La introducción del matrimonio igualitario en Suecia y Dinamarca se acompañó de una caída de los suicidios en personas de orientación homosexual, según recoge un estudio publicado en la revista Journal of Epidemiology & Community Health. Los autores del estudio consideran probable que la reducción del estigma asociado a la condición de gay o lesbiana que supuso la aprobación del matrimonio igualitario, entre otras medidas, esté en la base de dicha reducción.

Siempre hemos sabido que la ley del matrimonio gay o inclusivo, que se aprobó en España en 2005, tenía consecuencias más allá de la simple posibilidad legal de casarse. En España hemos visto como la aceptación a las personas LGBT iba en aumento gracias a la normalización que nos aportó esta ley, y en Suecia y Dinamarca están midiendo los efectos que tiene al ley del matrimonio en el ratio de suicidios de las personas LGBT. Los científicos saben desde hace tiempo, que las personas casadas, sin tener en cuenta su orientación sexual, tienen menos posibilidades de suicidarse que las personas solteras. En el caso de los heterosexuales, el descenso de suicidios entre solteros y casados es del 28%.

El estudio analiza la evolución de la conducta suicida en dos periodos: el comprendido entre 1989 y 2002 y el comprendido entre 2003 y 2016. El número de suicidios cayó tanto en personas que vivían una relación heterosexual como entre las que vivían una relación homosexual, pero la reducción fue significativamente mayor en estas últimas (46% frente a 28%). Para más detalles, puedes acceder a la totalidad del estudio aquí. Cabe señalar que tanto en Suecia como en Dinamarca hay datos fiables sobre el número de suicidios, algo que lamentablemente no sucede en otros países.

Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Estocolmo y del Centro para la Prevención del Suicidio de Dinamarca ha analizado el número relativo de suicidios entre 1989 y 2002 y entre 2003 y 2016 dando como resultado que los suicidios entre personas LGTB cayeron un 42% entre los dos periodos, frente al 28% de bajada en grupos heterosexuales.

Para el estudio del ratio de suicidios entre personas del mismo sexo en Suecia y Dinamarca, siguieron 28.000 parejas del mismo sexo durante un promedio de 11 años. Para empezar dividieron los datos entre 1989 y 2002, y las personas que se casaron entre 2003 y 2016. El resultado fue apabullante, hubo un descenso de nada más y nada menos que del 46% en los suicidios entre los que se casaron en el segundo periodo.

Las fechas no son arbitrarias. Pese a su tardía incorporación al club de los países donde el matrimonio igualitario era legal (2012), Dinamarca aprobó la primera ley que dotaba de cierto amparo legal a las parejas LGBT en 1989. Por su parte, en 2003, Suecia extendió la normativa de parejas de hecho al colectivo LGTB, aunque la Ley de matrimonio llegó en 2009. Tan solo tuvieron que pasar treinta años para que los gobiernos ampliaran la base de derechos LGBT.

A corto plazo, esto tiene consecuencias en la forma en la que el colectivo LGBT se observa a sí mismo, y por tanto en su salud mental. La tasa de suicidios entre personas homosexuales o trans es mucho mayor a la de heterosexuales y cisgénero. Si a esto sumamos el efecto «salvador» del matrimonio, ya que los solteros se suicidan mucho más, el resultado, en Suecia y Dinamarca, es muy simple: menos suicidios.

Obviamente, dadas la naturaleza de la investigación, resulta imposible asegurar que dicha reducción sea consecuencia directa de la aprobación del matrimonio igualitario, y el estudio se cuida muy mucho de afirmarlo así. Hay que tener en cuenta, además, que la evolución del reconocimiento de las parejas del mismo sexo en esos países no ha sido un «todo o nada». Ambos fueron pioneros en el reconocimiento de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (Dinamarca en 1989 y Suecia en 1995). Por lo que se refiere al matrimonio igualitario propiamente dicho, Suecia lo aprobó en 2009 y Dinamarca en 2012. En ambos países, además, es posible el matrimonio religioso entre personas del mismo sexo en el seno de sus respectivas iglesias luteranas.

El estudio advierte, de cualquier modo, que queda trabajo por hacer. La tasa de suicidios dentro de los matrimonios homosexuales sigue superando con mucho a la de las parejas heterosexuales. Un estudio del 2018 basado en 35 investigaciones de diez países diferentes observó que los jóvenes LGTB trataban de suicidarse tres veces más que sus iguales heterosexuales. Ante este problema la solución parece bastante sencilla: educar y legislar.

Sin embargo, la autora principal del estudio, la profesora Annette Erlangsen, del Instituto Danés de Investigación para la Prevención del Suicidio, se muestra convencida en declaraciones a la prensa de que ha tenido mucho que ver. «La legalización del matrimonio igualitario y otras medidas legislativas de apoyo reducen el estigma asociado a las minorías sexuales», argumenta. Algo que por otra parte está en línea con lo que han mostrado otros estudios similares, como el publicado en la revista JAMA Pediatrics en abril de 2017 (ver aquí) que mostraba una reducción en la tasa de suicidios en adolescentes LGTB estadounidenses que vivían en estados que permitían el matrimonio igualitario comparados con los que lo prohibían (los datos correspondían al intervalo entre 1999 y 2015, año en que el matrimonio igualitario se hizo extensivo a todo el país por sentencia de su Tribunal Supremo).

Cabe señalar, en cualquier caso, que las tasas de suicidio siguen siendo más elevadas en personas que inician una relación de pareja homosexual que entre las que inician una relación heterosexual, algo que también está en línea con lo recogido en otros estudios y que es fiel reflejo de la discriminación que todavía viven las personas de orientación homo o bisexual.

No es la primera vez que se hace un estudio de este tipo. En 2017 la Universidad de Hardvard hizo un estudio sobre los suicidios de personas LGBT en la adolescencia y concluyeron que había un 14% menos de suicidios en los estados que tenían una ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo.

De todos modos el estigma sigue ahí. Aunque se haya mejorado mucho en los últimos años, el estudio de daneses y suecos también concluye que las personas en matrimonios con personas del mismo sexo son 2,3 veces más proclives a suicidarse que los heterosexuales. Esto nos da una información muy clara: todavía queda mucho camino por recorrer para conseguir la plena igualdad, aunque en los últimos años hemos dado pasos de gigante en lo que a nuestros derechos y bienestar psicológico se refiere.

Fuente  Queerty, vía Oveja Rosa/AmbienteG/Dosmanzanas

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El pasado viernes quedó visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Granollers el juicio contra los «Pilla Pilla», el infame grupo homófobo que, a imitación de los neonazis rusos de Occupy Pedofilyaj, se dedicó a finales de 2013 a hostigar, en los alrededores de Barcelona, a homosexuales con los que contactaban a través de chats. La Fiscalía solicita penas de 21 años de prisión para sus dos cabecillas, acusados de tres delitos contra la integridad moral y dos contra la intimidad, además de condenas de 15, 6 y 2 años de prisión para otros cuatro acusados, uno de ellos menor de edad en el momento de los hechos.

El juicio se celebró la pasada semana y en él se personaron además como acusación particular la Comisió Unitària 28 de Juny (que agrupa a diversos colectivos LGTBI catalanes), la FELGTB, la Fundación Triángulo y el Movimiento contra la Intolerancia, representados por la abogada Laia Serra. Las sesiones del juicio, en cualquier caso, no han arrojado sorpresas sobre lo que ya se conocía. El «proyecto Pilla-Pilla», liderado por el joven de origen ucraniano Mikola Zatkalnitsky, alias «El Rusky», fue desarticulado por los Mossos d’Esquadra a finales de 2013. Durante aquellos días, su actividad alcanzó gran eco en redes sociales, gracias a su supuesta finalidad «cazapederastas», aunque pronto quedó claro que no era más que un grupo homófobo creado a imitación de Occupy Pedofilyaj, una red de grupúsculos rusos responsables de numerosos episodios de violencia contra personas LGTBI especialmente activa en esa época y con la que de hecho compartían simbología: un puño cerrado con el pulgar hacia arriba, aunque doblado. Los acusados, sin embargo, han mantenido que su intención era solo la de perseguir pederastas.

El fiscal contra los delitos de odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, describía en su acusación al menos tres ataques acreditados del grupo a víctimas en Granollers, todos ellos con el objetivo de «atemorizar, humillar y represaliar» a hombres homosexuales valiéndose de la «notable desproporción» de su fuerza numérica. Tras engañarla a través de las redes sociales, el grupo concertaba un encuentro con la víctima, a la que rodeaba por sorpresa para que no huyera, la retenía y la filmaba mientras la sometía a un interrogatorio humillante, con preguntas vejatorias sobre su condición sexual, que finalizaba con la coacción a la víctima para que dijera frente a una cámara que era un «pederasta». Les obligaba además a facilitar ante las cámaras su nombre completo y DNI para poder quedar libres. La mecánica era, en este sentido, calcada a la de los neonazis rusos, cuyos vídeos el propio Mikola Zatkalnitsky compartía en su perfil de VKontakte, principal red social rusa (en la que por desgracia sigue siendo posible acceder a numerosas de estas grabaciones en las que se maltrata a homosexuales).

El líder de Occupy Pedofilyaj, recordemos, era Maxim Martsinkevich, alias «Tesak», un famoso neonazi ruso que ya antes había sido el inspirador de Format 18, organización racista que pocos años antes se había hecho muy conocida por sus salvajes agresiones a ciudadanos no rusos. Martsinkevich fue condenado en 2014 a 5 años de prisión en su propio país, mientras que otros 6 integrantes de Occupy Pedofilyaj fueron condenados en 2015, también en Rusia, a entre 3 y 6 años de prisión.

Volviendo a los «Pilla-Pilla», hay que tener en cuenta que, también a imitación de los neonazis rusos, al maltrato del momento se unía el hecho de que los vídeos eran luego difundidos para escarnio de las víctimas, algo que la Fiscalía considera que causó un daño irreparable en su honor y en su dignidad. El fiscal destaca además que los ataques causaron un estado de alarma social entre el colectivo homosexual, que temió por su integridad y se vio gravemente afectado en su dignidad colectiva. Por todo ello, además de las penas de cárcel, el fiscal reclama indemnizaciones por valor de 31.000 euros euros para cada una de las tres víctimas y la prohibición de acercarse a un kilómetro de distancia. Por cierto, que meses después de la desarticulación del grupo se supo de su conexión con una agresión racista ocurrida en el metro de Barcelona.

El Observatori contra l’Homofòbia espera una sentencia justa

En declaraciones a dosmanzanas, Ton Mansilla, asesor jurídico del Observatori contra l’Homofòbia, ha expresado su esperanza en que el juicio derive en unas condenas justas. «Desde el Observatori valoramos muy positivamente que todas las acusaciones coincidieran en remarcar el agravio que supuso el ‘Proyecto Pilla-Pilla’ contra la dignidad de todo el colectivo LGTBI, así como el potencial lesivo de los hechos, que va más allá de las víctimas concretas», ha declarado. «Las entidades LGTBI esperamos una sentencia justa en términos de derechos humanos y de protección de las minorías, que mande un mensaje claro contra la impunidad de los grupos de extrema derecha, y a la vez suponga un paso más para romper el silencio de las víctimas de la LGTBIfobia. Tal y como remarcó la abogada de la acusación popular, Laia Serra, los Estados tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos frente a los delitos de odio, según ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», ha añadido Mansilla.

Estaremos atentos.

Fuente Dosmanzanas/FELGTB

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El Tribunal de Apelaciones de las Islas Caimán ha resuelto a favor del Gobierno insular y ha revertido la sentencia que declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario. De esta manera, en el territorio británico vuelve a estar vigente la legislación que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. A su vez, el Tribunal de Apelaciones ha ordenado a las autoridades ejecutivas que creen una figura legal que otorgue derechos a las parejas del mismo sexo, aunque no fija un plazo determinado, sino que urge a que se realice con la mayor celeridad posible. De esta manera, las personas LGTB de las Islas Caimán ven cómo pierden un derecho que se les había reconocido.

