Ya hace semanas que os hablamos de la “purga” gay que el gobernador de la región de Dar es Salaam, Paul Makonda, decidió poner en marcha el pasado 5 de noviembre. Por ahora no parece que haya mucha gente manifestándose frente a los consulados del país como sí se hizo cuando ocurrió lo mismo en Chechenia, pero seguro que es por causas ajenas a la organización y no porque en Tanzania sean negros y en el fondo todos somos un poquito racistas o porque Chechenia tiene relación con Putin y joder, qué mal nos cae Putin a todos.

Makonda pidió a la población que denunciara a cualquiera que sospecharan que era homosexual, y formó un equipo de 17 “expertos” que se encargarían de comprobar si la acusación era cierta (realizando un examen anal, una práctica absurda, discriminatoria e inhumana que muchos países están dejando de utilizar para detectar gais); para luego no matarlos ni torturarlos sino “curarlos”. A base de más torturas, claro.

A pesar de que, según Amnistía Internacional, la policía del país ya ha arrestado (como mínimo) a 10 hombres sospechosos de ser gais; el Ministro del Interior del país, Alphaxard Kangi Ndege Lugola, aseguró a la prensa que en su país todo el mundo está a salvo: “Tanzania es un lugar seguro y nadie puede decir lo contrario sin tener toda la información. Si alguien siente que su vida está amenazada, debería ir a la policía y no he recibido ninguna información por parte de la policía que demostrara la vulnerabilidad de ninguna persona“.

Parece un chiste, pero es real. Y luego que para qué seguimos celebrando el Día del Orgullo LGTB+.

Fíjate si las declaraciones del Ministro son absurdas (y falsas) que él mismo se contradijo un par de días después al dirigirse al Parlamento del país y asegurar que, con respecto a la homosexualidad, Tanzania “no es el lugar adecuado para ese tipo de actos, nunca permitiremos que ocurran esas cosas. Tenemos leyes que prohíben esas cosas.”

Independientemente de las atrocidades que Makonda y el gobierno tanzano (que dijo públicamente que se distanciaba de la “purga” pero no piensa hacer nada para evitarla), el país castiga la homosexualidad con la cadena perpetua. Es a lo que, probablemente, se enfrenten los 10 detenidos de hace unos días cuyo abogado teme que, a pesar de estar en libertad bajo fianza, vuelvan a ser perseguidos y acosados por la policía.

La misma policía que responde ante el ministro de interior del que te hablamos en esta noticia. Luego se extraña de que no le lleguen informes de violencia policial contra personas LGTB+.

Fuente | Pink News, vía HazteQueer

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Una concentración de activistas frente al Círculo Ecuestre de Barcelona conseguía este viernes la suspensión del acto de promoción del odio homófobo que la organización HazteOír había organizado en la capital catalana. El Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya había intentado que la Generalitat actuase de oficio y en aplicación de la ley catalana contra la LGTBfobia aplicase medidas cautelares. Finalmente tuvo que ser la movilización activista la que impidiese que los promotores del odio se saliesen con la suya.

Los de Hazte Oír vuelven a la carga con el bus homófobo y, por si eso fuera poco, también han organizado una charla contra el feminismo y esa invención  que llaman “ideología de género”.

La organización ultraconservadora ha organizado una nueva gira de «conferencias coloquio» por varias ciudades de España para difundir su mensaje de LGTBfobia.  La gira se inició en Madrid el pasado martes, 6 de noviembre, y ha tenido ya paradas en Zaragoza (7 de noviembre) y Oviedo (8 de noviembre). Este viernes, 9 de noviembre, estaba prevista una parada en Barcelona. Está previsto que continúe la semana que viene con actos en Palma de Mallorca (día 12), Valencia (día 13), Murcia (14), Sevilla (15) y Cádiz (16), para recalar de nuevo en Madrid el 17 de noviembre.

Pese a las protestas, los actos de Madrid, Oviedo y Zaragoza se celebraron sin cortapisa, aunque en Zaragoza tuvo que cambiar de lugar, trasladándose desde el Paraninfo de la Universidad al World Trade Center Zaragoza.

La intención de la organización ultra es acabar el periplo con una conferencia a cargo de Agustín Laje y Nicolás Márquez para, según ellos, “desmontar las mentiras LGTBI” y “los mitos de la nueva izquierda“.

La coartada, pues, en esta ocasión, la presentación del libro Marxismo, feminismo y LGTBI, escrito por los argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez, colaboradores de CitizenGO, la marca internacional de HazteOír. Sus tesis, muy en en boga entre los círculos ultraconservadores de América Latina, es que hay un nexo de unión entre el activismo LGTB y lo que denominan «neomarxismo». «El viejo comunismo se ha disfrazado de ideología de género, de un feminismo que acusa al hombre de ser hombre, y se cuela en nuestras escuelas, en las teles, en el mundo del entretenimiento», reza por ejemplo la promoción de las conferencias en la página Mis hijos, mi decisión, desde donde es posible acceder a las entradas.

En Barcelona, sin embargo, la presión del activismo, concentrado a las puertas del local en el que iba a tener lugar el evento, consiguió su suspensión. Especialmente activa estuvo la Crida LGTBI, que avisó a través de sus redes sociales del cambio de lugar de la conferencia con el que HazteOír intentó despistar a los manifestantes.

Desde l’Observatori Contra l’Homofòbia exigieron al Govern de la Generalitat que aplique las medidas cautelares necesarias para impedir la circulación del autobús y el coloquio posterior. La petición la realizó el portavoz del OCH, Cristian Carrer, durante la comisión parlamentaria de Igualdad en la que se presentó el informe del Estado de la LGTBIfobia en Cataluña: 111 incidencias por discriminación de identidad sexual en 2017. Un 32,2% más que en 2016. Una fantástica noticia teniendo en cuenta que en 2014 se aprobó la famosa Ley 11/2014 que se suponía iba a frenar la discriminación… Pero que 4 años después aún no saben cómo aplicar.

Tanto el OCH como la Crida LGBTI habíann convocado una manifestación para ayer por la tarde frente al lugar en el que Hazte Oír pretende llevar a cabo sus charlas. La organización HazteOír, como ya es habitual, ha aprovechado la situación para hacerse la víctima y denunciar lo que ha calificado como acción de una «turba violenta». «En Barcelona los radicales marxistas/LGTBI son más violentos que en otras ciudades.  Y los Mossos permiten las agresiones al disidente», tuiteaba el presidente de HazteOír, Ignacio Arsuaga.

Pese a las diferentes legislaciones autonómicas en materia LGTB, lo cierto es que HazteOír continúa organizando sus eventos de promoción del odio por toda la geografía española. Lo veíamos el pasado febrero, por ejemplo, en Madrid: pese a que entonces la organización ultraconservadora anunció con antelación un acto que «incumpliría todas las leyes LGTBI vigentes en España», ni las autoridades policiales ni las judiciales tomaron medidas para evitar su celebración. De hecho, un grupo de activistas que se personaron a las puertas del local para protestar fueron reprimidos tanto por la seguridad privada del evento como por agentes de la Policía Nacional que se personaron casi inmediatamente en el lugar. Dos personas fueron además detenidas.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona han dejado claro que no permitirán que el autobús circule por Barcelona. Así lo ha explicado la regidora Laura Pérez, que ha asegurado que el consistorio “utilizará las herramientas que tiene” y se coordinará con la Generalitat para mandar El Bús al mismo lugar en el que acabó el del reality de Antena 3.

Según Laura Pérez, lo de Hazte Oír es “una provocación” y les ha dejado claro que no son bienvenidos en la ciudad. Si finalmente decidieran presentarse, podrían volverse a Madrid con una multa de 3.000€ al aplicarles la ordenanza municipal de civismo, con el agravante de que el mensaje del autobús afecta directamente a menores de edad. Y no solo eso, también pueden llevarse otra multa de 600€ por vulnerar la ley de publicidad dinámica.

No parece que les preocupe mucho teniendo en cuenta que  siguen disfrutando de la condición de organización de Utilidad Pública a la organización, lo que implica una serie de beneficios fiscales para sus donantes, que tienen bastante más que esos 3.600€.

HazteOír sigue siendo hoy día entidad de utilidad pública, un privilegio que le concedió en 2013 el Gobierno del Partido Popular y que permite que sus donantes y socios puedan beneficiarse de considerablesa ventajas fiscales. Al margen de que organización ultraconservadora mantenga al día sus obligaciones administrativas, hay que recordar que, para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza».

Una definición que a nuestro juicio no coincide con el ideario de HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB y que ha promovido campañas de odio tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias, por ejemplo) como en otros países, a través de su marca internacional CitizenGO. En Kenia, por mencionar solo un ejemplo, promovió una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales.

¡Oh casualidad… HazteOír y Vox al alimón!

Sin embargo, el anterior ministro del Interior, del partido Popular, Juan Ignacio Zoido, se negaba de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”. Y, por si fuera poco, HazteOír decidía movilizarse activamente en favor de Pablo Casado como presidente del PP…

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es el llamamiento de instituciones que han solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír,, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP). Y hasta en el parlamento Europeo más de 70 eurodiputados de todo signo político, instaron al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora llamando la atención acerca de su mensaje homófobo: Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”…

Por su parte, la misma Iglesia rechazaba su mensaje: El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacudía una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en a  editorial del  jueves 9 de marzo del 2017. En el mismo, que llevaba por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”. Y la Conferencia Episcopal Española daba la espalda a Hazte Oír pidiendo “ser serios con los niños y con las niñas”.

