo a fecha de noviembre de 2016. La mayoría, del Este de Europa, pero también había algunos occidentales. Otros han eliminado ese requisito hace poco (Suecia, por ejemplo, no lo hizo hasta 2013, Noruega actualizó su ley en 2016 y Bélgica, en mayo de este año). Y no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. En la misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba hace unos meses a Francia por haber obligado a hacerlo (el país vecino, de hecho, modificó su legislación en 2016, eliminando dicho requisito, aunque sigue manteniendo el proceso en manos de los jueces).

Grecia se suma ahora a la lista de países que no solo eliminan ese requisito, sino que tampoco exigen ya la necesidad de un diagnóstico médico o psicológico de “disforia de género” o similar. La ley integra, en este sentido, el principio de autodeterminación de género, aunque solo para los mayores de 17 años. Para los jóvenes entre 15 y 17 años será necesario un informe psiquiátrico, además del consentimiento paterno. El texto ha recibido el apoyo de 171 diputados del Parlamento griego: de Syriza (impulsora del proyecto), sus socios de Anel y los centristas de To Potami. En contra han votado 128: la derecha de Nueva Democracia, los neonazis de Amanecer Dorado, los comunistas de KKE y la Unión de Centristas.

Pese a reconocer el indudable avance sobre la situación anterior, los colectivos LGTB consideran mejorable la nueva ley. Por ejemplo, en lo referente a la tutela médica y paterna en menores de edad. El asunto, de hecho, fue uno de los motivos esgrimidos por Nueva Democracia para oponerse en lugar de abstenerse, como habían anunciado en primer lugar. El principal partido de la oposición pretendía que el cambio del sexo legal no fuera posible bajo ninguna circunstancia antes de los 18 años.

Evelyne Paradis, directora ejecutiva de la ILGA afirma que : “Es progreso, pero no es perfecta. Hoy se ha dado un gran paso adelante, pero es una pena que ese paso no fuera uno hacia la total auto-determinación de todas las personas trans en Grecia.”  Y es que la nueva ley griega para las personas trans ha mejorado sustancialmente la realidad del colectivo, pero se ha quedado corta en varios aspectos (y en otros ha pasado a ser bastante estrambótica). Hasta la aprobación de esta nueva ley las personas trans que querían cambiar su género en los documentos oficiales tenían que pasar una evaluación psiquiátrica para acreditar un diagnóstico de disforia de género, tenían que someterse a una operación de reasignacion de sexo y se les exigía la esterilización.

Con esta nueva ley esas tres necesidades para que se reconozca su género percibido en los documentos oficiales de todos aquellos mayores de 17 años. Las personas trans entre los 17 y los 17 podrán acceder al proceso para cambiar el género en su documentación pero en esos casos sí hará falta la decisión de un grupo de doctores.

Pero hay dos cosas bastante absurdas en esta ley. Por un lado una persona trans que quiera cambiar su género oficialmente tendrá que estar soltera, lo que puede hacer que las personas trans que estén casadas tengan que divorciarse. Además la última palabra en el proceso la tendrá un juez, que decidirá si la expresión o presentación de género de la persona coincide con lo que quieren que ponga en sus documentos.

“Esta reforma es una victoria duramente conseguida por los y las activistas por los derechos trans en Grecia que han luchado por la igualdad de las personas trans durante años. Envía un mensaje claro de que nadie ha de verse obligado a pasar por procedimientos médicos para que se reconozca oficialmente quiénes son. Pero aunque se trata de una reforma histórica en la dirección correcta, la lucha aún no está del todo ganada“, han declarado desde Amnistía Internacional.

Otra de las insuficiencias es la exclusión de las personas migrantes en situación irregular y de los refugiados en la nueva ley. La nueva ley no reconoce el acceso al proceso de reconocimiento de género para personas trans refugiadas o inmigrantes y además deja muchas mejoras pendientes con respecto a los menores trans.

Por último, una enmienda para introducir una tercera opción de género junto a la de “masculino” y “femenino” en los documentos oficiales fue rechazada. Se trata de una medida que han adoptado países como Australia en 2011 o Canadá hace solo unas semanas. La posibilidad de registrarse bajo un tercer género o de no definir el género también ha sido regulada de diferentes formas en países como Alemania, la India o Nepal.

La comunidad trans del país ha celebrado la aprobación de la ley, aunque no ocultan su decepción pues se esperaba que se aprobara una primera versión del texto que reconocía el derecho de cualquier persona trans mayor de 15 años a cambiar su nombre y su género en los documentos oficiales con sólo una declaración y un proceso administrativo; pero finalmente se ha optado por un enfoque mucho más conservador y que sigue estigmatizando a las personas trans.

A pesar de eso el Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, ha celebrado que la ley reconoce los derechos humanos básicos de “un segmento de la sociedad que ha sido marginado durante demasiado tiempo. Estamos con aquellos que no tienen voz o cuya voz está siendo acallada. Con los estigmatizados, con las minorías oprimidas, con las personas que viven cualquier tipo de desigualdad o aislamiento. Es a esas personas a las que queremos defender.”

Por delante de España

La nueva normativa coloca a Grecia por delante de España, cuya ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura. De hecho, cada vez es más numeroso el grupo de países que ya han incorporado el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, además de los ya mencionados, de Irlanda y Dinamarca, en Europa. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

En España seguimos a la espera de que el Parlamento decida dar el paso (el grupo socialista del Congreso registró en febrero una propuesta de actualización de la ley). Mientras tanto, sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

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Estados Unidos único país occidental que ha votado en contra de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que pide acabar con la pena de muerte en los casos en que “sea discriminatoria”.

La resolución fue finalmente aprobada con el voto a favor de 27 países y 13 en contra.

Actualmente ser homosexual sigue siendo castigado con pena de muerte en Irán, Arabia Saudita, Sudán, Yemen, en los territorios de Irak y Siria ocupados por el Daesh y en algunos territorios de Somalia y Nigeria.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha votado para condenar la pena de muerte dictada sobre la base de la orientación sexual de las personas. Aunque la resolución se aprobó con 27 países votando a favor de la medida, 13 países, incluyendo a Estados Unidos, votaron en contra.

Sin embargo, esta resolución no pide el fin de la muerte como castigo, si no que pide a los países que tienen la pena de muerte que no la utilicen de manera “discriminatoria”. Concretamente, la medida solicita poner fin a la pena capital a personas con discapacidad intelectual, a menores de 18 años en el momento del crimen, a mujeres embarazadas, a causa de apostasía, blasfemia o adulterio y a las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo.

Aunque ya sabemos que estas resoluciones no sirven para casi nada, es muy grave que EEUU (y Japón, que también tiene lo suyo) hayan votado a favor de que las cosas sigan como están.  Como dijo Renato Sababadini, el director ejecutivo de la ILGA, después de la votación, “es inadmisible pensar que haya cientos de millones de personas que viven en Estados donde alguien puede ser ejecutado por el simple hecho de amar. Este momento es un hito en el que la comunidad internacional ha señalado públicamente que simplemente se debe terminar con estas horribles leyes“.

Hace más de una década, la ahora desaparecida Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución similar. Sin embargo, esta resolución es la primera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Bangladesh, Botswana, Burundi, China, Egipto, Etiopía, India, Irak, Japón, Catar, Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos y Estados Unidos fueron los países que votaron contra la resolución aprobada. Por su parte, el también previsible voto en contra de Rusia no pudo llevarse a cabo debido a que su papel en el bombardeo de ciudades sirias llevó a que al país le fuera negado un lugar en el Consejo en 2016.

Todos ellos, salvo Burundi que la despenalizó hace poco,  son países en los que se aplica (y en la mayoría con entusiasmo) la pena de muerte. Además en casi todos ellos  ser homosexual y las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales. En Egipto técnicamente no es un delito, aunque como estamos viendo estos días las autoridades se sacan de la manga cualquier tontería para perseguirte igual.  Esto se lo recordamos a toda esa gente que estos días nos está sorprendiendo cuando dicen, como en las mejores dictaduras, que si no quieres que la policía te pegue o te detenga lo que tienes que hacer es quedarte en tu casa y no hacer nada ilegal.

André du Plessis, responsable del Programa de las Naciones Unidas y Defensa en ILGA, mostró su agradecimiento al “liderazgo de los ocho países que presentaron esta resolución: Bélgica, Benin, Costa Rica, Francia, México, Moldavia, Mongolia y Suiza“. Por encima de todo, “se mantuvieron firmes en principio a través de una difícil negociación y período de votación“.

Ahora es tenemos que recordar, una vez más, que Estados Unidos ha votado en contra de pedir que se deje de castigar el ser homosexual con la pena de muerte, y  podemos estar seguros de que esto con Obama (o con Hillary, esa que según algunos era igual de mala o incluso peor) no hubiera pasado. A algunos les cuesta admitirlo, pero Trump no es amigo nuestro y ya se encarga de poner en los puestos adecuados a gente que lo demuestra con sus políticas, como por ejemplo Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Aunque no es la más reaccionaria entre las personas que rodean a Trump,  fue una de las que más virulentamente lucho contra el matrimonio igualitario en Carolina del Sur, de donde era gobernadora entonces.

Fuente | Gay Star News, vía Cáscara Amarga/EstoyBaliando

General, Homofobia/ Transfobia. André du Plessis, Arabia Saudita, Bangladesh, Bélgica, Benín, Botswana, Burundi, Catar, China, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Costa Rica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Homofobia/Transfobia, Homosexualidad, ILGA, India, Irak, Irán, ISIS/DAESH, Japón, México, Moldavia, Mongolia, Nigeria, ONU, Pena de Muerte, Renato Sabbadini, Siria, Somalia, Sudán, Suiza, Yemen

UNI-FORM revoluciona los mecanismos de denuncia de los delitos de odio por homofobia, transfobia y bifobia en la Unión Europea

El lanzamiento oficial de la página web de denuncias y de la aplicación móvil tendrá lugar el 28 de septiembre en el Parlamento Europeo en Bruselas.

Estará disponible en la web, la AppleStore y GooglePlay en Portugal, España, Reino Unido, Bélgica, Malta, Hungría, Letonia, Estonia y Lituania.

UNI-FORM se presenta como la única plataforma de denuncia online que es específica de delitos de odio y de discurso de odio en internet hacia personas LGBTI o percibidas como LGTBI.

Puede ser utilizada por víctimas, testigos y/o cualquier otra persona que quiera denunciar un incidente de discriminación. Las denuncias pueden ser anónimas o proporcionando datos personales para su uso en los procedimientos de investigación policial y pondrá en contacto a las organizaciones LGTBI con los cuerpos de policía de países de la UE para que trabajen de forma conjunta con  el objetivo de motivar un aumento de denuncias y así combatir los delitos de odio hacia personas LGTBI y el discurso de odio online.

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. AppleStore, Bélgica, España, Estonia, GooglePlay, Hungría, ILGA Europa, Letonia, Lituania, Malta, Parlamento Europeo, Portugal, Reino Unido

Fuente MOVILH

General Alberto Mayol, Alejandro Guillier, Beate Stiro, Bélgica, Camila Vallejos, Canadá, Carol Pérez, Chile, Concepción, Costa Rica, Daniela Andrade, DC, Eldad Hayet, Estados Unidos, Esteban Guzmán, Felipe Kast, Fernanda Guelnao, Finlandia, Frente Amplio, Fundación Selena, Giorgio Jackson, Guatemala, Iguales, Israel, Jaime Parada, José Arcos, Karol Cariola, Manuel Rojas Bolaños, Marcel Lebleu, Marcha por el Orgullo de ser Tú Mismo, Marco Enríquez-Ominami, México, MOVILH, Movilh- Los Lagos, Movilh-Biobío, MUMS, Noruega, Pablo Guelnao, Países Bajos, Pan y Rosas, Partido Socialista, PC, Pro, Puerto Montt, Punta Arenas, Rubén Beltrán, Santiago, Sebastián Bravo, Sindicato Amanda Jofré, Suecia, Todo mejora, Unión Europea

Tras la sorpresiva aprobación por el Bundestag alemán del matrimonio igualitario, aun a falta de algunos necesarios trámites para que entre en vigor, la lista de países donde las parejas del mismo sexo no están discriminadas se ha incrementado hasta alcanzar los 23 integrantes. Por continentes, 14 de ellos están en Europa, 7 en América, 1 en África y 1 en Oceanía. De momento, no hay ningún país asiático en la lista. En el futuro cercano, sin embargo, se prevén varias adiciones a esa suma en casi todos los continentes. De momento, se calcula que, aproximadamente, más de 1.150.000.000 habitantes del mundo viven en países donde existe el matrimonio igualitario, lo que supone más de un 15 % de la población mundial.

Incorporando a Alemania, este sería el mapa de los países que han aprobado el matrimonio igualitario en todo el mundo (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

Europa

Fue en Europa donde por primera vez se aprobó la inclusión de las parejas del mismo sexo en la institución del matrimonio, en el año 2001, y es también un país europeo el último en sumarse a la lista de la igualdad de derechos para las parejas LGTB en este 2017. Los 14 países de este continente donde existe el matrimonio igualitario son los siguientes (con la entrada en vigor de la legislación entre paréntesis):

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Dinamarca (2012), Francia (2013), Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017) y Alemania (entrada en vigor por determinar).

Incluyendo a Alemania, y restando la población de aquellos territorios o dependencias donde no está en vigor la legislación igualitaria, un total de 324.027.406 europeos viven en países donde existe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esa cifra representa un 45,31 % de la población europea total (711.064.145 habitantes).

Si nos ceñimos a la Unión Europea, el matrimonio igualitario existe en 12 de los 28 países que la componen. Eso supone que 316.940.861 de los 507.996.178 habitantes de la Unión Europea no discriminan a las parejas del mismo sexo, un 62,39 % del total.

Afortunadamente, la lista de países y el número de europeos bajo legislaciones igualitarias se incrementarán previsiblemente pronto. El primer ministro de Malta, el laborista Joseph Muscat, ha prometido que el matrimonio igualitario será la primera ley de la nueva legislatura. Por su parte, el socialdemócrata primer ministro de Austria, Christian Kern, que gobierna en gran colación con los conservadores, se ha comprometido a impulsar el matrimonio entre personas del mismo sexo antes de que acabe esta legislatura. También existe, desde 2015, un proyecto de ley de matrimonio igualitario en Suiza, pero el proceso es lento y, al suponer un cambio constitucional, debe ser sometido a referéndum, cuyo posible resultado es muy incierto.

Cabe señalar que, en su día, Eslovenia engrosó la relación de países no discriminatorios, dado que su Parlamento aprobó el matrimonio para parejas del mismo sexo en 2015, con la fecha de su entrada en vigor en suspenso. Sin embargo, grupos LGTBfobos consiguieron que se celebrara un referéndum para anular esa medida, y ese mismo año un abultado porcentaje de votantes logró que la ley fuera finalmente derogada y el pasado marzo aprobó una ley de uniones civiles.

Pero existe otra lista menos satisfactoria, la de aquellos países europeos que han prohibido expresamente en sus constituciones el matrimonio entre personas del mismo sexo, algunos de ellos, tristemente, mediante consulta popular. De momento suman un total de 12:

Bulgaria (1991), Lituania (1992), Bielorrusia (1994), Moldavia (1994), Ucrania (1996), Polonia (1997), Letonia (2006), Serbia (2006), Montenegro (2007), Hungría (2012), Croacia (2013) y Armenia (2015).

Lamentablemente, esta lista también puede incrementarse en un futuro cercano, pues existe un proceso parlamentario en Rumanía para convocar un referéndum que prohibiría constitucionalmente el matrimonio igualitario.

Aquí tenéis un mapa con la situación del matrimonio igualitario en Europa (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

América

El continente americano se sumó rápidamente a legislar la igualdad de las parejas del mismo sexo. Una de las peculiaridades es que, en muchos de estos países, fueron primero los tribunales quienes dictaminaron la inconstitucionalidad de la discriminación de las parejas LGTB. En otros, sin embargo, fue el poder legislativo quien tomó la iniciativa. Estos son los 7 países americanos donde existe el matrimonio igualitario (con su año de entrada en vigor entre paréntesis):

Canadá (2005), México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Argentina (2010), Brasil (2013), Uruguay (2013), Estados Unidos (2015) y Colombia (2016).

En México, el matrimonio igualitario está actualmente en vigor en muchos de sus estados y los matrimonios celebrados en ellos deben ser reconocidos a nivel nacional. Además, existe una tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a fallar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo a todos los tribunales en cualquier proceso, por lo que el matrimonio igualitario es  posible de facto en todo el país por vía judicial. Aunque el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, declaraba el pasado 2016 que su Gobierno legislaría la igualdad matrimonial a nivel nacional de acuerdo con ese dictamen judicial, la fuerte movilización LGTBfoba ha impedido que, de momento, pueda llevarse a cabo.

De los 1.001.559.000 habitantes del continente americano, 779.212.822 viven en países donde existe el matrimonio igualitario, lo que supone un 77,80 % del total.

Chile quizás sea el próximo país americano en sumarse a la lista de la igualdad. El Estado chileno, representado por su presidenta Michelle Bachelet, y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) han alcanzado un histórico acuerdo para promover los derechos LGTB e impulsar importantes medidas legislativas al respecto, entre ellas, la que aprobaría el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Pero también en América existe la lamentable lista de países en los que el matrimonio igualitario está prohibido constitucionalmente, que también suman 7. Esta es la relación (con la entrada en vigor de la legislación LGTBfoba entre paréntesis):

Jamaica (1962), Cuba (1976), Paraguay (1992), Honduras (2005), Ecuador (2008), Bolivia (2009) y República Dominicana (2010).

Este sería el mapa de la situación del matrimonio igualitario en América (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

Otros continentes

Tan solo existen dos países más fuera de los continentes europeo y americano donde está legislado el matrimonio igualitario. Se trata de Sudáfrica, en África, y de Nueva Zelanda, en Oceanía.

Oceanía sumará muy probablemente un nuevo país a la lista, aunque la fecha en que eso suceda es aún incierta. El gobierno conservador de Australia pretende convocar un referéndum para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que la oposición exige que la medida se tome directamente desde el Parlamento. Esa división de opiniones hace que la legislación igualitaria siga bloqueada.

En cuanto África, lamentablemente Sudáfrica sigue siendo la excepción en un continente donde lo que abundan son las legislaciones que castigan las relaciones homosexuales con largas penas de prisión, e incluso con la pena de muerte.

No existe en la actualidad ningún país asiático con legislación igualitaria para las parejas LGTB. En Taiwán, la Corte Constitucional ha dado un plazo de dos años para que se legisle el matrimonio entre personas del mismo sexo, si bien la isla no es un país reconocido por las Naciones Unidas. Otro de los candidatos sería Vietnam, aunque la situación está en un proceso incierto y previsiblemente de larga duración.

Como ocurre en África, en Asia, lamentablemente, es también larga la lista de países que castigan las relaciones homosexuales, en algunos casos hasta con la pena de muerte. Lo podéis comprobar en estos mapas, donde aparecen los países que castigan la homosexualidad, y los que incluso aplican la pena capital (podéis pinchar en ellos para verlos a mayor tamaño):

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, Bulgaria, Canadá, Chile Brasil, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, Discriminación, Ecuador, Escocia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia. Alemania, Francia, Gales, Holanda, Honduras, Hungría, Inglaterra, Irlanda, Irlanda del Norte, Islandia, Jamaica, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Matrimonio, México, Moldavia, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Serbia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Taiwan, Ucrania, Unión Europea, Uruguay, Vietnam

Como ya anunciábamos hace unos días, el partido que gobierna en la República de Irlanda, el Fine Gael, ha escogido a Leo Varadkar, un político abiertamente homosexual y de ascendencia hindú, para suceder a Enda Kenny como lider del partido y al frente del gobierno.

Leo Varadkar, actual ministro de Protección Social en el Gobierno conservador de Enda Kenny, se ha convertido en el próximo primer ministro de Irlanda. tras medir sus fuerzas con el titular de Vivienda, Simon Coveney, en la elección interna de la que ha salido el sucesor de Kenny como líder del gobernante Fine Gael. Siigue así el camino de la islandesa Jóhanna Sigurðardóttir, el belga Elio Di Rupo y el luxemburgués Xavier Bettel, que lo precedieron como jefes de Gobierno abiertamente homosexuales. Varadkar sería el primero que, además, pertenece a un partido conservador.

El que fuera primer ministro de Irlanda en admitir abiertamente su homosexualidad, Leo Varadkar, de 38 años de edad, hasta ahora ministro de Protección Social y progresista en cuestiones relacionadas con los grupos minoritarios y los sectores más desfavorecidos, aunque definido por algunos como ultraconservador en materia económica, ha derrotado a su oponente, Simon Coveney, ministro de Vivienda, en la carrera por suceder a Enda Kenny al frente del Fine Gael. Dado que es el partido con más diputados del Parlamento, todo parece indicar que será designado el próximo en puesto de Taoiseach, el jefe de gobierno de Irlanda, un país fuertemente católico que estará liderado por el hijo de un inmigrante hindú y madre irlandesa, el nuevo “Taoiseach” (primer ministro) representa a los inmigrantes que han llegado en los últimos años a este país, que tradicionalmente ha sufrido el efecto contrario con la emigración de miles de jóvenes durante gran parte de su historia.y abiertamente homosexual, siendo persona más joven en ocupar este cargo.

Nacido en Dublín hace 38 años, Varadkar es médico como su padre y diputado del Fine Gael desde 2007 en el Dáil Éireann, la cámara baja del Parlamento irlandés. Desde que Enda Kenny asumió en 2011 el puesto de primer ministro (Taoiseach), Varadkar se ha hecho cargo sucesivamente de las carteras de Transporte, Turismo y Deporte, Sanidad, y Protección Social. Desde de las elecciones de 2016, el Fine Gael gobierna en minoría y empezaron a surgir voces pidiendo la dimisión de Kenny como líder del partido y, por tanto, primer ministro. Cuando esta finalmente se produjo el pasado día 17, se postularon para sucederlo dos de sus ministros: Varadkar y el titular de Vivienda Simon Coveney. El que se alce con la victoria se convertirá a continuación en el próximo Taoiseach.

El proceso interno para elegir al líder del Fine Gael concluye con una votación en la que los parlamentarios del partido tienen un peso del 65% del total, frente al 25% de los afiliados y el 10% de los miembros de corporaciones locales. Por el momento, Varadkar lleva una clara ventaja entre los cargos electos, con un 45% del total frente al 20% de su rival Coveney. La decisión del partido se conoció el pasado 2 de junio. Kenny dejará su cargo de primer ministro, que asumirá el nuevo líder de la formación conservadora.

Varadkar ha derrotado a su oponente con el respaldo del 70 % de sus compañeros de partido en el Parlamento de Dublín y en el europeo y el 55 % de los dirigentes locales, aunque sólo ha obtenido el 35 % del respaldo de la militancia, que se decantó mayoritariamente por Coveney. En cualquier caso, el sistema del Fine Gael para elegir a su líder establece que los vovots del grupo parlamentario representan el 65 % del resultado final, frente al 25 % de los representantes locales y el 10 % de los afiliados.

«La gran prioridad es mantener el continuo progreso de nuestro país con un Gobierno liderado por el Fine Gael. Sé que Leo tiene la capacidad de liderazgo necesaria para lograrlo», declara Edna Kenny, quien ha felicitado a Varadkar «de todo corazón» por su victoria y le ha ofrecido su «apoyo total» para «el trabajo que tiene por delante». La sesión de investidura está prevista para el próximo 13 de junio.

Como anunciaban todos los pronósticos, Varadkar se convertirá en el cuarto jefe de Gobierno abiertamente homosexual del mundo. Antes dirigieron sus países la islandesa Jóhanna Sigurðardóttir (entre 2009 y 2013), el belga Elio Di Rupo (entre 2011 y 2014) y el luxemburgués Xavier Bettel, el único que sigue ostentando el cargo en la actualidad (desde 2013). Mientras que Jóhanna y Di Rupo pertenecen a partidos socialdemócratas y Bettel, a uno liberal, Varadkar es miembro de una formación conservadora.

El próximo Taoiseach es, además, un ejemplo de visibilidad y compromiso con los derechos LGTB. Hizo pública su orientación sexual durante una entrevista radiofónica en 2015, cuando era ministro de Sanidad: «Soy gay, no es un secreto pero tampoco algo que todo el mundo sabía, y nunca había hablado públicamente de ello antes (…). No es algo que me defina: no soy un político medio indio, ni un político médico, ni un político gay. Es simplemente parte de mí, no es lo que me define. Supongo que es parte de mi carácter», declaraba Varadkar tras aprobarse el matrimonio igualitario, en 2015, poco antes de un referéndum que convertía a Irlanda en el primer país del mundo que aprobaba la unión entre personas del mismo sexo por decisión popular.  Se convirtió así en el primer ministro abiertamente gay de Irlanda. Asimismo, ha mostrado en público a su pareja, el también médico Matt Barrett desde hace dos años, aunque no espera que le acompañe en compromisos sociales.

Varadkar también se significó por su intensa participación en la campaña por el “sí” en el referéndum constitucional que instauró el matrimonio igualitario hace dos años. El ministro pronunció un elocuente y conmovedor discurso ante el Dáil, en el que equiparó la lucha por la igualdad LGTB a la emancipación de las mujeres y afirmó que la medida fortalecería a toda la sociedad. “Este no es un proyecto de matrimonio gay, es un proyecto de matrimonio igualitario. No se trata de debilitar una de las instituciones más fuertes de la sociedad, sino de fortalecerla haciéndola inclusiva para todos”, afirmó entonces. Estaremos pendientes de la decisión final del Fine Gael. «Para mí, esto es como un movimiento social o una revolución social», declara el propio Varadkar sobre el resultado de una consulta que ha servido para constatar definitivamente la merma del poder de influencia de la iglesia en la sociedad irlandesa después de sucesivos casos de abusos a menores cometidos por religiosos.

Sus seguidores ya lo han comparado con el canadiense Justin Trudeau y el recientemente electo presidente francés Emmanuel Macron, con esperanzas de que una persona con una visión más joven logre sacar del pozo a una de las naciones más golpeadas por la crisis financiera que estalló a nivel mundial a fines de 2008.

Fuente Universogay/Cristianos Gays

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ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es de costumbre, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2017 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2016. En esta ocasión, vuelve a encabezar la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, así como contra las infames “terapias reparadoras” de la homosexualidad, situándose a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. Noruega asciende hasta la segunda posición, debido a su reciente legislación sobre identidad de género. España, por el contrario, baja desde la quinta a la novena posición, debido al inmovilismo del Gobierno respecto a leyes de ámbito nacional contra la discriminación de las personas LGTBI o la falta de adecuación de la ley estatal de identidad de género a las reivindicaciones del colectivo.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos, es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar este año la clasificación, sin duda debido a una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2016, además, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género.

La ministra de Libertades Civiles maltesa ha comunicado este año que se ha abierto el proceso para que la isla apruebe finalmente el matrimonio igualitario. Precisamente es en el apartado de “familia” donde Malta reduce su porcentaje de logros, debido a la actual discriminación de las parejas del mismo sexo, que hasta el momento solo pueden optar por las uniones civiles. De prosperar el proceso, la legislación maltesa destacará aún más en su respeto a los derechos LGTBI.

Noruega, por su parte, ha ascendido desde la undécima posición hasta la segunda, debido a la aprobación en junio de 2016 de otra de las leyes de identidad de género más avanzadas del mundo. Desde su promulgación, basta un simple trámite administrativo para que los mayores de 16 años puedan modificar la referencia al sexo que aparece en sus documentos oficiales. El mismo procedimiento se aplica a los niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, siempre que cuenten con el visto bueno de sus tutores legales.

El inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, es el que ocasiona que países como Suecia u Holanda, que encabezaron en su día la lista o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, hoy se encuentren en la duodécima y décima posición respetivamente. Según un portavoz de ILGA Europa, el motivo de la clasificación sueca es que aún sigue exigiendo procedimientos quirúrgicos para que las personas transexuales puedan cambiar su sexo registral. En cuanto a Holanda, ni su Constitución ni sus leyes contra los delitos de odio protegen específicamente a las personas LGTBI.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España sigue viéndose mermada por la falta de disposiciones de rango constitucional o leyes de carácter estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También influye notoriamente la falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales.

Estas son las recomendaciones que ILGA Europa hace al Gobierno español:

• Extender las protecciones contra la discriminación en la legislación laboral para garantizar que las personas LGBTI estén protegidas en todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en todas las regiones.
• Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito educativo.
• Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito de la salud.

Por su parte, en cuanto a los sucesos ocurridos en 2016, de relevancia social, que han afectado al colectivo LGTBI, ILGA Europa destaca los siguientes:

El discurso de odio dirigido a personas LGBTI por varias instancias de funcionarios eclesiásticos prominentes fue una tendencia negativa en 2016. Los incidentes fueron registrados por ONG o fueron objeto de quejas por parte de representantes públicos favorables a la igualdad. El lenguaje utilizado se refería a las leyes contra la discriminación como algo negativo, hablaba de una tendencia de la llamada “ideología de género” o cuestionaba la moralidad de las personas LGBTI. En un caso específico, el director de una escuela católica fue multado después de comparar las leyes contra los crímenes de odio con el terrorismo.

Incluso dentro de la Policía, el acoso motivado por prejuicios fue denunciado en diciembre por una integrante lesbiana de las fuerzas del orden. Las ONG LGBTI siguieron ayudando a las personas que informaban de incidentes violentos. Una ONG con sede en Madrid ha registrado más de 200 crímenes de odio contra las personas LGBT a lo largo del año.

Como dato positivo, varias regiones reforzaron sus disposiciones sobre el derecho de familia, abriendo el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las mujeres.

En efecto, el informe de ILGA hace una detallada relación de muchas de las agresiones sufridas por personas LGTBI a lo largo del 2016, de las que lamentablemente hemos tenido que hacernos eco en dosmanzanas, así como destaca la labor del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia por su amparo a las víctimas y su denuncia de la violencia.

También destaca los mensajes de odio por parte de miembros de la jerarquía católica, como el arzobispo de Valencia y cardenal, Antonio Cañizares, que definió a la “ideología de género” como “una de las ideologías más insidiosas en la historia de la humanidad y de la cultura”. Detalla a su vez la misiva firmada por los obispos de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla; de Getafe, Joaquín María López de Andújar, y el obispo titular de Mentesa y auxiliar de Getafe, José Rico, en la que acusaban a la Asamblea de Madrid de perpetrar “un ataque a la libertad religiosa y de conciencia” por aprobar la ley integral de transexualidad y hacían un llamamiento a la desobediencia civil.

Asimismo, el informe se hace eco de la carta que envió el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón a los padres de los alumnos, en la que, en referencia a la mencionada ley integral de transexualidad madrileña, la equiparaba con el terrorismo. También se refiere al reparto de folletos a colegios por parte de HazteOír, en los que denigraba los avances legislativos en materia de derechos LGTBI.

Como acontecimientos socialmente positivos, el informe señala la salida del armario del patinador Javier Raya, el waterpolista Víctor Gutiérrez y el árbitro de fútbol Jesús Tomillero.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Antonio Cañizares, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, HazteOir, Holanda, Homofobia, Hungría, Iglesia Católica, ILGA, Irlanda, Islandia, Italia, Javier Raya, Jesús Tomillero, Joaquín María López de Andújar, José Ignacio Munilla, José Rico, Juan Antonio Reig Plà, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Transfobia, Turquía, Ucrania, Víctor Gutiérrez, Visibilidad LGTBI

El Parlamento federal belga ha aprobado una nueva ley que pone punto final a la necesidad tanto de un diagnóstico médico como de un procedimiento de esterilización para que las personas transexuales puedan ver reconocidas su identidad. Bélgica se suma, de esta forma, al grupo de países que han adaptado su legislación de identidad de género al paradigma despatologizador, si bien la ley contiene todavía disposiciones que siguen sin ser del agrado de los colectivos LGTB. ILGA Europe ha saludado lo que considera un muy importante avance, aunque matiza que la ley, en su redacción actual, no supone el punto final en la lucha por los derechos de todas las personas trans. 

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas transexuales a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, según un informe de Transgender Europe de noviembre de 2016, 21 estados europeos seguían hacíendolo a fecha noviembre de 2016. La mayoría, del Este de Europa, pero también había algunos occidentales. Otros han eliminado ese requisito hace poco (Suecia, por ejemplo, no lo hizo hasta 2013, mientras que Noruega actualizó su ley en 2016). Y no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. En la misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba hace pocas semanas a Francia por haber obligado a hacerlo (el país vecino, de hecho, modificó su legislación en 2016, eliminando dicho requisito, aunque sigue manteniendo el proceso en manos de los jueces).

Bélgica se suma ahora a la lista de países que no solo eliminan ese requisito, sino que tampoco exigen ya la necesidad de un diagnóstico médico o psicológico de “disforia de género” o similar. La ley integra, en este sentido, el principio de autodeterminación de género, que hace además extensivo a los menores por encima de los 12 años. El texto ha recibido un apoyo abrumador de la Cámara de Diputados de Bélgica: de los 123 diputados presentes, 117 han votado a favor, mientras que 6 se han abstenido. No ha habido votos contrarios. Se trata, además, de una ley que no precisa de la intervención del Senado, por lo que entrará en vigor en el plazo de unos pocos días, en cuanto reciba la rúbrica real y sea publicada oficialmente.

En cualquier caso, pese a suponer una evidente mejora y ser más avanzada que las de otros países europeos, la nueva ley belga es consideraba mejorable por los colectivos LGTB. Obliga, por ejemplo, a que las personas que solicitan la modificación tengan que hacer la solicitud en dos pasos, y permite a la fiscalía poder denegarla en un plazo de hasta tres meses. Por lo que respecta a los menores de 12 años, podrán ver reconocido su nuevo nombre pero no la modificación completa de los datos registrales, que tendrá que esperar a que cumplan esa edad. Entre los 12 y los 16 años, además, deberán contar con la conformidad de sus padres o tutores y sí que se les obligará a consultar previamente con un psiquiatra. Por último, la ley solo permitirá utilizar el procedimiento administrativo una sola vez. Si por alguna circunstancia quisiera modificar su sexo legal una segunda vez deberá acudir a los tribunales.

“Se trata de un paso fundamental hacia el pleno reconocimiento de los derechos de las personas trans, aunque no es el paso final”, ha declarado la directora ejecutiva de ILGA Europe, Evelyne Paradis, que ha lamentado que las autoridades belgas se hayan quedado a medio camino, adoptando un procedimiento coherente al 100% con el principio de autodeterminación de género, situandose aún por detrás de países como la ya mencionada Noruega o Malta, que por ejemplo permiten que los menores puedan acceder sin apenas cortapisas.

Por delante de España

Por delante de quien sí se sitúa es de España, cuya ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura. De hecho, cada vez es más numeroso el grupo de países que ya han incorporado el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, además de los ya mencionados, de Irlanda y Dinamarca, en Europa. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

En España seguimos a la espera de que el Parlamento decida dar el paso (el grupo socialista del Congreso registró en febrero una propuesta de actualización de la ley). Mientras tanto, sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

Fuente Dosmanzanas

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Leo Varadkar, actual ministro de Protección Social en el Gobierno conservador de Enda Kenny, tiene muchas probabilidades de convertirse en el próximo primer ministro de Irlanda. En junio medirá sus fuerzas con el titular de Vivienda, Simon Coveney, en la elección interna de la que saldrá el sucesor de Kenny como líder del gobernante Fine Gael. Si resulta vencedor, seguirá el camino de la islandesa Jóhanna Sigurðardóttir, el belga Elio Di Rupo y el luxemburgués Xavier Bettel, que lo precedieron como jefes de Gobierno abiertamente homosexuales. Varadkar sería el primero que, además, pertenece a un partido conservador.

Nacido en Dublín hace 38 años, Varadkar es médico y diputado del Fine Gael desde 2007 en el Dáil Éireann, la cámara baja del Parlamento irlandés. Desde que Enda Kenny asumió en 2011 el puesto de primer ministro (Taoiseach), Varadkar se ha hecho cargo sucesivamente de las carteras de Transporte, Turismo y Deporte, Sanidad, y Protección Social. Desde de las elecciones de 2016, el Fine Gael gobierna en minoría y empezaron a surgir voces pidiendo la dimisión de Kenny como líder del partido y, por tanto, primer ministro. Cuando esta finalmente se produjo el pasado día 17, se postularon para sucederlo dos de sus ministros: Varadkar y el titular de Vivienda Simon Coveney. El que se alce con la victoria se convertirá a continuación en el próximo Taoiseach.

El proceso interno para elegir al líder del Fine Gael concluye con una votación en la que los parlamentarios del partido tienen un peso del 65% del total, frente al 25% de los afiliados y el 10% de los miembros de corporaciones locales. Por el momento, Varadkar lleva una clara ventaja entre los cargos electos, con un 45% del total frente al 20% de su rival Coveney. La decisión del partido se conocerá el próximo 2 de junio. Será entonces cuando Kenny dejará su cargo de primer ministro, que asumirá el nuevo líder de la formación conservadora.

Si se cumplen los pronósticos, Varadkar se convertirá en el cuarto jefe de Gobierno abiertamente homosexual del mundo. Antes dirigieron sus países la islandesa Jóhanna Sigurðardóttir (entre 2009 y 2013), el belga Elio Di Rupo (entre 2011 y 2014) y el luxemburgués Xavier Bettel, el único que sigue ostentando el cargo en la actualidad (desde 2013). Mientras que Jóhanna y Di Rupo pertenecen a partidos socialdemócratas y Bettel, a uno liberal, Varadkar es miembro de una formación conservadora.

El posible próximo Taoiseach es, además, un ejemplo de visibilidad y compromiso con los derechos LGTB. Hizo pública su orientación sexual durante una entrevista radiofónica en 2015, cuando era ministro de Sanidad: “soy un hombre gay, no es un secreto pero no es algo que sepa todo el mundo, porque no es algo de lo que necesariamente haya hablado en público antes”. Se convirtió así en el primer ministro abiertamente gay de Irlanda. Asimismo, ha mostrado en público a su pareja, el también médico Matt Barrett.

Varadkar también se significó por su intensa participación en la campaña por el “sí” en el referéndum constitucional que instauró el matrimonio igualitario hace dos años. El ministro pronunció un elocuente y conmovedor discurso ante el Dáil, en el que equiparó la lucha por la igualdad LGTB a la emancipación de las mujeres y afirmó que la medida fortalecería a toda la sociedad. “Este no es un proyecto de matrimonio gay, es un proyecto de matrimonio igualitario. No se trata de debilitar una de las instituciones más fuertes de la sociedad, sino de fortalecerla haciéndola inclusiva para todos”, afirmó entonces. Estaremos pendientes de la decisión final del Fine Gael.

Fuente Dosmanzanas

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En su 22ª edición, el día del Orgullo belga ha querido llamar la atención sobre la situación de los inmigrantes LGBTI, bajo el lema ‘Cruzando fronteras’.

El primer ministro belga, Charles Michel, participó este sábado en el Desfile del Orgullo Gay, el evento anual multitudinario que organiza la comunidad lésbica, gay, bisexual, transgénero e intersexual (LGBTI) en Bruselas para celebrar la reivindicación de sus derechos y, mediante un acto político-festivo, recordar que siguen siendo objeto de discriminación en muchos lugares del mundo por su orientación sexual y/o su identidad de género.

“Estoy en el Belgian Pride para celebrar la libertad de amar”, escribió Michel en su cuenta de Twitter, donde publicó también unas fotografías con participantes en el evento. “Los derechos LGBTI son derechos humanos”, agregó el mandatario belga.

El desfile, que atravesó el centro de Bruselas, forma parte de un festival más amplio que se celebra desde el 4 de mayo y concluirá este domingo. En su 22ª edición, el día del Orgullo Gay belga ha querido llamar la atención sobre la situación de los inmigrantes LGBTI, bajo el lema “Cruzando fronteras“.

El año pasado, el desfile reunió a unas 60.000 personas, recordó el diario “Le Soir”. Las actividades del festival se han concentrado principalmente en el barrio del Monte de las Artes, en el centro de la capital belga, donde se han instalado puestos y escenarios donde se ofrecerán conciertos. Este año las instituciones de la Unión Europea, con sede en Bruselas, se han sumado a las celebraciones del 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Esa fecha recuerda que fue un 17 de myo de 1990 cuando la Organización Mundial de la Salud dejó de clasificar la homosexualidad como un trastorno mental. El edificio sede de la Comisión Europea fue adornada con la bandera arco iris.

À la #Pride pour fêter la liberté d’aimer. #LGBTI rights are human rights. #belgiumpride2017 #crossingborders pic.twitter.com/TIPuwt9Kxs

— Charles Michel (@CharlesMichel) 20 de mayo de 2017

Fuente Cáscara amarga

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Los clubes participantes provienen de países como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Irlanda, Países Bajos, Portugal o Suecia.

Esta semana se está disputando en Madrid, de viernes a domingo, y como prolegómeno del World Pride, la séptima edición de la Union Cup, un torneo de rugby con gran número de participantes homosexuales en el que se espera la participación de 32 equipos europeos, que disputarán casi 70 partidos.

El torneo tendrá lugar en los campos de rugby de Orcasitas en Madrid y El Bercial en Getafe y lo organiza Madrid Titanes, el primer club gay inclusivo de rubgy de España. El Ayuntamiento de Madrid ha manifestado su apoyo porque el torneo “se adapta al modelo de ciudad diversa, abierta y tolerante por la que se apuesta desde el Consistorio”, y fomenta la diversidad en el deporte.

Los equipos que competirán pertenecen a la International Gay Rubgy (IGR), asociación miembro de la Federación de Gay Games y reconocidos por el World Rugby como la organización representativa del colectivo LGTB+ en este deporte.

Los clubes participantes provienen de países como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Irlanda, Países Bajos, Portugal o Suecia.

Fuente Cáscara Amarga

General, Historia LGTBI Alemania, Bélgica, Deporte, El Bercial, Francia, Gay Rubgy (IGR), Gran Bretaña, Homosexualidad, Irlanda, Italia, Madrid, Madrid Titanes, Orcasitas, Países Bajos, Portugal, rugby, Suecia

El estudio refleja que el VIH-2 sólo pudo alcanzar una alta prevalencia en las ciudades de África Occidental donde había más población no circuncidada.

Científicos de la Universidad de Lovaina (Bélgica) han observado una relación directa entre las tasas históricas de circuncisión masculina en África occidental y la prevalencia del VIH-2, uno de los tipos de VIH cuya expansión se limitó a algunos países de este continente.

El estudio, publicado en la revista ‘PLoS One‘, informa de que este virus surgió en humanos alrededor de 1930 pero ha sido mucho menos predominante que el VIH-1, sobre el que sí hay investigaciones previas que vinculan la circuncisión con una menor prevalencia del virus dado que el prepucio aumenta el riesgo de transmisión.

En este caso, los autores recopilaron los datos publicados de supervivientes con VIH-2 en 30 ciudades de África occidental a partir de 1985, y combinaron esa información con las tasas históricas de circuncisión de 218 grupos étnicos africanos para estimar la ratio en cada una de las ciudades analizadas.

Los investigadores intentaron hacer coincidir los datos de prevalencia del VIH-2 con la tasa estimada de circuncisión masculina en cada ciudad para identificar una posible correlación. Y de este modo, vieron que las ciudades con más hombres circuncidados en 1950 solían tener una prevalencia de VIH-2 más baja en el momento en que se registraron los primeros supervivientes, entre 1985 y 1991.

En general, la circuncisión masculina era mucho menos común de lo que es hoy, aunque había muchas diferencias entre países. De hecho, las ciudades analizadas de Guinea-Bissau y Costa de Marfil, que se cree que actuaron como epicentros durante la aparición del VIH-2, tuvieron tasas de circuncisión masculina particularmente bajas, lo que refuerza esa correlación negativa.

Aunque los datos sobre circuncisión masculina y la prevalencia del VIH-2 no son de los mismos años, lo que hace difícil establecer una vinculación directa, los autores han visto que el VIH-2 sólo pudo alcanzar una alta prevalencia en las ciudades de África Occidental donde había más población no circuncidada.

“La falta de circuncisión puede haber sido un factor determinante en la aparición inicial del VIH-2”, ha admitido el investigador Joao Sousa, que ha coordinado el estudio.

Fuente Cáscara Amarga

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El Tribunal Constitucional de Rumanía vuelve a posponer la resolución del recurso presentado por una pareja de hombres, casada en Bélgica, para el reconocimiento legal de su enlace. Pero el retraso conlleva esta vez un atisbo de esperanza: antes de tomar su decisión, que estaba prevista inicialmente para el pasado martes, los jueces rumanos consultarán con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su parecer sobre el asunto.

Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, tendrán que esperar aún para conocer el desenlace de su demanda para ver reconocido su matrimonio. La pareja se casó legalmente en Bélgica y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Los representó la abogada Iustina Ionescu de la organización Accept.

Tras un largo proceso judicial, en julio de este año el Constitucional anunció que retrasaba la resolución de la demanda hasta el 20 de septiembre. Llegada esa fecha, su presidente Valer Dordeanu anunciaba que la decisión aún no está tomada y volvía a posponer el fallo, que se esperaba para el martes 29 de noviembre. Pero esta semana, el tribunal anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces puedan consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta parte de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo.

La clave reside en dilucidar si una pareja casada del mismo sexo tiene derecho a que se le aplique la normativa europea sobre reunificación familiar, toda vez que uno de los miembros es un ciudadano comunitario. La resolución podría sentar un importante precedente, como recuerda Katrin Hugendubel de ILGA-Europa: muchas parejas, perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias, “estarán esperando también con impaciencia el resultado de este caso”.

Sobre las perspectivas que se abren con el nuevo escenario, en el que entra en juego la justicia europea, se pronunció también la abogada de los demandantes Iustina Ionescu: “Es alentador. El Tribunal manda el mensaje de que Rumanía es un miembro de los países europeos que comparten unos valores comunes, como la libertad de movimiento”. Se trata de la primera vez que el Constitucional rumano pide opinión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hace difícil hacer un pronóstico sobre el resultado final.

Del alto tribunal con sede en Luxemburgo han salido sentencias favorables para los derechos LGTB, como la que prohibió las pruebas denigrantes para los solicitantes de asilo homosexuales o la que equiparaba los derechos laborales de las parejas del mismo sexo a las que se prohíbe el matrimonio con los de las parejas casadas. Otras han sido más decepcionantes, como cuando el año pasado consideraba considera lícito que se pueda prohibir a los gais donar sangre.

Un proceso paralelo a la convocatoria del referéndum

De manera paralela al contencioso de Coman y Hamilton, se está desarrollando en Rumanía un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre el asunto promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento.

Para que la iniciativa prospere, debe ser aprobada por el 75% de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. La posibilidad de que el referéndum se realizara de manera coincidente con las elecciones generales del próximo diciembre fue descartada por el Senado rumano, por lo que la consulta quedó pospuesta hasta la próxima legislatura. Si el plebiscito se produce finalmente y los ciudadanos respaldan la propuesta homófoba, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

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