El pasado mes de marzo, el Alto Tribunal de las Islas Caimán dictaminaba a favor de Chantelle Day y su pareja, la británica Vickie Bodden Bush, que habían presentado una denuncia en abril de 2018 por habérseles denegado en el Registro Civil la posibilidad de contraer matrimonio. El presidente del Alto Tribunal, el juez Anthony Smellie, resolvió que Chantelle y Vickie tenían razón y que la denegación del permiso de matrimonio por ser una pareja del mismo sexo era contraria a la Constitución de las Islas Caimán.

El juez Smellie también ordenó en su sentencia que el Gobierno reformase el artículo de la Ley de Matrimonio que definía la institución como «la unión entre un hombre y una mujer» para que quedase calificado como «la unión de dos personas como cónyuges». Sin embargo, el Gobierno decidió apelar la decisión del Alto Tribunal y presentó el correspondiente recurso en el mes de agosto.

Tras estudiar el recurso y dar audiencia a las partes, el Tribunal de Apelaciones ha resuelto a favor del Gobierno y ha anulado la sentencia del Alto Tribunal, al considerar que la legislación sobre el matrimonio sí se ajustaba a la Constitución de las Islas Caimán. Sin embargo, también ha ordenado al Gobierno que otorgue a Chantelle Day y Vickie Bodden Bush los mismos derechos que a una pareja legalmente casada. Asimismo, insta a que se cree con la mayor celeridad una figura legal que otorgue a las parejas del mismo sexo derechos semejantes a los del matrimonio, como podría ser una ley de uniones civiles.

El Tribunal de Apelaciones también ha solicitado a las autoridades del Reino Unido que vigilen que el Gobierno caimanés articule la citada legislación y, en caso de no hacerlo, que legisle al respecto, al hacer constar que el Gobierno no había cumplido la orden dictada anteriormente por el Alto Tribunal. Sin embargo, no fija un plazo determinado para que intervengan las autoridades británicas.

El abogado de las demandantes, Ben Tonner, ha declarado que ambas están estudiando qué pasos van a seguir desde ahora, aunque «son conscientes de que la sección 26(3) de la Carta de Derechos les da el derecho de apelar ante el Comité Judicial del Consejo Privado sobre el asunto del matrimonio». Se trata de la más alta instancia de apelación para los ciudadanos del Reino Unido y de sus territorios.

El matrimonio igualitario en Reino Unido, sus dependencias y territorios

La composición política y territorial del Reino Unido es compleja, lo que repercute en la legislación de derechos como el matrimonio igualitario, ya que cada territorio o dependencia tiene competencia plena al respecto. La situación es la siguiente (entre paréntesis, la entrada en vigor de la correspondiente legislación):

En las tres dependencias de la Corona:

• La isla de Man (2016), Guernsey (2017) y Jersey (pendiente de sanción real) cuentan ya con leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo.
• El Bailinazgo de Guernsey tiene, a su vez, dos dependencias: en Alderney las parejas del mismo sexo puede casarse desde el 13 de diciembre de 2017, mientras que en Sark aún no se ha legislado al respecto, pero sus responsables políticos se han comprometido a hacerlo próximamente.

En los 14 territorios de ultramar:

• El matrimonio igualitario está aprobado en las islas Pitcairn (2015); el Territorio Antártico Británico (2016); la base de Acrotiri y Dekhelia (2014); Gibraltar (2016); el Territorio Británico del Océano Índico (2014); las islas Malvinas (2017); Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur (2014); y el territorio que conforman la isla de Santa Elena, la isla Ascensión y Tristán de Acuña (2017) y Bermudas (2018).
• No es legal en Anguila (aunque sí se reconocen los matrimonios celebrados en circunscripciones donde está permitido), las islas Vírgenes Británicas, las islas Caimán, Montserrat y el territorio conformado por las islas Turcas y Caicos.

En el propio Reino Unido en sí:

• Existe el matrimonio igualitario en Inglaterra, Gales (2014) y Escocia (2014).
• En febrero del 2020 entrará en vigor en Irlanda del Norte, después de que la Cámara de los Comunes aprobase una legislación que establecía que, de no formarse Gobierno en Irlanda del Norte antes del 21 de octubre, el ejecutivo británico debería aprobar de inmediato el matrimonio entre personas del mismo sexo en ese territorio.

Fuente Dosmanzanas

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Se da la curiosa circunstancia de que RTVE, Mediaset y Atresmedia han rechazado pujar por la emisión del campeonato celebrado en el país cuyo Gobierno ha calificado recientemente la homosexualidad, el feminismo y el ateísmo como «extremistas». Amnistía Internacional ha realizado un llamamiento para presionar al reino saudí a instaurar reformas aperturistas reales. La asociación Deporte y Diversidad, por su parte, rechaza que la Real Federación Española de Fútbol sitúe los intereses económicos por encima de los derechos humanos.

Los tres partidos en los que se divide por primera vez la Supercopa, dos semifinales y una final, se celebrarán por primera vez fuera del territorio español para seguir internacionalizando la fama de una de las que está considerada una de las mejores ligas de fútbol del mundo. El nuevo formato responde a un interés comercial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ya que antes la Supercopa la disputaban el ganador de la Liga contra el ganador de la Copa del Rey.

Un movimiento que, según recoge Marca, también corresponde a un intento de contribuir a un proceso del reino saudí de limpieza de imagen exterior, «trasladando al mundo un mensaje de apertura y cambio en su sociedad». Algo que no parece ser la realidad del rico país petrolero. Desde el Gobierno saudí se ha lanzado recientemente un vídeo en el que califica la homosexualidad y el feminismo como «extremistas» y los compara con una bomba. Un vídeo que las autoridades se han afanado en retirar tras comprobar la respuesta internacional. Sin embargo, Arabia Saudí ya ha quedado retratada ante el mundo, y no se libra de su imagen retrógrada ni con su última medida referente a este partido: que las mujeres puedan entrar al estadio sin restricciones.

En este sentido, Amnistía Internacional ha alertado que dicho vídeo «contradice claramente la falsa imagen reformista del reino de la que sigue haciendo alarde en el ámbito internacional el príncipe heredero Mohammed bin Salman». Y anima a los aliados del régimen saudí, entre los que se encuentran Estados Unidos, Reino Unido y los países de la Unión Europea (entre ellos España) a «presionar al reino saudí y subrayar la necesidad urgente de proteger la libertad de expresión en el país, comenzando con la excarcelación de las personas que defienden los derechos humanos y que están en prisión, y de todas las personas privadas de libertad por la expresión pacífica de sus ideas». Algo que choca claramente con el acuerdo de la RFEF.

En el contexto de la polémica, RTVE ha rechazado pujar por la emisión de este partido. Algo que el ente justifica por razones humanitarias, aunque según Europa Press las razones económicas también habrían pesado (no hay que olvidar que RTVE pasa por un delicado estado global, enfrentada a una situación económica que no alcanza el equilibrio y a una importante crisis de audiencia). Los dos grupos generalistas privados, Mediaset y Atresmedia, también han declinado pujar por emitir el evento deportivo.

Con todo esto, la respuesta de la RFEF es que la celebración de este campeonato puede ayudar a crear un espacio para la mejora de la situación de las personas en Arabia Saudí. «Teníamos el reto de ayudar a que los niños y las niñas de Arabia Saudí pudieran mejorar por medio del deporte (…) Creemos en el fútbol como herramienta social y de cambio y aceptamos el reto de transformación que hay en Arabia Saudí con una Supercopa que sin duda va a ser la más emocionante de la historia», ha señalado el presidente de la RFEF, Luis Rubiales. Es necesario también señalar que los equipos llamados a participar en este evento no han mostrado su disconformidad ante la elección del país dictatorial para la celebración del campeonato. Se trata del campeón de liga (F.C. Barcelona), el campeón de la Copa del Rey (Valencia C.F.), y los nuevos añadidos a este sistema, el segundo y tercer clasificados de la liga (Atlético de Madrid y Real Madrid).

Deporte y Diversidad reclama a la RFEF y a los clubes romper el acuerdo

Por su parte, la asociación Deporte y Diversidad, que agrupa a varios clubes deportivos LGTBI de la Comunidad de Madrid, ha expresado su rechazo a la decisión debido a la situación de la comunidad LGTBI en Arabia Saudí. «El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, afirmó en la cadena SER que la posibilidad de que las mujeres accedan a los estadios ‘está en el acuerdo’. En sus declaraciones explicó que podían ‘haberlo hecho en otro país y darle la espalda a las mujeres y hombres que viven allí, o participar activamente para hacer ver que una sociedad puede transformarse’. El señor Rubiales ha olvidado en esta especie de justificación a las personas LGTBI, que son condenadas a muerte en este país solo por ser cómo son», ha denunciado su presidente, David Guerrero. Deporte y Diversidad reclama tanto a la RFEF como a los clubes participantes que rompan el acuerdo. «El deporte no debe utilizarse para blanquear la imagen de un país que no garantiza los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI», expresa en su comunicado.

La asociación de deportistas LGTBI señala que decisiones como esta de la RFEF son las que dan pie a la ausencia de referentes LGTBI en el fútbol profesional masculino. «Además de enfrentarse a los insultos de las gradas o el aislamiento de ciertos patrocinadores, un futbolista gay que quisiera vivir en libertad vería además su vida en peligro al participar en la Supercopa o en el próximo Mundial de Qatar», ha señalado Guerrero. Deporte y Diversidad, además, recuerda que en mayo de 2017 la UEFA, cuya vicepresidencia ostenta actualmente el propio Luis Rubiales, incluyó la obligatoriedad de respetar y proteger los Derechos Humanos en un capítulo específico de los requisitos que deben certificar aquellos países interesados en organizar las finales de competiciones de clubes de la UEFA desde 2020 en adelante.

Una régimen hasta ahora implacable con el colectivo LGTBI

Hay que tener en cuenta que, en Arabia Saudí, una monarquía absoluta y teocrática, no existe un Código Penal propiamente dicho, sino que la justicia se aplica en base a la interpretación que los jueces islámicos hacen de la sharía, que puede variar enormemente (entre otros factores, según la clase social y la nacionalidad del «culpable»: normalmente los castigos son mucho más duros para trabajadores inmigrantes de origen no occidental que para los miembros de las clases altas del país).

Por lo que se refiere a la esfera LGTBI, las penas más elevadas, incluyendo la muerte —pero también la cárcel o castigos físicos, como los latigazos públicos— corresponden al mantenimiento de relaciones homosexuales. En caso de reincidencia la pena de muerte es aún más probable. Otro tipo de «ofensas» son castigadas de modo diverso.

Nos hemos hecho eco de algunos casos: en marzo de 2017, por ejemplo, informábamos de la detención de 35 ciudadanos paquistaníes por participar en una «fiesta para homosexuales». También dimos cuenta de la tortura y asesinado de dos mujeres transexuales por parte de la Policía de la Moral. En noviembre de 2014, recogíamos cómo un hombre era condenado a tres años de cárcel por publicar en redes sociales fotografías de sí mismo desnudo y su ofrecimiento para mantener relaciones con otros hombres. Meses antes, otro hombre era condenado también a tres años de cárcel y 450 latigazos por buscar contactos con otros hombres a través de Twitter. Meses antes, otro hombre era condenado también a tres años de cárcel y 450 latigazos por buscar contactos con otros hombres a través de Twitter. En junio de 2013, cinco hombres eran detenidos por participar supuestamente en una boda homosexual. En enero de 2012, en otro caso parecido, un hombre era arrestado por usar Facebook para establecer contacto. En octubre de 2011 eran detenidos 20 hombres durante una celebración. Un año antes era un ciudadano británico el que resultaba agredido y amenazado por la policía religiosa por su condición de gay.

