Ampliamos la noticia que yer mismo pubicábamos: Gran preocupación entre los colectivos LGTB y de defensa de los derechos civiles estadounidenses ante la posibilidad que Donald Trump dé por fin vía libre a una orden ejecutiva permitiendo la discriminación de los ciudadanos LGTB por razones de “libertad religiosa”. Dos recientes decisiones han despertado las alarmas, y no nos referimos al anuncio en Twitter de que a las personas transexuales se les prohibirá servir en el Ejército.

La primera de las señales, la más directa e inquientante, ha sido el hecho de que el Departamento de Justicia se haya personado en un proceso judicial para argumentar, a través de un amicus curiae (figura legal que permite a personas u organizaciones que no son parte en el proceso aportar de forma voluntaria argumentos a favor o en contra para colaborar en su resolución) que la legislación federal contra la discriminación laboral no debe aplicarse a la orientación sexual. La administración Trump ha decidido en este caso personarse en el caso Zarda v. Altitude Express, que dirime una denuncia por discriminación en el caso de Donald Zarda, un instructor de paracaidismo que fue despedido poco después de que su empresa supiese de su orientación sexual.

Se trata, de una larga discusión jurídica, que radica en si el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohibe la discriminación laboral por motivos de “raza, color, religión, sexo u origen nacional”, impide también la discriminación laboral por razones de orientación sexual. Tradicionalmente, la justicia estadounidense había adoptado en este punto una interpretación “literalista”, según la cual si “orientación sexual” no forma parte de la lista de circunstancias citadas en el texto de ley, no puede considerarse cubierta. Y no hablamos, precisamente, de sentencias antiguas: dos recientes pronunciamientos de las Cortes de Apelaciones del 2º y del 11º Circuito (con sedes en Nueva York y Atlanta) han ido precisamente, en ese sentido. Pero recientemente, por primera vez desde que en 1964 Estados Unidos aprobase su histórica Ley de Derechos Civiles, la Corte de Apelaciones del 7º Circuito (con sede en Chicago y jurisdicción sobre los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin), ha considerado que la discriminación laboral por razones de orientación sexual sí queda cubierta por la misma.

Aunque la cuestión tiene altas probabilidades de acabar siendo revisada en el futuro por el Tribunal Supremo, la discusión está sobre la mesa, y el hecho de que el Departamento de Justicia haya decidido personarse en Zarda v. Altitude Express sin ser parte del proceso para apoyar la causa homófoba dice mucho de la dirección que la administración Trump ha escogido. Al frente del Departamento de Justicia, recordemos, está nada más y nada menos que Jeff Sessions, uno de los políticos estadounidenses con un historial más activamente anti-LGTB.

Un político abiertamente anti-LGTB, embajador para la libertad religiosa

Otro de los políticos más abiertamente LGTB de los Estados Unidos es el gobernador de Kansas, el republicano Sam Brownback, que durante sus años de congresista en Washington (primero en la Cámara de Representantes y luego en el Senado) votó siempre en contra de cualquier medida en favor de los derechos LGTBI. En 2003 fue uno de los impulsores de una propuesta de enmienda para prohibir el matrimonio igualitario en la Constitución de los Estados Unidos (que no llegó a materializarse), mientras que en 2015, siendo ya gobernador de Kansas, emitió una orden ejecutiva retirando la protección contra la discriminación a los trabajadores LGTB implementada ocho años antes por Kathleen Sebelius, entonces gobernadora demócrata.

Pues bien, Sam Brownback ha sido nominado por Donald Trump como nuevo embajador del Departamento de Estado para la libertad religiosa, un cargo creado en 1998 y cuya función es la de  velar por la “libertad religiosa” en el mundo (aún debe ser ratificado por el Senado, pero nadie espera que en este caso haya sorpresas). Por mucho que su nominación sea vista por muchos como una forma de dar continuidad a la carrera política de Brownback (uno de los gobernadores con menor popularidad del país), el hecho de que una persona con un perfil tan marcadamente LGTBfobo sea considerada la más idónea para este puesto muestra que para la administración Trump “libertad religiosa” y oposición a los derechos LGTB van de la mano.

Rumores de una próxima orden ejecutiva anti-LGTB

Si a estas decisiones y al historial de Trump (que en el tiempo que lleva en el despacho oval ya ha aprobado unas cuantas como una Ley de Libertad Religiosa o la derogación de la protección de personas trans en los centros educativos públicos, entre otras muchas), unimos el reciente (y sorpresivo) anuncio en Twitter de que las personas transexuales tendrán vetado el acceso al Ejército estadounidense, no es de extrañar que de nuevo se hayan reavivado los rumores de que Donald Trump podría emitir en breve la tan temida orden ejecutiva para revertir, en nombre de la “libertad religiosa”, la prohibición decidida por Barack Obama en 2014 de que aquellas empresas y negocios que tengan o que aspiren a firmar contratos con la administración federal discriminen a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género.

A finales de enero, de hecho, numerosos medios recogieron la existencia de un borrador en ese sentido, aunque finalmente la Casa Blanca emitió un comunicado desmintiendo que en ese momento estuviese en la agenda de Trump la anulación de la orden de Obama. Fuentes cercanas a la Casa Blanca aseguraron entonces que la hija y el yerno de Donald Trump fueron los responsables de que el presidente no firmara la orden ejecutiva contra el colectivo LGTB. Semanas después, Donald Trump sí que emitió una orden ejecutiva sobre “libertad religiosa”, pero menos polémica de los previsto. Su objetivo no era otro que facilitar a los grupos religiosos intervenir en política sin perder por ello sus ventajes fiscales, pero dejaba fuera los aspectos relacionados con los derechos LGTB. Sin embargo, los recientes acontecimientos y el anuncio por parte de Tony Perkins, presidente del ultraconservador y LGTBfobo Family Research Council, de que Trump podría haber decidido rescatar la orden y firmarla en próximos días ha disparado de nuevo las alarmas. Veremos qué sucede.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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CBS, Google, Viacom o Microsfot son algunas de las 50 empresas que demandan una regulación de ámbito estatal que proteja a los trabajadores de la discriminación en base a su orientación sexual.

CBS Corp, Google, Microsoft y Viacom Inc., son algunas de las cincuenta compañías que suscriben un escrito presentado ante un Tribunal de Apelaciones del Circuito Manhattan, demandando una regulación que prohíba la discriminación por orientación sexual en los lugares de trabajo, una protección que la comunidad LGBT tenía en la administración de Barack Obama, pero que Donald Trump revoca en marzo de este año. Se trata de la primera vez que un grupo tan grande de empresas respaldan una petición sobre discriminación laboral a empleados del colectivo LGBT.

Según estas compañías, los prejuicios contra los empleados homosexuales son generalizados, además que más del 40 % de los trabajadores gays han denunciado acoso y otras formas de discriminación en sus puestos laborales. La ausencia de una ley federal que prohíba claramente la discriminación por motivos de orientación sexual juega a favor de aquellos estados que no han querido adoptar ninguna medida en este sentido. «Reconocer que nuestra ley federal uniforme protegiera a los empleados LGBT beneficiaría a las empresas individuales y la economía en su conjunto, eliminando una barrera artificial para el reclutamiento, retención y libre flujo del talento», declaran los abogados de Quinn Emanuel Urquhart &Sullivan, que han redactado el escrito.

Las compañías demandan la revisión de una demanda interpuesta por Donald Zarda, instructor de paracaidismo en Long Island que afirmó haber sido despedido después de haber confirmado su orientación sexual a un cliente. Tras fallecer posteriormente en un accidente de salto, un grupo de tres jueces del Circuito II desestima su demanda alegando que cuando se trata de personas gays no se considera discriminación, según el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Pero el mes pasado, el Tribunal de Apelaciones, con autoridad para revocar el fallo anterior, acuerda revisar este caso varias semanas después de que un Tribunal de apelaciones de Chicago sentenciara que el Título VII sí protege a los trabajadores homosexuales.

La empresa Altitude Express, para la que trabajaba Zarda, ha declarado que el Congreso de los Estados Unidos no pretendía que el Tïtulo VII se aplicara a los trabajadores gays cuando se aprobó la ley. Sin embargo, otro Tribunal de Apelaciones de Atlanta, en Georgia, está considerando actualmente la revisión de otra demanda, desestimada en marzo y presentada por una ex guardia de seguridad de un hospital que fue acosada y obligada a dejar de fumar en base a su orientación sexual.

Fuente Universogay

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La madre identifica como responsables de los abusos a docentes, estudiantes y apoderados. El caso es investigado por la Superintendencia de Educación y asesorado por el Movilh

Una madre denunció violentos episodios de discriminación contra su hijo de 15 años en el Colegio Español de Coquimbo, de donde el estudiante debió ser retirado el pasado 5 de junio debido a los acosos en razón de su identidad de género, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

De acuerdo a todos los antecedentes proporcionados por la madre y a la negativa del Colegio Español de responder una carta enviada por el Movilh el pasado 19 de junio, “es claro que ningún profesional, docente, directivo o alumno respetó la identidad de género del joven y, muy por el contrario, lo obligaron sin piedad a comportarse de acuerdo a un sexo que no lo identifica, ni define”, señaló el dirigente del mencionado movimiento LGBTI, Rolando Jiménez

En efecto, cuando el adolescente fue expresando su identidad de género (se cortó el pelo, comenzó a vestirse en forma masculina y dejo de usar maquillaje) algunos compañeros de primero medio comenzaron a hostigarlo: fue bloqueado del grupo WhatsApp y apartado de conversaciones, además de recibir “consejos” o “exigencias” para que usara vestimentas femeninas. Tan extremo fue el abuso, que en algunas ocasiones intentaron maquillarlo y se negaron a prestarles cuadernos para recuperar materia, tras una falta de dos días por estar enfermo.

En otro episodio, enmarcado en la conmemoración del Día del alumno, la profesora y los estudiantes impidieron que el joven imitara a un cantante hombre, en el marco de una actividad de fono mímica, y le exigieron que doblara a una artista mujer.

Los abusos contra el Joven fueron particularmente periódicos en las clases de educación física. El 22 de mayo del 2017 un compañero lo trató de “maricón, no te creí tan hombre”, sólo porque rechazó un balón, mientras una alumna señaló que no quería estar cerca de él porque le daba miedo y/o la podía contagiar de algo pues “es depravada y pervertida”.

Hastiado de la situación, y con una grave depresión, el 23 de mayo el joven respondió a las agresiones de una de sus compañeras con un golpe. “El colegio lejos de mirar este episodio en su contexto, transformó automáticamente al joven trans en victimario, pese a ser la única víctima de este proceso”, redondeó el Movilh.

Como si fuera poco el 6 de junio el jefe de UTP expuso en una reunión de curso lo ocurrido, visibilizando la identidad de género del joven y presentándolo a él como un problema, además de tratarlo en todo momento como mujer. A estas agresiones verbales se sumaron incluso dos apoderados, sin que el colegio nada hiciera al respecto.

Desde ese momento, y con justa razón, la madre optó por dejar de enviar a su hijo al colegio. En la actualidad el joven se encuentra afectado por una grave depresión e ideas suicidas.

El pasado 16 de junio la madre estampó una denuncia en la Superintendencia de Educación, pero un mes más tarde (13 de julio pasado) la entidad desestimó la acusación señalando que el colegio “al tomar conocimiento de los hechos activó acciones de apoyo al estudiante como fue el ingreso al Programa de Integración escolar y apoyo psicológico”.

“Claro que enviaron al joven al PIE, pero porque lo consideraron un problema por exigir el respeto a su identidad de género. Por ello, y con la asesoría nuestra, la madre apeló a la Superintendencia, reabriéndose la investigación del caso”, apuntó el Movilh.

