El Tribunal Constitucional de Uganda ha declarado contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como “inmorales o socialmente inaceptables”, la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

El pasado día 10 de noviembre, el Tribunal Constitucional de Uganda falló a favor del demandante en el caso de Adrian Jjuuko contra la Fiscalía General, en el que se cuestionaba la constitucionalidad del artículo 15 (6) (d) de la Ley de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de 2007.

En dicho artículo, ahora declarado inconstitucional, se impedía que determinados grupos sociales considerados “inmorales o socialmente inaceptables” pudieran reclamar por cuestiones de discriminación ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades. Cabe destacar que, en un principio, el artículo fue diseñado específicamente para evitar el acceso a la Comisión a las personas LGTBI, aunque después se añadieron colectivos como el de los trabajadores del sexo, los discapacitados o las personas que viven con el VIH. Es decir, algunos de los grupos sociales más vulnerables y sometidos a discriminación.

Adrian Jjuuko

La declaración de inconstitucionalidad de semejante aberración legislativa llega tras siete largos años de litigio. Adrian Jjuuko, que es el director ejecutivo de Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF), presentó la moción en 2009, con el asesoramiento del abogado Ladislaus Kiiza Rwakafuzi. Jjuuko resumía así la decisión del alto tribunal: “Tras la decisión del tribunal, el Estado no podrá legalmente marcar a determinadas personas como inadaptadas sociales que no son dignas de protección”. También añadía que “ha sido un largo camino de siete años lleno de enfrentamientos con el poder judicial por el continuo retraso, pero me alegro de que el caso finalmente se haya solventado y que hayamos ganado. El fallo favorable elimina el único impedimento legal que ha impedido que los grupos minoritarios accedieran a la Comisión de Igualdad de Oportunidades”.

Por su parte, desde HRAPF expresaban su satisfacción con el siguiente comunicado: “Este es un gran triunfo para las comunidades marginadas de Uganda, especialmente las personas LGBTI y los trabajadores del sexo”.

Uganda: una pesadilla continua

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que “tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona”. El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan “prácticas indecentes” se castigan con hasta siete años de prisión.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insiste en reintroducir una ley que endurecería el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de introducir la pena de muerte en deteminados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Por otra parte, se suceden los ataques a la libertad de reunión y asociación. En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es continuo.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Y se habló de nombrarlo embajador en El vaticano aunque parece que allí dijeron que «nones»… Y el PSOE le ha dado un buen bofetón vetándole para que presida cualquier comisión.

El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, uno de los políticos del Partido Popular que con más ahínco se han opuesto al avance de los derechos LGTB en España, nombró comisarios de honor del Cuerpo Nacional de Policía a siete personas que nada tienen que ver con este cuerpo polícial. Una de ellas ya era conocida: el director del diario La Razón Francisco Marhuenda, afín al PP. Estos días hemos sabido además que otro de los “merecedores” de este premio político fue Ramón Rodríguez Arribas, exmagistrado del Tribunal Constitucional, uno de los que se opuso al fallo que en 2012 consideró constitucional el matrimonio igualitario y que utilizó en su voto particular buena parte de los argumentos que suelen utilizar los ultraconservadores en esta materia.

Ramón Rodríguez Arribas fue, de hecho, vicepresidente del Tribunal Constitucional de España entre 2011 y 2013, formando por entonces parte de la mayoría conservadora que desde hace años domina el alto tribunal. Su intervención posiblemente más destacada en aquellos años consistió en la de ser uno de los tres magistrados que se opusieron al que el matrimonio igualitario fuese considerado constitucional. Rodríguez Arribas era partidario de aceptar el recurso que en su momento fue planteado por el PP, y emitió de hecho un voto particular discrepante plagado de “perlas”. Aseguró, por ejemplo, que la interpretación que la mayoría de sus compañeros hacían de la institución matrimonial era “un tanto enrevesada y poco eufónica” y realizaba “una verdadera filigrana para eludir hablar de sexo al definir el matrimonio, con lo que, a primera vista, éste podría constituirse entre un tío y un sobrino“. “Con esta formulación se prescinde absolutamente del componente biológico (o antropológico, si se quiere) ínsito en el matrimonio desde que apareció el ser humano en el planeta y que como institución precedió a la tribu”, añadía.

“En efecto, además de todos los componentes jurídicos del matrimonio, éste es también una unión sexual que la naturaleza destina a la perpetuación de la especie humana y aunque este fin natural pueda satisfacerse fuera del matrimonio y también aunque no sea el único fin de la institución que permanece si cumple los demás fines, no puede desconocerse sin incurrir en un salto ilógico imposible de admitir”, argumentaba con una lógica bastante difícil de comprender. “Y no se diga – que se dice– que entonces las parejas estériles o voluntariamente abstenidas de cumplir el fin reproductivo, quedarían excluidas del matrimonio, porque es la posibilidad genérica, la potencia en sentido ontológico, de servir al fin respecto de la especie humana y no el acto concreto o el efecto cierto, lo que caracteriza a cualquier institución colectiva“, añadía.

Rodríguez Arribas también exponía sus reservas sobre el hecho de permitir a las parejas del mismo sexo adoptar (recordemos que ese constituía el supuesto cuarto motivo de inconstituiconalidad que el PP argumentaba) al argumentar que “si nada puede oponerse a que una persona homosexual, sea hombre o mujer, pueda adoptar individualmente a un menor, la cuestión está en que desde el punto de vista del niño, que es lo único importante, no resulta indiferente que en lugar de tener un padre y una madre o sólo un padre o sólo una madre, para sustituir la pérdida o abandono de los naturales, se encuentre con que tiene dos padres y ninguna madre o dos madres y ningún padre o haya que convertir a una mujer en padre o a un hombre en madre”. Una argumentación más propia de la barra de un bar que de una sentencia legal.

Tres comisarios honoríficos “secretos”

Según cuenta eldiario.es, ha sido la Fundación Hay Derecho la que ha conseguido que se revele la identidad de cuatro de los siete comisarios “honorarios” nombrados por Fernández Díaz. Además de Marhuenda y Rodríguez Arribas, lo son el director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, y el director del Departamento de Seguridad Nacional, Alfonso de Senillosa. Pero quedan tres personas a las que el Ministerio se niega a identificar (uno de ellos, según aseguraba en junio El Plural, podría ser el confesor del ministro, el sacerdote Silverio Nieto)

Fernández Díaz, ¿presidente de la Comisión de Exteriores?

La salida del gobierno de Jorge Fernández Díaz ha sido una excelente noticia en clave LGTB. Se trata, recordemos, de uno de los políticos del PP más cercanos al integrismo católico (“Dios es el gran legislador del universo”, aseguraba en diciembre de 2011 en una entrevista). Tras conocerse el fallo desestimatorio del recurso de su partido contra el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y adoptar hijos conjuntamente, él fue uno de los primeros en mostrar su desacuerdo, y de hecho ha llegado a afirmar que el matrimonio igualitario “amenaza la pervivencia de la especie” (declaraciones sobre las que declinó pedir disculpas).

Fernández Díaz también concedió en 2013 el reconocimiento como “asociación de utilidad pública” a HazteOír, una organización ultraconservadora ferozmente opuesta a los derechos LGTB, y más recientemente adjudicaba la formación de los futuros policías nacionales a una universidad de ideario católico.

Mariano Rajoy, en cualquier caso, pretende asegurarle a su exministro un “retiro dorado” como presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso. Una decisión que muestra la supuesta comodidad absoluta con la que el PP se mueve en esta cámara, pese a no disponer de mayoría absoluta, y para la que cuenta con el apoyo de Ciudadanos. Sin embargo, necesitaba también la abstención de alguno o del resto de partidos, pero el PSOE ha vetado que presida cualquier comisión y los populares aseguran que abren un «periodo de reflexión».

Fuente Dosmanzanas

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Meses después de amenazar con revertir la histórica decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el matrimonio igualitario proponiendo en el futuro a nuevos jueces del alto tribunal dispuestos a valorar de nuevo la cuestión, Donald Trump ha asegurado, en su primera entrevista televisada tras ganar las elecciones presidenciales, que ya no considera necesario reabrir el tema. Una postura relativamente conciliadora, en la línea de sus declaraciones de los últimos días (mucho más templadas que las de los meses previos) y que de haber manifestado abiertamente durante las elecciones primarias seguramente hubiesen complicado mucho su elección como candidato republicano a la Casa Blanca. El activismo LGTB estadounidense, en cualquier caso, desconfía profundamente de las intenciones del presidente electo. Razones no le faltan.

Las declaraciones de Trump sobre el matrimonio igualitario se produjeron en una entrevista al programa 60 Minutes, de la CBS, en la que el presidente electo apareció rodeado de su actual familia. Preguntado sobre el miedo que su elección ha despertado en las minorías, Trump negó que tuvieran razones para ello, y culpó directamente a la prensa de ser la instigadora de ese miedo. Lesley Stahl, la entrevistadora, quiso profundizar más en concreto sobre sus intenciones sobre el colectivo LGBTQ. Donald Trump, como respuesta, le recordó que él mismo se había referido al colectivo LGBTQ en la convención repúblicana. “A todo el mundo le pareció genial. Yo les apoyo”, añadió.

Recordemos, en este punto, cuál fue la referencia exacta de Trump al colectivo LGBTQ en su discurso de aceptación de la nominación republicana: “Como vuestro presidente, haré todo lo que esté en mi mano para proteger a nuestros ciudadanos LGBTQ de la violencia y la opresión de una ideología extranjera llena de odio, creedme”. Esa fue la única referencia. Un recurso, en definitiva, a la islamofobia, pero que sirvió a algunos medios de comunicación generalistas para presentar a Trump como un político sensible a los derechos de este colectivo. Activistas LGTB como Michelangelo Signorile alertaron entonces de lo equivocado de esta percepción.

Tras recordar Trump esta referencia, Lesley Stahl se refirió, ya más en concreto, al matrimonio igualitario. “¿Apoya usted el matrimonio igualitario?”, le preguntó. “Es irrelevante, porque ya ha sido decidido por el Supremo. Es ley. Ya está hecho”, respondió. “¿Entonces, incluso si usted promueve un juez que…?”, trató de indagar Stahl, en referencia a la afirmación de Trump de que promovería jueces que en un futuro revirtieran la decisión. “Estos casos ya han sido visto por el Supremo. Han sido resueltos. Para mí está bien así”, zanjó Trump:

https://www.youtube.com/watch?v=jDVX8oj8h1c

No hubo más referencia a los derechos LGTB en la entrevista. Ni una palabra, por ejemplo, sobre la próxima decisión que el Tribunal Supremo debe tomar en esta materia, referida al derecho de un adolescente trans a usar en su instituto los aseos que se corresponden a su identidad de género. En cualquier caso, las declaraciones de Trump sobre el matrimonio igualitario suponen un titular potente, que ha sido recibido con precaución y escepticismo por el activismo LGTB estadounidense.

Es fácil entender las razones de este escepticismo. La reversibilidad del matrimonio igualitario nunca ha sido el mayor temor del activismo, dado que para ello sería necesario que el Tribunal Supremo se desdijera a sí mismo, y ello después de que Trump hubiese propuesto al menos a dos nuevos jueces (en este momento solo hay una vacante, la que dejó al fallecer el conservador Antonin Scalia, que de hecho ya fue uno de los que se opusieron a la decisión mayoría del Supremo en 2015) o que culminase con éxito una iniciativa de reforma de la Constitución de los Estados Unidos para incluir una definición excluyente de matrimonio (muy improbable a día de hoy). Lo que más preocupa en realidad al activismo LGTB son los más que probables (estos sí…) retrocesos en materia de políticas antidiscriminatorias, promovidas por el ala más conservadora del Partido Republicano, que recordemos, se presentó este año a las elecciones con la plataforma más abiertamente anti-LGTB de su historia.

Así por ejemplo el que será vicepresidente de Trump, Mike Pence anunciaba hace pocas semanas que una de las primeras medidas que Trump adoptaría sería anular las órdenes ejecutivas federales que impiden discriminar a las personas LGTB. Obama, recordemos, ha promovido dos importantes órdenes antidiscriminatorias que obligan tanto a las empresas que tengan o que aspiren a firmar contratos con la administración federal (firmada en 2014) como a las escuelas que reciben fondos federales (emitida hace pocos meses, como reacción a la ley LGTBfoba de Carolina del Norte, y que se encuentra en estos momentos sometida a escrutinio judicial). Otra iniciativa que posiblemente los republicanos intentarán promover será la denominada First Amendment Defense Act (FADA), una propuesta legislativa que prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones antidiscriminatorias de los estados, a todas aquellas personas y negocios que que se nieguen a prestar servicios a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos. En definitiva, una norma que haría virtualmente inútiles las regulaciones antidiscriminatorias de los estados en materia LGTB, y que el propio Donald Trump anunció en campaña que no tendría inconveniente en rubricar en caso de prosperar en el Congreso.

El próximo vicepresidente, un homófobo contrastado

Por desgracia, todos los analistas auguran a Mike Pence un papel mucho más activo en la futura administración federal que el de sus predecesores. Una muy mala noticia en clave LGTB, dado su perfil homófobo. Recordemos que su momento de mayor protagonismo como gobernador de Indiana vino precisamente de la mano de su oposición a los derechos LGTB: en marzo de 2015 sancionaba orgulloso una ley, aprobada por la legislatura del estado (bajo control republicano) cuyo objetivo era impedir que entes locales o el propio estado pudiesen aprobar normativas antidiscriminatorias que afectasen a la “libertad religiosa”, eufemismo que suponía la legalización de la discriminación contra las personas LGTB. Un acto en el que Pence quiso rodearse de numerosos líderes religiosos, algunos de ellos virulentamente homófobos (ver foto, a la derecha).

La norma provocó una intensísima reacción social en su contra, que amenazó con afectar seriamente la economía del estado y que de hecho dejó muy tocada su imagen. Mike Pence se vio obligado a promover una norma adicional que clarificase los límites de la ley e impidiese la discriminación en la prestación de servicios a personas por motivos de orientación sexual.