Más allá de las condenas y arrestos, también nos hemos hecho eco de iniciativas que muestran la homofobia de estado en el país saudí: desde la intención de las autoridades de expulsar del sistema educativo a homosexuales y chicas de aspecto masculino hasta la oposición del gobierno al uso del dominio .gay en Internet, o, aún más grave, la iniciativa para castigar con la pena de muerte a quienes hagan pública su orientación sexual en redes sociales y medios.

Fuente Dosmanzanas

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El odio homófobo vuelve a hacer acto de presencia en las calles de Georgia. El motivo esta vez ha sido el estreno de And Then We Danced, una coproducción sueco-georgiana que narra el romance entre dos bailarines en el difícil contexto social y religioso del país caucásico.

Grupos cristianos y ultraderechistas se manifestaron el pasado viernes para intentar impedir la exhibición de la película, que opta al Óscar al mejor filme internacional. Aunque no lo consiguieron, quemaron banderas arco iris y lanzaron cohetes que hirieron a varias personas.

And Then We Danced («Y entonces bailamos») es una película sueco-georgiana que narra el romance entre dos bailarines de la danza tradicional del país caucásico. Aclamada en el festival de Cannes, el filme refleja las dificultades que sufren los ciudadanos LGTB en Georgia, una sociedad muy tradicional y religiosa que reacciona con hostilidad a las relaciones entre personas del mismo sexo.

Horas antes del estreno de la película, que acaparó titulares en los medios de comunicación, varios cientos de personas se fueron congregando en los alrededores del cine Amirani de Tiflis, entonando consignas homófobas y quemando banderas arco iris. Los manifestantes, una amalgama de nacionalistas, prorrusos y ortodoxos, bloquearon la entrada al local y arrojaron cohetes a la policía, que intentaba proteger el acceso de los espectadores a la sala. El ministerio del Interior se había comprometido a garantizar la seguridad del evento.

AP Photo/Zurab Tsertsvadze

Las escenas se repitieron en la ciudad costera de Batumi, donde también se exhibió el filme, y en otros cuatro pases en Tiflis durante el fin de semana. Las protestas se saldaron con cuatro heridos que requirieron asistencia médica y cerca de treinta manifestantes detenidos. A pesar de ello, el director de And Then We Danced, Levan Akin, expresó su satisfacción por que los cines no hubieran cancelado la première. El mismo viernes pasado, el protagonista de la película Levan Gelbakhiani ganaba el premio a mejor actor principal en el festival internacional de cine de Minsk (Bielorrusia), en otro país con una acusada LGTBfobia social y de Estado.

La extrema derecha ataca al colectivo LGTB en Georgia

En los últimos años, tanto la iglesia como los ultraderechistas han impedido la normal celebración de actos y reivindicaciones en el Día Internacional contra la LGTBfobia (en 2013, por ejemplo, dosmanzanas recogía que contramanifestantes homófobos provocaron varios heridos en Tiflis). El año pasado, un joven radical agredía a un activista LGTB que se encontraba pronunciando un discurso para un pequeño grupo en una vía pública de Tiflis, solo unos días después de que las amenazas de la extrema derecha obligaran al activismo a desconvocar la manifestación por el día contra la LGTBfobia. Los activistas LGTB atribuyen el fortalecimiento de los grupos extremistas a la pasividad de las autoridades hacia las cuestiones de política social y les han pedido que asuman la responsabilidad de lo que está sucediendo.

El Parlamento de Georgia aprobó en 2014 una ley contra la discriminación, que incluye la protección con respecto a la identidad de género y a la orientación sexual. Aunque se levantaron algunas voces críticas con la legislación, por quedarse corta, lo cierto es que supuso un avance, desafortunadamente más sobre el papel que en hechos, teniendo en cuenta la notable influencia social de la iglesia ortodoxa y apostólica georgiana, especialmente hostil a los derechos de la comunidad LGTB. En el informe anual sobre derechos LGTBI en Europa, que incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI, Georgia ocupa el puesto 24 de 49.

Fuente Dosmanzanas

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«La ultraderecha está envalentonada con el resultado de las elecciones y con su discurso de odio pasan cosas como esta», ha asegurado el político socialista, que ve reforzado su compromiso con la defensa de los derechos y libertades colectivos.

Como bien sabemos, el partido de ultraderecha Vox, fue el partido más votado en Murcia en las últimas elecciones generales. Una comunidad que ya estaba llevando a cabo reformas de sus Estatutos Autonómicos, como el del derecho de identidad de género.

Pues bien Vox, ya está empezando a derogar todas estas reformas, incluyendo las leyes LGTB que ya estaban aprobadas. Y el problema es que ahora con Vox gobernando en Murcia, las cosas solo van a ir a peor.

Por eso no es de extrañar las pintadas de odio que han aparecido en un parque en la localidad murciana de Algezares, dirigidas al alcalde Juan José Garre del PSOE. Mensajes de odio, que afortunadamente los servicios públicos ya se han encargado de borrar.

Pero que dejan en evidencia el sentimiento actual de la región murciana hacia el colectivo LGTB. Y no es la primera vez que ocurre algo similar, en el año 2018 el ayuntamiento de Murcia concedió una subvención de más de 8000 euros a una organización católica que ofrecía terapias de conversión.

Frases como «Muere alcalde maricón», «Maricas HDP [hijos de puta] fuera», «Asco» y un intento de dibujar una esvástica aparecieron el pasado martes en un columpio del parque frente al cual se sitúa la Junta Municipal de Algezares, una pedanía del municipio de Murcia.

El objetivo de las pintadas no es otro que Juan José Garre, el alcalde pedáneo. Se trata de un político visible y casado con su pareja que goza de un importante apoyo vecinal: en las pasadas elecciones municipales consiguió por segunda vez la victoria, consiguiendo en esta ocasión la mayoría absoluta de vocales en su Junta Municipal. Se trata, de hecho, de los pocos pedáneos que han reeditado el apoyo a fuerzas progresistas. Solo 3 de las 59 pedanías que conforman el municipio de Murcia votaron mayoritariamente al PSOE, formación para la que Garre ha obtenido el apoyo en los niveles local, regional y también nacional.

El alcalde ha presentado denuncia de los hechos:

Ante los que quieren quitarnos libertades y derechos. Ante la intolerancia y homofobia. Ante las amenazas e insultos. No nos callamos! #nopasaran #NiUnPasoAtras https://t.co/1ibbMemAZW

— Juan Jose Garre (@jj_garre) 15 de noviembre de 2019

Y ha recibido el apoyo de vecinos y del PSOE.

✖️Faltas de respeto contra nuestro alcalde pedáneo @jj_garre en Algezares

No entendemos que en pleno siglo XXI «marica» siga siendo un insulto

Esta intolerancia solo conseguirá demostrar lo que realmente propagáis: odio y fanatismo

❤️Compañero, cuenta con nosotros pic.twitter.com/tYBYHdNPxy

— Grupo PSOE Murcia (@GrupoPSOEMurcia) 12 de noviembre de 2019

Cargos electos de formaciones políticas diversas han manifestado su apoyo a Garre, incluyendo al primer teniente de alcalde y concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez (Ciudadanos); la segunda teniente de alcalde del municipio de Murcia y concejal de Juventud y Movilidad Sostenible, Rebeca Pérez (Partido Popular), e incluso del representante de Vox en la pedanía, Ernesto Ballester. «Estoy abrumado por el cariño recibido, incluso se ha montado una concentración de apoyo, estoy muy agradecido», ha expresado Garre.

Gracias a mi partido @PSOE y a todas sus gentes. Con ello hago extensivo mi agradecimiento a todas las personas que me han mostrado su apoyo. NI UN PASO ATRÁS! https://t.co/KMIFtcV7cz

— Juan Jose Garre (@jj_garre) 14 de noviembre de 2019

Además, los vecinos de Algezares convocaron para el pasado sábado, día 16, una concentración a las 12:00 horas en la Plaza de la Rosaleda:

Mañana en #Algezares. Gracias a todos los vecinos y vecinas. pic.twitter.com/SsxJL0tzJU

— Juan Jose Garre (@jj_garre) 15 de noviembre de 2019

Garre también ha indicado que este hecho solo sirve para «reforzar la ilusión y determinación en favor de los derechos y libertades colectivos». «Ayer fue la gota que colmó el vaso», ha añadido el pedáneo, en referencia a la última propuesta del partido de extrema derecha, la derogación de la ley murciana contra la discriminación de las personas LGTBI.

Por otra parte, el grupo socialista del Ayuntamiento de Murcia ha presentado una denuncia por la aparición de las pintadas.

El discurso de odio arrecia en Murcia

Como hemos comentado, Vox, que se siente reforzada tras ser la fuerza más votada en la comunidad autónoma el pasado 10 de noviembre, ya ha pedido en la Asamblea regional la derogación de la ley contra la discriminación de las personas LGTBI. Tras el pacto entre PP, Ciudadanos y Vox, que los naranjas niegan y que es aún más evidente tras hacerse Vox con la presidencia de la comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua en la Región de Murcia, el discurso homófobo, bifobo, tránsfobo, machista, supremacista y xenófobo ha quedado legitimado en todo el territorio regional y respaldado por una parte significativa de la población en las urnas.

Cabe recordar que tras las elecciones autonómicas, Vox ya había puesto encima de la mesa la derogación de la ley LGTBI, que PP y Ciudadanos no aceptaron. Sin embargo, los partidos de Gobierno sí han cedido ante una de las principales exigencias de los ultra católicos: implantar el mal llamado «pin parental» en la Región de Murcia para evitar las charlas contra la LGTBIfobia en los centros escolares. Una deriva LGTBIfoba que parece que solo acaba de comenzar.

Fuente Agencias/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Algezares, Ciudadanos, Delitos de Odio, Elecciones Generales 2019, Homofobia, Juan José Garre, LGTBIfobia, Murcia, PP, PSOE, Violencia LGTBIfoba, VOX

Nuevo episodio de LGTBIfobia. Dos chicas menores de edad sufrieron una brutal agresión por parte de tres jóvenes hace unos días en un parque de la localidad coruñesa de Carballo. Los agresores, todos chicos, las vieron besándose y comenzaron a insultarlas, poco antes de golpearlas. Las víctimas —que aún se encuentran en el armario— tuvieron que ser atendidas en un centro sanitario de la localidad, pero decidieron no denunciar los hechos ante la Guardia Civil por temor a posibles represalias.

Los hechos tuvieron lugar en el parque do Anllóns, situado en las inmediaciones de la nueva estación de autobuses de la localidad de Carballo (A Coruña). Dos chicas, de entre dieciséis y diecisiete años, se encontraban besándose en ese lugar cuando tres adolescentes se acercaron a ellas y comenzaron a proferirles insultos homófobos. Las menores, asustadas, decidieron marcharse del lugar.

Sin embargo, los tres chicos que las estaban increpando decidieron seguirlas y, en un momento dado, empezaron a golpearlas violentamente, propinándoles patadas y puñetazos, antes de darse a la fuga. Como consecuencia de la paliza, y según apunta el diario La Voz de Galicia, tuvieron que ser atendidas en un centro médico. Una de las jóvenes sufrió «un gran moratón en uno de sus ojos y múltiples hematomas por el resto del cuerpo», mientras que la otra «sufrió un severo corte en un labio».

«Ni con ellas ni con sus familias hemos hablado, pero sí con personas muy cercanas a nuestra asociación que residen en Carballo y las conocen», comenta a Dosmanzanas Óscar Rodríguez, miembro del colectivo A.L.A.S A Coruña y técnico del Observatorio Coruñés contra la LGTBIfobia. «Lo que nos cuentan es que las chicas fueron agredidas en el lugar que citan todos los periódicos, que no han presentado denuncia por no estar fuera del armario en sus casas y que fueron atendidas por personal sanitario».