El pasado mes de agosto, tras recoger algunos medios que el Ministerio de Interior descartaba retirar dicha declaración por «cuestiones técnicas», una noticia de la que también se hacían eco algunas páginas LGTBI y que desató la polémica en redes sociales., fuentes socialistas y del propio Ministerio anunciaban la apertura de un expediente a la organizaicón ultraconservadora para ver si «persistía» su utilidad pública. Han pasado tres meses, y por el momento el estatus de HazteOír sigue siendo el mismo.

Fuente | La Vanguardia – Betevé ,vía Hazte Queer/Dosmanzanas

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El pasado sábado publicábamos que Paul Makonda el gobernador de Dar es Salaam (la capital económica de Tanzania y la ciudad más poblada del país) había dado orden de comenzar una “purga” gay con la intención de arrestar a todas las personas homosexuales y “curarlas”. Makonda dio orden a todos los ciudadanos de reportar a la policía a cualquier persona que supieran (o creyeran) que era homosexual, además de haber comenzado ayer mismo la monitorización de todas las comunicaciones vía internet para identificar a los homosexuales.

Aunque el propio gobierno del país está liderado por un señor profundamente homófobo como es John Magufuli, desde el Ministerio de Exteriores han emitido un comunicado desmarcándose de las palabras de Makonda. “Queremos clarificar que el Sr. Makonda solo estaba expresando sus opiniones personales, las cuales no representan la posición oficial de la República Unida de Tanzania“, explica el comunicado, que añade: “La República Unida de Tanzania continuará respetando y defendiendo los derechos humanos tal y como provee la Constitución del país“.

Aunque al gobierno no le gusten las palabras de Makonda (o eso digan de cara a la galería internacional), tampoco parece que vayan a hacer mucho por pararle los pies. Los que sí se han puesto las pilas han sido los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea. Desde la embajada norteamericana en Tanzania emitieron el pasado viernes una alerta de seguridad que recomendaba a todos los ciudadanos americanos revisar sus perfiles en redes sociales para asegurarse de que eliminan o protegen las imágenes que pueden ir en contra de la prohibición de la homosexualidad en el país.

La nota, además, recomienda a todos los ciudadanos que en caso de ser requeridos por las fuerzas de seguridad del país exijan que se avise a la embajada, algo que como la propia embajada reconoce no se hace “de forma habitual“.

Por su parte la Unión Europa ha llamado a consultas a Roeland van de Geer, el embajador del organismo en Dar es Salaam, y además ha emitido un comunicado en el que se lamentan “del deterioro en materia de derechos humanos y aplicación de la ley en Tanzania” y anuncian “una revisión en profundidad de las relaciones con Tanzania“.

Oficialmente la “purga” gay en la región de Dar es Salaam comenzó el lunes 5 de noviembre, aunque según el gobierno de la ciudad ya han recibido más de 10.000 mensajes de ciudadanos preocupados que han hecho circular fotos, nombres, datos y direcciones de los sospechosos de ser homosexuales. “Si conoces a un homosexual, debes denunciarlo a la policía“, dijo Paul Makonda a la prensa, “Nadie puede escapar“.

Se cree que, ahora mismo, el gobierno de Makonda ya tiene en su poder los nombres de 100 personas acusadas de ser homosexuales que podrían ser detenidas en breve.

Como varias organizaciones LGTB+ del país están denunciando, la intención de Makonda no es la de asesinar, encarcelar o expulsar a las personas homosexuales sino torturarlas para “curar” su homosexualidad; algo que el propio gobernante ha reconocido en una entrevista. Para ello Makonda ha formado un grupo de 17 personas (entre las que hay varios “psiquiatras” y “doctores” que realizarán exámenes anales a los sospechosos de ser homosexuales) para llevar a cabo esta “purga”: “Tenemos un equipo de doctores y psicólogos que les ayudarán a cambiar“.

Makonda además está decidido a ignorar completamente las preocupaciones de la comunidad internacional, avisando de que “prefiero enfadar a esos países que a Dios” y asegurando que el sexo gay “socava los valores morales de los tanzanianos y de nuestras religiones cristiana y musulmana“.

Fuente Gay Star News – Pink News, vía HazteQueer

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Diez mujeres fueron detenidas el domingo en Padang, en la provincia indonesia de Sumatra Occidental, acusadas de «conducta lésbica». Una detención que se produce pocos días después de la de dos hombres que dirigían una página de Facebook de temática LGTB (aquella fue en Batununggal, en la provincia en Java Occidental). Son los últimos episodios conocidos en un país en el que hasta hace pocos años las personas LGTB vivían una situación menos incómoda que la de otros países de mayoría musulmana (no existían, de hecho, leyes que criminalizasen la homosexualidad) pero que de un tiempo a esta parte vive una creciente ola de LGTBfobia de Estado. 

Si hace unos días los dos hombres eran detenidos por promover una página en Facebook acusados de «transmisión y difusión de información electrónica que contiene inmoralidad» la detención ahora de estas diez mujeres tuvo lugar después de que la policía de Padang investigase su actividad en redes sociales tras la publicación en una cuenta de Facebook de imágenes que mostraban a una de ellas abrazando y besándose con otra, «como si fueran hombre y mujer». Está cada vez más claro que las redes sociales, que por un lado permiten a las personas LGTB escapar de las limitaciones de su entorno físico, pueden ser también una trampa letal en países que ejercen la LGTBfobia de Estado. Curiosamente, la propia policía utilizaba después Facebook o Instagram, para difundir la detención y publicar una imagen de algunas de las mujeres detenidas sentadas frente a un agente. El texto no especifica qué ley o norma supuestamente han violado (las relaciones homosexuales no son delito penal en esta provincia), pero sí que se señala lo «indecente» de su comportamiento.

No hablamos de hechos aislados, por desgracia. Las noticias sobre LGTBfobia de Estado en Indonesia son incesantes. La peor situación es la que se vive en la provincia de Aceh, donde dos hombres recibían el pasado mes de julio, ante una multitud exaltada, 80 latigazos acusados de practicar la homosexualidad. Un castigo semejante al que recibieron en mayo de 2017 otros dos jóvenes. En aquella ocasión recibieron 83 latigazos, también en público. Amnistía Internacional lo calificó de «repugnante espectáculo» y se sucedieron las condenas internacionales.

También hace unos meses recogíamos la detención de cuatro personas, a manos de «patrullas ciudadanas» en Banda Aceh (la capital de la provincia), acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentarían a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. Y a principios de año contábamos como la policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como «hombres normales».

En Aceh, recordemos, rige la sharía desde 2005. Fue una concesión de Indonesia a los separatistas en el marco del acuerdo de paz que tuvo lugar poco después del tsunami que asoló la región. Aunque no fue hasta septiembre de 2014 cuando finalmente se aprobó la ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de flagelación (que entró en vigor en octubre de 2015). La sharía también rige en Sumatra Meridional (en este caso solo para los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría).

La persecución se extiende de Aceh al conjunto de Indonesia

Pero la persecución no se limita ya a los territorios donde rige la sharía. Ya en febrero de 2016 hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos indonesios. Desde entonces no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. En diciembre de 2017, por ejemplo, nos hacíamos eco de la condena de diez hombres a dos años de cárcel por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta, la capital del país, donde las relaciones homosexuales no son ilegales. Los detenidos fueron entonces condenados por violar la ley contra la pornografía. El que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación.

En mayo de 2017, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país.  Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres.

Si tenemos en cuenta que las dos detenciones más recientes han tenido lugar en Java Occidental (provincia cuyo jefe de policía ya hizo pública hace año y medio su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB) y en Sumatra Occidental, parece claro que la ola de LGTBfobia se extiende por el conjunto de Indonesia. Una más que preocupante situación que podría además agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión, si bien el proyecto de ley ha sido aplazado provisionalmente.

Fuente Dosmanzanas

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Aunque ya hemos hablado acerca de esta situación, nos parece interesante el análisis que hace Dosmanzanas:

Jair Bolsonaro ha ganado las elecciones presidenciales en Brasil. Para otros puede haber sido un sorpresa, pero no para esta página, que desde hace años sigue la trayectoria del personaje y que siempre ha alertado de la seria posibilidad de su victoria. Una victoria que abre ahora un escenario terrible para las personas LGTB en Brasil. En el mejor de los casos, habrá una involución en su visibilidad social. Lo más probable es que a ello se le sumen los intentos del poderoso movimiento evangélico, aliado de Bolsonaro, para restringir sus derechos civiles. Todo ello en un clima de profunda hostilidad social por una parte significativa de la población, alimentada por un candidato que para ganar no ha dudado en convertir al colectivo LGTB en uno de sus chivos expiatorios, y que puede ir a más si la situación socioeconómica brasileña se complica.