No es, por desgracia, el único antecedente homófobo de Pence, un político cercano a la derecha religiosa que en las primarias republicanas apoyó sin fisuras a Ted Cruz. Opuesto al aborto, a la investigación con células madre, negacionista del cambio climático y cercano al creacionismo, en el año 2000, durante su campaña para ser elegido congresista, llegó a proponer que se utilizasen fondos destinados a ayudar a personas con VIH para sufragar a organizaciones que promovieran las “terapias reparadoras” entre aquellos que quisiesen modificar su orientación sexual.

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Importante sentencia del Tribunal Constitucional de Perú, que ha reconocido el derecho a la propia identidad de género y ha decretado que el proceso de rectificación del sexo en los documentos de identidad debe realizarse mediante procedimiento sumarísimo. La sentencia deja sin efecto una sentencia anterior, especialmente perjudicial para los derechos de las personas trans, que precisamente impedía la modificación del sexo en los documentos de identidad.

La nueva sentencia, Nº 06040-2015-PA/TC (y que puedes descargar aquí en su integridad) supone, por tanto, un giro de 180 grados, al dejar sin efecto la doctrina jurisprudencial establecida en la nefasta sentencia Nº 0139-2013-PA/TC, según la cual el sexo era un elemento “inmutable” y por tanto no era viable solicitar su modificación en los documentos de identidad. Esto, además, se asociaba con la idea de que cualquier alteración a la identidad en función de ese criterio debía ser entendido como un trastorno o una patología.

En efecto, se trata de una sentencia a la que en su momento hicimos alusión. El alto tribunal peruano negó entonces el cambio aduciendo que la demandante, que en el pasado se había sometido a cirugía de reasignación y a la que otro tribunal ya había concedido el cambio de nombre, y que entonces solicitabala rectificación de la referencia al sexo, no presentaba “un caso de intersexualidad o hermafroditismo” que, al momento de registrar su sexo, hubiese ocasionado un error que tuviera que ser rectificado. “Se trata de una persona transexual, es decir, de alguien que muestra una incongruencia entre lo psíquico y lo orgánico en relación a su sexo, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica dentro de los trastornos de la personalidad y del comportamiento”, expresaba aquella lamentable sentencia, que llega a a añadir además que darle la razón hubiera supuesto “admitir el matrimonio entre personas del mismo sexo” .

Afortunadamente la nueva sentencia se desprende de los prejuicios que la anterior contenía, al reconocer que el sexo no siempre debe ser definido en función de la genitalidad, pues estaría cayendo así en un determinismo biológico que reduciría la naturaleza humana a una mera existencia física y ello obviaría que el humano es un ser también psíquico y social. esta nueva sentencia fue aprobada por cuatro votos a favor y tres en contra.

Uno de los magistrados firmantes de la sentencia es Carlos Ramos Núñez, que aclara algunos aspectos de la misma en una entrevista al diario oficial El Peruano. En esta entrevista, el magistrado explica que la nueva decisión del Constitucional peruano busca que la judicatura “pueda tomar en cuenta las recientes tendencias existentes a nivel internacional a favor de las personas que buscan el reconocimiento de su identidad de género y que no se vea sometida, de manera mecánica, a una sentencia, aunque esta sea del máximo intérprete de la Constitución, al menos en lo que se relaciona con los progresos existentes respecto del reconocimiento y ejercicio de los derechos”. “Lo que hace [la sentencia] es reconocer una tendencia que, al parecer, es irreversible, y que se encuentra vigente en los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en distintos órganos de las Naciones Unidas. También en el derecho comparado encontramos distintos pronunciamientos interesantes de altas cortes”, añade el magistrado.

La sentencia no supone, en cualquier caso, que el proceso se libre de la tutela judicial. La rectificación del sexo deberá ser ordenada por un juez, aunque al menos el Tribunal Constitucional establece que deberá hacerse por vía sumarísima. “El Tribunal ha planteado que, por la urgencia de estos casos, los pedidos relacionados con el cambio de sexo sean tramitados en el marco del proceso sumarísimo. No olvidemos que en la práctica de la justicia civil ordinaria, desde el 2007, ya se reconocía el cambio de sexo”, explica Ramos Nuñez.

Sobre el vínculo entre identidad de género y matrimonio igualitario que establecía la anterior sentencia, Ramos Núnez lo niega. “En este caso se ha hecho referencia a la identidad personal, en particular lo que es la identidad de género”, cuestión distinta a la orientación sexual. “Son conceptos que se mantienen en ambientes distintos. Nuestro pronunciamiento respecto a la STC 06040-2015-PA/TC no se extiende a esos supuestos, ya que no han sido planteados”, añade.

Importante avance sobre la sentencia anterior, pero no la situación ideal

En definitiva, tal y como explica el activista Gio Infante en su comentario de la sentencia, se trata de un avance muy importante si se tiene en cuenta el carácter tan profundamente tránsfobo de la sentencia anterior, pero no supone ni mucho menos que la situación a partir de ahora sea la ideal. “Sin duda, un avance. Aunque el gran pendiente sigue siendo que el cambio de nombre y sexo de las personas trans deje de ser visto en vía judicial y sea resuelto administrativamente ante la RENIEC [Registro Nacional de Identificación y Estado Civil] como bien señala el magistrado Espinosa-Saldaña Barrera. Más allá de ello, su voto y el de la magistrada Ledesma Narváez merecen una lectura y reconocimiento especial, toda vez que refieren claramente a la dignidad de las personas trans y las múltiples deudas históricas que el Estado peruano tiene en el reconocimiento y protección de sus derechos”, explica Infante, que denuncia además como “una vergüenza” el voto particular de los tres magistrados opuestos, “que pretendían la primacía cromosómica sobre la experiencia e identidad de las personas para definir su sexo”.

Recordemos que en América Latina son ya varios los países que han actualizado sus normativas por lo que al reconocimiento jurídico de la propia identidad de género se refiere. Es el caso de países como Uruguay, Argentina (cuya legislación fue en su  momento pionera) o Bolivia. Ecuador también aprobó una ley sobre la materia, aunque introduciendo en el último momento aspectos restrictivos por imposición del presidente Rafael Correa. Por otra parte, Chile ya discute una reforma legal sobre la materia y el gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto (que no una ley) en el mismo sentido.

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…y todavía queda un mes y medio para que concluya. Pero sí, desgraciadamente el 2016 ya es el año con más asesinatos de personas transgénero, únicamente en Estados Unidos con un número que ya alcanza las 24 personas, según GLAAD. Sólo en todo el 2015 se cometieron 22 homicidios con personas transgénero como víctimas. Además, es que la cifra debería ser aun mayor, ya que algunos asesinatos no son registrados adecuadamente como crímenes de odio contra la comunidad LGBT. Otro dato importante es que la mayoría de las víctimas son personas negras.

Muchos todavía seguimos conmocionados por la victoria del homófobo, machista y racista Donald Trump. Pese a que desde su triste victoria frente a Hillary Clinton el presidente electo ha moderado bastante sus discursos si los comparamos con las salvajadas que ha soltado durante la campaña que lo ha llevado a la Casa Blanca, las cosas se van a poner bastante oscuras para muchos. Dentro, y fuera de los Estados Unidos. Pero sin duda, y ahí tenemos que estar todos vigilantes, los gays estadounidenses van a ser los primeros en sufrir la victoria del republicano. Obviamente, con el ascenso de Trump al poder no podemos más que echarnos las manos a la cabeza porque los números no van a descender, si bien algunos energúmenos ya han empezado a desatarse evidenciando su LGBTfobia en las calles y las redes sociales.

Aunque la verdad, es que Trump sería el menor de nuestros problemas si no fuese por la gente que lo rodea. Porque Trump es un showman que ha decicido jugar hasta sus cartas más vergonzosos para llegar a la presidencia de su país.  Y es que como comentábamos ayer, Donald Trump se va a rodear de colaboradores abiertamente anti-LGBT, como su vicepresidente Mike Pence.  Pero junto a Trump, hay gente que ya ha demostrado cómo son. Gente como el vicepresidente electo, Mike Pencer. Que no solo ha hecho declaraciones como que los derechos LGBT serán los primeros en irse, sino que ha demostrado con hechos su odio a lo diferente.

Pence es un ferviente defensor de esos sitios anacrónicos llamados campamentos de conversión para gays, en los que ha invertido dinero público para financiarlos, por no hablar de la Ley de Libertad Religiosa, una ley que impulsó el año pasado en el Estado de Indiana por el que permitía a los propietarios de los negocios decidir si aceptaban servir o atender en sus establecimientos a ciudadanos LGBT alegando que si lo hacen atentarían contra sus creencias religiosas. Y si Trump y su vicepresidente ponen en marcha medidas como estas, no afectará solo a los gays estadounidenses.

Esa reversión en los derechos en la primera potencia del mundo puede suponer el inicio de una oleada conservadora en todo el mundo. Una oleada que daría alas (más si cabe), a gente como Putin, o a los países del Este de Europa en los que los derechos LGBT ni están ni se les espera, por no hablar de los países africanos o de muchos países asiáticos. Un panorama sin duda desolador, que esperamos que no tengamos contaros desde aquí y que se queden únicamente en un miedo que nunca fue realidad…

Pero es que Mike Huckabee, Sarah Palin, Ben Carson, Pam Bondi – famosa por su lucha contra el matrimonio igualitario en Florida, alegando incluso que se trataba de un atentado contra la salud pública – o el Dr. Carson – otro lumbreras que aseguró que el matrimonio gay era el objetivo marxista para lograr un nuevo orden mundial- no se quedan atrás en cuanto a LGBTfobia. Gente en todo caso que ya ha demostrado su poca simpatía con el colectivo LGBT y menos empatía aun con el sufrimiento y la discriminación de las personas, independientemente de su género, orientación y raza.

Con este panorama, no podemos esperar más que un ascenso en la violencia contra el colectivo en general, pero con las personas transgénero especialmente perjudicadas al tratarse del eslabón más débil. Con este gobierno, es previsible que muchas leyes discriminatorias afloren en numerosos estados, se haga la vista gorda a la discriminación de forma tácita y burocrática y se frenen muchos procesos legislativos que buscan la igualdad entre todas las personas.

Este probable equipo de gobierno será diametralmente opuesto al de Obama, que contaba con Eric Holder o Loretta Lynch como políticos que luchaban por la igualdad de derechos de todas las personas.

Fuente AmbienteG

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Una comisión de diputados mexicanos ha votado en contra de la propuesta del lanzada por el presidente del país, Enrique Peña Nieto, que buscaba extender las uniones del mismo sexo desde determinadas regiones mexicanas a todo el territorio del país. Enrique Peña Nieto estaba más que ufano al presentar la iniciativa en mayo pasado que incluía una reforma constitucional para legalizar el matrimonio igualitario en todo el país mexicano, una iniciativa que desató enormes manifestaciones a favor y en contra. Sin embargo, las presiones de la Iglesia Católica mexicana y el peso de la tradición han transformado la alegría en tristeza. La propuesta que pretendía extender el matrimonio igualitario en todo el país azteca ha sido rechazada por legisladores de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja con diecinueve votos en contra, ocho a favor y una abstención.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de México ha rechazado, por 19 votos contra 8 (y una abstención) la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para hacer extensivo a todo el territorio mexicano el matrimonio igualitario, aprobado ya en algunos estados y posible de facto en todo el país por vía judicial. La noticia supone un triunfo para el sector más conservador de la sociedad mexicana, y muy especialmente para la Iglesia católica, que se ha empleado a fondo para agitar el sentimiento homófobo de una parte de la sociedad mexicana. Por el momento, el avance de la igualdad seguirá dependiendo de los tribunales de justicia.

El pasado mes de mayo, Enrique Peña Nieto hacía público el compromiso de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el país. México, recordemos, es un país federal, en el cual cada estado goza de amplia autonomía legislativa y cuenta con códigos civiles propios. En este sentido, son varios los territorios  que han aprobado el matrimonio igualitario (el primero fue el Distrito federal, allá por 2009). La aprobación formal del matrimonio igualitario en Colima  tuvo lugar apenas unos días después de que hicieran lo propio los estados de Michoacán y de Morelos, y solo un par de semanas después de que lo hiciera el estado de Campeche. Antes de esta última oleada, otros tres territorios mexicanos habían aprobado el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos: el Distrito Federal (2009), el norteño el estado de Coahuila (2014) y el estado de Nayarit, en la costa oeste del país (2015). Y ya en 2010 la SCJN determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal era extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en el estado de Quintana Roo (vecino de Campeche, también en la península de Yucatán), cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer..  Pero es que, además, la prohibición del matrimonio igualitario por los estados que aún no permiten su celebración es considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y, de hecho, en prácticamente todos los estados de México se han celebrado ya bodas por orden judicial.

Es por eso que, cinco años después de que el Distrito Federal lo aprobase, y después de toda una cascada judicial de fallos favorables, Peña Nieto decidía este año que había llegado la hora de que la legislación se armonizase, de acuerdo a las directrices de la Suprema Corte, y que Constitución y leyes federales reconociesen expresamente el matrimonio igualitario en todo el país. Un movimiento que despertó, casi de forma inmediata, las iras de la Iglesia católica mexicana, que, pese a haberse opuesto estado a estado al avance de los derechos LGTB, no había conseguido, en un país socialmente muy conservador pero de tradición política laica, cristalizar un movimiento homófobo organizado. La oposición al matrimonio igualitario acabó cristalizando, de hecho, en un movimiento que reproducía el modelo que ya se ensayó en España en 2005 (más torpemente) o en Francia en 2012-2013 (con bastante más éxito, aunque no consiguiese paralizar la aprobación del matrimonio igualitario): un movimiento “civil”, supuestamente al margen de la Iglesia católica, que en lugar de utilizar argumentos religiosos dice ser un movimiento transversal en defensa de la familia. En México, en concreto, la principal demanda de este “Frente Nacional por la Familia” es la modificación de la Constitución mexicana para proteger “a la familia” y “a los niños”.

