En estos tiempos de regresión política en Estados Unidos, la protección legal contra la discriminación de las personas LGTB es una de las principales batallas que se están librando en ese país, tanto a nivel local y de los estados como en el nivel federal, en el que la administración Obama fue incapaz de consolidar una legislación garantista. Analizamos la situación al hilo de dos noticias contrapuestas. Una, procedente de la justicia federal, muy favorable: por segunda vez en la historia reciente, y a pesar de los esfuerzos de la administración Trump (que se personó en el proceso), una Corte de Apelaciones ha considerado que la orientación sexual es una categoría protegida por la Ley de Derechos Civiles por lo que la protección laboral se refiere. Otra, procedente de la política, desfavorable: 21 senadores republicanos han presentado un proyecto de ley que haría legal la discriminación homófoba. 

El contexto: ausencia de una ley contra la discriminación laboral LGTBfoba

La aprobación de una ley que prohíba a nivel federal la discriminación laboral por razones de orientación sexual o identidad de género ha sido una de las reivindicaciones históricas del colectivo LGTB estadounidense. A día de hoy la legislación varía según los estados, e incluso hay normas distintas según el condado o la localidad de residencia, de manera que en muchos lugares sigue siendo legal negar un empleo a un candidato solo por ser gay, lesbiana, bisexual o transexual. Desde 1994, de hecho, diversas variantes de una propuesta de ley de no discriminación en el empleo (ENDA, por sus siglas inglesas) han sido presentada ante el Congreso, sin que ninguna haya prosperado. Ni siquiera en 2007, con un Congreso de mayoría demócrata: entonces solo pasó el filtro de la Cámara de Representantes y ello a cambio de retirar del proyecto la protección a las personas transexuales.

El último intento fue el que tuvo lugar en 2013. En noviembre de ese año el Senado, aún con mayoría demócrata, consiguió aprobar un proyecto presentado inicialmente por el senador Jeff Merkley con apoyo “bipartidista”, aspecto que es muy valorado en la política interna estadounidense: diez senadores republicanos se adhirieron al proyecto. Lamentablemente los republicanos no movieron un dedo por conseguir que el proyecto avanzase en la Cámara de Representantes, que controlaban de forma mayoritaria. El proyecto quedaba, una vez más, en vía muerta. La victoria de Donald Trump en las elecciones de 2016 y el tsunami republicano acabaron con cualquier esperanza de aprobación.

Obama y Trump: las órdenes ejecutivas de la discordia

Para compensar la no aprobación de la ENDA, Barack Obama dictó en 2014 una orden ejecutiva que de forma explícita prohibía a todas aquellas empresas que tengan o que aspiren a cerrar contratos con la administración federal discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género (categoría esta última que antes no gozaba de ningún tipo de protección). Unos 14 millones de personas que trabajaban para empresas dependientes del gobierno federal vieron de esta forma reforzada su seguridad jurídica ante posibles acciones discriminatorias. Se trata, en cualquier caso, de una orden ejecutiva, no de una ley. Donald Trump puede revertirla al margen del Congreso, y de hecho esa fue una de las posibilidades que se barajó tras su victoria.

Finalmente la reversión no se materializó y Trump mantiene de momento la orden de Obama. Ahora bien, ya en varios momentos los medios estadounidenses han recogido su intención de emitir otra orden ejecutiva a favor de la “libertad religiosa” que la convertiría en papel mojado.

La batalla en los tribunales: el caso Zarda

Pero la posición de la administración Trump respecto a la discriminación de los trabajadores LGTB tiene más frentes, no solo el referido a las empresas que trabajan con la administración federal. De fondo, existe una larga discusión jurídica, que radica en si el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohibe la discriminación laboral por motivos de “raza, color, religión, sexo u origen nacional”, impide también la discriminación laboral por razones de orientación sexual. Tradicionalmente, la justicia estadounidense había adoptado en este punto una interpretación “literalista”, según la cual si “orientación sexual” no forma parte de la lista de circunstancias citadas en el texto de ley, no puede considerarse cubierta.

Pero en abril de 2017, por primera vez desde que en 1964 Estados Unidos aprobase su histórica Ley de Derechos Civiles, la Corte de Apelaciones del 7º Circuito (con sede en Chicago y jurisdicción sobre los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin), consideró que la discriminación laboral por razones de orientación sexual sí queda cubierta por la misma. Y hace solo unas pocas semanas otra Corte de Apelaciones, en este caso del 2º Circuito (con sede en Nueva York y jurisdicción sobre los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont), emitía un fallo en el mismo sentido.

Una decisión, la del 2º Circuito de Apelaciones, que ha sido además toda una bofetada a la administración Trump, cuyo Departamento de Justicia llegó a personarse en el proceso judicial para argumentar que la legislación federal contra la discriminación laboral no debía aplicarse a la orientación sexual. El caso en litigio, Zarda v. Altitude Express, dirime una denuncia por discriminación interpuesta por Donald Zarda, un instructor de paracaidismo que fue despedido poco después de que su empresa supiese de su orientación sexual.

Estaremos atentos a cómo evoluciona el tema, aunque la cuestión tiene altas probabilidades de acabar siendo revisada antes o después por el Tribunal Supremo. Por lo pronto, el hecho de que el Departamento de Justicia decidiese personarse en Zarda v. Altitude Express para apoyar la causa homófoba dice mucho de la dirección que la administración Trump ha decidido escoger. Al frente del Departamento de Justicia, recordemos, está nada más y nada menos que Jeff Sessions, uno de los políticos estadounidenses con un historial más activamente anti-LGTB.

Los republicanos rescatan la FADA, una propuesta de ley discriminatoria

En este contexto, los republicanos han decidido reactivar una de sus propuestas: la de la llamada First Amendment Defense Act (FADA), una ley que prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones de los estados o de la administración federal, a personas y negocios que discriminen a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos. La FADA, que en cierto modo podría considerarse “el reverso tenebroso” de la ENDA, fue introducida por primera vez en el Congreso estadounidense en 2015 y recabó significativos apoyos entre los legisladores republicanos, aunque entonces no prosperó y ni siquiera llegó a ser votada en ninguna de las dos cámaras.

El Partido Republicano, sin embargo, la incluyó en su plataforma electoral de 2016, y ahora un grupo de 21 senadores de ese partido, liderados por Mike Lee (senador por Utah) ha decidido presentarla de nuevo. De acuerdo a su literalidad, la FADA persigue impedir “que el Gobierno federal tome cualquier medida discriminatoria” contra personas, negocios o instituciones por su “creencia religiosa o convicción moral de que el matrimonio es o debe ser reconocido como la unión de un hombre y una mujer” o de que “las relaciones sexuales fuera del matrimonio son inadecuadas”. En la práctica, de ser aprobada, la FADA haría prácticamente inservible cualquier tipo de medida antidiscriminatoria por razones de orientación sexual, y no solo a nivel laboral: también en materia de prestación de servicios, vivienda o cobertura sanitaria o de cualquier otro tipo de cónyuges del mismo sexo.

Veremos qué sucede finalmente. A día de hoy, teniendo en cuenta que faltan menos de ocho meses para las elecciones “de medio término”, en las que se renovarán la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y dado los recientes reveses republicanos en elecciones parciales (como la derrota del LGTBfobo Roy Moore en Alabama), todo apunta a que la FADA cuenta con pocas posibilidades de salir adelante y constituye más un “postureo” hacia el electorado ultraconservador que otra cosa. Pero de lo que no cabe duda alguna es de que la discusión sobre cómo permitir la discriminación legal de las personas LGTB sigue muy viva entre los republicanos. En 2018.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Ámbito laboral, Barack Obama, Corte de Apelaciones del 2º Circuito, Corte de Apelaciones del 7º Circuito, Discriminación, Donald Trump, Donald Zarda, ENDA, Estados Unidos, FADA, Homofobia, Jeff Sessions, LGTBfobia, Mike Lee, Partido Republicano, Transfobia

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) ha presentado su 16º Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género. Los datos que arroja el informe son preocupantes: en 2017, un año que el propio MOVILH ha calificado como “de la furia” contra personas y activistas, las denuncias por LGTBfobia en ese país experimentaron un aumento del 45,7%. El informe recoge como uno de los detonantes de este aumento la presencia en Chile del “autobús de odio” de HazteOír y su marca internacional, CitizenGO. Como dato optimista el MOVILH recoge 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGTBI en todo el país. 

Los grupos contrarios a la igualdad de derechos para las personas LGBTI multiplicaron sus discursos y acciones en el último año a lo largo de todo Chile, un hecho sin precedentes. Pese a ello, las víctimas están alcanzado justicia, a un punto que en 2017 el Poder Judicial se transformó en el más progresista del Estado.

Un alarmante aumento del 45.7% experimentaron los casos y denuncias por homofobia y transfobia en Chile, hecho que contrasta con 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGBTI en los más variados planos, reportó el XVI Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género lanzado hoy por el Movimiento Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

Debido al explosivo incremento de los abusos, el 2017 fue calificado como el “Año de la Furia” contra los activistas y personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGBTI) , aunque resalta y brilla de manera positiva que el Judicial se transformó en el poder estatal más progresista en la temática y el que más protege los derechos humanos de las personas con identidad de género u orientación sexual diversa, mientras que en la Derecha política destaca la expresión pública de profundas diferencias sobre estos tópicos.

El Año de la Furia

“El 2017 fue un año de violencia extrema contra las personas LGBTI, las familias homoparentales, los adolescentes y niños/as trans y los defensores de DDHH, en tanto los opositores a la igualdad cursaron iniciativas sin precedentes para torpedear todo tipo de legislación y/o política pública favorable a la diversidad sexual y de género”, indica el informe.

Añade que “la inédita cruzada del Bus del Odio en el Gran Santiago provocó un efecto de odiosidad en cadena: fue emulada en regiones, los grupos homo/transfóbicos potenciaron la virulencia de sus discursos y las autoridades ultraconservadoras dieron la mano a la campaña, dotándola de cierta “validez” en el escenario público en tanto era presentada como una forma de expresión neutral, en vez de nociva para la dignidad de los seres humanos”.

El estudio explica que el “contexto de los comicios presidenciales y parlamentarios hizo lo suyo. Las candidaturas contrarias a la igualdad extremaron su rechazo a la diversidad sexual y de género, a un punto que lo convirtieron en una de las banderas de sus campañas, algo inédito en la historia democrática del país”.

“En tanto, toda medida pro LGBTI fue enfrentada con iniciativas violentas que iban desde la presentación de recursos judiciales, hasta las golpizas y ataques en la vía pública, en especial contra los defensores de los derechos humanos”, indica la investigación.

“El Año de la Furia contra las personas LGBTI conoció de acciones y discursos tan cavernarios como las que tenían tribuna en la década de los 90, siendo la prueba más simbólica de ello el hecho de que fuese la propia presidenta de la República, Michelle Bachelet, la que se convirtiera en una de las víctimas de la homofobia y la transfobia al ser insultada en el Tedeum evangélico por su apoyo a los derechos de las personas LGBTI y de las mujeres”, sostiene el estudio.

Las cifras de la discriminación

Los casos y denuncias por homofobia y transfobia incrementaron un 45,7% en 2017, conociéndose 484 episodios de odio, la cifra más alta que se tiene registro y que por si sola acumula el 20% del total de abusos ocurridos en los últimos 16 años.

Los 484 hechos se dividieron en 2 asesinatos, 56 agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles, 1 abuso policial, 38 casos de discriminación laboral y 20 de exclusión educacional, 77 movilizaciones homo/transfóbicas, 38 episodios de marginación institucional, 11 obstáculos para el acceso a servicios o productos en los espacios públicos o privados, 72 abusos propinados por familiares, amigos o vecinos, 166 declaraciones de odio y 3 casos de vulneración de derechos en la cultura, los medios y el espectáculo.

En 7 de las 11 categorías de discriminación aumentaron los abusos, registrándose el incremento más alto en las declaraciones de odio (245% más que en 2016), seguida por los abusos en cultura y medios (200%), las movilizaciones homo/transfóbicas (108%), la discriminación educacional (53%), las agresiones físicas o verbales cometidas por civiles (40%), los atropellos impulsados por familiares o vecinos (28%) y las exclusiones laborales (18%).

El 20% de los casos afectó a gays; con un alza del 26% en relación al 2016; el 18% a trans; el 14% a lesbianas y el 48% a la diversidad sexual y de género como conjunto. Los denuncias por abusos contra trans bajaron un 17% y contra lesbianas un 1,4% en comparación con el 2016.

Del total de abusos fueron responsables 49 instituciones y 304 personas, buena parte de éstas vinculadas a movimientos ultra católicos, ultra-evangélicos, neonazis o de extrema derecha.

Las regiones que más casos de discriminación registraron en 2017 fueron la Metropolitana (31%), Valparaíso (14%), Biobío (10.1%) y Coquimbo, (4.6%), seguidas por Los Lagos (3.7%), La Araucanía (2.5%), Antofagasta (2.3%), Maule, (2.1%) Libertador Bernardo O´Higgins (1,7%), Región de Magallanes y la Antártica Chilena (1.2%) Tarapacá (0.6%), Atacama (0.4%), Los Ríos (0.2%), Arica y Parinacota (0.2%) y Aysén (0%).

En tanto las regiones donde más aumentaron los casos o denuncias en comparación con el 2016 fueron Libertador Bernardo O´Higgins (300%), Coquimbo (266%), Los Lagos (157%), La Araucanía (100%), Biobío (88%), Magallanes y la Antártica Chilena (50%), Metropolitana (39%) y Antofagasta (10%).

Los movimientos LGBTI intervinieron en el 97.2 % de los casos, brindando ayuda y orientación a las víctimas.

Ranking Anual de la homofobia y transfobia

A nivel individual encabezaron el Ránking Anual de la Homofobia y la Transfobia 2017 los asesinos de personas LGBTI (Cristián Andrés Muñoz Muñoz, César Antonio Araneda Palma, Bernabé Vega y Héctor Morales), seguidos en el segundo lugar por la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda; el presidente de la Ong Padres Objetores, Francisco Fritis y el director de Citizen Go, Luis Losada.