En carta dirigida al Movilh, el jefe de departamento de Denuncias y Mediación de la Superintendencia, Óscar Acevedo, sostuvo que en su apelación la madre “aportó nuevos antecedentes que no se tuvieron a la vista” por lo que su reclamo “será reactivado y se realizarán nuevas gestiones con el fin de indagar y establecer si efectivamente existió vulneración de derechos a su hijo y realizar todas las acciones que dentro de nuestras facultades nos permitan resguardar y reestablecer los derechos que le asisten a él y su familia”.

Fuente MOVILH

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Mientras la comunidad LGTB europea celebra la apertura del matrimonio en Alemania y Malta, al otro lado del globo se impone el inmovilismo. El Gobierno conservador de Malcolm Turnbull sigue postergando la medida en Australia. El partido Liberal del primer ministro se enroca en su propuesta de celebrar una consulta, que se realizaría por correo y de forma voluntaria y que ya fue tumbada por la oposición en el Senado. A la firme negativa de laboristas y verdes a que los derechos de una minoría se decidan en plebiscito se unen voces de la formación en el Gobierno, como la del diputado Dean Smith, que hace unos días avanzó sus planes para presentar un proyecto de ley con el apoyo de miembros de la oposición.

Continúa la situación de inmovilismo en el inacabable debate sobre la igualdad matrimonial en Australia. Tras la negativa de la oposición  a apoyar la convocatoria de un referéndum como quiere el primer ministro, siguió la rebelión de un grupo de sus propios diputados, harto de dilaciones, que no logró sin embargo ningún avance. La última propuesta de los conservadores del partido Liberal fue convertir el plebiscito en una consulta por correo, de carácter voluntario (el voto en Australia es obligatorio). Confían de esta manera en sortear el veto del Senado, donde carecen de mayoría. Esta forma de participación, aseguran, no necesitaría la aprobación de una ley para su puesta en marcha.

La oposición y los activistas LGTB rechazan de plano este plan, que por otra parte deja abiertos interrogantes como qué sectores se movilizarían en la votación postal o si el resultado sería vinculante también en el caso de que ganara el “no”. También el poder económico se ha puesto del lado de la igualdad. En marzo, veinte directivos de grandes empresas australianas pidieron en una carta la aprobación parlamentaria del matrimonio igualitario y unas semanas después, la compañía de alquiler vacacional de viviendas entre particulares Airbnb ponía en marcha una campaña de apoyo a la medida.

Nada de ello ha doblegado por ahora al Gobierno. El primer ministro Turnbull se reafirmó en su empeño de impedir una votación libre en el Parlamento sin que previamente se haya celebrado un plebiscito, en la forma que sea. Un compromiso con el sector más reaccionario de su partido que pretende mantener a pesar de las crecientes voces dentro de su propia formación que le piden que dé un paso adelante. Entre ellas, la del senador Dean Smith, que hace un par de semanas revelaba su intención de llegar a un acuerdo con la oposición para forzar un debate parlamentario con libertad de voto.

La propuesta de Smith contiene excepciones para organizaciones religiosas opuestas al matrimonio igualitario y su articulado solo requeriría una pequeña modificación en la ley, según el senador. Turnbull se apresuró a rechazarla, afirmando que su posición sobre el asunto no había cambiado y aferrándose por tanto al referéndum. Por el contrario el líder de la oposición, el laborista Bill Shorten, le mostró su apoyo, convencido de que sería la vía “más rápida, menos cara y menos dañina” para la aprobación de la medida. Smith ha calificado la propuesta de una consulta postal voluntaria, que ha vuelto a la primera línea de la mano del ministro de Inmigración Peter Dutton, como “corrosiva”.

En una situación de bloqueo como la actual, en la que la oposición rechaza el referéndum por innecesario y divisivo, los críticos como Smith reclaman que el partido Liberal deje de ser una barrera para la igualdad matrimonial. Pero los sectores más conservadores de la formación de Turnbull no piensan ceder fácilmente. Entre ellos es especialmente activo el ex primer ministro Tony Abbott. En febrero instaba a su sucesor a mantener su promesa de campaña y no cambiar la ley sin antes celebrar un referéndum y esta misma semana lo animaba a ceñirse a su “compromiso de honor con los votantes” hasta el final de la legislatura si es necesario. Otros diputados de este sector inmovilista se sumaron a su petición de “no traicionar a los votantes” e intentar convencer a los laboristas de que la consulta es la mejor solución.

La oposición, sin embargo, insiste en reclamar una votación libre de disciplinas de partido en el Parlamento para aprobar por fin la medida, toda vez que existe una mayoría clara de diputados y senadores favorables a la misma. El laborista Shorten, también opina que “no hay razones para retrasar” la decisión que debe tomar Turnbull. El primer ministro llegó a amenazar en octubre del año pasado con dejar el asunto en vía muerta en lo que queda de legislatura.

Fuente Dosmanzanas

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Coincidiendo con EstoyBailando, queremos  mandar un afectuoso saludo a todos aquellos que apoyaron a Trump, votaron a Trump, pidieron el voto para Trump y a los que dijeron lo de que Hillary no era mucho mejor. Especialmente a los miembros de la comunidad LGTB+ como Caitlyn Jenner, Colby Keller, los del Log Cabin…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado en Twitter que prohibirá que las personas transexuales puedan servir en el Ejército de su país. Trump revierte así las medidas antidiscriminatorias que la administración Obama anunció hace un año, y pone en peligro la carrera de todos aquellos militares trans que ya se habían atrevido a salir del armario, que se enfrentan ahora a su posible expulsión. La sorpresiva decisión de Trump supone un durísimo golpe a los derechos LGTB en Estados Unidos y avivará muy posiblemente la ola de transfobia que vive ese país.

Las personas trans constituyen el grupo más débil y vulnerable del colectivo LGTB. Cuando en diciembre de 2010 el Congreso de Estados Unidos derogó la política de “Don’t ask, don’t tell”(aunque no fue hasta septiembre de 2011 cuando la derogación entró en vigor) las personas transexuales quedaron fuera de la discusión. No fue hasta 2015 cuando el entonces secretario de Defensa anunciaba que por fin se ponía en marcha el proceso para acabar con la discriminación tránsfoba. “Tenemos soldados, marineros, aviadores y marines transexuales, verdaderos patriotas americanos, que sé que están sufriendo un gran daño debido a una política obsoleta, confusa e inconsistente, que es contraria a los valores del servicio y del mérito individual“, aseguraba entonces Ash Carter. El secretario de Defensa anunció entonces la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. El proceso culminó un año después. Y aunque se desconocía con exactitud a cuántas personas afectaba, algunas estimaciones situaban la cifra de personas trans que servían por entonces en el Ejército en unas 15.000, teniendo en cuenta tanto a militares en activo como reservistas.  Otros estiman que entre 2.500 y 7.000 personas transgénero sirven en las diversas ramas de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

En junio de 2016, el entonces secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, anunció en una rueda de prensa desde el Pentágono que «con efecto inmediato» las Fuerzas Armadas quedaban abiertas a las personas trans. Después, el Gobierno del expresidente Barack Obama fijó el 1 de julio de 2017 como la fecha para empezar a reclutar a transexuales para las tropas. Pero el Pentágono anunció apenas unas horas antes, el pasado 30 de junio, un aplazamiento de seis meses, hasta el 1 de enero de 2018, del reclutamiento de transexuales para servir en las Fuerzas Armadas. Durante este periodo iban a revisarse los planes de adhesión de transexuales y el posible «impacto» en la «preparación y poder letal» de las Fuerzas Armadas, según detalló entonces el Pentágono. Ese aplazamiento no afectaba a transexuales que ya se encuentran sirviendo en las Fuerzas Armadas y cuyo futuro es incierto con la decisión anunciada por Trump, que no precisó en sus tuits cuándo y cómo se aplicará su prohibición.

A diferencia del final de “Don’t ask, don’t tell”, que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas transexuales (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue, por tanto, una decisión administrativa, que la administración Obama pudo tomar sin necesidad de someterla a votación por el Congreso. Por desgracia, ello supone que el ahora presidente Donald Trump tiene capacidad de revertirla. Y así parece que va a ser, según ha anunciado en una serie de tres tuits hechos públicos  anteayer:

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

….Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

….victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

“Tras consultar con mis generales y con expertos militares, comunico que el Gobierno de Estados Unidos no aceptará ni permitirá personas transgénero en el Ejército. Nuestros militares deben estar centrados en la decisiva y arrolladora victoria [Trump no especifica contra quién ni contra qué] y no pueden asumir la carga que suponen los tremendos costes médicos y la perturbación que la presencia de transgéneros en el Ejército supondría. Gracias”, expresaba el republicano.

La decisión, una sorpresa

La decisión de Donald Trump, acogida con estusiasmo en redes sociales por sus seguidores más acérrimos, pillaba por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles. En los últimos días, de hecho, habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB) por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que en etsos momentos el campo de batalla era el alcance de la financiación de estos gastos (que la administración Obama se había comprometido a asumir), pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja.

Habrá que ver cómo se articula el anuncio en Twitter de Donald Trump, dado que en este momento no se conoce documento alguno implementando la prohibición. La preocupación más inmediata es el destino de todos aquellos militares que a lo largo del último año se han atrevido a salir del armario y han hecho pública su condición de personas trans, y que si el presidente cumple su palabra se exponen a ser expulsadas del Ejército.

La decisión supone además un triunfo para la ofensiva tránsfoba que en estos momentos viven los Estados Unidos, que ya conoció una primera victoria cuando Trump, a los pocos días de jurar su cargo como presidente, revocaba las directrices emitidas en 2016 por el Departamento de Educación protegiendo a los estudiantes trans y permitía de nuevo a las escuelas que reciben fondos federales prohibirles el uso de las instalaciones que corresponden a su identidad de género. Por no hablar de los éxitos que los tránsfobos están cosechando a nivel de los estados, de los que hablaremos en una próxima entrada. En definitiva, una muy mala noticia y un peor presagio.

Durante la campaña electoral de 2016, Trump presumió de ser un «amigo» de la comunidad LGBT. Y en enero pasado, apenas unos días después de llegar a la Casa Blanca, Trump prometió la continuidad de una orden ejecutiva de Obama que prohíbe a las empresas que tengan contratos con el Gobierno federal discriminar a sus empleados LGBT.

Por su parte, Caitlyn Jenner defensora de Trump  se ha mostrado sorprendida por la decisión de prohibir a las personas trans servir en el ejército norteamericano:

There are 15,000 patriotic transgender Americans in the US military fighting for all of us. What happened to your promise to fight for them? https://t.co/WzjypVC8Sr

— Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) 26 de julio de 2017

Y  a su vez le han contestado en  twitter recordándole, entre otras cosas: Tía cállate. Nunca prometió luchar por ellos, solo escuchaste lo que querías oir. Te engañaste tu sola... Votaste por él. Es culpa tuya… Enhorabuena. Te engañaste a ti misma… Bienvenida a tu partido, Caitlyn. Esta es tu gente. Asúmelo.

Unas horas después escribió otro tweet donde enlazaba a un texto que ha publicado en su web criticando de forma muy suave la decisión de Trump:

This AM, @POTUS attacked trans people fighting for our country. Every American should be outraged. My full response: https://t.co/ALJwnvFwQg

— Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) 26 de julio de 2017

A lo que alguno le ha contestado: Has deshonrado al colectivo LGTB al apoyarle. Debería darte vergüenza.