Un movimiento que en efecto fue capaz de promover manifestaciones multitudinarias, avaladas desde el propio Vaticano por el papa Francisco pese a que supuestamente este está empeñado en recortar la influencia de Norberto Rivera, cardenal primado y arzobispo de México, precisamente uno de los principales promotores de la campaña contra el matrimonio igualitario. Rivera, conocido opositor a los derechos LGTB, es un personaje especialmente siniestro e incómodo para Francisco. Fue acusado en su momento de encubrir varios casos de abusos sexuales a menores por parte del sacerdote Nicolás Aguilar, además de haber sido uno de los grandes protectores de Marcel Maciel (el fundador de los Legionarios de Cristo, otro personaje despreciable, ya fallecido, acusado también de múltiples abusos sexuales). Ello no le ha impedido liderar de forma muy ostensible la ofensiva contra Enrique Peña Nieto por su voluntad de afianzar el matrimonio igualitario sin que el Vaticano le haya censurado por ello.

Triunfo de los homófobos en la Cámara de Diputados

Lo cierto es que el clima homófobo generado estos últimos meses se ha visto reflejado en la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Puntos Constitucionales ha bloqueado el plan de Peña Nieto por 19 votos contra 8. Contra el matrimonio igualitario se han pronunciado todos los representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI, precisamente el partido del presidente), menos Benjamín Medrano (abiertamente gay) e Ivonne Ortega; además de los del Partido de Acción Nacional (PAN), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Nueva Alianza y Partido Encuentro Social. Votaron a favor los representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). El único representante del Movimiento Ciudadano decidió abstenerse. Los argumentos para oponerse variaron entre los que aseguraban que este tema debía seguir siendo competencia de los estados y los que abiertamente consideraron que el matrimonio es solo “entre un hombre y una mujer”.

Edgar Castillo Martínez, secretario de la comisión, dijo que el resultado significa que el asunto está «total y definitivamente concluido», de acuerdo con un sumario difundido en línea por la Cámara de Diputados.

Legisladores de los izquierdistas Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y algunos del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), se expresaron en favor de la reforma pues consideraron que era «compromiso democrático con el avance de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación».

Legisladores del conservador Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido Encuentro Social, Nueva Alianza y algunos del PRI consideraron que corresponde a cada entidad federativa legislar en materia civil, por lo que no era necesaria una reforma constitucional. Argumentaron que la autonomía de los estados «iría en detrimento» y que la iniciativa presidencial presentó «inconsistencias jurídicas».

Movimiento Ciudadano se abstuvo al asegurar que su bancada estaba dividida y «no se daría paso a imposiciones», por lo que de esta forma se respetaba la opinión de cada uno de sus miembros.

El dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside Guadalupe Acosta, del PRD, retomaba en sus términos la iniciativa presidencial sobre matrimonio igualitario al considerar que reconocía la dignidad humana y respetaba los derechos de las personas.

El diputado Agustín Basave, del PRD, aseguró que su motivación principal para sustentar el voto favorable «es la no discriminación», que dijo «tiene que ver efectivamente con el artículo primero de la Constitución». «Yo quiero decirles que yo soy católico, y a mucha honra, pero también creo en la separación Estado-Iglesias y este me parece el caso paradigmático de esa separación», expuso.

La legisladora Guadalupe Acosta Naranjo, del Partido de la Revolución Democrática, dijo que la medida había sido bloqueada debido a maquinaciones políticas. «Una reforma de la que deberíamos sentirnos orgullosos», afirmó Acosta, de acuerdo con la transcripción. «Porque los derechos de las minorías no se ponen a votación, se amplían y reconocen, y es el Congreso quien debería tutelarlos».

Cándido Ochoa Rojas, del Partido Verde –aliado con el PRI–, dijo que estaba votando contra la medida debido a conflictos constitucionales y porque el matrimonio está gobernado por los códigos civiles de los estados. «¿Cómo se va a desarrollar la familia si la exposición de motivos dice que la procreación no es un elemento decisivo del matrimonio?», se preguntó.

Por su parte, el Movimiento por la Igualdad en México, grupo conformado por organizaciones de la sociedad civil y activistas LGTB, expuso en un comunicado que «los diputados que votaron contra la igualdad, habrán de rendir cuentas ante la historia, cuyo juicio es implacable con quienes han sido enemigos de los derechos humanos». Asimismo, señaló que «en el porvenir habrá de mirar a quienes hoy votaron contra, con el mismo reclamo que pesa sobre quienes protagonizaron acontecimientos históricos que humillaron a otros grupos marginados».

El nuevo nuncio apostólico en México, el italiano Franco Coppola, dijo el que el tema del matrimonio homosexual no debe confrontar a México sino provocar un diálogo para «encontrar la solución más apta para este país». «No creo que sea bueno para el país confrontarse, ir a una lucha, hacer una cuenta para ver cuantos están en favor y cuantos en contra», dijo Coppola en conferencia de prensa en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. El religioso señaló que el tema ha generado un debate que ha dejado en claro que hay personas que no se sienten apreciadas y que no sienten que gozan de todos los derechos. «Es una magnífica oportunidad para practicar el diálogo. Intercambiar insultos o prejuicios no sirve de nada y hay que entenderse», abundó.

En definitiva, la situación queda como estaba hasta ahora: múltiples sentencias favorables al matrimonio igualitario, que de facto suponen una “legalización” del mismo aunque en algunos estados sigue siendo necesario recurrir judicialmente cada caso, y varios estados (junto al Distrito Federal) que además lo han aprobado por vía legislativa. A partir de ahora habrá que ver si la ofensiva homófoba sigue adelante, hasta el punto de conseguir de la clase política mexicana una reforma constitucional que prohíba expresamente el matrimonio igualitario (una opción que parece complicada), y estar atentos a cómo siguen produciéndose sentencias judiciales que faciliten cada vez más a las parejas del mismo sexo casarse en todo el territorio mexicano aunque por el momento no exista una normativa nacional al respecto.

Este revés legislativo es una noticia que ha teñido de luto al colectivo LGTB mexicano. Y es que el país centroamericano ha intentado cambiar las políticas y crear una red LGTBfriendly pero los números no engañan: Ciudad de México es la localidad más violenta en agresiones al colectivo, ya que la asociación civil Letra S ha documentado 1.310 asesinatos de odio hacia la población LGTB.

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El colectivo LGTB Alicante Entiende ha denunciado públicamente lo que considera no es más que una campaña de falsedades promovida por el Partido Popular en relación a una charla sobre “sexo seguro” que tuvo lugar dentro de la programación de la Setmana Jove 2016, un evento organizado por el Consejo de la Juventud de Alicante. Desde Alicante Entiende consideran que el PP alicantino no pretende otra cosa que atacar a la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alicante (cuya titular es Marisol Moreno, concejala de Guanyar Alicant y activista LGTB).

A lo largo de los últimos días, numerosos medios de comunicación conservadores, tanto locales como nacionales, se hacían eco del “escándalo”: un actor porno había sido contratado para impartir una charla sobre sexo seguro a jóvenes, algo que la concejala popular María Luisa Gayo consideraba “una falta de respeto hacia nuestros jóvenes”. Gayo también criticaba a la Concejalía de la Juventud de Alicante, que según ella se ha tomado este asunto “a la ligera” y sin importarle que los jóvenes “reciban una formación adecuada”.

Una polémica mediática que Alicante Entiende ha querido aclarar mediante un comunicado en el que critica la utilización “manipulada” que según ellos el PP alicantino está haciendo del tema. Alicante Entiende también ha tenido palabras muy duras contra aquellos medios que se han limitado a recoger “las declaraciones mailintencionadas del PP alicantino, con la poca credibilidad que tiene dicho partido en la vida pública y política de España”.

Una charla impartida por un actor porno que además es médico

Foto twitter Satiago Noguera

Alicante Entiende ha querido aclarar, en primer lugar, que la charla objeto de la polémica fue impartida por Santi Noguera, licenciado en Medicina, que además es actor porno “como hobbie”, y que sus contenidos fueron sobre infecciones de transmisión sexual y prevención de riesgos, “con lo cual entendemos que un médico es la persona más idónea para hablar de enfermedades, y con su faceta como actor porno, para hablar de prácticas de riesgo y de prevención”. Nogueira, además, impartió la charla de forma “voluntaria y altruista”, sin cobrar dinero alguno por ello.

En segundo lugar, el colectivo alicantino ha querido dejar claro que la charla fue organizada directamente por Alicante Entiende, entidad que forma parte del Consejo de la Juventud de Alicante, y no por el Ayuntamiento. La charla, según expresa el comunicado, “se organizó en la sede universitaria” y estaba dirigida “al público en general, especialmente a jóvenes, no para ‘adolescentes’, como se pretende manipular con la noticia”. Efectivamente, tal y como se puede ver en la programación de la Setmana Jove, la charla tuvo lugar el jueves 27 en la sede Ramón y Cajal de la Universidad de Alicante, a las 20:15 de la tarde.

De todas las maneras, continúa la nota, “los contenidos de la charla, sobre información y prevención de las ITS, es una materia que debería recibir cualquier adolescente y joven, como parte de su formación en materia afectivo-sexual, que el gobierno del Partido Popular se ha encargado de eliminar de los institutos”.

“Quizás para el Partido Popular hubiera sido mejor que la charla la hubiera impartido un médico ‘sacerdote’”, añade el comunicado, que denuncia, en último término, la existencia de una campaña que no dudan en calificar directamente como homófoba.

Los medios conservadores siguen con sus críticas pese a las aclaraciones

La aclaración de Alicante Entiende no parece haber amilanado a los medios conservadores. En ABC, por mencionar solo un ejemplo, podemos seguir leyendo un artículo que casi parece despreciar la cualificación de Noguera, al incidir en que su país de origen es Colombia y que su campo es la Medicina Estética, y asegurar además que “en su foto de perfil en Twitter luce su físico en ropa interior y en otras imágenes difundidas en esta red social aparece desnudo”. El artículo sigue además jugando a la confusión sobre los destinatarios y el lugar en los que ha tenido lugar la charla, al asegurar que “el Consejo de la Juventud de Alicante -dependiente de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento- ha recurrido a un actor porno para ofrecer una charla sobre ‘sexo seguro’ dirigida fundamentalmente a adolescentes dentro de su Semana Joven, en la que se han desarrollado actividades en institutos de Secundaria”.

El Consejo de la Juventud de Alicante es un organismo que agrupa a diferentes entidades juveniles de la ciudad, y aunque recibe subvenciones de Generalitat Valenciana y Ayuntamiento (de las que luego ha de rendir cuentas) organiza sus actividades de forma independiente. Se trata, en este sentido, de una entidad con un funcionamiento similar al de otros consejos de la juventud locales.

Estamos en la charla sobre sexo seguro #SetmanaJove2016 pic.twitter.com/3V2yuAIcvj

— Consell Joventut (@cjAlacant) 27 de octubre de 2016

Fuente Dosmanzanas

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Dos adolescentes han sido detenidas en Marrakech tras ser sorprendidas por un familiar abrazándose y besándose. Tras comunicar a la madre de una de las chicas lo que había contemplado, esta denunció el hecho a la Policía. Ambas fueron detenidas bajo la acusación de haber cometido actos contra la naturaleza con una persona del mismo sexo, y están a la espera de juicio enfrentándose a una pena de entre seis meses y dos años de cárcel. Desde las asociaciones de derechos humanos se denuncia tanto la detención, como el hecho de que una de las adolescentes haya sido ingresada en una prisión para adultos.

Sanaa y Hajar tienen 16 y 17 años respectivamente. Ambas se encontraban en la azotea de la casa de la primera, y estaban abrazadas y besándose cuando fueron sorprendidas por el primo de Sanaa, que las grabó con su teléfono móvil. Inmediatamente, enseñó las imágenes a su tía, quien se escandalizó por ver a su hija con otra chica, que además parecía ser una vagabunda. Lo puso en conocimiento de la Policía, que procedió a la detención de las dos muchachas el pasado 27 de octubre.

Sanaa fue conducida a un centro de detención para menores, pero Hajar ingresó en la prisión local para adultos. Desde las asociaciones de defensa de derechos humanos se denuncia que Hajar estuvo incomunicada, que su madre no tuvo información de su estado durante más de siete horas, que fue presionada para obtener una confesión y que se negó a tomar alimentos desde que fue detenida. Ambas fueron acusadas de haber vulnerado el artículo 489 del Código Penal de Marruecos, que castiga “los actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo” con penas de hasta tres años de prisión y una sanción económica. Hajar, además, se enfrenta a cargos por “vagancia”.

Tras permanecer detenidas desde el pasado jueves, 27 de octubre, el pasado viernes, 4 de noviembre, estaba previsto el juicio en Marrakech de Sanaa y Hajar pero  sus abogados habían solicitado la libertad condicional, que el Tribunal de Primera Instancia de Marrakech les concedía este 3 de noviembre siendo ambas puestas en libertad provisional con cargos, a la espera de juicio con la obligación de que comparezcan. Una de ellas denuncia haber sido maltratada estando bajo custodia policial.  Al día siguiente, el Tribunal de Primera Instancia de Marrakech ha fijado para el próximo 25 de noviembre la vista para el juicio contra las dos adolescentes.

Omar Arbib, presidente de la sección local de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), ha comunicado que han proporcionado un abogado para que se encargue de la defensa de Sanaa y Hajar. Según denuncia el activista Omar Arbib, dada la frecuencia con la que las autoridades consiguen confesiones forzadas, incluso en juicios de esta naturaleza, asegura que es poco probable que Sanaa y Hajar reciban un juicio justo, a pesar de que cuenten con un abogado defensor de su asociación.  Arbib denuncia las irregularidades cometidas y exige “su liberación y la derogación del artículo 489 que penaliza las relaciones sexuales entre dos personas del mismo sexo, por respeto a las libertades individuales y los tratados internacionales. El hecho de que se las grabase es también una violación de esas libertades. Por otra parte, no fueron detenidas en delito flagrante y el incidente no ocurrió en un lugar público”.

