Comentarios desactivados en Una redada contra varios locales de ambiente en Minsk hace temer una nueva ola de homofobia de Estado en Bielorrusia
Según ha denunciado en redes sociales Russian LGTB Network, el pasado fin de semana tuvo lugar una redada contra clubes de ambiente LGTB en Minsk, la capital de Bielorrusia. Un número indeterminado de personas fueron detenidas. Según la misma denuncia, el acceso a una popular web de citas gais ha sido también interrumpido en el país. Todo apunta a que las autoridades bielorrusas habrían decidido impulsar una nueva ola de homofobia de Estado, en la línea de lo que otras repúblicas del ámbito ruso o exsoviéticas vienen haciendo en las últimas semanas.
Por el momento no hay demasiado información de lo que está sucediendo en Bielorrusia, más allá de lo denunciado por Russian LGTB Network: una redada en los clubes Burlesque y Casta Diva de Minsk en la noche del 20 al 21 de octubre, con un número indeterminado de detenciones, así como la interrupción del acceso a una web de citas gais. Russian LGTB Network ha llamado a la calma a la comunidad LGTB bielorrusa y ha expresado su deseo de que los detenidos sean liberados cuanto antes.
A nivel internacional, la organización estadounidense Human Rights First se ha hecho eco de lo sucedido, asegurando que “es alarmante que la policía hostigue a negocios legales, viole la privacidad de sus clientes, les pidan información personal y detenga a algunos de ellos”. “Todo eso parece ser el último ejemplo del incremento de la persecución a las comunidades LGTB de la región, después de lo graves episodios de Chechenia, Azerbaiyán y Tayikistán”, añaden desde esta organización de defensa de los derechos humanos. Human Rights First ha hecho también un llamamiento al Gobierno de los Estados Unidos a que pida explicaciones a Bielorrusia sobre lo sucedido, algo que a día de hoy parece poco probable.
Bielorrusia, territorio hostil a los derechos LGTB
Human Rights First se refiere en su comunicado a los recientes episodios de homofobia de Estado en Chechenia (república integrante de la Federación Rusa) y en Azerbaiyán y Tayikistán, dos repúblicas exsoviéticas. De todos ellos nos hemos hecho eco en dosmanzanas (ver los correspondientes enlaces). Bielorrusia, en cualquier caso, ya era un territorio difícil para las personas LGTB antes de que se activase esta ola de odio. Ya en 2010 recogíamos los datos de una encuesta según la cual el 63% de los ciudadanos de ese país se mostraba a favor de recuperar la antigua legislación soviética que criminalizaba la homosexualidad (despenalizada en Bielorrusia en 1994). Las autoridades de Minsk, de hecho, se han empecinado en reiteradas convocatorias en obstaculizar la organización del Orgullo y buena parte de sus actividades.
Las detenciones injustificadas de activistas LGTB tampoco son extrañas. Uno de los casos más flagrantes se remonta a 2009, cuando el joven Svyatoslav Sementsov fue detenido por organizar actividades en el nombre de organizaciones “no registradas” y de difundir a “gobiernos y organizaciones extranjeras información falsa con la intención de desacreditar a Bielorrusia”. Los funcionarios de la KGB le ofrecieron poner punto final a su proceso si se convertía en delator. También han sido frecuentes las redadas en los lugares de ambiente homosexual, así como la negativa a legalizar la organización LGTB GayBelarus, cuyos activistas, además, fueron investigados en varias ocasiones.
Asimismo, la intransigencia del presidente Alexander Lukashenko hacia el colectivo LGTB también es notoria y manifiesta. Lukashenko ejerce la presidencia ininterrumpidamente desde 1994, con serias dudas sobre la transparencia democrática de su gobierno y de las sucesivas citas electorales. En 2012, Lukashenko espetó públicamente, en referencia al entonces ministro de Exteriores alemán Guido Westerwelle (abiertamente homosexual), que era “mejor ser un dictador que ser gay”al tiempo que manifestó no entender “cómo un hombre puede vivir con otro hombre”.
Bielorrusa también ha discutido la aprobación de una legislación contra la “propaganda homosexual”, al estilo de la de su vecina Rusia. Finalmente la ley aprobada quedó un escalón por detrás, prohibiendo la difusión a los niños de “hábitos contrarios a un estilo de vida saludable” o que “desacrediten la institución de la familia y el matrimonio” aunque sin llegar a mencionar expresamente la homosexualidad o las “orientación sexuales no tradicionales”. En cualquier caso es evidente que en un entorno tan fuertemente LGTBfóbico ese texto es más que suficiente para ser utilizado en contra del colectivo LGTB.
Esperemos que lo sucedido este fin de semana no sea el preludio de algo aún más terrible y que no se produzca una escalada de la violencia de Estado contra la población LGTB en Bielorrusia. Estaremos atentos a las noticias que nos lleguen.
Comentarios desactivados en Australia: la participación en la consulta postal sobre el matrimonio igualitario supera los dos tercios, con una clara ventaja del “sí” según las encuestas
La consulta por correo postal sobre matrimonio igualitario impuesta por el Gobierno australiano entre en su fase final. La fecha límite para la recepción de las respuestas en la Oficina Australiana de Estadística (ABS) es el próximo 7 de noviembre. El último avance de participación, a fecha del 13 de octubre, la sitúa en un 67,5 % y las encuestas le dan una ventaja de entre 21 y 26 puntos al “sí”. Los resultados definitivos se conocerán el 15 de noviembre. La principal incógnita es, todavía, cuándo accederá el primer ministro Malcolm Turnbull a permitir una votación libre en el Parlamento si finalmente gana la igualdad matrimonial en la consulta.
A principios de septiembre se confirmó que Turnbull se cobraba una victoria parcial en su empeño de someter a votación popular los derechos de la población LGTB: entre el 12 de septiembre y el 7 de noviembre tendría lugar en Australia una consulta postal voluntaria y no vinculante sobre el matrimonio igualitario. Era la respuesta del primer ministro al segundo fracaso parlamentario de la propuesta de referéndum que pretendía organizar el Gobierno. Poco después del anuncio del voto postal, se presentaron dos recursos ante el Tribunal Supremo para paralizar un trámite innecesario y divisivo para la sociedad, convocado además al margen del Parlamento. Finalmente, el Supremo desestimó los recursos, otorgando vía libre a la consulta. La documentación se empezó a enviar a los hogares australianos a partir del 12 de septiembre y la formulación de la pregunta que se decidió fue:
¿Debería cambiarse la ley para permitir casarse a las parejas del mismo sexo?
Una de las incógnitas del proceso era el nivel de participación. Por ahora las cifras superan las expectativas, aunque estén aún muy lejos del que se alcanzó en las últimas elecciones federales (91 %). Hasta el pasado viernes 13, la ABS había recibido unos 10,8 millones de respuestas, correspondientes a un 67,5 % del censo. Los activistas LGTB se han felicitado por una participación mayor de la esperada en una consulta en la que el voto, a diferencia de otros procesos electorales en Australia, no es obligatorio.
Con respecto a los resultados, las dos encuestas más recientes le otorgan una clara victoria a la campaña del “sí” a la igualdad. La de Newspoll revela un 59 % de respuestas afirmativas y un 38 % de negativas entre los que ya han participado en el proceso. La proporción es similar entre los que no han votado aún (56 % frente a 37 %). Según el sondeo de YouGov, los favorables a la igualdad sumarían el 61 % de los que ya han votado frente al 35 % de contrarios. Entre los que no han participado, las cifras son el 54 % y el 28 %, respectivamente, con un 18 % de indecisos.
La campaña del “no” empieza a aceptar su probable derrota, a tenor de las declaraciones de algunos de sus representantes. El ministro de Inmigración, Peter Dutton, por ejemplo, afirmó que espera una victoria del “sí”. No hay que olvidar que, pesar de la participación considerable, los ciudadanos siguen rechazando mayoritariamente que se vote sobre los derechos de una minoría, como también refleja la encuesta de Newspoll. Un 50 % se manifiesta en este sentido frente a un 43 % que apoya al Gobierno en esa decisión. Tras la presentación de los resultados el próximo 15 de noviembre, estarán en manos del primer ministro Turnbull los próximos movimientos que, esperemos, acaben de una vez con la discriminación de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio.
Comentarios desactivados en La Corte Suprema de Justicia de Panamá adelanta extraoficialmente que no fallará a favor del matrimonio igualitario
Las parejas del mismo sexo que quieran contraer matrimonio en Panamá todavía tendrán que esperar para poder hacerlo con validez legal. Aunque el fallo de la Corte Suprema de Justicia de este país latinoamericano todavía no se ha hecho público, se ha filtrado el sentido del mismo a la prensa y la institución judicial, al parecer, ha confirmado la veracidad de las informaciones. En este sentido, todo apunta a que la sentencia reconocerá como “constitucionales” los artículos homófobos del vigente Código de la Familia panameño, en los que consta la prohibición expresa de permitir el acceso a la institución del matrimonio a las parejas que no estén formadas por un hombre y una mujer. Este previsible y decepcionante fallo está en línea con la fuerte LGTBfobia instalada en la clase política panameña. Recordemos que, en 2014, cinco candidatos a la presidencia de Panamá firmaron un pacto contra el matrimonio igualitario ante los líderes religiosos del país.
Todavía no es un fallo oficial, ni se ha hecho público un texto definitivo. No obstante, Televisora Nacional de Panamá y TVN Noticias (que forma parte del mismo grupo mediático) han confirmado las informaciones que circulaban en redes sociales sobre la supuesta resolución negativa de la Corte Suprema de Justicia panameña sobre el matrimonio igualitario. Activistas han criticado la filtración pública del borrador de la sentencia y consideran inaceptable que el pleno de este tribunal mantenga la “constitucionalidad” sobre los polémicos y homófobos artículos 26 y 34 del Código de la Familia.
En el artículo 26 del citado Código de la Familia de Panamá se recoge que “el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer, con capacidad legal, que se unen para hacer y compartir una vida en común”. Asimismo, en el artículo 34 del mismo texto legal se explicita que “no pueden contraer matrimonio entre sí”, entre otras, “las personas del mismo sexo”. El borrador que se ha filtrado dejaría claro que la competencia “para llevar el reconocimiento de la igualdad como garantía mínima”recae sobre el Órgano Legislativo, es decir, sobre el Parlamento. En cambio, la Corte Suprema de Justicia de Panamá, según se revela, instará a la Asamblea Nacional de Diputados “a legislar sobre las uniones civiles de personas del mismo sexo”.
El activismo LGTB de Panamá no se resigna y seguirá luchando por la plena igualdad del colectivo, si bien se sorprenden por las filtraciones del fallo y mantienen la esperanza de que se produzca una vuelta a la tortilla (por otra parte, poco probable). “Eso no es lo que me han informado. Me han dicho que se iba a fallar a favor del matrimonio igualitario, lo escuchamos de una buena fuente, por lo tanto no se qué es lo que está pasando en la Corte”, ha explicado Ricardo Beteta de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá.
El fallo del alto tribunal panameño sobre el matrimonio igualitario y el debate sobre la inconstitucionalidad de los artículos discriminatorios del Código de la Familia de este país responden a las dos demandas interpuestas por el bufete de abogados Morgan & Morgan, en nombre de dos parejas del mismo sexo distintas. Según esta demanda, “impedir a dos personas del mismo sexo contraer matrimonio resulta un hecho discriminatorio y atenta contra los compromisos internacionales suscritos por el país, como la Convención Americana de los derechos humanos”.
Por otra parte, cabe resaltar el clima de LGTBfobia política en Panamá. Como ejemplo, baste citar que los principales candidatos a la presidencia de Panamá suscribían en 2014 el denominado “Compromiso Nacional por la Vida y la Familia”, por el cual se comprometíann a “defender el matrimonio entendido como la unión entre hombre y mujer”. Lo hicieron en presencia del arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, y del presidente de la Alianza Evangélica de Panamá, Rolando Hernández.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a favor de la igualdad LGTB
Unos días antes de la filtración del fallo de la Corte Suprema de Justicia panameña (el pasado viernes 20 de octubre), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se reunía con activistas y colectivos LGTB del país.
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Roberto Caldas, también viajó hasta Panamá la semana pasada y recordó que “la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para todos los Estados, por eso debe ser respetada. Los derechos de todas las personas, independientemente de sus orientaciones, son iguales”.
Comentarios desactivados en Paraguay se pliega a las demandas de los grupos ultraconservadores y prohibe el uso de materiales educativos sobre diversidad sexual y de género
El Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay ha emitido un decreto que prohíbe la difusión de materiales escolares sobre “ideología de género [sic]“. La decisión, que viene a satisfacer las demandas de los grupos religiosos, supone que las escuelas de Paraguay no dispondrán de materiales educativos para formar, entre otros temas, sobre la diversidad sexual y de género. Amnistía Internacional considera la decisión “un peligrosísimo retroceso en materia de derechos humanos” y ha lanzado una petición a la que puedes dar tu apoyo.