Varias fuentes republicanas confirman que Trump cedió ante el chantaje de varios congresistas republicanos y decidió prohibir a las personas trans en el ejército para asegurar la ley que financiara su muro con México.

El mismo informe que Trump utiliza para justificar el alto coste médico de los tratamientos de personas trans en el ejército revela que el Pentágono gasta 10 veces más en pastillas para la disfunción eréctil.

Donald Trump ha decidido prohibir a las personas trans servir en el ejército estadounidense argumentando que el coste de los tratamientos médicos de este colectivo es demasiado alto para que lo cubra el ejército. Gracias a un artículo publicado por la web Politico, sabemos que en realidad la decisión de Trump se ha tomado para asegurarse la financiación de una de las mayores promesas electorales del presidente: construir el muro con México.

Los congresistas republicanos están preparados para presentar en el Congreso una ley con la que asegurarse la financiación del muro, ley que peligraba porque algunos republicanos más extremistas querían condicionar su voto a esta ley a que el gobierno revirtiera la decisión de Obama y se prohibieran las operaciones de reasignación de sexo financiadas por el Pentágono para las personas trans que formaran parte del ejército. Ante ese problema los líderes republicanos acudieron al presidente, que no dudó en conceder a esos congresistas lo que pedían a cambio de asegurar que su mayor promesa electoral no caía en saco roto. Como explica una fuente del partido a Politico: “Es como si alguien le hubiera pedido a la Casa Blanca que encendieran una vela y la Casa Blanca hubiera prendido fuego a toda la mesa.”

Para justificar la decisión de dejar fuera de servicio a 15.000 soldados trans y decir que ninguna persona trans es apta para servir en el ejército la Casa Blanca se ha basado en un informe de la corporación Rand que dictaminó que el coste anual de los tratamientos de las personas trans rondaba los 8,4 millones de dólares. Resulta curioso que Trump justifique ese ahorro diciendo que es un coste enorme para el ejército cuando, como han demostrado desde el New York Times, esos 8,4 millones son una nimiedad (entre un 0,0004% y un 0,017%) entre los los casi cincuenta mil millones de dólares con los que se financia la salud de los militares:

This is CNN’s chart of how much healthcare for transgender personnel would cost the military. It’s not just negligible, but almost invisible pic.twitter.com/12JCENKlGi

— Jack Smith IV (@JackSmithIV) 26 de julio de 2017

Para que te hagas una idea de lo absurdo que resulta justificar la transfobia de algunos republicanos con el coste de los tratamientos médicos (que en ese gráfico de ahí arriba directamente casi ni se ve), ese mismo informe de Rand señaló que en 2014 el Pentágono se gastó diez veces más dinero en medicamentos para tratar la disfunción eréctil de los soldados: 84 millones de dólares. Sólo en Viagra, uno de los medicamentos que receta el ejército para ese problema de salud, el Pentágono invirtió 41,6 millones de dólares.

Ya sean 8 u 84, está claro que ambos costes son totalmente asumibles en un presupuesto de cincuenta mil millones más que suficiente para garantizar la salud de todos los militares. Así que, con los datos en la mano, está claro que la decisión no se ha tomado en base a un criterio económico sino a la transfobia más evidente.

Fuente | Towleroad – PinkNews/ Dosmanzanas/EstoyBailando/Cáscara Amarga

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Importante decisión del Tribunal Constitucional de la República Checa, conocida este lunes 24 de julio. El más alto intérprete de la Constitución checa ha dictaminado el reconocimiento de la paternidad para los dos miembros de una pareja del mismo sexo cuando esta se encuentra reconocida en el extranjero. Se da así un paso más en la equiparación progresiva de las parejas de igual o distinto sexo en el país centroeuropeo.

La República Checa debe reconocer la paternidad de los dos miembros de una pareja del mismo sexo si esta ya se encuentra validada en otro país, de la misma forma que sucede con las parejas de distinto sexo. Es el dictamen del Tribunal Constitucional checo. La decisión se produce tras el recurso de una pareja formada por un ciudadano checo y un ciudadano danés, quienes contrajeron matrimonio en Estados Unidos y han sido padres por gestación subrogada en California. Al estar este procedimiento legalizado allí, los dos padres están reconocidos como tales en el estado norteamericano. Sin embargo, cuando quisieron que su paternidad conjunta fuera reconocida en República Checa, se encontraron con una sentencia adversa del Tribunal Supremo. Afirmaba entonces este otro tribunal que dicho reconocimiento iba contra el orden legal checo, dado que en ese país no es posible la paternidad conjunta de parejas del mismo sexo ni tampoco la adopción por parte de la pareja del mismo sexo cuando el otro miembro es padre biológico.

Ante ello, apelaron al Tribunal Constitucional, y este ahora con su decisión envía de vuelta el asunto al Tribunal Supremo, ahora con la obligación de encontrar vías para el reconocimiento de su paternidad.

Esta sentencia se suma a otras anteriores que iban también en la línea de la progresiva equiparación. Ya en 2015, un juez de Prostějov (Moravia) reconoció la paternidad conjunta de una pareja de francés y checo sobre sus hijos adoptados (también en Estados Unidos). Ese mismo año, el Tribunal Supremo reconoció los dos hijos de otra pareja del mismo sexo. En este caso, sin embargo, el que se ha pronunciado es el Tribunal Constitucional, que al igual que en España es intérprete del ajuste de las leyes a la Constitución, por lo que esta sentencia tendrá repercusiones previsiblemente más amplias.

También fue el Tribunal Constitucional, por cierto, el que hace poco más de un año levantó la prohibición de adoptar niños de forma individual para las personas que conviven en una unión civil (posible para parejas del mismo sexo). Si bien el fallo no abrió la adopción conjunta a las parejas del mismo sexo, el Gobierno checo ya estudia una ley para permitir la adopción de los hijos del compañero o compañera del mismo sexo (la conocida en inglés como step-child adoption).

Volviendo a la sentencia conocida esta semana, aunque importante, sigue dejando fuera la realidad homoparental de muchas familias. Como el Tribunal Supremo señalaba, la paternidad conjunta y la adopción del hijo o hija del cónyuge no están permitidas dentro del país. Con esta sentencia del Constitucional se hace posible el reconocimiento solo para quienes estén reconocidos en el extranjero, pero permanece inaccesible para quienes tengan hijos dentro la misma Chequia o en otros países que no reconozcan esta paternidad conjunta. Una diferencia que plantea una paradoja legal, que solo se podría resolver reconociendo la paternidad o maternidad conjuntas para todas las parejas del mismo sexo.

Una situación relativamente mejor dentro del antiguo bloque soviético

Por lo demás, esta sentencia es significativa dado el contexto del país en el que se produce. La República Checa forma parte del antiguo bloque del Este, pero su sociedad demuestra unos niveles de homofobia significativamente menores que los de otros países de la zona (con la excepción, posiblemente, de la república exyugoslava de Eslovenia). El principal freno a la igualdad, en el caso checo, no viene tanto de la población como de la falta de voluntad de los partidos políticos.

En este sentido, desde hace unos meses hay en marca una campaña a favor del matrimonio igualitario que busca movilizar a políticos y sectores de la sociedad civil. Lleva por título “Jsme fér” (“somos justos” o también “jugamos limpio”) y cuenta con página web y perfiles en redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram y YouYube. Un momento fuerte de esta campaña será la celebración del Orgullo en Praga, el Prague Pride, que tendrá lugar entre 6 y el 13 de agosto, con la manifestación el sábado 12.

Esperemos que los esfuerzos del activismo den su fruto y la igualdad jurídica plena acabe llegando a República Checa, lo cual marcaría un hito sobre todo de cara a países cercanos por historia o cultura pero en los cuales la situación es mucho menos prometedora, como Polonia, Eslovaquia o Hungría.

Funte Dosmanzanas

General Adopción, Discriminación, Gestación subrogada, Homofobia, Homoparentalidad, Jsme fér, Praga, Prague Pride, República Checa, Visibilidad LGTBI

Miriam Blasco es noticia estos días porque se acaba de saber que se casó con la luchadora a la que le ganó el Oro en Barcelona ’92. Pero pocos se acuerdan de que Blasco se hizo después senadora del PP y votó en contra del matrimonio igualitario.

Numerosos medios recogen hoy la noticia de que Miriam Blasco, ganadora de un oro olímpico en Barcelona (judo femenino, categoría -56 kg.), está casada desde hace más de un año con Nicola Fairbrother, la británica que fuera su rival en la final olímpica y de la que es pareja desde hace 22 años. Así se lo revelaba Blasco a Maria Escario en Televisión Española. Lo que esos mismos medios obvian es que el de Blasco, que tras su carrera deportiva se dedicó a la política y fue senadora del Partido Popular, fue uno de los 131 votos que el 22 de junio de 2005 respaldaron el veto a la ley de matrimonio igualitario aprobada semanas antes por el Congreso, y que la Cámara baja se vio obligada a levantar por mayoría absoluta el 30 de junio.

El veto del Senado a la ley de matrimonio igualitario fue aprobado por 131 votos frente a 119. Votaron a favor los 126 senadores del PP, entre los que se encontraba Blasco, además de cuatro senadores de Unió Democràtica de Catalunya y uno del Partido Aragonés. Enfrente, 119 votaron en contra. Hubo 2 abstenciones y 7 ausencias (ninguna del PP). La votación tuvo lugar después de un debate en el que destacaron muy especialmente los argumentos homófobos de Rosa Vindel, la portavoz del PP, quien por cierto continúa siendo senadora doce años después. Cualquiera puede consultar lo que pasó en el Diario de Sesiones de aquel día, aunque en 2016, coincidiendo con el 11º aniversario del veto, hicimos un extracto del argumentario popular.

Pero como aperitivo, dijeron los del PP fue que habría que buscar otro nombre “más pacífico y menos controvertido y más acorde con nuestro entendimiento y con los de nuestro entorno“. O que había que vetar la ley del matrimonio y buscar otra fórmula que no hiriera las “sensibilidades ni convicciones personales” de algunas personas. También dijeron que el matrimonio era una cosa exclusivamente heterosexual, que el matrimonio heterosexual debía tener ciertos privilegios sobre el homosexual o que “ni el adoptado ni la adopción pueden ser instrumento de legitimación u homologación de relaciones homosexuales.”

Pues a todas esas cosas tan bonitas y tan poco homófobas Miriam Blasco votó que sí. Y quiso que se vetara la ley del matrimonio igualitario. Y evidentemente estuvo de acuerdo con el recurso ante el Tribunal Constitucional que Mariano Rajoy plantó a la ley cuando ese veto se eliminó poco después en el Congreso por mayoría absoluta.

El Congreso de los Diputados levantó el veto una semana después. Han pasado doce años y unas 40.000 parejas del mismo sexo han contraído matrimonio, ejerciendo el derecho al que el PP quiso impedirnos acceder (junto al de la adopción conjunta, no lo olvidemos: el hecho de que el matrimonio igualitario abriese la puerta a la adopción homoparental plena era el “cuarto motivo de inconstitucionalidad” que los populares argumentaron en su recurso al Tribunal Constitucional). Uno de esos matrimonios, por lo que ahora hemos sabido, es el de Blasco, una de las 126 senadoras que el 22 de junio de 2005, y cuando su pareja sentimental era ya otra mujer, votó en contra de la ley que lo hizo posible.

Nos alegramos de que Miriam Blasco sea feliz con su pareja y haya dado por fin el paso de visibilizarse. Su historia de amor es desde luego de cine, aunque muchos pensarán que su historia de hipocresía no se queda atrás. Le deseamos, en cualquier caso, todo lo mejor.

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El actor americano Thomas Dekker ha revelado públicamente que es gay y que además está casado. Lo ha hecho, eso sí, después de que el guionista de Héroes, serie de televisión en la que participó durante doce episodios, y que también es gay, denunciase en una reciente entrega de premios que el representante de Dekker le obligó en su día a cambiar su papel de gay a hetero. Tras el “outing”, el propio Dekker quiso confirmar su orientación sexual a través de las redes sociales con todos sus seguidores.

Todo comenzó en el escenario del Orpheum Theatre el pasado 6 de julio, en el marco del festiva Outfest de Los Ángeles. Bryan Fuller, uno de los productores y guionistas de la serie emitida en NBC entre 2006 y 2010, subía a recoger un premio y aprovechaba su discurso de agradecimiento para, sin dar nombres concretos, recordar por ejemplo que fue imposible incluir una trama gay en la ficción Héroes por problemas con un actor. “La idea de que el personaje fuera gay fue descartada después de que el representante del actor amenazara con el abandono de la serie“, aseguró Fuller. “El personaje se volvió heterosexual y el actor salió del armario como gay“, añadió.

Fuller aprovechó su crítico discurso para apuntar que le había ido mejor con los personajes femeninos. “Las lesbianas siempre han sido más fáciles de representar que los hombres gais. El asustado heterosexual medio de América asume que, como no hay pene, no hay penetración, y de alguna manera eso le resulta menos aterrador. Como si un pene fuese la única cosa con la que puedes echar un polvo. ¿Estoy en lo cierto, señoras?”, apostilló.

Si bien es cierto que Fuller no mencionó su nombre, todo el mundo adivinó que el actor al que se refería no era otro que Thomas Dekker, que en la serie daba vida al personaje de Zach, presente en la serie durante doce episodios. De hecho, tras el discurso de Fuller, el propio Dekker, de 29 años, decidió salir públicamente del armario mediante una declaración a través de su perfil en las redes sociales Twitter e Instagram. Y aprovechó para anunciar a sus seguidores que, además de ser gay, se casó con su pareja el pasado mes de abril.

PLEASE READ 💛 pic.twitter.com/Uo5hM94Qp5

— Thomas Dekker (@theThomasDekker) 14 de julio de 2017

Salida pública del armario

“Mi orientación sexual volvió a ser cuestionada esta semana cuando un prominente hombre gay usó un discurso de agradecimiento por un premio para ‘sacarme del armario’. Si bien es verdad que no mencionó mi nombre, los detalles explícitos de su referencia facilitaban que el público y los medios ataran cabos”, señaló el actor.

A continuación, Dekker expresó que este gesto de su compañero le ayudó, en cierto modo, a dar un paso que de otra forma, quizás, le habría costado trabajo dar. “Si bien es cierto que es una situación extraña, se lo agradezco porque me brinda una excelente oportunidad para decir públicamente que soy un hombre que ama orgullosamente a otros hombres. De hecho, en abril me casé con mi esposo, y no podría estar más feliz“, dijo.

Dekker, que asegura que nunca mintió a la prensa sobre su sexualidad, afirmó también que el discurso de Fuller era parcialmente erróneo, porque en realidad él no había salido oficialmente del armario. “Porque no lo he hecho ‘oficialmente’ hasta ahora. Simplemente me niego a que me roben la gloriosa alegría que me pertenece. Decir yo mismo esas palabras. ‘Soy gay’. Esas palabras son una insignia de honor que nadie me puede robar”, expresó.

Dekker aprovechó su mensaje para hablar de la responsabilidad social de los personajes públicos en el tema de la visibilidad LGTB. “Estoy de acuerdo con todos los que creen que es una responsabilidad importante para las personas LGTB con un plataforma para hacerlo el salir del armario. Tiene el poder de cambiar las mentes, desafiar creencias y hacer que otros se sientan comprendidos y apoyados. Puede fortalecer la progresión de nuestra comunidad y ayudar a desarmar a los que nos discriminan. Es algo valiente, poderoso e importante, pero también es una decisión profundamente personal. Algo que solo debe hacerse cuando uno está preparado“.

Aunque si duda precipitado por el discurso de Fuller, bienvenido sea el gesto de Dekker, que contribuirá al avance de la representación de la diversidad LGTB en el cine y la televisión.

Fuente Dosmanzanas

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El presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha rubricado este viernes la histórica ley que abre el matrimonio a las parejas del mismo sexo en el país más poblado y primera potencia económica de la Unión Europea. La ley entrará en vigor a partir de los tres meses de su publicación en el boletín oficial del estado alemán, lo que sucederá en próximos días. Será en octubre, por tanto, cuando veamos celebrarse las primeras bodas.

Hace ahora tres semanas el Bundestag aprobaba el proyecto de ley de matrimonio igualitario por 393 votos a favor frente a 226 en contra. Como entonces detallamos, los acontecimientos se habían precipitado días antes, cuando la canciller Angela Merkel avanzaba su intención de otorgar libertad de voto a sus diputados. Un cambio de criterio que provocaba, de forma inmediata, la reacción de los socialdemócratas, que durante toda la legislatura habían rechazado sumar sus votos a los de la oposición para aprobar una medida que estaba fuera del acuerdo de gobierno entre democristianos y socialdemócratas (la “gran coalición”) y que abría la puerta a una rápida aprobación de un texto que llevaba esperando desde 2015, año en que lo aprobó el Bundesrat.

Una semana después de que el Bundestag lo aprobara con una clara mayoría (además de los votos del SPD, de Los Verdes y de La Izquierda contó con el apoyo de 75 de los 309 diputados democristianos), era el Bundesrat o Consejo Federal (la institución que representa a los dieciséis estados federados de Alemania y que actúa a modo de cámara alta) el que le dio su visto bueno sin necesidad de proceder a una votación. Un resultado que dejaba claro el deseo de la propia CDU de Merkel (y de sus socios bávaros de la CSU) de dejar resuelto este tema antes de la inminente campaña electoral. Lo explicamos con detalle entonces.

Quedaba un único trámite: la rúbrica del presidente de la República Federal de Alemania, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier. A pesar de que sus atribuciones son sobre todo protocolarias y de representación, Steinmeier podría haberse negado a estampar su firma y solicitar antes la opinión del Tribunal Constitucional. No lo ha hecho, y la ley alemana de matrimonio igualitario ya es una realidad. Cuando se cumplan tres meses de su publicación en el boletín oficial del estado de Alemania, las parejas del mismo sexo ya podrán contraer matrimonio en ese país bajo las mismas condiciones que las de distinto sexo. Y es que, como ya explicamos, el “Proyecto de ley para la introducción del derecho al matrimonio para las personas del mismo sexo”, un texto muy parecido a la ley española de 2005, modifica el Código Civil alemán con la frase “Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen” (“El matrimonio se contrae por dos personas de distinto o del mismo sexo para toda la vida”).

Fuente Dosmanzanas

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KezozDugdalen y Jenny Gilruth

Para sus protagonistas su historia de amor no es “noticia”. Sin embargo, al hacer pública su relación se convierten en un referente positivo para la comunidad LGTB. Kezia Dugdale, líder del Partido Laborista Escocés, y Jenny Gilruth, diputada en el Parlamento de Escocia por el Partido Nacional Escocés (SNP), han visibilizado su condición de pareja y han agradecido, por una parte, el apoyo recibido por familiares y amigos en estos últimos meses y, por otra, la gran cantidad de muestras de afecto que les han llegado por parte de muchos usuarios de las redes sociales. La propia primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, ha felicitado a la pareja a través de su cuenta de Twitter.

En abril de 2016 recogíamos que la laborista Kezia Dugdale es una de las cuatro líderes políticos abiertamente LGB de Escocia, junto a la conservadora Ruth Davidson, el verde Patrick Harvie y el dirigente del UKIP David Coburn. Ahora, en cambio, la noticia es que Dugdale ha revelado su relación sentimental con la diputada del SNP Jenny Gilruth. En una declaración conjunta, Dugdale y Gilruth han dicho que “no consideramos que esto sea una ‘noticia’, pero apreciamos que otros lo hagan y queremos seguir nuestra vida diaria con normalidad”.

Asimismo, la líder laborista y la diputada nacionalista escocesa también han expresado que “nos gustaría agradecer a nuestros amigos, familiares y colegas por su amabilidad durante los últimos meses y por su amor y apoyo”. Por otra parte, aunque ellas mismas han dado a conocer su romance (convirtiéndose, como decíamos, en un referente positivo para la visibilidad LGTB en el ámbito público), Dugdale y Gilruth piden que “se respete nuestra privacidad porque, aunque ambas somos políticas, también somos seres humanos en una nueva relación que apreciamos”.

Cientos de usuarios de las redes sociales han expresado sus felicitaciones y mejores deseos para la pareja. Entre ellos, la propia primera ministra de Escocia (perteneciente al mismo partido que Jenny Gilruth, el SPN). Nicola Sturgeon ha utilizado su cuenta de Twitter para dejar claro que “el amor puede conquistar a todos”, al tiempo que ha deseado toda la felicidad a Dugdale y Gilruth.

So love really does conquer all! Wishing every happiness to @JennyGilruth & @kezdugdale. ❤ https://t.co/aOOETwBE2j

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 15 de julio de 2017

Jenny Gilruth, por su parte, también ha utilizado Twitter para agradecer el cariño recibido: “Estamos totalmente abrumadas por los mensajes de bondad y apoyo desde ayer. Gracias a todos”, decía la diputada nacionalista escocesa.

We have been totally overwhelmed by the messages of kindness & support since yesterday – thank you to you all. #loveislove ❤️

— Jenny Gilruth (@JennyGilruth) 16 de julio de 2017

Como no podía ser de otra forma, desde dosmanzanas enviamos nuestros mejores deseos a la feliz pareja.

Fuente Dosmanzanas

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La Audiencia Provincial de Madrid levanta la medida cautelar que inmovilizaba el autobús de la asociación ultracatólica.

La Audiencia de Madrid hace suyos los argumentos de HazteOír y permite circular al autobús con mensajes ofensivos hacia los niños y niñas trans

El pasado 2 de marzo el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid acordó la inmovilización del autobús que llevaba el mensaje “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen” por posible delito de odio. Sin embargo, ahora la Justicia considera que dicho mensaje “no puede considerarse un atentado a la juventud y a la infancia que una asociación legalmente constituida pueda dirigirse a los padres -en general- y a quienes la Constitución garantiza el derecho a formar a sus hijos ‘de acuerdo con sus propias convicciones”.

Como si educar en la homofobia, el machismo o el racismo fuera un derecho de los padres. Bueno no, si el autobús llevara un mensaje racista probablemente no se hubiera permitido su circulación pero cuando se trata de la identidad de género parece que todo el mundo “tiene derecho” a tener una opinión.

Por si esto fuera poco, el tribunal asegura que “admitir la persecución de ideas que molestan a algunos o bastantes no es democrático y supone apoyar una visión sesgada del poder político como instrumento para imponer una filosofía que tiende a sustituir la antigua teocracia por una nueva ideocracia”.

 Actualización:

Insertamos integramente el artículo de Dosmanzanas que analiza detenidamente todo este desproposito:

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso de la organización ultraconservadora HazteOír y ha levantado la inmovilización del ya conocido como “autobús del odio”, el vehículo en el que ridiculizaba la realidad de los menores trans y sus familias, y que forma parte de una campaña tránsfoba organizada que en diferentes versiones ha recorrido ciudades españolas y americanas. Una macabra casualidad, además, ha querido que la noticia se conozca en la víspera de la celebración del Día Europeo de las Víctimas de Delitos de Odio. Una muestra más de hasta qué punto la justicia española es insensible a los episodios de disciriminación contra las personas LGTBI.