Una situación de base harto complicada para el colectivo LGTB

La situación social del colectivo LGTB en Brasil es ya de partida complicada, con o sin Bolsonaro. El Grupo Gay de Bahía, colectivo que hace una meritoria labor de monitorización de los delitos de odio en ese país, tuvo conocimiento de 445 muertes violentas de personas LGTB en 2017: 387 asesinatos y 58 suicidios. «Nunca antes en la historia de este país se registraron tantas muertes, en los 38 años que el Grupo Gay de Bahía (GGB) recolecta y difunde estas estadísticas. Un aumento del 30% en relación a 2016, cuando se registraron 343 muertes», comienza su informe 2017. De alguna de estas muertes nos hemos hecho eco en esta misma página, como por ejemplo la de Dandara dos Santos, una mujer trans. Los instantes previos a su brutal asesinato fueron grabados y dieron la vuelta al mundo. Un horror que entonces conocimos gracias a aquellas imágenes (que sirven de portada al último informe anual del GGB), pero que en muchas más ocasiones es solo un número en una estadística.

La tendencia, en este sentido, ha sido creciente a lo largo de los últimos años. De las 130 personas LGTB muertas de forma violenta en el año 2000 (una cifra que se mantuvo prácticamente constante durante la primera década de este siglo) hemos pasado a 445 en 2017, el año con más muertes registradas. Y en contra de lo que podría pensarse desde la distancia, estas muertes no se dan solamente entre los miembros más vulnerables del colectivo, como es el caso de las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. En el año 2017, el grupo con más victimas (194, el 43,6%) fue el de hombres homosexuales, seguido por el de personas trans (192, el 42,9%). Por componente étnico, la mayoría de las víctimas (260, el 66%) fueron blancas, un porcentaje más de 20 puntos superior al de población blanca en Brasil. Vaya por delante nuestra consideración de que todas las víctimas son iguales: simplemente queremos constatar que la violencia por LGTBfobia en Brasil desborda las ideas preconcebidas.

Este año 2018, además, hemos sido testigos de como la LGTBfobia ha escalado hasta alcanzar ámbitos activistas y políticos. El pasado mes de octubre, asesinaron a una mujer trans al grito de “¡Bolsonaro, sí!». En mayo recogíamos el asesinato en Río de Janeiro de la activista de género no binario Matheusa Passareli. Y en marzo el de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, afrodescendiente, abiertamente bisexual, feminista y activista en favor de los derechos humanos. Aunque en este último caso su condición de mujer bisexual quizá no fuese el factor determinante del asesinato, es imposible desligarla del todo. Una escalada a la que también nos hemos referido al recoger tanto el episodio de acoso que sufrió Judith Butler en una visita al país para participar en un debate universitario como la decisión de un juez federal contra la orden del Consejo Federal de Psicología (el organismo que regula el ejercicio de esta actividad profesional en Brasil) que prohibía desde hace años las «terapias» reparadoras de la homosexualidad.

Bolsonaro: un currículum homófobo largamente trabajado… 

Pero si algún político encarna a la perfección esa LGTBfobia en su discurso político, ese es el militar en la reserva Jair Bolsonaro, al que ya en 2011 mencionábamos en esta página cuando acusó al Ministerio de Educación de «fomentar la homosexualidad» por promover un proyecto contra la homofobia. El material del programa iba a ser difundido durante unos cursos sobre derechos humanos y minorías que se iban a impartir en los centros públicos de Secundaria. La campaña que se organizó por parte de los diputados homófobos, que calificaron la iniciativa de «kit gay», llevó al Gobierno de Dilma Rousseff a suspender la iniciativa. Por aquel entonces el ministro de Educación era precisamente Fernando Haddad, rival de Bolsonaro en las elecciones presidenciales: no es de extrañar que aquel episodio fuera resucitado en la reciente campaña electoral por los partidarios de Bolsonaro, que volvieron a utilizar el supuesto «kit gay» contra Haddad en su estrategia de difusión de información difamatoria a través de WhatsApp y redes sociales.

En 2014 volvimos a referirnos a Bolsonaro, que optó entonces a ser presidente del Comité de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Finalmente no lo consiguió, pero su carácter homófobo fue ampliamente subrayado. Basta con acudir de nuevo a la entrevista que por entonces concedió a la edición brasileña de El País. «Los homosexuales quieren hacerse pasar por víctimas, quieren superpoderes. Muere un homosexual en Brasil y los medios ya están diciendo que es homofobia. Muchos son asesinados por sus colegas, en locales de prostitución o por sobredosis. Mueren y los activistas ya dicen que es homofobia. En Brasil mueren cada día diez mujeres asesinadas por sus parejas, eso es mucho más grave. Los crímenes por homofobia deben ser tratados como cualquier otro crimen. ¿Cuántos heterosexuales mueren cada día? Muchos más que homosexuales», afirmaba.

Bolsonaro negaba también que educar en la diversidad sirviese para combatir la homofobia, y acusaba explícitamente a los que así lo defienden de querer «llevar la materia a las escuelas para transformar a niños de seis años en homosexuales. Al punto de que así se facilita la pederastia en Brasil». Y es que para el diputado brasileño, «la inmensa mayoría» de los homosexuales lo son por imitación. «Son las amistades, el consumo de drogas. Apenas una minoría nacen con defecto de fábrica. Aquí en Brasil se tiene la idea de que por ser homosexual vas a tener éxito en la vida. Las novelas muestran siempre a gais que tienen éxito, que trabajan poco y ganan mucho dinero», sostenía.

Bolsonaro acababa la entrevista burlándose del intento de aprobar una ley que castigase la violencia homófoba, a la que quitaba importancia. «¿Solo porque a uno le guste tomar por culo se convierte en un semidios al que no se le puede pegar?», remataba. Bolsonaro ha hecho otras declaraciones homófobas en el pasado (posiblemente las que más eco mediático han tenido son aquellas en las que aseguraba preferir que un hijo suyo muriese en un accidente a que apareciese «con un bigotudo»), pero basta con releer aquella entrevista a El País para ser consciente de la monstruosidad del personaje. Una entrevista, por cierto, en la que además de su desprecio hacia el colectivo LGTB, Bolsonaro se manifestaba ya partidario de la pena de muerte, de que las «personas de bien» puedan ir armadas, de reducir la edad penal para que los adolescentes que cometen delitos sean tratados como adultos o de implantar políticas de «planificación familiar» para «reducir el número de hijos de los más pobres», que según él tenían más hijos para beneficiarse de las ayudas sociales. Iniciativas todas ellas muy en línea con los derechos humanos.

… y un manipulador

Dilma Rousseff

En esa misma entrevista, por cierto, Jair Bolsonaro reconocía abiertamente que su candidatura al Comité de Derechos Humanos no era más que una estratagema política para conseguir que el PP, partido en el que entonces militaba (Partido Progresista, que pese a su nombre es un partido de derecha) se hiciese con la presidencia de la Comisión de Minas y Energía. El PP formaba por entonces parte de la «base aliada», el heterogéneo grupo de formaciones que daban apoyo parlamentario a la entonces presidenta, Dilma Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), y entre las cuales se repartían ministerios y comisiones parlamentarias. En este contexto, la Comisión de Derechos Humanos y Minorías importaba poco al PT, interesado en relegar al PP brasileño a una comisión considerada menor. Pero con un candidato como Bolsonaro, el PT, presionado por el sector más sensible a los derechos humanos, se veía en la obligación de negociar. Así sucedió, de hecho. El PT se quedó la presidencia del Comité de Derechos Humanos, y aunque no cedió al PP Minas y Energía, la joya de la corona, si lo hizo con Trabajo y Transportes, considerado también importante.

Desgraciadamente no se trataba de la primera vez que el PT despreciaba el papel de la Comisión de Derechos Humanos. En su momento accedió a que el diputado evangélico Marco Feliciano (miembro del Partido Social Cristiano de Brasil, otra formación aliada de Rousseff) se hiciera con la presidencia pese a contar entre sus antecedentes con declaraciones abiertamente racistas y homófobas. Ya en ese puesto, Feliciano fue uno de los promotores de una iniciativa para reintroducir en el país las «terapias» reparadoras de la homosexualidad, que fue retirada cuando quedó claro que sería objeto de una contundente derrota en el pleno de la Cámara de Diputados si llegaba a votarse bajo la presión de las movilizaciones sociales que tenían lugar en ese momento (en las que participó de forma muy activa el colectivo LGTB).

Los años han pasado. El PP, una formación plagada de políticos corruptos (es el partido más afectado por la operación «autolavado») acabó formando parte de los partidos que promovieron la destitución de Dilma Rousseff y su sustitución por el conservador Michel Temer. Bolsonaro abandonó el partido (actualmente lidera el Partido Social Liberal, una formación de derecha extrema) y lanzó su candidatura presidencial, muy respaldada desde el principio por los grupos evangélicos, que agrupan a un quinto de la población brasileña (a los que no importa que Bolsonaro sea católico si defiende sus posiciones en materia de moral).