Paraguay es, de los países de la zona, el más atrasado en materia de derechos LGTB, con un gobierno derechista escasamente sensible y en el que grupos ultraconservadores de base religiosa como el Movimiento por la Vida y la Familia o Somos Más se oponen muy activamente a que la diversidad sexual y de género tenga cabida en las aulas paraguayas. En estas últimas semanas, de hecho, estos grupos han propagado toda una campaña de manipulación en contra de un supuesto adoctrinamiento sobre educación sexual y reproductiva, e igualdad de género y no discriminación, que culminaban con una audiencia pública de consulta al Ministerio de Educación y movilizaciones frente al Congreso Nacional, con participación de niños incluida.
Valga como ejemplo del carácter de estas movilizaciones el de una monja que, altavoz en mano, proclamaba literalmente que “la discriminación es buena”. El periodista Osvaldo Zayas captaba el momento y lo difundía en Twitter:
VIDEO: «La discriminación ES BUENA», dice esta señora fundamentalista.
El propio ministro de Educación de Paraguay, Enrique Riera, aseguraba a los manifestantes que él mismo estaba dispuesto a quemar en una plaza todos aquellos libros que difundiesen la supuesta “ideología de género”. De hecho, la respuesta favorable del Gobierno paraguayo a la movilización ultraconservadora se plasmaba en una resoluicón que oficializaba la prohibición de difundir y utilizar “materiales impresos como digitales, referentes a la teoría y/o ideología de género, en instituciones educativas dependientes de esta cartera educativa”, basándose, entre otros, en argumentos tales como la protección a la familia y al matrimonio de hombre y mujer.
Una polémica, en definitiva, no muy distinta a la que este tipo de grupos ultraconservadores, ideológicamente vinculados tanto a la Iglesia católica como a iglesias evangélicas, promueven en otros países de América Latina o en la propia España, pero que en el caso de Paraguay ha contado finalmente con el respaldo del propio Gobierno con una medida que en buena medida nos recuerda a las infames prohibiciones de la “propaganda homosexual” de Rusia y otros países de su entorno.
Denuncias de colectivos de derechos humanos y LGTB
Tanto la campaña de manipulación de los grupos conservadores como la decisión del Gobierno era denunciada, entre otros grupos de defensa de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres, por el colectivo LGTB SomosGay, que advertía que lo que está sucediendo en Paraguay “pone en peligro los derechos humanos y nuestro frágil Estado laico, ya que estos sectores buscan instalar discursos autoritarios basados en preceptos religiosos contrarios a los principios democráticos y a los avances de las ciencias, comenzando especialmente en la educación pública”. “Los argumentos fundamentalistas constituyen vehículos peligrosos de odio en un país como el nuestro que tristemente se destaca por sus feminicidios, violencia de género, discriminación estructural y violencia hacia las personas LGBTI, violencia intrafamiliar, embarazos de niñas y adolescentes, una niñez y adolescencia extremadamente vulnerables además de una de las desigualdades más escandalosas en la región”, añadía.
SomosGay alertaba muy especialmente sobre el empleo del término “ideología de género” por parte del propio Ministerio de Educación y Ciencias. “Este término, carente de rigor científico, desconoce décadas de avance en las ciencias sociales, ciencias médicas y humanidades bajo un discurso de fundamentalismo religioso apoyado en falacias lógicas y argumentos que rayan la fantasía”, explicaba este colectivo, que instaba a la institución de una educación de calidad y científica, “sin la presencia de pseudociencias que constituyen un grave peligro para la salud pública, para los derechos de la niñez y adolescencia y un grave retroceso en materia de democracia y derechos humanos”. “Bajo el malintencionado término de ‘ideología de género’ en realidad lo que se está suprimiendo es la educación para la igualdad y la no discriminación; que no es una ideología, sino una obligación internacional del Estado paraguayo”, finalizaba el comunicado de SomosGay, cuyo director, Simón Cazal, ha anunciado denuncias ante la Fiscalía por la apología de la discriminación en las calles de Asunción.
Amnistía Internacional también ha denunciado lo sucedido, que considera “un peligrosísimo retroceso en materia de derechos humanos”. “Es de especial preocupación que dicha medida haya sido tomada en el contexto del debate que ha surgido en estas semanas promovido por grupos religiosos que han propagado por diversos medios una campaña de manipulación para suprimir de la educación pública materiales sobre educación sexual y reproductiva, e igualdad de género y no discriminación”, explica.
“Bajo el malintencionado término de ‘ideología de género’ en realidad lo que se está suprimiendo es la educación para la igualdad y la no discriminación; que no es una ideología, sino una obligación internacional del Estado paraguayo”, añade esta organización, que recuerda a Paraguay las obligaciones derivadas tanto de su Constitución como de los tratados internacionales que ha firmado en materia de no discriminación. “Una parte importante de esa obligación se cumple con el diseño de políticas públicas para la igualdad y para no seguir perpetuando la discriminación y violencia contra las mujeres ni contra otros colectivos que por su orientación sexual o identidad de género, son objeto de discriminación y/o violencia. Las mujeres y las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexo (LGBTI), sufren discriminación y violencia permanente por prejuicios y estereotipos que se mantienen en nuestras sociedades. Borrar la educación para la igualdad de la malla curricular es promover esa violencia y discriminación desde el Estado, con gravísimas consecuencias”, subraya el comunicado de Amnistía.
Esta organización promueve una petición al ministro de Educación de Paraguay para que derogue la resolución de forma que “la revisión de los materiales educativos en curso sea acorde a las obligaciones internacionales del Paraguay y a su Constitución, y por ende promueva la igualdad de género y la no discriminación”. La petición está activa y puedes sumarte a ella en este enlace.
Comentarios desactivados en La asamblea del Consejo de Europa pide poner fin a los tratamientos de asignación a menores intersexuales hasta que decidan por sí mismos
Importante resolución de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, aprobada el pasado 12 de octubre, en materia de derechos de las personas intersexuales. En su resolución, se hace un llamamiento a los estados miembros del Consejo de Europa a que garanticen su integridad física, prohibiendo cualquier intervención de “normalización” o asignación hasta que la persona tenga capacidad de decidir por sí misma.
Las personas intersexuales son aquellas que, por razones diversas, nacen con caracteres sexuales ambiguos o que no encajan con la noción binaria tradicional. Tradicionalmente han sido sometidas a operaciones quirúrgicas y tratamientos médicos desde su más tierna infancia para “eliminar la ambigüedad” y atribuirles un sexo u otro sin tener en cuenta su voluntad, pudiendo darse el caso de que cuando la persona crecía no había correspondencia entre su identidad de género y el sexo que se les había asignado por decisión médica. Son personas, de hecho, que pueden tener diferentes identidades y expresiones de género (masculina, femenina, persona no binaria, etc.) al margen de su genitalidad.
La intersexualidad y la irracionalidad de los procedimientos de asignación es cada vez más conocida, y poco a poco las personas intersexuales empiezan a ver reconocido su derecho a ser ellas las que decidan sobre su propio cuerpo de acuerdo a su identidad sentida. A nivel internacional, por ejemplo, Malta aprobó en 2015 un muy avanzada ley de identidad de género que prohibía taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo el primer país del mundo en promulgar una disposición de este tipo. Portugal tiene previsto aprobar una norma similar. Y el pasado diciembre el Parlamento Europeo aprobaba un informe sobre derechos fundamentales en el que literalmente condenaba “las prácticas médicas que violan los derechos fundamentales de las personas transgénero e intersexuales”. Pero la resolución ahora aprobada por la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa es mucho más explícita y desarrollada (no conviene confundir, por cierto, el Consejo de Europa con la Unión Europea: el Consejo de Europa es un organismo supranacional que agrupa a prácticamente todos los estados del continente, incluyendo por ejemplo a Rusia, a Turquía y a los países del Cáucaso).
La resolución, que puedes descargar aquí, se refiere en su integridad a las personas intersexuales, recomendando a los estados que impidan cualquier tipo de tratamiento que tenga como fin la asignación de la persona a un sexo u otro, salvo circunstancias que comprometan la vida, hasta que tengan capacidad de decidir por sí mismas. La resolución reconoce que de acuerdo a la evidencia científica disponible no pueden defenderse este tipo de tratamientos, que además pueden poner en peligro la propia salud de los bebés, y que el secretismo y la vergüenza de muchas de estas personas cuando se hacen mayores impiden de hecho conocer el alcance de los daños.
El texto de la resolución, además, recomienda medidas para combatir la discriminación de las personas intersexuales y alude a la conveniencia de que los estados consideren la posibilidad de ofrecer compensaciones a las víctimas de este tipo de intervenciones. También se refiere a la necesidad de que tengan acceso al reconocimiento de la identidad de género con la que se sientan conformes, incluyendo opciones para las personas intersexuales que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. En este sentido, y sin duda podemos considerarla una recomendación muy a tener en cuenta, la resolución recomienda a los estados que consideren la posibilidad de que la mención al sexo en los certificados de nacimiento (en incluso en otros documentos de identidad) sea opcional. En España, por ejemplo, no es posible inscribir a un recién nacido sin atribuirle sexo masculino o femenino, lo que añade una gran presión a sus familias y puede derivar en efectos muy indeseables para la persona si cuando crece su identidad no se corresponde con el sexo que se le asignó. Algo que por ejemplo modificó en su momento Alemania, que sí permite inscribir a los recién nacidos sin atribuirles sexo.
En definitiva, una resolución muy positiva, basada en un informe del diputado belga Piet De Bruin (representante del partido nacionalista flamenco N-VA) abiertamente gay y muy activo en materia LGTB. De hecho, desde el pasado junio es el relator de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa sobre derechos LGTB por decisión de su comité de igualdad y no discriminación. Es, además, fruto de la colaboración con entidades que representan a las personas intersexuales. Ojalá todos los estados europeos la implementaran de inmediato, aunque por desgracia este tipo de resoluciones no son vinculantes. En cualquier caso, supone un paso adelante muy importante en un tema del que muy poco se habla.
Comentarios desactivados en MUFACE, tras discriminar, tendrá que financiar la reproducción asistida a la mujer de un transexual
El fallo establece que esta mutua pública vulneró el derecho fundamental de la pareja a no ser discriminada por su orientación sexual.
El cónyuge se había sometido a una estimulación ovárica en una clínica privada para congelar nueve ovocitos
Los afectados interpusieron una demanda por vulneración de derechos fundamentales ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha dictado una sentencia que obliga a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) a financiar un tratamiento de reproducción asistida a una asegurada de Alicante que está casada con una persona transexual.
El fallo, fechado el pasado 28 de septiembre, establece que esta mutua pública, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, vulneró el derecho fundamental de la pareja a no ser discriminada por su orientación sexual.
Los afectados se casaron el 16 de mayo de 2014, después de que uno de los cónyuges se sometiera a un tratamiento hormonal por disforia de género en el sistema público de salud para cambiar legalmente de sexo y convertirse en hombre.
Antes de ese cambio de sexo, el cónyuge se había sometido a una estimulación ovárica en una clínica privada para congelar nueve ovocitos con la intención de que su futura mujer pudiera alumbrar a un hijo suyo, a través de la técnica denominada Ropa o de doble maternidad.
La futura madre estaba asegurada en Muface, pero tanto el servicio provincial de esta entidad como la compañía con la que tiene convenio para la asistencia sanitaria de sus asegurados, Asisa, le denegaron el tratamiento en febrero de 2016 con el argumento de que no existía una «causa ginecológica que le impida una gestación por medios naturales».
La pareja recurrió la decisión ante el Ministerio de Hacienda y Administración Pública, pero éste rechazó su recurso de alzada en septiembre de ese mismo año y los afectados interpusieron una demanda por vulneración de derechos fundamentales ante el TSJ valenciano.
La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior valenciano les ha dado ahora la razón al determinar que el legislador debe «dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentren en situaciones jurídicas iguales».
Los magistrados recuerdan en el fallo que una ginecóloga ya determinó en su informe que la pareja era heterosexual y presentaba una «causa de esterilidad primaria» por disforia de género, al tiempo que recomendaba a Muface la dispensación de un tratamiento a su asegurada de inseminación artificial.
Según la sentencia, las resoluciones impugnadas interpretan «erróneamente» la legislación en materia de reproducción asistida porque imponen a los futuros padres unas «condiciones de aplicación imposible» que llevan «al absurdo en el caso de la pareja que forman«.
El tribunal ha concluido que la mujer tiene derecho a recibir el tratamiento reproductivo porque su compañero sentimental es estéril, independientemente de que ella no padezca impedimentos ginecológicos para quedarse embarazada de forma natural.
La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, no reconoce sin embargo la indemnización de más de 15.000 euros por daños económicos y morales que reclamaban los afectados en su demanda.
Comentarios desactivados en Abren proceso sancionatorio contra colegio Español de Coquimbo por discriminación a estudiante trans
Así lo confirmó la Superintendencia tras cuatro meses de investigación. El joven de 15 años fue obligado por docentes y alumnos a comportarse como mujer, pese a ser un hombre trans. El hecho podría marcar un precedente para los adolescentes y niños trans.
La Superintendencia de Educación precisó que a cuatro meses de la denuncia y de efectuarse la “fiscalización al establecimiento educacional, se consignaron hechos que pueden constituir infracciones a la normativa educacional. En virtud de lo anterior, se dictó una resolución que ordena instruir un Proceso Administrativo Sancionatorio en contra del establecimiento educacional, derivándose los antecedentes a la Unidad de Fiscalía de la Dirección Regional, la que determinará si el sostenedor ha infraccionado la normativa educacional”.
La determinación fue recibida de buena manera por la madre del estudiante, Marcela Canales, en particular porque inicialmente la Superintendencia había descartado todo tipo de infracción, en tanto sólo había tenido parte de los antecedentes del caso a la vista, tras lo cual el Movilh aportó más información.
“Como familia nos encontramos esperanzados en que exista una sanción hacia el Colegio Español y de que se siente un precedente en el ámbito de la educación para los derechos de niños, niñas y jóvenes trans”, señaló Canales. Recordó que “mi hijo vio vulnerada su dignidad. el Colegio Español no fue capaz de velar para que no sufriera daño psicológico, emocional y moral, ya que, fue sujeto de trato vejatorio por parte de algunos miembros de la comunidad educativa y no se tomaron medidas al respecto”.
“Nuestra familia espera una sanción ejemplar que sirva como referente ante los casos de discriminación por identidad de género. Cabe señalar que jamás ha sido nuestra intención obtener algún tipo de beneficio económico. Muy por el contrario, siempre le solicitamos al Colegio sólo disculpas públicas a mi hijo por vulnerar sus derechos ya que, el daño que provoca la intolerancia, la ignorancia y la discriminación, no son fáciles de sobrellevar. Como me dijo una vez mi hijo “las heridas se van, pero las cicatrices quedan””.
En tanto, el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, apuntó que “la justicia para un joven dañado profundamente en su dignidad se ve en el horizonte y esperamos que se sea alcanzada. El Colegio Español fue abusivo con un adolescente sólo en razón de su identidad de género, por lo que corresponde la máxima sanción posible por parte de la Superintendencia”. “Aplaudimos al estudiante, a su madre, y a toda su familia, por no bajar los brazos. Hemos sido testigos de su permanente y constate anhelo por alcanzar justicia, lo que esperamos sirva de ejemplo para otras madres, padres o familiares de niños/as y adolescentes trans”, sostuvo.
El caso
El pasado 5 de junio la madre debió retirar al joven de 15 años del Colegio Español de Coquimbo debido a los permanentes abusos en razón de su identidad de género
Luego de que el adolescente expresara su identidad de género (se cortó el pelo, comenzó a vestirse en forma masculina y dejo de usar maquillaje) algunos compañeros lo hostigaron: fue bloqueado del grupo WhatsApp y apartado de conversaciones, además de recibir “consejos” o “exigencias” para que usara vestimentas femeninas. En algunas ocasiones intentaron maquillarlo y se negaron a prestarles cuadernos para recuperar materia.
Además, durante la conmemoración del Día del alumno, la profesora y los estudiantes impidieron que el joven imitara a un cantante hombre, en el marco de una actividad de fono mímica, y le exigieron que doblara a una artista mujer.
En las clases de educación física los abusos eran más violentos. El 22 de mayo del 2017 un compañero lo trató de “maricón, no te creí tan hombre”, sólo porque rechazó un balón, mientras una alumna señaló que no quería estar cerca de él porque le daba miedo y la podía contagiar de algo pues “es depravada y pervertida”.
Hastiado de la situación, y con una grave depresión, el 23 de mayo el joven respondió a las agresiones de una de sus compañeras con un golpe. “El colegio lejos de mirar este episodio en su contexto, transformó automáticamente al joven trans en victimario, pese a ser la única víctima de este proceso”, denunció en julio pasado el Movilh.
Como si fuera poco el 6 de junio el jefe de UTP expuso en una reunión de curso lo ocurrido, visibilizando la identidad de género del joven y presentándolo a él como un problema, además de tratarlo en todo momento como mujer. A estas agresiones verbales se sumaron incluso dos apoderados, sin que el colegio nada hiciera al respecto.
Comentarios desactivados en España, descolgada ya del grupo de países a la vanguardia de los derechos LGTB, sigue patologizando las identidades trans un año más
Otro año más llega el Día Internacional por la Despatologización Trans, que este 2017 tiene lugar el 21 de octubre. Y otro año más podemos repetir, casi punto por punto, el mensaje de ediciones anteriores: la situación en España sigue siendo básicamente la misma, más allá de algunos avances a nivel autonómico. Más de diez años y medio después de que entrase en vigor la ley española de identidad de género, esta sigue sin actualizarse y mantiene la consideración de la transexualidad como un trastorno que debe ser identificado por un especialista ajeno a la propia persona transexual. Un paradigma anacrónico que cada vez más países están desterrando de sus propias legislaciones y que España, un país que por desgracia ha dejado de estar a la vanguardia en materia de derechos LGTB, sigue sin modificar.
Países como, Argentina, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Malta o Noruega han modernizado ya sus legislaciones consagrando el principio de autodeterminación de género, de forma que sea cada persona, en uso de su libertad individual y sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna, la que decida cómo quiere ser reconocida legalmente. El modelo de la católica Malta, de hecho, está considerado por las organizaciones trans como el más aventajado, al ni siquiera establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación del “sexo registral” y por tanto extender ese principio a los menores. Incluso más allá de la consideración jurídica de la transexualidad, la ley maltesa prohíbe cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo la primera del mundo en promulgar una disposición de este tipo (tan demandada por los colectivos de personas intersexuales, y que esta misma semana recibía el espaldarazo de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa). Nuestro vecino y querido Portugal ya está también en ello. La cara negativa de ela moneda la encontramos en Francia, cuya reciente reforma ha dejado al margen el principio de autodeterminación de género y mantiene bajo tutela judicial el proceso de cambio registral de la referencia al sexo.
Pero ni siquiera estos países son los únicos en abordar ya el tema. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido y en Escocia ya se están planteando un avance similar. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando sobre el terreno.
Avances que dejan en muy mal lugar a España, país donde los avances conseguidos en la histórica legislatura 2004-2008 quedaron congelados en el tiempo y que mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque normas autonómicas más recientes, como las leyes integrales de transexualidad de Navarra, Euskadi, Andalucía, Canarias o Madrid o la Comunidad Valenciana, e incluso las leyes contra la LGTBfobia aprobadas en Cataluña, Extremadura, Murcia o Baleares sí incorporan de forma expresa el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar los documentos oficiales más importantes. Cada vez resulta más imperiosa la necesidad de actualizar una legislación ya obsoleta.
También los manuales médicos deben actualizarse
Una reivindicación, además, que por encima de los marcos legislativos nacionales incluye la a retirada de las etiquetas referidas a la transexualidad de las clasificaciones diagnósticas usadas internacionalmente, basadas en buena parte en el mantenimiento de patrones socioculturales que nada tienen que ver con la verdadera ciencia pero que sirven de base a manuales médicos y psicológicos y que alimentan prácticas no solo irrespetuosas con la libertad individual, también cada vez más obsoletas.
Los dos catálogos más importantes, en este sentido, son el DSM de la American Psychiatric Association y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de la última versión del DSM, por ejemplo, ya se consiguió que el anterior diagnóstico de “trastorno de la identidad sexual” fuera sustituido por el de “disforia de género”, con una menor carga patologizante, pero no dejó de ser un avance menor que los colectivos LGTB en modo alguno aceptan como definitivo. El proceso de revisión de la CIE, mientras tanto, se encuentra en curso.
Los colectivos se movilizan
Lejos quedan ya los tiempos en los que la despatologización de las identidades trans era una petición secundaria de los colectivos LGTB. Fue precisamente la presión de los grupos más radicales (aquellos que no se conformaban con una simple mejora y que exigían ir a la raíz del problema) la que hizo crecer la reivindicación hasta convertirla en una demanda aceptada incluso por las instituciones europeas. Ya han pasado seis años desde se unía al llamamiento el entonces comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, e incluso el pleno del Parlamento Europeo. Llamamientos insuficientes para forzar a los estados a actualizar sus legislaciones, pero que cada vez son más claros y rotundos.
Hoy día, los diferentes colectivos LGTB y de personas trans se movilizan activamente con motivo del Día Internacional por la Despatologización Trans. “La transexualidad debe dejar de ser considerada como una enfermedad de una vez por todas, tanto a nivel nacional como en la Clasificación Internacional de Enfermedades y en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales de la Asociación de Psiquiatría norteamericana”, ha asegurado Amanda Azañón, responsable del grupo de Políticas Transexuales de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). “Es intolerable que la psiquiatrización siga delegando a las instituciones médico-psiquiátricas el control sobre las identidades de género”, ha añadido. En este sentido, varias entidades de la FELGTB tiene previsto organizar estos días actividades reivindicativas en diversas ciudades españolas.
La campaña internacional Stop Trans Pathologization, por su parte, tiene previstas o ha realizado ya a lo largo de este mes más de 70 actividades en 41 ciudades del mundo. “Además, 417 grupos y redes activistas, instituciones públicas y organizaciones políticas en África, Asia, América Latina, Europa, Norteamérica y Oceanía, así como numerosas personas individuales han declarado hasta la fecha su apoyo”, expresan sus promotores en un largo y detallado comunicado, que recoge como demandas principales “la retirada de la clasificación diagnóstica de los procesos de tránsito por los géneros como trastorno mental de los manuales diagnósticos DSM y CIE, la cobertura pública de la atención sanitaria trans-específica, el cambio del modelo de atención sanitaria trans-específica, desde un modelo de evaluación hacia un enfoque de acompañamiento y decisión informada, el reconocimiento legal de género sin requisitos médicos, la despatologización de la diversidad de género en la infancia y adolescencia, así como la protección contra la discriminación y violencia transfóbica”. “En cada lugar del mundo, grupos, organizaciones y redes activistas trabajan por el cumplimiento de estas demandas compartidas aplicando prioridades y estrategias específicas, según el contexto cultural y sociopolítico”, añaden.
Stop Trans Pathologization anuncia además que la de este 2017 es la última convocatoria del Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans lanzada por la propia campaña, “Os invitamos a seguir celebrando el 21 de octubre como Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans en futuros años, y a seguir trabajando por la despatologización trans”, concluye el comunicado.
Manifestación en Madrid
Uno de los platos fuertes de las actividades será la manifestación que convocada por la Plaaforma Octubre Trans manifestación que tendrá lugar en Madrid este sábado 21 de octubre, y que partirá de la Plaza de Chueca a las 18:00 horas, recorrerá las calles Augusto Figueroa, Fuencarral, Montera, Puerta del Sol y Carretas y finalizará en la Plaza Jacinto Benavente.
Os dejamos para finalizar con el vídeo de sensibilización elaborado por el colectivo COGAM con motivo de este día:
Comentarios desactivados en El Gobierno de la Generalitat aprueba el protocolo que desarrolla el deber de intervención de los funcionarios catalanes contra la LGTBfobia
El Gobierno catalán ha aprobado por fin este martes el protocolo para el abordaje de la homofobia, la bifobia y la transfobia en las administraciones públicas catalanas. El protocolo, cuyo desarrollo estaba contemplado en la ley catalana 11/2014 contra la LGTBfobia (artículo 11.2), ha sido bienvenido por el Observatori contra l’Homòfobia, entidad que en los últimos tiempos se ha mostrado muy crítica con la lentitud con la que esta ley se está desarrollando y aplicando de forma efectiva.
El protocolo, plasmado en un documento de 23 páginas (que puedes descargar aquí) establece cómo debe aplicarse el deber de inetrvención de las personas que trabajan en las administraciones públicas catalanas (tanto dependientes de la Generalitat como de los entes locales) para hacer efectivo el abordaje de la homofobia, la bifobia y la transfobia. Se trata, según el departamento de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalitat, de “garantizar los derechos de las personas LGTBI y evitar situaciones de discriminación y violencia, para asegurar que en Cataluña se puede vivir la diversidad sexual y de identidad de género en plena libertad”. Las administraciones públicas catalanas, de esta forma, se configuran como garantes de los derechos LGTBI, y sus funcionarios deberán comunicar cualquier situación de discriminación y de violencia por razones de orientación sexual e identidad o expresión de género de la que tengan conocimiento o de la que tengan una sospecha fundamentada.
La aprobación de este protocolo ha sido celebrada por el Observatori contra l’Homofòbia. “Desarrolla el deber de intervención, concretamente el artículo 11 de la Ley [11/2014], que insta a todos los profesionales de la administración a actuar inmediatamente ante la certeza o sospecha de un caso de discriminación por orientación o identidad de género en cualquiera de sus formas”, ha explicado su presidente, Eugeni Rodríguez. Un deber de intervención que para Rodríguez es “una herramienta indispensable para frenar las agresiones y discriminaciones LGTBIfóbicas en Cataluña”. El Observatori ha felicitado al Gobierno catalán por el trabajo realizado y le ha pedido que trabaje conjuntamente con las entidades LGTB para activar ya el protocolo de forma real y efectiva.
Conviene recordar, en este sentido, que el Observatori contra l’Homofòbia se mostrado muy crítico en los últimos tiempos con la Generalitat debido a la lentitud con la que la ley catalana contra la LGTBfobia, aprobada hace ya tres años, se está desplegando, y ello pese al repunte en los casos de LGTBfobia en Cataluña. En septiembre, Eugeni Rodríguez comparecía en la Comisión del Igualdad del Parlamento catalán y exponía los últimos datos registrados por la entidad, según los cuales en el ejercicio en curso habría un 30% más de denuncias. “Las conclusiones actuales son similares a las del Estudio del OCH sobre el Estado de LGTBIfobia en 2016: el grupo que más agresiones sufre son los hombres gais y bisexuales, y las agresiones que más se perpetúan son en espacios públicos, seguidas del bullying y el discurso de odio”, expresaba entonces.
Recordemos que, según la estadística de delitos de odio del Ministerio del Interior correspondiente a 2016, Cataluña fue de hecho la comunidad que más delitos de odio por LGTBfobia registró oficiamente (60 en total, 51 de ellos en la provincia de Barcelona). Peor aún era el informe correspondiente al año 2016 del Observatori contra l’Homofòbia: la entidad tuvo noticia de 84 incidencias por LGTBfobia en Cataluña (como también sucede en Madrid, los datos recogidos por las entidades vinculadas a colectivos arrojan un número mayor de agresiones que las que oficialmente se denuncian). La mayoría (el 46,4%) fueron contra hombres gais o bisexuales, seguidos de las generalistas (contra el colectivo LGTB como tal, un 19%) y contra las personas trans (un 14,3%).
Aunque quedan mucho trabajo por hacer para que la ley 11/2014 sea una realidad plena (el desarrollo, por ejemplo, de un reglamento sancionador), la aprobación de este protocolo es sin duda un paso en la buena dirección. Confiamos, en este sentido, en que la grave crisis política que vive en estos momentos Cataluña y su relación con el Estado no impida seguir progresando. Ojalá sea así.
Comentarios desactivados en El Ayuntamiento de Oviedo repinta de arcoíris los cinco bancos que unos vándalos habían cubierto con la bandera rojigualda
El Ayuntamiento de Oviedo ha vuelto a pintar con los colores del arcoíris los cinco bancos que unos vándalos habían repintado de rojigualda en la madrugada del pasado jueves, 12 de octubre. Los bancos, situados en la Plaza de la Escandalera, lucían los colores de la diversidad desde el pasado mes de junio, con motivo de la celebración del Orgullo LGTB.
Como gesto simbólico hacia la comunidad LGTB, el Ayuntamiento de Oviedo (gobernado desde las pasadas elecciones por PSOE, Somos Oviedo e Izquierda Unida) pintó el pasado mes de junio los bancos con los colores del arcoirís. Una iniciativa novedosa en una ciudad que en 2015 estrenaba gobierno progresista tras quince años de gobierno del Partido Popular. Y así habían continuado hasta la madrugada del pasado jueves, cuando varios vándalos encapuchados los pintaron de rojigualda (los colores de la bandera de España) utilizando pintura en espray. De hecho, varios chavales presenciaron lo sucedido, y según contaba el diario local La Nueva España, avisaron a la Policía, aunque esta no se personó en el lugar mientras los testigos permanecieron allí. Al parecer el grupo que dio la voz de alarma ya había tenido un altercado previo con uno de los vándalos pocas horas antes.
Se da la circunstancia de que algo más de 6.000 personas habían pedido en change.org que los bancos fueran pintados con los colores de la bandera de España. “Viendo que el día del orgullo gay el ayuntamiento de Oviedo pinto varios bancos con la bandera del orgullo gay que solo representa una minoría de la población de Oviedo propongo que el día de la hispanidad, jueves 12 de octubre de 2017 se pinten los bancos de la ciudad con la bandera de España que es la que nos representa a todos [sic]“, reza la petición, que de hecho considera su objetivo “conseguido”. “¡Victoria! Al final pintaron cinco bancos en la plaza de la escandalera”, asegura una actualización de la petición. Lo cierto es que fueron los vándalos, y no el Ayuntamiento, los que quisieron utilizar la bandera de España, esa que ellos aseguran “representa a todos”, para invisibilizar el arcoíris. El día siguiente, por cierto, uno de los bancos pintandos de rojigualda aparecía a su vez con una pintada en asturiano, “Puxa Asturies”.
Por fortuna el Ayuntamiento de Oviedo, después de valorar la posibilidad de que los bancos volvieran a lucir el color madera previo al Día del Orgullo, decidía repintarlos con los colores de la diversidad. “Está claro es que se escogieron esos bancos para tapar una bandera que representa los derechos del colectivo LGTB”, declaraba el concejal de Izquierda Unida Iván Álvarez, encargado del área de Interior. La noche del sábado, de hecho, recuperaban el arcoíris y este domingo ya estaban de nuevo en uso.
Desde dosmanzanas consideramos muy respetable que haya ciudadanos orgullosos de la bandera de España, como hay otros ciudadanos orgullosos de otras banderas y otros que no lo están de ninguna. Allá cada cual con sus sentimientos de identidad nacional. Lo que no creemos necesario es que para exaltarla sea necesario encubrir la bandera arcoíris. El propio texto de la petición en change.org, de hecho, deja clara la motivación homófoba, y no “patriótica”, de la iniciativa. Flaco favor, de hecho, a los que legítimamente defienden el argumento de que la bandera de España representa a todos sus ciudadanos.
La homosexualidad sigue siendo castigada con la cárcel en Marruecos. Ramid acaba de asistir en Ginebra al «examen periódico universal» sobre los derechos humanos.
El Código Penal marroquí castiga en su artículo 489 la práctica de la homosexualidad (definida como «la comisión de actos contra natura con individuos del mismo sexo») con penas de hasta tres años de cárcel.
“Basura”. Así calificó el pasado 28 de septiembre el ministro de Derechos Humanos de Marruecos, Mustafá Ramid, a los homosexuales. No se trata, por desgracia, de la primera vez que Ramid se pronuncia en términos ofensivos hacia las personas LGTB, que viven en Marruecos una situación muy complicada.
Mustafá Ramid participaba en una reunión sobre la prevención de la tortura en los países del norte de África organizada en Rabat por el Consejo Nacional de Derechos Humanos marroquí. Al ser interpelado en los pasillos por periodistas sobre la criminalización de la homosexualidad, Ramid, visiblemente molesto, contestó que era un tema al que no debía darse tanta importancia. “Esa gente es basura”, añadió (la web marroquí en francés Le Site Info muestra el vídeo y explica que el vocablo árabe que utilizó fue “aousakh”).
«¿Y qué les pasa ahora (a los homosexuales)? Si hablamos mucho de este tema, eso es darles importancia… Mira, somos marroquíes«, dice Ramid ante una cámara, y cuando se aleja, aparentemente sin saber que sigue estando grabado, dice: «Son basura». Algunos medios aseguran que el ministro creía que no estaba siendo grabado, pero lo cierto es que viendo las imágenes de Le Site Info su actitud de desagrado ante los periodistas era evidente y no parece que le importara mucho ser grabado:
Ramid acaba de asistir en Ginebra al «examen periódico universal» sobre los derechos humanos, donde presentó algunas mejoras introducidas en su país, pero sin tocar los temas más espinosos, como son la prohibición de la homosexualidad, de las relaciones sexuales extramaritales, de la infracción del ayuno en ramadán o de la conversión a cualquier religión distinta del Islam.
Las palabras del ministro marroquí han desencadenado indignación en las organizaciones defensoras de los derechos humanos, como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos o la Asociación de Lucha contra el Sida, que han dirigido una carta al primer ministro, Saadeddine Othmani, para que tome cartas en el asunto. Tanto Othmani como Ramid pertenecen al Partido Justicia y el Desarrollo, la formación conservadora e islamista que gobierna en la actualidad Marruecos.
No se trata, por desgracia, de la primera vez que recogemos declaraciones LGTBfóbicas de Mustafá Ramid, quien nunca ocultó su opinión sobre los homosexuales y en numerosas ocasiones ha dicho que la sociedad marroquí «no está preparada» para admitir la homosexualidad. En 2015, cuando era ministro de Justicia, se refirió a un espantoso ataque sufrido por una mujer transgénero en Fez insinuando que las personas LGTB son en parte culpables de las agresiones que reciben por “provocar” a la sociedad.
Constante persecución de las personas LGTB en Marruecos
Actitudes como las del ministro Ramid son muy preocupantes, especialmente cuando de un tiempo a esta parte asistimos a un recrudecimiento de la persecución contra las personas LGTB por las autoridades de Marruecos, desmintiendo el tópico preexistente de que las leyes represoras no se aplican en la práctica (el artículo 489 del Código Penal marroquí castiga los “actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo” con penas de hasta 3 años de prisión, además de una sanción económica. Y el artículo 483 establece penas de hasta dos años de prisión por “obscenidad pública”).
Lo cierto es que cada vez llegan más noticias de detenciones y condenas por violar la ley. En marzo de este mismo año, dos varones fueron condenados a seis meses de prisión por mantener relaciones homosexuales. La detención se produjo tras difundirse a través de las redes sociales un vídeo de ambos. Durante el juicio, uno de los acusados declaró que había sido maltratado verbal y físicamente por los agentes de Policía durante su estancia en comisaría. En noviembre de 2016, un varón homosexual español de 73 años y su pareja sexual, de 23, fueron detenidos, tras ser delatados por una camarera del hotel de Marrakech en el que se alojaban. El ciudadano español fue posteriormente puesto en libertad, pero no tuvimos noticias de qué acciones se tomaron con el detenido de nacionalidad marroquí. Un mes antes, dos adolescentes eran detenidas tras haber sido sorprendidas por un familiar mientras se besaban en su propio domicilio. Finalmente, el tribunal desestimó los cargos por falta de evidencias, aunque ambas permanecieron detenidas, y una de ellas incomunicada, durante varios días.
También en el pasado año 2015 tuvimos conocimiento de varias condenas en Marruecos, en aplicación de ese artículo. En el mes de junio se produjo la detención de Lahcen y Mohsine, otros dos hombres que se besaron, fotografiaron y dieron muestras de afecto ante la Torre Hasán, uno de los entornos históricos marroquíes más prominentes. A pesar de conseguir más de 71.000 firmas de personas todo el mundo pidiendo su liberación, ambos fueron condenados finalmente a cuatro meses de cárcel y una sanción económica. Ese mismo mes, se denunció la detención de 20 hombres homosexuales en Agadir, acusados de “difundir la corrupción”. Según el colectivo Aswat, no serían las únicas detenciones por ese motivo llevadas a cabo en ese año, que formarían parte de una campaña de arrestos dirigida por el Gobierno marroquí contra la población homosexual masculina para reafirmar su posición en el debate público sobre la despenalización de la homosexualidad. Un mes antes, tres hombres más fueron condenados a la pena máxima, tres años de cárcel. Tras recibir una denuncia, la Policía capturó a dos de los hombres mientras mantenían relaciones sexuales en el centro de trabajo de uno de ellos. Al ser interrogados, informaron de que se habían conocido a través de un tercero, que finalmente también fue detenido y condenado.
Un compendio de noticias que son solo una muestra de la realidad a la que se enfrentan las personas LGTB en Marruecos. Y es que, como dijera el joven marroquí Hamza (en el vídeo de la campaña que el colectivo Aswat lanzó para concienciar de la homofobia social marroquí) “ser homosexual en Marruecos es algo muy difícil, porque tienes que lidiar a diario con los estereotipos sociales preconcebidos, que no aceptan diferencias, especialmente el ser gay”.
HRW, que envió a un observador al proceso y ha publicado varios comunicados sobre el caso, se escandalizó por el hecho de que la Justicia marroquí procesara a las víctimas de una agresión antes que a los agresores. “Agredidos, ensangrentados, sacados desnudos a las calles y luego mandados a la cárcel por su vida privada (…) Este veredicto va a desanimar a las víctimas a la hora de buscar justicia y aumentará la probabilidad de delitos de homofobia” en el país, dijo la organización. Queda, no obstante, la preocupación expresada en numerosos medios por el carácter de la agresión: el allanamiento de un domicilio, la agresión colectiva y la vejación pública en plena calle contra dos seres indefensos. “El proceso de Beni Melal -decía Karim Bujari- interpela a todo el mundo porque también es el de la libertad individual opuesta a la resistencia violenta de la comunidad”.
Y aún tenemos grabadas en la retina otras terribles imágenes, las de un intento de linchamiento de una mujer transgénero en Fez, ocurrido en junio pasado. Ocurrió lo mismo: solo gracias a que el vídeo se viralizó y desencadenó un escándalo que trascendió las fronteras de Marruecos, acabaron con una dos de los agresores fueron condenados a cuatro meses de prisión, y ello pese a que el propio ministro de Justicia; Mustafá Ramid, llegó a insinuar entonces que las personas LGTB son culpables de las agresiones que reciben.
Sin pronunciamiento oficial de España
No podemos obviar la clamorosa falta de una denuncia contundente ante estas violaciones de los derechos humanos por parte del Gobierno español, ni siquiera cuando en 2015 una cooperante de nuestro país fue expulsada por apoyar “las causas de la desviación de la moral”. Y ello pese a que Marruecos sea un país vecino con el que España mantiene una intensa relación cultural, comercial y social.
Comentarios desactivados en Grecia mejora los derechos trans aprobando una ley de identidad de género que despatologiza la transexualidad pero no reconoce la autodeterminación del género
Grecia aprueba una Ley Trans que mejora sustancialmente el proceso legal para cambiar el nombre y el género en documentos oficiales pero no se rige por el principio de auto-determinación.
A pesar de no ser una ley perfecta los colectivos trans celebran su aprobación y lo consideran un paso adelante en una lucha que aún no ha terminado.
El Parlamento griego aprobó el martes una avanzada ley de identidad de género, la primera del país que despatologiza la realidad trans. El texto elimina la necesidad de tutela médica y de cualquier intervención quirúrgica, incluida la esterilización, para que los mayores de 17 años puedan obtener el reconocimiento legal de su identidad. Los jóvenes de entre 15 y 17 años sí necesitarán un informe psiquiátrico además del consentimiento paterno. Aunque no satisface la totalidad de sus reivindicaciones, los colectivos trans han saludado la nueva norma como un gran avance.
Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas transexuales a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, según un informe de Transgender Europe de noviembre de 2016, 21 estados europeos seguían haciéndolo a fecha de noviembre de 2016. La mayoría, del Este de Europa, pero también había algunos occidentales. Otros han eliminado ese requisito hace poco (Suecia, por ejemplo, no lo hizo hasta 2013, Noruega actualizó su ley en 2016 y Bélgica, en mayo de este año). Y no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. En la misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba hace unos meses a Francia por haber obligado a hacerlo (el país vecino, de hecho, modificó su legislación en 2016, eliminando dicho requisito, aunque sigue manteniendo el proceso en manos de los jueces).
Grecia se suma ahora a la lista de países que no solo eliminan ese requisito, sino que tampoco exigen ya la necesidad de un diagnóstico médico o psicológico de “disforia de género” o similar. La ley integra, en este sentido, el principio de autodeterminación de género, aunque solo para los mayores de 17 años. Para los jóvenes entre 15 y 17 años será necesario un informe psiquiátrico, además del consentimiento paterno. El texto ha recibido el apoyo de 171 diputados del Parlamento griego: de Syriza (impulsora del proyecto), sus socios de Anel y los centristas de To Potami. En contra han votado 128: la derecha de Nueva Democracia, los neonazis de Amanecer Dorado, los comunistas de KKE y la Unión de Centristas.
Pese a reconocer el indudable avance sobre la situación anterior, los colectivos LGTB consideran mejorable la nueva ley. Por ejemplo, en lo referente a la tutela médica y paterna en menores de edad. El asunto, de hecho, fue uno de los motivos esgrimidos por Nueva Democracia para oponerse en lugar de abstenerse, como habían anunciado en primer lugar. El principal partido de la oposición pretendía que el cambio del sexo legal no fuera posible bajo ninguna circunstancia antes de los 18 años.
Evelyne Paradis, directora ejecutiva de la ILGA afirma que : “Es progreso, pero no es perfecta. Hoy se ha dado un gran paso adelante, pero es una pena que ese paso no fuera uno hacia la total auto-determinación de todas las personas trans en Grecia.” Y es que la nueva ley griega para las personas trans ha mejorado sustancialmente la realidad del colectivo, pero se ha quedado corta en varios aspectos (y en otros ha pasado a ser bastante estrambótica). Hasta la aprobación de esta nueva ley las personas trans que querían cambiar su género en los documentos oficiales tenían que pasar una evaluación psiquiátrica para acreditar un diagnóstico de disforia de género, tenían que someterse a una operación de reasignacion de sexo y se les exigía la esterilización.
Con esta nueva ley esas tres necesidades para que se reconozca su género percibido en los documentos oficiales de todos aquellos mayores de 17 años. Las personas trans entre los 17 y los 17 podrán acceder al proceso para cambiar el género en su documentación pero en esos casos sí hará falta la decisión de un grupo de doctores.
Pero hay dos cosas bastante absurdas en esta ley. Por un lado una persona trans que quiera cambiar su género oficialmente tendrá que estar soltera, lo que puede hacer que las personas trans que estén casadas tengan que divorciarse. Además la última palabra en el proceso la tendrá un juez, que decidirá si la expresión o presentación de género de la persona coincide con lo que quieren que ponga en sus documentos.
“Esta reforma es una victoria duramente conseguida por los y las activistas por los derechos trans en Grecia que han luchado por la igualdad de las personas trans durante años. Envía un mensaje claro de que nadie ha de verse obligado a pasar por procedimientos médicos para que se reconozca oficialmente quiénes son. Pero aunque se trata de una reforma histórica en la dirección correcta, la lucha aún no está del todo ganada“, han declarado desde Amnistía Internacional.
Otra de las insuficiencias es la exclusión de las personas migrantes en situación irregular y de los refugiados en la nueva ley. La nueva ley no reconoce el acceso al proceso de reconocimiento de género para personas trans refugiadas o inmigrantes y además deja muchas mejoras pendientes con respecto a los menores trans.
Por último, una enmienda para introducir una tercera opción de género junto a la de “masculino” y “femenino” en los documentos oficiales fue rechazada. Se trata de una medida que han adoptado países como Australia en 2011 o Canadá hace solo unas semanas. La posibilidad de registrarse bajo un tercer género o de no definir el género también ha sido regulada de diferentes formas en países como Alemania, la India o Nepal.
La comunidad trans del país ha celebrado la aprobación de la ley, aunque no ocultan su decepción pues se esperaba que se aprobara una primera versión del texto que reconocía el derecho de cualquier persona trans mayor de 15 años a cambiar su nombre y su género en los documentos oficiales con sólo una declaración y un proceso administrativo; pero finalmente se ha optado por un enfoque mucho más conservador y que sigue estigmatizando a las personas trans.
A pesar de eso el Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, ha celebrado que la ley reconoce los derechos humanos básicos de “un segmento de la sociedad que ha sido marginado durante demasiado tiempo. Estamos con aquellos que no tienen voz o cuya voz está siendo acallada. Con los estigmatizados, con las minorías oprimidas, con las personas que viven cualquier tipo de desigualdad o aislamiento. Es a esas personas a las que queremos defender.”
Por delante de España
La nueva normativa coloca a Grecia por delante de España, cuya ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura. De hecho, cada vez es más numeroso el grupo de países que ya han incorporado el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, además de los ya mencionados, de Irlanda y Dinamarca, en Europa. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente.
En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.
En España seguimos a la espera de que el Parlamento decida dar el paso (el grupo socialista del Congreso registró en febrero una propuesta de actualización de la ley). Mientras tanto, sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.
Fuente |Gay Star News, vía Dosmanzanas/EstoyBailando
Comentarios desactivados en Burundi inicia una “cacería” de Estado contra la comunidad LGTB y activistas denuncian vejaciones y extorsión económica policial
Burundi ha comenzado a detener a activistas y a personas LGTB en el marco de una persecución organizada de Estado. Dos de las víctimas son menores de edad y su “delito” fue subir a Facebook un vídeo en el que aparecen bailando juntos. La policía de este país africano de mayoría católica identificó el lugar, en la comuna de Kamenge (provincia de Bujumbura Mairie), y arrestó a los jóvenes, entre otras personas acusadas de “homosexualidad” y de atacar la cultura y las tradiciones burundianas. Jean-Daniel Ndikumana, un abogado abiertamente gay de Burundi que ahora trabaja como jefe de un proyecto de asilo LGTB en Bélgica, ha condenado estas detenciones y señala que el objetivo de algunas de ellas es extorsionar a los arrestados para obtener un beneficio económico, mientras la policía los somete a todo tipo de abusos y vejaciones. La decisión del presidente Pierre Nkurunziza de intensificar la represión contra la comunidad LGTB coincide con la salida de Burundi de la Corte Penal Internacional, que será efectiva dentro de unos días.
Inspirado por las violaciones que otros Estados están llevando a cabo recientemente contra los derechos del colectivo LGTB en diversos países como Egipto, Acerbaiyán o Indonesia, el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, se ha propuesto hacer cumplir el Código Penal del país, que desde 2009 criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo y, por extensión, cualquier visibilización de la diversidad sexual o de orientación de género. En estos años se han cerrado asociaciones LGTB y organizaciones favorables a la igualdad de derechos y ahora se anuncia el comienzo de una etapa todavía más oscura para los derechos humanos de este pequeño país africano, durante el tercer mandato de Nkurunziza.
El periodista burundiano Bakari Ubena se hacía eco de las primeras detenciones de personas LGTB por su orientación sexual o identidad de género el pasado 6 de octubre, a través de su cuenta de Twitter. Ubena recogía las declaraciones de la policía en este sentido a varios medios locales.
Polisi ya #Burundi yatangaza kuwasaka na kupambana na watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja.Tayari watu kadhaa wamekamatwa.#LGBTpic.twitter.com/VFNSv9KFw0
Entre las nuevas víctimas de la LGTBfobia de Estado hay dos menores de edad, detenidos tras subir a Facebook un vídeo en el que aparecen bailando juntos. “Los conozco muy bien porque fui su director de proyecto de 2010 a 2013”, ha lamentado Jean-Daniel Ndikumana, un abogado abiertamente gay de Burundi que ahora trabaja como jefe de un proyecto de asilo LGTB en Bélgica. “Afortunadamente, pude dejar mi país debido a mi orientación sexual, ya que estaba en peligro debido a mi activismo”, ha declarado este letrado y activista. Los arrestados, según denuncian distintas fuentes, son sometidos toda clase de vejaciones con la finalidad de que paguen sobornos a la policía a cambio de su liberación.
Burundi: camino a una autocracia contraria a los derechos humanos
Human Rights Watch considera que la tercera legislatura de Pierre Nkurunziza “ha sumido al país en una espiral de violencia política y abusos generalizados de los derechos humanos. Las fuerzas de seguridad y los miembros del ala juvenil del partido gobernante, los Imbonerakure, atacan a los opositores”. También denuncian que “matan, violan, torturan, desaparecen forzosamente o maltratan” a civiles por motivos ideológicos o económicos.
Esta organización internacional define el sistema de justicia como “profundamente manipulado por el partido gobernante”, por lo que “la impunidad es generalizada”. En este clima, Burundi está a punto de dar portazo definitivo a la Corte Penal Internacional de la Haya, de la que solicitó en octubre del año pasado dejar de ser parte y que el próximo día 27 será efectiva. Esta retirada se produce por las graves acusaciones contra el Gobierno de Pierre Nkurunziza en materia de derechos humanos.
De hecho, el presidente de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre Burundi, Fatsah Ouguergouz, lo acusa de “crímenes de lesa humanidad”. Se habla de más de 500 personas fallecidas como consecuencia de la violencia promovida por plataformas y personas afines al Gobierno y de, al menos, 300.000 refugiadas en otros países. Desgraciadamente, el colectivo LGTB es el siguiente en la lista negra del presidente Nkurunziza y sus secuaces. Burundi fue uno de los 13 países que votaron recientemente en contra de la prohibición de las Naciones Unidas de aplicar la pena de muerte a personas LGTB.
Comentarios desactivados en Una mujer de 40 años se convierte en la primera persona trans a la que Nepal permite contraer matrimonio
Monika Shahi Nath ha hecho historia en el colectivo LGTB de Nepal al convertirse en la primera persona trans a la que este Estado asiático permite casarse. Tanto ella como el que ya es su marido, Ramesh Nath Yogi (de 22 años), dicen sentirse arropados por su comunidad. “Somos felices y nos sentimos aceptados como esposo y esposa”, han explicado los emocionados protagonistas. Se da la circunstancia de que Shahi Nath también fue la primera persona trans en recibir el nuevo pasaporte con el reconocimiento de “tercer género” en 2015. Laxmi Nath Bista, un vecino del matrimonio, ha dicho al ser preguntado por Shahi Nath que “la idea del tercer género es muy nueva para la gente de aquí, muchas personas no entienden lo que significa, pero su comportamiento es bueno para todos, por lo que la aceptan”.
Son oficialmente marido y mujer. Monika Shahi Nath y Ramesh Nath Yogi contrajeron matrimonio en el distrito de Dadeldhura, una zona rural situada en el extremo oeste de Nepal. “Su relación con la familia y con la gente de la comunidad es muy buena, creemos que está bien”, explica su vecino Laxmi Nath Bista. En este sentido, la pareja tampoco duda en admitir la buena relación con su comunidad, de la que no parecen haber recibido hasta el momento ningún gesto de rechazo o de transfobia. Asimismo, el matrimonio parece estar contando con el apoyo familiar.
Sin embargo, Shahi Nath no siempre ha encontrado un camino sencillo hasta llegar aquí. Tuvo que marcharse lejos de su casa hace años para desarrollar y expresar su auténtica identidad de género porque, según sus propias palabras, “tenía miedo de decírselo a mi familia, sentía que los avergonzaría”. Pero luchando por su verdadera identidad consiguió el primer pasaporte con el reconocimiento de “tercer género” de Nepal y ahora es la primera persona trans del país que se ha casado.
Para el colectivo LGTB nacional, esta mujer de 40 años ya se ha convertido en un icono del activismo. Al respecto, la propia Nath ha utilizado el foco mediático para justificar que aunque “tengo la bendición de ser esposa, el gobierno tiene que hacer los cambios legales para que cualquiera pueda casarse fácilmente con la persona que ame”.
Comentarios desactivados en Roy Moore, el LGTBfobo expresidente de la Corte Suprema de Alabama, será el candidato republicano al Senado por ese estado
El expresidente de la Corte Suprema de Alabama, Roy Moore, que fue apartado del cargo por desobedecer el dictamen del Tribunal Supremo de los Estados Unidos favorable al matrimonio igualitario, será el candidato republicano al Senado por el estado de Alabama. Moore ha vencido al aspirante Luther Strange, que basó su campaña en postularse como el preferido tanto del establishment republicano como del propio presidente Trump. Roy Moore ha hecho gala repetidamente de su LGTBfobia, con declaraciones a favor de leyes contra la “propaganda homosexual” al estilo ruso, e incluso de penar las relaciones entre personas del mismo sexo.
El próximo mes de diciembre, se celebrará en Alabama una elección extraordinaria de su representante en el Senado de los Estados Unidos. Se trata de elegir al sucesor del exsenador Jeff Session, que ocupaba el cargo desde 1997, que dimitió el pasado mes de febrero tras ser designado por Donald Trump como fiscal general del Estado. En el intervalo, Luther Strange fue nombrado senador provisional por el gobernador de Alabama Robert J. Bentley.
Strange ocupaba anteriormente el cargo de fiscal general de Alabama, y se postuló como un ferviente y radical conservador, que además era el candidato preferido del presidente Trump, a quien ha ofrecido persistentemente su apoyo en cuestiones como inmigración o recorte de derechos de las minorías, entre ellas la LGTB. Durante su ejercicio como senador suplente, fue uno de los que instó al presidente a abandonar los acuerdos de París sobre cambio climático. Durante la campaña, alardeó repetidamente de sus conversaciones directas con el presidente, de quien recibía apoyo constante a través de las redes sociales. Strange era considerado por el entorno presidencial como un senador que apoyaría cualquier medida que tomara el ejecutivo.
Sin embargo, en las primarias celebradas el 15 de agosto, Strange obtuvo el 32,83 % de los votos, sobrepasado por el 38,87 % obtenido por Roy Moore, antiguo presidente de la Corte Suprema de Alabama. Al ser los dos candidatos más votados, se enfrentaron en la elección definitiva, que tuvo lugar el pasado 26 de septiembre. Moore se declaró vencedor con el 54,89 % de los votos, frente al 45,11 % de Strange.
La campaña de Moore se centró en dos puntos fundamentales: la más feroz LGTBfobia y la defensa de la libertad religiosa, entendida como la imposición de unas determinadas creencias al conjunto de la población. Un discurso demasiado extremista incluso para los más conservadores. En las proclamas de Moore efectuadas durante sus mítines se pudieron escuchar frases como que “el ejército ha sido dañado por las tropas transgénero que invaden nuestros baños y por la inclusividad”, o que “Dios debe ser la fuente de todas las leyes”. Se daba la circunstancia, además, de que su jefe de campaña era Steve Bannon, antiguo consejero del presidente Trump, hasta su cese en agosto de este año.
Sin embargo, tras el triunfo de Moore, el presidente Trump inmediatamente le expresó su apoyo en las redes sociales. Según fuentes cercanas a la presidencia, Trump se habría mostrado furioso por su apoyo al candidato perdedor, achacando su fracaso a la falta de carisma del propio Strange. Roy Moore se enfrentará el próximo mes de diciembre al candidato demócrata Doug Jones.
El candidato republicano más contrario a los derechos LGTB
De obtener el cargo en las futuras elecciones, es de temer que por su parte haga ostentación del mayor de los fanatismos e impulse las propuestas más exacerbadas en contra de los derechos de las minorías sexuales. De su beligerancia contra los derechos LGTB habla su propio historial.
Tal muestra de auténtica insumisión judicial le acarreó la separación definitiva del cargo, si bien no era la primera vez que se enfrentaba a una sanción semejante. Ya en 2003 fue cesado de su cargo de presidente de la Corte Suprema, que retomó en 2012, por oponerse a que se retirara del edificio del alto tribunal un monumento dedicado a los Diez Mandamientos de la religión cristiana, que él mismo había ordenado instalar subrepticiamente una noche. Y es que Moore es conocido no solo por su implacable oposición a la igualdad de derechos de las personas LGTB, sino también por su fundamentalismo cristiano. En 2014, declaraba en una conferencia ante un grupo antiabortista que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad religiosa y de expresión, solo debe aplicarse a los cristianos. En el mismo discurso afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo ocasionará “la destrucción definitiva de nuestro país”.
La beligerancia del juez Moore contra los derechos LGTB ha sido aclamada por organizaciones fuertemente LGTBfobas como National Organization for Marriage (NOM), Focus On The Family o el Ku Klux Klan, que han calificado las acciones del magistrado de “alzamiento contra la tiranía judicial”.
Comentarios desactivados en La Cámara de Diputados de Chile repudia los mensajes LGTBfóbicos de HazteOír y de su autobús del odio
Camila Vallejo, diputada chilena impulsora del proyecto de resolución que rechaza los “mensajes discriminatorios” de HazteOír.
Una amplia mayoría de la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado un proyecto de resolución que rechaza los “mensajes discriminatorios” promovidos por el mal llamado “bus de la libertad” de la organización española LGTBfóbica HazteOír. En concreto, han sido 63 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones. La diputada Camila Vallejo ha sido la principal defensora de la censura parlamentaria al bus del odio, que llegaba a Chile el pasado mes de julio, después de haber recorrido distintas ciudades de España, los Estados Unidos o Colombia, entre otros países. Para el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH), el Congreso Nacional de este Estado de Latinoamérica “ha dado una importante señal que esperamos sea replicada por todos los países donde este odioso bus siga circulando”.
Envalentonada por la impunidad judicial y la pasividad del Gobierno del Partido Popular, HazteOír reaparecía en España a principios de agosto para ensuciar el debate de la ley de igualdad LGTBI. A través del auto de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, del cual fue ponente el juez conservador Eduardo de Urbano, se levantaba la prohibición cautelar de circular al autobús de HazteOír con sus mensajes ofensivos hacia los niños y niñas trans. Un auto sorprendente que además ha servido de justificación al gobierno de Mariano Rajoy para congelar cualquier intención de retirar a esta organización ultraconservadora los privilegios fiscales que el mismo gobierno les concedió en 2013 al declararla entidad “de utilidad pública”.
Sin embargo, HazteOír y sus filiales (entre ellas, CitizenGo) han recibido un importante varapalo en Chile, donde la Cámara de Diputados ha rechazado y reprobado los “mensajes discriminatorios” y de odio de su mal llamado “bus de la libertad”. La diputada Camila Vallejo ha sido la principal defensora de la censura parlamentaria al citado vehículo LGTBfóbico de HazteOír, con el respaldo de Lautaro Carmona, Loreto Carvajal, Denise Pascal, Tucapel Jiménez, Matías Walker y Guillermo Teillier. La resolución explica que “es consenso en las Ciencias Sociales el hecho de que la promoción de estereotipos negativos en base a prejuicios y desinformación son la base de acciones discriminatorias, que pueden tener consecuencias dramáticas”.
El MOVILH se ha felicitado por esta iniciativa de la Cámara de Diputados y ha asegurado que se trata de “un claro y contundente posicionamiento del Estado contra los discursos de odio que disfrazados de creencias religiosas incitan de manera explícita o implícita a la violencia o la negación de derechos de las personas en razón de su orientación sexual o identidad de género”.
Por su parte, Rolando Jiménez, en calidad de director del Área de Derechos Humanos del MOVILH, ha enfatizado que “es del todo relevante para el integral respeto integral a los derechos humanos que el Estado no se silencie frente a los mensajes de odio y hoy el Congreso Nacional; gracias a una iniciativa encabezada por la diputada Vallejo y ampliamente respaldada por otros 62 parlamentarios; ha dado una importante señal que esperamos sea replicada por todos los países donde este odioso bus siga circulando”.
Como recogía dosmanzanas a mediados de julio, la diversidad LGTB que promueve el MOVILH en Chile se imponía al “bus del odio” de HazteOír. Al menos se registraron nueve detenidos por incidentes relacionados con el vehículo LGTBfóbico, entre ellos el autoproclamado “pastor” Soto (conocido por su hostilidad hacia los derechos LGTB). Cabe destacar que, dentro de dos semanas, está previsto que la presidenta chilena, Michelle Bachelet, presente un proyecto de ley que sancione la incitación a la violencia motivada, entre otras razones, por la LGTBfobia.
Comentarios desactivados en Egipto intensifica la persecución LGTBfóbica de Estado: 57 personas detenidas por su orientación sexual o identidad de género
Hace solo unos días, nos hacíamos eco de la detención de siete personas en El Cairo por ondear banderas arcoíris durante un concierto de la banda libanesa Mashrou’ Leila. Ahora sabemos que la escalada de LGTBfobia de Estado en Egipto se extiende como una plaga entre las autoridades y las fuerzas de “seguridad” de este país transcontinental. Se está hablando de al menos 57 arrestados por su orientación sexual o su identidad de género. Pero también hay afectados heterosexuales que han visibilizado su apoyo a la igualdad de derechos del colectivo LGTB. Human Rights Watch asegura que este país debería centrarse en “mejorar su gravísimo historial de derechos humanos” y Amnistía Internacional denuncia que algunos de los detenidos han sido sometidos a exámenes anales en contra de su voluntad. Por otra parte, se acaba de prohibir la presencia LGTB y el apoyo al colectivo en los medios de comunicación.
Cada vez son más preocupantes las noticias que nos llegan desde Egipto en materia LGTB. El propio Estado está organizando una persecución planificada, cada vez más intensa, contra la diversidad de orientación sexual e identidad de género, pero también contra la visibilización de la igualdad de derechos LGTB e incluso contra personas que brindan apoyo a las reivindicaciones del colectivo. Según cifras oficiales, 57 personas habrían sido detenidas por estos motivos arbitrarios (22 de ellas solo en lo que llevamos de octubre). Sin embargo, el número de arrestados puede ser mayor, teniendo en cuenta los antecedentes, la poca transparencia y la escasa credibilidad de las autoridades en lo que se refiere al respeto de la diversidad sexual y de género.
Como venimos recogiendo en dosmanzanas en el seguimiento informativo de la realidad LGTB en Egipto, en este país las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no están formalmente penalizadas. Por ello, a los detenidos se les suele imputar acusaciones tales como incitar al libertinaje, desviación sexual y violación de la moral pública. La Autoridad de Medicina Forense de Egipto también somete a los arrestados a exámenes anales forzados, tal y como están denunciando distintas organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Con estas tácticas decimonónicas, sin el respaldo de la comunidad forense y científica internacional, se trata de extraer “pruebas” de una supuesta “conducta homosexual”.
La ONU considera que este tipo de exámenes son “una forma de tortura”, así como “malos tratos prohibidos por el derecho internacional”. Human Rights Watch, por su parte, apunta que el Sindicato Médico Egipcio no ha tomado ninguna medida para evitar que los profesionales de la sanidad realicen estas degradantes pruebas, no consentidas por las víctimas de la represión LGTBfóbica ejercida por el Estado.
“Egipto debe dejar de dedicar recursos estatales a cazar a la gente por lo que supuestamente hacen en sus dormitorios o por expresarse en un concierto de rock y en su lugar debe centrar su energía en la mejora de su gravísimo historial de derechos humanos”, declara Sarah Leah Whitson, directora de Oriente Medio y del Norte de África de Human Rights Watch.
El abogado egipcio Ahmed Othman, miembro de la Asociación para la Libertad de Pensamiento y Expresión, ha denunciado que a los acusados también se les pregunta sobre sus puntos de vista religiosos y políticos. Además, las contraseñas de sus cuentas de redes sociales son recopiladas y se examinan sus mensajes en busca de pistas y de mayor información sobre sus actividades.
Respondiendo a las intransigentes peticiones de lobbies políticos y sociales LGTBfóbicos, el Sindicato de Profesiones Musicales egipcio impedirá a Mashrou ‘Leila actuar en Egipto nuevamente, después de la visibilización de banderas arcoíris y mensajes inclusivos durante su último concierto, celebrado el pasado 25 de septiembre. Como publicábamos estos días atrás, la banda, cuyo vocalista Hamed Sinno es abiertamente gay, ya fue vetada en Jordania tras una campaña promovida por Dima Tahboub, portavoz de Frente de Acción Islámica (la marca de los Hermanos Musulmanes en Jordania).
Egipto excluye a las personas LGTB de los medios de comunicación
El Consejo Supremo para la Regulación de los Medios de Comunicación (SCMR) ha dado a conocer una orden para prohibir todas las formas de apoyo a la comunidad LGBT en los medios de comunicación egipcios. Desde el pasado mes de abril, por decreto del presidente Abdel Fatah al-Sisi, los medios de comunicación de este país están regulados por la referida organización, así como por la Autoridad Nacional de Prensa (NPA) y la Autoridad Nacional de Medios (NMA).
Makram Mohamed, responsable del SCMR, ha expresado a raíz del concierto de Mashrou ‘Leila que la homosexualidad es una “enfermedad vergonzosa” y que no debería promoverse en los medios de comunicación. Y no solo eso, sino que en su opinión (formada por los prejuicios y su propia ignorancia) no se debe permitir que las personas LGTB se integren a menos que reciban tratamiento para mantener la moralidad pública.
Egipto: un país inseguro para oriundos y extranjeros
El propio Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en su ficha de Egipto, “desaconseja que las mujeres viajen solas, sin agencia de viajes y/o fuera de los circuitos turísticos” y explica a continuación que “aunque la homosexualidad no está formalmente tipificada como delito, los actos homosexuales en público son ilegales y hay precedentes de homosexuales condenados a prisión por contravenir leyes de ‘decencia pública’”.
Efectivamente, aunque las relaciones homosexuales no son ilegales, sí están perseguidas socialmente y se castigan a través de otras figuras legales como la “indecencia o libertinaje”, la “conducta inmoral” o la “ofensa a los sentimientos religiosos”. Además, en abril de 2015 nos hacíamos eco de la nueva potestad que se arroga el Estado para deportar a extranjeros LGTB. Esta medida era ratificada por un tribunal que falló en favor de la decisión tomada por el Ministerio del Interior egipcio de extraditar y prohibirle la entrada al país a un ciudadano libio, por ser gay.
Como señalábamos anteriormente, en abril de este 2016 fueron condenados once hombres egipcios a penas que oscilaban entre los 3 y los 12 años de cárcel, acusados del delito de “libertinaje e incitación al libertinaje”, que es el cargo que se utiliza habitualmente en Egipto para detener y condenar a homosexuales. Las detenciones se llevaron a cabo en septiembre de 2015, fruto de unas redadas que formaban parte de una “campaña de moralidad” con motivo de la festividad que marca el fin del Ramadán.
En junio de 2015, dábamos cuenta de la utilización que la “Policía de la Moralidad” hacía de appsde contacto para gais y redes sociales para engañar y detener a hombres homosexuales inocentes. La última víctima: un refugiado sirio que llegó a Egipto huyendo de las miserias y de la violencia de su país, para empezar una nueva vida, y que fue humillado, detenido y condenado a un año de prisión tras caer en una trampa policial.
Incluso algunos medios de comunicación se dedican a realizar “cacerías” contra homosexuales. Al Kahera Wal Nas emitía en diciembre de 2014 un reportaje de la denostada presentadora amarillista Mona Iraqi, que servía como excusa para detener a decenas de personas, vanagloriándose de la redada a una sauna gay de El Cairo (capital de Egipto). Un tribunal los absolvería a todos posteriormente. No obstante, siguió pesando sobre ellos otra condena que no se revoca: la estigmatización social. Un problema que a menudo deriva en violencia por parte de terceros o en intentos de suicidio. Uno de los detenidos en la sauna gay de El Cairo, por ejemplo,trató de quemarse vivo, tras difundirse las imágenes en televisión en las que se le reconocía.
En noviembre de 2014 nos hacíamos eco de la condena de un tribunal de Egipto a tres años de prisión para ocho hombres por aparecer en un vídeo en el que presuntamente se representaba la celebración de “la primera boda gay” de este país. Sin embargo, los ocho acusados habían negado los cargos que se les atribuían, así como que la controvertida boda fuese una ceremonia real, ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es posible en Egipto.
Comentarios desactivados en Estados Unidos se ve forzado a aclarar que se opone a la aplicación de la pena de muerte para castigar las relaciones homosexuales
Estados Unidos se ha visto forzado a salir al paso de las informaciones que le acusaban de haberse opuesto a una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que condenaba la aplicación de la pena de muerte por mantener relaciones homosexuales. Lo cierto, como explicábamos hace dos días, es que ese titular descontextualizado puede ser malinterpretado. La resolución era un texto globalmente crítico con la pena de muerte, y de ahí deriva la oposición estadounidense, que no es nueva (textos similares se han votado en ocasiones anteriores y Estados Unidos también ha votado en contra). Lo importante, en este caso, es que por primera vez se incluía una mención a la aplicación de la pena de muerte a las personas que mantienen relaciones homosexuales, a la que Estados Unidos, según ha confirmado ahora, se opone. Una clarificación que colectivos en defensa de los derechos LGTB consideran oportuna, aunque no ha despejado todas las críticas.
Lo explicamos en nuestra anterior entrada (en la que detallamos además el voto de los diferentes países). La resolución A/HRC/36/L.6 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aborda la pena de muerte y condena su aplicación cuando no es garantista y supone una violación de derechos humanos fundamentales. Condena, por ejemplo, la pena de muerte contra personas con discapacidad mental o intelectual, contra quienes eran menores de 18 años en el momento de la comisión del delito o contra mujeres embarazadas. También “deplora” que las personas pobres o económicamente vulnerables y los extranjeros sean condenados a muerte de manera desproporcionada. Por lo que se refiere al ámbito LGTB, lo interesante de esta resolución es que por primera vez incluye la cuestión LGTB entre sus considerandos y recomendaciones. Lo hace, en concreto, en tres ocasiones:
La primera, en su parte introductoria, al tomar nota de los informes del secretario general de Naciones Unidas sobre la cuestión de la pena de muerte, en el último de los cuales “examinó los efectos desproporcionados de la aplicación de la pena de muerte a personas pobres o económicamente vulnerables, los extranjeros, las personas que ejercen el derecho a la libertad de religión o de creencias y la libertad de expresión, y la aplicación discriminatoria de la pena de muerte contra las minorías raciales y étnicas, su aplicación discriminatoria por motivos de género u orientación sexual, y su aplicación a personas con discapacidad mental e intelectual”.
La segunda, cuando expresamente condena “la imposición de la pena de muerte como sanción por determinadas formas de conducta, como la apostasía, la blasfemia, el adulterio y las relaciones homosexuales consentidas, y expresando profunda preocupación por el hecho de que la pena de muerte por adulterio se imponga de manera desproporcionada a las mujeres”.
Finalmente, la tercera mención tiene lugar cuando insta “a los Estados que todavía no han abolido la pena de muerte a velar por que esta no se imponga como sanción por determinadas formas de conducta, como la apostasía, la blasfemia, el adulterio y las relaciones homosexuales consentidas”.
Se trata, en este sentido, de un avance importante, que la propia ILGA (Asociación Internacional de Gais, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales) saludaba como “histórico”. Sin embargo, mediáticamente quedó ensombrecido por el voto contrario de los Estados Unidos, que hizo que numerosos medios de comunicación señalasen en sus titulares a este país como opuesto a una condena a la pena de muerte por mantener relaciones homosexuales. También fue criticado por organizaciones defensoras de los derechos LGTB. “La embajadora Haley [en referencia a Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas] ha fallado a la comunidad LGBTQ al no pronunciarse contra el uso bárbaro de la pena de muerte para castigar a personas que tienen relaciones homosexuales”, declaró Ty Cobb, responsable del área internacional de Human Rights Campaign (la mayor organización de defensa de los derechos LGTB en Estados Unidos). “El desprecio flagrante de esta administración hacia los derechos humanos y las vidas de las personas LGBTQ en el mundo es más que vergonzoso”, añadió.
Tal ha sido el alcance de la noticia que el Departamento de Estado se ha visto obligado a desmentir que Estados Unidos apoye de alguna manera la aplicación de la pena de muerte a las personas homosexuales. lo ha hecho con una breve intervención de su portavoz Heather Nauert, ante la prensa, en la que explicó que su país votó contra la resolución debido “a más amplias reservas hacia la forma en la que la resolución condenaba la pena de muerte en todas las circunstancias”. Conviene recordar, en este punto, que Estados Unidos aplica la pena de muerte en 31 de sus 50 estados, y de hecho en 2016 se situó entre los diez países del mundo con más personas ejecutadas. “Los Estados Unidos condenan de forma inequívoca la aplicación de la pena de muerte para conductas tales como la homosexualidad, la blasfemia, el adulterio o la apostasía. No consideramos que tales conductas deban ser objeto de criminalización”, añadió:
La propia embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, quiso explicar en Twitter que el voto estadounidense no podía entenderse como un refrendo a la aplicación de la pena de muerte para castigar las relaciones homosexuales. “Siempre hemos luchado en favor de la justicia para la comunidad LGBT”, afirmaba Haley, que insistía en que su voto era el mismo que el que en su momento ejerció la administración Obama contra una resolución similar (si bien aquella no incluía referencia alguna a las personas homosexuales):
Fact: There was NO vote by USUN that supported the death penalty for gay people. We have always fought for justice for the LGBT community.
Las aclaraciones de la administración Trump han sido bienvenidas, por ejemplo, Por Jessica Stern, directora ejecutiva de OutRight Action International, que ha querido echar en esta ocasión echarle un guante. “Sería un error interpretar su oposición a la resolución contra la pena de muerte como un cambio en sus políticas”, ha asegurado Stern, insistiendo en que su organización segurá denunciando a la administración Trump por cada uno de los pasos que dé en contra de los derechos LGTB. Desde Human Rights Campaign, por su parte, y tras la condena inicial a la que antes hacíamos mención, han agradecido la clarificación aunque siguen mostrando su preocupación por el abandono del compromiso de Estados Unidos con los derechos LGTB a nivel global.
No faltan, en cualquier caso, los activistas que consideran ingenuo pensar que no oponerse con firmeza a la pena de muerte no afecta a los derechos LGTB. “La pena de muerte es también un asunto LGTBQ. Uno puede verlo en el modo en el que se aplica en Arabia Saudí, Yemen, Sudán y otros lugares”, ha afirmado por ejemplo Ryan Thoreson, investigador en el programa de derechos LGTB de Human Rights Watch. “Cuando los Estados Unidos no están dispuestos a denunciarlo, incluso en una relsoución irreprochable como esta, envía una señal de tolerancia hacia la pena de muerte que debería preocupar mucho a las personas LGTBQ”, ha añadido.
Países que castigan la homosexualidad con la muerte
De acuerdo al último informe de ILGA sobre Homofobia de Estado, publicado en mayo, la pena de muerte para los actos sexuales entre personas del mismo sexo se aplica en 8 estados miembros de Naciones Unidas. En 4 de ellos (Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen) se aplica en todo el estado; en 2 (Nigeria y Somalia) se aplica solo en provincias específicas. En zonas de otros 2 países (Irak y Siria), es implementado por tribunales locales, vigilantes o actores no formalmente estatales (es el caso del Estado Islámico).
Hay otros 5 estados (Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Catar y Mauritania) donde la interpretación de la sharía permite la pena de muerte, aunque ILGA no tiene conocimiento de que se esté invocando en estos momentos. Brunéi, un país que aprobó en 2014 una ley que debía implementarse en tres fases y que castigaba también con pena de muerte las relaciones homosexuales, queda por el momento fuera de la lista de ILGA al no haberse avanzado todavía hacia la segunda y tercera fase de implantación.
Comentarios desactivados en Grupos de derechos civiles reclaman el cese del hostigamiento contra el colectivo LGBT en Azerbaiyán
Detención de un opositor político en Bakú en Octubre de 2016 (Foto: REUTERS)
ILGA, Stonewall, Thomson Reuters Foundation o Civil Right Defenders son algunas de las organizacioens que luchan por los derechos civiles que solicitan al gobierno de Azerbaiyán que libere de la cárcel a decenas de personas gays, lesbianas, transexuales e intersexuales, después de que un activista, Javid Nabiyev, denunciara que se estarían realizando detenciones masivas, acompañadas de abusos vervales, agresiones físicas y exámenes médicos forzosos en Baku.
Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA-Europa, deja claro que “obligar a cualquier persona LGBTI a ser examinada médicamente en contra de su voluntad es bastante perturbador, pero también hemos recibido múltiples reportes de abuso verbal y físico. No hay ninguna justificación para esta selección indiscriminada de personas percibidas como miembros de la comunidad LGBTI. Es una violación clara y grave de la Convención Europea de Derechos Humanos(…) Estamos preocupados por el destino de las víctimas de estas incursiones y solicitamos la liberación inmediata de toda persona que aún esté detenida”.
Para ILGA es difícil medir la magnitud de esta presunta represión que sucede desde hace dos semanas, pero que no ha sido confirmada de forma independiente, como tampoco lo fuera inicialmente la de los funcionarios de Razam Kadyrov. Al igual que la pequeña República Rusa, Azarbaiyán también es un país conocido por su pésimo trato a las personas gays, lesbianas, transexuales e intersexuales. Los abogados de algunos de los detenidos han asegurado que sus clientes han sido víctimas de palizas y abusos verbales, obligándoles a pasar exámenes médicos y llegando incluso a rapar las cabezas de las mujeres transexuales.
El Ministerio del Interior de este país considera, torpemente, que con estas redadas dirigidas al colectivo LGTB y a los trabajadores y trabajadoras del sexo combate nuevas infecciones de transmisión sexual como el VIH/sida, la sífilis o la hepatitis. En un comunicado conjunto del Ministerio del Interior y la Fiscalía General de Azerbaiyán, hecho público este lunes, queda patente que las autoridades nacionales solo ven la paja en el ojo ajeno: “los informes de los medios de comunicación sobre presuntos ataques contra minorías sexuales y la violación de sus derechos son infundados y desearíamos hacer notar, una vez más, que el propósito de tal acción es llevar ante la justicia a aquellos que han violado el orden público y prevenir la propagación de enfermedades contagiosas peligrosas”. «Los arrestados son personas que manifiestan demostración de falta de respeto hacia los demás, molestan a los ciudadanos y creen que las autoridades sanitarias tienen enfermedades infecciosas», declara un portavoz del Ministerio del Interior, Eskhan Zakhidov, en una estrategia similar a la que tuviera el gobierno de Chechenia, que negaba que estuviera sucediendo ninguna purga, alegando el de Azerbaiyán que se trata de una campaña contra la prostitución.
Esta postura no es aceptada por Stonewall, quienes sostienen que las personas detenidas habían sido seleccionadas, exactamente lo mismo que asegura la Thomson Reuters Foundation, con sede en Bakú, desde donde aseguran que «las principales calles, estaciones de metro y lugares como los clubes, pubs y bares como LGBT son los principales objetivos».
En la última quincena de septiembre se ha desatado en la República de Azerbaiyán la enésima oleada LGTBfóbica orquestada por el Estado de este país de la Europa oriental. ILGA-Europa habla de al menos 50 personas detenidas por su orientación sexual o identidad de género, aunque otras fuentes suben hasta el centenar de arrestados. Algunos medios azerís tampoco se quedan atrás en su labor desinformativa y discriminatoria, apoyando las tesis gubernamentales y llegando a asegurar que “está claro que casi todas las minorías sexuales han sido infectadas con las enfermedades de transmisión sexual más peligrosas”.
ILGA-Europa condena que el ataque de Estado contra miembros de la comunidad LGBT, especialmente en Bakú (capital del país), está ofreciendo como resultado redadas de la policía, con los detenidos siendo agredidos, forzosamente examinados médicamente, multados u obligados a revelar detalles de contacto de sus teléfonos móviles. Un operativo y unos objetivos que, salvando las distancias, recuerdan a la persecución LGTBfóbica de la república semiautónoma rusa de Chechenia, destapada en abril de este año.
Activistas locales aseguran que al menos 50 personas homosexuales y transexuales habrían sido detenidas en las redadas policiales durante las últimas dos semanas, aunque Civil Rights Defenders, con sede en Suecia, afirman que el número de detenidos podría llegar al centenar, añadiendo que muchos habrían sido liberados solamente después de denunciar direcciones de otros miembros de la comunidad LGBT.
La justificación del Gobierno a esta escalada en su LGTBfobia de Estado no es en absoluto alentadora y deja al descubierto la ignorancia de las autoridades azerís en la materia. Según el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de Azerbaiyán no se trata de un “ataque” contra minorías sexuales, sino la estrategia gubernamental para “prevenir la propagación de enfermedades contagiosas peligrosas”.
Sin embargo, se ha demostrado que en los países más desarrollados la mejor forma de combatir las infecciones de transmisión sexual son las campañas de educación y prevención. La represión, en cambio, consigue el efecto contrario: desinformación, falta de voluntad de realizarse pruebas y miedo a ser fichados o a sufrir represalias por parte de las autoridades.
Golpeado y torturado con descargas eléctricas por ser gay
Uno de los últimos detenidos en denunciar su arbitraria detención ha sido Xeyal (un apodo usado para evitar nuevos abusos por parte de las autoridades azerís). En declaraciones a BuzzFeed News, este hombre explica que fue retenido durante nueve días en el Departamento de Crimen Organizado del Ministerio del Interior de Azerbaiyán. Desde su arresto, el pasado 19 de septiembre, tuvo que dejar pasar un lapso de tiempo antes de exponer su caso y de contactar con un abogado porque se sentía aterrorizado. Incluso el abogado, que asiste a muchas de estas víctimas de la LGTBfobia de Estado, tiene miedo de ser reconocido y de que esto pueda perjudicar a sus clientes o él mismo, dado que está hablando con la prensa internacional
Al ser liberado, Xeyal abandonó su apartamento y canceló su teléfono móvil, preocupándose de que no lo arrestaran de nuevo. Cuando encontró el valor para pedir ayuda, su rostro y sus brazos todavía mostraban evidencias de maltrato físico. Según denuncia el afectado, habría sido golpeado con un bastón en la cabeza, en las rodillas y en los brazos. Asimismo, habría sido sometido a descargas eléctricas en la cabeza y en otras partes de su cuerpo más de 30 veces. Durante esta tortura, las autoridades parece que intentaron sonsacarle los nombres de sus ex compañeros sexuales y que tuvo que firmar documentos sin que se le permitiera leerlos.
Por su parte, Daniel Holtgen, director de comunicaciones del Consejo de Europa, ha publicado en su cuenta de Twitter que se siente “muy preocupado por el maltrato que reportan personas LGTB” en Azerbaiyán y que resulta “necesaria” una “investigación en profundidad”.
A través de una breve nota informativa, el propio Consejo de Europa también ha expresado su preocupación y ha insistido en que “la discriminación de las minorías, tanto sexuales como de otra índole, es contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos”. Además, al tiempo que aseguran que siguen el tema de cerca, urgen a Azerbaiyán a “velar por que se respeten estos derechos y se investiguen a fondo los malos tratos denunciados”.
Azerbaiyán y su LGTBfobia de Estado
Las relaciones homosexuales fueron despenalizadas en Azerbaiyán en el año 2000, siendo la edad de consentimiento la misma que la de las relaciones heterosexuales. Por lo demás, sigue sin existir reconocimiento jurídico alguno para las personas LGTB. Y el problema no solo se traduce en la falta de derechos como las uniones civiles, la adopción o la falta de libertad de expresión para los colectivos LGTB sino en la existencia de una impunidad implícita para actos de odio por razones de orientación sexual.
El Parlamento Europeo aprobaba en 2015 una resolución mediante la cual, entre otros puntos, pedía “al Gobierno de Azerbaiyán que deje de oprimir e intimidar a los defensores de los derechos humanos que trabajan por los derechos de las personas LGBTI”. En este sentido, la Eurocámara condenaba “enérgicamente los discursos de odio, procedentes de los más altos niveles políticos, contra las personas LGBTI”.
En 2014 nos hacíamos eco del caso de un joven de 18 años al que sus propios padres le rociaron con gasolina y le amenazaron con prenderle fuego al revelarles su homosexualidad. Afortunadamente, el joven logró escapar y no se consumó el parricidio.
En 2012 recogíamos las declaraciones del activista local Yadigyar Sadykov, que afirmaba que “si una familia decidiera matar a un pariente homosexual, la mayoría de la gente lo aprobaría (…) Nunca he encontrado una persona abiertamente homosexual aquí”. Por este motivo, son pocas las personas que se atreven a visibilizar su orientación LGTB en Azerbaiyán, como por otra parte sucede en el resto de ex república soviéticas.
Comentarios desactivados en La administración Trump quiere legalizar la discriminación a las personas LGTBI
El gobierno de Trump se persona por sorpresa en los tribunales en dos casos de homofobia… para defender a los homófobos.
La Administración argumenta que las creencias religiosas y la Ley de Derechos Civiles deben permitr discriminar a las personas homosexuales.
Los republicanos están decididos a que las personas LGTB no tengamos los mismos derechos que los demás y parece que no van a parar hasta conseguirlo. De momento, y de forma totalmente absurda a la vez que sorprendente, la administración Trump ha decidido aparecer en dos procesos judiciales para defender la discriminación a personas LGTB con la más peregrinas excusas: por un lado, la libertad de creencias religiosas y por otro, que laLey de Derechos Civiles no contempla en ningún caso la discriminación por orientación sexual (de la identidad de género ni hablamos, claro).
En representación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, un abogado sostiene en un juicio por discriminación laboral que los empresarios deberían tener derecho a despedir a sus trabajadores si son homosexuales.
De esta manera, el gobierno norteamericano contradice la política que había llevado a cabo Obama de ampliar la protección a las personas LGTB sin agarrarse al literal de la ley. Y es que la Ley de Derechos Civiles es de 1964 y podría necesitar alguna reforma para actualizarla, algo que nadie quiere hacer.
Los dos casos de homofobia defendidos por Trump.
El primero de ellos es el de Jack Philips, un pastelero de Colorado, que se negó en 2012 a hacer una tarta para una boda homosexual. Entonces los novios le demandaron y ganaron pero… el pastelero recurrió y ahora el caso ha vuelto a los juzgados y el Tribunal Supremo deberá decidir si la igualdad para personas LGTB entra en conflicto con la libertad a las creencias religiosas. Philips, que cuenta con el apoyo de la firma de abogados ultrareligiososAlianza por la Defensa de la Libertad, asegura que su fe cristiana implica el rechazo a las personas homosexuales.
Y los republicanos han dicho que se presentarán en el proceso argumentado que la libertad religiosa y la libertad de expresión otorgan el derecho a discriminar a las personas LGTB. El senador Mike Lee ha asegurado que según la Primera Enmienda“no se puede obligar a que un ciudadano diga lo contrario de lo que piensa” y suponemos claro, que eso justifica cualquier barbaridad que se nos pase por la cabeza.
El otro caso que llega a los tribunales es el de Donald Zarda, La empresa de paracaidismo Altitude Express Inc, una empresa de paracaidismo, fue demandada por uno de sus empleados, Donald Zarda, tras despedirlo con la única excusa de su orientación sexual, violando de esta manera la Ley de Derechos Civiles de 1964. Debido a que Zarda fallece en un accidente en 2014, han sido sus representantes legales, su socio Bill Moore y su hermana Melissa Zarda, los que han apelado una primera sentencia que no les daba la razón, esperando ahora que los 13 jueces del Segundo Tribunal de Apelación de Nueva York tomen una decisión a su favor después de que un Tribunal de apelaciones de Chicago sentenciara que el Título VII sí protege a los trabajadores homosexuales. Sin embargo, un representante del Departamento de Justicia de Donald Trump ha defendido ante el tribunal este martes, 26 de septiembre, que los empresarios deberían tener el derecho de despedir a un empleado si es homosexual.
«Los empleadores están amparado bajo el Título VII que les autoriza a considerar la conducta sexual de sus empleado fuera del trabajo. Hay un sentido común, una diferencia intuitiva entre el sexo y la orientación sexual», argumenta Hashim Mooppan, abogado del Departamento de Justicia ante el tribunal, refiriéndose a que la Ley de Derechos Civiles establece la igualdad entre género, pero no se refiere específicamente a la orientación sexual, lo que sirve a algunos jueces para fallar en favor de las empresas y no de las personas discriminadas, como le sucede a Zarda en primera instancia.
A petición de los representantes de Zarda, la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo, que también es una organización gubernamental, comparecía también ante el tribunal, rebatiendo el punto de vista de Mooppan al alegar que el Título VII de la Ley de 1964 sí ampara a los empleados homosexuales. Si bien los jueces del Tribunal del Segundo Circuito no parecían impresionados por la postura del Departamento de Justicia en el caso, la juez Rosemary Pooler sí ha descrito su intervención como «un poco incómoda» al comprobar cómo dos agencias gubernamentales defienden posturas diametralmente opuestas.
Mooppan no ha considerado «apropiado» comentar si sus declaraciones habían sido consultadas por la división de discriminación del Departamento de Justicia, recalcando que la discriminación no se basa en la orientación sexual, sino en las diferencias «reales, físicas» entre un hombre y una mujer, llegando a firmar que los empresarios deberían estar autorizados a despedir a sus trabajadores por determinadas conductas fuera del trabajo, como la promiscuidad, y que el Congreso de los Estados Unidos nunca había amparado a las personas homosexuales con esta ley. El caso podría llegar finalmente ante el Tribunal Supremo, donde el gobierno estaría representado por el Departamento de Justicia.
CBS Corp, Google, Microsoft y Viacom Inc., son algunas de las cincuenta compañías que han suscrito un escrito ante un Tribunal de Apelaciones del Circuito Manhattan, solicitando una regulación que prohíba expresamente la discriminación por orientación sexual a nivel federal, refiriéndose específicamente al caso de Zarda. Una protección que estaba confirmada por la administración de Barack Obama, pero que era revocada por la de Donald Trump en marzo de este mismo año en una de sus acciones contra el colectivo LGBT, del que tan amigo era en campaña.
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