Tras conocer la noticia, el Ayuntamiento de Carballo hizo público a través de su perfil en Twitter un mensaje para expresar «una vez más y todas las que hagan falta, su absoluto rechazo a cualquier forma de violencia y su apoyo a las libertades individuales, también a la libertad afectivo sexual». Precisamente el alcalde de Carballo —Evencio Ferrero— y la concejala de Igualdad, Bienestar y Salud del Ayuntamiento —Maika Ures— mantuvieron esta semana una reunión con varios representantes del Observatorio Coruñés contra la LGTBIfobia a raíz de la agresión. «Alcanzamos varios compromisos», apunta Rodríguez, «entre ellos, el de poder acceder a los institutos del Ayuntamiento para dar talleres sobre diversidad».

Asimismo, cuenta el activista, «les animamos a que sigan programando obras de teatro de temática LGTBI en el marco de su festival internacional de teatro de otoño, de gran tradición en Carballo, y, por supuesto, a que den mayor visibilidad y que empoderen a las personas LGTBI del Ayuntamiento». Rodríguez señala que el año pasado se celebró por primera vez el Orgullo en Carballo, «pero fue en un bar de la localidad y gracias a la iniciativa de una vecina abiertamente lesbiana del municipio».

«Desde Observatorio haremos un acto en el Casino 1889 de Carballo para informar a los vecinos de la importancia de denunciar este tipo de actos, ofrecer información sobre el Observatorio, hablar del auge del discurso de odio, etc.», apostilla Rodríguez (el acto tuvo lugar el pasado sábado a las 16:00 horas). Ojalá que ese acto de pedagogía de la diversidad no caiga en saco roto.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. A Coruña, A.L.A.S. A Coruña, Carballo, Delitos de Odio, Discriminación, Evencio Ferrero, Homofobia, La Voz de Galicia, Lesbofobia, LGTBfobia, Maika Ures, Observatorio Coruñés contra la LGTBIfobia, Óscar Rodríguez, Violencia LGTBIfoba

El Ayuntamiento de Murcia concedió en 2018 una subvención de 8.500 euros a «Mater Familiae», una organización vinculada a la Diócesis de Cartagena que entre sus servicios ofrece «atender los casos en los que se una desviación de la conducta sexual», aunque, eso sí, asegura hacerlo «con especial delicadeza». El Colegio de Psicólogos de la Región de Murcia ha anunciado la apertura de una investigación y recuerda a la población que las mal llamadas «terapias» de conversión de la homosexualidad son inadmisibles de acuerdo al conocimiento científico actual.

Lo ha denunciado el grupo municipal del PSOE: el Ayuntamiento de Murcia, gobernado en 2018 por el PP gracias al apoyo de Ciudadanos (los populares perdieron la mayoría absoluta en la capital murciana 2015) concedió 8.500 euros a «Mater Familiae» para subvencionar un proyecto de «intervención en familias en situación de dificultad social».  «Mater Familiae» es una entidad vinculada a la diócesis de Cartagena que se define como un «centro de orientación familiar» que integra entre sus filas profesionales abogados, psiquiatras, pedagogos y psicólogos. La entidad ofrece «formación prematrimonial, reconocimiento de la fertilidad y orientación familiar», y según puede leerse en el apartado de metodología del proyecto presentado en su momento al Ayuntamiento «atiende con especial delicadeza» los casos en los que hay una «desviación de la conducta sexual», en lo que claramente parece una alusión a las «terapias» de conversión. En ese mismo documento puede leeerse que «Mater Familiae» trabaja como telón de fondo con «la antropología adecuada que se desprende del Magisterio de la Iglesia y los escritos de los Papas»:

Nos resulta absolutamente anacrónico el apoyo del Ayuntamiento de Murcia a una asociación que se dedica a reconvertir las desviaciones sexuales», ha criticado la concejala socialista Esther Nevado, para la cual estas supuestas terapias «han sido desautorizadas por la comunidad científica internacional y tan sólo son defendidas por los grupos afines a la extrema derecha». La concejala de Derechos Sociales y Familia, Pilar Torres, se ha defendido argumentando que el Ayuntamiento de Murcia concedió en 2018 subvenciones a 127 entidades sociales «de todo tipo de ideologías» y ha asegurado en el documento de memoria presentado por «Mater Familiae» para la justificación de la subvención «no consta ninguna actividad referida a intervención o atenciones a conductas sexuales desviadas».

El Colegio de Psicólogos de Murcia investigará el caso

Ante la gravedad de lo denunciado por el PSOE murciano, el Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia (COPRM) ha anunciado la puesta en marcha de un proceso de investigación para conocer «qué se está haciendo por parte de la asociación y quién está llevando a cabo los tratamientos».

Al mismo tiempo, el COPRM expresa su rechazo a la utilización de las conocidas como «terapias» de conversión y recuerda que «como colegio profesional, nuestra postura está en consonancia con la de la Asociación Americana de Psicología (2009), que en base a más de 80 estudios científicos, declaraba del todo inadmisible que los profesionales de la salud mental indicaran, instaran o hicieran creer a sus pacientes que es posible modificar su orientación sexual y convertirse en heterosexuales mediante algún tipo de intervención terapéutica o tratamiento».

«Aprovechamos para recordar que el COPRM cuenta con un grupo de trabajo sobre intrusismo, que analiza las ofertas realizadas por personas, que sin la requerida cualificación profesional, prometen con sus ‘terapias’ curaciones o logros milagrosos. Por eso, desde el COPRM enviamos el mensaje a todos los murcianos para que acudan a un psicólogo colegiado para consultar todas aquellas cuestiones que estén relacionadas con su salud emocional y la de los suyos», añade el comunicado.

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La última noticia acerca de este esperpento de las falsas “terapias” fue que  ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractaba de su apoyo a las terapias de “curación” para gays.

Una tendencia creciente a la prohibición

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

En EE.UU., gran aliado de Israel, California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. "Terapias" reparadoras o de conversión, Ayuntamiento de Murcia, Ciudadanos, Colegio Oficial de Psicólogos de Murcia, Diócesis de cartagena, Discriminación, Esther Nevado, Homofobia, Iglesia Católica, LGTBfobia, Mater Familiae, Murcia, Pilar Torres, PP, PSOE

El Trifachito andaluz: Vox, PP y C,s

PP y Ciudadanos, los partidos que gobiernan Andalucía con el apoyo parlamentario de Vox, han llegado a un nuevo acuerdo con la formación de extrema derecha para que los alumnos de la región deban contar con permiso expreso de los padres para poder asistir a charlas contra la LGTBfobia. Andalucía se convierte así en la segunda comunidad autónoma en la que se implanta lo que la extrema derecha gusta llamar «PIN parental» después de que la Consejería de Educación del Gobierno de Murcia (también en manos de PP y Ciudadanos y respaldado parlamentariamente por Vox), emitiera hace unas semanas una resolución en ese mismo sentido.

«Se procederá a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos consagrados en la Constitución española», reza el texto del acuerdo alcanzado entre las tres formaciones de derecha y que forma parte de un acuerdo amplio que permitirá al Gobierno andaluz ver aprobados los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma con el apoyo de Vox. El diario digital Infolibre ha preguntado a la formación de extrema derecha si con dicho acuerdo dan por cumplida su exigencia de que se apruebe el «PIN parental» y así se lo han confirmado.

Andalucía, región en la que PP y Ciudadanos buscaron el apoyo de Vox para lograr la mayoría absoluta y desbancar del Gobierno al PSOE (que durante la legislatura anterior gobernaba precisamente el apoyo de Ciudadanos), se convierte así en la segunda comunidad autónoma en la que la formación de extrema derecha consigue implantar de forma efectiva su agenda anti-LGTB. Hace pocas semanas conseguía un triunfo parecido en Murcia, donde una resolución de la secretaría general de la Consejería de Educación ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria sean comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos otorguen su autorización expresa. Por supuesto, la resolución no menciona en ningún momento las siglas LGTBI (al igual que el acuerdo andaluz), pero a nadie se le oculta que su objetivo no es otro que el desnaturalizar las charlas contra la LGTBIfobia.

Las leyes regionales contra la LGTBIfobia, papel mojado

Al igual que comentamos en su momento al hablar de Murcia, en nuestro humilde entender el acuerdo de PP y Ciudadanos con Vox atenta contra la ley regional contra la LGTBIfobia aprobada por unanimidad del Parlamento andaluz en diciembre de 2017 (por aquel entonces Vox era todavía una fuerza extraparlamentaria). Su artículo 13.2 dice que «se garantizará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la educación infantil, explicando la diversidad afectivo-sexual sin estereotipos a fin de facilitar un conocimiento objetivo y sin prejuicios, con absoluto respeto a los derechos humanos, utilizando para ello los recursos pedagógicos necesarios», mientras que su artículo 15.2 asegura que «los planes educativos deberán contemplar pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de los derechos de las personas que se reconocen LGTBI, así como dar cabida a proyectos curriculares que contemplen o permitan la educación afectiva y sexogenérica y eviten e impidan la discriminación. Para ello dispondrán de herramientas, recursos y estrategias para educar en la diversidad sexual, de género y familiar, prevenir el acoso escolar y educar en el respeto y la igualdad, tanto desde la educación formal como desde la no formal, incorporando al currículum los contenidos de igualdad».

Insistimos también, como venimos haciendo desde que hace ya casi un año Vox irrumpiera en el Parlamento andaluz: el problema no es tanto el programa concreto de Vox (que no puede imponer en su totalidad) como la consolidación de una agenda marcada por sus demandas. Su blanqueamiento por parte de numerosos medios de comunicación y la actitud de PP y Ciudadanos, que no han tenido el más mínimo impedimento moral a la hora de apoyarse en la formación de extrema derecha para acceder o aferrarse al poder en lugares como Andalucía, Madrid o Murcia, han acabado por completar un escenario poco halagüeño para los derechos LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Andalucía, Ciudadanos, Discriminación, Educación, Homofobia, Junta de Andalucía, LGTBfobia, Murcia, Parlamento de Andalucía, PP, VOX

La persecución LGTBfoba se recrudece en Uganda. El anuncio de un ministro de reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo ha desatado una oleada de violencia, que se ha saldado con numerosos miembros de la comunidad heridos o arrestados y al menos uno asesinado. En la última redada de la que se tiene constancia, la policía detuvo a dieciséis personas acusadas de homosexualidad, que fueron sometidas a la tortura de los exámenes anales y posteriormente puestas en libertad. El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución expresando su preocupación por la situación.

El pasado agosto, el Gobierno volvía a poner en el punto de mira a la comunidad LGTBI ugandesa, una de las más perseguidas de África. Se relanzó entonces la posibilidad de reformar el código penal para castigar con la pena de muerte las relaciones homosexuales, una brutal medida que ya se intentó implementar en 2013. Un defecto de forma provocó su anulación por el Tribunal Constitucional del país, pero la legislación sigue castigando los delitos «contra natura» con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua.

El pasado 11 de octubre, el ministro de Ética e Integridad Simon Lokodo anunciaba que antes de fin de año se aprobaría una reforma para implantar la pena capital para las relaciones entre personas del mismo sexo y cárcel para la «propaganda homosexual». Aunque el Gobierno desmintió el plan, uno de los diputados que apoya la medida afirmó que la presentaría de todas formas en el Parlamento a título particular.

La atmósfera de renovada hostilidad social e institucional contra la comunidad LGTBI se ha traducido en un aumento de las agresiones homófobas y tránsfobas. Al menos una de ellas se ha saldado con una víctima mortal, la del activista Brian Wasswa, que murió en el hospital un día después de recibir una brutal paliza en su propio domicilio. Ocurría a principios de este mes. Pocos días después, dos mujeres trans eran salvajemente golpeadas a la salida de una discoteca. Los autores divulgaron vídeos de la agresión por las redes sociales.

La lista no acaba aquí: recientemente también se producía una agresión por parte de un oftalmólogo a una paciente lesbiana, con la que sospechaba que su hija mantenía una relación. La víctima sufre una fractura craneal grave tras ser golpeada con una barra de hierro. El domingo pasado, otra turba homófoba atacaba un centro de acogida para refugiados LGTBI en Kampala, la capital del país, provocando heridas graves a uno de los residentes. La organización avisó a la policía, que en lugar de proteger a las víctimas del ataque, arrestó a dieciséis personas que fueron acusadas de crímenes «contra natura»

Los activistas denuncian que los detenidos fueron sometidos a exámenes anales, unas prácticas consideradas tortura, para determinar si habían mantenido relaciones homosexuales. Como prueba de los presuntos delitos, se incautaron de preservativos, lubricantes y medicación antirretroviral. Los arrestados fueron puestos en libertad bajo fianza el pasado jueves, aunque la investigación policial sigue abierta.

La gravedad de la situación ha llegado hasta el Parlamento Europeo. La cámara aprobaba el pasado jueves una resolución para pedir a Uganda que no endurezca el código penal y que revise las leyes que criminalizan la homosexualidad. El texto salió adelante con 521 votos a favor, cuatro en contra y 110 abstenciones, entre ellas las de los tres eurodiputados de Vox. El resto de eurodiputados españoles presentes apoyó la resolución.

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos.

Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.. Los nuevos casos que recogemos ahora son una muestra de que la violencia social no solo sigue muy presente, sino que incluso se recrudece al calor de la hostilidad institucional.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Brian Wasswa, Delitos de Odio, Homofobia, Kampala, LGTBfobia, Parlamento Europeo, Rebecca Kadaga, Simon Lokodo, Uganda, Violencia LGTBIfoba, Violencia policial, VOX

Escocia otorgará el perdón oficial a las personas perseguidas por conducta homosexual en el pasado. La semana pasada entró en vigor la ley aprobada en el Parlamento de Holyrood el año pasado, que concederá la anulación de las sentencias a los miles de condenados por la penalización de las relaciones del mismo sexo, vigente hasta 1980. A diferencia del caso alemán, la nueva norma no contempla el pago de indemnizaciones. En 2017, Westminster aprobó para Inglaterra y Gales una ley de indulto póstumo a las víctimas de la persecución homófoba.

Aunque ya existían leyes contra la sodomía desde el siglo XVI, el Reino Unido comenzó a penalizar cualquier actividad sexual entre hombres en 1885. Estas leyes permanecieron en el código penal de Irlanda del Norte hasta 1982; en Inglaterra y Gales la despenalización llegó en 1967 y en Escocia en 1980. En este periodo se condenó a unos 75.000 hombres por este motivo. La equiparación en la edad de consentimiento, por su parte, no llegó hasta 2001.

En febrero de 2017, el Parlamento de Westminster aprobaba una ley para resarcir, a título póstumo, a las personas que sufrieron la persecución homófoba en Inglaterra y Gales. Un año después, en junio de 2018, el Parlamento escocés aprobaba por unanimidad la ley, redactada por el Gobierno de Nicola Sturgeon, que permite la anulación de las condenas por conductas homosexuales que actualmente son legales. El texto entró en vigor el martes de la semana pasada.

Bajo la nueva norma, los afectados podrán reclamar la eliminación completa de los antecedentes policiales por estos motivos o bien que estos pierdan su validez legal sin ser borrados de los registros. El proceso será gratuito y se aplicará también a título póstumo. La ley no contempla ningún tipo de indemnización, algo que ha criticado el activista Peter Tatchell. El Gobierno escocés consideró que el pago de compensaciones sería injusto con los que han sufrido otras formas de discriminación homófoba. En Alemania, la norma aprobada en 2017 sí que prevé reparaciones económicas a las víctimas del artículo 175.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Alemania, artículo 175, Despenalización de la homosexualidad, Discriminación, Escocia, Gales, Homofobia, Inglaterra, Irlanda del Norte, LGTBfobia, Nicola Sturgeon, Peter Tatchell, Reino Unido

Ampliamos la noticia que adelantábamos el pasado día 16:

Nuevo episodio de violencia LGTBfoba. Un chico gay de 38 años sufrió el pasado sábado una brutal agresión homófoba en pleno centro de Madrid, mientras se dirigía caminando a su casa. Otro varón, que en ese momento se encontraba discutiendo en la calle con una chica, se dirigió a él con gritos e insultos homófobos y, acto seguido, le propinó un fuerte puñetazo en la cara. Como consecuencia del golpe, la víctima tuvo que ser operada de urgencia en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Como consecuencia, ha perdido la visión de un ojo. Se desconoce por el momento si la pérdida de visión será definitiva o podrá recuperarla tras un trasplante de córnea.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado 12 de octubre —poco después de las tres y media de la madrugada—, en la confluencia de la calle Valverde con la Gran Vía de Madrid. La víctima, un hombre hostelero y drag queen de 38 años, se dirigía solo a su casa, en el barrio de Chueca y donde actualmente vive con su pareja, después de haber pasado una noche de fiesta en la conocida discoteca La Boite. En el camino, se cruzó con un hombre que en ese momento mantenía una fuerte discusión con una mujer. En un momento dado, y por desgracia para él, el hombre, de complexión corpulenta, empezó a increparle y le gritó «¿Tú qué miras, maricón de mierda?». Acto seguido, y aunque el agredido decidió seguir caminando, el agresor se dirigió hacia él y, sin mediar palabra y atacándole por la espalda, le propinó un fuerte puñetazo en la cara que le tiró al suelo. Tras la agresión, el matón y la mujer con la que discutía huyeron rápidamente del lugar.

El golpe fue tan fuerte que hizo que las gafas de la víctima se rompieran y que varios trozos de cristal se introdujeran en uno de sus ojos. La víctima fue asistida poco después por una pareja que pasaba por allí y que rápidamente llamó a la Policía Nacional. Los agentes fueron los que dieron el aviso a los servicios de emergencia, que trasladaron rápidamente al hombre al Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. «Le reconstruyeron el iris y recibió más de 15 puntos internos de sutura», señalaba su pareja al diario ABC.

La tarde siguiente a la agresión, la hermana de la víctima interpuso una denuncia ante la Policía. Por desgracia, la lesión de la víctima ha resultado más grave de lo que en un principio parecía. Aunque se esperaba que el agredido fuese sometido a una nueva intervención este jueves para realizarle un trasplante de córnea, el hombre ha perdido de momento la visión de un ojo.

La Asociación Respeta LGTBH, que tuvo conocimiento de lo ocurrido el mismo sábado, ha emitido un comunicado lamentando y condenando profundamente la agresión. «Estamos viviendo un momento en el que la sociedad está cada vez más polarizada y donde las agresiones que entran dentro de la clasificación de delitos de odio, en base al artículo 510 del Código Penal, está en auge. Necesitamos, como sociedad y como colectivo, acabar con esta radicalización de la población y con las agresiones por motivos de odio que cada vez ocurren con más frecuencia», reza el texto.

Por desgracia, lo ocurrido hace unos días no supone un hecho aislado. Solo hay que echar un vistazo a los datos que maneja el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, que presentó hace unos meses su informe anual, correspondiente al año 2018. La entidad recogió durante este periodo un total de 345 incidentes de odio motivados por LGTBfobia en la Comunidad de Madrid, 24 más que en el año precedente. Mucho por hacer aún.

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia: contacto

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, promovido por Arcópoli y del que ya forman parte casi una veintena de colectivos y asociaciones, se puso en marcha a principios de 2016. Ofrece acompañamiento y asesoramiento a las víctimas desde el mismo instante en que sufren la agresión y hace un seguimiento del recorrido de la denuncia en los juzgados.

Puedes contactar con el Observatorio a través del teléfono 618 54 71 66 (llamada o WhatsApp) y online en la dirección web http://contraelodio.org

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Nuevo golpe de la justicia brasileña a la LGTBIfobia del presidente Jair Bolsonaro. Una jueza federal ha dictaminado que el veto impuesto a la financiación de un proyecto audiovisual por incluir contenido LGTBI es contrario a los principios de libertad de expresión e igualdad de trato por los que se rige la democracia brasileña. El mandatario ultraderechista había congelado la concesión de subvenciones, por un valor total de varios millones de euros, al conocer que una pequeña parte de los proyectos versaban sobre la realidad LGTBI. La decisión provocó la dimisión del secretario de Estado de Cultura.

El plan original, presentado en marzo de este año, se basaba en la colaboración entre bancos de desarrollo de varios estados federados y la televisión pública para financiar unos ochenta proyectos audiovisuales de diferentes regiones del país y diversas temáticas, por un montante total de setenta millones de reales (más de quince millones de euros). De ellos, solo una minoría trataban sobre temas LGTBI. Se trata de la serie Afronte, el documental Transversais sobre la realidad trans, Religare Queer y Sexo Reverso.

En agosto, el Gobierno brasileño canceló la financiación del proyecto al completo. El presidente Bolsonaro había calificado las subvenciones a películas con contenido LGTBI como «dinero tirado a la basura». La decisión provocó la dimisión del secretario de Estado de Cultura, contrario al veto. «No estoy de acuerdo con poner filtros a la cultura, así que me voy», explicó Henrique Pires, que instó a los responsables políticos a ocuparse de problemas rampantes como el desempleo y a dejar de «mirar con lupa si en algún lugar un hombre desnudo está besando a otro hombre».

La justicia ha acabado dando la razón a Pires. Este lunes, la jueza federal Laura Bastos Carvalho declaraba nula la resolución del Gobierno de Bolsonaro por perjudicar injustificadamente el interés general. La magistrada reivindicó la responsabilidad del poder judicial de proteger la libertad de expresión y la igualdad de trato de los ataques del ejecutivo. El Gobierno aún puede presentar recurso contra el fallo.

La justicia, muro de contención de la LGTBIfobia de Bolsonaro

Los tribunales, en cualquier caso, se están revelando como un verdadero contrapoder a la extrema LGTBIfobia de la presidencia de Bolsonaro. El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha emitido ya varios fallos que protegen a la comunidad LGTBI de los ataques del Gobierno. Hace solo unos días conocíamos la sentencia que puso fin al intento de censura de libros que abordasen la homosexualidad o la transexualidad en la Bienal del Libro de Río de Janeiro. Una resolución en línea con la también reciente decisión del mismo tribunal a favor de la protección legal de la población LGTBI frente a la violencia y la discriminación, al ordenar la equiparación de los delitos por homofobia y transfobia con los motivados por el racismo mientras persista «omisión legislativa» al respecto.

Hay que tener en cuenta, en este sentido, que muchos de los avances en esta materia que ha experimentado Brasil se han producido al margen de los poderes legislativo o ejecutivo: el matrimonio igualitario es una realidad posible gracias a resoluciones judiciales, mientras que la prohibición de las «terapias» reparadoras, sobre la que tiene lugar una dura batalla en los tribunales, fue una decisión profesional del Consejo Federal de Psicología. Sin embargo, la presión de los grupos evangélicos para que desde el poder político se ponga coto e incluso se revierta esta situación tiene en personajes como el presidente Jair Bolsonaro grandes aliados. Estaremos atentos a como se sigue desenvolviendo esta guerra.

Una situación muy complicada para el colectivo LGTB

En 2018, además, fuimos testigos de como la LGTBfobia ha escalado hasta alcanzar ámbitos activistas y políticos. En mayo del año pasado recogíamos el asesinato en Río de Janeiro de la activista de género no binario Matheusa Passareli. Y en marzo el de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, afrodescendiente, abiertamente bisexual, feminista y activista en favor de los derechos humanos. Una escalada a la que también nos hemos referido al recoger tanto el episodio de acoso que sufrió Judith Butler en una visita al país para participar en un debate universitario como la decisión de un juez federal contra la orden del Consejo Federal de Psicología que prohibía desde hace años las «terapias» reparadoras de la homosexualidad. Y que ha forzado al que fuera primer diputado abiertamente gay de Brasil, Jean Wyllys, a abandonar el país e instalarse en Alemania (ver aquí la interesante entrevista que hace pocos días publicaba eldiario.es).

La llegada de Bolsonaro a la presidencia

La situación de la comunidad LGTB, incluso ya antes de la victoria de Bolsonaro en octubre de 2018, es muy dura. El Grupo Gay de Bahía, colectivo que hace una meritoria labor de monitorización de los delitos de odio en Brasil, tuvo conocimiento de 445 muertes violentas de personas LGTB en 2017: 387 asesinatos y 58 suicidios, un aumento del 30% con respecto a 2016, «cuando se registraron 343 muertes», comienza su informe 2017. De alguna de estas muertes nos hemos hecho eco en esta misma página, como sucedió por ejemplo con el terrible asesinato de Dandara dos Santos, una mujer trans. La tendencia, en este sentido, ha sido creciente a lo largo de los últimos años.

Y si algún político encarna a la perfección esa LGTBfobia en su discurso político, ese es Jair Bolsonaro, elegido presidente en octubre de 2018. Una victoria que, dados los precedentes del personaje y el apoyo del poderoso movimiento evangélico, abrió un escenario terrible para las personas LGTB en Brasil. Ya en 2011 lo mencionábamos cuando acusó al Ministerio de Educación de «fomentar la homosexualidad» por promover un proyecto contra la homofobia. En 2014 volvimos a referirnos a Bolsonaro, que negaba que educar en la diversidad sirviese para combatir la homofobia, y acusaba explícitamente a los que así lo defienden de querer «llevar la materia a las escuelas para transformar a niños de seis años en homosexuales. Al punto de que así se facilita la pederastia en Brasil».

Bolsonaro acababa la entrevista burlándose del intento de aprobar una ley que castigase la violencia homófoba, a la que quitaba importancia. «¿Solo porque a uno le guste tomar por culo se convierte en un semidios al que no se le puede pegar?», remataba. El ahora presidente ha hecho otras declaraciones homófobas en el pasado, como aquellas en las que aseguraba preferir que un hijo suyo muriese en un accidente a que apareciese «con un bigotudo», pero basta con releer la entrevista de 2014 a El País para ser consciente de la monstruosidad del personaje.

En el ámbito legal, hay que tener en cuenta que muchos de los avances en derechos LGTB que ha experimentado Brasil se han producido al margen de los poderes legislativo o ejecutivo: el matrimonio igualitario es una realidad posible gracias a resoluciones judiciales, mientras que la prohibición de las «terapias» reparadoras, sobre la que como mencionamos arriba tiene lugar una batalla en los tribunales, fue una decisión profesional del Consejo Federal de Psicología. La presión de los grupos evangélicos para que desde el poder político se ponga coto e incluso se revierta esta situación puede encontrar en Bolsonaro el aliado ideal.

En este sentido, la recién aprobada tesis del Supremo contra la LGTBfobia es una soplo de aire fresco en un ambiente profundamente enrarecido.

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El Orgullo LGTB de Beirut ha sido interrumpido un año más. Los organizadores del único evento de este tipo en el mundo árabe han decidido suspender el concierto inaugural ante las amenazas de violencia alimentadas por las protestas de las autoridades religiosas, que acusaron a los convocantes de atacar «las buenas costumbres» y de promover el matrimonio igualitario. Las ediciones de 2017 y 2018 también se enfrentaron a las llamadas al boicot de los LGTBfobos.

El activismo LGTB libanés convocó la tercera semana del Orgullo LGTB de Beirut entre el 28 de septiembre y el 6 de octubre. El programa incluía una «cena de las familias», pensada para crear comunidad entre familias con algún miembro LGTB, así como la presentación de una beca en Brasil para artistas LGTB libaneses y un concierto inaugural en un teatro de la capital. La posibilidad de organizar una marcha no se había cerrado con anterioridad al comienzo previsto de los actos.

Las cosas empezaron a torcerse el lunes de la semana pasada, cuando una página de Facebook con el nombre de «Marriage Equality Lebanon» compartió la convocatoria del concierto. Los organizadores del Orgullo lamentan que se transmitió la impresión de que el acto quería reivindicar el matrimonio igualitario en Líbano. La polémica creció rápidamente por las redes sociales, y esa misma noche, el ex gran muftí de Líbano Mohammad Rachid Kabbani hacía un llamamiento a las autoridades a «impedir la celebración de los pervertidos».

La situación escaló rápidamente. Un día después, el teatro que iba a acoger el concierto recibió amenazas telefónicas de violencia si no se suspendía el evento. Organizaciones conservadoras e islámicas lanzaban diatribas de odio contra la comunidad LGTB. El establecimiento renunció finalmente a albergar el concierto después de que las fuerzas de seguridad avisaran de que arrestarían a los dueños del local y a los organizadores y participantes.

De nada sirvieron los esfuerzos de los responsables de Beirut Pride por explicar que el único objetivo del acto era la concienciación contra el odio y la discriminación. Acosados por varios frentes, los activistas finalmente tuvieron que anunciar la cancelación del evento «hasta nuevo aviso». En las redes sociales de Beirut Pride no hay noticias sobre la celebración o no del resto de actos previstos.

Este era el tercer año en que se organizaba una celebración del Orgullo LGTB en el Líbano, y también ha sido el tercer año consecutivo en que los distintos eventos han tenido que ser cancelados. En 2017, grupos islamistas irrumpieron en diversos actos y amenazaron con atacar con violencia si se celebraba la programada Marcha del Orgullo, que finalmente fue anulada. Debido a ello, el año pasado ni siquiera se había previsto celebrar la Marcha, pero la presión de los grupos LGBTfobos consiguió de nuevo la cancelación de los actos, además de la detención del principal organizador, el activista libanés Hadi Damien.

Sentencias judiciales a favor de los derechos LGTB

Las relaciones homosexuales en el Líbano (una república árabe multiconfesional en la que coexisten musulmanes sunitas, musulmanes chiítas, cristianos de diversas confesiones y drusos) son formalmente ilegales. El artículo 534 del Código Penal establece penas de un año de prisión para quienes realicen «actos sexuales contra natura». Sin embargo, cuatro jueces, además de un tribunal de apelaciones y otro militar, o la de un juez que falló a favor de los derechos de un hombre trans,han fallado en contra de que se aplique a las relaciones homosexuales, de modo que el artículo 534 ha quedado en la práctica invalidado para ese fin. Por ello, al igual que sucede en países como Egipto, las fuerzas del orden utilizan otros ambiguos artículos del Código Penal contra la decencia para reprimir de hecho tanto las relaciones homosexuales como la defensa de los derechos LGTB.

 Hay que recordar, en este sentido, que el artículo 534 del Código Penal libanés sigue criminalizando las relaciones «contra natura», pero existen además otros artículos que basados en la defensa de la «moral pública» y «el pudor» justifican el hostigamiento de cualquier demostración pública de homosexualidad.

Ante este panorama, el apoyo internacional a la comunidad LGTB de Líbano se hace más necesario que nunca. El Ejecutivo libanés no se encuentra respaldado por su sistema judicial y la posición de la comunidad internacional puede ser determinante para que el Gobierno libanés ceje en su acoso. Un ejemplo de cómo esa presión puede beneficiar a las libertades individuales y colectivas del país es el de Brunéi, donde el sultán se ha visto obligado a anunciar una moratoria en la aplicación de la pena de muerte por lapidación para las personas que practiquen relaciones homosexuales. Es reciente, en este sentido, el apoyo de la Embajada Española en el Líbano, que con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia izó el pasado 17 de mayo la bandera arcoíris en su sede.

Fuente Dosmanzanas

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De su blog Homoprotestantes:

Amigos y amigas, hace unas semanas nos enteramos que un novedoso estudio que intentaba determinar si la heterosexualidad tiene una base genética, ha concluido que no hay suficientes elementos para concluir nada. Vamos que, aunque parezca descabellado e incluso contra natura, los heterosexuales tienen los mismos genes que el resto de sus vecinos. Esto tira por tierra algunas teorías, como la de mi amiga Lola que decía que el gen heterosexual dotaba de una capacidad superior en las mujeres para coser y bailar, y a los hombres para creer que el tamaño de su pene era directamente proporcional a su inteligencia.

Muchos han salido a matizar lo que dicho estudio quería decir, y las consecuencias que algunas mentes privilegiadas creen que de él se desprenden, intentando contextualizar el estudio y dando miles de explicaciones que a nadie ya le importan. Y es que el titular ya está en la calle: “la heterosexualidad, ese mayoritario desorden, no es innato, sino aprendido”. ¿Serán las barbies, las pelotas de futbol, las cocinitas o los coches de carreras? ¿Cómo hemos hecho para que tan alto índice de la población tenga atracción por personas de distinto sexo? ¿Dónde están fallando sus familias? ¿Y los docentes? ¿Podemos hacer algo para revertirlo? ¿Puede un heterosexual dejar de serlo? ¿A qué se enfrenta nuestro mundo si les permitimos reproducirse sin control?

Algunos cristianos fundamentalistas se niegan a aceptar el estudio y pretenden que científicos cristianos fundamentalistas -una especie mitológica como el unicornio, según las malas lenguas- repitan el estudio no solo aumentando la muestra, sino obligando a que toda ella sea fundamentalista, ya que no descartan que el pecado haya transformado los genes de la población que no asiste a sus iglesias. Médicos y escritores de este entorno se aferran a la visión genética de la heterosexualidad, Pedro Tarquis por ejemplo afirma en su artículo Genética y homosexualidad que: “genéticamente el ser humano nace hombre o mujer, sin que exista una predeterminación diferente a la heterosexual” -Os prometo que esta cita no es inventada, y que el tal Pedro Tarquís afirma que es médico-. Sin embargo, parece evidente que tendrán que mejorar algo su estrategia si quieren convencer a alguien, porque hasta hoy ninguna doctora ha entregado el bebé recién nacido a su madre diciendo: “Ha tenido un hombre”. Socialmente está bastante aceptado que un bebé no es un hombre ni una mujer, que eso es algo que, en todo caso, vendrá más tarde. Además, ¿qué tiene que ver el género con la orientación sexual? Mi primo Paco es trans y, como dios manda, le encantan los hombres trans.

Mientras el fundamentalismo y el conservadurismo heterocentrado van puliendo sus estrategias, quizás nosotras deberíamos intentar dar respuesta a las preguntas que se hacen tantos padres y madres heterosexuales: ¿Qué hemos hecho mal para que nuestra hija o nuestro hijo sea como nosotros? ¿Qué podemos cambiar en la forma en que educamos para que esto no ocurra con el siguiente? Y echando mano de nuestra experiencia les podríamos decir que no se estresen, que estén tranquilos, que si por negligencia o incapacidad,han hecho que su hija sea heterosexual, no pasa nada, que la quieran como si fuera bisexual, o lesbiana, o queer…. Que ahora, que la cosa es irreversible, la ayuden a ser una buena persona y a respetar a los demás. Que, aunque tenga más probabilidad de ser una acosadora en su instituto hacia un compañero LGTBIQ, con una educación adecuada puede evitarse -la ayuda de un psicólogo puede venir bien-. Y en el caso de haber creado un hijo heterosexual, pues la cosa es algo más complicada, pero en todo caso no imposible. Hay que animarle a que se eche un amigo marica, el más marica posible, que le ayude a ver la riqueza de su parte femenina y a resistirse a convertirse en un machote. Probablemente esto hará que sus niveles de violencia sean menores y nos ayudará a tener una sociedad mejor. En resumidas cuentas, que intenten poner de su parte para que la heterosexualidad de sus hijos sea un mal menor para el resto de seres humanos con los que conviven. Y si tienen otro hijo, pues en vez de determinarlo, que lo acompañen, el gen gay se manifestara espontáneamente.

No existe el gen heterosexual, eso parece que dicen quienes dicen que han oído a alguien que dice que se ha leído el estudio. Y es que eso es algo que mi prima Loida ya intuía, pero no nos pongamos nerviosos ni seamos inflexibles. Aunque algunas teorías afirmen que quizás con la ayuda idónea y una terapia que aborde la ADS – atracción hacia personas de distinto sexo-, el desorden de la heterosexualidad puede revertirse, tengamos cuidado. No les produzcamos más dolor, mostremos algo de humanidad y fijémonos en que parece que incluso, a veces, pueden mantener relaciones que les hacen felices a ambos -no como a nosotras, claro, tampoco exageremos-. No es lo perfecto, pero mejor eso que hacerles sufrir, ellos no tienen la culpa, lo tiene el ambiente en el que nacieron. Tienen nuestros mismos genes, genes gais, así que potencialmente son tan perfectos como nosotras -Sé que suena raro y que contradice toda lógica, pero es lo que afirma el estudio en cuestión-.

Yo, como buenísima e intachable cristiana que soy, optaría por la tolerancia, el respeto, y una educación que paulatinamente haga descender el síndrome de la ADS -me refiero sobre todo al impostado, al obligado, al que es fruto de la presión ambiental-. Y antes de actuar ante un desorden como este, me haría aquella pregunta que lanzaba el pastor Charles Sheldon a su congregación a finales del siglo XIX: “What would Jesús do?”. Es decir: ¿Qué haría Jesús? ¿cómo actuaría aquel que fue en todo igual a nosotras, que tuvo nuestros mismos genes, genes gais, y que jamás se sintió atraído por una persona de diferente sexo? Pues siento ser repetitivo, pero me vienen a la cabeza siempre las mismas palabras, aunque esta vez me atreva a tunearlas: “Amarás los genes de tu prójimo como los tuyos mismos, digan los estudios que son iguales o completamente diferentes”. Y es que, en realidad, no hay gen que invalide este mandamiento: ¿o el gen fundamentalista sí? Dejo en el aire esta pregunta para animar a las investigadoras a realizar otro estudio que determine si, a diferencia del heterosexual, el gen homófobo-fundamentalista sí existe.

Carlos Osma

Puedes conseguir mi libro «Solo un Jesús marica puede salvarnos», con más reflexiones cristianas en clave gay, en la Página de Amazon.

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Espiritualidad 2019, Heterosexualidad, Homofobia

Cuatro jóvenes han sido detenidos como responsables de una agresión de carácter homófobo ocurrida en la madrugada del 8 de septiembre en Valencia. Los detenidos dedicaron a la víctima insultos como «maricón de mierda» y le golpearon, provocándole fractura del tabique nasal. 

La agresión, que en su momento no trascendió a los medios, ocurrió a la salida de un local de la zona de ocio de la calle Polo i Peyrolon de la capital valenciana. La víctima se encontraba con unos amigos cuando un grupo de jóvenes le dedicaron insultos homófobos y lo golpearon, fracturándole el tabique nasal. Hasta el momento no han trascendido más detalles de cómo se inició la agresión, aparte del hecho de que a los agresores pareció molestarles la camisa rosa que vestía la víctima.

La Policía Nacional ha identificado y detenido a los cuatro agresores (tres de origen latinoamericano y uno de origen español, y a los que no se vincula con ningún entorno ideológico determinado. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales). Han quedado en libertad tras prestar declaración, aunque deberán responder ante la justicia por dos presuntos delitos de lesiones y de odio.

Estado de la LGTBIfobia en la Comunidad Valenciana

A lo largo del pasado año 2018, el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia registró 91 incidentes y delitos de odio contra personas por su orientación sexual y su identidad o expresión de género, desde agresiones leves, insultos, amenazas, acoso y hostigamiento hasta lesiones graves y discapacitantes.

El perfil del agresor sigue siendo un adulto varón de entre 25 y 40 años, mientras que la mayoría de las víctimas oscilan entre edades que van desde los 18 a los 30 años. La evolución más notable se produjo en la provincia de Castellón, donde los incidentes registrados pasaron de 8 en 2017 a 21 en 2018.

La última de las agresiones por LGTBIfobia en la Comunidad Valenciana de las que nos hemos hecho eco ocurrió el pasado agosto, cuando un joven italiano fue también agredido a la salida de una conocida discoteca de ambiente gay de Valencia. Un par de semanas antes recogíamos la salvaje agresión sufrida por una mujer trans en Alicante.

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Dos estudiantes de la ciudad marroquí de Safi han sido detenidos por mantener relaciones homosexuales. Según la Policía Judicial, fueron sorprendidos en «flagrante delito» y han sido acusados de practicar la homosexualidad y de ebriedad en público. Por el primer cargo, se enfrentan a una pena de hasta tres años de cárcel, tal como establece el Código Penal de Marruecos.

Según el diario Assabah, los hechos tuvieron lugar el pasado 13 de septiembre en las proximidades de la localidad de Safi.  Miembros de la Fuerzas Auxiliares vieron una motocicleta aparcada en el campo, cerca de una casa abandonada. Al inspeccionar el lugar, encontraron a dos jóvenes «en una postura que no dejaba lugar a dudas». Convinieron en avisar a la Policía, que procedió a la detención de los jóvenes.

Posteriormente, la Policía Judicial decidió acusarlos bajo el cargo de «delito flagrante de homosexualidad y ebriedad en público». Los detenidos se enfrentan a penas de hasta tres años de prisión por el delito de mantener relaciones homosexuales.

La persecución constante a que son sometidos los homosexuales y bisexuales marroquíes ha ocasionado que las peticiones de asilo en España, sobre todo por parte de jóvenes, haya experimentado un notable incremento en los últimos meses. Destaca el aumento de peticiones de asilo por parte de jóvenes lesbianas, que se calculan en más de 300 desde principios de año.

Marruecos: una vigente y preocupante LGTBfobia de Estado

Como señalábamos, el artículo 489 del Código Penal marroquí castiga los «actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo» con penas de hasta 3 años de prisión, además de una sanción económica. Y el artículo 483 establece penas de hasta dos años de prisión por «obscenidad pública». Venimos recogiendo distintos casos de persecución a personas LGTB en Marruecos: desde víctimas tratadas como culpables hasta detenciones tan absurdas como la de los jóvenes que colgaron un vídeo en el que aparecían besándose.

En agosto de 2017 un joven gay, muy conocido en redes sociales de Marruecos, era agredido después de que un director de cine incitase a «violarlo». El realizador y guionista marroquí Mahmoud Frites publicaba en Facebook el siguiente mensaje: «no puedo entender a aquellos que violan a burros, a personas discapacitadas, a mujeres mayores, a niños, a sus hijos, y que sin embargo son incapaces de hacerlo con los que desean ser violados e incluso estarían dispuestos a pagar por que les violasen». Un texto que acompañó de una fotografía de Adam Lahlou en la que este viste un caftán y se adorna la cabeza con un pañuelo (una imagen que él mismo colgó en Facebook y que utilizó como foto del perfil).

En 2015 nos hacíamos del intento de linchamiento de una mujer transgénero en Fez, ocurrido en junio pasado. Ocurrió lo mismo: solo gracias a que el vídeo se viralizó y desencadenó un escándalo que trascendió las fronteras de Marruecos, acabaron con una dos de los agresores fueron condenados a cuatro meses de prisión, y ello pese a que el propio ministro de Justicia; Mustafá Ramid, llegó a insinuar entonces que las personas LGTB son culpables de las agresiones que reciben.

También en  2015 tuvimos conocimiento de varias condenas en Marruecos, en aplicación de ese artículo. En el mes de junio se produjo la detención de Lahcen y Mohsine, otros dos hombres que se besaron, fotografiaron y dieron muestras de afecto ante la Torre Hasán, uno de los entornos históricos marroquíes más prominentes. A pesar de conseguir más de 71.000 firmas de personas todo el mundo pidiendo su liberación, ambos fueron condenados finalmente a cuatro meses de cárcel y una sanción económica.

Ese mismo mes, se denunció la detención de 20 hombres homosexuales en Agadir, acusados de “difundir la corrupción”. Según el colectivo Aswat, no serían las únicas detenciones por ese motivo llevadas a cabo en ese año, que formarían parte de una campaña de arrestos dirigida por el Gobierno marroquí contra la población homosexual masculina para reafirmar su posición en el debate público sobre la despenalización de la homosexualidad.

Un mes antes, tres hombres más fueron condenados a la pena máxima, tres años de cárcel. Tras recibir una denuncia, la Policía capturó a dos de los hombres mientras mantenían relaciones sexuales en el centro de trabajo de uno de ellos. Al ser interrogados, informaron de que se habían conocido a través de un tercero, que finalmente también fue detenido y condenado.

La situación actual en Marruecos contrasta marcadamente con su posición histórica como refugio para hombres homosexuales, cuando eran perseguidos en Europa, el año pasado era España la que concedía asilo a 77 personas homosexuales. Actualmente, el problema no sólo afecta a la ley, sino a los valores sociales imperantes tan fuertemente conservadores y reaccionarios, que rechazan las relaciones homosexuales y no tienen piedad para denunciar aunque se trate de personas menores de edad y de su propia familia, como es este caso. El Gobierno marroquí, encabezado por el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), exclulía de la actual reforma del Código Penal los artículos más polémicos que tienen que ver con las libertades individuales y sexuales, como los que castigan la homosexualidad, el adulterio y las relaciones extramaritales.

Aunque quizás el caso que más expectación ha causado es el de dos menores de Marrakech, Sanaa y Hajar, denunciadas por un familiar que decía haberlas sorprendido dándose un beso en una azotea que, tras ser encarceladas durante varios días eran puestas en libertad a la espera de juicio quedando finalmente liberadas sin cargos. También en Marrakech era detenido un ciudadano español de 70 años de edad, a quien habían sorprendido en la habitación de su hotel manteniendo relaciones sexuales con un ciudadano marroquí, si bien ponían en libertad al ciudadano español tres días después, nada se ha sabido de su compañero.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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El debate sobre la reforma de la legislación sobre reproducción asistida llega por fin a la Asamblea francesa. El proyecto de ley sobre bioética, aprobado por el Gobierno del primer ministro Édouard Philippe el pasado mes de julio, se someterá al escrutinio de los diputados a partir de la semana que viene. La comisión correspondiente ya ha dado su visto bueno a la norma, que incluye el fin de la prohibición del acceso a las técnicas de reproducción asistida para las parejas de mujeres y las mujeres sin pareja. La derecha política, organizaciones ultraconservadoras y la iglesia católica participarán en una manifestación contra la reforma.

En Francia, la reproducción asistida (PMA por sus siglas en francés) solo está permitida a las parejas de distinto sexo, casadas o no, que además deben acreditar la esterilidad de al menos uno de sus miembros. Se trata de una prohibición total, que afecta tanto a clínicas públicas como privadas, y que obliga a cualquier mujer francesa sin pareja masculina que desee ser madre a acudir a centros de países vecinos, como Bélgica o España.

Esta situación podría cambiar durante el transcurso de la actual legislatura. Ya en su campaña electoral de 2017, el presidente Emmanuel Macron defendió que se permita el acceso a las parejas de mujeres y a las mujeres solteras a las técnicas de reproducción asistida. Lo hizo, eso sí, «a título personal» y expresando su deseo de que en todo caso se aprobara como una decisión técnica, no como fruto de «un combate identitario».

Meses después, con Macron ya en la presidencia y un Gobierno a su medida, la secretaria de Estado de Igualdad Marlène Schiappa anunciaba una modificación de la ley sobre bioética para abrir la PMA a todas las mujeres. La medida contaba ya con el respaldo del Comité Consultivo Nacional de Ética, que se había pronunciado a petición del Gobierno del primer ministro Édouard Philippe. Schiappa calificó la futura propuesta como una «cuestión de justicia social» para acabar con la discriminación de las mujeres que no pueden permitirse viajar al extranjero para someterse a un proceso de reproducción asistida.

El pasado mes de julio, el Gobierno de Philippe aprobaba finalmente el anunciado proyecto de ley sobre bioética. Entre los muchos puntos que contempla, la norma incluye la apertura de la PMA a las parejas de mujeres y a las mujeres sin pareja. La ministra de Sanidad Agnès Buzyn anunció que los tratamientos estarán cubiertos por el sistema público de salud. La propuesta mantiene la prohibición de la gestación subrogada, contra la que se había pronunciado el propio Macron.

El proyecto se trasladó entonces al Parlamento, donde el comité correspondiente le dio su visto bueno el pasado fin de semana. La Asamblea debatirá a partir del próximo martes sobre la medida. La mayoría absoluta de la que disfruta el grupo de La República en Marcha, que sostiene al Gobierno, debería facilitar su aprobación. La derecha de Los Republicanos ya ha expresado su oposición y varios de sus cargos electos han anunciado que acudirán a la manifestación del próximo 6 de octubre contra la medida. Se trata de una movilización convocada por una veintena de asociaciones entre la que destaca la Manif pour Tous, el movimiento homófobo de infame recuerdo por su violenta campaña contra el matrimonio igualitario. Junto a políticos de la derecha y la extrema derecha, también ha llamado a la participación la conferencia episcopal francesa.

Una reforma aplazada por largo tiempo

La movilización homófoba fue la principal causa del fracaso del anterior intento de aprobar la apertura de la reproducción asistida. El fin de la prohibición del acceso para las parejas de mujeres y las mujeres sin pareja había sido durante años una de las banderas del Partido Socialista francés en materia de derechos LGTB, y de hecho la promesa formaba parte de su programa electoral para las elecciones de 2012. El propio expresidente François Hollande se posicionó, siendo aún candidato, a favor del cambio. Tras su elección, sin embargo, pasó a adoptar una posición ambigua, respondiendo cuando se le preguntaba una cosa u otra en función del auditorio que tuviera delante.

Pero no fue hasta 2014, tras la remodelación que convirtió a Manuel Valls en el nuevo primer ministro, cuando se anunció la renuncia a aprobar la modificación legal. Laurence Rossignol, que entró con Valls en el Gobierno francés como secretaria de Estado de Familia, recibió a los representantes de la Manif pour tous, ante los cuales adelantó la renuncia a modificar la reproducción asistida. Una posición que confirmó tras ser ascendida a ministra. Esperemos que, en esta ocasión, los homófobos no consigan doblegar la voluntad de los representantes políticos.

Fuente Dosmanzanas

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Aviso a navegantes… estos son los amigos de Abascal…

La extrema derecha austriaca apunta a la igualdad LGTB para intentar ganar votos en plena campaña electoral para los comicios anticipados del próximo 29 de septiembre. El FPÖ ha presentado una solicitud ante el Parlamento para pedir la derogación del matrimonio igualitario, en vigor desde enero de este año tras una sentencia del Tribunal Constitucional. Aunque la iniciativa, por falta de tiempo y apoyos, no tiene posibilidades de prosperar, la formación ultraderechista intenta despertar un debate ya superado con argumentos de la homofobia más burda.

El 1 de enero de 2019 expiraba el plazo dado por el Tribunal Constitucional austriaco en el fallo que consideraba que la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio es discriminatoria. La inacción del Gobierno de coalición entre la derecha conservadora (ÖVP) y la extrema derecha (FPÖ) obligó a la comunidad LGTB del país a esperar más de un año para que la medida entrara en vigor. Ese mismo día, Nicole Kopaunik y Daniela Paier se convertían en la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio sin necesidad de que mediara una sentencia. Tres meses antes se había casado otra pareja de mujeres tras demandar al Estado austriaco ante los tribunales, caso que culminó en la histórica decisión del Constitucional de diciembre de 2017.

En línea con su ideario, el FPÖ ha hecho lo posible por torpedear la aplicación del fallo. Primero maniobró para impedir que se aprobara un proyecto del ley que habría adelantado su entrada en vigor. Una vez que fue inevitable, utilizó sus competencias en el ministerio del Interior para emitir unas recomendaciones en las que instaba a los registros civiles a rechazar las solicitudes de matrimonio de las parejas del mismo sexo en las que uno de sus miembros fuera nacional de un país que no reconoce el matrimonio igualitario. El Parlamento austriaco tumbó estas directrices por discriminatorias el pasado mes de junio.

Tras la caída del Gobierno ÖVP-FPÖ por el caso Ibiza, se convocaron elecciones anticipadas para el próximo 29 de septiembre. Con las encuestas pronosticando una transferencia de apoyos desde la extrema derecha hacia la derecha conservadora del excanciller y candidato Sebastian Kurz, el FPÖ ha decidido tirar de homofobia para rascar votos. En una propuesta de resolución presentada el pasado jueves, varios diputados del partido ultraderechista, entre ellos su líder Norbert Hofer (en la imagen superior), piden la derogación del matrimonio igualitario con una argumentación cuanto menos cuestionable.

Según los firmantes, el mandato del Tribunal Constitucional de eliminar la expresión «de distinto sexo» en la definición legal del matrimonio no tiene por qué implicar que esta institución quede automáticamente abierta a las parejas del mismo sexo. La formación de extrema derecha apela a la «la disposición a tener hijos» como supuesto requisito fundamental para disfrutar del derecho a contraer matrimonio. Una condición que justificaría la exclusión de las parejas de hombres o de mujeres porque estas «no pueden procrear de ninguna manera». Nada dice sobre si, como se desprendería de su argumento, las parejas de distinto sexo infértiles, de edad avanzada o que simplemente no quieran tener hijos deberían también quedar excluidas.

La iniciativa despierta preocupación por la burda homofobia que destila, más que por sus nulas posibilidades de prosperar a una semana de las elecciones y sin apoyo de ningún otro partido. Los socialdemócratas del SPÖ han ridiculizado al FPÖ por lo que han calificado de «chiste de campaña», aunque el portavoz de Igualdad Mario Lindner avisa: «Nuestra sociedad es diversa y hay las más variadas formas de familia: monoparentales, de padre, madre e hijos, homoparentales y reconstituidas. Y todas merecen nuestro apoyo y nuestro respeto».

Austria: avances impulsados por los tribunales

La disolución del Gobierno de coalición entre la derecha y la extrema derecha abrió la puerta a algunos avances en el reconocimiento de los derechos LGTB, en un país en el que los más importantes se han alcanzado a partir de sentencias judiciales. El Tribunal Constitucional falló en 2014 a favor de permitir a las parejas de mujeres acceder a los tratamientos de reproducción asistida y en enero de 2015, de la adopción conjunta homoparental. Anteriormente,  la ley de uniones civiles aprobada en 2009 ya había sido modificada a instancias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para regular la adopción de los hijos biológicos del compañero del mismo sexo. En septiembre de 2016 se lograba la apertura de los registros civiles (Standesamt) a las parejas del mismo sexo que quieran formalizar su unión, como ya se hace en el caso de las bodas heterosexuales. El anuncio que realizaba el Tribunal Constitucional en octubre de 2017 se materializó en la histórica sentencia de dos meses después: la exclusión de las parejas del mismo sexo del acceso al matrimonio es inconstitucional. La próxima cita con las urnas, el 29 de septiembre, decidirá si los próximos años están marcados por los avances, el estancamiento o los retrocesos.

Fuente Dosmanzanas

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Este sábado se celebró en Madrid la marcha «Orgullo Frente Al Fascismo», una movilización convocada al margen del activismo LGTB más institucional y que busca «denunciar los ataques de la extrema derecha hacia el colectivo LGTBIQ+ y exigir que no se produzca ningún retroceso en nuestros derechos y libertades».

Se trata, según aseguran sus convocantes, de una marcha «puramente reivindicativa, que se organiza de manera autogestionada e inclusiva y abierta a la participación de cualquiera que desee formar parte». «En los últimos meses, el colectivo LGTBIQ+ se ha convertido en objeto de los ataques de la extrema derecha, que ha realizado declaraciones públicas y propuestas políticas concretas que cuestionan y ponen en peligro nuestras conquistas y libertades. Además, ha utilizado estas medidas como moneda de cambio para apoyar la investidura de los gobiernos de diferentes ayuntamientos y comunidades autónomas», añaden los convocantes (a los que puedes seguir en Twitter).

«Ante el riesgo de un retroceso en nuestros derechos y para condenar la actitud de aquellas fuerzas políticas que pactan nuestra discriminación y persecución, este sábado 21 de septiembre el colectivo LGTBIQ+ volverá a tomar las calles de Madrid. La manifestación Orgullo Frente Al Fascismo, que llevará por lema ‘Siempre adelante, nuestros derechos no se pactan’, arrancará a las 19:00 en la Glorieta de Carlos V. El recorrido continuará por el Paseo del Prado, Cibeles y el Paseo de Recoletos, hasta finalizar en la Plaza de Colón», precisan. Se trata, de hecho, del mismo recorrido que el de la Marcha del Orgullo LGTBI del pasado julio:

Los convocantes aseguran que detrás de la convocatoria no hay no hay ningún partido político, asociación o colectivo organizado, «sino personas LGTBIQ+ individuales que queremos recuperar la calle como espacio de protesta y creemos que se puede hacer sin siglas, sin personalismos y sin otras banderas más allá de las que representan la diversidad del colectivo». Piden, asimismo, que las personas asistentes vistan de blanco y no ondeen otras banderas que no sean las del colectivo LGTBIQ+, y subrayan el carácter pacífico y respetuoso con el entorno y el mobiliario urbano.

Algunas críticas y silencios…

La convocatoria, cabe señalar, ha recibido críticas desde algunos sectores del activismo más radical. Así, por ejemplo, el Centro Social Okupado Transfeminista La Pluma explica en Twitter sus reticencias ante una convocatoria que surgió, según explican, de un evento en Facebook, creado desde perfiles individuales, que convocaba a una asamblea en Chueca para preparar una manifestación, pero que ha finalmente ha cristalizado, según ellos, en una convocatoria marcada por «lenguaje institucional, cartelería naif, nada de banderas antifascistas o anticapitalistas» y «ninguna crítica a la mercantilización e instrumentalización de las luchas LGBT+ de las que desde hace años se benefician los organizadores del Orgullo», entre los que incluye a organizaciones como la FELGTB, COGAM, AEGAL o Arcópoli. «¿Querían una manifestación cuir antifascista o que les dejáramos terminar aquel Orgullo interrumpido?», en referencia a las protestas de un grupo de activistas contra la presencia de Ciudadanos en el Orgullo LGTB de Madrid. «O peor, ¿y si lo que querían es aprovechar aquella acción que realizamos, con su respuesta masiva, para convocar algo que lavase la cara al Orgullo?», añaden.

Pese a las críticas, desde La Pluma decidieron en cualquier caso sumarse a la convocatoria, pero llamando a la participación a través de cartelería propia y utilizando simbología explícitamente antifascista. Perfiles afines a los convocantes, por su parte, han expresado su contrariedad por lo que consideran un intento de apropiación unilateral «y sin respetar los consensos a los que se llegó en la asamblea abierta del pasado mes de julio». «Agradecemos a todo el mundo la difusión de la manifestación de este sábado pero debido a la aparición de ciertos carteles queremos recordar: 1. La manifestación es pacífica (no se tolerarán actos violentos) 2. No se lucirán siglas de partidos políticos ni organizaciones», han insistido los convocantes. Los colectivos LGTB de perfil más institucional, por su parte, han optado por ignorar la convocatoria, aunque a título personal sí hay activistas vinculados a ellos que han mostrado su intención de acudir.

Esperamos que la convocatoria  contribuya a dar músculo a un activismo que encuentra dificultades en encontrar su sitio en un escenario sociopolítico profundamente dividido, pero que debería ser capaz de aceptar su propia diversidad como una fortaleza. Dificultades que no parecen tener el activismo LGTBfobo, más vivo que nunca.

Fuente Dosmanzanas

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