Poco a poco, gracias a un discurso fuertemente populista contra la delincuencia y la corrupción y al uso masivo (y carente de escrúpulos) de las redes sociales y de los grupos de WhatsApp por parte de sus partidarios, Bolsonaro fue ampliando su base electoral. Sus propuestas económicas más recientes le han valido además el apoyo de la clase dirigente y de los poderes económicos, que hace años recelaban de él. Bolsonaro, de hecho, se encargó de sellar su alianza con «los mercados» al fichar como principal asesor al economista ultraliberal Paulo Guedes. El encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva (una maniobra jurídica más que dudosa) redondeó el proceso: según las encuestas, Lula da Silva era un único político con carisma suficiente para disputar la presidencia a Bolsonaro. Por si esto fuera poco, un intento de atentado contra Bolsonaro en campaña acrecentó su popularidad y le permitió eludir el cuerpo a cuerpo con otros aspirantes a la presidencia. Llegado el momento decisivo Bolsonaro ganó las elecciones presidenciales, consiguiendo el 55% de los votos en la segunda vuelta frente a un bienintencionado pero impotente Fernando Haddad.

Miedo en el colectivo LGTB

¿Qué puede suponer para el colectivo LGTB la presidencia de Bolsonaro? En el mejor de los escenarios, una profunda regresión social. Aunque la LGTBfobia de Bolsonaro se revelase «solo» como una manipulación de los peores instintos del electorado para conseguir el poder, el daño ya está hecho: basta comprobar la indisimulada homofobia de sus partidarios, desde sus cánticos multitudinarios hasta las más preocupantes amenazas a través de grupos de WhatsApp (de las que dosmanzanas ha tenido ya conocimiento). Un odio que conducirá, inevitablemente, a una mayor invisibilidad del colectivo y a una mayor vulnerabilidad de aquellas personas LGTB que pese a la situación tengan la valentía de mantenerse visibles y reivindicativas. Es esperable, en este sentido, un mayor número de agresiones y episodios de discriminación contra las personas LGTB. Quizá no se reflejará en las estadísticas (cuando el miedo de las personas LGTB al Estado se acrecienta, disminuyen las denuncias por LGTBfobia), pero mucho nos tememos que sucederá.

Pero es iluso pensar que los grupos homófobos se van a conformar con eso y no van a redoblar su presión. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que muchos de los avances en derechos LGTB que ha experimentado Brasil se han producido al margen de los poderes legislativo o ejecutivo: el matrimonio igualitario es una realidad posible gracias a resoluciones judiciales, mientras que la prohibición de las «terapias» reparadoras, sobre la que como mencionamos arriba tiene lugar una batalla en los tribunales, fue una decisión profesional del Consejo Federal de Psicología. La presión de los grupos evangélicos para que desde el poder político se ponga coto e incluso se revierta esta situación puede encontrar en Bolsonaro el aliado ideal, especialmente si pasado un tiempo la situación socioeconómica no mejora y el presidente decide seguir utilizando al colectivo LGTB como chivo expiatorio. En este caso, lo sombrío del escenario se extenderá además al ámbito jurídico y de derechos civiles.

Fuente Dosmanzanas

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Preocupantes noticias las que llegan desde Tanzania, donde el comisionado de la ciudad portuaria de Dar es-Salam, la más populosa del país, ha redoblado su ofensiva contra el colectivo LGTB y ha pedido a la población que denuncie a todas aquellas personas sospechosas de ser homosexuales para que sean detenidas e investigadas por un «equipo especial» de las fuerzas de seguridad, en funcionamiento desde el lunes. A fecha del martes se habrían recibido más de 5.000 mensajes de denuncia y las autoridades de Dar es-Salaam contarían ya con más de 100 nombres en la lista.

Lo comentábamos en la última entrada que dedicamos al país africano: «Parece que las autoridades tanzanas, a imagen y semejanza de lo que viene sucediendo en otros países de la región, han decidido estigmatizar a sus ciudadanos LGTB y utilizarlos como cabezas de turco a quienes culpar de los problemas del país. Un escenario que nos hace temor lo peor». Lo peor ha llegado. Miles de tanzanos han comenzado a denunciar a sus conciudadanos homosexuales en lo que recuerda al inicio de un pogromo en toda regla. Todo ello tras el llamamiento del comisionado de Dar es-Salam (cargo equivalente al de gobernador), Paul Makonda: «He sido informado de la presencia de muchos homosexuales en nuestra provincia. Se jactan en redes sociales. Dadme sus nombres. Mi equipo especial comenzará a capturarlos a partir del lunes», ha justificado. «Espero críticas. Pero prefiero la ira de esos países que la de Dios. El comportamiento homosexual pisotea los valores morales de los tanzanos y nuestras dos religiones, la cristiana y la musulmana», ha añadido Makonda, de fe cristiana (aunque no hay datos oficiales, se estima que alrededor del 60% de la población tanzana es cristiana, frente a un 35% de musulmanes).

El llamamiento de Makonda no es más que la última abatida de la ola de homofobia de Estado en Tanzania, que está alcanzando cotas sin predecentes. Hace poco más de un año el entonces ministro de Interior, Mwigulu Nchemba, amenazó abiertamente con detener y juzgar a quienes defendiesen los derechos LGTB en el país africano. «Me gustaría recordar y advertir a todas las organizaciones e instituciones que hacen campaña y pretenden proteger los intereses homosexuales (…) que vamos a detener a cualquiera que esté involucrado y presentar cargos ante los tribunales», aseguraba. Días antes, el presidente John Magufuli se había referido con crudeza al papel de las ONG extranjeras, a quienes prometió combatir aunque eso significara la pérdida de ayudas internacionales.

Pero fue en el verano de 2016 cuando comenzó a tenerse noticia de la deriva LGTBfoba de las autoridades tanzanas, de la mano del mencionado Paul Makonda, que parece decidido a utilizar la homofobia de la población como instrumento para encumbrarse políticamente. El comisionado de Dar es-Salam anunciaba entonces una campaña de represión contra los homosexuales, lo que dio lugar a varias detenciones en locales de ambiente. Makonda también amenazó con detener a quienes siguieran en las redes sociales a hombres abiertamente homosexuales. En octubre de 2017 se tuvo noticia de la detención de doce hombres en un hotel.

Homofobia de Estado

El Código Penal tanzano castiga las relaciones «contra el orden de la naturaleza», entre las que se incluyen la zoofilia o la sodomía, con penas de cárcel que pueden llegar hasta la cadena perpetua. La «grave indecencia» entre varones puede ser penada con cinco años de prisión. Las relaciones lésbicas, en cambio, solo están explícitamente castigadas en la región insular de Zanzíbar, con penas de hasta cinco años de cárcel que pueden sustituirse por una multa de hasta 500.000 chelines (210 euros, 230 dólares). Sin embargo, en diciembre pasado nos llegaba la noticia de la primera detención de una mujer en el interior del país tras hacerse viral un vídeo en el que besaba y regalaba un anillo a otra mujer. Una detención que claramente apuntaba a que las autoridades tanzanas han apostado por hacer una interpretación más extensiva y menos garantista de la legislación homófoba, que apenas se aplicaba hace unos pocos años.

La ofensiva se ha extendido incluso al ámbito sanitario: Un poco antes, el Ministerio de Sanidad comunicaba la prohibición de la importación y venta de lubricantes sexuales argumentando que son productos utilizados habitualmente por homosexuales y que fomentaban las relaciones entre varones y la propagación del VIH.  Sólo cuatro meses después el gobierno suspende tanto los programas de prevención, sino también los tratamientos de los enfermos de VIH y sida, en hasta 40 centros de salud privados, acusándolos de atender a personas homosexuales, según el ministro de salud, Ummy Mwalimu, una medida insólita que pone en riesgo las vidas de personas afectadas por la enfermedad, amenazando su viceministro, Hamisi Kigwangalla, de su intención de publicar una lista negra de personas homosexuales que se dedican a la prostitución online, aunque no llegó a hacerlo.

En septiembre de 2016, el viceministro de Sanidad, Hamisi Kigwangala, emitía un comunicado en el que aseguraba que el Gobierno “protegerá siempre” los valores tradicionales de la sociedad tanzana, argumentando que “no puedo negar la presencia de personas LGTBI en nuestro país y el riesgo que presentan para la propagación del VIH/sida”. Con ese propósito, a principios de 2017, Kigwangala ordenaba la detención de tres ciudadanos tanzanos, acusándoles de “promover la homosexualidad” a través de las redes sociales, y en maro afirmaba que “científicamente” la homosexualidad no existe, sino que se trata de un “constructo social”.

En junio de 2017 las amenazas alcanzan a las personas extranjeras que simplemente defiendan los derechos del colectivo LGBT. Así, el gobierno de Tanzania amenazó con deportar a quienes ayuden y defiendan al colectivo LGBT. El ministro de Interior de Tanzania amenazó con detener y juzgar a quienes defiendan los derechos LGTB. También declaró que expulsará del país, con carácter inmediato, a los miembros de organizaciones extranjeras que defiendan los derechos humanos de la población LGTB tanzana. Un paso más en la escalada represora del gobierno tanzano, que en los últimos tiempos ha arreciado en su empeño de estigmatizar a sus ciudadanos LGTB, utilizándoles como cabeza de turco a quien culpar de los problemas del país.

En definitiva, parece que las autoridades tanzanas, a imagen y semejanza de lo que viene sucediendo en otros países de la región, han decidido estigmatizar a sus ciudadanos LGTB y utilizarlos como cabezas de turco a quienes culpar de los problemas del país. Un escenario que nos hace temor lo peor.