Recordamos brevemente el origen de los hechos. El pasado mes de febrero, HazteOír comenzaba a pasear por las calles de Madrid un autobús con el mensaje: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vagina. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirás siéndolo”. Un lema que no era otra cosa que la versión tránsfoba de la excelente campaña de concienciación ciudadana sobre la transexualidad infantil que semanas antes había promovido en varias ciudades del País Vasco y Navarra Chrysallis Euskal Herria, organización vasca de familias de menores trans. El autobús también hacía promoción del panfleto publicado por HazteOír y enviado en su momento a colegios de toda España en el que denigra los avances legislativos que se están produciendo en diferentes comunidades en materia LGTBI.

HazteOír desafiaba abiertamente tanto la ley madrileña contra la LGTBIfobia como el propio código Código Penal español, cuyo artículo 510, en su apartado 2, castiga con a quienes “lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

Pero de nada sirven las leyes cuando no hay voluntad de aplicarlas, una divergencia que en España cada vez resulta más clara en el caso de las acciones discriminatorias y de odio contra las personas LGTBI que no implican lesiones físicas. La decisión de la Audiencia de Madrid, conocida en el día de ayer aunque plasmada en un auto del 14 de julio, es un buen ejemplo. Como ya sabemos, aunque el autobús de HazteOír ha recorrido posteriormente otras ciudades españolas con versiones edulcoradas (“Respeto para todos. No al bullying” se permitió incluso añadir, en una muestra de cinismo absoluto), su primera versión había dejado de circular de forma cautelar, a instancias de la Fiscalía, a la espera de que se aclarase si la campaña podía incurrir en un posible delito de odio. Ahora la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha levantado dicha prohibición cautelar, argumentando que no puede considerarse un atentado a la juventud y la infancia que una asociación legalmente constituida pueda dirigirse a los padres, “a quienes la Constitución garantiza el derecho a formar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones”. Curiosa argumentación si se tiene en cuenta que no hablamos de un acto convocado por HazteOír cuya asistencia es voluntaria, sino de un autobús que se pasea por las calles luciendo mensajes que de forma explícita y en un tono ofensivo niegan la existencia de niños y niñas transexuales.

La Audiencia Provincial, de hecho, enmarca los lemas del autobús en un “debate de ideas”  y subraya que “los delitos de odio son algo muy distinto a profesar y difundir una ideología”. “Las ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente, en especial cuando no se focalizan específicamente sobre ningún grupo determinado”, llega a decir… Para la Audiencia Provincial de Madrid negar la existencia de la transexualidad infantil es “debate de ideas” y atacar de una forma tan ofensiva a los niños y niñas trans y a sus familias no es un ataque focalizado contra un grupo determinado.

El auto de la Audiencia Provincial, de hecho, hace suyo todo el argumento ultraconservador, al considerar que oponerse a que circule el autobús del odio “no es democrático y supone apoyar una visión sesgada del poder político como instrumento para imponer una filosofía que tiende a sustituir la antigua teocracia por una nueva ideocracia”. El tribunal, como si de una tertulia radiofónica se tratase, se permite incluso comparar el autobús de HazteOír con el “Tramabús” de Podemos, un autobús fletado por dicho partido político con rostros de personajes relacionados de una u otra forma con la corrupción política, al que “ninguna autoridad impidió su circulación [sic]“.

Un auto polítizado

No hace falta ser jurista para darse cuenta, a la luz de los párrafos citados, que se trata de un documento profundamente politizado en el que la Audiencia Provincial hace suyos los argumentos de HazteOír. Sabemos que los jueces son personas, muchas de ellas de ideología profundamente conservadora, pero que sus opiniones se plasmen de una forma tan marcada en sus decisiones es muy preocupante.

Acciones como esta, además, convierten además en papel mojado cualquier tipo de avance jurídico que se consiga. De poco vale incluir en el Código Penal los delitos de odio o promover leyes contra la LGTBIfobia si finalmente sus disposiciones son meras declaraciones de intenciones. Lo denunciaba en Twitter Carla Antonelli, tras conocer la noticia:

El nuevo Código Penal y artículo 510 es papel mojado si los delitos de odio es a #LGTBI y en especial a #Trans https://t.co/XGjLp3xvix

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 21 de julio de 2017

Confiemos en que la justicia española sea capaz de reparar el daño, que las denuncias contra HazteOír lleguen a buen término y que las diversas autoridades continuen poniendo trabas a su campaña de odio, como en su momento han hecho el Ayuntamiento de Madrid, que impidió circular al autobús por violar ordenanzas municipales, o la Generalitat de Cataluña, que le abrió expediente en aplicación de la ley autonómica contra la LGTBIfobia y le obligó a retirar la cartelería tránsfoba. En cualquier caso, lo ocurrido con la Audiencia Provincial de Madrid es una muy mala señal.

Fuente | RTVE, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

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La provincia indonesia de Aceh podría ocultar a la vista del público los castigos físicos a los condenados por homosexualidad. La posible reforma ha sido discutida entre el presidente indonesio, Joko Widodo, y el recientemente elegido gobernador de Aceh, Irwandi Yusuf, y está motivada por el deterioro de imagen internacional que para Aceh en particular y para Indonesia en general supuso la difusión hace escasas semanas de la flagelación de dos jóvenes, de 20 y 23 años. Una mala fama que podría poner en riesgo la inversión extranjera. De aprobarse la decisión, los castigos se ejecutarían en el interior de las cárceles, sin público ni prensa.

El pasado mes de abril ya adelantábamos que los dos muchachos habían sido condenados a ser flagelados en público con una vara de ratán, después de ser grabados en vídeo, acosados y denunciados por sus propios vecinos. La condena se ejecutó en mayo, después de que pasaran además dos meses en prisión. El espectáculo público, cuyo objetivo “ejemplarizante” fue ensalzado por la alcaldesa de Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal (“imaginen qué pasaría si a toda la gente le empezara a atraer su mismo género y la enfermedad se empezara a esparcir por el mundo”), trascendió sin embargo internacionalmente y las condenas no se hicieron esperar.

Algo que no ha gustado a las autoridades de Aceh y de Indonesia, que ante el temor de que lo sucedido desincentive la inversión extranjera se plantean ahora no suspender los castigos a las personas condenadas por homosexualidad, sino ejecutarlos privadamente en el interior de las prisiones, de forma que las imágenes no trasciendan a los medios de comunicación y no puedan ser difundidas a través de dispositivos móviles. Así lo habrían discutido el presidente indonesio y el nuevo gobernador de Aceh en una reciente reunión mantenida en Yakarta, la capital indonesia. Una muestra de hipocresía que la organización de derechos humanos Human Rights Watch ya ha denunciado. Está por ver, en cualquier caso, si la decisión llega a materializarse: según asegura The New York Times, la oficina del gobernador ha expresado que aún debe recibir el visto bueno de los “sabios” musulmanes y del Parlamento local.

En Aceh, recordemos, rige la sharía desde 2005. Fue una concesión de Indonesia a los separatistas en el marco del acuerdo de paz que tuvo lugar poco después del tsunami que asoló la región. Aunque no fue hasta septiembre de 2014 cuando finalmente se aprobó la ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de flagelación (que entró en vigor en octubre de 2015).

Indonesia: deterioro preocupante de los derechos LGTB

Indonesia presenta una realidad muy diferente para su comunidad LGTB dependiendo de la región. Formalmente, la homosexualidad no es delito en el país con mayor número de fieles musulmanes del mundo, que mantiene un código penal heredado de la época colonial neerlandesa. La excepción son las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional.

Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Hace pocas semanas, por ejemplo, la policía detenía en Yakarta, la capital, a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades calificaron como “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es allí ilegal. El portavoz de la policía aseveraba que los detenidos podrían ser acusados bajo las duras leyes contra la pornografía. Semanas antes, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una “fiesta gay” en Surabaya, la segunda ciudad del país. Y en Java Occidental, la provincia más poblada del país, el jefe de policía ha hecho público el plan de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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El movimiento por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) catalán celebró este año el cuarenta aniversario de la primera vez que se salió a la calle en Barcelona para reivindicar los derechos del colectivo en 1977, que fue también la primera del territorio español. Consiguieron reunir a más de 4.000 personas entre personas LGBTI y participantes procedentes del movimiento feminista, el vecinal, el sindical o los partidos políticos más a la izquierda. Sus organizadores reconocen que en aquel momento temieron porque el miedo les llevara a reunir sólo a unos pocos. No fue así, fue un primer gran éxito.

De hecho, llevaban ya siete años trabajando para dar visibilidad a la reivindicación LGBTI y para conectar al colectivo y el movimiento con el resto de luchas sociales democráticas que estaban emergiendo en aquel momento. En 1970, en plena dictadura franquista, había nacido el Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH) a partir de un grupo de personas LGBTI, entre los que estaba Armand de Fluvià, que, pensó que hacía falta movilizarse contra la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, aprobada aquel año, que penalizaba la homosexualidad con prisión y centros de “reeducación”.

En 1976 había nacido el Institut Lambda con el objetivo de dotar a las personas LGBTI de un espacio social, de relación, cultura y apoyo mutuo. En 1977 nacía el Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) que sucedía al MELH y que daba un giro ideológico y hacía suyos los postulados más subversivos de Stonewall a imitación de los Gay Liberation Front que surgían en aquel momento en Estados Unidos y Gran Bretaña y abrazaban el marxismo y la superación del capitalismo como espacio político. Su planteamiento era muy diferente al del movimiento LGBTI de los cuarenta y cincuenta, no pretendía asimilar la homosexualidad a la sociedad para hacerlos “respetables”, sino que cuestionaba la sociedad heteropatriarcal y su norma sexual y de género y aspiraba a superarlos. Se pasó de un planteamiento de mera adaptación a otro de cambio social. En 1979 se consiguió la derogación de la Ley de Rehabilitación y Peligrosidad Social, uno de los primeros éxitos de un movimiento social emergente.

La memoria histórica LGTB

Barcelona cuenta, desde hace años, con dos orgullos: el organizado exclusivamente por asociaciones y coordinado por la Comisión Unitaria del 28 de junio y el Pride Barcelona, liderado por la Asociación Catalana de Empresas para Gays y Lesbianas (ACEGAL), aunque participan también la mayoría de las asociaciones LGBTI barcelonesas. Una diferencia que hay quien equipara a la que en Madrid existe entre el Orgullo y el Orgullo crítico. Esta comisión ha organizado durante todo el mes de junio multitud de actos de memoria: se ha celebrado la Mostra Fire!! de cine LGTBI, un acto de memoria por los 40 años del FAGC, la más antigua del Estado español, que incluyó la relectura del Manifiesto del FAGC y un homenaje a sus fundadores; además el 17 de junio se hizo una manifestación descentralizada en Lleida, a lo que cabe añadir diferentes actos lúdicos, culturales o de debate. Entre estos destaca la exposición histórica de los “40 años de lucha en la calle” del movimiento catalán que tuvo lugar el pasado 26 de junio en el Casal Lambda en la que se presentó un documental con imágenes inéditas sobre la manifestación LGBTI que tuvo lugar en 1977 en Barcelona, obra del activista gay José Romero.

