Sebastian Kurz, canciller de Austria

Apenas unas semanas después de la entrada en vigor de la igualdad matrimonial en Austria, muchas parejas del mismo sexo se han encontrado con problemas para formalizar su unión. El ministerio del Interior, en manos de la extrema derecha del FPÖ, ha emitido unas recomendaciones en las que instan a los registros civiles a que no celebren bodas entre personas del mismo sexo si alguno de los contrayentes tiene la nacionalidad de un país que no reconoce el matrimonio igualitario. En Viena, se está impidiendo el reconocimiento de los enlaces celebrados en el extranjero. Son intentos del Gobierno de coalición entre la derecha conservadora y la extrema derecha por torpedear la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que decretó el fin del matrimonio excluyente.

El 1 de enero de 2019 expiraba el plazo dado por el Tribunal Constitucional austriaco en el fallo que consideraba que la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio es discriminatoria. La inacción del Gobierno del canciller Sebastian Kurz obligó a la comunidad LGTB del país a esperar más de un año para que la sentencia entrara en vigor. Ese mismo día, Nicole Kopaunik y Daniela Paier se convertían en la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio sin necesidad de que mediara una sentencia. Tres meses antes se había casado otra pareja de mujeres tras demandar al Estado austriaco ante los tribunales, caso que culminó en la histórica sentencia del Constitucional de diciembre de 2017.

Pero el Gobierno de coalición entre la derecha conservadora del ÖVP y la extrema derecha del FPÖ, contrarios ambos a la equiparación de derechos de la ciudadanía LGTB, se las ha ingeniado para poner alguna traba. Varias parejas del mismo sexo se han llevado la desagradable sorpresa de que la administración se negaba a tramitar su boda. El motivo, que alguno de los contrayentes tenía la nacionalidad de un país que no reconoce el matrimonio igualitario. El ministerio del Interior, en manos del FPÖ, ha emitido unas recomendaciones en las que insta a los registros civiles a rechazar las solicitudes de matrimonio de estas parejas.

Ha sido el presidente de la asociación LGTB Rechtskomitee Lambda, Helmut Graupner, el que ha avisado de esta injusta situación. En su organización han recibido numerosas llamadas de parejas del mismo sexo cuyos enlaces han sido rechazados a causa de la nacionalidad de uno o los dos contrayentes. Según Graupner, muchos de estos casos se han dado en la ciudad de Viena, cuyas autoridades impiden incluso el reconocimiento de matrimonios del mismo sexo celebrados en el extranjero, con independencia de la nacionalidad de los cónyuges. El activista lamenta que, a pesar de la sentencia inequívoca del Constitucional, la comunidad LGTB tenga que «luchar duramente en los tribunales por cada milímetro de eliminación de discriminaciones».

La trayectoria del reconocimiento de los derechos LGTB en Austria le da la razón a Graupner: los más importantes se han alcanzado a partir de sentencias judiciales. El Tribunal Constitucional falló en 2014 a favor de permitir a las parejas de mujeres acceder a los tratamientos de reproducción asistida y en enero de 2015, de la adopción conjunta homoparental. Anteriormente,  la ley de uniones civiles aprobada en 2009 ya había sido modificada a instancias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para regular la adopción de los hijos biológicos del compañero del mismo sexo. El último logro ha sido la apertura de los registros civiles (Standesamt) a las parejas del mismo sexo que quieran formalizar su unión, como ya se hace en el caso de las bodas heterosexuales. Con una desfavorable situación parlamentaria frente a estos alentadores precedentes judiciales, la comunidad LGTB se aferró al anuncio que realizaba el Tribunal Constitucional en octubre de 2017 se materializó en la histórica sentencia de dos meses después: la exclusión de las parejas del mismo sexo del acceso al matrimonio es inconstitucional. Un mensaje rotundo, por muchos palos en las ruedas que se empeñen en poner la derecha y la extrema derecha desde el Gobierno.

Fuente Dosmanzanas

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El país ha eliminado de su código penal el artículo que criminalizaba la homosexualidad y que fue redactado en 1886.

El Parlamento de Angola ha aprobado un nuevo Código Penal que supone el fin de la criminalización de las relaciones homosexuales en ese país. Una magnífica noticia que convierte al país africano en el primero en despenalizar la homosexualidad en este año 2019. El cambio va incluso más allá, al sumarse a la prohibición de discriminar a personas en base a su orientación sexual.

El pasado miércoles 23 de enero Angola hizo historia al convertirse en el primer país del mundo en despenalizar la homosexualidad en 2019. La iniciativa se aprobó con 155 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones.

Hasta el momento la homosexualidad en Angola podía suponer penas de cárcel de 6 meses a 3 años por lo que se consdieraban “actos contra natura“. Esa ley formaba parte del Código Penal aprobado en 1886 y que el país no ha reformado ni una sola vez desde que en 1975 se independizó de Portugal.

Los legisladores aprobaron la aplicación de un proyecto de ley que reforma el Código Penal de 1886, el cual contenía prohibiciones y concepciones heredadas de la época colonial. El Código Penal vigente hasta el momento, heredado de la época colonial portuguesa, castigaba a quienes practicaren de manera habitual actos contra natura. Es cierto que en Angola, a diferencia de otros países de África, la homosexualidad no ha sido objeto de persecución sistemática, pero la persistencia de una norma que podía ser aplicada a cualquier tipo de relación homosexual mantenía en una situación especialmente vulnerable al colectivo LGTB. El nuevo Código Penal elimina esta posibilidad.

Ya el último informe sobre homofobia de Estado de ILGA, de hecho, dejaba entrever una buena predisposición por parte de las autoridades angoleñas a modificar la situación. «En 2013, la delegación de Angola respondió a una pregunta del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre discriminación social de las personas en función de su orientación sexual, diciendo: ‘El principio de igualdad se encuentra consagrado en la Constitución, pero mensurar la discriminación contra los homosexuales en la sociedad es difícil. Sin embargo, las actitudes culturales estarían cambiando. Por ejemplo, la representación de dos parejas de personas del mismo sexo en una telenovela angoleña no fue condenada por los televidentes», puede leerse en el informe, que también destaca como hecho positivo que la institución nacional encargada de los derechos humanos incluya la orientación sexual en sus trabajos. Precisamente en junio de 2018 anticipamos la mejora de la situación del colectivo LGTB en Angola, cuando recogimos la noticia de la legalización del primer colectivo LGTB en la historia del país, Íris Angola.

Con la reforma, el Código Penal de Angola no se limita a la despenalización de las relaciones homosexuales, sino qué también prohíbe la discriminación en el empleo basada en la orientación sexual de las personas. Así, por ejemplo, rechazar a un trabajador o negarse a prestar servicios a un ciudadano por su orientación sexual podría costar hasta dos años de cárcel.

La decisión ha sido saludada no solo por entidades LGTB (como ILGA, organización paraguas que agrupa a colectivos de todo el mundo) o de defensa de los derechos humanos (como Human Rights Watch), sino también por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que dirige desde septiembre de 2018 la expresidenta chilena, Michelle Bachelet:

Con esta decisión, Angola se convierte en el primer país en despenalizar la homosexualidad durante 2019. Por su parte, el  partido que gobierna el país se mostró a favor de la decisión y dijo que el nuevo Código Penal era “genuinamente angoleño”.

“Al eliminar esos vestigios arcaicos de la época colonial, Angola rechaza las discriminaciones  basadas en la orientación sexual”, señaló Human Rights Campaigne (HRC), una de las organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos más importantes del mundo, por medio de un comunicado. Tal y como informa la Human Rights Watch, el parlamento del país ha aprobado un nuevo Código Penal que no contempla la homosexualidad como delito, protege frente a la discriminación en el empleo en base a la orientación sexual y que, en algunos casos, también despenaliza el aborto.

El año pasado, se produjo ya un triunfo para el colectivo LGBT en África. La asociación Íris Angola logró que tras cinco años de espera, al fin el Gobierno de esa nación, formalizara su registro legal. En este país, donde la ley no menciona la actividad homosexual, la comunidad LGBT vive de forma anónima y discriminada en el acceso a la salud y educación.

Alrededor de 70 países siguen penalizando la homosexualidad

Según el mencionado informe de ILGA, publicado por última vez en 2017, 72 estados criminalizaban los actos sexuales consentidos entre personas adultas del mismo sexo  a través de diversas figuras legales como la “sodomía” y las “relaciones sexuales no tradicionales”; asimismo, se castiga a las personas LGBT bajo leyes relacionadas con la moralidad y la conservación del orden, con datos de detenciones recientes bajo estas leyes en 45 estados. El dato suponía una mínima mejoría respecto a lo que el mismo informe recogía en 2016, cuando 74 países penalizaban las relaciones homosexuales (según el criterio de ILGA, ya que según la fuente a la que se recurra pueden existir diferentes criterios interpretativos sobre cuál es la realidad legal en algunos países y territorios).

A la espera de una nueva evaluación de la situación, que previsiblemente se publicará este año, hoy día hay que excluir de esa lista al menos a los países más recientes en despenalizar la homosexualidad son  Trinidad y Tobago e India, el primero anuló las prohibiciones contra las relaciones del mismo sexo en abril del año pasado, y la Corte Suprema de Trinidad y Tobago ha confirmó su sentencia del pasado mes de abril en la que declaraba que la penalización de la homosexualidad vulneraba la Constitución y emitió el texto que reforma los artículos afectados del Código Penal. Asimismo, denegó al Gobierno la solicitud de suspender la sentencia. Recordemos que la Iglesia Católica se manifiestó a favor de la despenalización de la homosexualidad en Trinidad y Tobago; mientras que la corte suprema de India lo hizo en septiembre de 2018.

Fuente Agencias e información de HRC/Dosmanzanas/Cristianos Gays

Imagen tomada de Global Voices.

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La legislatura del estado de Nueva York ha aprobado la prohibición de las «terapias» reparadoras o de conversión de la orientación sexual o la identidad de género en menores de edad. Se convierte así en el 15º territorio de los Estados Unidos (14º estado, además de Washington D.C.) en poner coto a una práctica que no solo se ha demostrado inútil, sino peligrosa. 

La prohibición de este tipo de intervenciones en menores de edad fue aprobada por 57 votos a favor y 4 en contra (en el Senado) y por 134 votos a favor y 3 en contra (en la Asamblea). Ambas cámaras están controladas desde este mes de enero por los demócratas, después de que en las elecciones de noviembre los republicanos perdieran el control del Senado estatal. Una circunstancia que ha favorecido la rápida tramitación de un proyecto al que la Asamblea ya había dado luz verde en ocasiones anteriores, pero cuya tramitación los republicanos habían bloqueado. Finalmente, ya con los demócratas controlando el Senado, el proyecto llegaba al pleno y recibía también el apoyo de varios senadores republicanos. El gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, expresaba de inmediato su apoyo a la ley y su intención de rubricarla.

La nueva ley forma parte, de hecho, de un paquete de medidas en favor de las personas LGTB que Andrew Cuomo (reelegido también el pasado noviembre) había anunciado el pasado año. De hecho, junto a la prohibición de las «terapias» de conversión en menores, la legislatura de Nueva York también ha aprobado una ley de no discriminación por identidad o expresión de género, que entre otras cosas incluye la identidad de género en el listado de condiciones protegidas por las leyes del estado.