La homosexualidad es ilegal en 38 de los 54 países africanos, castigándose con la muerte en Sudán, Somalia y Mauritania. En 2014, Uganda trata de imponer la pena de muerte a los condenados por ser homosexuales, pero ante la controversia creada la ley fue rectificada. Amnistía Internacional denuncia en julio de este mismo año que las autoridades de Tanzania estaban «arrestando y persiguiendo a la población con cargos relacionados con la homosexualidad, sometiéndoles a exámenes anales forzosos».

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Una pareja gay de Sevilla denuncia que lleva más de dos años siendo acosada por una vecina que constantemente hace gala de su homofobia, y que ha llegado a agredirles físicamente en más de una ocasión. A pesar de la precaria situación de la pareja y de las múltiples denuncias (y sentencias condenatorias) presentadas, ni la administración ni la empresa municipal de la vivienda (que les brindó en su día un alquiler social) les han propuesto aún una solución efectiva que ponga fin a su infierno personal.

En marzo de 2016, Diego y su pareja lograron hacerse con una vivienda protegida en régimen de alquiler a través de la empresa municipal de la vivienda de Sevilla, Emvisesa. La tranquilidad y alegría les duró poco, porque en agosto de ese año comenzaron a ser víctimas de los ataques de una vecina homófoba que residía en el mismo bloque.

En estos dos años, la pareja ha tenido que hacer frente a pintadas homófobas en la entrada de su vivienda, arañazos en su vehículo, insultos, escupitajos y amenazas (casi) diarias. Eso, por no hablar de las múltiples agresiones físicas. «Desde tirarme por las escaleras, rociarme con espray sobre los ojos cuando venía de darme el tratamiento de radio o quimioterapia, liarse a patadas conmigo o mandarme a gente para agredirnos con un arma blanca [agresión por la que necesitó varios puntos de sutura]», explica a dosmanzanas Diego, que es pensionista y desde hace tiempo lucha contra un cáncer. «La señora no hace otra cosa que referirme que si no me mata el cáncer, me mata ella».

La cruel agresora, que además está al cargo de una persona dependiente, nunca atendió a razones. Es más, Diego le llegó a preguntar a qué obedecía esa inquina, pero ella le respondió insultándole y burlándose tanto de él como de su pareja. Las víctimas, que tienen pocos recursos económicos y padecen ansiedad desde que comenzó todo, presentaron varias denuncias ante la policía e informaron de lo ocurrido a Emvisesa, pero eso no sirvió para que la situación de acoso remitiera.

«Tenemos como seis o siete sentencias condenatorias hacia la agresora. Como ella tiene un expediente abierto con la empresa municipal, ahora incita a otro vecino que está mal económicamente para que arremeta contra nosotros», apunta. En efecto, las denuncias se saldaron siempre con la condena de la agresora por lo que el juez vio como un delito leve de daños y amenazas. Así, se obligó a la homófoba agresora a pagar varias multas y a cumplir una orden de alejamiento. Pero esa orden fue retirada poco después, porque víctimas y agresora vivían en el mismo edificio y tan solo quedó en vigor una prohibición de comunicación (algo que tampoco se ha respetado).

Diego, de 50 años, señala que Emvisesa cuenta con un protocolo de actuación para casos de incumplimiento de las normas de convivencia vecinal, pero la lentitud de la burocracia no les está ayudando en absoluto. Efectivamente, la empresa abrió un expediente a la conflictiva vecina en septiembre de 2016, pero no fue hasta septiembre de 2017 cuando procedieron a «interponer una denuncia de expulsión de la señora agresora, con primera vista en noviembre de este año».

La pareja lamenta que, a pesar de haber pedido ayuda a Emvisesa, la empresa no se ha implicado a ningún nivel. Y que no haya tenido en cuenta la ley andaluza de igualdad LGTBI, aprobada el pasado mes de diciembre. «Incluso les hemos solicitado y suplicado que nos faciliten la salida transitoria o permanente de la vivienda, cosa que no ha sido fructífera. En septiembre nos ofertaron una zona para trasladarnos, pero no se nos dio detalles de la supuesta vivienda. Solo nos dijeron que la mensualidad es elevada y que no podremos afrontarla», señala indignado. «Ya no solo tengo que estar luchando contra mi enfermedad, sino también contra la homofobia y las injusticias de la administración». Un caso terrible que demuestra que aún queda mucho por hacer para erradicar la homofobia social y la desprotección de las víctimas de LGTBfobia, que muchas veces se encuentran además en una situación de vulnerabilidad económica.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Andalucía, Delitos de Odio, Discriminación, Emvisesa, Homofobia, LGTBfobia, Sevilla

La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE), junto a Kiara Bambrilla

El Consejo de Gobierno de Cantabria aprobó el pasado jueves el anteproyecto de ley de «Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género», una nueva norma autonómica que busca garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de las personas LGTBI, así como el desarrollo de políticas públicas contra su discriminación. El anteproyecto debe todavía hacer su travesía parlamentaria, por lo que aún es pronto para lanzar las campanas al vuelo, especialmente si se tiene en cuenta lo avanzado de la legislatura.

Junto a Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja, Cantabria forma parte del ya reducido grupo de comunidades autónomas que todavía no cuentan con una legislación de este tipo. El anteproyecto (que puedes descargar aquí) sigue, en este sentido, el modelo de las últimas leyes de protección al colectivo LGTB aprobadas en otros lugares de España. Se trata de una regulación transversal que abarca diferentes áreas de actuación, con un texto que contiene principios orientadores de la actuación de los poderes públicos, y medidas de acción positiva a ejecutar, y que reconocer de forma expresa el principio de autodeterminación de género por lo que al ámbito autonómico se refiere (recordemos que, por ejemplo, las competencias sobre modificación registral del sexo y cambio de nombre en DNI y pasaporte dependen del Estado, no de las comunidades).

Así, en el ámbito educativo el anteproyecto propone que los planes y contenidos educativos incluyan el objetivo de conseguir que el ámbito escolar sea un espacio de respeto hacia todas las expresiones de género en el que se proteja al alumnado, personal docente y empleados del centro, evitando cualquier forma de discriminación. Se promueve la educación inclusiva, el respeto a la diversidad y la prevención de acoso por LGTBfobia en los centros educativos, así como un conjunto de actuaciones de especial protección hacia el alumnado trans. En el ámbito sanitario, se regula la atención sanitaria a las personas trans, con especial hincapié en menores, la modificación de la identidad del género en la documentación sanitaria, la atención a las personas intersexuales, así como la formación de los profesionales sanitarios.

En cuanto a la no discriminación en el entorno laboral, el anteproyecto incluye la incorporación de cláusulas sociales en la contratación administrativa, de forma que se valore a las empresas que implantan medidas de igualdad de oportunidades y se prohíba contratar a aquellas sancionadas o condenadas por prácticas laborales discriminatorias. También incluye medidas en el ámbito de la cultura, el ocio y el deporte, así como en los medios de comunicación y en materia empleo público.

Por último, el anteproyecto recoge un capítulo sancionador para aquellas actuaciones que supongan una infracción administrativa en materia de igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Las sanciones, en función del nivel de gravedad de los hechos, podrían llegar hasta los 30.000 euros, y conllevarían igualmente sanciones accesorias como la inhabilitación temporal, por un periodo máximo de hasta 3 años, para ser titular de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos, y el cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación hasta 3 años.

Alegría de Alega Cantabria y críticas de Podemos al calendario

El colectivo Alega Cantabria ha expresado su alegría de que por fin inicie su andadura la que fue su principal petición en el Orgullo LGTB, aunque ha recordado que el anteproyecto queda pendiente de la tramitación parlamentaria:

Ha llegado el día

️‍APROBADA LA LEY LGTBI+ DE CANTABRIA ️‍

Aún hace falta que se apruebe en el Parlamento, pero para eso están los currantes de Alega!!

Por si no lo sabéis, esta fue la principal petición en el orgullo pasado, y la verdad es que estamos ORGULLOSOS. (1/4) pic.twitter.com/Vw5akD5StQ

— Alega Cantabria (@AlegaCantabria) 25 de octubre de 2018

También se ha manifestado públicamente Podemos (formación que cuenta con 3 diputados en el Parlamento de Cantabria), que si bien ha expresado su alegría por el contenido del anteproyecto ha denunciado que tal y como funcionan los plazos en el Parlamento cántabro «es prácticamente imposible» que se apruebe la ley en la vigente legislatura, por lo que puede considerarse un «brindis al sol». «Desde la formación morada se recuerda que la proyecto de Ley de Igualdad de Cantabria se llevó a pleno el pasado mes de marzo y aún se encuentra en fase de enmiendas (hasta el mes de enero). En el caso de la Ley de Garantías de Derechos del Colectivo LGTBI el plazo es aún mayor, porque al tratarse de un anteproyecto debe someterse a información pública, lo que demorará aun más su llegada al Parlamento para su debate y aprobación», han expresado. Podemos critica además que el Gobierno cántabro votara en contra de algunas propuestas realizadas en el mes de junio por la formación morada que afectan de manera directa a esta normativa. «Solo puede calificarse de incoherente y oportunista», han criticado.

El Gobierno de Cantabria, recordemos, está formado por una coalición entre El Partido Regionalista de Cantabria (que lidera Miguel Ángel Revilla, el presidente autonómico) y el PSOE, que carece de mayoría absoluta en el Parlamento Regional. Ambas formaciones cuentan con 17 diputados (12 y 5, respectivamente), mientras que el PP tiene 13 diputados, Podemos 3, Ciudadanos 1 y hay además un diputado no adscrito (que fue elegido en las listas de Ciudadanos pero que abandonó este partido por disensiones internas).