La ley en Marruecos continúa penalizando la homosexualidad, a pesar de su constitución de 2011 consagra el derecho de todas las personas a la «protección de su vida privada». Una garantía que, según los defensores de los derechos humanos, debería contemplar la despenalización de los actos homosexuales privados, penados y castigados con hasta tres años de cárcel por el Código Penal en su artículo 489, que persigue lo que denominan «actos contra natura con individuos del mismo sexo».

Recrudecimiento de la persecución a las personas LGTB

Si bien en numerosas ocasiones se han procesado a hombres homosexuales, el caso de Sanaa y Hajar sería el primero relacionado con una pareja de lesbianas, con el agravante de que ambas son menores de edad. No podemos olvidar el cómo el pasado 25 de marzo, un vídeo grabado con un teléfono móvil comenzó a circular como la pólvora por la red: en él se veía cómo un grupo de personas asaltan un domicilio particular, sacan a dos hombres de la cama, los golpean e insultan y finalmente los sacan a la calle desnudos y ensangrentados. Este episodio puso a Marruecos en el foco de organizaciones internacionales, desde Human Rights Watch (HRW) a la feminista Femen, que envió a Beni Melal a dos activistas que trataron de desnudarse ante la puerta del tribunal, aunque la policía intervino con presteza e impidió su acción.

HRW, que envió a un observador al proceso y ha publicado varios comunicados sobre el caso, se escandalizó por el hecho de que la Justicia marroquí procesara a las víctimas de una agresión antes que a los agresores. “Agredidos, ensangrentados, sacados desnudos a las calles y luego mandados a la cárcel por su vida privada (…) Este veredicto va a desanimar a las víctimas a la hora de buscar justicia y aumentará la probabilidad de delitos de homofobia” en el país, dijo la organización. Queda, no obstante, la preocupación expresada en numerosos medios por el carácter de la agresión: el allanamiento de un domicilio, la agresión colectiva y la vejación pública en plena calle contra dos seres indefensos. “El proceso de Beni Melal -decía Karim Bujari- interpela a todo el mundo porque también es el de la libertad individual opuesta a la resistencia violenta de la comunidad”.

Y aún tenemos grabadas en la retina otras terribles imágenes, las de un intento de linchamiento de una mujer transgénero en Fez, ocurrido en junio pasado. Ocurrió lo mismo: solo gracias a que el vídeo se viralizó y desencadenó un escándalo que trascendió las fronteras de Marruecos, acabaron con una dos de los agresores fueron condenados a cuatro meses de prisión, y ello pese a que el propio ministro de Justicia; Mustafá Ramid, llegó a insinuar entonces que las personas LGTB son culpables de las agresiones que reciben.

Agresiones que ocurren en un contexto en el que, como hemos venido informando de un tiempo a esta parte, parece darse un recrudecimiento de la persecución contra las personas LGTB por las autoridades de Marruecos, desmintiendo el tópico preexistente de que las leyes represoras no se aplican en la práctica. El artículo 489 del Código Penal marroquí, recordemos, castiga los “actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo” con penas de hasta 3 años de prisión, además de una sanción económica. Y el artículo 483 establece penas de hasta dos años de prisión por “obscenidad pública”. Y lo cierto es que cada llegan más noticias de detenciones y condenas por violar la ley. Hace pocas semanas nos hacíamos eco de la condena a 18 meses de prisión a dos jóvenes por cometer “actos con un individuo del mismo sexo” por un tribunal de Tiznit, al sur de Marruecos. Y poco antes, en enero, dábamos cuenta de la detención de dos jóvenes marroquíes por haber difundido un vídeo en el que se besaban en un lugar público.

La situación actual en Marruecos contrasta marcadamente con su posición histórica como refugio para hombres homosexuales, cuando eran perseguidos en Europa, el año pasado era España la que concedía asilo a 77 personas homosexuales. Actualmente, el problema no sólo afecta a la ley, sino a los valores sociales imperantes tan fuertemente conservadores y reaccionarios, que rechazan las relaciones homosexuales y no tienen piedad para denunciar aunque se trate de personas menores de edad y de su propia familia, como es este caso. El Gobierno marroquí, encabezado por el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), exclulía de la actual reforma del Código Penal los artículos más polémicos que tienen que ver con las libertades individuales y sexuales, como los que castigan la homosexualidad, el adulterio y las relaciones extramaritales.

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Un despropósito que Francisco no ha eliminado aún…

Se acaban de cumplir treinta años de la “Carta a los obispos sobre la atención pastoral a las personas homosexuales”, sin duda el documento más importante emitido en materia expresamente LGTB por la Iglesia católica. Un texto que frenó en seco numerosas iniciativas entonces en marcha y que aún hoy parecen audaces. Hacemos memoria de esta carta, de sus circunstancias y su repercusión.

El 31 de octubre de 1986 el Vaticano publicaba la Carta a los obispos de la Iglesia católica sobre la atención pastoral a las personas homosexuales. Juan Pablo II era papa, y Joseph Ratzinger, luego papa Benedicto XVI, era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Un documento que es conocido también como Homosexualitatis problema, sus dos primeras palabras en latín. En Estados Unidos algunos la llamaron también “la Carta de Halloween”, por la fecha en que fue publicada.

El documento pretendía salir al paso del debate en torno a la integración de gais y lesbianas en la Iglesia católica suscitado por la mínima apertura que había significado un documento anterior, la Declaración acerca de ciertas cuestiones de ética sexual, de 1975, bajo el pontificado de Pablo VI. Un texto que había reconocido por primera vez que la inclinación homosexual en sí misma no era pecado. Esta mínima concesión fue suficiente para que en ciertos lugares se iniciara un acercamiento a la comunidad LGTB (al principio centrada casi exclusivamente en gais y lesbianas), lo que causó inquietud en el Vaticano y motivó la publicación de este segundo documento.

Como era de esperar, la Carta a los obispos de la Iglesia católica sobre la atención pastoral a las personas homosexuales supuso un cerrojazo a todas las esperanzas de cambio. Pero no solo eso: en ese documento se incluyeron además observaciones sobre las motivaciones de los activistas LGTB católicos y seculares notablemente duras, se marcó con el sello de la desconfianza el apoyo a leyes antidiscriminatorias y se hicieron unas anotaciones “sociológicas” que motivaron que incluso algunos miembros de la jerarquía se vieran posteriormente obligados a relativizarlas en su valor. Fue un cierre de filas doctrinal y una negativa a todo diálogo. En cualquier caso, aunque sea para mal, la Carta sigue siendo el documento doctrinal más importante sobre homosexualidad, y sus consecuencias siguen sintiéndose hoy. Por ello, merece la pena recordarla en algunas de sus tesis, así como el contexto en que se produjo.

El trasfondo: una década de debates e iniciativas audaces (1975-1985)

Entre los últimos años 70 y primeros 80 se habían adelantado propuestas teóricas e iniciativas muy interesantes sobre la inclusión de gais y lesbianas en la iglesia católica, sobre todo en los Estados Unidos. Desde el punto de vista teórico, destacan especialmente dos textos: el libro La sexualidad humana, de la Asociación Católica de América, y La iglesia ante la homosexualidad, del entonces jesuita padre John J. McNeill (a quien en su momento dedicamos un obituario en esta página). En ambos casos se defendía la posibilidad de relaciones físicas homosexuales moralmente buenas desde un punto de vista cristiano.

En cuanto a las iniciativas, algunas resultarían innovadoras y atrevidas incluso hoy (1). En 1981, la archidiócesis de Baltimore estableció uno de los primeros ministerios diocesanos para gais y lesbianas católicos. En 1983, la archidiócesis de San Francisco emitió el primer plan global de pastoral para personas homosexuales. También en 1983, la Conferencia Católica del Estado de Washington, formada por los obispos de tres diócesis del estado, publicó un documento titulado El prejuicio contra los homosexuales y el ministerio de la Iglesia, donde se llegaba a decir que la enseñanza sobre la homosexualidad requería “repensarse y desarrollarse”, y se urgía a la Iglesia a llevar a cabo una “investigación teológica sostenida respecto de su propia tradición teológica sobre la homosexualidad, de la cual nada es enseñanza infalible”. Por último, en 1985, los encargados del acercamiento pastoral a gais y lesbianas de la archidiócesis de Baltimore publicaron Homosexualidad: una perspectiva católica positiva. Aunque no cuestionaba el magisterio oficial, su enfoque positivo despertó recelos en algunos sectores de la iglesia.

Por otra parte, las asociaciones LGTB cristianas proliferaban, en Estados Unidos y fuera. Dignity era la organización más veterana, pero también estaba la Conferencia de Católicas Lesbianas. Había organizaciones dedicadas a religiosos y sacerdotes LGTB, como Communications Ministry, Christian Community Association, Rest, Renewal o Re-Creation. Por último otras organizaciones se dedicaban a la comunicación entre la comunidad LGTB y la iglesia, como New Ways Ministry (aún existente), SIGMA (Sisters in Gay Ministry Associated) y la Consultation on Homosexuality, Social Justice and Roman Catholic Theology.

Condena de toda relación sexual y descalificación de cualquier cambio doctrinal

Todas estas iniciativas preocuparon sin duda al Vaticano, que quiso emitir un comunicado a los obispos para “aclarar” en qué podía consistir y en qué no la pastoral con homosexuales. El resultado fue la Carta que comentamos. En primer lugar, prohibía toda pastoral que implicara aprobación de las relaciones homosexuales. Con ser esto ya un freno a las iniciativas que se estaban dando, la Carta fue más lejos, realizando afirmaciones recibidas por muchos como hirientes.

En primer lugar, estaba la calificación de la misma orientación sexual. Aunque mantenía que en sí misma la homosexualidad no era pecado, sí que le otorgaba un valor negativo en sí mismo:

“En la discusión que siguió a la publicación de la Declaración [acerca de ciertas cuestiones de ética sexual, de 1975], se propusieron unas interpretaciones excesivamente benévolas de la condición homosexual misma, hasta el punto que alguno se atrevió incluso a definirla indiferente o, sin más, buena. Es necesario precisar, por el contrario, que la particular inclinación de la persona homosexual, aunque en sí no sea pecado, constituye sin embargo una tendencia, más o menos fuerte, hacia un comportamiento intrínsecamente malo desde el punto de vista moral. Por este motivo la inclinación misma debe ser considerada como objetivamente desordenada”.

Por ello, la atención pastoral debía realizarse “para que no lleguen a creer que la realización concreta de tal tendencia en las relaciones homosexuales es una opción moralmente aceptable”.

Pero el texto iba aún más allá, haciendo una serie de observaciones sobre los colectivos LGTB y sobre los activistas católicos a favor de las personas LGTB en la iglesia que muchos recibieron como hirientes. Así, las personas que trabajaban para un cambio en la iglesia eran descritas con tonos exclusivamente negativos:

“Dentro de la Iglesia se ha formado también una tendencia, constituida por grupos de presión con diversos nombres y diversa amplitud, que intenta acreditarse como representante de todas las personas homosexuales que son católicas. Pero el hecho es que sus seguidores, generalmente, son personas que, o ignoran la enseñanza de la Iglesia, o buscan subvertirla de alguna manera”.

Por ello, el que estuvieran bajo el paraguas de la institución significaba: “mantener bajo el amparo del catolicismo a personas homosexuales que no tienen intención alguna de abandonar su comportamiento homosexual”. Igualmente, la Carta identificaba toda protesta con una “táctica”:

“Una de las tácticas utilizadas es la de afirmar, en tono de protesta, que cualquier crítica, o reserva en relación con las personas homosexuales, con su actividad y con su estilo de vida, constituye simplemente una forma de injusta discriminación”.

Contra el apoyo a políticas antidiscriminatorias y referencias muy cuestionables al sida y la violencia homófoba

No era lo único, Sin embargo. También se rechazaba que se buscara apoyo en los católicos a leyes antidiscriminatorias a favor de las personas LGTB, en asuntos laborales o para el alquiler de casas (recuérdese la urgencia de estos temas en los peores años de la la crisis del sida). En este sentido, la Carta consideraba que cuando se buscaba el apoyo a estas leyes, en realidad se estaba buscando la aceptación de la conducta homosexual:

“En algunas naciones se realiza, por consiguiente, un verdadero y propio tentativo de manipular a la Iglesia conquistando el apoyo de sus pastores, frecuentemente de buena fe, en el esfuerzo de cambiar las normas de la legislación civil. El fin de tal acción consiste en conformar esta legislación con la concepción propia de estos grupos de presión, para quienes la homosexualidad es, si no totalmente buena, al menos una realidad perfectamente inocua”.

Más aún, para apoyar este rechazo a apoyar leyes discriminatorias porque significaba apoyar la homosexualidad, la Carta realizó una de sus afirmaciones peor recibidas. En ella, se insinuaba la relación entre homosexualidad y sida, con un texto que roza la culpabilización de los activistas LGTB por la difusión de la enfermedad:

“Aunque la práctica de la homosexualidad amenace seriamente la vida y el bienestar de un gran número de personas, los partidarios de esta tendencia no desisten de sus acciones y se niegan a tomar en consideración las proporciones del riesgo allí implicado”.

La Carta contenía otro pasaje muy discutible sobre la violencia contra las personas LGTB, que por un lado rechazaba:

“Es de deplorar con firmeza que las personas homosexuales hayan sido y sean todavía objeto de expresiones malévolas y de acciones violentas. Tales comportamientos merecen la condena de los pastores de la Iglesia, dondequiera que se verifiquen (…) La dignidad propia de toda persona siempre debe ser respetada en las palabras, en las acciones y en las legislaciones”.

Para a continuación decir lo siguiente:

“Sin embargo, la justa reacción a las injusticias cometidas contra las personas homosexuales de ningún modo puede llevar a la afirmación de que la condición homosexual no sea desordenada. Cuando tal afirmación es acogida y, por consiguiente, la actividad homosexual es aceptada como buena, o también cuando se introduce una legislación civil para proteger un comportamiento al cual ninguno puede reivindicar derecho alguno, ni la Iglesia, ni la sociedad en su conjunto deberían luego sorprenderse si también ganan terreno otras opiniones y prácticas torcidas y si aumentan los comportamientos irracionales y violentos”.

Se entiende fácilmente que esta declaración causara estupor muchos activistas LGTB, personas de la sociedad civil y hasta no pocos católicos, incluidos clérigos. No en vano, el que entonces era arzobispo de San Francisco, John R. Quinn, en su comentario a la Carta, se vio en la necesidad de exhortar a distinguir entre sus afirmaciones “doctrinales” y sus “observaciones sociológicas”.

Un documento que ha marcado las tres décadas posteriores

A pesar de estar dirigida en principio a los obispos, la Carta causó un fuerte impacto entre los católicos, al menos de Norteamérica y Europa occidental. En primer lugar, fue un golpe muy duro para los activistas LGTB católicos y sus aliados, acusados genéricamente de tener intereses espurios. Lo fue también para quienes manejaban una visión más abierta de la Iglesia católica, al ver cómo se cerraban filas en todos los aspectos doctrinales (el texto debe enmarcarse en un contexto de reafirmación de la doctrina en moral sexual y personal en todos los niveles: anticoncepción, técnicas de reproducción asistida, etc.). En un nivel más práctico, supuso que las asociaciones LGTB católicas que no aceptaron la doctrina que marcaba fueron expulsadas en casi todas las diócesis de los espacios propiedad de la Iglesia.

Es cierto que este cerrojazo no supuso el final del activismo LGTB católico y cristiano. En medio de muchas dificultades, agravadas por la crisis del sida (recuérdese que la Carta fue publicada en octubre de 1986), Dignity y otros colectivos mantuvieron su actividad. En este contexto, merece la pena recordar que la Carta permitió que el movimiento LGTB católico recuperara para el activismo a John J. McNeill, quien decidió romper su silencio impuesto para protestar contra este documento.

Igualmente, otros grupos fueron surgiendo en Estados Unidos y otros países. El movimiento LGTB católico y “revisionista” siguió vivo a pesar de la Carta. En un primer momento logró el mérito nada desdeñable de sobrevivir. Posteriormente ganó en peso y organización. Y lo ha hecho hasta el punto de que 30 años después, cuando parece haber signos de un mínimo deshielo, algunos en la Iglesia católica vuelven a pensar que va siendo hora de darles espacio.

El hecho de que la Carta siga en vigor como doctrina oficial de la iglesia (conviene recordarlo) impide todo optimismo fácil. Pero también es cierto que tres décadas de vigencia no han logrado acallar esas voces a favor de las personas LGTB, que tan duros calificativos recibieron entonces.

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(1) Las informaciones sobre el contexto previo, así como las declaraciones del arzobispo de San Francisco, están tomadas de un libro de Jeaninne Gramick y Pat Furey, The Vatican and Homosexuality. Reactions to the Letter to the Bishops of the Catholic Church on the Pastoral Care of Homosexual Persons, Nueva York, Crossroad, 1988.

Fuente Dosmanzanas

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Charles Ntwaagae (izda) y Vitit Muntarbhorn (Dcha)

De los 193 países miembro de la ONU, 73 tienen legislaciones que condenan la homosexualidad como un crimen. De estos países 33 son africanos, entre ellos Uganda, Nigeria, Sudán y Mauritania.

La labor del primer experto de las Naciones Unidas independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género está en peligro. Una coalición formada por 54 países africanos demandan la destitución del experto en discriminación al colectivo LGTB y la desaparición de tal cargo vinculado a la ONU que, según ellos, no debe «ocuparse de los temas de orientación e identidad sexual». El grupo de Estados africanos, formado por 54 miembros, ha emitido un comunicado pidiendo que se revise la decisión de crear este nuevo alto cargo, que está llamado a jugar un importante papel en la evaluación de los derechos LGTB en el mundo.

Hace un mes que recogíamos el nombramiento del tailandés Vitit Muntarbhorn por un periodo de tres años para ser el titular inicial del puesto de experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género. El 30 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas había aprobado por 23 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones la creación de esta figura, propuesta por varios países de América Latina. El proceso no fue precisamente fácil y tuvo que enfrentarse, además de a numerosas enmiendas, a una propuesta de retirada promovida por Arabia Saudí, que finalmente no prosperó.

Pero los representantes de los Gobiernos contrarios a los derechos de las personas LGTB no se han dado por vencidos. El viernes pasado, el embajador ante la ONU de Botsuana presentó en nombre de los 57 países del grupo africano una resolución para pedir “la suspensión de las actividades del experto independiente”. Y ello hasta que se dirima la legalidad de la creación de un cargo para defender la protección contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, unas “nociones” sobre cuya mera existencia “no hay un acuerdo internacional”, según los firmantes.

Con este argumento de que su misión no tiene relación con los derechos humanos, varios países africanos solicitaron el viernes, 4 de noviembre, la suspensión de Vitit Muntarbhorn, como experto designado por un período de tres años por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con el objetivo evaluar las implementaciones del derecho internacional en materia de derechos humanos para que llevara a cabo investigaciones sobre las discriminaciones y la violencia contra las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales o transgénero y aumentar la concienciación sobre la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Anteriormente había sido designado enviado especial de la ONU en Corea del Norte, además de haber trabajado en la investigación de la Comisión Internacional Independiente sobre Siria.

Charles Ntwaagae, embajador de Botswana, se expresó en nombre de 54 países africanos miembros de la ONU, afirmando ante una comisión de la Asamblea General que el Consejo «no debe ocuparse de los temas de orientación e identidad sexual (…). Estas dos nociones no son y no deberían estar vinculadas a los instrumentos internacionales existentes para la protección de los derechos humanos», explicó al pedir la suspensión del mandato de Muntarbhorn. Este grupo ha presentado una resolución, cuya votación estaba prevista para el martes, 8 de noviembre. El texto pide la realización de consultas sobre la legalidad del mandato del experto LGBT y a la espera de ello exige la suspensión de su nominación.

El derecho al desarrollo y la lucha contra el racismo son, para los representantes de los países africanos, objetivos más importantes que se verían supuestamente relegados por el incremento de la vigilancia frente a los abusos contra la población LGTB. Una postura habitual para algunos de los Estados más contrarios al reconocimiento de esta realidad, que suelen luchar denodadamente contra la inclusión de las minorías afectivo-sexuales en los acuerdos para promover los derechos humanos de todos los individuos.

La propuesta de los países africanos se podría votar este martes en el tercer comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas, encargado de los asuntos sociales, culturales y humanitarios. Si sale adelante, el pleno de la Asamblea deberá adoptar una decisión definitiva antes de fin de año. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra.

Alrededor de un 40 % de los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, 73 países en concreto, tienen leyes que condenan la homosexualidad, 33 de los cuales pertenecen al continente africano. La resolución del Consejo de Derechos Humanos por la que designaba el nombramiento de un experto LGTB fue aprobada por 23 votos contra 18, en la que hubo 6 abstenciones, lo que refleja las profundas divisiones internas en materia de derechos de homosexuales, bisexuales y transexuales.

Las funciones del nuevo cargo

Muntarbhorn es un profesor de Derecho Internacional con una dilatada trayectoria al servicio de Naciones Unidas. Fue además uno de los juristas que participaron en la elaboración de los muy importantes “Principios de Yogyakarta” sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, aprobados en noviembre de 2006 (y que puedes descargar en su integridad aquí).

El experto cuenta con el siguiente mandato, según la resolución aprobada el pasado junio (reproducimos literalmente):

• Evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes de derechos humanos relacionados con los medios de superar la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, e identificar las mejores prácticas y las deficiencias;
• Concienciar a la población acerca de la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, y determinar y abordar las causas fundamentales de la violencia y la discriminación;
• Entablar un diálogo con los Estados y otros interesados pertinentes, incluidos los organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas, los mecanismos regionales de derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, y celebrar consultas con ellos;
• Trabajar, en cooperación con los Estados, para promover la aplicación de medidas que contribuyan a la protección de todas las personas contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;
• Hacer frente a las formas múltiples, interrelacionadas y agravadas de violencia y discriminación con que se enfrentan las personas por causa de su orientación sexual o identidad de género;
• Organizar, facilitar y apoyar la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional en apoyo de las iniciativas nacionales de lucha contra la violencia y la discriminación de las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Muntarbhorn deberá presentar un informe anual tanto al Consejo de Derechos Humanos como a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Asociación Internacional de Lesbianas y Gays exige a los países de la ONU que rechacen la moción del Grupo Africano para eliminar la recién creada figura del experto en cuestiones LGTBI.

Los grupos LGTB aplaudieron en su momento la designación de Muntarbhorn como experto en temas LGTBI de la ONU. La creación de ese puesto fue sugerida directamente por la ILGA (la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays) que se mostró muy satisfecha con la elección de este profesor de derecho internacional para “abordar las formas múltiples e interrelacionadas de violencia y discriminación que sufren las personas con respecto a su orientación sexual e identidad de género“. Su nombramiento se produjo el pasado 1 de noviembre para un periodo de 3 años que podían ser renovados.

La moción se votará esta mañana, en Nueva York. Y algunos temen que debido a las elecciones americanas (que son también mañana) esta problemática no sólo no reciba la atención necesaria sino que se cree el clima perfecto para que ganen los países que quieren cargarse (figuradamente) a Muntarbhorn -que, literalmente, no lleva en el cargo ni una semana- y con ello la lucha contra la LGTBIfobia desde la propia ONU.

Es por eso que desde la ILGA, la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays que se fundió en 1978 y engloba a 1.200 asociaciones de todo el mundo, se exige a los gobiernos que no apoyen la moción del Grupo Africano y mantengan la figura del Experto en cuestiones LGTBI para seguir avanzando en el respeto a los derechos del colectivo.

Jordi Petit, ex secretario general de la ILGA explica que espera y confía en que la votación ofrezca “un resultado positivo para este primer defensor de la comunidad LGTBI mundial, sin precedentes en la ONU.” Y recuerda al recién formado gobierno español que todos esperamos su “voto negativo a la moción de los países de la intolerancia.”

No olvidemos que, actualmente, hay 77 países en el mundo en el que ser gay es ilegal y que 33 de esos países están en África. Y no nos olvidemos de los países en los que la homosexualidad no es ilegal pero tampoco se persiguen los delitos de odio. A eso súmale la escalada en los delitos de odio que vemos por todo el mundo, la masacre de Orlando, los graves problemas de la comunidad en países de América Latina o el Caribe, las agresiones homófobas en España y en Europa y las terribles ejecuciones de homosexuales que perpetra el Estado Islámico y que son difundidas por las redes sociales.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha hecho de la promoción de los derechos de las personas LGBT una de sus prioridades. «La marea está girando» a favor de los derechos LGTB, declaraba Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, al recibir un premio de la Elton John AIDS Foundation contra el Sida. El diplomático surcoreano se convertía en el centro de críticas muchos miembros de la ONU, particularmente de Rusia, cuando decidía en 2015 extender beneficios sociales a las parejas del mismo sexo de los empleados de la ONU. «Quiero recordar a otros que las personas LGBT son sólo eso, personas (…) Ellos valen tanto como cualquier otra persona. Y han nacido con los mismos inalterables derechos que cualquier otra persona», declaraba en sus discurso de aceptación del premio.

Fuente Agencias, ILGA, vía Cáscara Amarga/Universogay/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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A pesar de haberse disculpado, como ya publicábamos hace unos días, el hotel escocés The Marcliffe ha perdido su categoría de cinco estrellas debido a los comentarios homófobos vertidos por su dueño, Stewart Spence, en un evento benéfico organizado por la industria hotelera, en el que afirmó no haber “contratado nunca a un maricón”. La agencia turística VisitScotland ha retirado a The Marcliffe de su página web y ha suspendido la calificación otorgada hasta entonces. Aunque el empresario ha expresado sus disculpas, VisitScotland le ha requerido pruebas fidedignas que acrediten que en sus instalaciones no se discrimina a los trabajadores o a los clientes por su orientación sexual.

Los hechos tuvieron lugar a principios del mes de octubre durante un evento benéfico organizado por Hospitality Industry Trust Scotland, la más relevante agrupación hotelera de la zona. Según testigos, Stewart Spence, dueño del hotel The Marcliffe en la localidad escocesa de Aberdeen, empezó a alardear de ser amigo del multimillonario candidato a la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump, y espetó a los asistentes: “Yo no soy maricón. Nunca he contratado a un maricón y nunca lo haré”. Los mismos testigos señalan que los presentes se quedaron “boquiabiertos, nadie podía creer que una persona tan bien conocida e influyente expresara abiertamente unas opiniones tan horribles e intolerantes”.

Lo ocurrido llegó a conocimiento de VisitScotland, la agencia turística que cuenta al hotel The Marcliffe entre sus afiliados y le proporciona difusión a través de sus medios, así como certifica su calidad. Un portavoz de la agencia comunicaba que “hemos avisado al hotel de que hemos suspendido su pertenencia a nuestra Garantía de Calidad y su inclusión en nuestra web, hasta que recibamos pruebas escritas de que no mantienen una política discriminatoria con su personal y clientes, y que han comprendido que deben cumplir enteramente con la legislación pertinente. Asimismo, les hemos informado de que están disponibles programas de formación y apoyo en organizaciones como Stonewall”. Esa suspensión supone la pérdida de la categoría de cinco estrellas que la agencia le había otorgado.

Desde Hospitality Industry Trust Scotland, por su parte, comunicaban que “estamos en profundo desacuerdo con las opiniones y observaciones homófobas expresadas la pasada noche por una persona en la cena de recaudación de fondos de la fundación Grampian, que fueron una sorpresa absoluta y tan impactantes como poco fidedignas de la realidad de la industria hotelera”.