Con ellos/as comparten el segundo lugar los senadores Manuel José Ossandón e Iván Moreira, los diputados José Antonio Kast e Ignacio Urruria y el ex alcalde de Talca, Juan Castro Prieto. Le siguen, en el tercer puesto la psicóloga de la Fundación Restauración, Marcela Ferrer y, en el cuarto, el magistrado Ricardo Blanco.

El quinto lugar lo integran los senadores Juan Antonio Coloma, Jacqueline Van Rysselberghe, Ena Von Baer, Francisco Chahuán, los diputados José Manuel Edward, María José Hoffman, Patricio Melero, Iván Norambuena, Claudia Nogueira, Arturo Squella, Osvaldo Urrutia, Felipe Ward y René Manuel García. (Listado completo, hasta la ubicación 25, se encuentra en el informe).

A nivel institucional lideran el Ranking el Observatorio Legislativo Cristiano, la Ong Padres Objetores y Gendarmería, todos en el primer lugar. Le siguen la Catedral Evangélica, Citizen Go y Hazte Oír, el Colegio Español de Coquimbo, Colegio Instituto Cristiano Gandarillas de Maipú, el Liceo Bicentenario Italia, la UDI, la Iglesia Católica, el Consejo Regional del CNCA en el Maule, la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes (Soched). A estos suman diversas iglesias evangélicas, ongs ultra-conservadoras y empresas como el Club Playa Luna y Pre-Unic. (Listado completo hasta la ubicación 18 se encuentra en el informe)

 Poder Judicial, el más progresista

“El Poder Judicial llegó tarde a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI y las familias homoparentales, pero cuando lo hizo superó en apertura a los otros poderes del Estado, avanzando a pasos agigantados y sin precedentes”, sostiene el informe. Añade que la “evolución acelerada del Poder Judicial desde el 2015, se consolidó en 2017 a un punto que temas como los derechos de niños y niñas trans, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental ya los tiene zanjados a nivel institucional, pues se ha pronunciado a favor amparado en una perspectiva de derechos humanos. Por el contrario, el Legislativo aún no aprueba estas leyes y las medidas del Ejecutivo se mueven entre consensos, además de poner el acelerador para la tramitación legislativa de manera coyuntural y discontinua”.

“Moviéndose en los márgenes de las leyes; lo que ata de manos en algunos puntos al Poder Judicial mientras no se cuente con el matrimonio igualitario; durante el 2017 los tribunales dictaron 5 fallos a favor de los derechos de internas/as LGBTI recluidos/as en centros penitenciarios, además de cambiar el nombre y sexo legal de 89 personas, en circunstancias que en 2006 sólo había autorizado a 7”, precisa el estudio.

Detalla que “la Corte Suprema aplicó además dos veces la Ley Zamudio por homofobia, además de entregar la tuición de sus dos hijos a un hombre que vivía con su pareja del mismo sexo. Hubo otros cinco fallos de distintos tribunales contra los abusos laborales a personas LGBTI, mientras que las cortes rechazaron dos recursos de protección contra las políticas educacionales pro diversidad y una querella por prevaricación que una ONG había presentado contra el juez Luis Fernández por haber cambiado el nombre y sexo legal de una niña trans”.

“A la par fue condenado el asesino transfóbico de Litzi Odalis Parrales y se sancionó a dos mujeres que habían agredido a una madre por defender a su hijo de apenas 8 años de insultos homofóbicos”, sostiene el Movilh

Se trata así de al menos 107 fallos favorables a los derechos LGBTI dictados en el plazo de un año, lo cual contrasta con el pasado homofóbico y transfóbico del Poder Judicial” apunta la investigación.

“En efecto, la transformación del Judicial es radical y profunda cuando se recuerda que de todos los poderes del Estado es el que más ha aparecido en el Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia, ocupando la Corte Suprema el primer lugar en los años 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2012 y el 2013, mientras que en 2014 quedó en el sexto puesto”, recuerda el estudio. “Nunca antes algún ente experimentó tal nivel de cambio en torno a los derechos LGBTI, aspecto que merece todos los aplausos y convierte al Judicial en el poder del Estado más progresista en la materia, lo cual sólo se mantendrá si se profundiza en la mima línea, al margen de cuáles sean las autoridades de turno”, apunta el informe.

 Exacerbación de diferencias en la Derecha

Otro “sello del 2017 es la exacerbación de las diferencias entre la Derecha política sobre los derechos humanos de las personas LGBTI, en tanto se hicieron más visibles que nunca los extremos: por un lado una deshumanizada homofobia y transfobia y por otro la promoción de la no discriminación, estando en el centro quienes rechazan la igualdad plena, pero evitan ofender o denigrar a través de sus discursos”, indica el informe.

Añade que “el proceso fue nítido en el contexto de las elecciones presidenciales, estando en la ultra-homofobia y transfobia los candidatos Manuel José Ossandón y José Antonio Kast y en el lado opuesto Felipe Kast, el primer abanderado de derecha en cuadrarse con el matrimonio igualitario”.

La investigación enfatiza que “las disputas públicas entre la derecha sobre temáticas LGBTI también se apreciaron en otros contextos, como le llegada a Chile del Bus del Odio, la campaña Arcoíris que insta a instituciones públicas y privadas a izar la bandera de la diversidad, los debates sobre la ley de matrimonio y la ley de identidad de género y la reunión del Comando de Piñera con el Movilh, hechos coyunturales que convirtieron al 2017 en el año con mayor exposición de las distintas posturas de la Derecha”. “El desafío para la Derecha será comprender que la no discriminación por orientación sexual e identidad de género es un tema de DDHH y que, en consecuencia, deben respetarse al margen de cualquier consideración política, ideológica o valórica. En caso contrario, simplemente no se respetan los derechos humanos, un talón de Aquiles para la Derecha cuando se trata de igualdad legal para las personas LGBTI”, apunta el estudio.

 61 hitos positivos, 6 negativos

El estudio destaca, por último, que el año “hubo 67 hechos de transcendencia que marcaron la historia de los derechos humanos de las personas LGBTI”.

En el plano de las políticas públicas, la Superintendencia de Educación lanzó una circular para proteger derechos de estudiantes trans; el Servicio de Salud de Reloncavi se transformó en el cuarto del país donde pueden gestionarse las cirugías de readecuación corporal; el Hospital Sótero del Río elaboró un programa sobre identidad género; el Minsal enfatizó su rechazo a las terapias reparativas de la homosexualidad; el Primer Plan Nacional de Derechos Humanos incorporó temáticas LGBTI; se publicó un sitio web estatal para informar y sensibilizar sobre el matrimonio igualitario y Bachelet se convirtió en la primera mandataria en dar un mensaje pro igualdad con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, al igual que la ministra de Educación Adriana Delpiano.

Además la Municipalidad de Providencia distribuyó entre sus funcionarios la circular número 1 sobre no discriminación, mencionando todas las categorías protegidas por la Ley Zamudio; su símil de Recoleta inauguró la Biblioteca Pública Pedro Lemebel; el municipio de Quellón organizó la Primera Marcha por la Inclusión y la Diversidad de la comuna y Las Condes y la Plaza de Tribunales de Concepción desplegaron la bandera de la diversidad. En tanto, las piletas de la Plaza Cruz, de la Plaza Bélgica y de las rotondas Paicaví y Lomas de San Sebastián, en la región del Biobío, fueron iluminadas con los colores del arcoíris, al igual que el Arco de la Universidad de Concepción.

En el plano legislativo se aprobó una reforma al Acuerdo de Unión Civil que extiende a los convivientes los 5 días de permiso laboral y la presidenta Bachelet presentó en el Congreso Nacional un Proyecto de Ley que Sanciona la Incitación a la Violencia Física y el Proyecto de Matrimonio Igualitario, lo cual fue antecedido por dos históricas ceremonias sobre la materia celebradas en La Moneda, en el marco del cumplimiento del acuerdo firmado ante la CIDH.

En el mismo ángulo, la bancada del PS presentó un proyecto de ley que sanciona la incitación al odio, parlamentarios de la Nueva Mayoría ingresaron una iniciativa que permite la adopción aparejas del mismo sexo y la Cámara de Diputados aprobó una resolución impulsada por el PC que rechazó los mensajes discriminatorios promovidos por el autodenominado “Bus de la Libertad”.

En el campo judicial hubo 107 sentencias favorables a los derechos humanos de las personas LGBTI y de las familias homoparentales, destacando la tuición de sus dos hijos entregada a un padre, pese al homofóbico rechazo de la madre, y un fallo que validó la determinación del juez Luis Fernández de cambiar el nombre y sexo legal de una niña de 5 años.

En el terreno cultural, académico y/o mediático el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) lanzó su primera guía contra la homofobia y la transfobia, la cinta “Una Mujer Fantástica” fue seleccionada para representar a Chile en la carrera por los Oscar; la Universidad Academia de Humanismo puso en marcha un reglamento que garantiza el respeto al nombre y sexo social de las personas trans; la Universidad de Chile se transformó en la primera Casa de Estudios en impartir un curso sobre la realidad de las personas LGBTI y la actriz Daniela Vega se convirtió en la primera mujer trans en participar de un spot publicitario.

En el campo social y de las movilizaciones, el Metro de Santiago adhirió con una campaña al Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y el Movimiento LGBTI celebró la Primera Muestra de Cine LGBTI en Aysén, la Primera Campaña contra la Homofobia en el Fútbol, la primera marcha del Orgullo en Punta Arenas y la Primera Marcha por el Interés Superior del Niño y de la Niña en Santiago, además de convocar al primer debate sobre el matrimonio igualitario organizado por la sociedad civil en el Congreso Nacional.

En tanto, el testimonio público de la joven Carla Aranda González, hija de una líder homo/tranfóbica, brilló al causar debate nacional e internacional y acelerar la tramitación de la ley de identidad de género

En la línea política, Guido Girardi leyó en Sala una declaración del movimiento LGBTI y Carolina Goic se convirtió en la primera presidenta de la DC y abanderada de ese partido en respaldar el matrimonio igualitario, al igual que Felipe Kast, pues fue el primer pre-candidato de Derecha en apoyar dicha ley.

En el escenario internacional la Corte Interamericana de DDHH estableció que el matrimonio igualitario y la protección y respeto de la identidad de género están garantizados en la Convención Americana de Derechos Humanos; el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que prohíbe la pena de muerte contra las personas que tienen relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo; la OEA dio luz verde a la “Resolución sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos”, donde incluye a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas; Chile y Canadá asumieron la co-presidencia de la Coalición por la Igualdad de Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI); el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que Australia violentó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al negarse a rectificar la partida de nacimiento de una mujer trans casada y Luz de Luna (Moonligth), una cinta con temática LGBTI, ganó el Óscar como mejor película.

Los hitos negativos fueron las campañas de odio de los autodenominados buses de la “Libertad” y de la “Familia”; una querella que una ONG presentó contra el juez Luis Fernández porque había autorizado el cambio de nombre y sexo legal de una niña de 5 años; el despacho por parte del Senado de una propuesta de ley de identidad de género que excluye a niños, niñas y casados y patologiza a los mayores de 18 años; las ofensas contra la presidenta Bachelet en el Te Deum evangélico y el sensible fallecimiento el diseñador de la bandera LGBTI, Gilbert Baker.

Por último, en 2017 salió a la luz el primer crimen homofóbico cometido por agentes de la Dictadura.

Informe completo aquí

Fuente MOVILH

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El Parlamento del Territorio del Norte australiano aprobó este martes un proyecto de ley para equiparar a todas las parejas, independientemente del género de sus integrantes y su estado civil, en el acceso a la adopción de menores. Se trata del último estado o territorio del país que abre esta posibilidad a las familias homoparentales. Hasta ahora solo podían adoptar las parejas que llevaran casadas al menos dos años. Esta restricción excluía a las del mismo sexo, que solo han podido contraer matrimonio desde el pasado diciembre.

Una nueva discriminación de las personas LGTB que cae en Australia. La Asamblea Legislativa del Territorio del Norte dio su visto bueno el martes pasado a un proyecto de ley para permitir la adopción de menores por parte de parejas no unidas en matrimonio que lleven al menos dos años conviviendo. Hasta la aprobación de esta norma, solo las casadas (también durante dos años como mínimo) eran elegibles.

El Territorio del Norte era la última jurisdicción australiana que impedía la adopción por parte de parejas que no estuvieran casadas. El requisito de dos años de matrimonio excluía además a las del mismo sexo, que ni siquiera podían adoptar a los menores que tuvieran en acogida. Australia abrió el matrimonio a todas las parejas en diciembre de 2017, tras años de discusión política. La regulación de la adopción, sin embargo, siguió siendo competencia de los estados y territorios que conforman el país.

Las primeras jurisdicciones en permitir a las parejas del mismo sexo acceder a la adopción conjunta fueron el estado de Australia Occidental en 2002 y el Territorio de la Capital Australiana (ACT) en 2004. Los demás se fueron uniendo y Australia Meridional fue la penúltima en 2017. Este estado y el Territorio del Norte son los únicos que impiden la adopción por parte de personas solteras, salvo circunstancias especiales sobre las que decide un tribunal.

Anna Brown, del Human Rights Legal Center, saludó la medida por “reconocer que lo más importante es que los niños crezcan en hogares llenos de amor y seguros, con independencia del género de las personas que los cuidan”. Añadió que “ahora que se ha aprobado a nivel nacional la igualdad matrimonial, es importante que adaptemos las leyes en cada estado a los valores modernos de la comunidad y eliminemos hasta el último reducto de discriminación contra las personas LGTBI de la legislación en todo el país”. Destacó la relevancia de la “estabilidad emocional y legal” que generará la nueva norma en las familias homoparentales.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Adopción, Anna Brown, Australia, Australia Meridional, Australia Occidental, Discriminación, Familia, Homoparentalidad, Human Rights Legal Center, Matrimonio, Territorio de la Capital Australiana, Territorio del Norte

El asesinato de la activista Marielle Franco desata una oleada de protestas en Brasil.

Marielle se había convertido en un icono de la lucha feminista y trabajaba para instaurar el Día de la Visibilidad Lésbica en el país.

Marielle Franco era afrodescendiente, abiertamente lesbiana, feminista y activista en favor de los derechos humanos. Militaba en el Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), y en 2016 fue elegida concejala de Río de Janeiro. En la noche del pasado miércoles, Franco fue asesinada tras participar en un acto de su partido  en favor de los derechos de las mujeres negras. Todo apunta a que existe una motivación política en su asesinato.

El pasado miércoles la activista por los derechos humanos Marielle Franco fue tiroteada mientras conducía por el centro de Río de Janeiro mientras regresaba de un acto titulado Jóvenes negras: moviendo las estructuras. En el ataque, también falleció el conductor del vehículo. En las últimas horas se ha sabido que las balas utilizadas podrían haber sido robadas a la policía.

Franco era especialmente crítica con el presidente brasileño que ha decretado una intervención militar en Río de Janeiro para combatir la violencia que azota el estado. Marielle, criada en una de las favelas más pobres de Brasil se había erigido como símbolo feminista y trataba de llevar a la agenda política las cuestiones de género. Asimismo, intentaba oficializar el “Día de la visibilidad lésbica”.

Franco, criada ella misma en una favela, era muy crítica con la violencia que habitualmente ejerce la Policía de Río de Janeiro contra los habitantes de los barrios más desfavorecidos, así como con la reciente decisión del Gobierno brasileño de militarizar la ciudad con el argumento de combatir la inseguridad. Las sospechas de que el asesinato de Franco no haya sido un delito común sino un atentado político se ven acrecentadas tanto por el proceder de los pistoleros (que interceptaron intencionadamente el vehículo en el que circulaba Franco antes de disparar contra ella y contra su chófer, que también resultó muerto) como por el hecho de que las balas utilizadas formaran parte de lotes vendidos a la Policía de Brasilia en 2006.

Lo sucedido ha provocado que miles de personas salieran a la calle este jueves y viernes en Río, Sao Paulo y otras ciudades llenando las redes sociales con los hastahags #MariellePresente y #LutoPorMarielle.

📹 Impresiomante movilización en Rio de Janeiro por el asesinato de la concejal #MarielleFranco que habia denunciado la violencia de la policía en las favelas.#MariellePresente 🇧🇷 pic.twitter.com/NMLL9jc9qR

— Oeste con vos (@oesteconvos) 16 de marzo de 2018

#MariellePresente | Una multitud se concentra en la Plaza Cinelândia, Rio de Janeiro, para rendir homenaje a la concejal Marielle Franco y Anderson Pedro, asesinados en la noche de ayer. Ella era relatora de la comisión que investiga la intervención militar. Ft: Ricardo Targino pic.twitter.com/8Pe8mZedHO

— André Vieira (@AndreteleSUR) 16 de marzo de 2018

Ahora en Brasil!! La gente marchando!! #MariellePresente pic.twitter.com/eStJ1fAkpx

— Dr Sorati (@MarianoSArg) 16 de marzo de 2018

Every day. All the time. Everywhere. #MariellePresente #LutoPorMarielle #resist #mysisterskeeper

Politician Marielle Franco assassinated in Brazil.https://t.co/g2UwCitRKs pic.twitter.com/TH2hxPurOV

— Joaille Araujo (@jdparaujo) 17 de marzo de 2018

#MarielleFranco | Continua en Rio de Janeiro el homenaje a Marielle Franco, concejal asesinada en la noche de ayer. Actos también ocurren en todo el país. #MariellePresente #MarielleVive pic.twitter.com/O37ie2zAP2

— André Vieira (@AndreteleSUR) 15 de marzo de 2018

Si la violencia patriarcal nos atropella: Sororidad, Sororidad, Sororidad#MariellePresente#TocanAUnaTocanATodas pic.twitter.com/fOPmQsQbH1

— Susana Kaufmann (@susanagkp) 15 de marzo de 2018

La actividad política de Franco se había centrado en la defensa de los sectores más desfavorecidos, y muy especialmente de los habitantes de las favelas y de las mujeres. Y aunque su condición de mujer lesbiana quizá no haya sido en este caso el factor determinante del asesinato, no puede dejar de tenerse en cuenta en un país que sufre las consecuencias de una brutal LGTBfobia. Según datos del Grupo Gay de Bahía, entre enero y septiembre de 2017 un total de 277 personas LGTB fueron víctimas de homicidio en ese país, la cifra más alta desde que este colectivo comenzó hace ya más de tres décadas a hacer este recuento.

Un deterioro al que también nos hemos referido en fechas recientes al recoger tanto el episodio de acoso que sufrió Judith Butler en una visita al país para participar en un debate universitario como la decisión de un juez federal contra la orden del Consejo Federal de Psicología (el organismo que regula el ejercicio de esta actividad profesional en Brasil) que prohibía desde hace años las “terapias” reparadoras de la homosexualidad.

No debe perderse de vista el papel que la pujanza de los grupos evangélicos está jugando. A finales de 2016, en las mismas elecciones en las que Marielle Franco conseguía su acta de concejal de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, un obispo evangélico con historial homófobo, se hacía con la alcaldía de Río de Janeiro. Y en estos momentos Jair Bolsonaro, un homófobo recalcitrante que pese a ser católico defiende sin tapujos la agenda conservadora del frente parlamentario evangélico (transversal a diversos partidos políticos) ha conseguido colocarse entre los favoritos para hacerse con la presidencia del país en las elecciones que tendrán lugar en octubre de este año. Unas elecciones que tienen lugar, recordemos, después de un periodo de profunda regresión política tras la polémica destitución de Dilma Rousseff y su sustitución por el conservador Michel Temer, vinculado a varios casos de corrupción.

Fuente | Lamarea.com, vía Dosmanzanas/EstoyBailando

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El activismo LGTB de Bermudas prosigue su lucha para que la ley que derogó el matrimonio igualitario sea anulada por los tribunales. Ese mismo activismo, además, solicita a quienes defienden los derechos de las minorías sexuales que no utilicen el boicot como arma contra la intolerancia, pues esa medida solo afectaría a quienes «han soportado la discriminación durante suficientes décadas». Muy al contrario, piden que se visite la isla como muestra de solidaridad o que se apoye económicamente al equipo que trata de recurrir la nueva legislación ante la Corte Suprema.

Desde que la Asamblea de Bermudas, un territorio perteneciente a la corona británica, aprobó la ley que impide que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, revirtiendo las decisiones de los tribunales, desde todas partes del mundo se han sucedido las muestras de apoyo a la comunidad LGTB isleña y la indignación por la conculcación torticera de sus derechos.

En las redes sociales saltó pronto la iniciativa para boicotear a la isla, muy dependiente económicamente del sector turístico. Se sucedían las voces que clamaban por esta medida, hasta que llegó a quienes tienen un gran poder de difusión. La conocida presentadora estadounidense Ellen DeGeneres, una de las más relevantes figuras de la visibilidad lésbica, comunicaba su intención de cancelar su viaje a Bermudas, e instaba a que los demás hicieran lo mismo.

Bermuda just banned marriage equality. I guess I’m canceling my trip. Anybody else? https://t.co/c5bwUbyjZt pic.twitter.com/VpT5QQAFsq

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 7 de marzo de 2018

A activistas como Same Love Bermuda, sin embargo, les preocupa mucho esta medida por la repercusión negativa para la propia comunidad LGTB de la isla, que podría verse especialmente afectada. Desde su sitio web han solicitado que no se lleve a cabo el boicot, y que se colabore apoyando económicamente al equipo legal que trata de que la ley discriminatoria sea derogada por los tribunales. Este es el texto:

La mejor manera de ayudar
El desafío legal es el canal apropiado para conseguir justicia e igualdad en Bermudas. Algunas personas han reaccionado a la ley de uniones civiles del Gobierno de Bermudas con llamadas a un boicot. Les pedimos a todos: «No boicoteen a Bermudas», eso solo perjudicará a las personas que ya han soportado la discriminación durante suficientes décadas. La forma de ayudar a Bermudas es visitarnos o apoyar nuestra apelación constitucional ante la Corte Suprema.

Efectivamente, el abogado y ex fiscal general de Bermudas Mark Pettingill, presentó en el mes de febrero una demanda ante la Corte Suprema contra la nueva ley de uniones civiles para las parejas del mismo sexo, en representación de Rod Ferguson, un ciudadano de Bermudas residente en Estados Unidos. Ferguson considera que negarle su derecho a contraer matrimonio es inconstitucional por suponer un «trato inhumano o degradante».

El demandante y su representante legal esperan conseguir la derogación de la ley de uniones civiles por vulnerar los derechos constitucionales de libertad de conciencia, expresión, asociación y credo y algunos relacionados con la propiedad. Pettingill cree que el caso podría llegar incluso a los tribunales europeos, por la singularidad de una situación en el que las parejas del mismo sexo pudieron contraer matrimonio durante un periodo de tiempo y después se las despojó de este derecho.

El matrimonio igualitario en Bermudas

La situación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bermudas era un tanto peculiar. En mayo de 2017, la magistrada de la Corte Suprema Charles-Etta Simmons sentenció a favor de dos hombres que habían reclamado ante los tribunales su derecho a casarse. La jueza consideró entonces que la legislación sobre matrimonio vigente en Bermudas era incompatible con los derechos humanos, ya que contenía una discriminación basada en la orientación sexual de los contrayentes. La sentencia tuvo efectos inmediatos y estableció recomendaciones para reformar la normativa, de manera que hiciera referencia a «dos personas» en lugar de a «hombre y mujer».

Sin embargo, el renuente Partido Laborista Progresista, actualmente en el poder, no obedeció esas recomendaciones, apoyado por una sociedad que solo unos meses antes, había rechazado en referéndum la posibilidad de reconocer jurídicamente las uniones entre personas del mismo sexo, ya fueran en forma de matrimonio o de unión civil. El referéndum, consultivo y no vinculante, no alcanzó, sin embargo, el quórum necesario para ser considerado válido.

Dispuesto a satisfacer a sus votantes más conservadores, el Gobierno de Bermudas no llevó a cabo ninguna de las recomendaciones establecidas en la sentencia de la Corte Suprema, por lo que dos personas del mismo sexo podían conseguir que su unión fuera llamada matrimonio, pero las diversas leyes y normativas que tuvieran que ver con el vínculo matrimonial seguían sin aplicárseles. Finalmente, como una forma de «cortocircuitar» a la Corte Suprema, la Asamblea de Bermudas aprobó un proyecto de ley que, en lugar del matrimonio igualitario, instituye la figura de las uniones civiles para las parejas del mismo sexo. La medida fue aprobada en diciembre por 24 votos a favor y 10 en contra. A principios de febrero, el gobernador John Rankin, en representación de la reina de Inglaterra, estampaba su firma en la ley, otorgándole plena validez.

Desde entonces, las parejas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio, sino una unión civil que otorga derechos similares pero que es una institución diferenciada. Eso sí, para evitar problemas jurídicos la nueva figura legal no tiene efectos retroactivos, por lo que los matrimonios de parejas del mismo sexo que han tenido lugar desde la sentencia de la Corte Suprema hasta la entrada en vigor de la ley que eliminó esa posibilidad siguen vigentes. Se tiene constancia de diez enlaces en el territorio y cuatro más en barcos con bandera de Bermudas.

Fuente Dosmanzanas

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Duda disipada: el Gobierno de Baviera anunció el martes que no presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que abrió el matrimonio a las parejas del mismo sexo el año pasado en Alemania. El Ejecutivo del Land, gobernado con mayoría absoluta por los socialcristianos de la CSU, ha decidido que un recurso de este tipo tenía muy pocas posibilidades de prosperar. El Tribunal Constitucional alemán, de hecho, ha tumbado en el pasado importantes discriminaciones que afectaban a la comunidad LGTBI.

En junio de 2017, el Bundestag alemán aprobaba el matrimonio igualitario en una votación histórica. Pero poco antes de su entrada en vigor en octubre de 2017, el Gobierno del estado federado de Baviera anunciaba que exploraría la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley. Basaron su decisión en el argumentario habitual de los conservadores: según ellos, la Ley Fundamental alemana excluye a las parejas del mismo sexo cuando habla de la “protección especial del matrimonio y la familia”. El Ejecutivo socialcristiano de Horst Seehofer (CSU) encargó entonces un dictamen legal para decidir sobre la idoneidad de recurrir la norma.

Cinco meses después han llegado las conclusiones. Los expertos consultados han determinado que las posibilidades de que prosperara un recurso eran muy escasas, entre otros motivos porque los cambios sociales han superado la visión del matrimonio como una institución exclusiva de las parejas de distinto sexo. También apoya su decisión la propia trayectoria del Tribunal Constitucional, que ha tumbado en el pasado importantes discriminaciones que afectaban a la comunidad LGTBI, ante la pasividad de los diferentes Gobiernos de Angela Merkel. Tras conocer las recomendaciones del dictamen, la Administración de Seehofer votó mayoritariamente (pero no por unanimidad) en contra de presentar el recurso de inconstitucionalidad.

El sector favorable a recurrir teme una pérdida de votos hacia la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD) por parte del sector más conservador del electorado de la CSU, con la vista puesta en las elecciones regionales del próximo octubre. Mientras que la fracción más pragmática pide confiar en la opinión de los expertos, que recuerdan también que ningún Tribunal Constitucional o institución equivalente en otros países ha anulado, por ahora, una ley de matrimonio igualitario en vigor. Un ejemplo es el de España, que rechazó el recurso del PP contra la norma 13/2005 por ocho votos a tres en noviembre de 2012.

Según la ley alemana, pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad el Gobierno federal, el de un Land o al menos una cuarta parte de los diputados del Bundestag. Baviera es el único estado federado con un Gobierno monocolor: la CSU, partido hermano de la CDU de Merkel, tiene mayoría absoluta desde las elecciones de 2013. La presencia de formaciones favorables al matrimonio igualitario en el resto de Ejecutivos regionales aleja cualquier otra posibilidad de llevar la medida ante el Constitucional. El grupo parlamentario de la AfD en el Bundestag, a pesar de su beligerante oposición a la igualdad LGTBI, no alcanza la cifra necesaria de escaños para recurrir la medida.

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Al parecer, la candidata republicana Erika Harold tiene un pasado que prefiere no recordar. A sus 19 años, y durante el concurso de Miss América, declaró ante uno de los jurados que “daría a un niño antes a un pedófilo que a una pareja gay”. Ahora parece ser que no recuerda esas palabras al presentarse para Fiscal General de Illinois.

A la concursante de 19 años se le preguntó: si tuviera que dejar a un niño en un hogar de acogida y tuviera que elegir entre una pareja gay cariñosa o una pareja heterosexual que fuera conocida por abusar de niños, ¿cuál elegiría?

Tres fuentes que fueron jueces o funcionarios del concurso dijeron que Harold eligió a los abusadores de niños. Uno de los funcionarios dijo: “Lo recuerdo porque fue muy impactante. Ella tomó un tiempo para responder. Y eso nos dejó atónitos.”

Habló mucho sobre ella, dijo que leía la Biblia todos los días y dijo que por sus creencias no podía someter a un niño al estilo de vida gay. Lo recuerdo como si fuera ayer. Fue impactante.

Agregaron que “incluso a una edad temprana, estaba claro que ella era inteligente”, y también recordaron que “se detuvo y tuvo que pensar en ello”.

La candidata ahora ha rechazado estas opiniones, según su campaña, que calificó el incidente como “un presunto evento que, supuestamente, ocurrió hace casi dos décadas cuando Erika tenía 20 años“.

«Erika no recuerda la supuesta declaración, pero sin duda apoya la adopción por parejas del mismo sexo y la colocación en hogares de acogida”, agregaron desde su grupo de prensa.

Fuente Oveja Rosa

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La guía de viajes Spartacus World ha publicado su lista anual de países y territorios según su nivel de aceptación de las personas LGTB. Canadá y Suecia aparecen en primer lugar con la nota perfecta de 10. España, por su parte, aparece en tercer lugar, junto a otros 11 países, aunque todos ellos han alcanzado el 9. La lista valora en positivo la legislación antidiscriminatoria, la favorable a los derechos LGTB o el ambiente social de aceptación. Pero también resta puntos por la influencia negativa de las organizaciones religiosas, el ambiente hostil, la legislación discriminatoria, la persecución o los crímenes LGTBfobos. Debido a ello, el último lugar es para Chechenia, un territorio en el que la población LGTB es objeto de persecución policial, confinamiento y tortura.

Spartacus World es una guía de viajes dirigida al público LGTB, que anualmente publica una lista clarificatoria para sus usuarios, en la que gráficamente pueden comprobar el estado de los derechos de homosexuales, bisexuales y transexuales en los lugares de destino de sus desplazamientos. Podéis consultarla aquí.

Precisamente por estar relacionada con los viajes y el turismo, la lista no solo incluye países, sino también territorios, para facilitar búsquedas concretas. En total son 197 localizaciones, que son calificadas según 14 categorías distintas.

Se valoran positivamente:

• La legislación contra la discriminación de las personas LGTB (hasta 3 puntos, según su alcance).
• El matrimonio igualitario (2 puntos) o las uniones civiles para parejas del mismo sexo (1 punto).
• La adopción homoparental (hasta 2 puntos si no difiere de la heteroparental).
• La legislación favorable a los derechos de las personas transexuales (hasta 2 puntos, según su alcance). Además, este es el primer año que se tiene en cuenta.
• La equiparación en la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales y heterosexuales (1 punto).

Se valoran en negativo:

• La influencia negativa de las organizaciones religiosas (resta hasta 2 puntos).
• Las restricciones para viajar a las personas que viven con el VIH (resta 1 punto).
• Las leyes contrarias a los derechos de las personas LGTB (resta 1 punto).
• La existencia de leyes que prohíben la homosexualidad (resta 1 punto).
• La prohibición del Orgullo LGTB (resta 1 punto).
• El ambiente social hostil (resta hasta 2 puntos).
• La persecución de las personas LGTB (resta hasta 2 puntos).
• La frecuencia de los asesinatos de las personas LGTB (resta hasta 2 puntos).
• La pena de muerte para las relaciones homosexuales (resta hasta 5 puntos).

La lista la encabezan Canadá y Suecia, que obtienen 10 puntos al alcanzar la máxima puntuación en las categorías positivas y no tener ningún punto negativo. Tras ellos, obtienen el tercer lugar, con 9 puntos, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, la Isla Reunión, España y el Reino Unido.

Los últimos lugares, por su legislación y ambiente social profundamente LGTBfobos, los ocupan Irán, Arabia Saudí, Somalia y Chechenia, países donde está implementada la pena de muerte para las relaciones homosexuales o cuyas fuerzas policiales persiguen y torturan a la población LGTB.

España repite la posición del año anterior, no alcanzando la nota perfecta debido a que sus leyes antidiscriminatorias no son de ámbito nacional. El Reino Unido, sin embargo, pierde el primer lugar que alcanzaba en 2017, debido al punto negativo por el ambiente social hostil tras el triunfo del «brexit», algo de lo que dábamos noticia en su día. Sin embargo, aunque entendemos que Austria no alcance los 2 puntos en la categoría en que se valora el matrimonio igualitario, porque no entrará en vigor hasta 2019, ignoramos por qué no los logra Malta, cuyo Parlamento lo aprobó en julio del pasado año. Más aún cuando Alemania sí los consigue por implementarlo más o menos en las mismas fechas.

Fuente Dosmanzanas

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La asociación Amlega de Melilla, junto con la Consejería de Bienestar Social de la ciudad autónoma, ha promovido la creación del Observatorio Melillense contra el Odio LGTBfóbico, con el fin de proteger a las víctimas de los delitos de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género. “En Melilla, concretamente, las personas jóvenes, el acoso escolar y los peticionarios de asilo son las principales víctimas“, comenta a dosmanzanas Rafa Robles, presidente de Amlega.

El observatorio, que tiene como ámbito de actuación la ciudad autónoma de Melilla, vio la luz el pasado mes de febrero, con un primer acto celebrado en la sede melillense de la UNED que contó con la presencia de Jesús Generelo, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). “Es muy importante que, en una ciudad como Melilla, exista un observatorio de estas características. La FELGTB va a firmar un convenio con este observatorio. Se trata de crear una red de observatorio que trabaja en la ayuda a todas las víctimas de este tipo de delitos“, comentó.

Otra de las ponentes con las que contó el acto fue Vanesa Eguiluz, directora del área de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona. “Las instituciones deben asumir su deber de respetar y garantizar los derechos de toda la ciudadanía. Por eso es necesario introducir las políticas LGTBI en todas las instituciones y dotarlas de recursos económicos y humanos para poder generar un cambio social real y ciudades mucho más diversas donde todos podamos vivir libremente“, expresó. Por su parte, el consejero de Bienestar Social de Melilla, Daniel Ventura, apuntó que hay que “educar en valores con todos los recursos” para que este odio hacia la diversidad sexual desaparezca de nuestra sociedad, y se mostró esperanzado con la puesta en marcha de este proyecto.

¿Cuántos incidentes relacionados con delitos de odio por LGTBfobia se cometen al año en Melilla? “Según los datos del Ministerio del Interior, que es lo que se denuncia, estamos en la media como el resto del país. Pero lo que no se denuncia puede representar hasta el 80%“, responde Robles. Efectivamente, tal y como ocurre en otras ciudades, se da el fenómeno de la infradenuncia. Esto se debe, entre otras cosas, al sentimiento de culpa, a no querer ser públicamente reconocido por tu orientación o identidad o al miedo a denunciar que experimenta la víctima de estos accidentes por diversas razones.

De carácter autonómico, el Observatorio asistirá a todas las personas que hayan sufrido una agresión o incidente de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género en Melilla. De momento, Amlega está trabajando en la puesta en marcha una página web (www.amlega.es), que en breve estará funcionando, y esperan disponer en breve de una oficina física e infraestructura para mejorar la posible atención jurídica, sanitaria o educativa. “Queremos concurrir a convocatoria de subvenciones de la Consejería de Bienestar Social para crear una infraestructura“, apostilla Robles.

Te dejamos con el vídeo de presentación del Observatorio, de algo más de siete minutos de duración:

Fuente Dosmanzanas

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No es una reivindicación nueva, sin embargo, el colectivo Lambda mantiene su lucha contra el cántico homófobo de “maricón el que no bote” y logra ir sumando apoyos. Esta histórica organización LGTB inició en 2015 una campaña pidiendo a la sociedad valenciana que cambiase la palabra “maricón” por “borinot” en la conocida canción festiva, cuya música es muy habitual entre las numerosas bandas que tocan en directo por toda Valencia y otros municipios en los que se celebran las Fallas. “El objetivo no era otro que hacer unas Fallas más respetuosas e inclusivas para las personas LGTB”, reflexionan desde Lambda. Por otra parte, hasta el 14 de marzo las comisiones falleras de la ciudad del Turia pueden inscribirse para participar en los premios Arco Iris, con el objetivo de mostrar la diversidad sexual, de género y familiar en las fiestas valencianas.

La fiesta valenciana de las Fallas es de costumbres arraigadas. Muchas de ellas son de carácter histórico y positivas: la tradición artística, el mantenimiento de oficios tradicionales, la indumentaria, la gastronomía, la música… Pero hay algunos tics que, a fuerza de pedagogía e insistencia, parece que comienzan a revertirse. Quizá el más sonado sea el cántico de “maricón el que no bote”, contra el que el colectivo Lambda lleva años realizando una auténtica cruzada fallera, proponiendo como alternativa no ofensiva: “borinot el que no bote”.

La música en directo, en prácticamente todos los barrios de la ciudad, es un hecho durante la semana de Fallas. Y es que, a pesar de que Valencia es la ciudad con más bandas de música de España, la demanda durante fiestas (recordemos que hay cerca de 400 comisiones falleras solo en el Cap i Casal) obliga a contratar a bandas y sociedades musicales de todos los rincones de la Comunidad Valenciana. Este hecho permite hacerse una idea de lo complicado que puede llegar a resultar desmontar una tradición homófoba y que nada tiene que ver con el carácter creativo, histórico, integrador y crítico de las Fallas.

En palabras de Fani Boronat, coordinadora general de Lambda, “la acogida ha sido inmejorable. Desde principios de año, antes de promocionar la campaña, hemos recibido llamadas, mails y peticiones por redes sociales de todo tipo de personas, asociaciones y entidades para sumarse a la campaña. Por ello, queremos dar las gracias al mundo fallero por hacer de la fiesta un espacio más libre e igualitario”.

En otro orden de cosas, sigue abierto el plazo, hasta el próximo 14 de marzo, para que las comisiones que incluyen escenas falleras inclusivas con la diversidad sexual, de género y familiar inscriban su participación en los premios Arco Iris. La intención, según justifica Lambda, es “contrarrestar la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia todavía existente en nuestra sociedad”. El año pasado, como recogía dosmanzanas, la lucha contra el acoso escolar transfóbico protagonizaba estos premios falleros del Colectivo Lambda en su primera edición infantil.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento de Finlandia ha aprobado un proyecto de ley para permitir el registro de dos mujeres como madres de un hijo desde el momento de su nacimiento. La medida pondrá fin a la inseguridad jurídica con la que se encuentran estas familias. Hasta la entrada en vigor de la reforma, la madre no gestante debe iniciar un proceso de adopción del hijo de su pareja para ser reconocida como progenitora. La aprobación de la ley es el resultado de una iniciativa legislativa popular, la segunda en llegar a buen puerto tras la que impulsó la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo. Un ejemplo más de que la igualdad matrimonial no es el final del camino para los derechos de homoparentalidad.

Buenas noticias desde Finlandia: el Parlamento unicameral del país dio luz verde, el miércoles pasado, a la posibilidad de que dos mujeres sean reconocidas como progenitoras legales de su hijo desde el momento del nacimiento. La enmienda a la Ley de Maternidad, aprobada por 122 votos a favor frente a 42 en contra, acabará con la inseguridad jurídica de las parejas de mujeres que decidan tener hijos por inseminación artificial. El grupo de los democristianos, con cinco miembros, fue el único que votó unánimemente “no”.

Con la situación actual, a la madre no gestante no se le reconoce automáticamente la condición de progenitora, sino que tiene que solicitar la adopción del hijo de su pareja. El tiempo transcurrido entre el nacimiento y la conclusión de este proceso es por tanto un periodo de incertidumbre legal para la familia, que podía plantear problemas en caso de separación o de enfermedad o fallecimiento de una de las progenitoras. La medida tardará aún un año en entrar en vigor, para dar margen a actualizar todas las normas subsidiarias correspondientes.

El proyecto de ley ha sido el resultado de una iniciativa legislativa popular que ha recogido 55.000 firmas, por encima del mínimo de 50.000 necesario para forzar un debate parlamentario. Se trata del segundo proceso de este tipo que sale adelante: el primero consiguió la apertura del matrimonio para las parejas del mismo sexo en 2014. Los activistas recogieron las firmas necesarias en un solo día y reunieron un total de 166.000. La igualdad matrimonial, sin embargo, no entró en vigor hasta el 1 de marzo de 2017. Antes debió superar el desafío de otra iniciativa popular para derogarla, que fue rechazada en el Parlamento finlandés por 120 votos en contra frente a 48 a favor en febrero de 2017.

La necesidad de aprobar una medida específica para reconocer la filiación de la madre no gestante nos recuerda que la apertura del matrimonio no es, ni mucho menos, el último paso hacia la equiparación legal plena de las familias homoparentales. Uno de los ejemplos más claros es el de Francia, donde las mujeres solteras y las parejas de mujeres (casadas o no) tienen vetado el acceso a las técnicas de reproducción asistida, incluso en clínicas privadas. Una situación que el Gobierno formado tras la victoria de Emmanuel Macron se ha comprometido a cambiar este año.

En España recordamos, en este sentido, el caso de Maribel Blanco. En 2016, tras más de diez años de lucha en los tribunales, consiguió por fin el reconocimiento de sus derechos como madre legal del hijo concebido por su expareja mediante fecundación in vitro. Ello a pesar de no existir entre ellas relación matrimonial y de la oposición de la madre biológica tras la ruptura de su relación. El hecho de que Maribel y su expareja no estuvieran casadas (el nacimiento del niño se produjo, en cualquier caso, antes de que se aprobara la ley de matrimonio igualitario) impidió a la primera obtener la filiación directa en el momento del nacimiento. El Tribunal Supremo reconoció sin embargo que el hecho de que la Ley de Reproducción Asistida solo se refiera a parejas de mujeres casadas no impide el reconocimiento de la maternidad en el caso de mujeres no casadas, sentando un importante precedente para muchas familias.

Fuente Dosmanzanas

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Ampliamos la noticia de la que ya dimos cuenta ayer viernes…

Daniela Vega ha vuelto a Chile. Junto con el equipo de Una mujer fantástica, la actriz ha sido recibida por la todavía presidenta Michelle Bachelet. Y a la salida del Palacio de La Moneda ha pronunciado un breve pero contundente discurso, en el que denuncia que a día de hoy su país continúe negándole a ella y al resto de las personas trans su derecho a ver reconocido legalmente su identidad. “En mi carnet hay un nombre que no es mi nombre”, ha destacado. Entretanto, espoleado por el hecho de que el Óscar para una película tan valiente haya llegado antes que la ley de identidad de género (que lleva esperando casi cinco años) el Congreso de Chile parece que por fin se apresura a dar los pasos finales. Veremos si culmina el proceso…

“La gente trans existió desde el día 1 de existencia de la humanidad”, arrancaba el discurso de Daniela Vega, que alababa la capacidad del cine, y del arte en general, para contribuir a la mejora de la humanidad y explorar sus límites. “Y esta película propone donde están los límites de la empatía, qué cuerpos pueden habitarse, qué amores son o no conquistables, y quién pone esa barrera. Esta película lo que hace es preguntarse cosas, es cuestionárselo todo, desde el género, la familia, el amor, la muerte, la vida…”, continuaba. Pero Daniela Vega no se limitaba a hablar de la película en la que tan magistralmente interpreta a una mujer despreciada por la familia de su pareja, recientemente fallecida, y discriminada por su condición de mujer trans. La actriz denunciaba su propia situación en la vida real: “En mi carnet hay un nombre que no es mi nombre, porque el país en el que yo nací no me entrega esa posibilidad, y el tiempo pasa, y el reloj corre, y la gente se va, esperando eso…”:

Una noticia que ilustra bien la situación de Daniela Vega es el hecho de que la Municipalidad de Ñuñoa, que hace solo unos días anunciaba el nombramiento de la actriz como “hija ilustre”, haya dado marcha atrás por las “dificultades administrativas”que supone inscribirla con un nombre distinto al que aparece en sus documentos oficiales, y haya decidido en su lugar crear un “premio comunal a las Artes” con el que homenajearla.

Empujón al proceso de aprobación de la ley de identidad de género

Esta semana hacíamos, de hecho, un repaso a la situación del proyecto de ley de identidad de género en Chile, que comenzó a tramitarse hace casi cinco años. Ahí comentábamos que ya había pasado por Senado (primero) y por Cámara de Diputados (después), que habían aprobado dos versiones distintas. La de la Cámara de Diputados era mucho más avanzada y próxima a las demandas de los colectivos, pero en el último momento la falta de aprobación de un artículo dejaba en un limbo legal la situación de los menores transexuales. En cualquier caso, al tratarse de dos textos distintos, la propuesta debía volver de nuevo al Senado y pasar después, en caso de que este rechazase el texto de la Cámara de Diputados, a una fase de conciliación entre las dos cámaras.

Y así ha sido lo que ha sucedido, de hecho: el Gobierno de Bachelet declaraba por fin el proyecto como de “suma urgencia” y forzaba su paso por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que rechazaba las mejoras introducidas por la Cámara de Diputados. Sobre el papel ello podría considerarse una noticia negativa, pero en la práctica supone que ahora debe ser una comisión mixta Senado-Cámara de Diputados la que debe llegar a un acuerdo.

Y es en este paso final del procedimiento en el que los activistas LGTB tienen depositadas las esperanzas de que el proyecto más avanzado se imponga, corrigiéndose si es posible el “agujero legal” sobre los menores transexuales al que dio lugar la votación de la Cámara de Diputados (por un lado, se rechazó una propuesta que restringía el cambio de nombre y sexo legal a los mayores de 18 años, mientras que por otro, por falta de quórum, fue rechazado el artículo que definía los pasos que debían seguir los menores para rectificar su partida de nacimiento). “Si bien es cierto la Cámara de Diputados había mejorado en enero pasado el deficiente proyecto que le había enviado el Senado, no todo estaba resuelto, por lo que lo mejor era pasar a Comisión Mixta y sin la revisión de una Comisión que había sido hostil a esta iniciativa durante cuatro años de tramitación”, ha expresado el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH).

Estaremos atentos a lo que sucede, que será ya con un Congreso renovado (este próximo 11 de marzo comienza su andadura una nueva legislatura).

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Una mujer fantástica ha ganado el Óscar a la Mejor película en lengua no inglesa. Es la primera vez que una película chilena lo logra. Su protagonista, Daniela Vega, ocupa las portadas de los periódicos de su país. La presidenta saliente, Michelle Bachelet, se felicita en Twitter. Lo mismo hace el presidente entrante, Sebastián Piñera. La municipalidad de Ñuñoa, en Santiago de Chile, quiere nombrar a Vega hija ilustre. Sin embargo, la actriz que pasea el nombre de Chile por todo el mundo se ve obligada a viajar con pasaporte masculino. Hace casi cinco años que comenzó en el Congreso de Chile la tramitación de una ley de identidad de género, y en todo un lustro los políticos chilenos han sido incapaces de aprobarla. Pocas veces como tras el Óscar a Una mujer fantástica queda al descubierto la hipocresía de la clase política (o al menos de una parte importante de ella) cuando de derechos LGTB se trata. 

La legislación sobre identidad de género comenzó a tramitarse en Chile en mayo de 2013. Tuvieron que pasar más de cuatro años para que por fin, en junio de 2017, nos hiciéramos eco de la aprobación del proyecto por el Senado chileno. Lo hacíamos, eso sí, en tono agridulce: el proyecto suponía pocas mejoras sobre la situación actual, al mantener la tutela judicial y la patologización de la transexualidad (exigía informes médicos con carácter obligatorio) y al excluir a menores y a personas casadas.

Por fortuna, tras la presión y denuncia de los colectivos, el proyecto resultó sensiblemente mejorado a su paso por la Cámara de Diputados: los mayores de 18 años, según esta nueva versión, podrán cambiar su nombre y sexo legal con un trámite administrativo en el Registro Civil sin necesidad de ningún tipo de certificado médico o psicológico (aunque en el caso de personas casadas el trámite deberá realizarse en tribunales de familia).

El proyecto, tal y como fue despachado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, posibilitaba también que los menores de 18 años pudiesen solicitar su cambio de nombre y sexo legal, aunque en este caso la decisión sí debía recibir el visto bueno de los tribunales de familia y el menor se veía obligado a contar con el consentimiento de sus padres, madres o tutores legales, además de aportar certificados o testimonios que acreditasen la identidad de género. En cualquier caso, ello suponía una sensible mejora sobre el proyecto que fue aprobado por el Senado, que negaba a los menores cualquier posibilidad de ver legalmente reconocida su identidad. Sin embargo, cuando llegó la hora de votar artículo a artículo la ley, de nuevo los políticos chilenos fallaron a sus conciudadanos LGTB. Por un lado, se rechazó una propuesta que restringía el cambio de nombre y sexo legal a los mayores de 18 años, mientras que por otro, por falta de quórum, también fue rechazado el artículo que definía los pasos que debían seguir los menores de 18 años para rectificar su partida de nacimiento. Niños, niñas y adolescentes trans quedaban así atrapados en un “limbo legal” de díficil solución… a no ser que se corrija el proyecto. “Tal ambigüedad, que vuelve agridulce la jornada de hoy, deberá resolverla una Comisión Mixta”, expresaba en su momento el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH).

En estos momentos, y como muy pedagógicamente muestra en la siguiente infografía la Fundación Iguales (otro colectivo LGTB chileno), el texto debe ser examinado de nuevo por la Comisión de Derechos Humanos del Senado y pasar después a una fase de conciliación entre las dos cámaras:

Este es el status actual del proyecto de ley de identidad de género. Seguimos trabajando y empujando por los derechos de la diversidad. https://t.co/JezrMA9XyP pic.twitter.com/8LfpHWTcmN

— Fundación Iguales (@IgualesChile) 1 de marzo de 2018

Un proceso que podría mejorar el proyecto o quizá suponer retrocesos sobre lo aprobado. Con la dificultad añadida de que en muy pocos días (el 11 de marzo) un nuevo y muy fragmentado Congreso, resultante de las elecciones del pasado noviembre, comienza su andadura. Ese día también se producirá el relevo presidencial, de forma que el conservador Sebastián Piñera asumirá de forma efectiva la presidencia del país.

“Chile ha hecho historia con un guión que expone lo peor y mejor de nuestro país. Sin ir más lejos, Daniela Vega está representando a todo un país ante el mundo con un pasaporte que no respeta su nombre, ni su género. Representa a un país cuyas leyes violentan sus derechos humanos más básicos”, expresaba este mismo lunes el MOVILH. “La felicidad de gobernantes y legisladores por el triunfo de Una mujer fantástica exige como mínima coherencia dar discusión inmediata a la ley de identidad de género, protegiendo derechos de personas trans desde su niñez y sin letras chicas. Una ley que no incorpore a niños y niñas es lapidar la infancia de las personas trans. Eso el Estado de Chile no lo puede seguir tolerando”., ha añadido su portavoz, Rolando Jiménez.

Hay que tener en cuenta, en este sentido, que en enero de este mismo año la Corte Interamericana de Derechos Humanos daba a conocer una contundente opinión consultiva en la que entre otras cosas se considera que el cambio de nombre, la adecuación de la imagen, así como la rectificación a la mención del sexo o género en los registros y en los documentos de identidad para que estos sean acordes a la identidad de género autopercibida es un derecho protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos. Como consecuencia, los Estados están en la obligación de reconocer, regular y establecer los procedimientos adecuados para tales fines. La Corte Interamericana, además, especifica cuáles deben ser las condiciones mínimas a las que deben adecuarse estos procedimientos. Entre ellas, no deben incluir la exigencia de certificaciones médicas o psicológicas patologizantes ni requerir la acreditación de operaciones quirúrgicas y/o tratamientos hormonales.

Teniendo en cuenta que Chile es uno de los países que acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana, lo lógico sería que la ley de identidad de género sea aprobada ya respetando dichas premisas. Y así lo expresaba la todavía Presidenta Michelle Bachellet

El creciente consenso en torno a que Chile tenga una ley de identidad de género, debe transformarse en hechos concretos. Por ello, decidí darle suma urgencia al proyecto que está en su última etapa en el Congreso. ¡Las personas transgénero no pueden seguir esperando!

— Michelle Bachelet (@mbachelet) 6 de marzo de 2018

Veremos sí es así, se preguntaba Dosmanzanas… Hoy podemos de cir que, anteayer…

El Senado despachó a Comisión Mixta el Proyecto de Ley de Identidad de Género

Luego de que el Gobierno diese discusión inmediata a la tramitación en medio del debate causado por “Una Mujer Fantástica”

El Senado rechazó anoche las modificaciones a la Ley de Identidad de Género propuestas por la Cámara de Diputados, diferencia que deberá ser zanjada por una Comisión Mixta cuya composición se conocerá tras el cambio de mando.

La medida se adoptó luego de que el Gobierno elevara de suma urgencia a discusión inmediata el proyecto, lo cual llevó al Senado a eximir a la iniciativa del examen de su Comisión de Derechos Humanos, que presidente Jacqueline Van Rysselberghe,  y a despacharla a Comisión Mixta.

“Si bien es cierto la Cámara de Diputados había mejorado en enero pasado el deficiente proyecto que le había enviado el Senado, no todo estaba resuelto, por lo que lo mejor era pasar a Comisión Mixta y sin la revisión de una Comisión que había sido hostil a esta iniciativa durante 4 años de tramitación”, dijo el Movilh.

En efecto, en junio pasado el Senado despachó su propuesta de ley de identidad de genero, la cual al igual que el proyecto original excluía a los niños, niñas y adolescentes y a las personas casadas, además de exigir certificados psiquiátricos o psicológicos a los mayores de 18 años para cambiar su nombre y sexo legal en el Registro Civil, entre otras deficiencias.

La Cámara de Diputados mejoró todos essos problemas, pero dejó un vacío: si bien incluyó a niños y niñas, no reguló el proceso judicial o administrativo que les permitirá cambiar su nombre o sexo legal, resultando así necesaria la Comisión Mixta,.

Tras ser analizado por la Comisión Mixta, el proyecto será sometido a votación de las salas del Senado y de la Cámara.

El efecto de Una Mujer Fantástica

En clara referencia al debate causado por la cinta “Una Mujer Fantástica”, y horas antes de la revisión en sala del Senado, la presidenta Bachelet sostuvo, como aparece más arriba,  ayer en twitter que “el creciente consenso en torno a que Chile tenga una ley de identidad de género, debe transformarse en hechos concretos. Por ello, decidí darle suma urgencia al proyecto que está en su última etapa en el Congreso. ¡Las personas transgénero no pueden seguir esperando!”.

En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez (cuyas gestiones lograron en  poco más de año acelerar y superar tres años previos de lenta y engorrosa tramitación de la ley), dijo que si bien “lo deseable habría sido tener despachado el proyecto de ley (…) es importante que hayamos logrado concluir el tercer trámite, porque era lo que nos habíamos propuesto”.

“Cada uno de estos pasitos son fundamentales para el resultado final” , redondeó, junto con valorar que “Una Mujer Fantástica” hubiese instalado “en el debate público una realidad que han vivido las personas trans durante todo este tiempo, sin reconocimiento y sin garantía de sus derechos”.

Minutos después del despacho del proyecto en el Senado, el equipo de “Una Mujer Fantástica” se reunió en el Palacio de La Moneda con al presidenta Michelle Bachelet

En la ocasión la actriz Daniela Vega sostuvo que “en este país hoy, en el que yo regreso con el equipo feliz, en mi carnet hay un nombre que no es mi nombre, y es porque el país donde yo nací no me entrega esa posibilidad”. “Una y otra vez se ha ido postergando” el proyecto de ley de identidad de identidad de género, dijo para cuestionar que “¿No es más caro tener en la Comisión de Derechos Humanos 5 o más años una ley que puede ser despachada en 6 sesiones porque no le cuesta un peso al Estado?”.

Por su lado, el Movilh apuntó esta jornada que “el cine ha demostrado ser una poderosa herramienta para los cambios políticos, por tanto de parte del movimiento LGBTI los/as creadores/as y responsables de “Una Mujer Fantástica” merecen un doble aplauso. Además de dar un Oscar a Chile, han contribuido a acercar una ley necesaria, que suma casi 5 años de tramitación legislativa y más de 10 años debate público”.

Fuente Dosmanzanas/MOVILH

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MOVILH: “Una Mujer Fantástica” y Daniela Vega hacen historia para Chile y para los derechos de las personas trans

Una mujer fantástica culmina su larga carrera de reconocimientos con el Óscar a la Mejor película en lengua no inglesa. Gran película sobre la realidad de las mujeres trans y maravillosa interpretación de una actriz trans, Daniela Vega, que ya estuvo a punto de hacerse con el Oso de Plata a la Mejor actriz en la Berlinale 2017 (la película fue premiada entonces por su guion, obteniendo además el Premio Teddy). 

Una mujer fantástica es una joya de la que en esta página hemos hablado en varias ocasiones. Relata la vida de Marina, una chica transexual que tras el fallecimiento repentino de su pareja (un hombre mayor que ella) se enfrenta a la transfobia de la familia de este. La película ha conseguido ya numerosos galardones, entre ellos el Goya 2018 a la Mejor película iberoamericana, pero sin duda el Óscar le dará el empujón definitivo que necesitaba para conseguir llegar a espectadores de todo el mundo.

La otra gran protagonista LGTB de los Óscar ha sido Call Me by Your Name, que se ha alzado con el premio al Mejor guion adaptado para James Ivory. Estaba también nominada a Mejor película, Mejor actor protagonista (Timothée Chalamet) y Mejor canción original (Mystery of Love, de Sufjan Stevens), premios que han ido a parar respectivamente a La forma del agua, a Gary Oldman (por su interpretación de Winston Churchill en El instante más oscuro) y a Remember Me (la pegadiza canción de Coco). El joven Chalamet, por el que algunos apostaban como ganador, no ha podido finalmente imponerse a la mucho más clásica y “oscarizable” interpretación imitativa de Oldman.

Como candidata a la mejor película, Call Me by Your Name contaba con el hándicap del Óscar de Moonlight en 2017. Su “derrota”, de hecho, no ha sido una sorpresa: muy pocos apostaban porque la Academia que negó esa misma estatuilla a Brokeback Mountain en 2006 la otorgase dos años consecutivos a historias LGTB. En cualquier caso, como Brokeback  y como Moonlight, Call Me by Your Name ya está en la historia, con mayúsculas, del cine. Basada en la novela de André Aciman (adaptada por Ivory), la película narra el romance surgido entre Elio, un joven de 17 años interpretado por Chalamet, y Oliver, el nuevo ayudante americano de su padre (interpretado por Armie Hammer) acontecido en una casa de campo italiana durante el verano de 1983.

Aun así, no podemos dejar de mencionar el “toque LGTB” de la película ganadora, La forma del agua, de Guillermo del Toro. Una fábula fantástica (en el sentido literal) sobre la diversidad y que cuenta con un personaje gay entre sus secundarios de lujo (fantásticamente interpretado por el actor Richard Jenkins).

Tampoco han conseguido el Óscar dos mujeres abiertamente lesbianas que se encontraban nominadas, en ambos casos por Mudbound. Se trata de Rachel Morrison, nominada a Mejor fotografía (galardón que ha ido a parar a manos de Roger Deakins por Blade Runner 2016), y Dee Rees, nominada a Mejor guion adaptado. Nuetsra enhorabuena en cualquier caso por su nominación.

Daniela Vega, presentadora en la gala

Este breve repaso a lo que han sido los Óscar en clave LGTB no puede olvidar el hecho de que Daniela Vega, protagonista absoluta de Una mujer fantástica, fuese la primera mujer abiertamente trans en participar en una gala de los Óscar.

Elegantemente vestida de fucsia y en un perfecto inglés, Vega dio entrada a la actuación en directo de Sufjan Stevens interpretando Mystery of Love, la canción de Call Me by Your Name que estaba nominada a Mejor canción original.

Fantástica, en la ficción y en la realidad.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento Europeo apoya, con mayoría aplastante, una enmienda que condena las “terapias de conversión” y exige a los estados miembro que las prohíban.

También han exigido educación escolar que prevenga la discriminación y hacen un llamamiento por la despatologización de las identidades trans. 

El Parlamento Europeo ha aprobado este 1 de marzo, con considerable retraso, el informe sobre los derechos fundamentales en la Unión en 2016. El texto da cuenta de la situación de la población LGTBI e insta a los países miembros a que apliquen las medidas oportunas para acabar con la discriminación. El informe insiste de nuevo en la necesidad del reconocimiento supraestatal de las uniones entre personas del mismo sexo, así como aboga por la despatologización de la transexualidad y la prohibición de las terapias reparadoras de la orientación sexual.

Las personas LGTB+ somos lo que somos y no podemos “curarnos” ni “cambiar” puesto que no hay nada que curar ni cambiar. Esto, que parece una obviedad, es algo que muchos grupos conservadores no acaban de entender. Uno de esos grupos, por cierto, es el Partido Popular de Javier Maroto, que para no apoyar la Ley LGTBI de Podemos presentó la suya propia en la que eliminaron la prohibición de las “terapias de conversión”.

Habrá que ver qué dice ahora el Partido Popular después de que el Parlamento Europeo haya votado con una amplísima mayoría (435 votos contra 109) un texto que condena esas “terapias” como peligrosas e insta a los países miembros a prohibirlas.

Las terapias de conversión en menores están prohibidas en nueve de los Estados Unidos (y cada vez son más los que toman esa decisión), así como en Suiza, Malta, Taiwan, dos provincias canadienses y el estado australiano de Victoria.

Pero el texto aprobado por el P.E. también condena la discriminación contra las personas LGTB+ y urge a “la inclusión en el currículum escolar de educación sobre el valor de la tolerancia“, en el que se traten temas como la lucha contra la LGTBfobia y otras formas de discriminación. Además también pide a la Comisión y a los Estados Miembro que garanticen la libre circulación de las parejas homosexuales y sus familias; y exigen que “se reconozca el cambio de género [de las personas trans] y se provea un acceso rápido, accesible y transparente a los procedimientos de reconocimiento legal del género sin requisitos médicos como la cirugía o la esterilización“.

El 6 de julio de 2017 se anunció en sesión plenaria del Parlamento Europeo la presentación del informe sobre la situación de la ciudadanía en relación a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea durante el 2016. Sin embargo, hasta el 1 de febrero de este 2018 no se inició el proceso de aprobación en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior quien, tras las enmiendas oportunas dio su respaldo el día 13 del mismo mes. El informe fue presentado a debate en la sesión plenaria del Parlamento del 28, y finalmente fue sometido a votación el pasado 1 de marzo.

Del texto definitivo fue ponente fue el luxemburgués Frank Engel, perteneciente al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos). Tras el debate y la toma en consideración de nuevas enmiendas, fue aprobado por 429 votos a favor, 135 en contra y 69 abstenciones. La resolución, que no es vinculante, insta a la Comisión Europea y los Estados miembros a que apliquen las medidas oportunas en asuntos como los derechos de inmigrantes y refugiados, la protección a la infancia, la igualdad entre hombres y mujeres o la lucha contra la discriminación de las minorías. En cuanto a este último asunto, recuerda las obligaciones contraídas con estos dos artículos:

El Parlamento Europeo (…)

50.  Observa que la propuesta de Directiva sobre igualdad de trato de 2008 sigue todavía pendiente de la aprobación del Consejo; reitera su llamamiento al Consejo para que adopte su posición lo antes posible;

52.  Recuerda que los derechos humanos son universales y que las minorías no deben sufrir discriminaciones; hace hincapié en que los derechos de las minorías son parte inalienable del principio del Estado de Derecho; señala que existe un riesgo mayor de violación de los derechos de las minorías cuando no se respeta el Estado de Derecho;

Respecto a los derechos de las personas LGTBI, el Parlamento lamenta la discriminación que aún sufren las personas LGTBI, e incide en la condena de las terapias reparadoras de la homosexualidad, en la necesidad urgente de despatologización de la transexualidad y en las violaciones de los derechos humanos a las que se enfrentan las personas intersexuales en todas las esferas de la vida. Estos son los artículos relacionados (las negritas son nuestras):

El Parlamento Europeo (…)

59.  Anima a incluir la educación sobre los valores de la tolerancia en los planes de estudios escolares para dotar a los niños de los instrumentos que necesitan para identificar todas las formas de discriminación, con independencia de que se dirija contra los musulmanes, los judíos, los africanos, la población romaní o las personas LGBTI o contra cualquier otra minoría;

60.  Pide a la Comisión que comparta las mejores prácticas de los Estados miembros para abordar los estereotipos de género en la escuela;

61.  Lamenta que las personas LGBTI sean víctimas de acoso e intimidación y sufran discriminación en diferentes aspectos de sus vidas;

62.  Condena todas las formas de discriminación contra las personas LGBTI; anima a los Estados miembros a que adopten leyes y políticas de lucha contra la homofobia y la transfobia;

63.  Anima a la Comisión Europea a que presente un programa que garantice la igualdad de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos respetando las competencias de los Estados miembros, y a que supervise una transposición y aplicación adecuadas de la legislación de la Unión relativa a las personas LGBTI; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que trabajen en estrecha cooperación con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos de las personas LGBTI;

64.  Insta a los Estados miembros que han adoptado legislación relativa a las uniones y/o los matrimonios del mismo sexo a que reconozcan las normas adoptadas por otros Estados miembros con efectos similares; recuerda la obligación de los Estados miembros de aplicar en su totalidad la Directiva 2004/38/CE, incluidas las parejas del mismo sexo y sus hijos; acoge con satisfacción que cada vez más Estados miembros hayan introducido o adaptado sus leyes sobre cohabitación, unión civil y matrimonio para superar las discriminaciones basadas en la orientación sexual que han sufrido las parejas del mismo sexo y sus hijos, y pide a otros Estados miembros que introduzcan una legislación similar; insta a la Comisión a que presente una propuesta para el reconocimiento mutuo pleno de los documentos acreditativos del estado civil en toda la Unión que incluya el reconocimiento jurídico de género, los matrimonios y las uniones de hecho registradas, a fin de reducir las trabas administrativas y jurídicas discriminatorias a las que se enfrentan los ciudadanos a la hora de ejercer sus derechos a la libre circulación;

65.  Acoge con satisfacción las iniciativas por las que se prohíben las terapias de conversión LGBTI y se prohíbe la patologización de las identidades trans e insta a todos los Estados miembros a que adopten medidas similares que respeten y apoyen el derecho a la identidad de género y la expresión de género;

66.  Lamenta que las personas transgénero sigan siendo consideradas enfermas mentales en la mayoría de los Estados miembros y pide a estos Estados que revisen sus clasificaciones nacionales de los trastornos mentales y que desarrollen modelos alternativos de acceso exentos de estigma, garantizando al mismo tiempo que todas las personas transexuales puedan acceder al tratamiento médico necesario; lamenta el hecho de que, en la actualidad, varios Estados miembros sigan imponiendo a las personas transgénero requisitos, como la intervención médica para que se reconozca su cambio de género (también en los pasaportes y documentos de identidad oficiales) y la esterilización forzosa como condición para la reasignación de género; señala que estos requisitos constituyen claramente violaciones de los derechos humanos; pide a la Comisión que oriente a los Estados miembros sobre los mejores modelos de legislación en materia de reconocimiento del género de Europa; pide a los Estados miembros que reconozcan el cambio de género y faciliten el acceso a procedimientos de reconocimiento legal de género rápidos, accesibles y transparentes, sin requisitos médicos como la cirugía, la esterilización o el consentimiento psiquiátrico;

67.  Acoge con satisfacción la iniciativa demostrada por la Comisión al promover que la identidad transgénero deje de considerarse una patología en el marco de la revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud; pide a la Comisión que redoble los esfuerzos dirigidos a evitar que la inconformidad de género en la infancia se convierta en un nuevo diagnóstico de la CIE;

68.  Pide a la Comisión que recopile datos sobre, y que oriente a los Estados miembros sobre las mejores prácticas para proteger los derechos fundamentales de estas personas; lamenta que siga practicándose la cirugía de «normalización» genital en niños intersexuales en los Estados miembros de la Unión Europea pese a no ser necesaria desde el punto de vista médico y a que los procedimientos médicos en niños les causan un trauma psicológico a largo plazo;

69.  Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva sobre los derechos de las víctimas y que identifiquen y colmen las lagunas existentes en sus sistemas de protección de los derechos de las víctimas, prestando especial atención a los grupos vulnerables, como los derechos de los niños, de los grupos minoritarios o de las víctimas de delitos motivados por el odio.

En el debate, participaron algunos de los eurodiputados españoles. Teresa Jiménez-Becerril Barrio (del Partido Popular) expresó su voto favorable y calificó de acertado el informe en su denuncia de la situación de las mujeres víctimas de violencia de género, de la trata, de los colectivos LGTB víctimas del odio o de los migrantes, aunque lamentó la falta de menciones a los derechos de las víctimas del terrorismo, recordando los últimos atentados sufridos en distintas ciudades europeas. Juan Fernando López Aguilar (del Partido Socialista Obrero Español) describió el paisaje de los derechos fundamentales en Europa como «oscuro, señalado por el populismo, el nacionalismo extremo, el odio al diferente, la estigmatización del otro y el discurso del odio que conduce a la xenofobia y al racismo» y abogó por la lucha contra todo tipo de discriminación. Por último, Ramon Tremosa i Balcells (del PDeCAT) dedicó toda su intervención a la situación política de Cataluña.

Estos fueron los votos de los eurodiputados españoles:

• A favor:
  • Grupo Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa:
    • Beatriz Becerra Basterrechea (Independiente), Izaskun Bilbao Barandica (PNV), Enrique Clavet Chambon, (Independiente), María Teresa Giménez Barbat (no afiliada), Javier Nart Peñalver (Ciudadanos), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (UPyD) y Ramon Tremosa i Balcells (PDeCAT).
  • Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica:
    • Xabier Benito Ziluaga (Podemos), Tania González Peñas (Podemos), Lola Sánchez Caldentey (Podemos), Estefanía Torres Martínez (Podemos) y Miguel Urbán Crespo (Podemos).
  • Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos):
    • Pilar Ayuso González (PP), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PP), Rosa Estaràs Ferragut (PP), Santiago Fisas Ayxelà (PP), Francesc Gambús i Millet (no inscrito), Esteban González Pons (PP), Luis de Grandes Pascual (PP), Esther Herranz García (PP), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PP), Verónica Lope Fontagné (PP), Antonio López-Istúriz White (PP), Gabriel Mato Adrover (PP), Francisco José Millán Mon (PP) y José Ignacio Valcárcel Siso (PP).
  • Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo:
    • Clara Eugenia Aguilera García (PSOE), Inés Ayala Sender (PSOE), José Blanco López (PSOE), Soledad Cabezón Ruiz (PSOE), Jonás Fernández Álvarez (PSOE), Iratxe García Pérez (PSOE), Eider Gardiazabal Rubial (PSOE), Enrique Guerrero Salom (PSOE), Sergio Gutiérrez Prieto (PSOE), Ramón Jáuregui Atondo (PSOE), Juan Fernando López Aguilar (PSOE), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (PSOE) y Elena Valenciano Martínez-Orozco (PSOE).
• En contra:
  • Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos):
    • Pilar del Castillo Vera (PP) y José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PP).
• Abstenciones:
  • Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica:
    • Javier Couso Permuy (IU), Paloma López Bermejo (IU), María Lidia Senra Rodríguez (Alternativa galega de esquerda en Europa) y Ángela Vallina de La Noval (IU).

Las diputadas Terry Reintke y Malin Björk, copresidenta y vicepresidenta respectivamente del Intergrupo LGTBI del Parlamento Europeo, hacían la siguiente declaración:

A pesar del gran progreso en muchos países durante la última década, la discriminación contra las personas LGTBI sigue siendo una realidad en la Unión Europea. Las personas LGBTI deben permanecer libres de discriminación, intimidación y violencia. Se debe garantizar su derecho a la autodeterminación y se debe proteger su integridad física.

Este informe es una evaluación clave para salvaguardar los derechos fundamentales en la Unión Europea. Ahora contamos con el Consejo de Europa y la Comisión Europea para seguir trabajando en la protección y salvaguarda de los derechos de las personas LGTBI en todas las áreas de la vida.

Por su parte, la vicepresidenta de la formación, Sirpa Pietikäinen, hacía la siguiente reflexión sobre las terapias de conversión LGTBI:

Actualmente, solo el Reino Unido, Malta y algunas regiones de España han prohibido explícitamente las terapias de conversión LGBTI. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Humanos ya han condenado la práctica de las terapias de conversión en varios países.

Hoy, por primera vez, el Parlamento Europeo toma una posición contra las terapias de conversión LGBTI. Este informe es un ejemplo de cómo la Unión Europea puede estar a la vanguardia de la lucha por los derechos fundamentales.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras. “Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Pink News, vía EstoyBailando/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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El Ministerio de Sanidad ruso ha publicado una orden en la que se define el formato del certificado médico necesario para la modificación registral del sexo. Las personas transexuales rusas tienen así un procedimiento para conseguir el reconocimiento legal de su identidad de género, si bien el proceso aún está medicalizado, pues se requiere un diagnóstico psiquiátrico. Hasta ahora, las personas transexuales dependían del arbitrio de los funcionarios del registro civil o de los tribunales. Las asociaciones de defensa de los derechos de las personas transexuales han acogido positivamente la normativa, en la que se les ha permitido participar, aunque lamentan que esté lejos de los avances que se están produciendo en otros países.

La ley federal rusa dictamina la necesidad de un «certificado médico de cambio de género o sexo» para poder proceder a la modificación legal de los datos registrales. Las características de dicho certificado debían ser establecidas por el Ministerio de Sanidad, según se ordenaba en la ley publicada en 1998. Sin embargo, los titulares de la cartera han eludido esa obligación durante 20 años.

En ese lapso de tiempo, las personas transexuales que solicitaban la modificación de sus datos en el registro civil quedaban al arbitrio de los funcionarios. Solían denegarse las solicitudes de quienes tenían hijos o habían contraído matrimonio, así como de quienes no tenían la apariencia física que el funcionario estimara conveniente. Tras ello, solo quedaba la vía judicial, en la que se encontraban con los mismos o parecidos inconvenientes tras un largo y oneroso proceso.

Finalmente, en octubre de 2017 se dio a conocer un anteproyecto que definía el certificado. El texto preocupó gravemente a la comunidad transexual rusa, porque exigía requisitos como la supervisión obligatoria de un psiquiatra durante un año y medio o el uso del término «reorientación sexual» para el procedimiento, algo que no aparece en ninguna de las leyes aprobadas en otros países. Diversas organizaciones, como el Proyecto de Defensa Legal Transgénero, comunicaron al Ministerio de Sanidad sus inquietudes al respecto.

Algunas de estas preocupaciones fueron tomadas en cuenta por los redactores del anteproyecto, que eliminaron la obligación de supervisión psiquiátrica. Tampoco se exige que las personas transexuales tengan que someterse a ningún proceso hormonal o de reasignación quirúrgica. Podrán solicitar la modificación de los datos registrales tanto las personas transexuales casadas como las que tienen hijos. Desaparece el término «reorientación sexual», pero se sigue exigiendo que un equipo médico certifique que la persona solicitante está diagnosticada como «transexual».

Con estas modificaciones, la orden fue firmada por la ministra de Sanidad, Veronika Skvortsova, y publicada el pasado 22 de enero, para entrar en vigor el 2 de febrero. Aunque el texto legal esté muy lejos de las reivindicaciones del colectivo de personas transexuales en todo el mundo, como la despatologización completa del proceso de modificación registral, las organizaciones se han congratulado de que, al menos, se haya clarificado el procedimiento.

Tatiana Glushkova, coordinadora del Proyecto de Defensa Legal Transgénero, expresaba así el criterio de su organización: «Acogemos con satisfacción la versión final de la orden adoptada por el Ministerio de Sanidad, y creemos que su entrada en vigor mejorará significativamente la situación de las personas transexuales en Rusia. El documento establece un procedimiento transparente para el reconocimiento legal del género, que permitirá a las personas transexuales cambiar su documentación sin recurrir a los tribunales. Además, la adopción de la orden acercará la legislación rusa a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, lamentamos observar que la orden no refleja el proceso de despatologización global o la próxima reforma de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Los actores clave que toman decisiones con respecto al reconocimiento legal de género de las personas transexuales aún son psiquiatras. Las personas transgénero aún se enfrentarán a todos los inconvenientes que surgen del diagnóstico de un psiquiatra».

Fuente Dosmanzanas

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Kim Davis publica un libro en el que se erige como mártir y carga contra los “furiosos y vociferantes hombres homosexuales”

La funcionaria homófoba presenta su libro sobre “cómo Dios la ayudó a defender el matrimonio”.

Está publicado por Liberty Counsel, la firma de abogados que la defendió y que aseguraba que “a los homófobos se les trataba como los nazis a los judíos”. 

La funcionaria de Kentucky Kim Davis, que fue encarcelada por un delito de desacato en 2015 al desobedecer una orden judicial y bloquear la emisión de licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, vuelve a la carga. Elevada a los altares de los sectores LGTBfóbicos, ultraconservadores y extremistas religiosos, Davis sigue explotando su pretendido rol de mártir en beneficio propio. Under God’s Authority: The Kim Davis Story (cuya traducción literal sería: Bajo la autoridad de Dios: la historia de Kim Davis), el libro que acaba de salir a la venta y que recoge su historia desde su propio y sesgado punto de vista, es una nueva muestra de su proceso de victimización. Los “malos”, según sus propias palabras, son “los furiosos y vociferantes hombres homosexuales”. Mike Huckabee, exgobernador de Arkansas, asegura que “es una gran lectura. Pero más que eso, esta notable historia de lo que Dios hizo en la vida de Kim me da esperanza para nuestra nación”. La última vez que Davis consiguió titulares fue el pasado mes de octubre, cuando se embarcó en un viaje de nueve días a Rumanía con el asesor de Liberty, Harry Mihet. Ambos se reunieron con grupos religiosos con el objetivo de alentar a los legisladores de este país a adoptar medidas contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, incluyendo el veto constitucional discriminatorio.

Hacía mucho que no sabíamos nada de Kim Davis, nuestra homófoba favorita. Seguramente la recuerdes como la funcionaria homófoba de Kentucky que se negó a dar las licencias de matrimonio a cualquier pareja, heterosexuales incluidas, para evitar que las homosexuales pudieran casarse y por lo que estuvo cinco días en prisión.

Y ahora hemos sabido el motivo: ha estado ocupada coescribiendo un libro que, atención “va más allá de los entresijos y nos descubre cómo Dios le ha dado una plataforma para defender el mundo y la libertad religiosa”. Así al menos es como se anuncia en la web donde se puede comprar, que por cierto, es la del Liberty Counsel, la firma de abogados que defendió a Kim y que le organizó una gira por Rumanía contra el matrimonio igualitario y que se quejó porque a los pobres homófobos se les estaba tratando como los nazis a los judíos.

En la contraportada se puede leer esta magnífica sinopsis: “Es la historia de cómo Dios transformó su vida en 2011, por qué se retiró en 2014, y como sabía seis meses antes de la desastrosa decisión del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario y cómo la llevaría a la cárcel”. Vamos, que ahora Kim también es vidente.

En una cultura que degrada a las personas que obedecen obedientemente a Jesús, Kim Davis recurrió a su fortaleza cuando experimentó (y soportó) la persecución de la cultura, el tribunal y la muchedumbre, y sobrevivió para contarlo en su fascinante libro”, dice Franklin Graham, CEO de Billy Graham Evangelistic Association y Samaritan’s Purse. Para Graham, “su historia demuestra que una persona realmente puede hacer la diferencia cuando toma una posición por Cristo”. Así queda recogido en la web de Liberty Counsel, una “firma de abogados por las libertades civiles religiosas de interés público nacional” de EE UU, abiertamente LGTBfóbica, que publica y distribuye la obra de Kim Davis.

El libro Under God’s Authority: The Kim Davis Story está coescrito por John Aman, director de servicios creativos de Liberty Counsel, y Mat Staver, fundador y presidente de Liberty Counsel, que representó a Davis durante su caso en los tribunales estadounidenses. Además del referido apoyo del exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, Kim Davis también cuenta con el respaldo político de Matt Bevin, gobernador de Kentucky (el tercer republicano en acceder al cargo desde el final de la Segunda Guerra Mundial). En opinión de Bevin, “cuando la historia recurrió a Kim, ella estaba lista y dispuesta para responder”.

Activistas LGTBI locales señalan, en cambio, que el libro de Kim Davis debería llamarse Kim Davis Cost to Kentucky Taxpayers (cuya traducción sería: Coste para los contribuyentes de Kentucky), ya que las posiciones de la funcionaria supusieron un gasto de 222.695 dólares a cuenta del erario público, en concepto de honorarios legales.

Con la salida a la luz de su libro, Kim Davis pretende hacer campaña para ser reelegida en su puesto de funcionaria. Y no lo tendrá aparentemente fácil, dada la fuerte oposición de los demócratas, que quieren echarla de la oficina del registro. Entre ellos se encuentra David Ermold, uno de los hombres a los que Davis negó una licencia de matrimonio. Ermold se postula para “restaurar el liderazgo profesional, la equidad y la responsabilidad”.

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Un informe realizado por Southern Poverty Law Center revela el incremento de los grupos de odio en los Estados Unidos en los últimos años. Si el año 2016 se contabilizaron 917 de estas formaciones, en 2017 han crecido hasta 954, siendo el tercer año consecutivo en experimentar esta tendencia alcista. En total, el crecimiento ha sido del 20 % desde el año 2014. Aunque la mayoría de los grupos se definen por su componente eminentemente racista o xenófobo, todos ellos tienen también en común la LGTBfobia.

Southern Poverty Law Center (SPLC) es una organización estadounidense de defensa de los derechos civiles, cuyo objetivo es luchar contra la intolerancia y el fanatismo. Hace unos días, ha publicado un informe titulado «El 2017 en odio», en el que detalla las formaciones pertenecientes a grupos de odio presentes en los Estados Unidos y las actividades que han llevado a cabo el pasado año.

El número de formaciones integradas en los distintos grupos de odio asciende en 2017 a 954, y, por primera vez, hay alguna de ellas en cada uno de los 50 estados que componen los Estados Unidos. La cifra ha crecido un 4 % respecto a las 912 del año 2016, y lo hace por tercer año consecutivo. En total, el incremento de formaciones desde el año 2014 es del 20 %.

Aquí tenéis un mapa con los distintos grupos diseminados por todo el país (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

Entre los grupos de odio analizados por SPLC se encuentran los supremacistas blancos, que entre todos suman más de 600 formaciones, entre los que se cuentan los neonazis, con 121 formaciones, los islamófobos, con 114 formaciones, o los antiinmigrantes, con 22 formaciones. Grupos como el Ku Klus Klan están en declive y han experimentado un descenso de afiliados, pero han surgido otros nuevos como los neo-Völkisch, que se consideran descendientes de los pueblos pangermánicos y promulgan la superioridad de la raza blanca. También crecen los grupos de carácter militar de extrema derecha racista que se autodenominan antigubernamentales. Los nacionalistas negros también han incrementado sus formaciones, hasta alcanzar las 233. Si bien este crecimiento se puede valorar como una reacción contra la extensión del racismo blanco, lo cierto es que en su discurso también se encuentra un fuerte antisemitismo y una beligerante LGTBfobia.

Los grupos específicamente LGTBfobos suman 51, aunque el odio hacia las personas homosexuales, bisexuales y transexuales es difundido por la inmensa mayoría de los 954 grupos. Además, el informe de SPLC detalla cómo las personas LGTB han sido las grandes perdedoras con la administración presidida por Donald Trump:

Tal vez quienes más hayan ganado, en términos de política, con la elección de Trump hayan sido los grupos antiLGBT de línea dura, que ahora tienen acceso casi sin restricciones, y toda la simpatía, a la administración Trump. Aunque Trump prometiera durante la campaña que sería un «sincero amigo» de la comunidad LGTB, su administración ha implementado una amplia gama de políticas discriminatorias, incluidas algunas que reducen las protecciones establecidas por Obama.

Recientemente, SPLC ha dado a conocer que más de 100 personas han sido asesinadas o gravemente heridas por miembros de estos grupos de odio en los últimos cuatro años. La Liga Antidifamación comunicó, por su parte, que durante 2017 fueron asesinadas 17 personas por grupos supremacistas. New York City Anti-Violence Project informaba que el pasado año se cometieron 52 ataques contra personas LGTB con víctimas mortales, un 86 % más que en 2016.

Fuente Dosmanzanas

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La Mesa del Congreso de los Diputados ha desbloqueado por fin dos importantes proposiciones de ley en materia de derechos LGTB: la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI (propuesta por la FELGTB y presentada formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) y la de reforma de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como “ley de identidad de género” (propuesta por el PSOE). La decisión de Ciudadanos de marcar una ruptura parlamentaria selectiva con el PP (partido con el que tiene un acuerdo de legislatura y junto al que dispone de mayoría en la Mesa del Congreso) ha resultado clave.

La proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI fue registrada el pasado mes de mayo, tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP en la manifestación del Orgullo 2017, y que los populares han roto de forma descarada.

Desde entonces la Mesa del Congreso ha decidido una docena de veces ampliar el plazo de presentación de enmiendas, generando una situación de bloqueo que se ha prolongado varios meses. El PP decidía finalmente presentar una enmienda a la totalidad y proponía como alternativa una ley “florero”, consistente en una mera declaración de intenciones sin medidas efectivas ni capítulo sancionador. El pasado día 22 el pleno del Congreso rechazaba la enmienda popular por 207 votos contra 131. Se abría entonces un nuevo plazo de enmiendas al articulado que finalizaba este martes y que la Mesa del Congreso ya no ha prolongado. La proposición queda por fin lista para su discusión.

Por lo que se refiere a la proposición socialista sobre identidad de género, que elimina la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP.

Posteriormente, y de la misma forma que describíamos antes, la Mesa del Congreso ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso). Hasta este martes, cuando se ponía fin a este periodo sin que se haya presentado ninguna enmienda a la totalidad, abriéndose ahora el plazo de enmiendas al articulado que finaliza el 6 de marzo. Un plazo que en buena lógica no debería ampliarse más, dado que se trata de una proposición de ley más sencilla que la anterior. Así lo destacaba en Twitter Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea de Madrid y que lleva más de un año batallando por la aprobación de esta reforma:

Hoy #Extremis con la presión de colectivos x fin se ha cerrado plazo enmiendas a totalidad #ReformaLeyTrans2007, paralizada en 1º fase con 5 ampliaciones, ahora se abre plazo enmiendas articulado hasta 6 marzo, tiempo + q sobrado para Ley 3 paginas, menores no pueden esperar + ¡ pic.twitter.com/hXLroWkWfQ

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 27 de febrero de 2018

En definitiva, después de meses de espera ambas proposiciones de ley encaran su recta final. Las dos iniciativas consiguen por fin zafarse del bloqueo legislativo que sufre el Congreso, facilitado por la composición de la Mesa: tras el pacto alcanzado en julio de 2016 entre PP y Ciudadanos, este órgano, que controla de facto el ritmo legislativo de la Cámara, cuenta con tres representantes del PP (entre ellos la presidenta), dos de Ciudadanos (entre ellos el vicepresidente primero), dos socialistas y dos del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Un reparto para el que curiosamente PP y Ciudadanos contaron con el apoyo de varios votos nacionalistas.

En definitiva, ante la negativa del PP a permitir que se discutan numerosas iniciativas de la oposición, es Ciudadanos quien tiene la llave. La decisión de los de Albert Rivera de marcar en este momento distancias con el PP, permitiendo el desbloqueo de varias proposiciones (como por ejemplo la de la reforma de la conocida como “ley mordaza”) ha sido clave.

Seguiremos con atención la próxima evolución de ambas iniciativas (que por cierto no deben confundirse con otra proposición más reciente, la de ley integral de transexualidad registrada la pasada semana por Unidos Podemos, y de la que hablaremos en una próxima entrada).

Fuente Dosmanzanas

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En una entrevista publicada por La Otra Crónica, Javier Maroto asegura que en el Partido Popular hay muchos gais y lesbianas porque lo de ser LGTB+ y de izquierdas es “un cliché”.

Afirma que si no fuera por el PP no habría tantos avances en materia de igualdad LGTB+, aunque en realidad el PP siempre ha estado en contra de esos avances.

Javier Maroto: “Si todos los gais fueran de izquierdas no habría ni matrimonio igualitario”

El PP de Javier Maroto y Andrea Levy mantiene la “Utilidad Pública” de Hazte Oír

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Gravísimo: El Consejo de Europa pone a Albiol y Maroto como ejemplos de políticos xenófobos

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“Es tan bueno que me ha enseñado a no mentir”, asegura Javier Maroto en una entrevista a la sección “La Otra Crónica” de El Mundo. Se refiere a su marido, con el que contrajo matrimonio en 2015. Y es que actual vicesecretario de Acción Sectorial del Partido Popular es desde hace años, ya cuando era alcalde de Vitoria, un político gay visible, aspecto que siempre hemos alabado en esta página. Ahora bien, Maroto se equivoca en una cosa: su marido no le ha enseñado “a no mentir”. Porque el diputado popular es un mentiroso redomado, y lo vuelve a demostrar, una vez más, en la mencionada entrevista.

Preguntado sobre la posición de su partido sobre el matrimonio igualitario, (“su partido barajó quitar la ley”, le comenta el periodista), Maroto responde: “No. Mira, esa es una historia que nosotros mismos no hemos comunicado bien. El Partido Popular llevaba en el programa de Aznar la ley de parejas de hecho y el matrimonio civil que estaba operativo en Francia. El mismo. Ganó las elecciones Zapatero e implementó el matrimonio igualitario, que yo siempre he defendido antes y después. El Partido Popular, de forma errónea, en mi opinión, interpuso un recurso al Tribunal Constitucional porque no creía que debería compartir el nombre con el sacramento católico, la palabra ‘matrimonio’”.

“¿Qué opina usted?”, le pregunta el periodista. “Yo lo llamo matrimonio porque se llama matrimonio. Pero el PP dijo que no nos gustaba el nombre y lo recurrimos. Creo que fue una decisión equivocada. En todo caso, lo más importante que se dijo es: ‘A pesar de tener mayoría absoluta y podemos cambiarlo, respetaremos lo que diga el Tribunal Constitucional’. El Tribunal Constitucional dijo que matrimonio es la palabra adecuada y el PP de Mariano Rajoy dijo que ese derecho se queda con ese nombre, teniendo mayoría absoluta”, responde Maroto.

Cómo se consiguió el matrimonio gay

Sí, así de grande lo ponemos porque, como dicen en Estoy Bailando, si Maroto se leyera este artículo de El País que repasa la historia que llevó a la aprobación del matrimonio igualitario en España vería que el contrato de unión civil aprobado en 1999 en Francia se consideraba un avance, sí, pero también “un matrimonio de segunda“. «Así que si vas a defender ahora que recurrir el matrimonio en España “porque (el PP) creía que no debía compartir el nombre con el sacramento católico” (lo que te parece una “chorrada” porque “las cosas se llaman como se llaman en la calle“) fue un error, no le eches flores a Aznar cuando sabes perfectamente que lo que proponía tu partido en esa época era una mierda pinchada en un palo.»

En dosmanzanas lo hemos dicho por activa y por pasiva cada vez que Maroto ha repetido esta misma mentira. En 2015 fue en la cadena COPE, poco antes de su boda. Luego en la cadena SER. Y probablemente en más lugares. Es radicalmente falso que el recurso de inconstitucionalidad del PP contra el matrimonio igualitario fue una mera cuestión nominalista. El recurso, por ejemplo, también buscaba despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente, tal y como expresaba el “cuarto motivo de inconstitucionalidad” defendido por su partido, según el cual esta posibilidad resultaba contraria al mandato constitucional de protección integral de los hijos por anteponer “la legitimación u homologación de las relaciones homosexuales al interés del menor”.

El PP también defendía en su recurso que “no existe una garantía mínima de certeza, en el ámbito de la comunidad científica, sobre la conveniencia del adoptado de vivir en el seno de una pareja homosexual”. El recurso llegaba a hacer una alambicada argumentación para asegurar que la adopción homoparental era inconstitucional porque (reproducimos literalmente) “el art. 39.2 CE también contempla la protección de las madres, protección que beneficia a la familia. En el caso de la adopción conjunta por una pareja homosexual dicha protección deviene imposible puesto que o bien nos encontramos con dos madres, o bien con ninguna. Ello, además de repercutir necesariamente sobre los hijos adoptados, supondría una discriminación de las familias por razón de sexo prohibida por la Constitución”.

Solamente este hecho, incontestable, nos faculta para llamar una vez más mentiroso a Maroto. Y mentiroso a sabiendas (en la mencionada entrevista a la cadena SER el político vasco presumió precisamente de “saber lo que decía el recurso”). La defensa del argumento nominalista, en cualquier caso, no se sostiene. La Ley 13/2005 por la que se modificó el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio no fue una ley de “matrimonio homosexual” que otorgara a las uniones del mismo sexo derechos similares a los del matrimonio y el mismo nombre, sino que abrió el matrimonio, que de forma expresa es un derecho constitucional en sí mismo, a las parejas del mismo sexo. La modificación legal fundamental consistió solo en añadir 18 palabras al artículo 44 del Código Civil, que quedó así: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. Resultaba por tanto imposible hacer la misma ley sin llamar a las parejas del mismo sexo matrimonio, dado que el cambio legal consistió precisamente en reconocer el derecho constitucional al matrimonio a las parejas del mismo sexo.

Al respecto del carácter mentiroso de Javier Maroto, y aunque este aspecto no se mencione en la entrevista, no podemos dejar de mencionar el hecho de que el político popular no tuviera el menor pudor en estampar su firma en el documento de compromiso con la FELGTB que permitió al propio Maroto y a Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que ese año coincidía con la celebración del World Pride. Un compromiso que después su partido ha incumplido de forma flagrante.

“Si todos los gais fueran de Izquierda Unida no hubiésemos avanzado”

La entrevista de Maroto en El Mundo está plagada de otras muchos insultos a la inteligencia de los lectores, como su aseveración de que “si todos los gais estuvieran en Izquierda Unida, no hubiésemos avanzado en este país como se está haciendo” (cuando Izquierda Unida es una de las formaciones políticas que de forma más clara ha apoyado el avance de derechos en materia LGTB) o su defensa de las políticas de Alberto Núñez Feijoo en Galicia, comunidad donde el PP aprovechó su mayoría absoluta para aprobar una ley LGTB desprovista de capítulo sancionador y que en la práctica es poco más que una mera declaración de buenas intenciones.

La última de las afirmaciones de Maroto a la nos referiremos es la que asegura que “No hay más que mirar las nuevas juventudes del PP. Si es que hay muchísimos gais y lesbianas en el PP. Es un partido atractivo para ellos”. En este punto no tenemos por qué presuponer que miente. Es más, posiblemente dice la verdad: hay muchos gais en el PP. Y también lesbianas. Un buen ejemplo es el de Miriam Blasco, la hipócrita deportista que siendo senadora popular votó en 2005 contra la ley de matrimonio igualitario… de la que después hizo uso en su vida privada.

Otra cosa es la opinión que nos merezcan, especialmente si como Maroto insisten en falsear el pasado para blanquear a su partido y hacer olvidar lo mucho que costó conquistar los derechos que ahora disfrutamos. También ellos.

Y continúa certeramente EstoyBailando: «No te casaste gracias a Aznar. Ni gracias al PP. Te casaste gracias a los partidos de izquierda que se atrevieron a hacer lo que ni tú ni los tuyos habéis hecho nunca: tratarnos con igualdad. Y te lo digo porque a lo mejor se te ha olvidado, queridísimo Javier, que hace unos días presentasteis una propuesta de “Ley LGTBI” que era un insulto. Porque en vuestro afán de distanciaros de cualquier cosa que huela a izquierda habéis tenido la poca vergüenza de pretender que se apruebe un texto que dice defender al colectivo LGTBI a la vez que defendéis “terapias de conversión”.

«Qué pena que aún creas que puedes tomarnos el pelo. Porque entonces sabrías que a la pregunta: “¿Cree que podría haber en España un presidente del Gobierno homosexual”?, la respuesta no es un “Tiene que ser buen presidente, qué más da con quién se acueste“. Eso, Javier, es un cliché. Lo que define al colectivo LGTB+ no es únicamente con quién nos acostamos, es también cómo nos desarrollamos en una sociedad que nos discrimina y en la que hemos de luchar con uñas y dientes para tener los mismos derechos que el resto de la sociedad. Algo que a ti, evidentemente, no te pasa.

Porque a mí sí me importa con quién se acuesta un político. Esto no es una cuestión de programas electorales… es una cuestión de orgullo y dignidad. Y sé que, por ejemplo, un presidente gay del gobierno (si tiene la dignidad que a ti te falta), se atreverá a hacer lo que otros políticos cobardes no se atreven: luchar por la igualdad.

Aplícate el cuento.

P.D.: No quiero irme sin hablarte de otro cliché. Aunque éste es real: la homofobia en tu partido. Tienes una pequeña recopilación aquí…»

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando

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