Estaremos pendientes de la evolución parlamentaria del anteproyecto y muy vigilantes de si las fuerzas políticas cántabras realmente están por la labor de que la ley sea una realidad sin necesidad de esperar otra legislatura.

Fuente Dosmanzanas

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El vídeo se ha hecho viral, tras difundirlo en redes sociales @yanina_rubia. Un grupo de policías locales de Manacor, en Mallorca, intimida a un menor al grito de «ven aquí, maricón» y «ven aquí, marica». Una escena que por desgracia nos resulta familiar a muchos: la utilización del insulto homófobo desde posiciones de poder. Una prueba de lo que todavía queda por trabajar, especialmente en el ámbito de la formación en diversidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado. Después de ver imágenes como esta no resulta difícil comprender por qué tantas agresiones por LGTBfobia quedan todavía sin denunciar. 

Estas son las imágenes:

Policías locales agrediendo y llamando maricón a un menor de 16 años en Porto Cristo, Mallorca. pic.twitter.com/xhlPYvs7tO

— Yanina Hernández (@yanina_rubia) 22 de octubre de 2018

Según el digital mallorcadiario.com, el concejal de Interior de Manacor ha apelado a la prudencia porque «el vídeo solo refleja un pequeño instante de una actuación». De acuerdo a la versión oficial, los policías pidieron a un grupo de jóvenes que bajaran el volumen de la música que escuchaban en la vía pública. Poco tiempo después les volvieron a requerir lo mismo, momento en el que el grupo se habría resistido a ser ser identificado. Según el informe policial, uno de los jóvenes inició un «intento de agresión» a uno de los agentes, momento en el que estos desenfundaron sus porras. El supuesto agresor fue finalmente trasladado a dependencias policiales, desde donde se avisó a sus padres. El incidente tuvo lugar en Port de Manacor (también conocida con Porto Cristo), localidad enclavada en el término municipal de Manacor.

Es cierto que las imágenes no captan la escena desde su inicio. No ponemos tampoco en duda que los jóvenes actuasen mal, contraviniendo seguramente la normativa municipal y molestando a los residentes con el ruido de la música. Pero lo que muestra el vídeo, además de una actuación que desde luego parece desproporcionada, es un lenguaje chulesco («tócame, tócame») y expresamente homófobo («ven aquí, maricón» y «ven aquí, marica, ven») por parte de unas personas que precisamente por ser agentes del orden de un estado democrático deben estar preparados no solo física, sino también mentalmente, para abordar situaciones conflictivas, desescalándolas en lugar de provocando que se agraven, respetando en todo momento los derechos de las personas.

Somos una página LGTB. Desde este punto de vista, siendo honestos, no creemos que pueda hablarse de una agresión de motivaciones homófobas. El insulto homófobo se utiliza en este caso como una forma de intimidación hacia la parte más débil, percibida como «cobarde». Una situación de la que hemos sido testigos en cientos, miles de ocasiones. Pero esto no le resta gravedad, sobre todo cuando sale de la boca de agentes del orden. ¿Realmente podemos confiar en que quienes deben velar por nuestros derechos lo hagan si a las primeras de cambio utilizan insultos homófobos?

Como bien ha destacado en Twitter el colectivo balear Ben Amics, el incidente pone de manifiesto la «urgente necesidad» de promover acciones formativas y de sensibilización en diversidad de los cuerpos policiales, tal y como por otra parte recoge el artículo 10 de la ley balear de igualdad LGTBI:

És necessària la formació i la sensibilització en diversitat 🏳️‍🌈 als cossos de seguretat👮👮‍♀️ i és reponsabilitat de les administracions públiques garantir-ho (art. 10 #lleiLGTBI).

El cas de Portocristo és una evidència de l’urgent necessitat de promoure accions formatives.

— Ben Amics (@benamics) 24 de octubre de 2018

Fuente Dosmanzanas

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Lo publicábamos hace unos días… El Gobierno de Sebastián Piñera se niega a cumplir el acuerdo alcanzado entre el Estado chileno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el cual Chile se comprometía a promover una ley de matrimonio igualitario. El nuevo Gobierno conservador argumenta que los compromisos alcanzados en ese acuerdo ya están satisfechos con la presentación por el anterior Gobierno de un proyecto de ley de matrimonio igualitario que aunque no ha progresado (ni el Gobierno de Piñera ha demostrado interés alguno en que lo haga) formalmente no ha sido retirado.  

Como en su momento recogimos, el Estado chileno y el Movimiento de Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) alcanzaron en 2016 una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio (puedes descargar aquel acuerdo aquí). El acuerdo, considerado histórico en su momento, implicaba ir más allá de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (aprobadas el año anterior) y promover el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad (que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales), así como la aprobación de una ley de identidad de género y un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria (la conocida como «ley Zamudio»), entre otras medidas.

Mientras que la ley de identidad de género ha sido aprobada hace pocas semanas (tras cinco largos años de tramitación y no sin grandes dificultades en los últimos meses), el resto de avances permanecen sin embargo congelados. Es más, según se ha filtrado a la prensa chilena, el Gobierno de Sebastián Piñera ha manifestado ante la CIDH que no piensa cumplir el acuerdo por lo que al matrimonio igualitario se refiere. Se acoge para ello a una más que dudosa interpretación de la literalidad del acuerdo, según el cual el Estado chileno se comprometía a tramitar un proyecto de ley de matrimonio igualitario y a (reproducimos literalmente) «adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva».

Para el Gobierno de Piñera, este compromiso ya ha sido cumplido con la presentación en 2017 por el entonces Gobierno de Michelle Bachelet de un proyecto de ley de matrimonio igualitario, que formalmente no ha sido retirado. El actual Gobierno considera que no está obligado a nada más, dado que «el Estado nunca se obligó a obtener la aprobación legislativa del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo».

Para el MOVILH, las argumentaciones del Gobierno Piñera no se sostienen, dado que más allá de que el proyecto de ley deba ser aprobado por el Congreso de Chile, el Estado chileno sí que se comprometió a una serie de medidas de impulso que no han existido. «Es falso que el Gobierno ya hubiese cumplido con el impulso del matrimonio igualitario. Es de conocimiento público que el actual Gobierno no ha hecho ninguna gestión a favor del matrimonio igualitario, por tanto, mal podría cumplir con su impulso. Esta evidente falta a la verdad del Ejecutivo deja en muy mal pie los niveles de confianza y transparencia que se requieren para dialogar sobre cualquier ASA [Acuerdo de Solución Amistosa]», ha expresado el MOVILH. «Para la CIDH es claro que a través del ASA el Estado de Chile se obligó a impulsar el matrimonio igualitario y que, por tanto, el cumplimiento del acuerdo pasa por adoptar medidas al respecto. Que el Gobierno niegue ello, y con publicidad a través de la prensa, es de gravedad extrema, así como un insulto y una falta de respeto a la CIDH y a nosotros/as, en calidad de peticionarios/as», añade.

Para el MOVILH, de hecho, el Gobierno de Piñera es consciente de su propia falsedad, y ha puesto como ejemplo el hecho de que ahora haya repuesto un sitio web oficial sobre el matrimonio igualitario que este colectivo había desarrollado junto al anterior Gobierno y que había retirado en julio (aunque añadiendo, eso sí, la leyenda «Esta información fue publicada durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (período 2014-2018)».

Habrá que ver qué medidas adopta a partir de ahora la CIDH ante este evidente incumplimiento de un acuerdo que en su momento supuso la paralización de la demanda del MOVILH. Estaremos atentos, aunque en cualquier caso la batalla se prevé larga.

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Esta es una de esas pequeñas historias de valentía contra la LGTBfobia. Una pareja de mujeres de Pensilvania decidió hace unas semanas pintar la fachada lateral de su casa con los colores de la bandera arcoíris, después de haber sido objeto de todo tipo de burlas homofóbicas por parte de sus vecinos:

Home painted with pride flag colors after neighbor allegedly uses gay slurs https://t.co/7YK3hklDC4 pic.twitter.com/8goBA34H7d

— WTAE-TV Pittsburgh (@WTAE) 31 de agosto de 2018

Cuando se mudaron a su casa de Penn Hills, en Pensilvania (Estados Unidos), Lisa Licata, de 43 años, y su pareja Sherry Lau, de 56, contaron a sus vecinos en un primer momento que eran madre e hija. Prefirieron ser cautas, puesto que les habían escuchado hacer un comentario intolerante. Sin embargo, los vecinos acabaron por descubrir la verdad sobre su relación. Desde entonces, la pareja ha tenido que lidiar con la mala baba de Ron Makay y Iolanda Wieczorkowski, unos vecinos que no han parado desde entonces de provocarlas con insultos llenos de odio, llegando incluso a disparar a su perro con un rifle de aire comprimido. El vecino niega esta última acusación, pero lo cierto es que Makay ha sido acusado por la propia policía de crueldad hacia los animales.

A medida que los insultos se intensificaban, Licata y Lau decidieron, primero, pintar la valla divisoria que separa ambas propiedades con los colores de la bandera arcoíris. «Cuando [el vecino] protestó porque la valla fuese de color arcoíris, fue cuando pensamos ‘ahora vamos a pintar la casa‘», comenta Licata. «No quiero que seamos amigos, solo quiero que me dejen tranquila. Solo quiero que paren», añade.

Por fortuna la pareja cuenta también con apoyos. Según asegura la pareja, la reacción de la comunidad local ha sido fantástica: «Casi todos se han mostrado solidarios». Por lo que se refiere a los vecinos homófobos, «han estado bastante tranquilos porque su abogado se lo aconsejó», comentan.

Y avisan: tienen pensado extender la bandera arcoíris al resto de la fachada de la casa. «Estamos en el siglo XXI. Vivimos aquí, no nos vamos a mudar. Mi familia nos acepta, mis amigos nos aceptan… si no te gusta, vive tu vida, déjanos en paz y todos contentos», apostilla Lau.

Fuente Dosmanzanas

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La policía se incauta de condones y vaselina en una fiesta gay celebrada en Cipanas en enero de 2018 (Java Occidental, Indonesia).

La policía indonesia ha arrestado a dos hombres homosexuales solo por dirigir una página de Facebook con temas LGTB. Los agentes allanaban este pasado jueves una casa de Batununggal, Java Occidental, que fue alquilada por un hombre que supuestamente creó la página de Facebook «Gay Bandung» con su compañero. Este es el primer caso de criminalización LGTB en las redes sociales en Indonesia, según medios como The Straits Times. La policía, además de detener a la pareja, se incautó de varios teléfonos móviles y 25 preservativos. Estas víctimas de la LGTBfobia de Estado se enfrentan ahora a un máximo de seis años de prisión, acusados de «transmisión y difusión de información electrónica que contiene inmoralidad».

En apenas unas horas, la página en cuestión de Facebook pasaba de 4.000 seguidoreshasta los más de 31.000 en apoyo a la pareja. Pero lo cierto es que la LGTBfobia, instigada abiertamente por las administraciones, las jerarquías religiosas y ejecutada por las supuestas fuerzas de «seguridad» de Indonesia está creciendo como la espuma. Los hombres acusados por promover la página proLGTB, según el subdirector de «delitos especiales» de la policía, Hari Brata, habrían cometido el «delito» de querer «hacer amistades entre personas del mismo sexo».

Echando un vistazo a la página, sin embargo, también se puede leer información sobre noticias a favor de los derechos del colectivo LGTB, así como cuestiones de utilidad, salud, VIH/sida o entretenimiento. Los «sospechosos» han sido acusados en virtud del Artículo 27, Punto 1, de la Ley de Transacciones Electrónicas e Información (ITE) sobre «la transmisión y difusión de información electrónica que contiene inmoralidad». La citada ley conlleva una sentencia máxima de seis años de prisión y una multa de hasta mil millones de rupias (unos 60.000 euros, aproximadamente).

Lo sucedido se enmarca en el clima de acoso contra las personas LGTB que se vive en Java Occidental, cuyo jefe de policía ya hizo pública hace año y medio su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Hace solo un par de semanas, otra página de Facebook relacionada con el tema generó controversia en la ciudad de Garut. La protesta local provocó que los administradores escolares prohibieran la presencia de estudiantes LGTB en las escuelas. El miércoles 17 de octubre, la administración de la regencia de Cianjur dio instrucciones a las mezquitas de la región pidiéndoles que prediquen sobre los peligros de la comunidad LGTB y el VIH/sida en las oraciones del viernes.

La peor situación, en Aceh

Por desgracia las noticias sobre LGTBfobia de Estado en Indonesia son incesantes. La peor situación, posiblemente, es la que se vive en la provincia de Aceh, donde dos hombres recibían el pasado mes de julio 80 latigazos acusados de practicar la homosexualidad. Un castigo semejante al que recibieron en mayo de 2017 otros dos jóvenes. En aquella ocasión recibieron 83 latigazos, también ante una multitud exaltada. Amnistía Internacional lo calificó de «repugnante espectáculo» y se sucedieron las condenas internacionales.

Debido a ello, el presidente indonesio, Joko Wivodo, presionó al gobernador de Aceh, Irwandi Yusuf, para que finalmente emitiese una orden en la que se establecía que los castigos físicos debían ejecutarse en el interior de las prisiones y se prohibía la grabación o difusión de imágenes de los mismos. No obstante, hubo una gran oposición por parte de los sectores religiosos, que consideraron que si los castigos no eran públicos perderían su carácter de «ejemplarizantes», idea que, al parecer, ha terminado prevaleciendo.

También hace unos meses recogíamos la detención de cuatro personas en Banda Aceh (capital de la provincia), a manos de patrullas ciudadadanas, acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentarían a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. Y a principios de año contábamos como la policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como «hombres normales».

En la provincia de Aceh, recordemos, rige la sharía desde 2005. Fue una concesión de Indonesia a los separatistas en el marco del acuerdo de paz que tuvo lugar poco después del tsunami que asoló la región. Aunque no fue hasta septiembre de 2014 cuando finalmente se aprobó la ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de flagelación (que entró en vigor en octubre de 2015).

La sharía también rige en Sumatra Meridional (en este caso solo para los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría).

La persecución se extiende por el conjunto de Indonesia

Pero la persecución no se limita ya a los territorios donde rige la sharía. Ya en febrero de 2016 hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos indonesios. Desde entonces no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. En diciembre de 2017, por ejemplo, nos hacíamos eco de la condena de diez hombres a dos años de cárcel por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta, la capital del país, donde las relaciones homosexuales no son ilegales. Los detenidos fueron entonces condenados por violar la ley contra la pornografía. El que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación.

En mayo de 2017, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país.  Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres.

Esta espantosa situación podría además agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión, si bien el proyecto de ley ha sido aplazado provisionalmente.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado este 4 de octubre la inadmisión a trámite del recurso presentado por un grupo de alcaldes franceses contra su obligación como servidores públicos de celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Una larga batalla perdida por parte del sector más LGTBfobo de los ediles franceses, que ya vieron derrotadas sus intenciones por el Consejo Constitucional de su país. El dictamen es claro: no hay objeción de conciencia que ampare la homofobia de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

El matrimonio igualitario fue aprobado en Francia en mayo de 2013 tras un largo proceso parlamentario que fue acompañado por un extraordinario despliegue de homofobia social, cuya expresión máxima fueron las manifestaciones organizadas por el grupo LGTBfobo Manif pour tous. Se multiplicaron los discursos de odio, que llegaron a normalizarse socialmente, y se produjeron numerosas agresiones verbales y físicas hacia las asociaciones o particulares que defendían los derechos civiles de las minorías. Desde una parte del espectro político, gran parte de quienes proclamaban consignas discriminatorias se sintió respaldado y apoyado.

Con ese respaldo social, una vez promulgada la reforma del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, algunos alcaldes expresaron su intención de negarse a celebrar este tipo de enlaces, amparándose en el supuesto derecho a la objeción de conciencia debido a sus creencias religiosas. El Ministerio de Justicia difundió entonces una circular en la que recordaba que el incumplimiento de la ley de la República por parte de los servidores públicos podría conllevar sanciones disciplinarias, penas de prisión de hasta cinco años y multas de hasta 75.000 euros.

En respuesta a esta medida, varios de estos alcaldes se agruparon en un colectivo denominado Maires pour l’enfance (Alcaldes por la infancia, una manera muy poco sutil de relacionar una vez más homosexualidad y pederastia, al ligar la defensa de la infancia con la oposición a los derechos de las parejas del mismo sexo). Bajo estas siglas, presentaron un recurso de inconstitucionalidad a la directriz de Ministerio de Justicia, que fue denegado por el Consejo Constitucional francés en octubre de 2013, al dictaminar que la circular del Ministerio de Justicia estaba ajustada a derecho «porque el Estado únicamente está garantizando la aplicación de la ley por parte de los servidores públicos y el buen funcionamiento y la neutralidad del servicio público».

Tras el dictamen desfavorable del Consejo Constitucional, el colectivo decidió interponer demanda contra el mismo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en febrero de 2014, arguyendo que se había violado el artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que proclama el derecho a «la libertad de pensamiento, conciencia y religión». Sin embargo, este 4 de octubre un juez único del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha comunicado la inadmisión a trámite del recurso, ya que los demandantes ejercían sus funciones en nombre del Estado francés y, por lo tanto, no actuaban como particulares. Ya no cabe, pues, otra instancia a la que recurrir para eludir sus obligaciones como servidores públicos y tener patente de corso para discriminar a los ciudadanos en función de su orientación sexual. No hay objeción de conciencia que ampare la homofobia de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

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Aviso de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Jamaica por su LGTBfobia de Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad autónoma dentro de la OEA, ha declarado la admisibilidad de una demanda contra la legislación jamaicana que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. La decisión es el resultado de la petición presentada por un ciudadano gay que tuvo que abandonar el país por la persecución sufrida a causa de su orientación sexual. La isla caribeña es la sociedad más hostil a la comunidad LGTB de toda América.

