Comentarios desactivados en Estado de la LGTBIfobia en Cataluña en 2017: un 32,2% más de incidentes que el año anterior, con un especial repunte de las agresiones
Eugeni Rodríguez (OCH) tilda de “muy grave” que “la incidencia más registrada por el OCH en Cataluña en 2017 sean las agresiones verbales y físicas”
Elena Longares (directora Estudio OCH sobre estado LGBTI fobia en Cataluña 2017): “La LGBTI fobia en Cataluña es diversa ya que afecta a todo el colectivo y más de una cuarta parte de las víctimas (27,9 %) no denuncia las agresiones”
Pocos días después de que lo hiciese su homólogo madrileño, el Observatori contra l’Homofòbia ha presentado su informe sobre el estado de la LGTBIfobia en Cataluña, referido al año 2017 (puedes descargar aquí sus 99 páginas). Los datos no son precisamente tranquilizadores: el Observatori tuvo conocimiento de 111 incidentes por LGTBfobia en el ámbito catalán en el año 2017, lo que supone un aumento del 32,2% respecto a los 84 casos registrados en 2016.
Por tipo de incidencias, la más registrada son las agresiones, ya sean físicas, verbales, por acoso, amenazas y vejaciones. Constituyen el 47,7% de las incidencias. El capítulo de agresiones, de hecho, ha experimentado un fuerte incremento en los tres años en los que el Observatori lleva ya publicando su informe, pasando del 30,9% de las incidencias en 2015 al 47,7% en 2017.
A continuación se situaron los episodios de odio en internet y redes sociales (12,6%), así como los incidentes de discurso de odio y exaltación de la LGTBIfobia (9,9%):
Por lo que se refiere a los subgrupos afectados, más de la mitad de las incidencias se cometieron contra hombres gais y bisexuales (51,4%). En segundo lugar se situaron las incidencias por LGTBfobia de tipo generalista, es decir, las dirigidas de forma global contra el colectivo LGTBI (18%), seguidas muy de cerca por las incidencias contra el colectivo de personas trans (17,1%). En el 10,8% de los casos se cometieron contra mujeres lesbianas o bisexuales:
Viendo la evolución de los tres años en los que el Observatori contra l’Homofòbia lleva publicando su informe, resulta especialmente preocupante la tendencia de los incidentes dirigidos específicamente contra el colectivo trans, que no paran de crecer porcentualmente. Fueron el 13,3% en 2015, pasaron al 15,5% en 2016 y han constituido el 17,1% en 2017. En este sentido, parece que Cataluña no es inmune a la corriente tránsfoba que de un tiempo a esta parte parece haberse intensificado en Europa y América.
Por lo que se refiere a la edad, la edad media de las víctimas registradas por el Observatori fue de 30,2 años. Por intervalos de edad, el más frecuente fue el de 26 a 35 años, seguido del intervalo de 18 a 25. No obstante, el propio informe reconoce que solo 52 de las personas que registraron alguna incidencia reveló su edad, por lo que el dato no es demasiado consistente:
Por lo que se refiere al itinerario de los 111 incidentes recogidos en el informe del Observatori, 31 (el 27,9%) fueron denunciados directamente por las víctimas a través de la ley catalana contra la LGTBIfobia. Otras 22 incidencias (el 19,9%) fueron denunciadas por el personal de las administraciones públicas de Cataluña, en virtud de su “deber de intervención” cuando son conscientes de una posible vulneración de los derechos de las personas LGTBI. Se trata de un aspecto que recogen expresamente los artículos 10 y 11 de dicha ley, para lo cual la Generalitat aprobó un protocolo específico el pasado octubre. El tercer grupo más numeroso de denuncias interpuestas formalmente fue el correspondiente a los procesos penales (18, el 16,2%), que han experimentado un sensible aumento respecto a 2015 (9,7%) y 2016 (2,4%). El aumento de las agresiones registrado en 2017 se encuentra, sin duda, detrás de este repunte de procesos penales:
Eso sí, otras 31 de las 111 incidencias recogidas por el Observatori (27,9%) no fueron denunciadas a través de ningún mecanismo.
Por lo que se refiere a la distribución territorial, y como parece lógico por su peso demográfico, la provincia de Barcelona es la que mayor número de incidencias registra (81,2%), seguida de Tarragona (8,2%), Girona (7,1%) y Lleida (3,5%). El informe del Observatori, no obstante, distingue además entre el número de incidencias y la proyección territorial de las mismas. Según este análisis, Barcelona es la provincia más afectada (34,3%), pero le sigue a mucha menos distancia Tarragona (24,5%). Girona registra el 22% y Lleida el 19,2%. De hecho, si se analiza la evolución entre 2015 y 2017, la tendencia más preocupante es la de Tarragona, que ha pasado del 8,1% en 2015 al 24,5% en 2017, mientras que mejora la de Barcelona.
El Observatori contra l’Homofòbia reclama medidas
En palabras del presidente del Observatori contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez, durante la presentación ayer jueves del informe, “las agresiones verbales y físicas han aumentado escandalosamente respecto a 2016”. A Rodríguez le preocupa especialmente la presencia de tantas personas jóvenes, entre las víctimas, por lo que puso el acento en la necesidad de “políticas y campañas de prevención, información y formación entre los más jóvenes para que conozcan sus derechos”.
Rodríguez consideró urgente “reactivar de forma inmediata el grupo de trabajo entre el Observatori contra l’Homofòbia y los Mossos d’Esquadra para poder denunciar en todas las comisarias de Cataluña, independientemente del carácter penal o administrativo”. En ese sentido, destacó que las líneas de trabajo deben dirigirse hacia “una atención integral” a la víctima, destinando para ello “todos los recursos económicos y asistenciales necesarios”.
Eugeni Rodríguez volvió a insistir una vez más en la necesidad de seguir trabajando en el desarrollo e implementación efectiva de la ley catalana contra la LGTBIfobia, con especial atención al régimen sancionador, “ya que hasta la fecha solo se han sancionado 6 casos”. Rodríguez también exigió la creación de un organismo coordinador independiente de políticas LGBTI con capacidad de sancionar de manera efectiva las denuncias administrativas, la ampliación de un protocolo sobre el “deber de intervención” en el que puedan participar las asociaciones, así como respetar la resolución del Sindic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) que establece que el Observatori contra l’Homofòbia “debe formar parte de todos los casos denunciados alrededor de la Ley 11/2014”.
Elena Longares (directora Estudio OCH sobre estado LGBTI fobia en Cataluña 2017): “La LGBTI fobia en Cataluña es diversa ya que afecta a todo el colectivo y más de una cuarta parte de las víctimas (27,9 %) no denuncia las agresiones”
Por su parte, la directora del informe, Elena Longares, quiso destacar que tras la publicación del tercer informe del Observatori ya es posible establecer pautas sobre cómo es la LGBTIfobia en Cataluña. Entre los hechos destacados por Longares, el hecho de que más de una cuarta parte de las víctimas registradas (el 27,9% que mencionamos arriba) no denuncia las agresiones. “El estudio extrae que las personas que sufren agresiones revelan una necesidad de visibilizar los hechos y anteponen la denuncia social a la denuncia penal o administrativa”, aseguró. Añadió además que las entrevistas recogen que “en el proceso de denuncia, los cuerpos policiales tienden a no percibir la posible situación de odio y LGBTIfobia en la que se encuentran las víctimas”. “Cuando los incidentes se dan en espacios de ocio, se asocian las agresiones a simples peleas”, explicó. De ahí la importancia, a su juicio, de trabajar “la atención integral de la víctima” y de “formar y sensibilizar a profesionales de la salud, jurídicos y de la seguridad para que no se produzcan situaciones de desamparo y de no atención integral”.
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Puedes descargar el informe completo del Observatori contra l’Homofòbia (99 páginas) pinchando aquí.
Comentarios desactivados en El escritor argelino Anouar Rahmani denuncia la agresión sufrida por un joven homosexual por parte de tres desconocidos que le propinaron latigazos
El escritor y activista argelino Anouar Rahmani ha denunciado la agresión que ha sufrido un amigo suyo por ser homosexual. Tres personas le redujeron y le torturaron dándole latigazos que le dejaron grandes marcas en la espalda, según se puede comprobar en la fotografía que acompañaba al mensaje de Rahmani. Tras la denuncia, el propio escritor ha recibido graves mensajes de odio e incluso amenazas de muerte.
Según Anouar Rahmani, un joven escritor argelino muy crítico con el régimen de Bouteflika, los hechos habrían tenido lugar el pasado 3 de abril en la provincia de Tipasa, al oeste de Argel. El mensaje de denuncia en su cuenta de Facebook era escueto: «Mi amigo fue agredido ayer por tres personas, fue flagelado». El escritor publicaba además una fotografía en la que se podían comprobar las marcas dejadas por el látigo. Posteriormente, aclaraba que la agresión se había debido a la orientación sexual de la víctima. Además, en respuesta a los comentarios, Rahmani aseguraba que se había interpuesto una denuncia.
Para el escritor, «la imagen ilustra la justicia popular argelina que se permite atacar e insultar, incluso instaurar su propia ley sobre el resto de la comunidad con total impunidad». Debemos señalar que Rahmani es un firme defensor de los derechos humanos y específicamente de los de las personas LGTB. Fue el primer activista argelino que abogó por la aprobación del matrimonio igualitario en su país.
Días después de su denuncia, Rahmani ha publicado algunas capturas de los mensajes de odio que ha recibido. Muchos de ellos incluyen insultos homófobos y amenazas de muerte. En uno de ellos se puede leer: «Anouar Rahmani, no eres más que un maricón hijo de puta. Espero que alguien te desuelle y te degüelle como a un cerdo. ¡Hijo de una perra prostituida!». Otro, en repuesta a un comentarista que se pregunta por qué tantos insultos, dice: «Los pro-LGTB sois la escoria de la humanidad. ¡Espero que a ese hijo de puta le rebanen la garganta!».
El Código Penal de Argelia establece penas de cárcel de hasta dos años para quienes «fueran encontrados culpables de cometer actos de homosexualidad» (artículo 338). El castigo puede alcanzar los tres años de prisión si se considera «un atentado contra el pudor público» con el agravante de que «consistiere en un acto contra natura con una persona del mismo sexo» (artículo 333). Según los informes de ILGA, aunque las detenciones por homosexualidad no son frecuentes, sí son remarcables «la humillación familiar y social extrema, las amenazas y la violencia que impera en la Argelia rural y urbana respecto de las orientaciones sexuales diversas, tanto en hombres como en mujeres».
Comentarios desactivados en Pese a los 321 incidentes de su informe de 2017, el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia estima que solo recoge el 2-5% de los casos
El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia ha presentado su segundo informe anual, correspondiente al año 2017. Un año durante el cual la entidad recogió un total de 321 incidentes de odio motivados por LGTBfobia en la Comunidad de Madrid, un número significativamente mayor que el recogido en 2016 (240). Aun así, el Observatorio considera que esta cifra no es más que la punta de un inmenso iceberg cuya mayor parte continúa invisible bajo la superficie.
El informe fue presentado de modo oficial el pasado miércoles en un acto que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Madrid y que contó con la presencia, entre otras personalidades políticas, de la delegada de Igualdad del Ayuntamiento, Celia Meyer. Es, en cualquier caso, un documento accesible para todos. Puedes descargarlo en formato PDF desde la página web del Observatorio, aunque te desgranamos a continuación algunos de sus datos.
Por lo que se refiere al tipo de incidente la casuística es muy diversa. Los más frecuentes fueron las agresiones verbales (120), seguidos de los discursos de odio (70), las agresiones físicas (57), las amenazas (27) y la denegación de servicios (18), aunque no han faltado, por ejemplo, las agresiones sexuales (8, entre ellas dos violaciones a un chico gay y a un chico trans) o las expulsiones del hogar (4):
Gais entre 20 y 24 años, la “víctima tipo”
Por lo que se refiere a las víctimas, el Observatorio tiene registradas un total de 299, un número inferior al de incidentes al no incluir este recuento a las víctimas de los discursos de odio en redes sociales. El perfil más frecuente es el de hombre gay cis (208 casos, un 70%), seguido de las mujeres lesbianas cis (40 víctimas, un 13%) y de las personas trans, con independencia de su orientación sexual (37, un 12%). De estas 37 víctimas trans, 29 fueron mujeres y 8 hombres.
Otras 9 víctimas (un 3%) fueron personas cis heterosexuales (que también pueden ser víctimas del odio LGTBfobo, ya sea por ser confundidas con personas LGTB o por acompañarlas). En concreto, 6 mujeres y 3 hombres. Otras 5 víctimas (algo menos de un 2%) fueron personas bisexuales (en este caso los cinco fueron hombres):
Por lo que se refiere a la edad, solo constan datos de 143 personas. El tramo con más víctimas es el de 20 a 24 años, seguido del de 25 a 29. Hay que tener en cuenta, en este sentido, la cada vez mayor visibilidad de los jóvenes LGTB, aunque no puede descartarse el sesgo de edad en la utilización y conocimiento del Observatorio por su mayor publicidad en redes sociales:
Por lo que se refiere a los agresores, el propio Observatorio reconoce que su estudio es muy complicado, “ya que la víctima por lo general no se centra tanto en el agresor, sino en lo que le ha sucedido”. En cualquier caso, el recuento reconoce 209 agresores diferentes, de los cuales la inmensa mayoría (89%) fueron varones. Su edad solo se ha podido registrar en 89 casos. Entre estos, el colectivo más numeroso es el de los menores de 18 años (25), seguido del intervalo de 30 a 39.
La ciudad de Madrid, a la cabeza
Por lo que se refiere a la localización física de los incidentes, el grupo más numeroso es el que se produjo directamente en la calle (59), seguido de internet y redes sociales (51) y transporte público (29). Por municipios, y tal y como sucedió el año anterior, es la ciudad de Madrid la que registró un mayor número de incidentes (196), seguida de Móstoles (14), Alcalá de Henares (7) y Alcobendas, Fuenlabrada, Leganés y Parla con 5. A continuación está Getafe con 4 incidentes; Arganda del Rey, Collado Villaba, Galapagar, Pinto y Pozuelo de Alarcón con 3; Majadahonda y Torrelodones con 2, y finalmente Alcorcón, Algete, Boadilla, Ciempozuelos, Fuente El Saz de Jarama, Guadalix de la Sierra, Las Rozas, Navalcarnero, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Valdemoro y Villaviciosa de Odón con 1 incidente cada una.
Dentro de la ciudad de Madrid, y también como sucediera en 2016, es el distrito Centro (aquel en el que se produce la mayor visibilidad) el que concentra la mayoría de las agresiones (81), seguido de Moncloa-Aravaca (13) y Retiro (13). Vicálvaro es el único distrito en el que no consta ningún incidente.
Denuncias: solo el 31%
De los 321 incidentes registrados, solo 101 han sido denunciados de una forma u otra, ya sea directamente a la Policía Nacional (48 casos), a la Fiscalía (36), a las diferentes policías municipales (15), la Guardia Civil (1) o al Juzgado de Guardia (1). Este número supone solo el 31% de los incidentes registrados, una cifra baja pero algo mayor que la registrada el año anterior (un 25%).
Más incidentes, sí… Pero también más visibilidad
A la hora de evaluar las cifras, el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia lo tiene claro. “Hay un constatable aumento de los delitos de odio al colectivo LGTB en la Comunidad de Madrid desde hace unos años. Esto se produce porque las generaciones más jóvenes son más visibles que las generaciones que tienen más de 30 años. En especial las y los jóvenes considerados como ‘millennials’ son especialmente visibles en lugares donde el resto de las personas LGTB les cuesta más”, expresa el informe. “Hoy en día la visibilidad sigue siendo el principal factor a tener en cuenta. La sociedad es proLGTB en lo que se denomina la corrección política pero en cuanto hay que visibilizar a las personas LGTB en ámbitos más novedosos como puede ser unos semáforos inclusivos o la colocación de una bandera del arcoíris en un balcón oficial como se hace con otras muchas banderas en un guiño de inclusión social, provocan airadas protestas, que algunas de ellas llegan a ser constitutivas de delitos de odio”, añade.
El Observatorio, en concreto, destaca como ejemplo lo sucedido con los semáforos inclusivos en la ciudad de Madrid, que “generaron más de 200 ataques en redes al colectivo LGTB”. “Palabras como ‘desequilibrado, raro, anormal, enfermo, aberrante, desorientación sexual, desviados, denigrante, asqueroso, putos enfermos, conducta sexual desordenada, depravados, desvergonzados, deficientes, contra natura, abominable, denegerados, degradación moral, asquerosos mugrosos chupadores de trancas, tarados, invertidos, vacas locas que son tontos de nacimiento, repugnantes, perversión, sodomita’ fueron algunas de las que se localizaron por la visibilidad de los semáforos en la ciudad”, relata el informe.
La mayoría de los incidentes no se recogen: el ejemplo del cruising
Pese a todo, el Observatorio lo tiene claro: los incidentes de los que tienen conocimiento siguen siendo solo la punta del iceberg. “Son un número muy inferior al que realmente se produce. Desde nuestra percepción y tras ver cómo las víctimas, incluso formadas como activistas, no llegan a denunciar ni siquiera comunicar al Observatorio los casos hasta que no les preguntas directamente o que muchas siguen interiorizándolo como algo ‘normal’, creemos que aproximadamente registramos en torno al 2-5% de los incidentes de odio o discriminatorios que realmente ocurren en nuestra región”, expresa el informe.
“Tenemos numerosas sombras de actuación. En lugares como los de cruising no llegamos. Hemos realizado un registro de casi un centenar de zonas en la Comunidad de Madrid donde se practica cruising de forma asidua y no tenemos forma de llegar más que a una o dos de esas zonas. Y seguimos sospechando que el cruising es un foco de incidentes de odio oculto”, añade el texto. En este sentido, el informe reconoce que incluso entre el propio colectivo el cruising “sigue siendo visto de forma peyorativa y es complicado que se reconozca que se estaba practicando. Por ello cuando surge un incidente de odio en estas circunstancias, en la gran mayoría de las veces queda en ese espacio de sombra al que no accedemos. Esto lo hemos podido comprobar en 2017, cuando hemos podido actuar con un caso claro de ataque homófobo a varios chicos practicando cruising y dos de las víctimas nos han relatado varios incidentes de ese mismo día, así como otros muchos incidentes que han podido vivir en los últimos tiempos, algunos de ellos muy graves, y que en ningún momento se hicieron públicos”.
218 páginas que conviene leer
El informe del Observatorio, en el que además de los colectivos promotores participan los 14 ayuntamientos madrileños conveniados hasta la fecha, cinco universidades, así como Metro de Madrid, el Colegio de Abogados de Madrid y UGT Madrid es, sin duda, un trabajo encomiable, que también recoge, en sus 218 páginas, una comparativa nacional e internacional sobre los delitos de odio al colectivo LGTB, así como un repaso a los nuevos observatorios que han ido surgiendo en España y recomendaciones específicas a las diferentes administraciones involucradas. El Observatorio también señala, y lo hace de forma muy detallada, la falta de desarrollo reglamentario de dos importantes leyes regionales relacionadas con el colectivo: la ley integral de transexualidad y la ley contra la discriminación por LGTBfobia.
En palabras de Yago Blando, coordinador de Arcópoli, el informe del Observatorio “es una pieza fundamental a la hora de poder luchar contra la LGTBfobia tanto a nivel autonómico como local, ya que proporciona una radiografía real de las incidencias, y el poder hablar directamente con las víctimas nos concede una forma inmejorable de poder observar tanto las deficiencias institucionales como las necesidades futuras”.
El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia: contacto
El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, promovido por Arcópoli y del que ya forman parte casi una veintena de colectivos y asociaciones, se puso en marcha a principios de 2016. Ofrece acompañamiento y asesoramiento a las víctimas desde el mismo instante en que sufren la agresión y hace un seguimiento del recorrido de la denuncia en los juzgados.
Puedes contactar con el Observatorio a través del teléfono 618 54 71 66 (llamada o WhatsApp) y online en la dirección web http://contraelodio.org
Comentarios desactivados en Anchorage vota contra una medida para restringir el acceso de personas transgénero a los cuartos de baño
Alaska vota contra una medida para restringir el acceso a personas transgénero a los cuartos de baño – Foto: Youtube
La propuesta de un asociación cristiana para restringir el acceso a los cuartos de baño a las personas transgénero es tumbada por los ciudadanos de Anchorage, donde seguirán vigentes las medidas contra la discriminación de los miembros del colectivo LGBT aprobadas en 2015.
Con 53 votos contra 47, los ciudadanos de Anchorage votan en contra de la transfóbica Proposición 1, una iniciativa presentada por Alaska Family Action, una asociación sin ánimo de lucro cristiana, mediante la que pretendían restringir el acceso de las personas transgénero a los cuartos de baño y vestuarios, quienes tendrían que utilizar aquel espacio que se correspondiera con su género de nacimiento. De esta manera, seguirán estando vigentes las medidas contra la discriminación aprobadas por la Asamblea de Anchorage en 2015.
«Si la Proposición 1 fuera aprobada, tendría miedo de que se me impidiera usar el baño con el que me identifico. Me vería obligada a ir a un baño de hombres donde no me sentiría segura ni protegida, y definitivamente no creo que nadie en ese baño se sintiera particularmente cómodo conmigo tampoco», declara la activista Lillian Lennon, quien ha contribuido ampliamente en la campaña contra la aprobación de esta medida discriminatoria. Si bien el estado de Alaska está representado exclusivamente por republicanos en el Congreso de los Estados Unidos, el alcalde de Anchorage es demócrata, quien ha expresado desde el inicio su oposición a la Proposición 1.
Los partidarios de instaurar esta Proposición 1, afirman que permitir que las personas transgénero usen el baño o el vestuario del género con el que se identifican permitirá a cualquier hombre a vestirse o disfrazarse mujer, sólo para colarse en el cuarto de baño o vestuario de mujeres, lo que podría conducir a situaciones de acoso o incluso agresión sexual. Pero los impulsores de este peregrino razonamiento quizás no hayan tenido en cuenta que una persona transgénero suele sentirse atraída sexualmente por personas del que sería su género de nacimiento, poniendo igualmente en peligro de acoso y agresión sexual a personas cuyo género es el mismo que el género de nacimiento de las personas transgénero, aparte de que no hay evidencia alguna de que se hayan producido delitos sexuales por parte de personas transgénero en este tipo de espacios, como tampoco por parte de personas que se hayan hecho pasar por transgénero. Según la organización Media Matters for America, en 12 estados y 17 distritos donde han sido aprobadas medidas que protegen a las personas transgénero de la discriminación no se ha producido ningún incremento de los delitos sexuales.
Comentarios desactivados en Condenan a los asesinos de Dandara dos Santos, la persona transgénero del terrible vídeo de Brasil
Y que nos explique alguna, qué tiene que ver esto con la Gestación Subrogada…
La brutal agresión verbal y física que termina con el asesinato de Dandara dos Santos fue recogida en un vídeo que se vuelve viral cuando es publicado en YouTube. Un juez condena a prisión a cinco individuos por tortura y asesinato, mientras que cuatro menores que participaron en la agresión seguirán un programa de rehabilitación.
En abril del año Brasil (y otros países), quedaron conmocionados por el asesinato de una persona transgénero a través de un sobrecogedor vídeo que se vuelve viral tras ser publicado en YouTube. La terrible escena había tenido lugar dos meses antes, el 15 de febrero, en la localidad de Frontera, en el estado de Ceará, donde un grupo de varios individuos retienen contra su voluntad a Dandara dos Santos, de 42 años de edad, para después agredirla verbal y físicamente a la vez que la desnudan y le dan una paliza con todo tipo de objetos, desde zapatos hasta tablas de madera, burlándose en todo momento de ella mientras la transportan en una carretilla hasta que finalmente la asesinan de un disparo. La policía detenía a siete sospechosos de haber participado en la agresión dos días después de la publicación del vídeo, y 18 desde su asesinato. Después de que un jurado popular los declarara culpables, este viernes, 6 de abril, un juez de Fortaleza condena a cinco individuos a diferentes penas en función de su implicación con el asesinato de Dandara dos Santos.
Advertimos de que las imágenes son durísimas, pero no podemos ocultar el sufrimiento de tantas personas por el simple «delito» de ser LGTBI
Francisco José Monteiro de Oliveira Jr., la persona que disparó finalmente sobre Dandara dos Santos, es condenado a una pena de 16 años (aunque en algunos medios acreditan 21), misma pena que cumplirán Jean Victor Silva Oliveira, quien le golpeó con un tablón de madera, y Rafael Alves da Silva Paiva y Francisco Gabriel dos Reis, que participaron en la paliza que le dieron a Dandara dos Santos; mientras que un quinto acusado, Isaías da Silva Camurça, quien se limitó a agredirle verbalmente mientras los demás le daban la paliza, ha sido condenado a 14 años y medio de cárcel. Dos de los condenados, han adelantado su intención de apelar la sentencia. Los cargos que se imputan a los condenados incluyen homicidio y tortura, con el agravante de transfobia.
Otras siete personas fueron acusadas de participar en el crimen, de los que cuatro de ellos, siendo menores de edad, han sido internados en un programa de rehabilitación, otros dos son prófugos y el último ha sido puesto en libertad por falta de pruebas. «¿Nadie mató a Dandara? ¿Fue un rayo lo que cayó sobre su cabeza? ¿Una piedra que cayó del edificio?», reclama Marcus Renan Palacio, fiscal del caso, después de que los condenados negaran haber matado a Dos Santos a pesar de haber admitido que la habían atacado.
Francisco José Monteiro de Oliveira Jr., llega a disculparse con los familiares de su víctima en el tribunal, alegando que había sido «engañado», pero que «había aprendido que debemos tener amor en nuestro corazones» tras una revelación que le ha llevado a encontrarse con Jesús. «Este no es el convento de las Carmelitas. Este es el Tribunal de Justicia», le ha respondido el fiscal, argumentando que podía «pedirle al Todopoderoso» que le perdone, pero que el sistema judicial iba a castigarles por sus actos.
Si Brasil es uno de los países más violentos del mundo, con un triste récord de 62.000 homicidios en 2017 en lo que supone un incremento de un 30 % con respecto al año anterior, la violencia contra los miembros del colectivo LGBT es una de las más altas del mundo, produciéndose una media de más de un asesinato al día, siendo además el país que acapara la mitad de los asesinatos de personas transexuales del planeta. En lo que va de año han sido asesinadas 35 personas transexuales en Brasil.
Comentarios desactivados en Cuatro personas detenidas en Indonesia por «practicar la homosexualidad» se enfrentan a castigos como la flagelación en público
Ampliamos la noticia de la que dabamos un avance el pasado día 3 de este mes. Según denuncian las asociaciones de defensa de los derechos humanos, patrullas ciudadanas han detenido a cuatro personas en la provincia indonesia de Aceh por «practicar la homosexualidad», para luego ponerlas a disposición policial. Se trata de tres varones y de una mujer transexual (a quien no se reconoce su identidad de género), contra quienes la policía islámica presentará cargos, por lo que se enfrentan a penas que incluyen castigos físicos como la flagelación en público.
Se trata de dos hechos distintos, aunque ambos han sido perpetrados por patrullas ciudadanas y han tenido lugar en Banda Aceh, la capital de la provincia. Estos grupos vecinales no tienen vinculación con ningún grupo religioso o político, pero sí fuertes lazos con la policía islámica, lo que provoca continuados abusos contra las minorías más vulnerables, que incluyen detenciones arbitrarias y torturas.
La primera detención se produjo el pasado 12 marzo, cuando la patrulla ciudadana irrumpió en una peluquería y detuvo a los dos trabajadores presentes, un hombre y una mujer transexual. Tras entregarlos a la policía islámica, esta comunicó que habían encontrado «pruebas» de que habían tenido lugar prácticas homosexuales en el local, como condones o dinero en posesión de la mujer transexual. Cabe señalar que, dado que las autoridades no reconocen la identidad de género de la mujer, es tratada legalmente como un varón y las relaciones que haya podido mantener con un hombre son consideradas como entre personas del mismo sexo.
El día 20 del mismo mes, otra patrulla invadió la residencia de dos estudiantes universitarios, bajo la sospecha de que mantenían relaciones homosexuales. Ambos fueron retenidos a la fuerza hasta la llegada de la policía islámica, que decidió registrar el domicilio e incautarles los teléfonos móviles. Al parecer, el hallazgo de condones y un colchón fue prueba suficiente para proceder a la detención de los dos jóvenes.
Según declaraciones del jefe de la policía islámica, identificado como Marzuki, «estamos completando sus informes y pronto los pondremos a disposición del fiscal». Mientras tanto, los cuatro permanecen detenidos hasta ser juzgados por un tribunal religioso. Hay que recordar que la sharía o ley islámica, vigente en la provincia de Aceh, establece fuertes castigos para quienes mantengan relaciones homosexuales. El pasado año, dos jóvenes, que también fueron detenidos por una patrulla ciudadana, fueron condenados a recibir 83 latigazos en público, en una brutal ceremonia que congregó a una multitud llena de fanatismo.
Posible criminalización de la homosexualidad en todo el país
La noticia tiene lugar en un contexto especialmente hostil, dada la discusión que se ha abierto sobre una posible criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, de la que también hablamos hace pocos días, y que ha desencadenado una auténtica espiral de LGTBfobia. De hecho, un diputado indonesio proponía la semana pasada modificar la legislación nacional para no solo castigar las relaciones homosexuales con cárcel, sino incluir además la pena de muerte para el colectivo LGTB (o, como mínimo, la cadena perpetua). El artífice de tal propuesta es Muslim Ayub, miembro del Partido Mandato Nacional Islámico (PAN).
Hanafi Rais, otro diputado del mismo partido, aseguraba que el debate sobre la criminalización de la homosexualidad está siendo acordado “por la mayoría de los partidos políticos indonesios”. Los seis partidos seculares, que controlan a la mayoría en la presente legislatura, no parecen, en todo caso, querer ponerse en contra a los extremistas islámicos antes de las elecciones de junio, en las que 171 regiones votarán por nuevos gobernadores, alcaldes y jefes de distrito.
Escalada de LGTBfobia de Estado en Indonesia
A principios de año recogíamos el último y descarnado caso de LGTBfobia de Estado en Indonesia. La policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como «hombres normales». En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, el pasado mes de mayo a dos jóvenes de 20 y 23 años. En el mismo mes de octubre de 2015 nos hacíamos eco de la detención de dos jóvenes lesbianas (de 18 y 19 años) por abrazarse públicamente y confesar que eran pareja. Según el jefe de la policía islámica las chicas serían “sometidas a rehabilitación con la participación de psicólogos en dependencias sociales”.
Indonesia también votó en 2014 en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la homofobia y la transfobia y ha sido calificado, por su propia población, como un mal lugar para vivir si eres gay o lesbiana (solo un 2% opina lo contrario) en una encuesta de Gallup.
El hecho de que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente esta no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (en Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.
Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017 en el que la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital y que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres. Una estigmatización a la que también ha contribuido la decisión de la Asociación Psiquiátrica Indonesia de clasificar la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad como trastornos mentales.
Comentarios desactivados en Fukuoka se convierte en la segunda gran ciudad de Japón con una ley de uniones de hecho para parejas del mismo sexo
Japón se encuentra entre los países con mayor índice de desarrollo humano del mundo y, sin embargo, es aquel (entre dicho grupo) que cuenta con menos legislación en materia de protección y reconocimiento de derechos LGTB. De hecho, ante la falta de políticas nacionales japonesas en este sentido, son las administraciones locales las que están dando pequeños pasos. Por ejemplo, con la aprobación de leyes de uniones de hecho para parejas del mismo sexo. Estas uniones no solapan el objetivo del activismo de luchar por el matrimonio igualitario, pero son un primer paso ante la inexistencia de cualquier otro reconocimiento hasta su aprobación. Fukuoka se acaba de convertir en la segunda gran ciudad de Japón en aplicar una ley de uniones de hecho, después de que el año pasado lo hiciera Sapporo.
Las parejas del mismo sexo de Fukuoka (una ciudad de un millón y medio de habitantes al norte de la isla japonesa de Kyushu) ya pueden registrar sus uniones de hecho ante la administración. Fue el pasado mes de febrero cuando se aprobó la nueva legislación local, pero el inició de su aplicación se estableció para el presente mes de abril. En septiembre de 2017 el alcalde de Fukuaka, Soichiro Takashima, se mostraba partidario de seguir los pasos Sapporo (la primera gran ciudad de Japón en aprobar una ley de uniones de hecho). “Consideraré la introducción de un marco de apoyo para las minorías sexuales que incluya las uniones de hecho, con la intención de crear una sociedad más inclusiva que reconozca la diversidad”, declaraba Takashima.
Aunque estas uniones no son equivalentes a la figura del matrimonio plenamente igualitario (que sigue siendo objeto de reivindicación por parte del activismo LGTB japonés) reconocen derechos relativos a la vivienda, la posibilidad de beneficiarse de los seguros de la pareja o permitir las visitas hospitalarias, entre otras cuestiones.
El alcalde Takashima entregó el primer certificado de uniones de hecho a la pareja de formada por Miho Yamashita, de 27 años, y Anri Ishizaki, de 33. Ishizaki, que es activista trans y LGTB en Fukuoka Rainbow Educational Networks, aseguraba a los medios de comunicación tras el enlace que “ya hemos pasado nuestras vidas juntas como familia, pero estamos contentas porque sentimos que recibimos felicitaciones de la sociedad”.
En el siguiente vídeo se recogen algunos momentos de la unión de hecho entre esta primera pareja LGTB:
La ciudad de Iga (que ronda los 95.000 habitantes, en la prefactura de Mie) se convertía en diciembre de 2015 en el cuarto municipio japonés en abrir a las parejas del mismo sexo la posibilidad de unirse civilmente. Aunque en Japón, como decíamos, tampoco se ha aprobado todavía el matrimonio igualitario, varias ciudades han tomado la delantera, aprobando la inclusión de parejas del mismo sexo en los registros de uniones de hecho.
La primera administración japonesa que anunció la apertura de uniones civiles entre parejas de gais y lesbianas fue la de Shibuya (un distrito especial de Tokio). Por su parte, Setagaya (como Shibuya, otro de los 23 distritos que conforman la municipalidad metropolitana de Tokio) secundaba poco después la iniciativa y se convertía en el segundo territorio japonés en ponerla en marcha.
Asimismo, en la ciudad de Takarazuka, en la prefectura de Hyogo, se iniciaba el pasado mes de junio la expedición de certificados de asociación a las parejas homosexuales. A diferencia de lo que ocurre en Shibuya, los registros de parejas de hecho en Takarazuka y Setagaya no exigen a las empresas privadas que reconozcan a las parejas homosexuales.
Comentarios desactivados en Buenos Aires: Discriminación en la línea 168: “prefiero ir preso que llevar a alguien así”. Un conductor de un autobús se niega a llevar a un joven por ser gay.
El conductor ha sido suspendido durante 30 días por decisión de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) de Argentina.
Por Lucas Gutiérrez
“Encima de discapacitado, puto”, le dijo el chofer del interno 3004 de la línea 168, de la empresa Expreso San Isidro a Emanuel, un joven discapacitado que salía de la Fiesta Plop. “Yo a vos no te llevo a ningún lado”, agregó. Los pasajeros lo apoyaron y se plantaron al colectivero, quien cerró las puertas de la unidad impidiendo la salida de los pasajeros por más de 40 minutos hasta que intervino la policía.
Al salir de la Fiesta Plop, una conocida fiesta gay de Buenos Aires, a Emanuel Moyano no lo quisieron dejar subir al colectivo. “Encima de discapacitado, puto”, le dijo el chofer del interno 3004 de la línea 168, de la empresa Expreso San Isidro.
Cuando estaba por bajarse, los pasajeros lo apoyaron y se plantaron al colectivero. Acto seguido, el chofer cerró las puertas de la unidad impidiendo la salida por más de 40 minutos hasta que intervino la Policía: si no se bajaba Emanuel, no arrancaría. Según dijo a Presentes, ayer a la tarde presentó la denuncia en la Defensoría de la Ciudad. Desde la empresa San Isidro no quisieron hablar con este medio.
Emanuel, de 26 años, explicó que eran pasadas las 3 de la madrugada cuando subieron al colectivo, en la parada de Alvarez Thomas y Lacroze, en el barrio de Colegiales. Antes de ellos, subió una pareja heterosexual, pidió dos boletos y pagó utilizando una misma tarjeta SUBE. Cuando Emanuel pidió dos pasajes para él y su amigo con una misma SUBE, el chofer se negó. ¿Por qué no tenía la propia? Ante la pregunta, Emanuel le dijo que se había olvidado su carnet del certificado único de discapacidad (CUD) para poder viajar.
“Yo a vos no te llevo a ningún lado, andá a buscar otra SUBE o un carnet de mentira, si no tenés ni debes tener nada, mentiroso de mierda“, siguió diciendo el chofer en la parada frente a las inmediaciones de la conocida Fiesta Plop. “Discapacitado y encima puto. Vos no tenés nada, sino no estarías entrando acá enfrente”, repetía el conductor.
“¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Eso es tener poca información, un discapacitado no está solamente postrado. ¡Yo tengo derecho a salir! Sino me voy a morir, no por la enfermedad sino por depresión”, dijo a Presentes Emanuel.
“Estoy más discapacitado por la sociedad que por la enfermedad”
“La ley de discapacidad por la cual me dieron el carnet dice que yo no tengo por qué decirle a nadie qué enfermedad tengo”, explica Emanuel. El joven comenta que si bien su enfermedad, una enfermedad mixta del tejido conectivo, es de conocimiento público ya que es un caso que tuvo difusión en los medios por tratarse de una extraña y compleja situación, “estoy más discapacitado no por la enfermedad sino por la sociedad que me está matando. No estoy incluido en nada. Ni siquiera tengo la posibilidad de tener un buen trabajo”.
Al no bajarse Emanuel, el chofer de la línea 168 decidió cerrar las puertas no dejando bajar a nadie y quedándose estacionado. En su descargo en redes sociales, el joven cuenta que durante esos más de 40 minutos el conductor mantuvo encerrada incluso a una joven claustrofóbica. Esto también está narrado junto a los videos que acompañan el texto en Facebook.
Solidaridad
“Entre los pasajeros me regalaron siete tarjetas SUBE. Incluso una chica usando internet puso una a mi nombre”. Pero el chofer no accedía. “Por ser gay me quería bajar”, explica Emanuel. Hasta que no intervinieron varios policías la unidad no retomó su recorrido habitual.
Emanuel dice que al principio se iba a bajar del colectivo. “Le decía a mi amigo que nos bajemos, que la gente tiene que ir a trabajar”, pero la gente no quería que se bajara. “Al otro día de este hecho tuve ataques de epilepsia”, relata con una tonada que comparte su origen cordobés. “Sé que cualquier cosa me puede afectar, yo ya no quiero volver a estar en terapia intensiva”, explica Emanuel, quien tiene EMTC (enfermedad mixta del tejido conectivo), una enfermedad rara autoinmune que se manifiesta como tres enfermedades distintas: lupus, esclerodermia y polimiositis.
Agencia Presentes se comunicó con la empresa Expreso San Isidro, responsable de la línea de transportes 168. Desde la oficina de personal, un empleado que se negó a identificarse correctamente, informó que no hablarían con este medio.
¿Qué se hace en estos casos?
María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, explicó a Presentes que van a asesorar y acompañar a Emanuel respecto a las denuncias que puede hacer ante la justicia -civil y penal- y ante organismos como el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
“Vamos a abrir un expediente desde el cual vamos a citar a la empresa y al chofer. También vamos a pedir la intervención de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a quien le propondremos algunas líneas de trabajo para que estos hechos no se repitan ni en esta ni en ninguna otra línea de colectivos de corta ni larga distancia”, explica Rachid.
Visibilizar para que no se repita
Emanuel dice que dudó antes de visibilizar esta situación. “Al principio pensé que si yo hacía algo podía perjudicar a una familia, porque él seguro tiene una. Pero tantas veces me repitió ‘así como bajo a tantos acá (en la zona de la Fiesta Plop) ¿te pensás que no te voy a bajar a vos?’. Entonces si yo no hago algo esta situación va a seguir repitiéndose”, contó el joven.
Mientras en Argentina las cifras nos alertan del aumento de agresiones al colectivo LGBT+, Emanuel cuenta con testigos y ya está encaminado a realizar las denuncias pertinentes ante la justicia. “No me gustaría que esto le pase a otra persona”.
El conductor ha sido suspendido durante 30 días por decisión de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) de Argentina. Así lo ha dado a conocer el organismo a través de un comunicado, en el que explica que la sanción contra el conductor denunciado, Leonado Benítez, se tomó «por desconsideración a los pasajeros». Del mismo modo, también han abierto una investigación sobre este caso de discriminación.
«Ante los hechos ocurridos el sábado pasado en el interno 3004 de la línea 168 y que son de público conocimiento, la CNRT suspendió de oficio la licencia profesional al conductor involucrado en los hechos. En este sentido, la normativa aplicada es la Resolución CNRT 28 de 2016 – Inciso I, considerando la conducta del conductor un acto de ofensa al pasajero», afirma el comunicado, y amplía: «A partir de este momento, comienza una investigación que comprende evaluación psicofísica para determinar si el conductor se encuentra en condiciones de realizar su oficio de manera responsable. De acuerdo a los resultados que arroje dicha investigación, la sanción puede extenderse y agravarse, en caso de comprobarse los hechos citados».
El episodio fue denunciado por la víctima, Emanuel Moyano, quien narró en su cuenta de Facebook los hechos ocurridos durante la madrugada del sábado pasado, cuando salía de un local de ambiente gay conocido como la Plop junto con un amigo.