El mismo 28 de junio tuvo lugar el acto de central de las celebraciones: el debate “40 años de lucha por la liberación LGBTI, continuamos haciendo nuestra la calle” que dejó constancia de dos cosas: lo mucho que se ha avanzado en 40 años y lo mucho que aún queda por avanzar. Los discursos muchas veces se complementaban y ponían en evidencia la complejidad y diversidad del movimiento LGBTI. Lesbianas y transexuales criticaron la presencia predominante de los hombres gais en el movimiento y reivindicaron su espacio. Maria Giralt, en la mesa, presente en la manifestación del 28 de junio de 1977 y una de las fundadoras del primer grupo catalán de lesbianas, denunció que el machismo y la misoginia están presentes en el movimiento LGBTI: “la he padecido de mano de hombres gais y hombres transexuales”. Por su parte, una activista madrileña sentada entre el público abundó en la crítia a la infrapresentación de los otros colectivos y la sobrerepresentación del gay así como la comercialización de una fecha de lucha social por la diversidad afectivo-sexual, familiar y de género. Frente a eso, reivindicó el “orgullo crítico” frente a un World Pride comercial, más preocupado en atraer turismo LGBTI que en denunciar la discriminación.

También se hablo de machismo y homofobia interiorizados y de cómo éstos se reproducen dentro del movimiento las discriminaciones propias del heteropatriarcado y cuáles son las estrategias para combatir esta situación. Por su parte, Mar Cambrollé, histórica activista trans andaluza, reivindicó una ley específica para su colectivo que garantice sus derechos y libertades y fue muy crítica con los discursos conformistas desde dentro del propio movimiento LGBTI o que pretendían invisibilizar la reivindicación trans: “Sí, vamos en el mismo barco pero unos tienen camarotes de lujo y otras estamos en las calderas”. Por otra parte, el nuevo portavoz de FAGC, Fran Sanchez, reclamó los avances conseguidos en cuanto a igualdad legal y garantía de derechos y el cumplimiento de la ley contra la LGBTIfobia a través de su desarrollo y de una dotación presupuestaria suficiente. En último lugar, Giralt reivindicó también más debate ideológico que consideraba que en los setenta estaba más presente, cosa que corroboraron tanto Armanda de Fluvià como Joan Andreu Bajet, los dos miembros fundadores del FAGC y actualmente en el Casal Lambda.

Manifestación reivindicativa

El 1 de julio salieron a la calle miles de personas a conmemorar este 40 aniversario y a reivindicar los derechos de las personas LGTBI convocados por la Comisión Unitaria, que se reclama heredera de los convocantes de la primera manifestación del 1977, y que contó con miles de asistentes y que transcurrió en un tono festivo y reivindicativo y cuyo lema central fue “40 años de lucha por la liberación LGTBI, continuamos haciendo nuestra la calle”. Al final de la manifestación, que recorrió el centro de Barcelona hasta Plaça Sant Jaume donde se encuentran las sedes del Ayuntamiento y de la Generalitat, se leyó un manifiesto que exigía el cumplimiento y despliegue de la ley contra la LGBTIfobia catalana aprobada en 2014. Además, se realizó una emotiva perfomance que repasó la historia del movimiento LGBTI catalán y todas sus victorias al menos en gran parte de la Europa Occidental. Un movimiento que quiere permanecer en la calle porque es donde el colectivo LGBTI se ha movilizado y donde tiene que estar visible. El colectivo LGBTI ha sido protagonista de una de las revoluciones sin armas más importantes de los últimos 50 años: la de la libertad sexual y los derechos de las personas LGBTI.

Fuente Dosmanzanas

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El Bundesrat o Consejo Federal, la institución que representa a los dieciseis estados federados de Alemania y que actúa a modo de cámara alta, ha dado su visto bueno sin necesidad de voto a la ley de matrimonio igualitario aprobada hace solo una semana por el Bundestag. Incluso Baviera, cuyo gobierno se opone a la ley, ha optado por no obstaculizar su aprobación, con lo que ya solo falta que el presidente de la República, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, la rubrique. La ley entrará en vigor el próximo 1 de octubre.

Hace una semana el Bundestag aprobaba el proyecto de ley de matrimonio igualitario por 393 votos a favor frente a 226 en contra. Como entonces detallamos, los acontecimientos se habían precipitado días antes, cuando la canciller Angela Merkel avanzaba su intención de otorgar libertad de voto a sus diputados en esta materia. Un cambio de criterio que provocaba, de forma inmediata, la reacción de los socialdemócratas, que durante toda la legislatura habían rechazado sumar sus votos a los de la oposición para aprobar una medida que quedaba expresamente fuera del acuerdo de gobierno entre democristianos y socialdemócratas (la “gran coalición”) y que abría la puerta a una rápida aprobación de un texto que llevaba esperando desde 2015, año en que lo aprobó el Bundesrat.

Solo una semana después de que el Bundestag aprobara con una clara mayoría la ley (que contó incluso con el apoyo de 75 de los 309 diputados democristianos), el Bundesrat le ha dado su visto bueno. Lo ha hecho por acuerdo de todos los estados allí representados, lo que muestra además de forma evidente el deseo de la CDU de Merkel (y de sus socios bávaros de la CSU) de dejar resuelto este tema antes de la inminente campaña electoral. Lo explicamos: a diferencia, por ejemplo, del Senado español, el Bundesrat es una verdadera cámara de representación territorial, en la cual están representados los dieciséis gobiernos de los estados alemanes. Los representantes de cada estado deciden en bloque, y en el caso de los gobiernos de coalición (que en este momento son todos, salvo Baviera) los partidos que la forman deben acordar su posición. Si no hay acuerdo, el estado se abstiene.

Todos los ojos estaban puestos, en este caso, tanto en los estados en los que la CDU forma parte de un gobierno de coalición (con socialdemócratas y/o verdes y/o liberales), como sobre todo en el estado de Baviera, el único que a día de hoy gobiernan en solitario los conservadores (en concreto, la CSU o Unión Social Cristiana, el homólogo bávaro de la CDU, que se mantiene como partido independiente y que de hecho suele mantener posturas especialmente conservadoras). Pues bien, ninguno de ellos ha hecho uso de su derecho a solicitar el voto, lo que hubiera obligado a los estados en los que de una u otra forma gobierna la CDU a pronunciarse. Dado que estos son hoy día mayoría, podría haberse dado la circunstancia de que hubiera mayoría de abstenciones, lo que hubiese supuesto enviar la ley a un comité de mediación y muy posiblemente dejarla en vía muerta dada la fecha (la de hoy era la última sesión del Bundesrat antes de la pausa veraniega) y la cercanía de las elecciones. Ni siquiera Baviera, cuyo ministro de Justicia Winfried Bausback ha intervenido mostrando su convencimiento de que el matrimonio es “entre un hombre y una mujer” y dudando de la constitucionalidad de la ley, ha querido obstaculizar su aprobación definitiva…

En este momento, solo queda un trámite: la rúbrica del presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. A pesar de que sus atribuciones son sobre todo protocolarias y de representación, Steinmeier puede negarse a rubricar una ley si tiene dudas de su constitucionalidad, solicitando antes la opinión del Tribunal Constitucional. Nadie duda, sin embargo, que Steinmeier, un socialdemócrata, firmará la ley, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre (precisamente una semana después de las elecciones generales).

Un sencillo articulado

Como explicamos hace una semana, el “Proyecto de ley para la introducción del derecho al matrimonio para las personas del mismo sexo” es un texto muy parecido a la ley española de 2005, y en cuyo primer artículo se modifica el Código Civil con la frase:

El matrimonio se contrae por dos personas de distinto o del mismo sexo para toda la vida.

La ley también prevé la conversión de las uniones civiles a matrimonios, como han hecho otros países.

Fuente Dosmanzanas

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El juez concluye en su sentencia que no advierte ninguna intención homófoba en la agresión, apoyando la defensa de los acusados de que lo que recriminaban era que hicieran nudismo en la playa. 

El Juzgado de lo Penal número 1 de Almería ha condenado a tres meses de prisión por un delito de lesiones a J.E.M.V., uno de los dos acusados por la agresión sufrida el 28 de junio de 2014 por un matrimonio gay en la playa de Torregarcía de la capital almeriense.

Por dicho delito, en el que concurre la atenuante de reparación del daño, se le impone además el pago de una indemnización de 210 euros a Luis, miembro de la pareja que sufrió una herida en la cara al recibir un golpe de J.E.M.V., según el fallo, contra el que cabe recurso.

Asimismo, J.E.M.V., su suegro, F.M.G. y Ricardo de Frutos, el segundo miembro de la pareja homosexual, han sido absueltos de las faltas de lesiones de las que eran acusados por el Ministerio Público.

El juez ha considerado probado que suegro y yerno se encontraban sobre las 13:30 horas del 28 de junio de 2014 en la playa de Torregarcía que, incide en su relato, no está considerada como nudista.

En ese momento Ricardo y Luis Guillermo de Frutos se acercaron desnudos mientras daban un paseo por la playa, lo que les fue recriminado, «sin falta alguna de respeto», por F.M.G., quien les indicó que «había niños y que no debían estar así».

«La agresión se produjo sin tener ninguna intención de menoscabar la orientación sexual de Luis, la cual era en ese momento desconocida por el agresor», añade. El juez argumenta que en casos como el enjuiciado, en el que ambas partes «mantienen sus tesis desde su primera declaración» se hace «muy complicado saber qué es lo que en realidad ha ocurrido».

«Afortunadamente hemos tenido el testimonio de terceras persona ajenas a los dos grupos que intervienen en los hechos, y de esta forma hemos tenido una mayor claridad sobre lo ocurrido», apostilla en este sentido. El juez da de esta forma «absoluta credibilidad» a la «forma clara y contundente» de las declaraciones de los «jóvenes testigos» de los hechos para afirmar que «no se hace referencia alguna sobre la orientación sexual de Ricardo y de Luis».

Añade que el yerno y el suegro acusados no se dirigieron a ellos con «expresiones del tipo maricones y cerdos, como mantienen los denunciantes».

«En segundo lugar, y tal como también mantienen los propios acusados F.M.G. y Ricardo, entre ellos no hubo agresiones, por lo que los dos quedaran absueltos de la falta de lesiones que vienen acusados», incide.

Sobre la actuación de J.E.M.V. asegura que no propinó patadas a Ricardo pero sí agredió a Luis de acuerdo al «rotundo» testimonio de la pareja que observó los hechos.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga

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Aroa y Laura, la pareja de mujeres que vivía con sus tres hijos de 10, 8 y 5 años en una vivienda de Móstoles propiedad de la diócesis de Getafe, han sido finalmente desahuciadas. “Estuvimos intentando paralizarlo de todas las formas posibles, pero no lo conseguimos. No se pudo hacer nada. Los de la diócesis no nos plantearon nada, todo lo que querían era que nos fuéramos a la calle, les daba igual, decían que ya llevábamos un año en una vivienda que no era nuestra y que ya estaba bien”, ha declarado Aroa a eldiario.es. Lamentable final para una historia que conocimos hace unos meses y en la que la discriminación lesbófoba parece haber jugado su papel.

En octubre contábamos la historia, recogida también entonces por eldiario.es: el obispado de Getafe conseguía entonces de la justicia la orden de desalojo. La familia había ocupado ilegalmente el piso, que se encontraba vacío, en julio. Según aseguró entonces la pareja, representantes de la diócesis les ofrecieron la posibilidad de acceder a un alquiler social asequible, pero cuando se enteraron del carácter homoparental de la familia retiraron la oferta.

La jueza que emitió la orden de desahucio condenó a la pareja por un delito leve de usurpación de inmuebles y les impuso una sanción de 270 euros, muy por debajo de los 900 que reclamaba la diócesis en atención “a la mala situación económica referida por las denunciadas”. La familia se encuentra, de hecho, en una situación económica muy precaria. Aroa lleva varios años en paro, mientras que Laura cobra menos de 500 euros. Laura, Aroa y sus hijos, de hecho, ya se habían enfrentado en 2014 a otro proceso de desahucio, en esta ocasión promovido por Bankia. Aquel desahucio lo consiguieron paralizar y comenzaron a negociar un alquiler social, pero finalmente la pareja decidió voluntariamente dejar el piso por sus condiciones insalubres.