La pronta reacción tanto de VisitScotland como de Hospitality Industry Trust Scotland han complacido a la asociación de defensa de los derechos LGTB Stonewall, aunque estiman que “las observaciones formuladas en el evento de la pasada noche demuestran claramente que hay una gran cantidad de trabajo por hacer antes de que las personas LGBT pueden sentirse seguras e incluidas en sus trabajos, y de que los clientes LGBT sean tratados de manera justa y respetuosa”. La asociación también ofrece su apoyo “a los empleadores del sector de la hostelería que quieran crear lugares de trabajo más inclusivos para las personas LGTB”.

Ante una reacción tan unánime de condena hacia sus palabras, y quizás con temor a la repercusión que pudiera tener para su negocio, Stewart Spence ha hecho las siguientes declaraciones: “Hice algunos comentarios muy imprudentes en la cena de la pasada noche y hoy me siento absolutamente mortificado. Me gustaría pedir mis más sinceras disculpas por la ofensa causada. No sé en lo que estaba pensando. Esperaba despertar algunas risas en torno al tema de los setenta y, aunque las palabras que utilicé pudieron haber sido, lamentablemente, un lugar común en esa generación, siguen siendo totalmente inaceptables. The Marcliffe es un lugar inclusivo tanto para su personal como para sus clientes. Damos la bienvenida a todos, independientemente de su orientación sexual. Me arrepiento de todo esto  y lo siento de verdad”.

Fuente Dosmanzanas

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Queda solo una semana para que se celebren las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y los dos principales candidatos aparecen virtualmente empatados en las encuestas, aunque con una ligera ventaja de Hillary Clinton si lo que se tiene en cuenta es el colegio electoral (en Estados Unidos, es el número de votos electorales que un candidato consigue reunir, en función de en qué estados logra la victoria, lo que determina el resultado final). Cada voto cuenta, también el LGTB. Por eso los dos principales candidatos han intentado atraerlo en los últimos días. De una manera bien distinta, que refleja hasta qué punto la cuestión interesa a uno y a otro.

La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, promete avanzar hacia una sociedad más igualitaria en un mitin celebrado con la comunidad LGTB en Florida, un estado clave en la campaña en el que las encuestas le auguran un empate técnico contra Donald Trump.

Hillary Clinton, la candidata demócrata, dio un mitin en un local de ambiente LGTB (The Manor, en la localidad de Wilton Manors, Florida) en el que hizo un llamamiento a no dar ni un paso atrás sobre los avances que se han conseguido estos últimos años. Clinton, en este sentido, lo tenía fácil: le bastaba con enumerar las promesas que los republicanos han hecho sobre esta materia. Recordó, por ejemplo, que Donald Trump ha sugerido la posibilidad de revertir la histórica decisión del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario proponiendo en el futuro a nuevos jueces del Supremo dispuestos a valorar de nuevo la cuestión.

De campaña por uno de los estados claves de cara a las elecciones presidenciales, Hillary Clinton une lazos con la comunidad latina a través de un concierto de Jennifer Lopez y Marc Anthony en Miami, en el que pedía que votaran el 8 de noviembre en las «elecciones más importantes de la historia», y con la comunidad LGTB en un mitin celebrado en Wilton Mannors, la segunda ciudad estadounidense con mayor cantidad de residentes identificados como LGBT, donde recordaba la tragedia de Pulse.

La candidata demócrata no desaprovechó tampoco el momento para recordar otra promesa republicana, quizá menos llamativa pero quizá más grave, en tanto podría ocurrir desde el minuto cero de la presidencia de Trump: la de anular las órdenes ejecutivas federales que impiden discriminar a las personas LGTB. Obama, recordemos, ha firmado dos importantes órdenes antidiscriminatorias que obligan tanto a las empresas que tengan o que aspiren a firmar contratos con la administración federal (firmada en 2014) como a las escuelas que reciben fondos federales (emitida hace pocos meses, como reacción a la ley LGTBfoba de Carolina del Norte, y que se encuentra en estos momentos sometida a escrutinio judicial). El candidato republicano a vicepresidente, Mike Pence, era el encargado, hace pocas semanas, de anunciar en una entrevista esta medida.

Hillary Clinton, sin embargo, no se quedó solo ahí, y denunció de forma expresa que son todavía muchos los estados que siguen amparando la discriminación de las personas LGTB en materia de trabajo o vivienda. La candidata demócrata, de hecho, puso el ejemplo de Eleazar Andres, un trabajador gay que fue despedido de una de las empresas de Donald Trump tras denunciar el brutal acoso homófobo al que fue sometido por sus compañeros (hasta llegó a ser hospitalizado tras una agresión). En este sentido, la candidata demócrata prometió su apoyo activo a una legislación federal que prohíba este tipo de episodios. Algo que en cualquier caso parece difícil, incluso con Clinton en la presidencia si los republicanos retienen, como así parece que sucederá, el control de la Cámara de Representantes (que también se renueva el próximo martes, junto a un tercio del Senado).

No está de más recordar, hablando de discriminación a personas LGTB, que el propio Trump anunciaba en septiembre que no tendría inconveniente en rubricar la FADA (First Amendment Defense Act), una propuesta legislativa que los republicanos incluyen en su plataforma electoral y que en caso de prosperar prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones antidiscriminatorias de los estados, a todas aquellas personas y negocios que que se nieguen a prestar servicios a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos.

En su mitin de Florida Clinton también prometió, por cierto, luchar por un mayor control sobre la posesión de armas para intentar evitar masacres como la Orlando, que hace unos meses conmocionó precisamente a la comunidad LGTB de Florida.

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Clinton contra Trump

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En una elección turbulenta, rodeada de polémicas, Marcelo Crivella ganó la alcaldía de Río de Janeiro, Brasil.

La homosexualidad es una “conducta maligna”, un “mal terrible” y una “condición lamentable”. Es lo que escribía en su libro Evangelizando a África el alcalde electo de Río de Janeiro, Marcelo Crivella. Obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, Crivella simboliza la pujanza de los grupos evangélicos en Brasil, portavoces en su mayoría de la LGTBfobia más indisimulada.

El pasado domingo tuvo lugar la segunda vuelta de las elecciones municipales en Río de Janeiro, la segunda mayor ciudad de Brasil. El candidato del conservador Partido Republicano Brasileño (PRB)una organización con once años de trayectoria política. Con el 59% de los votos, Marcello Crivella, se impuso a su rival socialista Marcelo Freixo, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), por cerca de veinte puntos porcentuales. La derecha conquista así otro importante bastión de poder tras desalojar a la presidenta Dilma Rousseff el pasado mes de agosto mediante un procedimiento de impeachment.

Al votar en Copacabana, el religioso prometió dedicarse «a cuidar sobre todo de la salud, educación, transporte y seguridad». Crivella fue obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, fundada en 1977 por su tío Edir Macedo. El pastor ha subrayado que, más allá de la vida religiosa, tuvo varios oficios antes de convertirse en senador: ingeniero civil, escritor, oficial de reserva del ejército, taxista, profesor universitario y funcionario. Crivella llegó al cargo de senador en 2002 sin haber participado nunca antes en una elección, en gran parte gracias al voto de los fieles.

Desde que comenzó a disputarse la alcaldía de Río en 2004, ha prometido constantemente que la Iglesia Universal no influiría en sus decisiones políticas. Sin embargo, sus declaraciones al respecto son vistas con escepticismo tanto por otros líderes religiosos como por analistas políticos.

Y es que el historial de Crivella es muy desalentador para la población LGTB carioca. El alcalde electo, que tomará posesión en enero, es obispo de la evangélica Iglesia de Universal del Reino de Dios. Tras pasar diez años en África como misionero, escribió el libro Evangelizando a África, en el que califica la homosexualidad de “conducta maligna”, “mal terrible” y “condición lamentable” , y que los gays son víctimas de un «terrible mal». Dijo, además, que la Iglesia católica «predica doctrinas demoníacas», mientras que el hinduismo y las religiones africanas albergan «espíritus impuros». Debido a las repercusiones negativas del texto, durante la campaña electoral tuvo que disculparse por las ofensas que publicara «hace décadas», «cuando era joven», después de vivir en un ambiente de guerra y superstición.

En las semanas previas a su elección, Crivella se declaró favorable a las uniones civiles pero no al matrimonio entre personas del mismo sexo, que es legal en Brasil desde 2013. Un cambio respecto a sus posiciones previas, en las que se había mostrado contrario a cualquier reconocimiento de las parejas del mismo sexo. Los antecedentes, sin embargo, no invitan al optimismo.

El pastor Ed René Kivitz, miembro de la Iglesia Bautista del Agua Blanca, dijo a BBC Brasil que la dualidad entre el Crivella religioso y el Crivella político no es más que una «estrategia de campaña». A pesar de que Crivella intentó desligarse de su papel como miembro de la Iglesia Universal, Kivitz opina que su carrera política se decide «en el horizonte interno de su experiencia religiosa».

Crivella fue ministro de la Pesca durante el gobierno de Dilma Rousseff y aliado del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (ambos del Partido de los Trabajadores) en varias campañas políticas. No obstante, durante el proceso de impeachment de Rousseff votó «sí» al juicio político de la presidenta.

La elección del pastor evangélico, en una ciudad conocida internacionalmente por sus exuberantes carnavales, ha sido interpretada como otro paso hacia la consolidación del conservadurismo en el país más grande de América Latina. Las preocupaciones apuntan a que su futura gestión agudizará la intolerancia religiosa y dañará la políticas a favor de la equidad de género y los derechos de la comunidad LGTB. Sin embargo, analistas consultados por BBC Brasil creen que algunas alegaciones en cuanto a Crivella son «exageradas». «Él tuvo que dejar claro que no va a eliminar el Desfile Gay o el carnaval, ni tolerar ningún tipo de persecución hacia las religiones de origen africano», argumenta Ricardo Ismael, doctor en Ciencias Políticas e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. «Es una exageración ese tipo de acusación. No sería estratégica para él», opina Ismael.

La pujanza evangélica, seria amenaza para las personas LGTB

Y es que, a pesar de los avances jurídicos, Brasil sigue registrando un elevado índice de LGTBfobia social, lo que cada año causa la muerte violenta de varios cientos de personas. No es precisamente ajeno a este clima de odio la pujanza del lobby evangélico en ese país, al que en diversas ocasiones hemos hecho referencia (conviene recordar que los evangélicos agrupan ya a un quinto de la población brasileña). Aunque Brasil es el país con más personas católicas del mundo, la comunidad evangélica agrupa al 20% de los brasileños. Entre 2000 y 2010, el número de evangélicos en ese país creció un 61%. La Iglesia Universal, principal denominación Pentecostal en Brasil, es la tercera con más fieles en ese país. . Hace un par de años, por ejemplo, cerca de 100.000 personas convocadas por diversos grupos evangélicos mostraban en Río de Janeiro su oposición al matrimonio igualitario, un derecho reconocido judicialmente en ese país. La convocatoria coincidió con la “Marcha por Jesús”, un evento que anualmente congrega a decenas de miles de fieles evangélicos.

La fuerza de los grupos evangélicos en Brasil también se hizo evidente el nombramiento del diputado homófobo Marco Feliciano como presidente de la Comisión de Derechos Humanos en 2013, cargo que ocupó durante varios meses. Desde ese puesto, Feliciano fue uno de los promotores de una iniciativa para reintroducir las “terapias” reparadoras de la homosexualidad (prohibidas por el Consejo Federal de Psicología de Brasil) que fue retirada solo cuando quedó claro que sería objeto de una contundente derrota en el pleno de la Cámara de Diputados si llegaba a votarse bajo la presión de las fuertes movilizaciones sociales que tenían lugar en Brasil en aquel momento, y en las que participó de forma muy activa el colectivo LGTB.

Pero Feliciano no está solo. Jean Wyllys, el primer diputado abiertamente gay del Parlamento brasileño, denunciaba hace unos meses, a raíz de la masacre homófoba de Orlando, los “delirios homofóbicos” de políticos y líderes religiosos a los que calificaba de “mentirosos” por trasladar “la idea de que gais, lesbianas y transexuales deseamos imponer una ‘ideología de género’ o la ‘cristianofobia’”, advirtiendo que esos discursos “pueden conducir a la barbarie”. Wyllys, que ha llegado a estar amenazado de muerte por su defensa de la igualdad y por su propia orientación homosexual, acusaba directamente a Marco Feliciano, al también diputado Pastor Eurico, al pastor Silas Malafaia, a la psicológa Marisa Lobo y a la pastora y cantante Ana Paula Valadão. También mencionaba a Jair Bolsonaro, que es católico pero defiende la agenda conservadora del Frente Parlamentario Evangélico en el Congreso.

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Cal Strode ha hecho un estudio entre 280 gais de Reino Unido y de California para llegar a una conclusión: la homofobia existe entre los gais que parecen heteros. Lo que los anglosajones llaman straight-acting y lo que aquí llamaríamos un gay muy masculino o gay sin pluma. El estudio plantea un par de temas bastante interesantes acerca de la homofobia dentro de la comunidad gay y del compromiso en la lucha contra la LGBTfobia.

Interesante estudio que está despertando gran revuelo en medios LGTB y redes sociales. Según la investigación, que incluyó 280 entrevistas en Reino Unido y California, un porcentaje elevado de los gais que se identifican como “sin pluma” creen que los gais con pluma dan una “mala reputación” al colectivo homosexual masculino. Hallazgos que mueven a reflexionar sobre el grado de interiorización de la homofobia que aún persiste entre los propios gais.

El estudio, firmado por Cal Strode, fue galardonado en 2014 por EUPRERA (Asociación Europea de Investigación en Relaciones Públicas y Educación), aunque no ha sido hasta ahora cuando sus resultados han comenzado a conocerse. De hecho todavía no los hemos visto publicado en su integridad, por lo que por el momento solo haremos referencia a lo divulgado en aquellos medios que el propio autor enlaza desde su cuenta de Twitter, como Attitude o Gay Times.