Fuente Agencia Presentes/Agencias, vía SentidoG y Cáscara Amarga
Comentarios desactivados en Activistas LGTB ugandeses plantan cara para celebrar el Orgullo 2018
Las organizaciones LGTB de Uganda tienen la esperanza de poder celebrar este año 2018 actos para conmemorar el Orgullo, tras dos años consecutivos en los que dicha celebración ha sido reprimida por las autoridades. Si lo consiguen, sería la primera celebración del Orgullo en dicho país desde el año 2015.
En 2016 el evento fue brutalmente reprimido. Dotaciones de policía irrumpieron en un local donde tenía lugar una de las celebraciones, agredieron a los asistentes y detuvo a varios activistas. Un joven sufrió heridas graves al intentar escapar. Frank Mugisha, director ejecutivo de Sexual Minorities Uganda, fue detenido junto con otros activistas. El Orgullo 2017 tampoco pudo llevarse a cabo: las amenazas por parte de Simon Lokodo, ministro de Ética e Integridad, obligó a sus organizadores a cancelarlo. Lokodo amenazó a los participantes con detenciones masivas e incluso agresiones físicas. De hecho, no ha sido este el único evento LGTB cuya celebración ha sido impedida o reprimida en los últimos años. También lo han sido, por ejemplo, el Festival Internacional de Cine Queer de Kampala 2017 y un evento de sensibilización sobre el VIH que había de tener lugar el pasado febrero.
No obstante, Isaac Mugisha -coordinador de Pride Uganda- tiene una visión optimista respecto al Orgullo de este año. “La situación ahora es muy diferente a la de los años anteriores. Por aquel entonces, solo contábamos con unos pocos activistas LGBT. Ahora nos encontramos con cientos de personas que quieren celebrar el Orgullo”, ha declarado. Mugisha afirma que el objetivo prioritario es construir puentes con aliados entre la población heterosexual, continuar el diálogo con los cuerpos policiales para evitar redadas durante las celebraciones de este año e incluso buscar apoyo institucional. Según Mugisha, el ministro Lokodo está cada vez más aislado en su discurso LGTBIfóbico.
Sí parece que el colectivo LGTB de Uganda cuenta ahora con aliados entre el resto de la población. De hecho, diversos locales de la capital del país, Kampala, han manifestado su intención de facilitar la organización del Orgullo de este 2018. Según Mugisha, el objetivo es conseguir más de estos aliados. Los activistas ugandeses llevan tiempo tratando de facilitar el entendimiento hacia la comunidad LGBT por parte del resto de la población e instituciones, entre ellas la policía y la judicatura.
No obstante, a pesar de los esfuerzos para sensibilizar a las instituciones del Estado, aún persiste mucha discriminación y represión hacia las personas LGTB en Uganda. Actualmente, los actos sexuales entre personas del mismo sexo son castigados con penas de cárcel, que pueden llegar incluso a la cadena perpetua. No obstante, los autores del “delito” deben ser sorprendidos en el acto, aunque desde el activismo se ha venido denunciando la práctica de los exámenes anales por parte de la policía ugandesa para establecer la “culpabilidad” de un acusado de homosexualidad.
La “ley anti-homosexualidad” de 2014: un punto de inflexión
Un importante punto de inflexión para el colectivo LGTB ugandés fue, irónicamente, la aprobación de la “ley anti-homosexualidad” a finales de 2013, posteriormente anulada por la Corte Constitucional. Dicha ley, cuyo borrador inicial incluía la pena de muerte, ampliaba las actividades sujetas a persecución y prohibía también la denominada “promoción de la homosexualidad”, lo que hacía virtualmente imposible la existencia de organizaciones que defendiesen los derechos de las personas homosexuales. La ley castigaba incluso a aquellos que conociendo la existencia de una relación homosexual no la denunciasen a las autoridades.
Según afirma Mugisha, la aprobación de dicha ley trajo cambios positivos: “fue el momento en que la población ugandesa se dio cuenta de que las personas LGBT existían. Hasta entonces, creían que era algo occidental, pero el gobierno aprobaba una ley sobre personas que, según el propio gobierno, no existían”.
Dicha ley fue anulada al cabo de pocos meses por la Corte Constitucional de Uganda por un defecto de forma, pero la consciencia ya había despertado entre el colectivo LGTB del país. Según Mugisha, esta ley “hizo que mucha gente abriera su mente respecto al tema. Muchas personas LGBT salieron del armario, bares de ambiente se abrían en Kampala. La gente se volvió valiente. Algunos abogados nos defendían, la comunidad internacional enfureció”. Algo había cambiado en la sociedad ugandesa, y las personas LGTB no querían echarse atrás.
Objetivo: Orgullo 2018
Los activistas LGTB ugandeses buscan ahora plantar cara a la ley de orden público de 2013, que es la que se ha utilizado en ocasiones anteriores para reprimir las marchas del Orgullo, pero también a la ley que prohíbe de facto la libertad de expresión y asociación del colectivo LGTB, a través de la disolución forzosa de todas las organizaciones que luchen por los derechos del colectivo.
Mugisha cree que el apoyo de la comunidad internacional es imprescindible, pero también apunta a que el cambio debe venir de los propios ugandeses. La presión exterior, aunque necesaria, debe ser moderada e ir acompañada de cambios internos, para evitar causar más daño a las personas LGTB que se encuentran en el país.
El objetivo de los valientes activistas LGTB ugandeses no es simplemente poder celebrar una fiesta. Quieren que la celebración del Orgullo sea un auténtico revulsivo que sirva para cambiar la situación a largo plazo, mejorando las vidas de las personas no heterosexuales y de las personas trans en Uganda.
Uganda: una pesadilla continua
La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que “tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona”. El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan “prácticas indecentes” se castigan con hasta siete años de prisión.
Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013 y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. Esta ley, que provocó la indignación internacional, fue anulada por vicio de forma por el Tribunal Constitucional en agosto de 2014. La ley finalmente fue invalidada por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había aprobado sin el quórum necesario. Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación.
En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.
Por fortuna, el año pasado el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como “inmorales o socialmente inaceptables”, la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.
En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.
Comentarios desactivados en Obligada por la justicia a mantener la integración de las personas trans en el Ejército, la administración Trump busca su exclusión con nuevas medidas
Aunque la administración de Donald Trump no ceja en su empeño de excluir a cualquier coste a las personas transexuales del Ejército estadounidense, las decisiones de los tribunales están impidiendo que pueda llevarlo a cabo. Aun así, la presidencia ha emitido un nuevo memorándum auspiciado por el Departamento de Defensa, que amenaza con convertir en orden ejecutiva en cuanto se despeje la vía judicial, en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. Si bien por el momento, según comunicaba la portavoz del Pentágono, Dana White, los hombres y mujeres trans podrán seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales, la espada de Damocles de la exclusión sigue cerniéndose sobre sus cabezas.
El pasado 23 de marzo, la Casa Blanca anunciaba la emisión de un memorándum dirigido al secretario de Defensa, James Mattis, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. El memorándum ratificaba un informe firmado por el propio Mattis, en el que se estipulaban las nuevas condiciones para que las personas transexuales puedan alistarse o permanecer en las filas del ejército estadounidense. El documento, que consta de 48 páginas, detalla la propia recomendación del secretario de Defensa y las conclusiones de un supuesto «comité de expertos» que se habría establecido para que estudiase el efecto de la inclusión de personas transexuales en las fuerzas armadas.
Según numerosas fuentes, el informe fue diseñado especialmente a instancias de vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB), que habría contado con la colaboración de Ryan T. Anderson, perteneciente a la organización LGTBfoba Heritage Foundation, y Tony Perkins, presidente de la no menos intolerante Family Research Council (ambas organizaciones se apresuraron a felicitarse por la publicación del memorándum en cuanto se hizo público). Según dichas fuentes, James Mattis habría abogado por la integración de las personas transexuales en el ejército, pero el propio vicepresidente Pence le habría «invalidado» y obligado a firmar el documento. Las conclusiones firmadas por el secretario y respaldadas por el presidente Trump se resumen en los siguientes puntos:
Las personas transgénero con un historial o diagnóstico de disforia de género quedarán excluidas del servicio militar, excepto bajo las siguientes estrictas circunstancias: (1) si se han mantenido estables en su sexo biológico durante 36 meses consecutivos previos a su acceso; (2) los miembros en diagnosticados con disforia de género después de su entrada en servicio pueden permanecer si no requieren un cambio de género y cumplen con el resto de los requisitos para su permanencia; y (3) los miembros actualmente en servicio que han sido diagnosticados con disforia de género previamente a que la normativa de la administración tome efectos, podrán continuar en servicio con su género deseado y recibir el tratamiento necesario para su disforia de género.
Las personas transgénero que requieran o hayan pasado por una transición de género quedarán excluidas del servicio militar.
Las personas transgénero sin un historial o diagnóstico de disforia de género, que hayan sido cualificadas para el servicio, pueden servir, como el resto de los miembros, identificados por su sexo biológico.
Esta nueva normativa sustituiría a la anterior orden ejecutiva del presidente Trump, que recuperaba la prohibición de ingreso y permanencia en el ejército para las personas trans, revirtiendo las disposiciones de la administración de Barack Obama. Dicha orden está suspendida por varios tribunales federales y, por lo tanto, no puede ser ejecutada. Aunque trata de evitar el término «prohibición» en previsión de una futura vía judicial, la nueva propuesta dispone requisitos imposibles de cumplir para la personas transexuales que decidan vivir de acuerdo a su identidad de género.
Una vez dado a conocer el memorándum, se han pedido explicaciones sobre su alcance a los responsables de Defensa y Seguridad Nacional. La portavoz del Pentágono, Dana White, explicó el pasado jueves que el organismo continuaría con la decisión comunicada el pasado 1 de enero de seguir permitiendo el acceso y permanencia de las personas transexuales: «El Departamento de Defensa continuará cumpliendo con las decisiones de los tribunales, aceptando a los solicitantes transgénero en el servicio militar y manteniendo a los actuales miembros transgénero en servicio». White, sin embargo, rehusó hacer declaraciones sobre nuevas normativas, dado que «existen litigios en curso y se debe salvaguardar la integridad del proceso judicial», remitiendo a los interesados al Departamento de Justicia y explicando que toda la documentación es pública, de acceso libre y «habla por sí misma». Interrogado por los periodistas, el secretario de Defensa también los remitió a los responsables de Justicia, escudándose en el respeto a la integridad judicial.
La portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec, emitió por su parte el siguiente comunicado: «Tras un estudio y análisis exhaustivos, el secretario de Defensa llegó a la conclusión de que se deben adoptar nuevas políticas con respecto a las personas con disforia de género que sean coherentes con la eficacia militar, las limitaciones presupuestarias y las leyes en vigor. El Departamento de Justicia continuará defendiendo la autoridad legal del Departamento de Defensa para crear e implementar las políticas de personal que determine como necesarias para defender mejor a nuestra nación. En consonancia con esta nueva política, pedimos a los tribunales que levanten todas las medidas cautelares preliminares para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense y de la mejor fuerza de combate del mundo».
Con esta declaración, se hace evidente que la pretensión de la presidencia (o vicepresidencia en este caso) es influir en la decisión de los tribunales, tratando de disfrazar la evidente discriminación de las personas transexuales con torpes subterfugios técnicos. Esperemos que sea sin éxito.
El empeño en la discriminación de las personas transexuales
Recordemos, de nuevo, los antecedentes de las normativas tránsfobas: a diferencia de la derogación del «Don’t ask, don’t tell», que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas trans (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. Sin embargo, la prohibición se dio por derogada de facto y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000 (entre militares en activo y reservistas).
Ya conquistada la Casa Blanca, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son en este momento su objetivo principal. El pasado julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, ordenaba poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, que debía culminar el mes de enero de 2018, y retomar la situación previa a junio de 2016. Se vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército y se interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso.
El documento, no obstante, no despejaba todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, qué sucedería con los militares trans que ya servían en el Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la «cohesión» de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de «todos aquellos factores que puedan ser relevantes». Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera del despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump.
La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla: días antes del primer anuncio de Trump habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política se limitaría a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron en contra.
La respuesta de los jueces: primero, paralización parcial de la orden de Trump
Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales. Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al «debido proceso».
Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre emitió un fallo en el que suspendía cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronunciara de forma definitiva (ver documento). Kollar-Kotelly, no obstante, no paralizó la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación seguía vigente. La jueza no se consideró competente para paralizarla a la vista de los argumentos de la demanda.
Un segundo juez amplia los términos de la paralización
Sí lo hizo, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis, en el estado de Maryland, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump) que había sido presentada en agosto en representación de seis personas trans que están en activo en el Ejército.
El juez Garbis sí que ordenó la paralización cautelar de la orden de Trump incluyendo la especificación referida a la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación. Al igual que su homóloga Kollar-Kotelly, Garbis consideraba probable que los demandantes ganasen el caso basándose en la protección igualitaria recogida en la Constitución estadounidense (ver argumentos y orden cautelar).
Y una tercera jueza refuerza sus argumentos jurídicos
En diciembre, una tercera jueza federal, Marsha Pechman, del estado de Washington, se pronunciaba en el mismo sentido en el caso Karnoski v. Trump, una demanda interpuesta en nombre de dos personas trans que desean servir en el Ejército, de una tercera persona trans que ya forma parte del servicio activo y de las organizaciones Human Rights Campaign (HRC), Gender Justice League y American Military Partner Association (AMPA).
En este caso, además, la jueza Pechman consideró que la prohibición de servir en el Ejército no solo violaría la 5ª enmienda, que garantiza el derecho a un trato igualitario, sino también la 1ª enmienda, que garantiza la libertad de expresión, al discriminar a las personas trans que sirven en el Ejército por hacer pública su identidad de género y obligarles a guardar el secreto para conservar sus puestos de trabajo (ver documento). Un argumento que hasta el momento no había sido considerado por los otros jueces. Pechman ordenó también la paralización cautelar de la prohibición y la vuelta al statu quo anterior a la orden de Trump.
Nueva denegación
Casi al mismo tiempo que se conocía la decisión de la jueza Pechman en el estado de Washington, su colega del Distrito de Columbia Colleen Kollar-Kotelly (ver documento) denegaba la solicitud de la administración Trump de retrasar la suspensión cautelar de la orden del presidente que ella misma había ordenado. Una denegación que fue recurrida por la administración federal ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el «escalón intermedio» entre los jueces federales de distrito y el Tribunal Supremo.
En definitiva, la batalla jurídica continuará (posiblemente el asunto acabe dilucidándose en el Tribunal Supremo), pero por el momento la justicia parece decantada claramente del lado de los derechos de las personas trans, hasta el punto de obligar a la administración Trump a dejar en suspenso sus intenciones discriminatorias. Sin embargo, como hemos podido comprobar, desde la propia presidencia y vicepresidencia, con la implicación de los altos cargos de Defensa, se sigue intentando proseguir con la discriminación, utilizando todos los subterfugios posibles.
Comentarios desactivados en La victoria de Carlos Alvarado frente al candidato evangélico en las presidenciales de Costa Rica abre el camino a la aprobación del matrimonio igualitario
Con una amplia mayoría, el líder del Partido Acción Ciudadana, el novelista Carlos Alvarado Quesada, que fuera ministro de Trabajo y Desarrollo Humano del anterior gobierno del Partido Acción Ciudadana, se convierte en el presidente más joven de Costa Rica al imponerse en las urnas gracias a su campaña a favor del matrimonio igualitario y los derechos de la comunidad LGBTI+, cuya oposición habían llevado a imponerse en la primera vuelta a su contrincante, el periodista y pastor evangélico, Fabricio Alvarado Muñoz, que no ha conseguido movilizar al sector más reaccionario.
Alivio y esperanza entre el activismo LGTB de Costa Rica tras el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Costa Rica de este domingo. El holgado triunfo en las urnas del centroizquierdista Carlos Alvarado, con un 60,7% de los votos, frente al evangélico y ultraconservador Fabricio Alvarado, que no ha alcanzado el 40%, abre la puerta al proceso de aprobación del matrimonio igualitario en este país centroamericano. Y es que la apertura de la institución del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo ha sido uno de los ejes de la campaña de los candidatos, tanto en primera como en segunda vuelta. Carlos y Fabricio comparten apellido, pero es de las pocas cosas que tienen en común: no son parientes y mantienen posturas ideológicas contrarias. Mientras que el ya electo Carlos Alvarado prometió en campaña la creación de un “comisionado de la presidencia para asuntos relacionados con las personas LGBTI”, Fabricio Alvarado dejó muy claro desde el primer momento que “no estamos dispuestos a una agenda LGBTI, pro aborto y a una ideología de género”.
Victoria histórica del progresista Carlos Alvarado en las elecciones presidenciales de Costa Rica de este domingo 1 de abril. Es “histórica” porque es la tercera vez que resulta necesario acudir a una segunda vuelta electoral en el país centroamericano y es la primera en que un candidato que figuraba en segunda posición en intención de voto consigue el triunfo, rompiendo la “maldición” de la segunda ronda, tal y como señala la prensa local. Además, el líder del Partido Acción Ciudadana (PAC) ha defendido en campaña la aprobación del matrimonio igualitario, frente a la posición reaccionaria y retrógrada de Fabricio Alvarado, candidato del partido Restauración Nacional (PRN), al que muchos veían como claro aspirante a obtener la presidencia.
«Costa Rica una vez más entregó un bello mensaje democrático (…). Mi compromiso es con un gobierno para todos, en igualdad y libertad», declara Alvarado Quesada instando a los costarricenses a que se enfoquen «en lo que nos une y no en lo que nos separa», sin discriminación. A sus 38 años de edad se convierte en el presidente más joven del país centroamericano, uniéndose al club de los presidentes elegidos antes de cumplir los cuarenta, junto a Emmanuel Macron y la neozelandesa Jacinda Ardern.
«La gente está experimentando en todo el mundo con movimientos que impulsan agendas populistas o de un solo tema», manifestaba Alvarado Quesada respecto a la reaccionaria campaña de Alvarado Muñoz en lo que había definido como un «reflejo de lo que está sucediendo en la región y en el mundo», haciendo referencia al Brexit en el Reino Unido. El evangelista había llegado a comprometerse a sacar al país de la Organización de Estados Americanos, así como restringir el acceso de las mujeres al aborto, acabar con la educación sexual en las escuelas y luchar contra la «ideología de género», convencido de que los movimientos feministas y LGBT que luchan por la igualdad están decididos a destruir la familia tradicional y el «orden natural» de la sociedad.
Sin embargo, la gran mayoría de los votantes de Costa Rica han preferido el discurso progresista de Alvarado Quesada, quien se ha prometido a legalizar el matrimonio igualitario, apoya la fecundación in vitro y tiene previsto atajar los problemas derivados de la pobreza y los que están relacionados con el déficit fiscal o el transporte público, entre otras cosas. Siguiendo con su compromiso de renovación, su gabinete cuenta con la primera persona afroamericana en desempeñar un cargo, Epsy Campbell, quien va camino de convertirse en su vicepresidenta, una vez firme el cargo el próximo mes de mayo.
En relación al matrimonio igualitario, el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, en la ya anterior legislatura, elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una consulta, cuya respuesta oficial, en forma de notificación, llegaba poco antes de la primera vuelta de las presidenciales costarricenses, marcando todo el debate electoral. A raíz de dicha consulta, la Corte dictaminaba que “el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en los términos establecidos en los párrafos a 200 a 218”.
Es más, el tribunal sostenía que para garantizar estos derechos no es necesaria la creación de nuevas figuras jurídicas, sino que bastaba con extender las instituciones existentes (incluyendo el matrimonio) a todas las parejas, con independencia del género y la orientación sexual de los contrayentes. “Crear una institución que produzca los mismos efectos y habilite los mismos derechos que el matrimonio, pero que no lleve ese nombre, carece de sentido, salvo el de señalar socialmente a las parejas del mismo sexo con una denominación que indique una diferencia sino estigmatizante, o por lo menos como señal de subestimación”, señalaba la Corte. “Se configuraría una distinción fundada en la orientación sexual de las personas, que resultaría discriminatoria, y por tanto incompatible con la Convención Americana”, añadía.
Costa Rica es un país miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde su creación en 1948 y la CIDH es uno de sus órganos. Su opinión consultiva favorable, además de responder al Gobierno de Costa Rica, servía de llamada de atención para 12 Estados de América Latina: Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana (en los que no existe ningún reconocimiento jurídico para las parejas del mismo sexo), además de Ecuador y Chile (donde cuentan, de momento, con leyes de unión civil, no equiparables al matrimonio, abiertas a parejas del mismo sexo).
Carlos Alvarado, el nuevo presidente progresista y pro LGTBI
El presidente electo de Costa Rica, Carlos Alvarado, es periodista, escritor y politólogo. Es autor de tres novelas, ganador del premio Joven Creación de la Editorial Costa Rica en 2006 y fue vocalista del grupo de rock Dramatika. Está casado con Claudia Dobles y ambos son padres de una niña. No cuenta con una tradición histórica como defensor de la igualdad de los derechos de las minorías sexuales. Sin embargo, tras el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la irrupción de un airado debate en toda la campaña electoral, dominado por la posición conservadora del evangélico Fabricio Alvarado y del tibio apoyo LGTBI del contradictorio candidato católico y masón Juan Diego Castro, Carlos Alvarado se convertía en la mejor opción desde el punto de vista igualitario.
Carlos Alvarado, además de mostrar su apoyo al matrimonio igualitario, prometió en campaña la creación de un “comisionado de la presidencia para asuntos relacionados con las personas LGBTI”, como se recoge en el siguiente vídeo:
En su programa electoral, denominado “Crecer y crear la Costa Rica del siglo XXI”, incluía un apartado sobre “personas LGBTI” (páginas 77 y 78) en el que establece que “el Poder Ejecutivo impulsará la aprobación de leyes esenciales para construir una sociedad más justa e inclusiva para las personas LGBTI”. Esto incluye una legislación que reconozca la identidad de género: facilitando el cambio de nombre, posibilitando el cambio de género en el Registro Civil y enmarcando políticas dentro de un trato digno y la no discriminación de las personas trans.
En este sentido, Carlos Alvarado se comprometía a apoyar e impulsar desde la presidencia “un proyecto de ley que armonice los conceptos de sexo, género, identidad de género, expresión de género, transexualidad, en concordancia con la doctrina de los derechos humanos; reconozca el derecho a la identidad y expresión de género; y garantice el acceso a tratamientos médicos que se requieran”.
Asimismo, el actual presidente proponía una ley contra la discriminación LGTBfóbica (con un apartado sancionador), “la recolección de datos sobre identidad de género y orientación sexual para poder alimentar políticas públicas específicas de acuerdo con las distintas necesidades particulares” o la instalación “dentro de las entidades de protección social, centros educativos o centros de médicos estatales espacios seguros para jóvenes LGBTI y sus familiares, donde reciban contención psicológica, grupos de apoyo, tutorías, talleres, capacitaciones”, entre otras cuestiones de interés igualitario.
Fabricio Alvarado, el candidato evangélico, LGTBfóbico y ultraconservador
Hundiéndose de rodillas y con los brazos en alto, Fabricio Alvarado, de 43 años de edad, admite su derrota, declarando que había luchado por «principios y valores», instando a sus votantes a que asumieran como él la derrota en base a que habían hecho «historia, porque nuestro mensaje tocó el nervio más profundo del país». Y es que el gran perdedor de las elecciones presidenciales costarricenses es Fabricio Alvarado, que después del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo bandera de la oposición al matrimonio igualitario y los derechos del colectivo LGTB, erigiéndose como enemigo de la que él denomina “ideología de género”, en línea con las principales jerarquías religiosas y los grupos ultraconservadores del ámbito internacional. Fabricio Alvarado, candidato de Restauración Nacional, es periodista, pastor evangélico y cantante de música cristiana.
Sus posiciones contra “una agenda LGBTI”impulsaron su ascenso, logrando el favor de los sectores más reaccionarios de Costa Rica. Fabricio Alvarado ha defendido indisimuladamente la vinculación del Estado con la religión durante la campaña, el matrimonio como institución excluyente y exclusiva para parejas formadas “por un hombre y una mujer” y su oposición a la nueva asignatura “Educación para la afectividad y sexualidad integral”, que a partir de este año se introducirá en las aulas de primaria y secundaria del país.
Participó y apoyó la “II Caminata por la Vida y la Familia” del pasado mes de diciembre, que aglutinó a la Conferencia Episcopal y a las iglesias evangélicas contra una supuesta “colonización ideológica” que atacaría, en su opinión, “el respeto a la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, y los valores morales y espirituales con los que cada familia desea educar a sus hijos”.
El triunfo de su candidatura en la primera vuelta, con el 24, 79% (a pesar del escaso margen de difencia con Carlos Alvarado, que obtuvo el 21,76%), dio alas a muchos para colocarlo virtualmente como presidente. Por fortuna, Carlos Alvarado conseguía remontar en la segunda vuelta, con un 60,7% de los votos, frente al evangélico y ultraconservador Fabricio Alvarado, que veía frustradas sus aspiraciones presidenciales, teniéndose que conformar con el respaldo del 39,3% del electorado.
Al ganar la primera vuelta, Fabricio Alvarado aseguraba que “hoy me sumo a lo que ha decidido Costa Rica. Me sumo a un movimiento que se ha creado de unidad, de valores, de innovación y de verdadero progreso”. En relación explícita a la defensa del modelo excluyente de familia tradicional decía tener “esperanza por recuperar la más grande soberanía de todas: la soberanía de la familia como base fundamental de la sociedad, en donde se gestan los valores de integridad, honestidad y transparencia”.
El pastor y cantante cristiano añadía que “Costa Rica le ha dejado muy claro hoy algo a los políticos tradicionales”, que en cuya opinión era el siguiente mensaje: “nunca más se metan con la familia, nunca más se metan con la vida, nunca más se metan con nuestros hijos”. En el siguiente vídeo se puede ver un resumen de su intervención tras conocerse los resultados de la primera ronda de las elecciones presidenciales:
Fabricio Alvarado se veía obligado a negar que estuviera financiando su campaña a través de iglesias o pastores (teniendo en cuenta que la legislación costarricense prohíbe recibir donaciones de personas jurídicas). Además, todo su argumentario en campaña se ha dedicado a cuestiones moralistas y solo a cuatro días de la segunda vuelta de las elecciones presentó su plan de gobierno. El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE) se encuentra fiscalizando sus cuentas.
La moral cristiana no se ha impuesto finalmente en los comicios
La sociedad costarricense cuenta con una histórica y profunda tradición religiosa. El todavía presidente en funciones Guillermo Solís confesó que quería un Estado“secular pero no uno sin Dios”. El catolicismo sigue siendo el culto religioso principal del país, aunque el evangelismo (como ha ocurrido en muchos otros países latinoamericanos) ha experimentado un fuerte ascenso en las últimas dos décadas. El Programa Latinoamericano de Estudios Sociorreligiosos recoge que en los años 80 contaba con unas 1000 congregaciones evangélicas, frente a las 3.700 de la actualidad.
De las 465.330 personas evangélicas contabilizadas en Costa Rica (sobre una población de casi 5 millones) el 63% asiste a iglesias de este tipo. En declaraciones a la BBC, Montserrat Sagot, investigadora de la Universidad de Costa Rica y espacialista en el ascenso del evangelismo en Centroamérica, argumentaba que “yo siempre he dicho que la sociedad costarricense es profundamente autoritaria y conservadora, pero políticamente correcta. Desde esa perspectiva, esto se había mantenido como un sustrato bajo, no había aflorado a la superficie política y hay un acontecimiento que lo genera que es la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” que urge la aprobación del matrimonio igualitario para acabar con la discriminación de las parejas del mismo sexo.
Esto fue tan evidente que El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica condenó a la Iglesia Católica y a la Federación Alianza Evangélica Costarricense por haber dado “orientaciones pastorales” con motivo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 4 de febrero, y les ordenó “abstenerse de acciones” parecidas, a falta de un mes de la celebración de la segunda vuelta (el pasado domingo).
En un comunicado conjunto, hecho público el 18 de enero, ambas jerarquías invitaron a los fieles a meditar “delante de Dios y de sus conciencias su voto para los cargos de presidente y vicepresidentes y para diputados, conscientes de que es un deber para todo ciudadano costarricense el elegir a quienes detentarán puestos de responsabilidad política”. Esto ya provocó que el TSE tomara medidas cautelares para ordenar a estas dos organizaciones de “instruir a sus sacerdotes y pastores sobre la prohibición de utilizar el púlpito, sitios de oración o ceremonias litúrgicas para inducir el voto de sus feligreses”.
También es cierto que han sido otras tantas organizaciones no religiosas de Costa Rica las que se han pronunciado a favor del matrimonio igualitario y los derechos del colectivo LGTB en estas elecciones, aunque sin hacer una campaña tan burda y evidente como la protagonizada por las jerarquías católicas y evangélicas en favor de Fabricio Alvarado. Sirva de ejemplo el pronunciamiento del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, que llamaba “a su población agremiada a promover y defender de forma urgente los derechos humanos, mediante el respeto a la diversidad de familias que coexisten en nuestro país, rechazando los discursos que fomentan su reducción a formas heteronormativas y que sirven de base para la discriminación como expresión de la violencia”.
El matrimonio igualitario, también en la vía judicial de Costa Rica
Herman Manuel Duarte Iraheta, fundador de la Fundación Latinoamericana para la Promoción y Protección de la población LGBTI (también conocida como Fundación Igualitos) presentaba una demanda a favor del matrimonio igualitario ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica el pasado 13 de marzo. El texto recoge que “el momento histórico en el que nos encontramos favorece el pronunciamiento a favor de la acción de inconstitucionalidad”, por lo que “es importante contextualizar que ya no estamos en el año 2006 y existe sobrada evidencia de la inexistencia de daños a que dos personas puedan casarse civilmente y formar una familia. No solo por ser un fallo completamente congruente con la corriente jurisprudencial dominante de esta Sala Constitucional, sino por ir también en sintonía con las líneas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y por el apalancamiento que eso puede generar por otras luchas que actualmente se llevan en la región”.
Comentarios desactivados en El presidente de uno de los partidos que gobiernan Túnez define la homosexualidad como «un fenómeno natural» que no debe ser perseguido
Rached Ghannouchi, líder del partido tunecino Ennahdha —que forma parte de la coalición de gobierno actual—, ha declarado en una entrevista que «la homosexualidad es un fenómeno natural y no hay que interferir en los deseos y comportamientos de la gente». Si bien no es la primera vez que Ghannouchi aboga por la despenalización de la homosexualidad en Túnez, si es la primera ocasión en que utiliza términos como «natural» para definir algo que el Código Penal tunecino castiga con hasta tres años de prisión. Mounir Baâtour, presidente de la asociación LGTB Shams, se congratula por las declaraciones del líder islamista, pero insta a Ghannouchi a que no se quede en las meras palabras y tome las medidas políticas oportunas para que su partido presente ante el Parlamento una propuesta definitiva de despenalización de la homosexualidad.
La revista Jeune Afrique ha publicado en su último número una entrevista con Rached Ghannouchi, presidente del partido islamista Ennahdha (o Partido del Renacimiento), que actualmente forma parte de la colación de gobierno que rige en Túnez. A lo largo de la entrevista, Ghannouchi fue interpelado por su opinión respecto a la penalización de la homosexualidad. El líder islamista respondió que, según su criterio, «la homosexualidad es un fenómeno natural y no hay que interferir en los deseos y comportamientos de la gente», puesto que «todos somos libres y no tenemos que preocuparnos por lo que sucede en las casas». También agregó que no se debe intervenir en las elecciones individuales, ya que «cada cual es libre de vivir la vida que desee siempre y cuando no perjudique a nadie».
No es la primera vez que Ghannouchi se posiciona en contra de la penalización de la homosexualidad, pues anteriormente ya había declarado que la ley no debe perseguir los actos pertenecientes a la vida privada, ya que únicamente se debe dar cuenta de esos hechos ante la divinidad de su confesión religiosa. Sin embargo, sí se trata de la primera ocasión en que define la homosexualidad como algo «natural», circunstancia que no ha pasado desapercibida para los activistas LGTB tunecinos.
En declaraciones a la agencia EFE, Mounir Baâtour, abogado y presidente de la asociación Shams, estimaba que «el hecho de haber utilizado la palabra ‘natural’ es muy importante para nosotros, es un paso más en la defensa de los homosexuales, mostrar que no es algo abominable, una perversión o una enfermedad». Sin embargo, también reclamaba al presidente del partido gubernamental que no se quedara en meras declaraciones: «Si mañana se presenta una proposición de ley para despenalizar la homosexualidad, queremos que Ennahda, con sus 69 diputados, respeten su palabra. Si su presidente dice que es algo ‘natural’, entonces ¿cómo se puede prohibir algo que es natural? No nos importan los discursos políticos sino los hechos: cada día los homosexuales acaban en prisión. Apoyamos a cualquier político que respalde los derechos de los homosexuales al margen de su pertenencia política».
En un reciente reportaje, Baâtour describía perfectamente lo que supone en realidad la penalización de la homosexualidad:
El artículo 230 del Código Penal no condena a los homosexuales a tres años de prisión, los condena a cadena perpetua. Porque si alguien es homosexual y va a la cárcel durante tres años, cuando sale, ¿acaso se ha convertido en heterosexual? Seguirá siendo homosexual. Volverá a la cárcel otros tres años, y así continuamente durante toda su vida.
Legalizado tras la llamada «Revolución tunecina», Ennahda ha formado parte de los gobiernos de Túnez desde las elecciones de 2011, es las que se promovió como un partido islámico de corte democrático. Rached Ghannouchi, su presidente y cofundador, sufrió prisión y exilio durante el régimen de Ben Ali, presentándose a su regreso como partidario del respeto al orden constitucional y haciendo gala de moderación en asuntos como la obligatoriedad del velo para las mujeres.
No obstante, para la población LGTB de Túnez las esperanzas de aperturismo social y político depositadas en aquellas fechas pronto se vieron defraudadas. El artículo 230 del Código Penal tunecino sigue castigando la homosexualidad con penas de hasta tres años de prisión, las detenciones y condenas de hombres homosexuales y bisexuales son continuas (tan solo en el pasado 2017 se produjeron 71 condenas por homosexualidad). Las declaraciones públicas de representantes del Gobierno difieren por completo de las realizadas por Rached Ghannouchi. El ministro de Derechos Humanos, Samir Dilou, afirmaba en su día que «la homosexualidad es una perversión que necesita tratamiento»; Mehdi Ben Gharbia, ministro encargado de las relaciones institucionales, rechazaba despenalizar las relaciones homosexuales ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU; el diputado Abedlatif el Maki ligaba la homosexualidad con prácticas como el consumo de drogas o la violencia conyugal cuando defendía la disolución de Shams.
Además, la presión social y de los líderes religiosos es feroz, hasta el punto de que muchos de los activistas LGTB han tenido que partir hacia el exilio debido a las amenazas de muerte recibidas. Así describía uno de ellos, Hedi Shaly, la actual situación de persecución y profunda desilusión:
En la facultad, las proclamas abiertamente homófobas asumidas por la Unión General Tunecina de Estudiantes, un sindicato estudiantil de tendencia islamista, resuenan contra los estudiantes y militantes LGTB. Acosan a mi padre para que me obligue a dejar de defender a los «maricones», como nos llaman ellos. Mi hermano, que también está en la universidad, ya no quiere ir a estudiar porque los otros alumnos se burlan de él.
Me engañaron haciéndome creer que ahora éramos libres, que vivimos en una democracia, que ya no había lugar para el miedo. Incluso los partidos políticos y las asociaciones que se dicen progresistas nos han fallado. Las prácticas policiales agresivas continúan contra nosotros con total impunidad. La libertad en Túnez es una quimera.
Comentarios desactivados en Un estudiante gay (en un posible crimen de odio) y una activista lesbiana asesinados en México, entre otros episodios de homofobia
Isaac Luna Garcia era estudiante de Arte y Patrimonio Cultural en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Fue visto por última vez el 16 de febrero en un local de la “zona rosa”, el barrio de ambiente de la capital mexicana. Su cadáver fue encontrado al día siguiente en otra barriada de la capital.
Familiares y amigos creen que el asesinato de Isaac fue un crimen de odio por homofobia. También lo cree la propia UACM, que en un comunicado ha exigido“una investigación clara ante un crimen atroz e inaceptable, que se encuentre y procese a los culpables y que esto se realice con el cuidado de no revictimizar a Isaac, a su familia, amigos y comunidad”. La comunidad universitaria también solicita “establecer mecanismos de seguridad en la Zona Rosa para permitir el uso y disfrute de dicho espacio emblemático para la comunidad gay y LGBTTIQ de la capital mexicana”.
Por lo que se refiere a María Guadalupe Hernández Flores, era maestra, integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y activista a favor de los derechos de las mujeres y de las personas LGTB. Conocida en el ámbito activista como Kleo, su cadáver, identificado el pasado viernes, presentaba señales de tortura. Por el momento, las autoridades no han dado a conocer si disponen de información sobre este nuevo feminicidio, auténtica epidemia que asola México (entre 2015 y 2017 se registraron 1.640 asesinatos de mujeres).
Comentarios homófobos sobre un estudiante fallecido…
Como decíamos al principio, los asesinatos de Isaac y de María Guadalupe vienen acompañadas de otras malas noticias en el ámbito LGTB. La muerte de César Ulises Arellano, un joven estudiante de Medicina en la Universidad de Guadalajara (estado de Jalisco), al que las autoridades mexicanas llevaban días buscando y cuya desaparición había conmocionado el país, ha desencadenado toda una ola de comentarios homófobosen redes sociales tras hacerse público no solo que podría haberse quitado la vida (aunque persisten dudas sobre la versión oficial) sino que quizá era gay. Lo fuese o no, la homofobia desatada tras su muerte resulta profundamente despreciable.
Y agresión a una pareja de turistas estadounidenses por ir cogidos de la mano
Por último, recogemos la agresión a una pareja gay estadounidense en Puerto Vallarta, localidad costera del Pacífico frecuentada por turistas de ese país. Carl Blea y Marc Lange regresaban caminando cogidos de la mano al complejo en el que se alojaban tras disfrutar la velada en un club nocturno cuando un individuo que les vió les gritó algo que no comprendieron, sacó una pistola y disparó contra ellos. La bala hirió a Blea en la nalga derecha, aunque por fortuna su vida no corre peligro.
Por cómo se desarrollaron los hechos la pareja está convencida de que se trató de una agresión homófoba y no de un intento de robo, pese a que esta la versión que sostienen las fuerzas de seguridad locales.
Comentarios desactivados en Un reportaje denuncia la terrible situación de las personas LGTB en Túnez
Un reportaje de la red de noticias Konbibi se ocupa de la realidad de las personas LGTB en Túnez. Tragedias personales de quienes son despreciados hasta por sus propias familias debido a su orientación sexual, además de sufrir la represión de las leyes vigentes que castigan la homosexualidad. El trabajo de Konbibi nos da a conocer las historias de Nidhal y Karim, dos jóvenes cuya vida ha quedado completamente destrozada por el mero hecho de ser homosexuales. La penalización de la homosexualidad, en palabras del abogado y activista Mounir Baâtour, en realidad condena a homosexuales y bisexuales a cadena perpetua, porque la estancia en prisión no revierte la orientación sexual, por lo que el condenado que sale de prisión vuelve a ser culpable del mismo delito una y otra vez, indefinidamente.
El reportaje en vídeo, que podéis ver a continuación, nos habla de cómo afecta a la vida cotidiana de los hombres homosexuales y bisexuales tunecinos la represión pública por parte del Estado y la intolerancia de sociedad y familia. También nos presenta a un abogado experto en la defensa de personas LGTB y a los miembros de la asociación Shams, que viven en la paradoja de ser, a la vez, una organización legalizada y tener que desarrollar su labor prácticamente en la clandestinidad debido a las amenazas de los líderes religiosos.
El testimonio de Nidhal
El reportaje comienza con la presentación y la entrevista a Nidhal, que transcribimos completamente:
—Me llamo Nidhal, tengo 29 años, y he pasado 3 meses y 19 días en la cárcel porque soy homosexual. Fui detenido el 3 o 4 de agosto. Me golpearon. Me dijeron: «eres un maricón, vas a ver lo que vamos a hacer contigo. No eres musulmán, no eres un hombre, eres una vergüenza». Y… quisieron hacerme el examen anal. Me negué.
—¿En qué consiste ese examen?
—El examen anal es un examen que hacen para utilizarlo como prueba de si soy gay o no. Si ha habido penetración o algo así, van a probarlo.
—Es una violación, ¿no?
—Sí, claro, es una violación, eso es. Es lo que le dije al juez.
—¿Cómo transcurrió el encarcelamiento?
—El primer día que estuve en la cárcel había allí un jefe, que leyó mi ficha. Me dijo: «¡Ven, maricón!, ¡ven aquí, maricón!, vas a ver lo que quiere decir ‘la homosexualidad’». Me metieron en una habitación con prisioneros acostumbrados a estar en la cárcel. Hubo intentos de violación, y cuando hablé con el jefe me dijo: «No, tú te quedas aquí».
—¿Hubo detenidos que le intentaron violar?
—Hubo prisioneros que me intentaron violar. Estaba aislado, estaba siempre solo. No querían comer conmigo, no querían hablarme. Estaba siempre solo.
—¿En que consiste, en la vida diaria, ser homosexual hoy en día en Túnez?
—De momento, es un problema para mi familia. He perdido la relación con muchos de mis amigos.
—¿A qué se dedicaba antes?
—Arbitraba partidos de fútbol de primer nivel. Hubo compañeros que dijeron que yo era gay, así que me expulsaron.
—¿En qué trabaja ahora?
—En nada. Debido a la prisión, existe algo que se llama B3.
—Los antecedentes penales.
—Eso es. Lo peor es que se trata de homosexualidad. Nadie va a aceptarte. Nadie.
Tras difundirse la entrevista, los familiares de Nidhal reaccionaron con violencia. El pasado 15 de marzo, un tío y un primo suyos, guiados por su propio padre, le agredieron por haber llevado la vergüenza a la familia y le amenazaron con «lavar el honor de la familia con sangre». Entraron en su apartamento por la fuerza y se llevaron todas sus pertenencias. Nidhal encontró refugio en la asociación LGTB tunencina Shams, que ha lanzado una campaña de apoyo para que, entre otras cosas, pueda abandonar Túnez y buscar asilo en otro país. «Tengo que marcharme de aquí, pero con el corazón destrozado», se lamenta Nidhal.
La tragedia de Karim
Karim tiene 25 años y fue víctima de una violación por parte de otro hombre. Decidió denunciarlo a la policía, y el resultado fue que su agresor será juzgado por la agresión sexual, pero él también lo será por homosexualidad. Se enfrenta, como Nidhal, a la pena de prisión establecida por la ley y al rechazo de su propia familia. El resumen de lo que es su vida actual, es sobrecogedor:
—Todos se han vuelto contra mí. Sobre todo tengo miedo de mi padre, que me pega casi todos los días.
—Si pudieras pedir un único deseo, ¿cuál sería?
—Que nada de esto hubiera ocurrido. Nunca debí ir a comisaría. Tengo la impresión de que el acusado soy yo. Sufro el odio absoluto de todo mi país. Me gustaría no ser tunecino. A veces pienso en el suicidio. Lo he pensado muchas veces…
Precisamente, el abogado y activista LGTB Mounir Baâtour hace referencia a los casos como el de Karim que se ha encontrado a lo largo de su vida profesional. Por su experiencia, se ve obligado a aconsejar a los hombres víctimas de violación que no denuncien, al correr el riesgo de ser acusados ellos mismos. Baâtour resume perfectamente lo que significa la penalización de la homosexualidad:
—El artículo 230 del Código Penal no condena a los homosexuales a tres años de prisión, los condena a cadena perpetua. Porque si alguien es homosexual y va a la cárcel durante tres años, cuando sale, ¿acaso se ha convertido en heterosexual? Seguirá siendo homosexual. Volverá a la cárcel otros tres años, y así continuamente durante toda su vida.
Los activistas luchan por la derogación del artículo 230 del Código Penal de Túnez, que castiga las relaciones homosexuales con hasta tres años de prisión. Una legislación que se ha aplicado también a mujeres transexuales.
Comentarios desactivados en Chile: Recuerdan a 40 víctimas fatales de la homofobia y la transfobia y exigen reforma a Ley Zamudio
En el Memorial por la Diversidad donde descansan los restos de Daniel Zamudio instalaron hoy placas con los nombres de las tres nuevas víctimas fatales, dos muertas en 2017 y la primera asesinada por agentes de la Dictadura.
En el marco del sexto aniversario del asesinato de Daniel Zamudio, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) se dirigió hoy hasta el Memorial por la Diversidad, monumento ubicado en el Cementerio General, para rendirle un homenaje a él y a otras 39 víctimas fatales de la homofobia y la transfobia.
“Estamos en este memorial donde descansan los restos de Daniel y que es al mismo tiempo un monumento a todas y todos quienes han perdido la vida en razón de su orientación sexual o identidad de género. Lamentablemente, hoy debemos sumar a este memorial tres placas con los nombres de nuevas víctimas de los crímenes de odio, algo que no debería ocurrir, pero sigue pasando”, dijo el vocero del Movilh, Óscar Rementería.
En tal sentido, el Movilh instaló hoy en el Memorial de la Diversidad los nombres de Susana Sanhueza y Álvaro Constanzo, quienes fueron asesinados en 2017, así como un N.N, un hombre muerto en 1975 en manos de agentes de la dictadura, de acuerdo a lo confirmado por tribunales.
La vocera del Movilh, Cristina Poblete, explicó que “los crímenes contra Sanhueza y Constanzo nos demostraron que la homofobia y la transfobia siguen matando en Chile. El caso del hombre asesinado en 1975, explicita y refleja una situación que era desconocida: prácticas estatales de la dictadura para quitar la vida a personas en razón de su orientación sexual o identidad de género”.
El Movilh añadió que “tras la muerte de Zamudio, se aceleró la aprobación de la Ley que ahora lleva su nombre. Sin embargo, ha resultado ser una ley inútil para los fines que se planteó, pues desde el 2012 a la fecha se han presentado solo 336 causas, 71 terminaron en sentencias y no más de 20 en justicia. Igual de lamentable es que los casos por homofobia y transfobia aumentaron un 45% el año pasado. Por eso es necesario reformar esta ley ya”.
El Movilh explicó que la reforma a la Ley Zamudio es un compromiso que “el Estado firmó con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que inició su trabajo con el Gobierno pasado. Próximamente nos reuniremos con el nuevo Ejecutivo para ver como reactivamos el tema”.
Entre otros temas, el Movilh demanda una reforma a la ley de manera que indemnice a las víctimas de la discriminación, invierta la carga de la prueba, permita objetar leyes o fallos homofóbicos o transfóbicos, cree una institucionalidad antidiscriminatoria, elimine sanciones a los denunciantes cuando las sentencias no los benefician y multe a los responsables de discursos de odio”
“Sobre toso esto ya hay un proyecto de ley que esperamos sea analizado por el Gobierno para presentarlo al Congreso Nacional”, apuntó el Movilh
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*Nombres de todas las víctimas fatales de la homofobia y transfobia conocidas hasta ahora en Chile
Comentarios desactivados en El Encuentro Mundial de las Familias de Dublín incluye vídeos que hablan de la realidad LGTB católica entre los materiales preparatorios
En agosto tendrá lugar en Dublín una nueva edición del “Encuentro Mundial de las Familias” organizado por la Iglesia católica. Y entre el material preparatorio se incluyen vídeos que hacen mención a la realidad LGTB entre los fieles católicos. Una novedad que parece confirmar la impresión, apuntada ya por otros indicios, de que el evento de Irlanda intenta ir algo más allá de la reafirmación de la doctrina oficial y ser más inclusivo que en ediciones anteriores.
Ya antes nos habían llamado la atención algunas señales de que este Encuentro tendría una mayor inclusividad. En otoño pasado, el obispo Brendan Leahy, titular de la diócesis de Limerick, afirmó que todas las familias, no solo las que se ajustan a la norma católica, deberían ser bienvenidas: “debe hacerse que todo el mundo se sienta bienvenido el año que viene. Todos queremos construir una buena red familiar de apoyo en Irlanda en todos los niveles. [El Encuentro] es un acontecimiento internacional pero tendrá especial significado para nosotros como irlandeses porque la familia significa tanto aquí (…) Mi esperanza es que el evento del año que viene será para todas las familias; para la familia tradicional, los padres y madres solteros; personas de otras fes, personas que están de acuerdo con la Iglesia y las que están en desacuerdo”, declaró entonces.
Ahora se han difundido además materiales en vídeo destinados a preparar el Encuentro, y que recogen diversos testimonios. Se encuentran recopilados bajo el título “Amoris: Let’s Talk Family, Let’s Be Family – The Joy of Love Six-Session Parish Conversation”, y entre ellos encontramos las historias de Alison, una mujer lesbiana, y Gemma, madre católica de un hijo gay. “Mi hijo salió del armario cuando tenía 27 años y yo era bastante ignorante por aquel entonces en cuanto a los gais, y realmente no entendía. Entré en un grupo de padres y madres en Irlanda del Norte y pasé mucho tiempo con ellos. Y justamente esas palabras: ‘intrínsecamente malo’ y ‘desordenado’ realmente nos molestaban… Me sentía herida con esas palabras. Me sentía enfadada”, cuenta Gemma, haciendo mención al célebre documento vaticano de 1986 que decía, que si bien “la homosexualidad” no era un pecado, sí era un “desorden objetivo” por estar ordenada a actos “intrínsecamente malos”. Este documento, que recordamos al cumplirse 30 años de su publicación, es el que más ha marcado la teoría y práctica de la Iglesia católica con las personas LGB en las últimas tres décadas. Resulta pues comprensible que sea frecuentemente citado por personas LGTB católicas o sus familias.
Allison, lesbiana, aparece también entre los vídeos contando su historia: “El hecho de que sea gay nunca ha sido un gran problema en mi situación familiar. Salí del armario con mis padres cuando tenía unos 20 años. No diré que estuvieran encantados y dijeran que era maravilloso; pero fueron increíbles”.
La referencia a la realidad LGTB en estos materiales es un signo más de que este próximo Encuentro puede marcar una diferencia respecto de otros anteriores, que como sabemos supusieron una mera reiteración de la doctrina oficial. Veremos hasta qué punto.
Comentarios desactivados en El Tribunal Constitucional de Austria abre la puerta al derecho a registrarse bajo una tercera opción de género
Buena noticia para los derechos de las personas intersexuales y de género no binario. Solo unos meses después de que el Tribunal Constitucional alemán fallase a favor de una persona intersexual que solicitaba ser inscrita legalmente con un género distinto a los dos tradicionales, ahora es el Tribunal Constitucional de Austria el que ha emitido un fallo preliminar en favor de otra persona intersexual que no se identifica ni como varón (sexo que le fue asignado) ni como mujer, y que pide que el dato que figura en el registro civil sea modificado y se incluye una tercera opción de género o, en su defecto, que dicho dato sea eliminado.
El Tribunal Constitucional de Austria, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que el derecho a la propia identidad de género está englobada en el derecho a la autodeterminación personal, considera que el registro del sexo de una persona en su certificado de nacimiento interfiere con ese derecho. En ese sentido, el alto tribunal austriaco considera que los ciudadanos no tienen obligación de aceptar asignaciones de sexo que no se corresponden con su identidad de género, incluyendo aquellas personas cuya identidad de género no se acomoda al binarismo, tal y como sucede por ejemplo (aunque no solo) con muchas personas intersexuales.
El Tribunal Constitucional austriaco, de hecho, considera que en Austria no existe una obligación constitucional de registrar el sexo, aunque la Constitución tampoco lo prohíbe. En este sentido, los magistrados consideran que si el Estado opta por hacerlo convierte un aspecto de la vida privada de las personas en público, por lo que debe respetarse la libertad de estas para que el dato se acomode a su identidad de género y/o demorar dicho acto hasta que la persona sea autónoma para decidirlo.
Por lo que se refiere a la posibilidad de un tercera opción de género, el Tribunal Constitucional austriaco considera que la normativa actual es demasiado rígida, al permitir solo que la persona sea registrada como varón o como mujer, y que ello no permite la manifestación de identidades no binarias, como es el caso de la persona demandante. Como limitación, eso sí, el alto tribunal determina que las posibles opciones alternativas deben mantener una relación real con la vida social de la persona y no ser imaginarias.
El Constitucional austriaco, por último, da un importante varapalo a las cirugías de asignación en menores intersexuales, al pronunciarse en contra de la realización de intervenciones médicas que tengan como finalidad atribuir un sexo determinado a la persona (salvo que dicha intervención tenga una justificación médica suficiente) hasta que esta tenga la capacidad de decidir por sí misma.
Como hemos mencionado arriba, se trata de un fallo preliminar. Se abre ahora un plazo de varias semanas para que el Gobierno austriaco haga las alegaciones que considere pertinentes, tras lo cual el Tribunal emitirá en junio su decisión definitiva. En cualquier caso, la rotundidad del fallo, aunque sea provisional, ha sido saludado por los colectivos LGTBI austriacos. “Es el primero de este tipo en Austria. Es un caso pionero para los derechos de las personas intersexuales”, ha declarado por ejemplo el abogado Helmut Graupner, presidente del colectivo Rechtskomitee LAMBDA (RKL), y que ha asesorado a la persona demandante.
Cabe recordar, además, que en estos momentos el Tribunal Constitucional de Austria es una de las cortes constitucionales europeas más favorables a los derechos de las personas LGTBI: hace solo unas semanas, por ejemplo, decretaba que la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio es discriminatoria, fijando la entrada en vigor de la igualdad matrimonial el 1 de enero de 2019, si el Parlamento austriaco no aprueba una ley para hacerla efectiva antes.
Alemania: el Gobierno debe adaptar la legislación este año
Como decíamos al comenzar la entrada, hace pocos meses el Tribunal Constitucional alemán dio de plazo al Parlamento para que antes del 31 de diciembre de 2018 regule el derecho a la propia identidad de género cuando esta no es binaria. También en este caso la batalla jurídica la emprendió una persona intersexual, disconforme en este caso con su género legal femenino. Según los jueces del alto tribunal alemán, el derecho al libre desarrollo de la personalidad recogido en el artículo 2 de la Constitución de Alemania incluye la protección de la propia identidad y expresión de género. Además, negarles el reconocimiento a las personas que no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino constituye una discriminación por razón de género prohibida por la Constitución. El tribunal tampoco consideró satisfactoria la ley aprobada hace cuatro años, que abría la posibilidad de dejar en blanco el campo del género. El motivo es que esta opción da a entender que las personas afectadas carecen de género, cuando la realidad es que su género no se corresponde con los dos binarios.
Con un espíritu muy similar al de la sentencia austriaca, el Constitucional alemán ofreció dos posibles salidas a los legisladores: introducir una tercera opción de género que reconozca en positivo a las personas que no se identifican con los dos binarios (aunque no dio ninguna indicación sobre cómo denominarlo) o eliminar toda referencia al género en el registro civil y los documentos oficiales.
Con las sentencias alemana y austriaca parece que se abre en Europa una vía que ya es una realidad en otros lugares del mundo. Australia en 2011 o Canadá en 2017, California, también en 2017ya han introducido medidas de ese tipo. La posibilidad de registrarse bajo un tercer género o de dejar en blanco el género también ha sido regulada de diferentes formas en países como Pakistán, India, Nepal, Nueva Zelanda y que Alemania había anunciado.
El reconocimiento y las necesidades específicas de las personas intersexuales, de hecho, es un asunto sobre el que se han posicionado tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de Europa, a favor de la prohibición de las cirugías de “asignación” en menores como principal objetivo.
Comentarios desactivados en Un profesor de Matemáticas, obligado a dejar de dar clase después de que sus alumnos lo rastrearan en Google y encontraran que fue actor porno gay
Scott Sherwood, profesor de Matemáticas en un colegio británico, se ha visto obligado a dejar de dar clase después de que sus alumnos descubrieran en Google que en el pasado había trabajado como actor porno gay y el asunto llegase a oídos de los adultos. Según el comunicado del centro, el cese de su actividad docente es “por mutuo acuerdo” en tanto tiene lugar una investigación.
El australiano Scott Sherwood ha sido entrenador personal durante 15 años. A partir de 2012, durante dos años, formó parte del equipo docente de Educación Física en una escuela primaria en Inglaterra. En 2015 se graduó en Matemáticas por la Universidad de Sussex y en 2016 se incorporó como profesor de dicha asignatura en la Peacehaven Community School, a la que asisten adolescentes de entre 11 y 16 años. El colegio está situado en Peacehaven, una localidad de unos 14.000 habitantes de la cosa inglesa.
La polémica surge cuando alguno de los actuales alumnos de Sherwood, queriendo saber más acerca de la vida de su profesor, buscan en Google y descubren que en el pasado Sherwood ha trabajado en la industria del porno gay, bajo el pseudónimo de Aaron Cage, protagonizando varias películas para Colt Studio, una productora de cine porno gay de San Francisco. Encuentran incluso un vídeo publicado en 2010 en YouTube con una entrevista al actor en el que este habla abiertamente de su experiencia en la industria del porno. En ese momento los alumnos comienzan a hacer circular fotografías de “Aaron Cage”, así como este y otros vídeos en los que aparece. Uno de sus antiguos alumnos llega incluso a identificarlo como su profesor de Matemáticas en los comentarios de YouTube:
Como era de esperar, el asunto llega a oídos de los adultos. Y es en este momento cuando salta la polémica y la noticia llega a The Sun. “Recogí a mi sobrina de 14 años riéndose y diciendo: ‘mi profesor de matemáticas es un actor porno’. No podía creer lo que oía. Estaba furioso”, ha declarado al diario sensacionalista el tío de una alumna, que no ha querido ser identificado.
Finalmente las protestas de los padres conseguían que la escuela (un centro que sigue el modelo de “escuelas cooperativas” creado en 2006 en Reino Unido, y que otorga a los centros una capacidad de autonomía mayor que la de las escuelas públicas tradicionales) suspendiese las clases de Sherwood. Según un comunicado colgado en su web y firmado por el director del colegio, “el miembro del equipo en cuestión no estará en la escuela, por mutuo acuerdo, mientras llevamos a cabo una investigación completa. Sería inapropiado por mi parte hacer más comentarios mientras esta investigación se lleva a cabo”.
Porno gay y profesor: combinación de riesgo
Al margen de las reflexiones que cada uno haga sobre cómo el concepto de privacidad se ha modificado con el estallido de internet y las redes sociales, no podemos sino sorprendernos del escándalo que causa el que una persona que al fin y al cabo no ha cometido delito alguno pueda ejercer la docencia si está cualificado para ello. Mucho nos tememos, además, que el factor homófobo juega en estos casos un papel determinante. No se trata, de hecho, de la primera noticia de este tipo que recogemos en dosmanzanas. En 2009 un profesor de Educación Física de un selecto colegio inglés para chicos fue suspendido después de que sus alumnos encontraran y difundieran sus fotos posando desnudo para una web de porno gay. Acabó renunciando al trabajo.
Y en 2013 la Comisión de Prácticas Educativas de Florida decretó la readmisión de otro profesor, en este caso de una escuela pública, que había sido suspendido dos años antes por la direccción del centro al conocer sus antecedentes como actor porno gay. Tras su readmisión declaró que se sentía mucho más libre, y que si algún alumno sacaba el tema ya no tendría las manos atadas para discutirlo abiertamente. “Ahora puedo usar mi propia experiencia vital en la enseñanza”, señaló.
Comentarios desactivados en Suecia aprueba indemnizar con más de 22.000 euros a las personas trans a las que obligó a esterilizarse para poder ver reconocida su identidad de género
El Parlamento de Suecia ha aprobado el pago de una indemnización compensatoria a las personas trans que fueron obligadas a esterilizarse para poder ver reconocida legalmente su identidad de género. Se trata de la primera vez que un país toma esta decisión, en lo que supone una importante victoria de los colectivos en favor de los derechos de las personas trans. En 2016, el ministro de Salud Pública del país escandinavo, Gabriel Wikström, confirmó que el Gobierno sueco pagaría una indemnización a las personas trans que fueron víctimas de la esterilización forzada.
El 19 de diciembre de 2012 un tribunal de Estocolmo consideró inconstitucional y contraria a la Convención Europea sobre Derechos Humanos la ley de 1972 que obligaba a aquellas personas transexuales que quisieran modificar su situación registral a someterse a la esterilización. Comprensiblemente, la ley despertaba una fuerte oposición dentro del país (el entonces primer ministro Fredrik Reinfeldt la describió en 2010 como “un capítulo oscuro de la historia sueca”) y provocaba asombro en el extranjero. El Gobierno sueco ya tenía programado eliminar el requisito de esterilización a partir del 1 de julio de 2013, pero el dictamen judicial lo adelantó unos meses (en enero de 2013 nos hicimos eco en esta misma página).
Ya por entonces la presidenta de la Federación Sueca por los Derechos LGTB (RFSL) adelantó su intención de demandar indemnizaciones para las personas que sufrieron la ley (se estima que de 600 a 700). Han pasado cinco años, pero por fin el Parlamento sueco ha tomado la decisión de resacirlas. Recibirán 225.000 coronas suecas (algo más de 22.000 euros). A modo de precedente, en 1999 el Parlamento sueco aprobó indemnizaciones por 175.000 coronas suecas para las víctimas de esterilizaciones forzadas bajo un programa de eugenesia en vigor entre 1935 y 1996. “Ha sido una larga lucha, y estoy feliz de que la RFSL haya jugado un importante papel en esta histórica victoria. Hemos demandado esto desde 2013, cuando el requisito de esterilizarse para modificar legalmente la identidad de género fue abolido. El dinero no puede deshacer el daño de perder de forma forzada tus capacidades reproductivas, pero la compensación monetaria es un paso importante para que el Estado resarza de alguna forma a todas aquellas personas que lo sufrieron”, ha declarado Emelie Mire Åsell, portavoz del área trans e intersex de la RFSL.
La decisión ha sido saludada tanto por ILGA-Europa como por Transgender Europe, que consideran que marcha un importante precedente. “Esta decisión es un mensaje para los 16 países europeos en los que se continua obligando a las personas trans a esterilizarse antes de ver reconocida legalmente su identidad de género. La Corte Europea de Derechos Humanos ya falló en 2017 que los requisitos de infertilidad en las leyes de reconocimiento de la identidad de género son contrarios a los derechos humanos de las personas trans, de modo que todos los países que los siguen exigiendo deben reformar sus leyes”, expresa el comunicado de Transgender Europe.
Esterilización forzada de las personas trans: todavía una realidad en Europa
Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas trans a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. Y no fue hasta 2017, como señalaba el comunicado de Transgender Europe, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó esta práctica. Y aunque poco a poco los países han ido adaptando sus legislaciones, según esta organización 16 países europeos siguen haciéndolo. La mayoría del Este de Europa, pero también hay algunos occidentales, como Finlandia, cuyo Parlamento rechazó el pasado mes de octubre tramitar una ley en ese sentido.
En España, aunque la situación es más favorable y no se exige la esterilización como tal, la ley 3/2007 hace necesario todavía un diagnóstico de “disforia de género” y exige (aunque con excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Un marco legislativo pendiente de ser actualizado por el Congreso, donde la proposición de ley correspondiente, presentada por el grupo socialista, fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma. Posteriormente permaneció bloqueada durante varias semanas más por la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos. El desbloqueo no tuvo lugar hasta finales de febrero, un año después de ser registrada. Esperemos que se apruebe en próximas semanas.
Comentarios desactivados en La justicia de Kenia declara ilegales los humillantes exámenes anales a los acusados de homosexualidad
Caleb Omar Idris y George Maina Njeri denunciaron que fueron sometidos a examen anal
Victoria del activismo LGTB en Kenia
Durante las pruebas el personal médico insertaba el dedo en el ano de los acusados.
La ONU considera que estas prácticas son «inhumanas, crueles y degradantes».
Buena noticia la que nos llega desde Kenia, cuya Corte de Apelaciones ha fallado que el uso de los exámenes anales para “probar” la homosexualidad es ilegal. El proceso judicial tiene origen en la detención de dos hombres que en 2015 fueron acusados de mantener relaciones homosexuales (en su momento recogimos la noticia), a los que se sometió a esta humillante práctica.
El Tribunal de Apelaciones de Kenia ha declarado ilegal la práctica de reconocimientos médicos anales para determinar si una persona es homosexual, tipificado como delito en este país.
El tribunal se pronunció así en respuesta a un recurso de apelación presentado por dos hombres contra el fallo del Tribunal Superior de Mombasa, en la costa de Kenia, que en 2016 desestimó una demanda de inconstitucionalidad contra la citada práctica. Los dos varones, Caleb Omar Idris y George Maina Njeri, se sometieron a esas pruebas, tras ser denunciados por la policía, y decidieron emprender una acción judicial para que fueran declaradas ilegales.
Los detenidos recurrieron a la justicia, pero en 2016 un juez del tribunal de Mombasa alegó que los demandantes se sometieron de forma voluntaria a ese examen, lo que legalmente invalidaba su demanda. El Tribunal Superior de Mombasa consideró que la práctica de los exámenes anales era legal e incluso “razonable” como prueba de homosexualidad. Una decisión que fue criticada por el activismo LGTB de Kenia y por organizaciones internaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional. Eric Gitari, responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas de Kenia (NGLHRC en sus siglas en inglés), que ha dado apoyo y sostén a los demandantes, calificó de “deliberadamente homófobo” al juez que firmó la sentencia, que llegó a afirmar que “la boca y el ano no son órganos sexuales”, al tiempo que comparaba a los “sodomitas” con los perros.
La sentencia fue recurrida, y finalmente un tribunal de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Kenia ha dado la razón a los demandantes, al considerar esta práctica ilegal. «La prueba no puede permitirse. Yo, por tanto, permito la apelación y anulo la decisión del Tribunal Superior», dictaminó el juez Alnashir Visram, del Tribunal de Apelación. Durante esas pruebas, personal médico inserta sus dedos en el ano del acusado o pide a los hombres que se desnuden y se inclinen o tumben en sillones con estribos para examinar visualmente su región anal. Sin embargo, el magistrado Visram subrayó que esa decisión fue inconstitucional y, además, supone una violación de los derechos humanos.
“Estamos agradecidos de que la Corte de Apelaciones haya puesto por delante los derechos de los ciudadanos kenianos. Con esta sentencia, los jueces afirman que todos merecemos ser tratados con dignidad y nuestros derechos básicos respetados, tal y como consagra la Constitución de Kenia“, ha declarado Njeri Gateru, principal asesor legal de la NGLHRC.
No hay que olvidar que los exámenes anales, cuyo supuesto objetivo es encontrar restos de esperma y medir la dilatación del esfínter anal como “prueba” de homosexualidad, están considerados una forma de tortura- Además de no tener «ningún valor médico», la ONU considera inhumanas, crueles y degradantes estas prácticas, que también están prohibidas por tratados internacionales contra la tortura y los derechos civiles, pero son una práctica habitual en muchos lugares en los que las relaciones homosexuales están criminalizadas. Hasta este fallo, Kenia era uno de los al menos ocho países donde se usan exámenes anales médicos, junto a Camerún, Egipto, el Líbano, Túnez, Turkmenistán, Uganda y Zambia, según la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch. Su erradicación en Kenia supone sin duda un paso en la buena dirección.En Kenia, los «delitos» homosexuales se castigan con hasta catorce años de prisión.
La sentencia de la Corte de Apelaciones de Kenia ha sido recibida con satisfacción por organizaciones de derechos humanos y colectivos LGTB de diversos países africanos, pero también por varias delegaciones diplomáticas extranjeras en Kenia, como la alemana:
🎉 Amazing news from Kenya! The Court of Appeals has ruled that the use of forced anal examinations by the state is unlawful. 🎉 Congratulations to @NGLHRC and to all of those who fought to make it happen! #StopForcedTestinghttps://t.co/o7mUcjTrEN
¿Hacia la posible despenalización de la homosexualidad?
No está de más recordar que sigue pendiente de resolución otro importante proceso, también promovido por la NGLHRC, y que busca poner fin a la criminalización de la homosexualidad en Kenia. Si la sentencia es favorable tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso. Hace pocas semanas nos hacíamos eco, por cierto, de la campaña que CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, promovía contra la posible despenalización.
Actualmente, existen varios artículos en el Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe “Homofobia de Estado” de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes “tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza” o “quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza”. El artículo 163, por su parte, castiga a “quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años”.
Asimismo, el artículo 165 establece que “el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años”. Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.
Un pasado de persecución y LGTBfobia de Estado
Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana), en el que a las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social, que castiga la práctica de la homosexualidad, como hemos dicho, con penas de hasta 14 años de cárcel, en base a leyes heredadas de la época colonial británica. Precisamente a principios de 2015 informábamos de la detención de dos hombres, acusados de practicar la homosexualidad, víctimas de una operación policial más amplia, con la que se pretendería dar ejemplo tras salir a la luz unos informes que señalan un aumento del turismo homosexual en la zona costera del país.
A las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaría dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% considera tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social y en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.
Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra por ejemplo Denis Nzioka, que en 2012 trató de presentarse a las elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó entonces como senador, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.
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