Siempre según su versión, entraron en el piso de Móstoles propiedad de la Iglesia gracias a que “unos chavales les dejaron las llaves” sin saber quien era el propietario. “Cuando llegamos (…) estaba lleno de polvo y abandonado. En el contador de la luz había una pegatina que señalaba que no había suministro desde el 2013”, contaron en su momento, una versión que niega la diócesis, según la cual el piso es ocupado con frecuencia por religiosos que trabajan por la zona o que se encuentran de visita. Un piso que por cierto se encuentra por el momento vacío, después de que el desahucio se ejecutase finalmente la semana pasada. El Ayuntamiento de Móstoles se ha comprometido a buscarles una alternativa. Mientras tanto, los niños se encuentran en casa de un abuelo.

Lo dijimos en octubre: a pesar de que la diócesis de Getafe niega que el hecho de ser una familia homoparental haya influido en la decisión de forzar su desalojo, dados los antecedentes de su obispo, Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, no nos cuesta gran esfuerzo creer la versión de Laura y Aroa. López de Andújar fue uno de los firmantes de un documento en el que cargaban contra la Asamblea de Madrid por aprobar una ley contra la discriminación por LGTBfobia, documento que llegaban a enmarcar en una supuesta obligación de “luchar contra el mal”. 

También lo dijimos entonces, y lo repetimos ahora: incluso dejando de lado la existencia de discriminación lesbófoba, la historia de esta familia es ilustrativa, por un lado, de la situación de la España real (en la que un porcentaje importante de la población vive al borde de la exclusión social), y por otro, de la escala de prioridades de una parte de la jerarquía católica: el mismo obispo que se indignó porque un Parlamento libremente elegido legislara contra la discriminación de una minoría no ha tenido problema en desahuciar a una familia.

Fuente Dosmanzanas

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“Seres libres, Estado laico” fue el lema de la XXI marcha de la ciudadanía LGBTI de Bogotá, que este domingo 2 de julio movilizó a decenas de miles de personas en la capital colombiana (entre 55.000 y 80.000, según las fuentes). El lema de este año, en favor del Estado laico, fue elegido como respuesta a la arremetida fundamentalista que vive en estos momentos Colombia y que persigue revertir los importantes avances en derechos que la población LGBTI colombiana ha alcanzado (principalmente de la mano de la Corte Constitucional).

Colectivos LGBTI, feministas, ecologistas, ateos, iglesias inclusivas, partidos políticos y empresas como Google Colombia o IBM, entre otras, marcharon hasta la céntrica Plaza de Bolívar, ubicada entre el Congreso de la República y el Palacio de Justicia. Dos escenarios que encierran un simbolismo especial, al representar las dos caras de la sensibilidad institucional hacia la lucha en favor de la igualdad de las personas LGTBI: el más adverso y el más favorable. En Colombia, recordemos, el avance de los derechos LGTB se ha producido no por decisión de las fuerzas políticas representadas en el legislativo, sino a golpe de sentencia de la Corte Constitucional. “Más que una manifestación es una marcha que congrega a los ciudadanos con la voluntad de decirle al Estado y a la sociedad que la comunidad LGBTI está aquí construyéndose de forma diversa”, declaró al respecto el director de Diversidad Sexual de la Alcaldía de Bogotá, Juan Carlos Prieto.

“Esto es un mensaje muy claro a las diferentes confesionalidades, somos respetuosos de la religión, pero marchamos para que haya un Estado laico y seres libres. La Biblia no puede continuar siendo usada como un escenario de discriminación a esta población”, manifestó por su parte Alejandro Michells, miembro de la Mesa LGBT de Bogotá. Y es que el embate de los movimientos religiosos más conservadores es en estos momentos muy fuerte. Buena muestra de ello ha sido el intento de referendo para prohibir la adopción por parejas del mismo sexo y personas viudas, separadas y solteras, una iniciativa liderada por la senadora evangélica Viviane Morales y apoyada por grupos evangélicos y por la Iglesia católica, o el hecho de que numerosos pastores evangélicos hayan hecho de la homofobia su señuelo para hacer carrera política. Otra muestra es el anuncio del consumado homófobo Alejandro Ordoñez, que durante los años que fue procurador general ejerció como el mayor enemigo de los derechos LGTBI (en temas como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, las leyes contra la discriminación o el reconocimiento de la identidad de género en el documento de identidad, entre otros), que ha lanzado su candidatura como precandidato presidencial prometiendo modificar la Constitución de 1991 y limitando las facultades de la Corte Constitucional.

El discurso central, que tuvo lugar en la histórica Plaza de Bolívar, recordó que el pasado año 106 personas fueron asesinadas en Colombia por su orientación sexual o identidad o expresión de género, que los episodios de violencia policial contra personas LGTBI han aumentado en los últimos años, o que la sentencia de la Corte Constitucional que, a raíz del caso Sergio Urrego, ordenaba al Ministerio de Educación Nacional revisar los manuales de convivencia para combatir el acoso por LGTBIfobia sigue sin implementarse (un fallo que de hecho desató la ira de los sectores homófobos), evidenciando la necesidad de pugnar por la separación entre Estado e iglesias en Colombia. “A los pastores venidos a la escena política quiero decirles que no es justo ni honesto que en el juego político, se use a la población LGBTI como el chivo expiatorio de su falsa cruzada moral. Es injusto y vil que para conseguir votos los pastores nos señalan de ser los destructores de la familia y la sociedad, cuando los verdaderos males que afectan a todas las familias son el desempleo, el subempleo, la baja calidad y cobertura de la salud y la educación; cuando el verdadero mal moral es la rampante corrupción de los políticos de siempre con los que ahora los pastores se han unido para negar nuestros derechos y negarle al  país la oportunidad de vivir en paz y reconciliación. Esto es vergonzoso. Es intolerable”, expresó Ferney Rodríguez, de Bogotá Atea, ante las personas que llenaban la plaza.

Cabe señalar que la de Bogotá no fue la única marcha que se celebró este domingo. Las hubo en 27 ciudades y pueblos de toda Colombia, de los cuales Sogamoso y Corozal lo hacían por primera vez.

Insertamos a continuación un vídeo que recoge el discurso central del acto de Bogotá:

Puedes ver también algunas imágenes de la marcha aquí.

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Tras la sorpresiva aprobación por el Bundestag alemán del matrimonio igualitario, aun a falta de algunos necesarios trámites para que entre en vigor, la lista de países donde las parejas del mismo sexo no están discriminadas se ha incrementado hasta alcanzar los 23 integrantes. Por continentes, 14 de ellos están en Europa, 7 en América, 1 en África y 1 en Oceanía. De momento, no hay ningún país asiático en la lista. En el futuro cercano, sin embargo, se prevén varias adiciones a esa suma en casi todos los continentes. De momento, se calcula que, aproximadamente, más de 1.150.000.000 habitantes del mundo viven en países donde existe el matrimonio igualitario, lo que supone más de un 15 % de la población mundial.

Incorporando a Alemania, este sería el mapa de los países que han aprobado el matrimonio igualitario en todo el mundo (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

Europa

Fue en Europa donde por primera vez se aprobó la inclusión de las parejas del mismo sexo en la institución del matrimonio, en el año 2001, y es también un país europeo el último en sumarse a la lista de la igualdad de derechos para las parejas LGTB en este 2017. Los 14 países de este continente donde existe el matrimonio igualitario son los siguientes (con la entrada en vigor de la legislación entre paréntesis):

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Dinamarca (2012), Francia (2013), Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017) y Alemania (entrada en vigor por determinar).

Incluyendo a Alemania, y restando la población de aquellos territorios o dependencias donde no está en vigor la legislación igualitaria, un total de 324.027.406 europeos viven en países donde existe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esa cifra representa un 45,31 % de la población europea total (711.064.145 habitantes).

Si nos ceñimos a la Unión Europea, el matrimonio igualitario existe en 12 de los 28 países que la componen. Eso supone que 316.940.861 de los 507.996.178 habitantes de la Unión Europea no discriminan a las parejas del mismo sexo, un 62,39 % del total.

Afortunadamente, la lista de países y el número de europeos bajo legislaciones igualitarias se incrementarán previsiblemente pronto. El primer ministro de Malta, el laborista Joseph Muscat, ha prometido que el matrimonio igualitario será la primera ley de la nueva legislatura. Por su parte, el socialdemócrata primer ministro de Austria, Christian Kern, que gobierna en gran colación con los conservadores, se ha comprometido a impulsar el matrimonio entre personas del mismo sexo antes de que acabe esta legislatura. También existe, desde 2015, un proyecto de ley de matrimonio igualitario en Suiza, pero el proceso es lento y, al suponer un cambio constitucional, debe ser sometido a referéndum, cuyo posible resultado es muy incierto.

Cabe señalar que, en su día, Eslovenia engrosó la relación de países no discriminatorios, dado que su Parlamento aprobó el matrimonio para parejas del mismo sexo en 2015, con la fecha de su entrada en vigor en suspenso. Sin embargo, grupos LGTBfobos consiguieron que se celebrara un referéndum para anular esa medida, y ese mismo año un abultado porcentaje de votantes logró que la ley fuera finalmente derogada y el pasado marzo aprobó una ley de uniones civiles.

Pero existe otra lista menos satisfactoria, la de aquellos países europeos que han prohibido expresamente en sus constituciones el matrimonio entre personas del mismo sexo, algunos de ellos, tristemente, mediante consulta popular. De momento suman un total de 12:

Bulgaria (1991), Lituania (1992), Bielorrusia (1994), Moldavia (1994), Ucrania (1996), Polonia (1997), Letonia (2006), Serbia (2006), Montenegro (2007), Hungría (2012), Croacia (2013) y Armenia (2015).

Lamentablemente, esta lista también puede incrementarse en un futuro cercano, pues existe un proceso parlamentario en Rumanía para convocar un referéndum que prohibiría constitucionalmente el matrimonio igualitario.

Aquí tenéis un mapa con la situación del matrimonio igualitario en Europa (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

América

El continente americano se sumó rápidamente a legislar la igualdad de las parejas del mismo sexo. Una de las peculiaridades es que, en muchos de estos países, fueron primero los tribunales quienes dictaminaron la inconstitucionalidad de la discriminación de las parejas LGTB. En otros, sin embargo, fue el poder legislativo quien tomó la iniciativa. Estos son los 7 países americanos donde existe el matrimonio igualitario (con su año de entrada en vigor entre paréntesis):

Canadá (2005), México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Argentina (2010), Brasil (2013), Uruguay (2013), Estados Unidos (2015) y Colombia (2016).

En México, el matrimonio igualitario está actualmente en vigor en muchos de sus estados y los matrimonios celebrados en ellos deben ser reconocidos a nivel nacional. Además, existe una tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a fallar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo a todos los tribunales en cualquier proceso, por lo que el matrimonio igualitario es  posible de facto en todo el país por vía judicial. Aunque el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, declaraba el pasado 2016 que su Gobierno legislaría la igualdad matrimonial a nivel nacional de acuerdo con ese dictamen judicial, la fuerte movilización LGTBfoba ha impedido que, de momento, pueda llevarse a cabo.

De los 1.001.559.000 habitantes del continente americano, 779.212.822 viven en países donde existe el matrimonio igualitario, lo que supone un 77,80 % del total.

Chile quizás sea el próximo país americano en sumarse a la lista de la igualdad. El Estado chileno, representado por su presidenta Michelle Bachelet, y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) han alcanzado un histórico acuerdo para promover los derechos LGTB e impulsar importantes medidas legislativas al respecto, entre ellas, la que aprobaría el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Pero también en América existe la lamentable lista de países en los que el matrimonio igualitario está prohibido constitucionalmente, que también suman 7. Esta es la relación (con la entrada en vigor de la legislación LGTBfoba entre paréntesis):

Jamaica (1962), Cuba (1976), Paraguay (1992), Honduras (2005), Ecuador (2008), Bolivia (2009) y República Dominicana (2010).

Este sería el mapa de la situación del matrimonio igualitario en América (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

Otros continentes

Tan solo existen dos países más fuera de los continentes europeo y americano donde está legislado el matrimonio igualitario. Se trata de Sudáfrica, en África, y de Nueva Zelanda, en Oceanía.

Oceanía sumará muy probablemente un nuevo país a la lista, aunque la fecha en que eso suceda es aún incierta. El gobierno conservador de Australia pretende convocar un referéndum para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que la oposición exige que la medida se tome directamente desde el Parlamento. Esa división de opiniones hace que la legislación igualitaria siga bloqueada.

En cuanto África, lamentablemente Sudáfrica sigue siendo la excepción en un continente donde lo que abundan son las legislaciones que castigan las relaciones homosexuales con largas penas de prisión, e incluso con la pena de muerte.

No existe en la actualidad ningún país asiático con legislación igualitaria para las parejas LGTB. En Taiwán, la Corte Constitucional ha dado un plazo de dos años para que se legisle el matrimonio entre personas del mismo sexo, si bien la isla no es un país reconocido por las Naciones Unidas. Otro de los candidatos sería Vietnam, aunque la situación está en un proceso incierto y previsiblemente de larga duración.

Como ocurre en África, en Asia, lamentablemente, es también larga la lista de países que castigan las relaciones homosexuales, en algunos casos hasta con la pena de muerte. Lo podéis comprobar en estos mapas, donde aparecen los países que castigan la homosexualidad, y los que incluso aplican la pena capital (podéis pinchar en ellos para verlos a mayor tamaño):

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, Bulgaria, Canadá, Chile Brasil, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, Discriminación, Ecuador, Escocia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia. Alemania, Francia, Gales, Holanda, Honduras, Hungría, Inglaterra, Irlanda, Irlanda del Norte, Islandia, Jamaica, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Matrimonio, México, Moldavia, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Serbia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Taiwan, Ucrania, Unión Europea, Uruguay, Vietnam

La mayor asociación de medios audiovisuales en internet de China impedirá que se represente la homosexualidad

La asociación que regula la censura en internet en China sorprende con una nueva regulación que supone un endurecimiento del control en la red por parte del gigante asiático y que arremete, entre otras, con los vídeos que muestren la homosexualidad. Este pasado viernes 30 de junio, la Asociación de Servicios de Difusión en la Red de China (CNSA en sus siglas en inglés) ha dictado unas normas para la publicación de contenido audiovisual en internet, que incluye la no representación de la homosexualidad, a la que encuadra entre el “comportamiento sexual anormal” junto al incesto o la violencia sexual. Al menos tres censores deberán dar su plácet antes de que se puedan publicar vídeos, películas, documentales o animaciones en la red.

Según la página oficial de la CNSA, su comité organizativo aprobó la normativa después de una reunión en Pekín. Las reglas se aplicarán a todo el material audiovisual que se publique en la red, incluyendo webseries, cortometrajes, dibujos animados o documentales.

Las reglas no tienen carácter de ley, sino que afectan solo a los más de 600 asociados de la CNSA, entre los que se encuentran los gigantes de la red chinos Tencent, Sohu y Youku, así como medios estatales como la agencia de noticias Xinhua o el Diario del Pueblo, periódico oficial del Partido Comunista. La CNSA se estableció con la aprobación del Ministerio de Asuntos Civiles chino, que le otorgó la consideración de asociación comercial nacional de primer nivel.

La intención de quienes han redactado la normativa es la de evitar la difusión de contenidos “vulgares y antipatrióticos”, obligando a que los trabajos que se vayan a exhibir en la red “se adhieran a los valores fundamentales socialistas”, promuevan el patriotismo y difundan “la bondad, la verdad y la belleza”. También prohíbe la producción de obras que “dañen los sentimientos de la nación”, un eufemismo frecuentemente utilizado por las autoridades chinas para incluir todo aquello que pueda perjudicar sus intereses.

Según la asociación de servicios de emisión por internet de China (CNSA, por sus siglas en inglés: China Netcasting Services Association), las plataformas que emitan vídeos deben «trabajar duro para contar bien la historia de China» y «contribuir a realizar el sueño chino de un gran rejuvenecimiento de la nación china».

Para cumplir este objetivo, el viernes, 30 de junio, publicaba una nueva regulación en lo que se refiere al contenido audiovisual online que supone un endurecimiento del control de internet en el gigante asiático, centrado, entre otras cosas, en censurar aquellas piezas audiovisuales que muestren lo que denominan «actos o relaciones sexuales ‘anormales’ como la homosexualidad». Entre los contenidos que se escrutarán estará la representación de la homosexualidad, que debe impedirse, al estar incluida entre “el comportamiento sexual anormal”, junto a la violación o el incesto. Al menos tres censores revisarán todas las obras, indicando qué escenas deberán ser eliminadas antes de su difusión. El incumplimiento de las normas conllevará la expulsión de la asociación, lo cual incidirá en la difusión de los contenidos, pues se teme que muchos distribuidores no quieran albergar unas obras que ya estarán irremediablemente marcadas.  Lo que se promueve, por tanto, es la autocensura.

Entre las medidas introducidas se ordena cortar o retirar aquellos vídeos que «dañen la imagen nacional, deroguen a los líderes revolucionarios, propaguen conquistas militares de antiguos emperadores o difundan el extremismo religioso». También se prohiben los contenidos violentos y pornográficos, así como los que representan escenas extraconyugales, prostitución, adicción a las drogas o comportamientos supersticiosos, como «espíritus conjuradores». De esta manera, las plataformas de vídeo online deberán contar en nómina con al menos tres «censores profesionales» que revisen el contenido audiovisual completo, de principio a fin, y eliminen aquellas secuencias que no se adhieran a las «normas políticas y estéticas correctas» de la CNSA, que demandan programas que estén «centrados en el pueblo y en promover los valores socialistas y la cultura china».

La regulación de la CNSA es similar a la que el pasado 2016 articuló la Asociación de la Industria de la Producción Dramática Televisiva, que, según sus directivos, pretendía “facilitar la autodisciplina dentro de la industria”. Según un comunicado previo, publicado el jueves, 29 de junio, la Administración Estatal de Prensa, Publicación, Radio, Cine y Televisión se ha propuesto «crear un ciberespacio más limpio». Una operación de «limpieza» que comenzaba a principios de junio, cuando cerraban docenas de blogs con contenido sensacionalista que, según las autoridades, estaban destinados a «satisfacer el gusto vulgar del público». Hace sólo una semana se también se ordenaba la suspensión de tres populares páginas, como Sina weibo, iFeng.com y ACFUN, alegando que no poseían los permisos de emisión. Operaciones que llegan después de censurar aplicaciones como Rela y que también han afectado a películas como Alien: Covenant. Freedom House, una ONG sin ánimo de lucro que defiende los derechos humanos y la democracia, considera a China como el país que más abusa contra la libertad en internet el año pasado, señalando una disminución constante de la libertad de expresión bajo las políticas de seguridad de información del presidente Xi Jinping.

Muchos son los usuarios que se han arremetido contra esta nueva regulación, particularmente en lo que respecta a la prohibición de contenido homosexual. «¿Qué quieren decir con lo de ‘anormal’? ¿Piensan que se puedes utilizar ese lenguaje explícitamente discriminatorio en un anuncio público?», denuncia un usuario en Weibo. «Mientras que otros están progresando, estamos retrocediendo», declara una cuenta que ayuda a parejas del mismo sexo a viajar al extranjero para casarse. «La República Popular de China está alcanzando progresivamente a Corea del Norte, pronto tendremos que coser nuestras bocas», proclama otro usuario.

Desde el activismo LGTB, se teme que todo este tipo de normativas dañe las posibilidades de difusión de la realidad de la población LGTB china y la reivindicación de sus derechos, algo para lo que la red está siendo fundamental en los últimos años. Para la asociación Gay Voice, la homosexualidad no debe ser tratada de manera diferente a la heterosexualidad en los medios, por lo que denuncia que “la información falsa recogida en estas regulaciones ya ha causado daño a la comunidad LGTB china, que ya está sujeta a prejuicios y discriminación”.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. ACFUN, Asociación de Servicios de Difusión en la Red de China, Censura, China, CNSA, Discriminación, Homofobia, iFeng.com, Internet, Rela, Sina weibo, Visibilidad LGTBI, Xi Jinping

Un 29 % de la población intentaría evitar el contacto con una persona con el VIH.

“Cuando una persona con VIH se desnuda ante la sociedad, las marcas que deja la enfermedad son cada vez más visibles y más injustas”, con este mensaje comienza el spot de la campaña que esta mañana lanza CESIDA con motivo del World Pride y con la colaboración de Janssen.

En el año 2015 se notificaron 3.428 nuevos diagnósticos de VIH, el 85,9 % eran hombres y la mediana de edad fue de 36 años. La transmisión en hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres (HSH) fue la más frecuente, 53,6%.

Estos días Madrid acoge el World Pride, orgullo LGTB mundial, donde se prevé que asistan más de 2 millones de personas, principalmente gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres; “Por ello, CESIDA presenta esta campaña dirigida a ese público con el objetivo de visibilizar el estigma y la discriminación de las personas con VIH y tratar así de reducirlo, empatizando con quienes tienen el VIH”, anuncia Juan Ramón Barrios, presidente de CESIDA.

Estudios realizados por la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida muestran que todavía existen prejuicios en la población española hacia las personas con el VIH tales como:

• Un 29 % de la población intentaría evitar el contacto con una persona con el VIH.
• El porcentaje de personas con actitudes discriminatorias más graves no supera el 14 %. Las personas con actitudes más negativas son personas de mayor edad, con creencias más conservadoras y también con un menor nivel educativo.
• Entre un 15 y 17 % de la población española culpabilizan a las personas con el VIH por haber contraído la infección.
• Todavía hay bastantes personas en la sociedad que tienen creencias equivocadas sobre la forma en que se transmite el VIH y piensan que se pueden infectar por prácticas como beber del mismo vaso o utilizar el mismo baño.

CESIDA recuerda que siguen existiendo casos de discriminación hacia las personas que viven con el VIH en materias sanitarias, sociales y laborales.

Para evitar estos casos de discriminación, esta coordinadora estatal trabaja desde 2015 en la consecución de un pacto de Estado frente al VIH, el sida, las infecciones de transmisión sexual, el estigma y la discriminación.

“Un pacto de estado es una apuesta firme por evitar que quienes viven con VIH tengan que vivirlo en silencio y con temor de que si se conoce su estado serológico sus derechos serían menores que los del resto de la ciudadanía”, afirma el presidente de la coordinadora.

“Las más de 70 entidades que conforman la Coordinadora estatal de VIH y sida ayudan a reducir la discriminación y el estigma hacia personas con el VIH, a través de sus acciones de formación, atención e información, pero necesitamos que, fuera de nuestras sedes, todas y todos evitemos situaciones discriminatorias con nuestras actitudes y lenguaje”, comparte Barrios.

Fuente CESIDA

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