#BREAKING: The New York State Senate just passed the Gender Expression Non-Discrimination Act, prohibiting discrimination based on gender identity or expression and adding protections for transgender NYers to the state’s Hate Crimes Law.

Recognition, at long last. #GENDA pic.twitter.com/Irmht2L4KW

— Senator Brad Hoylman (@bradhoylman) 15 de enero de 2019

El uso de “terapias” reparadoras o de conversión en menores de edad ha sido ya prohibido en catorce estados norteamericanos, además de en la capital federal. California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares.

En Europa, Malta fue pionera

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, en discusión en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar» una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que en cualquier caso permanece encallado por el desacuerdo entre las diferentes fuerzas políticas que en teoría lo apoyan y cuya aprobación a día de hoy no está asegurada.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras. “Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Dosmanzanas

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Ampliamos la noticia qué publicábamos hace unos días:

La agresión homófoba sufrida el pasado sábado en el metro de Barcelona por Diego Martos, un joven que se dirigía a su trabajo, ha conseguido romper el ‘techo de cristal’ informativo, alcanzando la portada en medios generalistas y desencadenando una ola de reacciones de solidaridad. Dos de los agresores (uno de ellos menor) han sido detenidos. Una repercusión de la que nos congratulamos, y que esperamos sirva como punto de inflexión en una realidad que ha denunciado el presidente del Observatori contra l’Homofòbia (OCH) de Cataluña, Eugeni Rodríguez: el repunte de este tipo de agresiones a manos de agresores adolescentes.

Muchos de nuestros lectores conocerán ya lo sucedido. El pasado sábado, alrededor de las seis de la mañana, Diego Martos, un joven enfermero jiennense que trabaja en Barcelona, se dirigía en la línea 4 del metro hacia el trabajo cuando se topó con un grupo de cuatro jóvenes que comenzaron a molestarle. Él mismo lo contó en un texto que difundió inicialmente en Instagram: «Cuatro niños han decidido vacilarme. A la primera me he callado y me he cambiado de sitio. Cuando me ha seguido uno ya le he dicho: ‘¿Y a ti que te pasa?’ y se me ha levantado a decirme que le diga hombre a hombre eso mismo, ya he decidido ignorarle. Después ha dicho: ‘claro, es que no eres hombre, eres un maricón’, a lo cual le he contestado que lo que era él es tonto. Han seguido amenazándome hasta que he llamado al interfono de urgencias, me han contestado pero solución no me han dado».

La agresión, por desgracia, no se quedó ahí: «Ya bajando en mi parada [Urquinaona, en pleno centro de Barcelona] a punto de coger las escaleras por las espaldas me han derribado y me han pateado. Al principio me defendí y dos acabaron en el suelo, pero eran cuatro contra mí así que me encogí a esperar que pasara. Los vigilantes de seguridad llegaron pronto, y me toco la cara y me la encuentro llena de sangre. Finalmente vienen los mossos y la ambulancia. Desde las seis de la mañana hasta ahora dando vueltas. Al menos ahora sé lo que se siente al que ten puntos. Pero claro, veía borroso. Al hospital al oftalmólogo. Estoy bien, me han dado seis puntos que me dejarán una bonita cicatriz y el ojo está bien, solo que voy a tener un complemento durante un mesecillo. Ahora voy a dormir un rato si puedo», terminaba la narración, que el joven publicaba junto a una fotografía que ya se ha hecho viral que muestra hematomas en un ojo y un profundo corte inmediatamente por debajo del párpado inferior. «Así de guapo me han dejado. No es que sea morboso, es que necesitava verme y además para la denuncia», añadía.

Por cierto, que según ha declarado el joven a La Sexta, en el vagón de metro había otras personas que en ningún momento le arroparon:

Por lo que se refiere a los agresores, dos de ellos fueron retenidos por los vigilantes de seguridad del metro de Barcelona y detenidos por los Mossos. Uno ha pasado ya a disposición judicial, mientras que el otro, menor de edad, se encuentra a la espera de declarar ante la Fiscalía de Menores. Los Mossos ya habrían identificado además al resto. El Ayuntamiento de Barcelona ya ha anunciado su intención de personarse como acusación particular en la causa que se abra contra ellos.

El relato de Diego Martos, lo gratuito de la agresión y la potencia de la imagen conseguían esta vez lo que otras agresiones por LGTBfobia no consiguen: convertirse en noticia destacada en los medios generalistas y desencadenar una impresionante oleada de solidaridad con el joven, con mensajes de la alcaldesa de Barcelona, que según cuenta Martos en Twitter se ha puesto en contacto con él; del alcalde de Huelma, su pueblo, cuyo Ayuntamiento ha convocado este lunes a las 19:30 horas una concentración de repulsa por lo sucedido; del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent; del coordinador de IU en Andalucía y político gay visible Antonio Maíllo; del cineasta Juan Antonio Bayona, y de muchísimos otros.

Los Mossos d’Esquadra han confirmado el ataque así como la detención de dos personas, que fueron retenidas por vigilantes de seguridad y entregados a los policías.

El Observatori contra l’Homofòbia alerta sobre un brote de agresiones

El Observatori contra l’Homofòbia de Cataluña, por su parte, también ha expresado su voluntad de dar soporte a Diego Martos durante todo el proceso y coordinar acciones con el Ayuntamiento de Barcelona. Su presidente, Eugeni Rodríguez, ha destacado el trabajo de los Mossos d’Esquadra en el caso. «Ante una agresión LGTBI, lo más importante es acabar con la impunidad y demostrar que todos los instrumentos, tanto institucionales como de servicio público, funcionamos de forma coordinada y eficiente». Rodríguez alerta de que estamos ante un «brote de agresiones hacia el colectivo LGTBI en Barcelona» por parte de un perfil de agresores que tiende a ser, precisamente, el de chicos adolescentes.

Rodríguez también ha anunciado su voluntad de acordar con Metro de Barcelona un protocolo que mejore la seguridad de las personas LGTBI y «la eficacia y la capacidad de reacción por parte del personal para fortalecer la cadena de seguridad ante cualquier tipo de agresión».

Nuestra solidaridad con Diego Martos

Desde dosmanzanas expresamos, como no podía ser de otra manera, nuestra solidaridad con Diego Martos. Un joven que según se desprende de sus redes sociales encara la vida con grandes dosis de humor y cuenta con una sólida red de soporte que ojalá le sirva para amortiguar las consecuencias de la agresión que ha sufrido, tanto físicas como psicológicas. Nos quedamos para terminar con una frase de uno de sus tuits, que posiblemente ha pasado desapercibida: «Hay que seguir protegiendo a la gente frente al discurso reaccionario de otros». Ese es, probablemente, el verdadero quid de la cuestión.

Fuente Dosmanzanas

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Imagen cedida por la víctima a «Têtu»

Ha sucedido en Lille, al norte de Francia. El pasado 26 de diciembre, alrededor de las ocho de la tarde, una pareja fue víctima de una agresión homófoba en pleno centro de la ciudad, alrededor de las ocho de la tarde. Pero más humillante que la propia agresión (de la que uno de los jóvenes, practicante de boxeo, se defendió activamente) fue la actitud de la policía, que llegó a reprochar a la pareja el ir cogidos del brazo por la calle. 

La noticia de la agresión fue inicialmente difundida sin demasiados detalles por el sitio web LGTB Inverti, pero medios generalistas aportaron posteriormente más detalles tras conseguir declaraciones de Fares Araoudiou, una de las víctimas (identificado como Safir en sus redes sociales). El joven, de 34 años, caminaba por el centro de la ciudad del brazo de su pareja cuando tres individuos se fijaron en ellos y comenzaron a lanzarles insultos homófobos. Se da la circunstancia de que Araoudiou, practicante de boxeo tailandés, se enfrentó abiertamente a los agresores. «Yo no soy de los que se dejan avasallar», ha declarado. De hecho, la actitud del joven acabó por hacer huir a los agresores, no sin antes recibir él mismo numerosos golpes que le provocaron heridas en la cara y contusiones en costillas y clavícula.

Lo que más lamenta Araoudiou, quizá más que la propia agresión, fue la actitud de la policía. Según su testimonio, primero acudió a tres agentes que se encontraban a solo cincuenta metros del lugar en el que ocurrió la agresión, y que simplemente le aconsejaron acudir a comisaría a interponer una denuncia. De hecho, según ha declarado a Têtu en una entrevista que hoy mismo publica este medio LGTB francés, «cuando los agresores salieron corriendo pasaron delante de ellos, y ni siquiera se movieron».

La pareja acudió a la comisaría para denunciar lo sucedido, pero ni siquiera pudieron acceder a las dependencias policiales. La persona que les atendió a través del interfono les dijo que para interponer una denuncia necesitaban un certificado médico. Pero lo que más les enfadó fue que les dijeran que «no tenían que haber ido cogidos del brazo», en lo que suponía, al fin y al cabo, hacerles responsables a ellos de la agresión.

Araoudiou, que ya ha regresado a Montpellier, donde vive, ha querido hacer público lo sucedido para denunciar el retroceso que cree que está viviendo Francia cinco años después de la aprobación del matrimonio igualitario. «Íbamos cogidos del brazo, ni siquiera de la mano», se lamenta el joven, que asegura sentir «disgusto y rabia». «Tengo la impresión de que estamos retrocediendo. Antes yo salía vestido de forma más extravagante, y nunca había sufrido una agresión homófoba», ha declarado a Têtu.

Se abre una investigación

La difusión de lo sucedido, de hecho, ya ha provocado la apertura este viernes de una investigación por parte de la seguridad urbana de Lille. La propia alcaldesa, Martine Aubry, expresaba su «consternación» por la agresión sufrida por la pareja en Twitter, aunque sin hacer mención a la conducta policial:

Consternée d'apprendre l'agression d'un couple homosexuel à Lille cette semaine. Tout mon soutien à Safir et son compagnon #StopHomophobie

— Martine Aubry (@MartineAubry) December 28, 2018

Confiemos en que la investigación llegue a buen puerto. No nos cansaremos de decirlo, sea en España, Francia o cualquier otro país. Si las personas LGTB ni siquiera pueden sentirse tranquilas a la hora de denunciar ante la policía las agresiones que sufren, estas nunca se podrán combatir eficazmente.

Fuente Dosmanzanas

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Un joven de 21 años que agredió brutalmente a su propio tío, asegurando que lo tenía que matar «por maricón», se enfrenta a un internamiento psiquiátrico a solicitud de la Fiscalía de Granada, al considerar sus facultades mentales perturbadas. La agresion tuvo lugar el pasado 2 de abril, y la víctima, de 37 años, sufrió gravísimas lesiones que le provocaron un coma y que le han dejado graves secuelas neurológicas. 

Ocurrió el pasado 2 de abril, en Vélez de Benaudalla (Granada), pasadas las once de la noche, cuando se inició una discusión entre tío y sobrino. El joven llamó a su tío «maricón de mierda» y comenzó a golpearlo brutalmente con un palo. La víctima intentó escapar del domicilio familiar, pero el joven continuó la agresión en la calle, donde además lo golpeó repetidas veces en la cabeza con una piedra. Su tío quedó tumbado en el suelo, inconsciente, sobre un gran charco de sangre. «Eso te pasa por maricón», le decía el joven. Los testigos aseguran, de hecho, que este insistía en que tenía que «matar por maricón» a su tío, incluso en presencia de los agentes de la Guardia Civil que acudieron al lugar.

Según podemos leer en el diario granadino Ideal, la Fiscalía acusa al joven de un delito de homicidio en grado de tentativa, pero pide para él un internamiento psiquiátrico durante nueve años, al padecer un trastorno mental relacionado con el consumo de diversos estupefacientes, y considerar que la agresión ocurrió en el contexto de un cuadro psicótico. También solicita privación de licencia de armas por diez años y orden de alejamiento de al menos 500 metros, junto a prohibición de comunicación con su tío por ese mismo periodo de tiempo. Está previsto que el juicio tenga lugar el 28 de enero en la Audiencia Provincial de Granada.

La víctima llegó a estar en coma y sufre graves secuelas neurológicas, si bien de acuerdo a un reconocimiento realizado en julio no se puede establecer cuál será su estado definitivo hasta transcurrido un año. Es previsible, en cualquier caso, que sufra un trastorno cognitivo permanente, además de secuelas motoras y estéticas. Ojalá su evolución sea la más favorable posible.

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Otra terrible historia de soledad, acoso e impotencia. Un joven trabajador filipino de 23 años se quitó la vida en Dubái, en julio de 2017, ahorcándose en los baños de una empresa del emirato. Junto a él, una nota de suicidio en la que acusaba a otro trabajador pakistaní de chantajearlo, al haber descubierto que había mantenido relaciones sexuales con otro compañero de trabajo, también pakistaní, que ya había dejado el país. La imposibilidad de denunciarlo sin autoacusarse el mismo le llevó a tomar la que vio como única salida: su propia muerte.

El joven filipino trabajaba en Dubái, uno de los Emiratos Árabes Unidos. Un lugar que por su actividad económica atrae a numerosos trabajadores extranjeros. Muchos de ellos, los procedentes de países pobres, constituyen la mano de obra más barata y soportan condiciones laborales infames, teniendo incluso restringida su libertad de movimiento. El joven filipino era uno de ellos.

Ya en Dubái, el joven mantuvo una relación con otro trabajador, de origen pakistaní. Este acabó regresando a su país, y sin que esté claro el motivo, envió después por WhatsApp a un compatriota que seguía trabajando en el emirato imágenes comprometedoras del chico filipino, incluyendo fotografías en las que practicaba con él sexo oral. El pakistaní le hizo saber que tenía en su poder dichas imágenes y le amenazó con divulgarlas si no le conseguía un iPhone de última generación. El joven no encontró otra forma de escapar del callejón sin salida que quitarse la vida, dejando, eso sí, una nota en la que acusaba al chantajista.

El colectivo italiano Il Grande Colibrì ha rescatado y difundido la historia en su página web. «No sabemos qué pudo pasar por la mente de Jan [nombre inventado, ya que el nombre verdadero del muchacho no ha trascendido], pero ¿qué podía hacer? Tal vez aceptar el chantaje, pero probablemente no podía pagar el costo del teléfono. ¿Y a quién podía pedir ayuda? No a la policía, ya que las relaciones homosexuales están severamente castigadas en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Y a dónde podía escapar? En Dubái, los trabajadores extranjeros deben entregar sus pasaportes a sus empleadores y no tienen libertad de movimiento. La única vía de escape tenía la forma y el sabor amargo de un nudo corredizo», se lamenta el colectivo italiano. «Jan está muerto, como otros miles de trabajadores asiáticos en los países del Golfo. Ahogado por una cuerda, pero sobre todo por un sistema que no protege a nadie, y menos aún a quien es homosexual. ¿Será otra muerte inútil?», añade.

Finalmente, el trabajador pakistaní ha sido acusado de chantaje. Sin embargo, no se presentó al juicio que debía haberse celebrado hace unos días en Dubái. Es por eso que se ha ordenado su detención y se ha fijado una segunda fecha de juicio, el próximo 13 de enero.

Cuando ser LGTB te deja en situación de absoluta desprotección

Lo que ha sucedido con Jan (utilizaremos el mismo nombre que Il Grande Colibrí) no es más que otro ejemplo de la situación de desprotección en la que te coloca el hecho de ser LGTB, cuando ni siquiera puedes denunciar un delito porque dicha denuncia supone que tu condición se hace pública ante las autoridades.

Por desgracia, no hay que remontarse a casos célebres del pasado, como el de Alan Turing, cuyo procesamiento por homosexualidad fue consecuencia de una denuncia que él mismo presentó por un robo que había sufrido en su propia casa. Es algo que sigue ocurriendo hoy día en numerosos lugares del mundo. Entre ellos en Dubái, ese paraíso de petróleo, finanzas y turismo de alto standing (diversos episodios que hemos recogido en el pasado así lo atestiguan) que sigue criminalizando las relaciones homosexuales, construido además sobre las cenizas del sufrimiento de miles de trabajadores que apenas si cuentan con derechos.

Jan, descansa en paz.

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La Unión Demócrata Cristiana (CDU), el partido de la canciller alemana Angela Merkel, ya tiene nueva líder. Los delegados del congreso celebrado el viernes pasado eligieron a la expresidenta del Sarre, Annegret Kramp-Karrenbauer, por delante de Friedrich Merz, antiguo contrincante de Merkel, y de Jens Spahn, el abiertamente gay ministro de Sanidad. Considerada la candidata más centrista y continuista con las políticas de la canciller, Kramp-Karrenbauer es sin embargo una convencida detractora del matrimonio entre personas del mismo sexo, que llegó a comparar en 2015 con el incesto y la poligamia.

La carrera por la sucesión de Angela Merkel arrancó el pasado mes de octubre, tras el anuncio de la canciller de no optar a la reelección al frente de la CDU. Tres candidatos reunieron los avales necesarios para concurrir al congreso que tuvo lugar el viernes: la secretaria general del partido y expresidenta del estado federado del Sarre, Annegret Kramp-Karrenbauer, el exportavoz parlamentario y rival de la canciller Friedrich Merz y el ministro de Sanidad, Jens Spahn. Las encuestas anunciaban una batalla igualada entre los dos primeros, con pocas posibilidades para Spahn, el primer candidato abiertamente gay a la presidencia del partido.

Los resultados han confirmado estos pronósticos. Kramp-Karrenbauer y Merz se midieron en segunda vuelta, tras caer eliminado Spahn con un 15,7% de los votos en la primera vuelta. Finalmente, la secretaria general se impuso a Merz por un escaso margen de 35 votos de los 999 delegados participantes. La prensa ha destacado el continuismo con la trayectoria de la canciller de la nueva líder democristiana, considerada más centrista que sus dos rivales. Tanto Merz como Spahn habían abogado por un giro a la derecha en materias como la política de inmigración y asilo.

En el ámbito LGTB, sin embargo, Kramp-Karrenbauer defiende visiones claramente conservadoras. En 2015, siendo aún presidenta del Sarre, rechazaba la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo, comparando la medida con el incesto o la poligamia. «Si abrimos esa definición a una comunidad duradera de responsabilidad entre dos adultos, no se pueden excluir otras reclamaciones, como un matrimonio entre familiares cercanos o entre más de dos personas. ¿De verdad queremos eso?», se preguntaba. Ese mismo año, se manifestaba en contra de la adopción homoparental con el argumento de que «para los niños es importante tener mujeres y hombres como personas de referencia».

Spahn, que a pesar de sus posiciones en otros temas ha sido el único de los tres candidatos en defender la igualdad LGTB, criticó a Kramp-Karrenbauer por este asunto. El ministro de Sanidad, que se casó hace un año con su novio Daniel Funke, afirmó sentirse atacado «personalmente» por la comparación de su matrimonio con el incesto o la poligamia. La ya nueva presidenta del partido democristiano rechazó retractarse de sus declaraciones de 2015, y en una entrevista realizada durante la última semana de campaña, se reafirmó en su «convicción profunda e interna» en contra de la igualdad matrimonial. No obstante, afirmó «aceptar la decisión mayoritaria del Bundestag», dando a entender que no persigue una derogación de la ley que abrió el matrimonio a las parejas del mismo sexo en 2017. Una norma sobre la que había afirmado, en el momento de su aprobación, que «erosiona lentamente los fundamentos de nuestra cohesión social». También expresó una opinión favorable a la adopción homoparental, frente a sus declaraciones de hace tres años.

La elección de Annegret Kramp-Karrenbauer o AKK (como se refieren a ella muchos medios) como nueva líder de la CDU no parece, por tanto, una buena noticia para la comunidad LGTB. Los activistas la han acogido con frialdad, salvo Lesbianas y Gais en la Unión (LSU), el ala LGTB del partido democristiano, que ha destacado la disposición de Kramp-Karrenbauer para escuchar sus puntos de vista. A pesar de sus declaraciones homófobas en el pasado, no se esperan grandes cambios en la actitud del partido democristiano hacia las personas LGTB bajo su liderazgo. No desde luego hacia una mayor apertura, pero tampoco en la dirección de reabrir debates ya superados. AKK, de todas formas, no asumirá automáticamente la jefatura del Gobierno, que seguirá por el momento en manos de Angela Merkel.

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Una vez más, Los gobiernos de Hungría y Polonia han impedido la aprobación de un documento de la Unión Europea que recoja la protección contra la discriminación de las personas LGTBIQ. En esta ocasión, al menos, otros 19 países han reaccionado de forma clara y han suscrito una declaración conjunta en la que se pide a la Comisión Europea que no dude a la hora de promover políticas efectivas de igualdad en esta materia. 

Ha sucedido este jueves. El Consejo de Ministros de la Unión Europea iba a aprobar un documento de conclusiones sobre la promoción de la igualdad de género en la era digital. El documento incluía una referencia a la necesidad de asegurar la no discriminación de colectivos juveniles vulnerables, mencionando expresamente a los jóvenes de bajo estatus socioeconómico; los jóvenes de minorias étnicas, como la gitana; jóvenes con discapacidades; jóvenes en el mundo rural; jóvenes de origen migrante y jóvenes LGTBIQ. La inclusión expresa de los jóvenes LGTBIQ encontró sin embargo la oposición de Hungría y Polonia. Austria, que ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea, decidió retirarla en aras del «consenso» para así permitir la aprobación del documento, que requería unanimidad.

Por fortuna, el movimiento de la presidencia austriaca despertó en esta ocasión la indignación de varios países, encabezados por Holanda, cuyo ministro de Empleo y Asuntos Sociales, Wouter Koolmes, intervino para afirmar que no incluir al colectivo LGTBI en el texto del documento suponía un paso atrás inaceptable para su país. La firmeza holandesa fue secundada de inmediato por otros países, como Dinamarca, Malta, Portugal o España. Finalmente, La presidencia austriaca decidía volver al texto original. Lamentablemente, al carecer de unanimidad, este no pudo ser aprobado como conclusiones «del Consejo de Ministros», quedándose en «conclusiones de la Presidencia», que tienen un rango menor y carecen del carácter vinculante asociado a las conclusiones del Consejo. De esta forma fue aprobado por todos los países excepto por Hungría y Polonia.

La indignación que flotaba en el ambiente era tal que Malta propuso impulsar una declaración complementaria en la que los países signatarios se comprometían en firme a impulsar todos los esfuerzos necesarios en el seno de la Unión Europea para asegurar una protección completa de los derechos de las personas LGTBI, y el que pedían a la próxima Comisión Europea que implemente de forma coherente una estrategia en ese sentido. Este documento recibió el apoyo de 19 países. Además de Malta, el país impulsor, lo firmaron Alemania, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, la República Checa y Suecia. Destaca la ausencia en esta lista de la propia Austria. Otros países del Este de Europa que se mantuvieron en todo momento al margen de la discusión (aunque apoyaron el documento final de conclusiones de la presidencia austriaca) prefirieron quedarse al margen.

ILGA-Europa, organización paraguas que agrupa a numerosos colectivos lGTB de toda Europa, ha expresado su satisfacción por la reacción de los países que decidieron plantar cara a Hungría y Polonia. «Es tranquilizador ver a una mayoría de Estados miembro poniendo límites y pronunciarse de forma clara y rotunda sobre el hecho de que eliminar una referencia a las personas LGTBIQ como grupo protegido es inaceptable», ha expresado su directora ejecutiva, Evelyne Paradise. «Por decepcionante que sea el hecho de que no hayan podido ser adoptadas las Conclusiones del Consejo, la Unión Europea no puede ser rehén de dos países y obligada a desmantelar los estándares de no discriminación ya acordados», ha añadido su directora legal, Katrin Hugendubel.

Hungría y Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTB

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La firma del nuevo tratado de libre comercio norteamericano dejaba el viernes pasado un desagradable cambio de última hora. La versión final rebaja el carácter vinculante de la protección frente a la discriminación laboral basada en la orientación sexual y la identidad de género, presente en el texto inicial. Ni siquiera con la nueva formulación, más laxa, se ha dado por contenta la administración Trump. Ante la amenaza de varios congresistas republicanos de rechazar el tratado si se hacía referencia a la realidad LGTB, Estados Unidos se ha autoexcluido de la medida con una nota al pie en la que especifica que el país no va a tomar nuevas medidas en esa dirección.

El pasado 30 de noviembre, el ya expresidente Enrique Peña Nieto, el presidente Donald Trump y el primer ministro Justin Trudeau firmaban el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que sustituirá al Tratado de Libre Comercio en vigor desde 1994. Era el resultado de dos años de negociaciones y ahora deberá superar la ratificación parlamentaria en cada uno de los Estados signatarios. En el ámbito LGTB, la administración Trump ha conseguido, tras diluir su carácter vinculante, autoexcluirse de una ambiciosa formulación contra la discriminación laboral tras las presiones de los republicanos.

El texto original, en su artículo 23, instaba a los tres países a apoyar «políticas que protejan a los trabajadores contra la discriminación laboral basada en el sexo, inclusive con relación al embarazo, acoso laboral, orientación sexual e identidad de género». Pero ya a mediados de noviembre, un grupo de más de cuarenta congresistas republicanos escribieron una carta al presidente urgiéndolo a no firmar el acuerdo si antes no se borraba esta mención. En el trasfondo, la amenaza de rechazar el tratado durante su ratificación en el Congreso de Estados Unidos.

Para sortear este posible veto, la nueva formulación del artículo 23 anima a los países firmantes a fomentar «políticas que consideren apropiadas para proteger a los trabajadores contra la discriminación laboral basada en el sexo (inclusive con relación al acoso laboral), embarazo, orientación sexual, identidad de género y cuidado de personas allegadas». Una formulación, la de «que consideren apropiadas», que rebaja el carácter vinculante del mandato. Aun así, Estados Unidos se autoexcluye de esta recomendación con una nota al pie en la que asegura que las normas existentes en el país ya «son suficientes para cumplir las obligaciones» que impone el tratado en materia de discriminación laboral y «por tanto, no requieren ninguna acción adicional» por parte de la administración estadounidense.

Sin una ley federal contra la discriminación laboral

La realidad es que, a diferencia de Canadá y México, Estados Unidos carece en la actualidad de una ley federal de protección de las personas LGTB frente a la discriminación en el ámbito laboral. La legislación varía según los estados, e incluso hay normas distintas según el condado o la localidad de residencia, de manera que en muchos lugares sigue siendo legal negar un empleo a un candidato solo por ser gay, lesbiana, bisexual o transexual. Desde 1994, de hecho, diversas variantes de una propuesta de ley de no discriminación en el empleo (ENDA, por sus siglas inglesas) han sido presentada ante el Congreso, sin que ninguna haya prosperado.

Para compensar la no aprobación de la ENDA, Barack Obama dictó en 2014 una orden ejecutiva que de forma explícita prohibía a todas aquellas empresas que tengan o que aspiren a cerrar contratos con la administración federal discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género. Se trata, en cualquier caso, de una orden ejecutiva, no de una ley. Donald Trump puede revertirla al margen del Congreso, una posibilidad que por ahora no se ha materializado. Ahora bien, ya en varios momentos los medios estadounidenses han recogido su intención de emitir otra orden ejecutiva a favor de la «libertad religiosa» que la convertiría en papel mojado. Los tribunales, por su parte, han dictaminado que la histórica Ley de Derechos Civiles de 1964 cubre la protección frente a la discriminación laboral de las personas LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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Un tribunal correccional de París ha condenado al expresidente del Frente Nacional Jean-Marie Le Pen por incitación al odio homófobo. La causa, sus comentarios  en los que ha comparado la homosexualidad con la pederastia y criticado el homenaje al policía abiertamente gay Xavier Jugelé, asesinado en los Campos Elíseos, por el protagonismo de su viudo Étienne Cardiles. Le Pen deberá abonar dos multas de 400 euros cada una, así como las costas del juicio e indemnizaciones por daños y prejuicios, por un montante total de 11.000 euros.

Los hechos por los que se ha juzgado y condenado a Le Pen sucedieron en 2016 y 2017. En marzo de 2016, el expresidente del Frente Nacional francés publicaba un vídeo de la serie «Journal de bord» («Diario de a bordo») en su blog en el que afirmaba que «la exaltación de la homosexualidad afecta a todas las profesiones que se acercan a la infancia y a la juventud». Le Pen contrastaba esta situación con la prohibición de «la pedofilia». Una comparación que para los jueces es «injuriosa» y supone la expresión pública de «un discurso de carácter discriminatorio».

En diciembre del mismo año, el exdirigente de ultraderecha respondía en el diario Le Figaro sobre la presencia de personas homosexuales en el Frente Nacional. Le Pen afirmaba entonces que «los homosexuales son como la sal en la sopa. Si no hay ninguna, está un poco sosa. Si hay demasiada, es imbebible». Por aquel entonces, Florian Philippot, abiertamente gay después de ser objeto de un outing, era vicepresidente del partido. Philippot, odiado por el sector más tradicionalista del FN y particularmente por Jean-Marie Le Pen, acabaría dimitiendo después de que Marine Le Pen le retirase buena parte de las competencias internas de las que gozaba.

La sentencia contra Le Pen padre considera que la comparación de la «sal en la sopa» es una injuria que además incita al odio a la comunidad LGTB. Por estas dos causas, se le impone una multa de 400 euros, el pago de 2.000 euros a la asociación contra la discriminación homófoba Mousse, y de otros 2.000 euros por las costas del juicio. El abogado de Mousse Étienne Deshoulières se ha felicitado por la sentencia, que en su opinión «confirma que el discurso homófobo no tiene ya cabida en la política francesa».

El expresidente del FN también ha sido condenado por sus comentarios a raíz del homenaje al policía asesinado en los Campos Elíseos Xavier Jugelé, en abril de 2017. Le Pen declaró entonces que «más que un homenaje al policía, se homenajeaba al homosexual». Tras esta afirmación, añadió que «la participación de su pareja y el largo discurso que este ha pronunciado parecían una especie de institucionalización del matrimonio homosexual, de exaltarlo de alguna manera». Le Pen consideró que la situación marital del Jugelé, de hecho, es una «particularidad familiar» que debería haberse tratado con «más discreción».

Lo cierto es que en el discurso de Étienne Cardiles, pareja del policía fallecido, se alababa tanto la vocación de Jugelé por proteger la paz y a la ciudadanía, como la faceta personal que el resto de personas no conocían de él. En ningún momento se hacía referencia expresa a su homosexualidad: de hecho ni siquiera se hacía referencia a su militancia como miembro de la asociación LGTB de policías y gendarmes Flag ! A Le Pen le molestó especialmente, por tanto, la naturalidad con la que se visibilizó la realidad familiar del policía fallecido.

Así lo entiende también la justicia, para la cual «decir que la orientación sexual de una víctima justificaría una marginación» es una injuria. Le Pen debe pagar por esta causa otra multa de 400 euros, las costas del juicio, que ascienden a 2.000 euros, y una indemnización de 5.000 euros por daños y perjuicios al viudo del policía asesinado. Cardiles se ha mostrado «satisfecho de ver que cuando todo un país se emocionaba por una situación, Jean-Marie Le Pen era el único que la denigraba y hoy se encuentra condenado».

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En un referéndum múltiple, los taiwaneses han votado mayoritariamente por que el matrimonio se defina como la unión entre un hombre y una mujer, tratando de impedir que las parejas del mismo sexo puedan acceder a la institución. Asimismo, han votado por mayoría que se cree una figura aparte que legalice la unión de dos hombres o dos mujeres, lo que conduciría a una ley de uniones civiles. Sin embargo, existe un mandato de la Corte Constitucional que obliga a que el matrimonio sea accesible a las parejas del mismo sexo, para lo que dispuso de un plazo que concluirá en mayo de 2019, lo que convertiría a Taiwán en el primer territorio asiático en legalizar el matrimonio igualitario. Por otra parte, los ciudadanos de Taiwán también han votado en contra de que en los centros escolares se ofrezca información sobre la diversidad sexual y de género.

Coincidiendo con las elecciones locales en Taiwán de este 24 de noviembre, se han convocado un total de diez plebiscitos sobre diversos asuntos, cinco de los cuales afectaban directamente a la población LGTB. Tres de ellos fueron promovidos por la Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación, nombre eufemístico de un conjunto de grupos religiosos marcadamente anti-LGTB, en respuesta al dictamen favorable al matrimonio igualitario de la Corte Constitucional taiwanesa. Tras ver como su recurso ante ese dictamente fuera denegado, consiguieron las firmas necesarias para que la Comisión Electoral Central admitiera la solicitud de celebración de una consulta popular, en la que han planteado a los ciudadanos taiwaneses las siguientes preguntas:

• ¿Está de acuerdo con proteger los derechos de las parejas del mismo sexo de iniciar una relación duradera de convivencia que se base en leyes que no sean el Código Civil de Taiwán?
• ¿Está de acuerdo con que los centros de educación primaria y secundaria no deben iniciar ‘educación gay y lésbica’ tal como está estipulado por la Ley de Reglas de Cumplimiento Para la Educación en la Igualdad de Género?
• ¿Está de acuerdo con que el Código Civil solo debe autorizar el matrimonio entre personas de distinto sexo?

Paralelamente, los grupos de defensa de los derechos de las personas LGTB recogieron también las firmas suficientes para que se consultara a su vez sobre las mismas cuestiones, pero en sentido afirmativo:

• ¿Está de acuerdo con que el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse debería estar protegido en el capítulo sobre matrimonio del Código Civil?
• ¿Está de acuerdo con que la Ley de Educación en la Igualdad de Género debería requerir que la educación en la igualdad de género incluyera la homosexualidad, las relaciones y la educación sexual y que se enseñara en los centros de educación primaria y secundaria?

Para que el resultado de un referéndum tenga validez en Taiwán, los votos positivos deben superar a los negativos y conseguir el apoyo de al menos un 25 % de los ciudadanos censados (en este caso 19.757.067). Si se consiguen reunir estos requisitos, el Gobierno está obligado a redactar un proyecto de ley que plasme el resultado de la consulta y someterlo a votación en el Parlamento.

Después de una agresiva campaña, en la que los económicamente poderosos grupos anti-LGTB han copado todos los medios de comunicación, la votación ha sido totalmente aciaga para los intereses de las minorías sexuales. En todas las consultas la participación ha superado los diez millones de ciudadanos. Estos han sido los resultados:

• La creación de una figura diferente al matrimonio para las parejas del mismo sexo: 6.168.017 de votos a favor y 3.923.240 en contra.
• No implementación de la Ley de Educación en la Igualdad de Género: 6.830.565 a favor y 3.288.034 en contra.
• Matrimonio permitido únicamente a las parejas de distinto sexo: 7.389.705 a favor y 2.789.847 en contra.
• Apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo: 3.250.165 a favor y 6.701.859 en contra.
• Implementación de la Ley de Educación en la Igualdad de Género: 3.373.776 y 6.560.143 en contra.

Un resultado que quizás refleje los resultados de una encuesta realizada por la Coalición por el Matrimonio Igualitario en el pasado mes de julio, según la cual el 80 % de los taiwaneses menores de 35 años estarían a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que entre los que superan esa edad solo lo estaría el 30 %. Es posible que la campaña de la Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación haya movilizado a la población de mayor edad, sin que los defensores de los derechos LGTB, con muchos menos medios económicos, hayan podido conseguir hacer lo propio con los más jóvenes. Según denuncian estos últimos, los promotores del referéndum LGTBfobo«han utilizado sus recursos financieros para obtener apoyo difundiendo el miedo,  desinformando, esparciendo mentiras y rumores a través de las redes sociales, en anuncios de televisión y en los medios impresos».

Desde el activismo LGTB se considera, en todo caso, que la celebración de estas consultas contrarias a los derechos LGTB ha sido absurda, dado que la Corte Constitucional dejó muy claro en su resolución de mayo de 2017 que la prohibición del matrimonio a las parejas del mismo sexo era contraria a la Constitución de Taiwán, y dio un mandato para que antes del 24 de mayo de 2019 el Gobierno adaptara las leyes para subsanar esa conculcación de derechos. En caso de que no lo hiciera, la Corte Constitucional dictaminó que las parejas del mismo sexo podrían inscribir sus matrimonios en el registro civil de manera automática. Lo que sí han lamentado los activistas es que los grupos LGTBfobos hayan diseminado «odio, ansiedad, depresión y pánico moral» entre las minorías sexuales a lo largo de los seis meses de campaña.

La activista Victoria Hsu, abogada y cofundadora de la Alianza Taiwanesa para la Promoción de los Derechos Civiles de las Parejas, clarificaba que «nuestra Corte Constitucional dictaminó que el Parlamento debe enmendar el Código Civil o introducir una nueva ley que legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo antes del 24 de mayo de 2019». Según Hsu, el gabinete administrativo del Gobierno de Taiwán ha aclarado recientemente su posición y ha afirmado que el matrimonio entre personas del mismo sexo se legalizará independientemente del resultado de los referéndums. «La única diferencia», señala la activista, «sería enmendar el Código Civil o introducir una ley separada llamada Ley de Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo. Sin embargo, los grupos anti-LGTB han llevado a sus partidarios a creer que pueden detener el matrimonio igualitario, lo cual es ridículo». Hsu estima que el resultado favorable a los LGTBfobos podría ocasionar que el Gobierno tratase de elaborar una Ley de Matrimonio diferenciada para las parejas del mismo sexo con algunas restricciones en derechos, lo cual llevaría probablemente a una nueva disputa legal ante la Corte Constitucional.

Es evidente que el resultado de los referéndums, en realidad su propia celebración, han provocado una colisión entre disposiciones constitucionales y legales que el Gobierno tendrá que resolver en breve. Esperemos que esa resolución se ajuste al mandato de la Corte Constitucional y los derechos de las parejas LGTB taiwanesas no se vean restringidos.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación, Alianza Taiwanesa para la Promoción de los Derechos Civiles de las Parejas, Coalición por el Matrimonio Igualitario (Taiwán), Discriminación, Homofobia, LGTBfobia, Matrimonio, Referendum, Taiwan, Victoria Hsu

La Corte de Apelaciones de Bermudas ha dictaminado en contra del recurso presentado por el Gobierno contra la resolución judicial que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. La posibilidad de un nuevo recurso ha quedado agotada en el ámbito judicial estrictamente bermudeño, pero el Gobierno aún tiene 21 días para apelar al Consejo Privado del Reino Unido, cuyo comité judicial aún funciona como tribunal de apelaciones para los territorios británicos de ultramar. Los activistas LGTB han solicitado al Gobierno que cese en su «insensatez» y dé por concluida su batalla judicial contra los derechos de las minorías sexuales.

Este 23 de noviembre, la Corte de Apelaciones de Bermudas ha ratificado la decisión de la Corte Suprema que declaraba inconstitucionales los artículos de la Ley de Uniones Civiles que impedían el matrimonio entre personas del mismo sexo. Según aquella sentencia, esos artículos hacían prevalecer unas creencias determinadas sobre otras al establecer qué tipo de pareja puede contraer matrimonio y cuál no, lo que vulneraba la libertad religiosa y de creencias que recoge la Constitución.

Tras la decisión de la Corte de Apelaciones, al Gobierno bermudeño solo le resta una última instancia judicial, el Consejo Privado del Reino Unido, una institución cuyo comité judicial aún continúa ejerciendo como tribunal de apelaciones para los territorios británicos de ultramar. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Bermudas ha denegado la solicitud del Gobierno de dejar en suspenso su resolución durante los 21 días que tiene para decidir si recurre al Consejo Privado.

Los activistas LGTB se han felicitado por la resolución de la Corte de Apelaciones y han pedido al Gobierno que cese en sus intentos de seguir cercenando los derechos de las minorías sexuales. «Deténgase», exigían al Gobierno, «ya es hora de que esta insensatez se detenga y se permita que los bermudeños, todos los bermudeños, incluida la comunidad LGTB, se sientan como parte de una comunidad que los acepta con mucho gusto».

Un derecho reconocido legalmente y obviado políticamente

La situación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bermudas era peculiar. En mayo de 2017, la magistrada de la Corte Suprema Charles-Etta Simmons sentenció a favor de dos hombres que habían reclamado ante los tribunales su derecho a casarse. La jueza consideró entonces que la legislación sobre matrimonio vigente en Bermudas era incompatible con los derechos humanos, ya que contenía una discriminación basada en la orientación sexual de los contrayentes. Por ello, resolvió que los demandantes tenían derecho a contraer matrimonio y declaró que la ley matrimonial debía interpretarse como aplicable a las parejas del mismo sexo. La sentencia tuvo efectos inmediatos y estableció recomendaciones para reformar la normativa, de manera que hiciera referencia a «dos personas» en lugar de a «hombre y mujer».

Sin embargo, el renuente Partido Laborista Progresista, actualmente en el poder, no obedeció esas recomendaciones, apoyado por una sociedad que, meses antes, rechazaba en referéndum la posibilidad de reconocer las uniones entre personas del mismo sexo, ya fueran en forma de matrimonio o de unión civil. El referéndum, consultivo y no vinculante, no alcanzó, sin embargo, el quórum necesario para ser considerado válido.

Dispuesto a satisfacer a sus votantes más conservadores, el Gobierno no llevó a cabo ninguna de las recomendaciones establecidas en la sentencia de la Corte Suprema, por lo que dos personas del mismo sexo podían conseguir que su unión fuera llamada matrimonio, pero las diversas leyes y normativas que tuvieran que ver con el vínculo matrimonial seguían sin aplicárseles. La decisión del poder legislativo fue, en cambio, el subterfugio de la creación de uniones civiles para las parejas del mismo sexo (como mal menor ante sus votantes), con derechos semejantes al del matrimonio, pero como una institución diferenciada. La ley fue aprobada por el Parlamento en diciembre de 2017 y promulgada por el gobernador en febrero de este 2018. Esta nueva figura legal no tuvo efectos retroactivos, por lo que los matrimonios de parejas del mismo sexo realizados desde la sentencia de la Corte Suprema hasta la entrada en vigor de la nueva legislación continuaron vigentes. Sin embargo, esta ley fue parcialmente declarada inconstitucional por la Corte Suprema, concretamente los artículos que prohibían el acceso de las parejas del mismo sexo a la institución del matrimonio. El Gobierno, persistió en su actitud y presentó recurso ante la Corte de Apelaciones, que finalmente ha ratificado la decisión de la Corte Suprema y declarado incostitucional la prohibición del matrimonio igualitario.

Del conservadurismo de la sociedad bermudeña da fe que no despenalizó la homosexualidad hasta 1994, y que, por ejemplo, la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales masculinas sigue siendo dos años superior que para las relaciones heterosexuales o lésbicas (18 años frente a 16). Aunque ello no ha evitado que se produzcan avances significativos. En 2013, por ejemplo, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe discriminar por razones de orientación sexual (a finales de 2012 nos hicimos eco de la misma). Y a principios de 2015 la Corte Suprema de Bermudas falló a favor de la adopción homoparental, lo que permite a las parejas del mismo sexo adoptar en igualdad de condiciones a las parejas de distinto sexo.

El matrimonio igualitario en Reino Unido, sus dependencias y territorios

La composición política y territorial del Reino Unido es compleja, lo que repercute en la legislación de derechos como el matrimonio igualitario, ya que cada territorio o dependencia tiene competencia plena al respecto. La situación es la siguiente (entre paréntesis, la entrada en vigor de la correspondiente legislación):

En las tres dependencias de la Corona:

• La isla de Man (2016), Guernsey (2017) y Jersey (pendiente de sanción real) cuentan ya con leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo.
• El Bailinazgo de Guernsey tiene, a su vez, dos dependencias: en Alderney las parejas del mismo sexo puede casarse desde el 13 de diciembre de 2017, mientras que en Sark aún no se ha legislado al respecto, pero sus responsables políticos se han comprometido a hacerlo próximamente.

En los 14 territorios de ultramar:

• El matrimonio igualitario está aprobado en las islas Pitcairn (2015); el Territorio Antártico Británico (2016); la base de Acrotiri y Dekhelia (2014); Gibraltar (2016); el Territorio Británico del Océano Índico (2014); las islas Malvinas (2017); Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur (2014); y el territorio que conforman la isla de Santa Elena, la isla Ascensión y Tristán de Acuña (2017).
• En Bermudas está vigente por decisión judicial desde mayo de 2017, pero podría ser reemplazado por una ley de uniones civiles por decisión de su Asamblea de Representantes, que meses después votó por la derogación. No obstante, este retroceso en los derechos LGTB todavía debe obtener la sanción real, cuestión que aún se está debatiendo en el Gobierno británico.
• No es legal en Anguila (aunque sí se reconocen los matrimonios celebrados en circunscripciones donde está permitido), las islas Vírgenes Británicas, las islas Caimán, Montserrat y el territorio conformado por las islas Turcas y Caicos.

En el propio Reino Unido en sí:

• Existe el matrimonio igualitario en Inglaterra, Gales (2014) y Escocia (2014).
• No está permitido en Irlanda del Norte, donde los conservadores protestantes siguen impidiendo su aprobación, utilizando torticeramente para ello el protocolo acordado en los procesos de paz para ocasiones especiales.

Fuente Dosmanzanas

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Ya hace días que explicamos que en la región de Dar es Salaam, en Tanzania, ha empezado una “purga” gay impulsada por su gobernador, Paul Makonda, con la intención de identificar, detener y torturar a las personas gais para que “vuelvan” a ser heterosexuales. También hace días que te explicamos que el Ministro de Exteriores del país, Alphaxard Kangi Ndege Lugola, explicó a la prensa que el gobierno no ve con buenos ojos esa “purga”… para luego ir al Parlamento a decir que Tanzania “no es el lugar” para ser homosexual porque “nunca permitiremos que esas cosas ocurran“.

Es asombrosa la inexistente reacción de los colectivos LGTB+ que se lanzaron en tromba a manifestarse frente a las embajadas rusas cuando ocurrió más o menos lo mismo en Chechenia.

A la que esta vez parece que no tenemos que esperar mucho rato es a la comunidad internacional, que aunque en el caso de Chechenia ni estuvo ni se la esperaba, en el caos de Tanzania sí han empezado a mover ficha.

Primero fue la mismísima Unión Europea la que llamó a consultas a su embajador en Dar es Salaam, Roeland van de Geer, y emitió un comunicado denunciando “el deterioro en materia de derechos humanos” en Tanzania. Por su parte el gobierno de Estados Unidos ordenó a la embajada americana en el país que emitiera una alerta de seguridad recomendando a sus ciudadanos que revisaran sus perfiles en redes sociales, porque Makonda ya anunció que no se iba a amilanar a la hora de monitorizar comunicaciones privadas para “detectar” a los homosexuales.

Ahora Tanzania se acaba de llevar un golpe mucho más duro que una consulta a un embajador o una alerta de seguridad. El gobierno de Dinamarca, el segundo país que más ayudas inyecta en el país (unos 53 millones de dólares solo el año pasado), ha anunciado que no seguirán ayudando económicamente al país. Según Ulla Tørnæs, ministra de desarrollo danesa, el país está muy preocupado por “el desarrollo negativo” del país africano,  ha condenado los comentarios homófobos e “inaceptables” de sus responsables políticos y ha anunciado que retiran una ayuda de 10 millones de dólares. “El respeto a los derechos humanos es de suma importancia para Dinamarca“, aseguró Tørnæs

Pero Tanzania no ha perdido solo 10 millones de dólares. Aunque no ha sido por el caso de la “purga” gay, el Banco Mundial ha decidido cancelar los planes de un préstamo de 300 millones de dólares al país; por un lado porque Tanzania ha decidido prohibir que las jóvenes embarazadas vayan a la escuela o al instituto (y también que vuelvan después de dar a luz) y por otro lado por la ley sobre estadística que el país aprobó en septiembre y que convierte en un crimen que se cuestionen los datos que proporciona el gobierno.

Lo de los gobiernos de los países homófobos que dependen de ayudas internacionales para que su población no se rebele contra ellos es, cuando menos, curioso. En sus discursos siempre acusan a los países occidentales de querer “imponer” sus nuevas costumbres (los derechos LGTB+), y las rechazan de pleno… Pero no tienen ningún problema a la hora de aceptar nuestro dinero occidental. Alguien debería tomar nota de eso.

Fuente  Pink News, vía HazteQueer

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Solo un 7% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años se opone al matrimonio igualitario. Así lo pone de manifiesto una encuesta de Pew Research Center, el prestigioso instituto de investigación social estadounidense, cuyo objetivo era la de comparar las actitudes de la juventud de 34 países europeos en diversos aspectos. Un resultado coherente con lo que muestran estudios previos, que de forma repetida colocan a España como uno de los países con mayor aceptación social de la realidad homosexual.

De todos los países de la encuesta, solo Suecia y Dinamarca, dos países nórdicos cuya tradición de respeto y tolerancia al colectivo LGTB es bien conocida, registran cifras inferiores a las de España (5% y 6%, respectivamente). Justo a continuación de España, se sitúan Bélgica (9%), Holanda (10%), Finlandia (12%), Reino Unido (13%), Austria, Noruega y Portugal (14%), Alemania (15%), Suiza (16%), la República Checa (18%) e Irlanda (20%). Cabe destacar que en casi todos estos países se ha aprobado (mediante diferentes procedimientos) el matrimonio igualitario, con la excepción de República Checa (cuyo parlamento lo está discutiendo) y Suiza (pincha para ampliar la imagen):

A más distancia y a caballo entre las Europas occidental y oriental se sitúa Italia, con un 27%. Hablamos de un país que arrastra una LGTBfobia social mayor que la del resto de Europa occidental, y en el que por ejemplo ninguno de los grandes partidos políticos ha apostado nunca por el matrimonio igualitario. Detrás de Italia se sitúan todos los países de la Europa del este, así como los de tradición ortodoxa. Pese a todo, pueden apreciarse importantes diferencias entre aquellos en los que el porcentaje de jóvenes contrarios al matrimonio igualitario está relativamente equilibrado con el resto, como Eslovaquia (42%), Polonia (50%), Grecia (51%) o Hungría (52%); aquellos en los que ya empieza a ser muy importante, como Estonia y Croacia (61%), Rumanía (66%), Bulgaria (68%) y Letonia (70%), y aquellos en los que la oposición es abrumadora, como Lituania (74%), Bielorrusia y Serbia (75%), Bosnia-Herzegovina (79%) y por supuesto Ucrania (82%), Rusia (86%), Moldavia (89%), Georgia (94%) y Armenia (95%).

No han sido incluidos en la encuesta Islandia, Luxemburgo y Malta (que caerían, casi seguro, en el bloque de países más tolerantes) ni Albania, Chipre, Kosovo, Montenegro, Macedonia y Turquía (en los que creemos que, con distintos porcentajes, la oposición sería importante). Nos hubiera gustado conocer especialmente el porcentaje de Eslovenia, país en el que llegó a aprobarse una ley de matrimonio que fue luego anulada en un referéndum promovido desde sectores afines a la Iglesia católica en el que participó poco más de un tercio del censo, y el pasado marzo aprobó una ley de uniones civiles. Imposible olvidar, por cierto, el papel que desempeñó el papa Francisco, que pocos días antes del referéndum quiso dar su apoyo expreso a los partidarios de prohibir el matrimonio igualitario y contribuir de esta forma a la victoria del bando homófobo.

Más allá de las opiniones sobre el matrimonio igualitario, el estudio de Pew Research Center preguntaba a los jóvenes europeos sobre otras materias como la actitud hacia las personas de religión musulmana, la importancia que conceden a la religión como elemento de su identidad nacional, el aborto o la creencia en que la cultura propia es superior a otras. Sus resultados quedan fuera del ámbito LGTB, pero arrojan dos resultados que de forma general son coherentes con la opinión sobre el matrimonio igualitario: hay un fuerte contraste entre los jóvenes de Europa occidental y oriental, y en todos los casos los jóvenes españoles se sitúan en el lado más tolerante del espectro. Puedes acceder aquí a más información sobre el estudio.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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La noticia la ha divulgado El Periódico de Aquí, diario local valenciano, que ha tenido acceso a la denuncia. Cinco jóvenes fueron víctimas, en la madrugada de este domingo, de una agresión homófoba en Valencia, a manos de un grupo más numeroso de individuos que antes les preguntaron si eran homosexuales. 

Los jóvenes se encontraban en las inmediaciones del mercado de Russafa, en el barrio del mismo nombre, una de las zonas tradicionalmente consideradas «de ambiente» de la capital valenciana. Los agresores, un grupo que les doblaba en número, se les acercaron y les pidieron un cigarrillo. Tras recibir una negativa, les preguntaron si eran homosexuales. Al responder los jóvenes que sí lo eran comenzaron los insultos homófobos (del tipo de «qué asco, os la metéis por el culo, cómo os puede gustar esas cosas, maricones de mierda»), las amenazas y finalmente la agresión física. Dos de los jóvenes acabaron en el suelo, recibiendo golpes y patadas. Uno de los agresores intentó además robarle la riñonera a una de las víctimas.

Por fortuna, uno de los chicos se zafó de los agresores y pudo pedir auxilio a otras personas que se encontraban en la zona, así como avisar a la policía. En el momento en que las otras personas se acercaron los agresores huyeron, aunque ya en un primer momento la policía consiguió identificar a tres de los agresores cuando patrullaron la zona junto a una de las víctimas. Posteriormente, tras ser acompañados por la policía a un centro sanitario para ser atendidos de las contusiones, las víctimas consiguieron identificar a otros dos agresores.

Agredido tras quedar con dos hombres mediante una aplicación de citas

Aunque no tiene relación con la noticia anterior, se da la circunstancia de que pocos días antes se había producido otra agresión de tintes homófobos en la capital valenciana. En esta ocasión la víctima fue agredida por dos individuos con los que había contactado a través de una aplicación de citas y a los que invitó a su casa para mantener relaciones (y que se presentaron en su casa acompañados de un tercero).

Según recoge el diario Levante, la agresión tuvo lugar el pasado miércoles. Por respeto a su intimidad, no ha trascendido ni el barrio en el que ocurrió ni por supuesto la identidad de la víctima, de 41 años de edad, que invitó a su casa a dos hombres con los que contactó mediante una aplicación de citas (tampoco ha trascendido cuál). Cuando estos se presentaron lo hicieron acompañado de un tercero, pese a lo cual la víctima confió y los dejó pasar. Apenas entraron en la vivienda le propinaron una brutal paliza, además de robarle el teléfono móvil.

La víctima, por fortuna, pudo llamar al 112 y pedir ayuda. Fue atendido en su casa por los servicios de emergencias pero precisó atención hospitalaria y varios puntos de sutura en la cabeza. Expertos informáticos de la Policía Nacional tratan ahora de identificar a los agresores, que bien podrían haber cometido otras agresiones del mismo tipo (muchas víctimas de este tipo de agresiones a manos de individuos con los que se ha contactado para mantener relaciones no denuncian lo sucedido, por vergüenza, desconfianza hacia la policía, por encontrarse en el armario, etc.).

Repunte de la LGTBfobia en Valencia

Ya este verano el Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia denunciaba un repunte de las agresiones registradas contra personas LGTB en la Comunidad Valenciana, cuyas víctimas son básicamente hombres jóvenes, gais o bisexuales, de edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, mientras que el perfil del agresor es sobre todo el de varones, solos o en grupo, de mediana edad.

Hay que tener en cuenta, en este sentido, que la actividad del Observatorio Valenciano, que nació el año pasado impulsado por el colectivo alicantino Diversitat, es más reciente que la de sus homólogos madrileño o catalán. El pasado mes de abril publicó su primer informe anual, referido al año 2017. Según dicho informe, elaborado a partir de las denuncias y consultas recibidas por parte de Diversitat y de varias entidades colaboradoras, en el territorio valenciano se contabilizaron durante el año pasado 79 delitos e incidentes motivados en el odio y la discriminación. Todo apunta a que este 2018 la cifra será significativamente mayor.

Fuente Dosmanzanas

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Santiago de Chile ha acogido este fin de semana una multitudinaria marcha por el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, convocada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), bajo el lema «Basta de bla-bla». «Cuando las encuestas dicen que la mayoría los chilenos y chilenas respalda la adopción homoparental y el matrimonio igualitario, las más de 80 mil personas asistentes hoy a la marcha demuestran ello. El país en su mayoría no tolera que existan familias de primera y segunda categoría», ha defendido la portavoz del MOVILH Daniela Andrade. Según un reciente estudio, el 64,5% de los congresistas está a favor del matrimonio igualitario y el 65,6% de la adopción homoparental, a pesar de que el presidente Piñera se niega a cumplir el acuerdo sobre matrimonio igualitario firmado en 2016 entre el Estado chileno y el MOVILH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Con la marcha, argumenta el activista chileno Rolando Jiménez, «también recordamos que el Estado de Chile firmó una acuerdo con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para impulsar el matrimonio igualitario. Pese a que el Acuerdo es legal y vinculante, según lo señalado por la propia Contraloría General de la República, el Estado aún no cumple su promesa, lo cual es gravísimo, pues deja a Chile como un país que no cumple con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos».

Según un reciente estudio del Laboratorio Constitucional de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, que entrevistó a 183 de los 198 congresistas, es decir al 92,4% del total,  el 64,5% está a favor del matrimonio igualitario y el 65,6% respalda la adopción homoparental.

«Estas cifras coinciden con cálculos de nuestra organización y demuestran que aquí se debe pasar del discurso a la práctica. Si la mayoría apoya, no hay razón alguna para seguir postergando la adopción homoparental o el matrimonio igualitario. Pese a ello, este último proyecto de ley no se discute desde noviembre del 2017 en el Congreso. Los discursos se deben llevar a la práctica. No más bla-ba», señala el responsable del MOVILH Oscar Rementería.

El conservador Piñera no quiere avances igualitarios

Como en su momento recogimos, el Estado chileno y el Movimiento de Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) alcanzaron en 2016 una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio (puedes descargar aquel acuerdo aquí). El acuerdo, considerado histórico en su momento, implicaba ir más allá de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (aprobadas el año anterior) y promover el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad (que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales), así como la aprobación de una ley de identidad de género y un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria (la conocida como «ley Zamudio»), entre otras medidas.

Mientras que la ley de identidad de género era aprobada en septiembre (tras cinco largos años de tramitación y no sin grandes dificultades en los últimos meses), el resto de avances permanecen sin embargo congelados. Es más, según se filtró a la prensa chilena, el Gobierno de Sebastián Piñera manifestó ante la CIDH que no piensa cumplir el acuerdo por lo que al matrimonio igualitario se refiere. Se acoge para ello a una más que dudosa interpretación de la literalidad del acuerdo, según el cual el Estado chileno se comprometía a tramitar un proyecto de ley de matrimonio igualitario y a (reproducimos literalmente) «adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva».

Para el Gobierno de Piñera, este compromiso ya ha sido cumplido con la presentación en 2017 por el entonces Gobierno de Michelle Bachelet de un proyecto de ley de matrimonio igualitario, que formalmente no ha sido retirado. El actual Gobierno considera que no está obligado a nada más, dado que «el Estado nunca se obligó a obtener la aprobación legislativa del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo».

Audiencia sobre matrimonio igualitario de la CIDH

Se la la circunstancia de que la CIDH ha convocado su primera audiencia temática sobre matrimonio igualitario. La histórica audiencia tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el marco de su 170 período de sesiones, que se desarrollará en Washington. La petición, a demanda de varios movimientos LGTB latinoamericanos, ha sido  coordinada precisamente por los abogados que representaron al MOVILH en su demanda internacional por el matrimonio igualitario, los juristas Hunter Carter, Ciro Colombara y Branislav Marelic.

Fuente MOVILH/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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La esperanza de vivir una vida digna es más poderosa que las amenazas y el miedo. No se nos ocurre otra reflexión cuando vemos las imágenes de la boda entre Erick Dubón y Pedro Nehemías, dos jóvenes hondureños de 23 y 22 años, respectivamente, y que forman parte de la caravana migrante que ha atravesado México desde Honduras. Un subgrupo de la caravana, compuesto por varios cientos de personas, ha llegado ya a Tijuana, en la frontera con Estados Unidos. Con ellos se encuentran varias docenas de personas LGTB que huyen, no está de más recordar, de una de las regiones del mundo con una mayor LGTBfobia social y de Estado, pero a las que les espera un futuro no precisamente fácil.

El grupo de migrantes está formado por personas que huyen de países como El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua, con altísimas altas de pobreza y en algunos casos con importantes conflictos políticos. Pero también con graves problemas de LGTBfobia social y de Estado.

El caso de Honduras, país del que proceden Erick Dubón y Pedro Nehemías, es paradigmático. Se trata de los países del mundo que registra mayor violencia contra las personas LGTB, y muy destacadamente contra las personas trans. De hecho, sin hacer un seguimiento intensivo, son numerosos los casos de agresiones que  hemos recogido en los últimos años. Muy especialmente tras el golpe de Estado del año 2009, cuando la situación se deterioró de forma acelerada y se produjeron varios asesinatos de activistas LGTB. La relativa «normalización» política de años posteriores no se ha acompañado de una mejora de la situación de la comunidad LGTB, cuyos miembros ha seguido siendo objeto de violencia, fuesen activistas o no (en la entrada que dedicamos el año pasado a Honduras tras el asesinato de la activista trans Sherlyn Montoya puedes encontrar más detalles).

No es de extrañar, por tanto, que numerosas personas LGTB procedentes de estos países haya decidido sumarse a la caravana en busca de la libertad para ser ellas mismas sin miedo a la persecución, la tortura o la muerte. The Washington Post recogía esta pasada semana los testimonios de varias de ellas, que forman parte de un grupo que decidía separarse de la caravana principal en Ciudad de México y desplazarse en autobús hasta Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, donde de hecho ya han llegado varios centenares de migrantes que ahora esperan su oportunidad de cruzar al norte. Un grupo que ha tenido que soportar también, según recogía el diario estadounidense, la LGTBfobia de una parte de sus propios compañeros de caravana, y que les ha llevado a buscarse entre ellos, agruparse y protegerse.

La caravana de migrantes, LGTB o no, cuenta además con el recelo de una parte de la población mexicana, ya de por sí muy empobrecida. Pero de lo que no hay dudas es de su fuerza y de su esperanza. Buen ejemplo de ello son las imágenes de la boda entre Erick Dubón y Pedro Nehemías, que este domingo se hacían virales al publicarlas en Twitter la periodista Sarah Kinosian, que acompaña a la caravana migrante. Desconocemos los detalles de la ceremonia y si el matrimonio tendrá reconocimiento legal (Tijuana está en Baja California, uno de los estados mexicanos en los que se celebran matrimonios entre personas del mismo sexo), pero su valor simbólico es indudable. Y según tuiteaba Kinosian, otras seis parejas estaban ya dispuestas a seguir sus pasos.

No sabemos qué futuro espera a Erick y Pedro. Su intención es solicitar asilo en Estados Unidos, pero qué duda cabe que lo tienen francamente complicado, y más ahora que su presidente, Donald Trump, no ha dudado en convertir a la caravana en un nuevo chivo expiatorio y dirigir contra ella sus ataques de odio. Tampoco lo tienen fácil en México. El País recoge hoy, precisamente, como ya se están produciendo los primeros brotes de xenofobia contra las personas que han llegado a Tijuana.

Sea como sea, les deseamos lo mejor.

Os dejamos con el momento en el que se dieron el «sí»:

Congrats to Erick and Pedro! The first LGBT couple of 7 from the migrant caravan to get married today. pic.twitter.com/6t3Snt6jZV

— Sarah Kinosian (@skinosian) 18 de noviembre de 2018

Fuente Dosmanzanas

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Diez hombres fueron detenidos en el archipiélago tanzano de Zanzíbar pocos días después de que el comisionado de la ciudad portuaria de Dar es-Salam, Paul Makonda, hiciera un llamamiento para que los ciudadanos denunciasen a quienes consideraran sospechosos de ser homosexuales. Las detenciones se produjeron tras una redada policial en una supuesta «boda gay», aunque posteriormente todos los implicados fueron puestos en libertad sin cargos por falta de pruebas. Las autoridades policiales, sin embargo, declaran que continuarán con la investigación y no descartan que vuelvan a ser detenidos. La defensa, por su parte, teme las represalias policiales hacia sus defendidos y el grave estigma social del que serán objeto. No obstante, el Gobierno tanzano ha querido distanciarse del llamamiento y las declaraciones homófobas del comisionado Makonda, al señalar que se trata de «su opinión personal», mientras aboga por el respeto a los derechos constitucionales y humanos de los ciudadanos tanzanos.

El sábado 3 de noviembre tuvo lugar una redada policial en la isla de Unguja, la mayor del archipiélago tanzano de Zanzíbar, en lo que se había denunciado como una supuesta fiesta de celebración de una «boda gay». Diez hombres fueron detenidos y posteriormente puestos a disposición policial. Permanecieron privados de libertad hasta el 8 de noviembre, día en el que el jefe regional de la Policía de Unguja, Suleiman Hassan, comunicó su liberación, dado que «hemos estado investigando este caso como se nos informó, pero hasta el momento no hemos encontrado evidencia de actos ilegales». Sin embargo, también aseguró que «continuamos con nuestra investigación y, si encontramos evidencia, podrían ser detenidos de nuevo y acusados».

Efectivamente, el abogado de los detenidos expresaba su temor a una nueva detención. «He lidiado con muchos de estos casos y dado el alto nivel de homofobia en el país, no creo que esto sea el final para mis clientes», afirmaba, «es probable que sean acosados y arrestados nuevamente». Precisamente por esa homofobia social que denunciaba, el defensor no quiso facilitar su nombre por temor a las represalias. Sea cual sea el resultado final de la investigación y el proceso, los diez detenidos ya se deben enfrentar al estigma y el oprobio social.

La redada se produjo tan solo unos días después de que el comisionado de la ciudad portuaria de Dar es-Salam, Paul Makonda, pidiera a la población que denunciara a todas aquellas personas sospechosas de ser homosexuales para que fueran detenidas e investigadas por un «equipo especial» de las fuerzas de seguridad. Pocos días después se habrían recibido más de 5.000 mensajes de denuncia y las autoridades de Dar es-Salaam contarían ya con más de 100 nombres en la lista.

La reacción internacional a esta amenaza de «caza de homosexuales» fue inmediata. Por ejemplo, la Unión Europea comunicó que revisaría sus tratados con Tanzania tras esta vulneración de los derechos humanos. Como consecuencia, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Tanzania se emitió el siguiente comunicado:

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación con África Oriental, en nombre del Gobierno de la República Unida de Tanzania, desea informar a su pueblo y a la comunidad internacional a través de los medios locales e internacionales acerca del problema de la homosexualidad abordado recientemente por el excelentísimo comisionado regional de Dar es-Salam. En su reunión con los medios de comunicación, el excelentísimo comisionado regional anunció una campaña para hacer frente a los actos homosexuales en la ciudad de Dar es-Salaam. El Gobierno de la República Unida de Tanzania desea aclarar que esa es su opinión y no la posición del Gobierno. Además, el Gobierno de la República Unida de Tanzania desea aprovechar esta oportunidad para recordar e insistir en que continuará respetando todos los acuerdos internacionales sobre derechos humanos que ha firmado y ratificado. Tanzania seguirá respetando y protegiendo los derechos contenidos en la Constitución de la República Unida de Tanzania.

A pesar de este distanciamento forzado del Gobierno tanzano, lo cierto es que el llamamiento de Makonda no ha sido más que la última abatida de la ola de homofobia de Estado en Tanzania, que está alcanzando cotas sin predecentes. Hace poco más de un año el entonces ministro de Interior, Mwigulu Nchemba, amenazó abiertamente con detener y juzgar a quienes defendiesen los derechos LGTB en el país africano. «Me gustaría recordar y advertir a todas las organizaciones e instituciones que hacen campaña y pretenden proteger los intereses homosexuales (…) que vamos a detener a cualquiera que esté involucrado y presentar cargos ante los tribunales», aseguraba. Días antes, el presidente John Magufuli se había referido con crudeza al papel de las ONG extranjeras, a quienes prometió combatir aunque eso significara la pérdida de ayudas internacionales.

Pero fue en el verano de 2016 cuando comenzó a tenerse noticia de la deriva LGTBfoba de las autoridades tanzanas, de la mano del mismo Paul Makonda, que parece decidido a utilizar la homofobia de la población como instrumento para encumbrarse políticamente. El comisionado de Dar es-Salam anunciaba entonces una campaña de represión contra los homosexuales, lo que dio lugar a varias detenciones en locales de ambiente. Makonda también amenazó con detener a quienes siguieran en las redes sociales a hombres abiertamente homosexuales. En octubre de 2017 se tuvo noticia de la detención de doce hombres en un hotel.

Homofobia de Estado

El Código Penal tanzano castiga las relaciones «contra el orden de la naturaleza», entre las que se incluyen la zoofilia o la sodomía, con penas de cárcel que pueden llegar hasta la cadena perpetua. La «grave indecencia» entre varones puede ser penada con cinco años de prisión. Las relaciones lésbicas, en cambio, solo están explícitamente castigadas en la región insular de Zanzíbar, con penas de hasta cinco años de cárcel que pueden sustituirse por una multa de hasta 500.000 chelines (210 euros, 230 dólares). Sin embargo, en diciembre pasado nos llegaba la noticia de la primera detención de una mujer en el interior del país tras hacerse viral un vídeo en el que besaba y regalaba un anillo a otra mujer. Una detención que claramente apuntaba a que las autoridades tanzanas han apostado por hacer una interpretación más extensiva y menos garantista de la legislación homófoba, que apenas se aplicaba hace unos pocos años.

La ofensiva se ha extendido incluso al ámbito sanitario: el Ministerio de Sanidad comunicaba, también en el verano de 2016, la prohibición de la importación y venta de lubricantes sexuales, argumentando que fomentaban las relaciones entre varones y la propagación del VIH. En junio de 2017 las amenazas alcanzan a las personas extranjeras que simplemente defiendan los derechos del colectivo LGBT. Así, el gobierno de Tanzania amenazó con deportar a quienes ayuden y defiendan al colectivo LGBT. Un paso más en la escalada represora del gobierno tanzano, que en los últimos tiempos ha arreciado en su empeño de estigmatizar a sus ciudadanos LGTB, utilizándoles como cabeza de turco a quien culpar de los problemas del país. Y hace dos años el entonces viceministro de Sanidad, Hamisi Kigwangala, emitía un comunicado en el que aseguraba que el Gobierno protegería los valores tradicionales de la sociedad tanzana, argumentando que «no puedo negar la presencia de personas LGTBI en nuestro país y el riesgo que presentan para la propagación del VIH/sida». Con ese propósito, a principios de 2017, Kigwangala ordenaba la detención de varios ciudadanos tanzanos, acusándoles de «promover la homosexualidad» a través de las redes sociales.

En definitiva, parece que las autoridades tanzanas, a imagen y semejanza de lo que viene sucediendo en otros países de la región, han decidido estigmatizar a sus ciudadanos LGTB y utilizarlos como cabezas de turco a quienes culpar de los problemas del país. Un escenario que nos hace temor lo peor.

La homosexualidad es ilegal en 38 de los 54 países africanos, castigándose con la muerte en Sudán, Somalia y Mauritania. En 2014, Uganda trata de imponer la pena de muerte a los condenados por ser homosexuales, pero ante la controversia creada la ley fue rectificada. Amnistía Internacional denuncia en julio de este mismo año que las autoridades de Tanzania estaban «arrestando y persiguiendo a la población con cargos relacionados con la homosexualidad, sometiéndoles a exámenes anales forzosos».

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Las autoridades malasias vuelven a censurar una película por visibilizar la homosexualidad. Se trata de Bohemian Rhapsody, el filme sobre la mítica banda Queen y su vocalista Freddie Mercury. Las escenas borradas en la versión proyectada en el país asiático hacen referencia principalmente a relaciones entre hombres y travestismo. El filme, recomendado para mayores de 13 años en Estados Unidos y Reino Unido, ha recibido en Malasia una calificación para mayores de 18 años para evitar «más cortes» que «habrían afectado a la trama».  

Bohemian Rhapsody, que se ha estrenado recientemente en cines, cuenta la historia de la banda de rock Queen hasta el famoso concierto Live Aid en el estadio de Wembley en 1985. La cinta explora (sin entrar en profundidades) la sexualidad de Freddie Mercury, incluyendo sus relaciones con otros hombres. Un tema tabú para las autoridades malasias, que, como ya hicieran con La Bella y la Bestia, han vuelto a censurar las escenas donde la homosexualidad es más visible. Ya entonces la LPF dejó claro que solo permite tramas que hagan referencia a la homosexualidad si el personaje muere o acaba renunciando a su orientación sexual a lo largo de la película. En el caso de la película de Disney, la productora se negó a permitir la proyección de una versión censurada, cosa que no ha ocurrido por el momento con Bohemian Rhapsody.

Aunque en un principio se informó sobre un supuesto corte de 24 minutos con respecto al metraje original, la censura se ha quedado reducida a un total de tres minutos. En concreto, según el presidente de la LPF Mohd Zamberi Abdul Aziz, se han eliminado palabras malsonantes, así como escenas de «hombres besándose, hombres frotándose unos contra otros y un grupo de hombres con vestidos celebrando  una fiesta en una mansión». También se han borrado referencias a la relación entre Freddie Mercury y Jim Hutton (el que fuera su pareja durante los últimos años de su vida, al que la película presenta en un par de secuencias) y se ha editado la parte en la que Mercury se confiesa bisexual a su entonces pareja Mary Austin.

Zamberi defendió la edición de la película se ha llevado a cabo para que los malasios puedan verla, porque en caso contrario, las autoridades la habrían vetado por completo. «Cualquier cosa relacionada con lo LGTB o que lo promueva no se admitirá, y como sabemos que es una película que la gente quiere ver, solo cortamos muy pocas escenas», afirmó. Además de la censura, la película ha sido calificada para mayores de 18 años, a diferencia de Estados Unidos y Reino Unido, donde está recomendada para mayores de 13. Zamberi argumenta que, de haberla mantenido para mayores de 13 años, el filme habría sufrido la eliminación de escenas con besos o consumo de alcohol, por ejemplo. Unos cortes que «habrían afectado a la trama», a diferencia al parecer de los que sí se han producido.

LGTBfobia y censura pese al cambio político

En entradas anteriores hemos venido hablando de la escalada de LGTBfobia de Estado en Malasia, y que el nuevo Ejecutivo no ha frenado pese a las esperanzas que había despertado. En agosto de este año una representante del Gobierno afirmó que el colectivo LGTB no debe visibilizarse porque incomoda «a la mayoría» del país. Lo hacía a cuenta de la censura de los retratos de los activistas Pang Khee Teik y Nisha Ayub en una exposición de George Town (ciudad del Estado de Penang) por orden administrativa. Hace un mes, el ministro de Religión calificó los derechos LGTB de «ideas extremas» que «no se pueden permitir».

La LGTBfobia social y política imperante en Malasia ha llevado a situaciones que rozan el absurdo, y que hemos recogido en esta misma página. En febrero del año pasado, en un vídeo promovido por el Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia se sugería a los homosexuales que «aprender» a ser hetero es como iniciarse en la equitación. En febrero de este año nos hacíamos eco de un artículo que ejemplificaba la estigmatización de la comunidad LGTB también desde los medios de comunicación. En abril, nos enterábamos de que la Universidad de Ciencias de Malasia (USM) celebró un concurso de carteles para “convertir”alumnos gays en heterosexuales. Y en mayo que el gobierno de Malasia ha comenzado a bloquear páginas LGTB+, incluido el portal Utopia-Asia que es la principal fuente de información para viajeros gais en la región. Otros ejemplos son el anuncio de censura de programas con personajes homosexuales; la censura de una escena de La Bella y la Bestia y de una canción de Lady Gaga o la cancelación de un Festival que se celebraba desde 2008 para promover el respeto a la diversidad sexual.

Otros ejemplos son el anuncio de censura de programas con personajes homosexuales; la censura de una escena de La Bella y la Bestia, de la que ya hemos hablado, y de una canción de Lady Gaga o la cancelación de un Festival que se celebraba desde 2008 para promover el respeto a la diversidad sexual.

Una estigmatización social que, en ocasiones, tiene consecuencias criminales. Especialmente preocupante fue lo sucedido en 2012, cuando un joven gay musulmán recibió amenazas de muerte por difundir un vídeo en el que animaba a otros homosexuales a salir del armario. En junio del año pasado conocíamos la muerte de un adolescente, T. Nhaveen, después de cinco días en coma y sufrir una dura agresión de carácter homofóbica que le había dejado con varias heridas y quemaduras en la espalda, además de ser sodomizado con una barra. T. Nhaveen, de dieciocho años de edad, había quedado con su mejor amigo, T. Previin, de 19 años de edad, el sábado, 10 de junio, alrededor de las 11 de la mañana en una hamburguesería de Gelugor, un zona residencial de George Town, en Penang, para celebrar que iba a comenzar su vida como estudiante de música en Kuala Lumpur, pero falleció el jueves, 15 de junio, tras ser víctima de una dura agresión homofóbica que le deja en coma durante cinco días. Un episodio más de bullying homofóbico que en esta ocasión había consternado a la sociedad de Malasia por su dureza y violencia. Ante este escenario, podría pensarse que un suceso tan terrible como este debería servir de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia. Mucho nos temíamos que no iba a ser así, a la vista del hecho de que los mismos medios locales y autoridades que habían reaccionado con horror ni siquiera precisaron que el acoso que el joven sufría era de naturaleza homofóbica. Esperemos, al menos, que se haga justicia con los asesinos de  T. Nhaveen. Está claro, sin embargo, que ni siquiera un hecho tan terrible como este ha servido de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia, como ya entonces pronosticábamos. Y para corroborarlo, en julio radicales religiosos de Malasia e Indonesia se rebelaban contra Starbucks por su apoyo al colectivo LGBT…Aunque el suceso que causó una mayor consternación fue el brutal asesinato homófobo del joven T. Nhaveen en junio del año pasado. Está claro, sin embargo, que ni siquiera un hecho tan terrible como este ha servido de acicate para que la aceptación de la diversidad gane posiciones en Malasia.

Fuente Dosmanzanas

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