El desafío legal a Jamaica lo planteó en 2012 Gareth Henry, un ciudadano jamaicano que obtuvo asilo político en Canadá debido a la persecución que sufría en su país debido a su orientación sexual. La demanda contó también con el apoyo de Human Dignity Trust (HDT), una organización de lucha a favor de los derechos civiles LGTB con base en el Reino Unido. Las víctimas consignadas son el propio Henry y Simone Carline Edwards, una mujer lesbiana que solicitó asilo en los Países Bajos después de sobrevivir a los disparos de dos hombres, que también intentaron matar a su hermano gay.

Siete años después, la CIDH reconoce en su informe el hostigamiento que sufre la comunidad LGTB y lista los hechos que, de ser probados, acarrearían serias violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:  «las amenazas de muerte y a la integridad física, las afectaciones a la vida privada y familiar, las violaciones del derecho de circulación y residencia, el trato desigual, la falta de acceso a la justicia y la protección judicial, y la privación del acceso a la atención médica». Su decisión de declarar admisible la petición abre un periodo en el que se investigarán las (para la CIDH aún presuntas) violaciones de derechos humanos cometidas por Jamaica.

Los testimonios de las víctimas son estremecedores. Henry asegura que tuvo que huir de Jamaica temiendo por su vida tras ser objeto de violencia policial y de bandas organizadas y espera que la decisión de la Comisión Interamericana sea el primer paso de un cambio en la situación de las personas LGTB. Edwards destaca la sensación de impunidad que ampara a las hordas LGTBfobas como la que casi acaba con su vida y la de su hermano. También se mostró esperanzada de que las leyes que perpetúan esta situación sean derogadas algún día para poder regresar a su país sin miedo a ser atacada de nuevo. Human Dignity Trust, en un comunicado celebrando la decisión de la CIDH, recuerda que la legislación represora no solo criminaliza las relaciones consentidas entre hombres, sino que legitima la violencia contra toda la comunidad LGTB.

Jamaica, un infierno para las personas LGTB

Que Jamaica es posiblemente la sociedad más homófoba de América no es un secreto, y no solo porque las relaciones homosexuales masculinas sigan siendo delito. En el pasado hemos recogido noticias verdaderamente espantosas sobre la situación social en la que viven las personas LGTB en la isla. En diciembre de 2010 era asesinado un activista gay que, según informó entonces la organización J-FLAG, había sido previamente amenazado, y en junio de 2012 eran asesinados otros dos hombres gais. A finales de ese mismo año, dos jóvenes descubiertos manteniendo relaciones sexuales en los baños de la Universidad Tecnológica de Jamaica caían en manos de una muchedumbre enfurecida y uno de ellos era golpeado brutalmente por los guardas de seguridad.

En septiembre de 2013, conocimos otro caso de un joven que escapó milagrosamente de un linchamiento homófobo. Poco después cuatro hombres homosexuales que compartían vivienda vieron cómo un grupo de agresores le prendían fuego. Esa misma casa había sido también el último lugar en el que vivió Dwayne Jones, una joven adolescente transgénero asesinada pocas semanas antes por una turba de personas que descubrieron su condición.

En marzo de 2015 dábamos cuenta del brutal linchamiento a un joven gay, a manos de una turba furiosa, que lo mató a pedradas. En 2016 se producían dos nuevos asesinatos de posible motivación homófoba. Y en septiembre de 2017, el activista Dexter Pottinger era apuñalado hasta la muerte en su domicilio.

Son solo algunos de los casos que trascienden las fronteras de Jamaica. Muchos otros ni siquiera llegamos a conocerlos, entre otras cosas por la falta de confianza y la pasividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad ante estos casos. La violencia y el miedo, de hecho, no son episodios aislados sino que forman parte de la vida cotidiana de las personas LGTB jamaicanas, bien reflejados en el completo informe de 86 páginas que en 2014 publicó sobre Jamaica la organización Human Rights Watch.

Ello no impide que incluso en un ambiente tan hostil surjan valientes activistas, que de hecho en 2015 celebraron por primera vez varios actos con motivo del Orgullo LGTB, sin convocar, eso sí, una manifestación como tal. Algo que por supuesto sí pueden hacer los homófobos. Una de estas llamativas muestras públicas de homofobia fue la que recogimos en 2014, cuando cientos de personas, convocados por una coalición de líderes religiosos, salieron a las calles de Kingston coincidiendo con el Orgullo para protestar contra lo que denominaron la «creciente amenaza de la homosexualidad».

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Supremo del Reino Unido ha dictaminado a favor de los dueños de una pastelería de Irlanda del Norte, que en su día se negaron a elaborar una tarta con un mensaje a favor de matrimonio igualitario. Según la sentencia, la denegación del servicio no fue motivada por la orientación sexual de los clientes, sino por la consigna política que deseaban que incluyera el producto solicitado, por lo que no cabe alegar que haya habido discriminación. Mientras que algunas asociaciones LGTB han lamentado el fallo, por temor a sus posibles implicaciones en la denegación de servicios motivadas por la orientación sexual o identidad de género, otros activistas en defensa de los derechos civiles lo han acogido de manera positiva, por estimar que es una victoria de la libertad de expresión y que también protegerá a los proveedores de servicios que sean LGTB de clientes que pretendan que elaboren productos con mensajes LGTBfobos.

La sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido da fin a un litigio que se ha prolongado durante cuatro años. Gareth Lee, un activista de la asociación LGTB norirlandesa Queer Space, celebró una fiesta reivindicativa para sus amigos en 2014, para conmemorar el Día Internacional Contra la Homofobia. Se daba la circunstancia, además, de que la celebración ocurriría tan solo unos días después de que la Asamblea de Irlanda del Norte rechazara el matrimonio igualitario por tercera vez consecutiva(posteriormente lo ha hecho en dos ocasiones más, siempre por el bloqueo del conservador Partido Unionista democrático).

Para el encuentro, Gareth encargó a la pastelería Ashers de Belfast una tarta, en la que debía aparecer la imagen de los conocidos personajes de Barrio Sésamo Epi y Blas con el mensaje «Apoya el matrimonio gay». El pedido fue inicialmente aceptado y pagado. Pero, tras examinar los detalles, los dueños de Ashers, Daniel y Amy McArthur, se negaron a cumplir con el encargo, con la excusa de que el mensaje entraba en conflicto con sus creencias cristianas evangélicas, y propusieron a Gareth Lee un reembolso.

Pero Gareth consideró que esa negativa suponía una discriminación por razón de su orientación sexual, y decidió demandar a los pasteleros. Ellos arguyeron ante el tribunal que su negativa no estaba motivada por la orientación sexual de su cliente, sino porque el mensaje «estaba en desacuerdo con los preceptos de la Biblia». El juez, sin embargo, falló a favor del demandante, al estimar que había sido discriminado por razón de su orientación sexual y sus convicciones políticas, algo prohibido expresamente por la Ley de Igualdad norirlandesa de 2006, y condenó a los demandados a abonar una multa de 560 euros.

Daniel y Amy McArthur decidieron apelar la sentencia, pues consideraban que elaborar una tarta con ese mensaje significaba que lo apoyaban, y eso vulneraba su libertad religiosa. Para ello contaron con la ayuda legal y financiera del Instituto Cristiano, bien conocido por su actitud LGTBfoba. Gareth Lee, por su parte, consiguió el apoyo legal de la Comisión de Igualdad de Irlanda del Norte, un organismo de financiación pública.

Tras cuatro días de sesiones, el 24 de octubre de 2016 el Tribunal de Apelaciones de Belfast dictaminó a favor de Gareth Lee, confirmando la sentencia del tribunal de primera instancia, que encontró «ajustada a derecho», pues los dueños de Ashers «discriminaron al demandante directamente por motivo de su orientación sexual, lo que contraviene la Ley de Igualdad de 2006».

Los dueños de la pastelería decidieron seguir litigando y recurrir al Tribunal Supremo del Reino Unido, la última instancia posible. Tras dos años de espera, el alto tribunal dio a conocer su dictamen el pasado 10 de octubre. La sentencia, cuya ponente ha sido la jueza Lady Hale, niega el hecho de que la denegación del servicio se produjera por razón de la orientación sexual del cliente, sino por el contenido político del mensaje. Es más, en la argumentación alude a un caso semejante ocurrido en los Estados Unidos en el que los dueños de una pastelería se negaron a elaborar una tarta de bodas para una pareja del mismo sexo. En esa ocasión, estima la jueza Hale, sí que se discriminó a los clientes por razón de su orientación sexual, pues no se les hubiera denegado el servicio si se hubiera tratado de una pareja heterosexual.

En el caso norirlandés, sin embargo, la magistrada estima que los dueños de la pastelería también se hubieran negado a elaborar la tarta con ese mismo mensaje aunque los clientes no pertenecieran al colectivo LGTB, pero que hubieran aceptado realizar el pedido para el mismo cliente si la tarta no incluyera ese tipo de mensaje. En la resolución, la jueza Hale afirma que «es profundamente humillante, y una afrenta a la dignidad humana, negarle un servicio a alguien por su raza, género, discapacidad, orientación sexual o cualquiera de las otras características personales protegidas. Pero eso no es lo que sucedió en este caso». Por tanto, falla a favor de los demandados y resuelve la anulación de las sanciones establecidas anteriormente.

Desde asociaciones de defensa de los derechos LGTB, como la norirlandesa The Rainbow Project, se ha acogido el fallo del Tribunal Supremo con gran preocupación. