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Desalojada la pareja de mujeres que junto a sus tres hijos menores ocupaba un piso propiedad del obispado de Getafe

Viernes, 7 de julio de 2017

6ab629_712d62636640461c9405c8113681d468tbvvhp-pAroa y Laura, la pareja de mujeres que vivía con sus tres hijos de 10, 8 y 5 años en una vivienda de Móstoles propiedad de la diócesis de Getafe, han sido finalmente desahuciadas. “Estuvimos intentando paralizarlo de todas las formas posibles, pero no lo conseguimos. No se pudo hacer nada. Los de la diócesis no nos plantearon nada, todo lo que querían era que nos fuéramos a la calle, les daba igual, decían que ya llevábamos un año en una vivienda que no era nuestra y que ya estaba bien”, ha declarado Aroa a eldiario.es. Lamentable final para una historia que conocimos hace unos meses y en la que la discriminación lesbófoba parece haber jugado su papel.

En octubre contábamos la historia, recogida también entonces por eldiario.es: el obispado de Getafe conseguía entonces de la justicia la orden de desalojo. La familia había ocupado ilegalmente el piso, que se encontraba vacío, en julio. Según aseguró entonces la pareja, representantes de la diócesis les ofrecieron la posibilidad de acceder a un alquiler social asequible, pero cuando se enteraron del carácter homoparental de la familia retiraron la oferta.

La jueza que emitió la orden de desahucio condenó a la pareja por un delito leve de usurpación de inmuebles y les impuso una sanción de 270 euros, muy por debajo de los 900 que reclamaba la diócesis en atención “a la mala situación económica referida por las denunciadas”. La familia se encuentra, de hecho, en una situación económica muy precaria. Aroa lleva varios años en paro, mientras que Laura cobra menos de 500 euros. Laura, Aroa y sus hijos, de hecho, ya se habían enfrentado en 2014 a otro proceso de desahucio, en esta ocasión promovido por Bankia. Aquel desahucio lo consiguieron paralizar y comenzaron a negociar un alquiler social, pero finalmente la pareja decidió voluntariamente dejar el piso por sus condiciones insalubres.

Siempre según su versión, entraron en el piso de Móstoles propiedad de la Iglesia gracias a que “unos chavales les dejaron las llaves” sin saber quien era el propietario. “Cuando llegamos (…) estaba lleno de polvo y abandonado. En el contador de la luz había una pegatina que señalaba que no había suministro desde el 2013”, contaron en su momento, una versión que niega la diócesis, según la cual el piso es ocupado con frecuencia por religiosos que trabajan por la zona o que se encuentran de visita. Un piso que por cierto se encuentra por el momento vacío, después de que el desahucio se ejecutase finalmente la semana pasada. El Ayuntamiento de Móstoles se ha comprometido a buscarles una alternativa. Mientras tanto, los niños se encuentran en casa de un abuelo.

Lo dijimos en octubre: a pesar de que la diócesis de Getafe niega que el hecho de ser una familia homoparental haya influido en la decisión de forzar su desalojo, dados los antecedentes de su obispo, Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, no nos cuesta gran esfuerzo creer la versión de Laura y Aroa. López de Andújar fue uno de los firmantes de un documento en el que cargaban contra la Asamblea de Madrid por aprobar una ley contra la discriminación por LGTBfobia, documento que llegaban a enmarcar en una supuesta obligación de “luchar contra el mal”. 

También lo dijimos entonces, y lo repetimos ahora: incluso dejando de lado la existencia de discriminación lesbófoba, la historia de esta familia es ilustrativa, por un lado, de la situación de la España real (en la que un porcentaje importante de la población vive al borde de la exclusión social), y por otro, de la escala de prioridades de una parte de la jerarquía católica: el mismo obispo que se indignó porque un Parlamento libremente elegido legislara contra la discriminación de una minoría no ha tenido problema en desahuciar a una familia.

Fuente Dosmanzanas

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