Strode entrevistó a 280 hombres gais del Reino Unido y California y comparó las experiencias y opiniones de aquellos que se identificaban a sí mismos como “straight-acting” con el resto. Se trata de un término clásicamente utilizado por aquellos gais de habla inglesa que se definen como “de aspecto hetero”, “de pinta hetero”, “masculinos” o “sin pluma” (algunos de los términos equivalentes que utilizan los gais de habla española).

Los datos que obtuvo son realmente interesantes. En primer lugar, la mayoría (un 56%) de los que aseguraron no haber sido nunca víctimas de homofobia en la escuela se identificaron como “sin pluma”. Por el contrario, entre los que sí dijeron haber sido víctimas de homofobia, solo el 25% se identificaban de esa forma.

Otros datos interesantes sobre el grupo de gais que se identificaba como “sin pluma” fueron que:

• Estaban de acuerdo con la afirmación “Los gais femeninos dan a los gais una mala reputación” un 37% más que el resto de los entrevistados.
• Habían sufrido episodios de homofobia y discriminación debido a su orientación sexual un 33% menos que el resto de los entrevistados.
• Estaban de acuerdo con la afirmación “Me identifico más con la comunidad heterosexual que con la comunidad gay” un 35% más que el resto de los entrevistados.

¿Un fenómeno inherente a todo colectivo estigmatizado?

“Todos nos esforzamos por tener una visión positiva de nosotros mismos y queremos creer que el grupo al que pertenecemos es mejor que el resto. Y lo que sugiere la teoría de la identidad social es que cuando sentimos que este no es el caso, o bien tratamos de migrar a otro grupo que percibimos con un estatus más elevado, o bien intentamos cambiar los valores del grupo al que pertenecemos. Y esto es lo que parece que está sucediendo en la comunidad gay hoy en día. Los gais ‘con pluma’ se ven atrapados en el fuego cruzado de la batalla que los gais “sin pluma” libran con ellos mismos. Además, el modo en el que los hombres gais se venden hoy día a sí mismos es especialmente visible debido al éxito de aplicaciones como Grindr. Esto permite que afloren actitudes como la plumofobia y el racismo”, analiza Cal Strode, autor del estudio.

Strode no es partidario, sin embargo, de “demonizar” a los gais que se definen como “de aspecto hetero” o “sin pluma”, sino hacerles entender que actúan desde una posición de homofobia internalizada. Algo que no es sencillo. “No podemos esperar que todo el mundo tenga un entendimiento académico de lo que significa la opresión, el privilegio y los roles sociales. Tenemos que encontrar una forma constructiva de iniciar un diálogo con estas personas de forma que finalmente consigamos tenerlas junto a nosotros”, asegura.

Fernando López, experto en historia LGTB y director del Orgullo de San Diego, coincide con este análisis, y considera que este tipo de conducta no es exclusiva de la comunidad gay. “En realidad, ocurre con todos los grupos estigmatizados socialmente”, asegura, poniendo el ejemplo de lo que sucede en la comunidad latina de Estados Unidos, a la que él mismo pertenece, dentro de la cual no faltan los ejemplos de personas que intentan “migrar” su identidad para sentirse parte de un grupo al que perciben como de un estatus más elevado. A veces, simplemente modificando su nombre. “Conozco un montón de gente que dice llamarse John cuando su nombre es Juan, o Michael cuando su verdadero nombre es Miguel”, asegura.

Sin duda, un estudio que da pie a una seria reflexión sobre un fenómeno, el de la “plumofobia” dentro del propio colectivo gay, sobre el que muchos prefieren pasar de puntillas. Y que posiblemente no es otra cosa que la expresión de la homofobia que tantos y tantos gais han internalizado como propia, y que expresan como desprecio al “afeminamiento”, a “las locas”, a los gais a los que “se les nota” y como culto a la imagen tradicional de la masculinidad…

Como afirma en AmbienteG su redactor Peibols, son cifras, que asustan. ¿Acaso no tenemos bastante con la homofobia externa que también tenemos que sufrirla por parte de nuestros similares?

El debate de siempre, cuando se acerca el Orgullo, es el de quién nos representa y quién no y cómo. Y es que muchos gais sin pluma opinan que quiénes salen a la calle, quiénes se suben a las carrozas, dan mala imagen de la comunidad LGBT. Lo peor de estos gais es que están repitiendo un discurso que muchos heteros han plantado en nuestras cabezas: que vivir tu sexualidad libremente es malo.

La pluma no da mala imagen a los gais. Es el odio y la discriminación lo que da mala imagen a cualquier persona. No saber respetar la forma de ser, de vivir, de otras personas es lo que da mala imagen. Que la persona que tengas al lado tenga mucha pluma no te debería afectar.

Este estudio también habla de que estos gais, que no han sufrido homofobia y que creen que la pluma da mala imagen, no quieren saber nada de la lucha contra la homofobia. Vamos, que encima de no respetar, además no luchan por los derechos de los demás. La verdad es que es uno de esos estudios que le dejan a uno mal sabor de boca.

Puede entender que personas intransigentes, con pocas miras al mundo que les rodea; personas de ideologías que no respetan la diferencia de sus vecinos; personas que no valoran el amor por encima de todo; que esas personas no entiendan que la homosexualidad y todo lo que la rodea no es malo. Pero que alguien que vive su sexualidad no sea capaz de respetar a quiénes, por ejemplo, tiene más pluma que él (o ella) me desconciertan.

Fuente Dosmanzanas/AmbienteG

General, Homofobia/ Transfobia. Cal Strode, California, Discriminación, Estados Unidos, EUPRERA, Fernando López, Homofobia, Homofobia internalizada, Plumofobia, Reino Unido, Visibilidad LGTB

Aracely Campos es una activista transexual invitada por la UNAM para ofrecer una charla sobre la discriminación, para terminar siendo discriminada ella misma al impedirle utilizar el cuarto de baño de señoras.

General, Homofobia/ Transfobia. Aracely Campos, Homofobia, Ilse Valeria de la Cruz, México, Transfobia, UNAM

La primera ministra de Irlanda del Norte, Arlene Foster, ha afirmado que seguirá bloqueando el matrimonio igualitario tantas veces como pueda hacerlo. Además de oponerse personalmente a variar la definición del matrimonio, la mandataria afirma verse impulsada a seguir la vía del bloqueo a los derechos civiles de los norirlandeses por su disgusto ante las críticas que recibe en las redes sociales. Una actitud que ha sido calificada por la líder del Partido de la Alianza de Irlanda del Norte, Naomi Long, de “infantil” e “hipócrita”.

Irlanda del Norte es el único territorio del Reino Unido en el que las parejas del mismo sexo no pueden contraer legalmente matrimonio. Y lo es con empecinamiento, pues su Asamblea ha rechazado la aprobación del matrimonio igualitario cinco veces consecutivas. En la última votación, sin embargo, los partidarios de la igualdad para las personas LGTB lograron ser por primera vez mayoritarios, pero el ultraconservador Partido Unionista Democrático, ahora en el poder, hizo uso de la “petition of concern” para lograr que la proposición de ley fuera finalmente rechazada.

La “petition of concern” fue concebida durante los acuerdos de paz de 1988, con la idea de que cualquier legislación sobre determinados temas sensibles obtuviera un respaldo suficiente de los dos sectores, el nacionalista irlandés y el unionista. En concreto, las proposiciones deben alcanzar un 60 % de los votos de toda la Asamblea, y al menos un 40 % en cada uno de los bandos. La “petition of concern” debe ser solicitada por un mínimo de 30 representantes, con lo que, dado que el Partido Unionista Democrático tiene 37 diputados, bastan sus votos para hacerla valer.

La utilización de la “petition of concern” para un asunto de derechos civiles de las minorías como es el matrimonio igualitario ha sido fuertemente criticada, sobre todo si se tiene en cuenta que las encuestas muestran un amplio apoyo al mismo, tanto por parte de la población de tradición católica como de la protestante, aunque en esta última el sostén, aun siendo también mayoritario, es significativamente menor.

Pero la primera ministra y líder del Partido Unionista Democrático, Arlene Foster, ha afirmado que usará la “petition of concern” todas las veces que sean necesarias para impedir que se apruebe el matrimonio igualitario durante su mandato. “¿Por qué íbamos a renunciar a esa herramienta cuando nos sentimos tan fuertemente implicados en cuanto a la definición del matrimonio?”, se preguntaba la mandataria, a lo que añadía que “no tengo problemas con que la gente defienda su sexualidad, pero sí que se convierte en un problema cuando la gente trata de redefinir el matrimonio”. Por ello, Foster opina que la “’petition of concern’ está ahí para usarla, y la vamos a utilizar tanto como podamos. Si los demás quieren debatir sobre su completa desaparición, estaremos en ese debate”.

Sin embargo, lo que ha resultado chocante ha sido la razón que ha dado para ese empecinamiento. Al parecer, algunos activistas LGTB protestan con acritud, a través de las redes sociales, por la vulneración de los derechos civiles de los ciudadanos norirlandeses que supone la desigualdad ante el matrimonio por razón de orientación sexual. Esa actitud acre es considerada “insultante” por la primera ministra, que ha advertido que “no van a influirme dirigiéndome esos insultos. De hecho, van a conseguir que haga justo lo contrario, la gente tiene que recapacitar sobre eso”.

Reacción de la oposición

Para Naomi Long, líder del Partido de la Alianza de Irlanda del Norte (también unionista pero de carácter liberal y conciliador), la primera ministra está culpando a los “trolls de internet” de sus propias decisiones respecto al matrimonio igualitario. Long estima que la actitud de Arlene Foster “no solo es infantil e impropia del alto cargo que ocupa, sino que además es hipócrita, porque su partido, en cada oportunidad, ha tratado de bloquear cualquier progreso para la comunidad LGTB en Irlanda del Norte”. La líder del Partido de la Alianza cree que el Partido Unionista “abusa de la ‘petition of concern’ para revertir lo que sería una mayoría democrática. Por supuesto, si no están de acuerdo con el matrimonio igualitario pueden votar en contra. Pero yo desearía una democracia más madura, en la que viéramos una limitación del uso, sino la completa desaparición, de la ‘petition of concern’ como mecanismo. Así nos basaríamos en un sencillo principio democrático”.

Por su parte, Séan Lynch, diputado del nacionalista Sinn Féin en la presente legislatura, declaraba que “ante todo se trata de una cuestión de igualdad y el Sin Féin se compromete a que el matrimonio igualitario se extienda por toda la isla”. Lynch denunciaba que el pasado 27 de octubre su partido había presentado al Gobierno un nuevo proyecto de reforma de la Ley de Matrimonio, que había sido bloqueado otra vez por el Partido Unionista Democrático.

Por ello, con el frente parlamentario aparentemente cerrado a cualquier iniciativa favorable al matrimonio igualitario, parece que el único camino para que prospere la igualdad LGTB en Irlanda del Norte es la judicial. La primera demanda de este tipo, largamente esperada, fue presentada en enero de 2015 ante el Alto Tribunal de Belfast por una pareja formada por dos hombres, que contrajo matrimonio en Inglaterra el pasado 2014, una vez que entró en vigor la ley que lo permitía. Sin embargo, al cambiar su residencia a Irlanda del Norte, su estado civil no fue reconocido por la administración de este territorio. El Alto Tribunal de Belfast tendrá que dictaminar si, como arguyen los demandantes, el Reino Unido es un único Estado unitario con poderes administrativos delegados en las regiones, pero no una república federal, como es el caso de los Estados Unidos. Según este criterio, no es posible que una pareja esté considerada como casada en un territorio del Reino Unido y en otro no.

Fuente Dosmanzanas

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Se repite la historia: ataque homófobo puro y duro, intencionado y sin mediar “provocación” alguna. Sucedía en la madrugada del sábado, 29 de octubre, a las puertas de una céntrica discoteca de Madrid. Un grupo de entre ocho y diez jóvenes se acercó a un chico, lo insultó y lo agredió. Afortunadamente, en este caso el chico agredido iba acompañado de varias amigas, que lo protegieron. No queremos ni imaginarnos qué habría sucedido si se hubiera encontrado solo. 

Lo explica un comunicado de prensa del colectivo Arcópoli. El joven J.P., de 20 años, disfrutaba de su tiempo de ocio en compañía de unas amigas en la puerta de una discoteca considerada “para público LGTB” en las cercanías de la Plaza de España (en pleno centro de la capital). De repente se les acercó el grupo de agresores, entre ocho y diez, que comenzaron a increparlo. “Maricón. ¿Tú qué eres, chico o chica?” o “Eres un personaje, ¿vas de putita o de transexual?” fueron algunas de las frases que le dedicaron, mientras lo cogían del pelo. Sus amigas pidieron a los agresores que les dejasen en paz, pero uno de ellos abofeteó en la cara al chico. A continuación le arrojaron un vaso lleno de bebida por la cara. Cuando otro de los individuos se acercó a la víctima con intención de golpearle, las amigas le protegieron y evitaron la embestida. Finalmente el chico y sus amigas consiguieron alejarse del lugar, aunque según indica Arcópoli los agresores siguieron increpando y amenazando a otros chicos en las inmediaciones del local. De hecho, varios efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar de los hechos e identificaron a algunos de ellos.

El joven y sus amigas han interpuesto ya la correspondiente denuncia en la comisaría de la Policía Municipal de Moncloa. “Afortunadamente la víctima sabía perfectamente el protocolo de actuación en caso de agresión por ser LGTB ya que es miembro de UC3M LGBT+, asociación integrada en el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia”, expresa el comunicado de Arcópoli, que destaca también “la gran profesionalidad de la Policía Municipal al tratarles y su concienciación desde el primer momento con los delitos de odio”. El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, por su parte, ha trasladado lo sucedido a la Fiscalía de Delitos de Odio, al Comisario de Delitos de Odio de la Comunidad de Madrid y a la Unidad de Gestión de la Diversidad de la propia Policía Municipal.

Según la contabilidad del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, se trata de la agresión número 198 en lo que llevamos de 2016, “dato preocupante, máxime cuando no notamos ninguna disminución durante estos meses en el índice de agresiones”. “Las agresiones homófobas se siguen produciendo con absoluta sensación de impunidad y es algo contra lo que tenemos que luchar con contundencia. En esta ocasión un grupo de diez personas acudieron a un lugar donde sabían que había integrantes del colectivo LGTB con  la clara intención de infundir el miedo y agredir para transmitirnos un mensaje de odio muy claro que vamos a combatir con todas nuestras fuerzas”, ha declarado Yago Blando, coordinador de Arcópoli y responsable del Observatorio.

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, promovido por Arcópoli con el apoyo de la Fundación 26 de Diciembre, del colectivo Fuenla Entiende y del Movimiento Contra La Intolerancia, entre otros colectivos y asociaciones, se puso en marcha a principios del 2016. Ofrece acompañamiento y asesoramiento a las víctimas desde el mismo instante en que sufren la agresión y hace un seguimiento del recorrido de la denuncia en los juzgados.

Puedes contactar con el Observatorio a través del teléfono 618 54 71 66 (llamada o WhatsApp) y online en la dirección web http://contraelodio.org

Fuente Dosmanzanas

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Paco Abreu, un joven de 18 años, ha denunciado en su cuenta de twitter que fue agredido el pasado jueves a la salida de un bar en Huesca después de que una amiga suya rechazara al agresor que había intentado ligar con ella.

Paco Abreu, un chico de 18 años, sufrió en la noche del pasado jueves una agresión homófoba en Huesca, donde acaba de empezar sus estudios de Medicina. El joven ya ha denunciado lo sucedido ante la Policía Nacional, pero también lo ha hecho a través de las redes sociales, tanto en Twitter como en su canal de YouTube. No podemos sino felicitarle por su entereza y por su testimonio, que no deja de contener, en último término, un mensaje profundamente optimista. A nadie que haya sido agredido se le pide ser valiente y dar la cara públicamente, pero el hecho de que personas como Paco lo hagan de esta forma puede ser, sin duda, de gran ayuda para otros.

Cuando te pegan porque vives en una sociedad en la que ser femenino es ser débil y endeble y eso es excusa suficiente. pic.twitter.com/uZRS5TR9k4

— Paco Abreu (@pacoabreugarca) 28 de octubre de 2016

La agresión se produjo, según relata eldiario.es, cuando estando con unas amigas en un local otro joven de aproximadamente su misma edad intentó ligar con una de ellas. “Aquí se mezcla el machismo y la homofobia, porque mi amiga le ignoró y él se enfadaría. Supongo que él pensará a ella no le puede pegar, pues le pega al chico afeminado que la acompaña”, cuenta el joven.  Al salir del local, Paco sintió como le daban un puñetazo en el hombro desde atrás. El agresor le pegó un fuerte puñetazo en la cara, del que fue atendido en el Hospital San Jorge. Afortunadamente la cosa no fue a mayores ya que se llevaron al agresor.

El parte médico que que adjuntó a la denuncia indica que efectivamente sufrió una contusión en cara y cuero cabelludo. por si había alguna duda, Abreu difundió en Twitter una fotografía de su rostro contusionado, junto a la leyenda “Cuando te pegan porque vives en una sociedad en la que ser femenino es ser débil y endeble y eso es excusa suficiente”. Un mensaje que tocó muy profundamente a muchas personas, que lo retuitearon hasta hacerlo viral.

En su canal de youtube el chico explica que no es la primera vez que le ocurre algo así y se extraña de que haya gente que le aconseje que no denuncie. “¿Cómo no voy a denunciar que me han pegado?” afirma.

Abreu tiene claro el motivo de la agresión ya que en ningún momento tuvo ningún tipo de contacto con el atacante y lo asocia a su condición de “afeminado” en un acto que combina homofobia y machismo donde aquellos que se consideran “más machos” abusan del más débil, asociando lo femenino a ser inferior.

No se trata, de hecho, de la primera vez que este joven sufre una agresión homófoba. Ya le sucedió en Ayamonte (Huelva), localidad de la que es natural, si bien en aquella ocasión el agresor era una persona “de más de cuarenta años”.

Paco Abreu no ha dudado en denunciar lo sucedido ante la Policía Nacional. Además, ha colgado en su canal de YouTube un vídeo en el que reflexiona sobre la homofobia, y muy especialmente contra la que se dirige a los chicos que se perciben como femeninos o “con pluma” (una plumofobia que se da incluso en el seno del propio colectivo gay…). En los últimos segundos de la grabación muestra además las señales de la agresión sufrida.

Os dejamos con el vídeo de Paco que ha subido a su canal de youtube donde explica lo sucedido, a quien transmitimos de nuevo nuestra felicitación por su entereza (y por lo bien amueblada que a sus 18 años tiene la cabeza) y le deseamos lo mejor.

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Hace unas semanas te contábamos que el director del colegio Juan Pablo II de Madrid había enviado una carta bastante repugnante a los padres de los alumnos en la que comparaba la ley contra la lgtbfobia aprobada en Madrid con  el “fanatismo terrorista”. Tras la denuncia por parte de Arcópoli, la Comunidad ha decidido enviar el caso a la Fiscalía para ver si se ha cometido algún delito por homofobia. Y por si fuera poco, la Consejería de Políticas Sociales ha abierto una investigación para ver si el centro cumple el concierto educativo, y es que en caso de no hacerlo, podría suponer la retirada del mismo.

Y cuando hablamos de la retirada del concierto nos referimos a  que el gobierno podría retirarle los fondos. Es decir, podrían quedarse sin dinero. Y ahí, es donde les duele a los homófobos. Bueno, a todos menos a determinados grandes almacenes que parecen pasar de todo.

Recordemos que la misiva, entre otras cosas, decía que era una pena que se pierda el tiempo en leyes absurdas cuando se podría estar defendiendo la familia y las raíces cristianas. Oye, qué manía tienen los cristianos con definir lo que es familia y lo que no. Además, también hablaba de los “valientes obispos” que ya no podrían seguir siendo homófobos.  Lo que igual no se esperaba este señor es que la mismísima Cristina Cifuentes saliera al paso diciendo que “este tipo de afirmaciones son de una gran radicalidad que incluyen afirmaciones que desde luego no es lo que recoge el espíritu de nuestra Constitución y de nuestra legislación y, desde luego, de la legislación de la Comunidad de Madrid, que hay que cumplir.”

De momento las autoridades están revisando la oferta de actividades extraescolares, las asignaturas optativas y el cumplimiento de los currículos y parece ser que hasta ahora está todo en orden. Bueno, todo menos los pensamientos de Carlos Martínez, el director, que parecen bastante “desordenados”, que es una palabra que seguro que le gusta mucho.

Así que toca esperar y ver como se resuelve todo esto. Si por nosotros fuera, inhabilitaríamos al Sr. Martínez de por vida.

El PP de Alcorcón se niega a condenar la carta del colegio Juan Pablo II

Pues aunque la propia Comunidad de Madrid ha puesto el caso en manos de la fiscalía para que investiguen si se ha cometido un delito de odio tipificado precisamente en esa ley LGTBI, y aunque la Consejería de Políticas Sociales está investigando al centro para ver si cumple el concierto que tiene con la Comunidad (y si no lo cumple, quitarles el dinero), el PP del Ayuntamiento de Alcorcón ha dicho, básicamente, que a ellos esa carta les parece bien.

El gobierno de Alcorcón tiene un largo historial de enfrentamientos con el colectivo LGTB. Aunque su alcalde dice que no es homófobo (y lo dice muy alto y muy claro, en plan “voy a denunciar a Arcópoli por llamarme homófobo“), el grupo municipal del PP en esta localidad madrileña no ha votado a favor de ninguna propuesta a favor de la igualdad del colectivo. La última ha sido rechazar un programa contra la discriminación en las aulas y para el fomento de la convivencia e interculturalidad presentada por el PSOE y que contaba con el respaldo de todos los otros grupos (Ganar Alcorcón, Ciudadanos y La Izquierda).

Esa propuesta del PSOE llevaba en el texto, además, el compromiso de desarrollar la ley LGTB en lo que concierne a las competencias del ayuntamiento y poner en marcha un plan para fomentar la convivencia en los centros escolares públicos y concertados (como el Juan Pablo II); que es lo que exige la ley.

Pero al PP de Alcorcón esa ley debe parecerle también comparable al “fanatismo terrorista“, porque han dicho que nanai de la china. Que ellos no votan eso. Y tampoco quieren condenar la carta que Carlos Martínez, el director del Juan Pablo II, envió a los padres. Aunque el propio PP en la Comunidad lo haya hecho.

Yago Blando, el coordinador general de Arcópoli, sigue pidiendo al Ayuntamiento una reunión para saber exactamente cómo pretende el PP municipal fomentar la igualdad y cuáles son sus propuestas para luchar contra la discriminación del colectivo LGTB. Porque no tiene mucho sentido que por un lado digan que no son homófobos y que ellos son los primeros en luchar por la igualdad pero luego no sólo rechazar todas las propuestas sobre el tema de otros grupos sino ni siquiera plantear alguna.

¿Qué misterio se oculta en el PP de Alcorcón?

Arcópoli lamenta que el alcalde de Alcorcón se niegue a condenar la carta homófoba del colegio Juan Pablo II

Fuente: Cadena Ser/Arcópoli, Estoy Bailando

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La última astracanada episcopal… Hay que tener bemoles para soltar esta sarta de estupideces… Está claro que este no está en la lista de obispos «aperturistas«… Vamos a ver, que se quite el dedo de la boca que no se le entiende… O sí… ¿Quién dijo Cambio?… Aquí lo único que ha cambiado es el tono de voz. Entre el ronco Rouco y el suave Blázquez, la misma homofobia, los mismos exabruptos, la misma intransigencia…

Lejos quedan los obispos españoles no ya solo de los representantes de otras iglesias cristianas que han asumido plenamente la inclusión de las personas LGTB, sino de algunos de sus compañeros católicos de otros países a la hora de referirse a la realidad LGTB. Incluso cuando pretenden tener palabras algo más amables de lo habitual acaban por resultar ofensivos o grotescos. Es lo que le ha sucedido al cardenal arzobispo de Valladolid y actual presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, según el cual hay que acoger “con respeto” a los homosexuales… porque “ya llevan una buena cruz el que lo lleva y su familia” [sic].

Las peculiares declaraciones de Blázquez tuvieron lugar este lunes durante su intervención en unas jornadas de reflexión celebradas en el Seminario Conciliar de Madrid sobre “la belleza del amor matrimonial” en la exhortación papal Amoris Laetitia. Un texto del que nos hicimos eco hace varios meses y en el que el papa Francisco reafirmaba, entre otras cosas, la doctrinal oficial de la Iglesia católica en materia LGTB. Al hilo de lo allí contenido, Blázquez se preguntaba si la humanidad “se distribuye entre homosexuales y heterosexuales”. “No, se distribuye sabiamente entre varones y mujeres”, respondía, como si una cosa tuviera que ver con otra… Blázquez aseguraba además, respecto a las personas con “tendencias homosexuales”, que tal y como dice el papa hay que acogerlas “con respeto” y “evitando toda discriminación injusta”. “A veces, en nuestros pueblos cuántos motes hemos puesto a estas personas, cuando ya llevan una buena cruz el que lo lleva y su familia”, añadía para reforzar su argumento, dando a entender qué el mismo se han referido de forma homófoba a otras personas…

Blázquez también aseguraba que “cuando se intenta separar el género del sexo me parece poco serio, porque la sexualidad no es solo genitalidad, también es una forma especial de sentir. Esta cuestión no se resuelve con una operación quirúrgica, es de otro orden”. Una afirmación para empezar contradictoria, pero que además contiene elementos que casi parecen formar parte de la por ellos tan denostada “ideología de género”. Por supuesto que una cosa es la genitalidad y otra la sexualidad. Y respecto a que el género “no se resuelva” con una operación quirúrgica, parece que el cardenal Blázquez ignora que en efecto hay mujeres con pene, hombres con vagina… y que no todas las personas trans se someten a reasignación genital sin que por ello su identidad sea menos femenina o menos masculina.

Más “convencionales”, pero no por ello menos burdas, son sus declaraciones sobre los “lobbies” que “reivindican una libertad absolutamente” y después son “absolutamente cerrados a la libertad de otros” o su crítica a los supuestos “centros de gestación de legislación para todos los países, que a veces lo ponen como condición para recibir subvenciones” (lo cierto es que no acabamos de entender muy bien a qué se refiere con esta frase).

Dejando de lado la realidad LGTB, Blázquez también ha criticado las técnicas de reproducción asistida, el divorcio y las relaciones prematrimoniales. “¿Entonces los hijos ya se van a fabricar en un laboratorio?”, se ha preguntado. “No”, se respondía él mismo, ignorando que de hecho existen ya miles de personas que en su momento fueron gestadas gracias a estas técnicas. Sobre el divorcio, ha lamentado que hoy día el procedimiento sea más sencillo que hace años, y sobre su preocupación por el hecho de que hoy día las parejas convivan sin estar casadas ha puesto el ejemplo de su propio sobrino (no sabemos si le hará mucha gracia que su tío hable en público de su vida privada…).

Lejos de los cardenales más aperturistas

Las declaraciones de Blázquez no nos sorprenden especialmente: ya tras sustituir a Antonio María Rouco Varela en la presidencia de la Conferencia Episcopal Blázquez criticó el matrimonio igualitario. En cualquier caso, al arzobispo de Valladolid se le considera un “moderado”, especialmente en comparación con su precedesor. Pero declaraciones como estas dejan bien claro lo lejos que se sitúa de los cardenales más aperturistas a la realidad LGTB, como Christoph Schönborn (arzobispo de Viena), Rainer Maria Woelki (arzobispo de Berlín), Jozef De Kezel (arzobispo de Malinas-Bruselas) o Blase J. Cupich (arzobispo de Chicago), de los que hablábamos hace pocos días. Parece que habrá que seguir esperando para ser testigos de una renovación profunda de la jerarquía católica española.

Fuente| Infolibre/Dosmanzanas

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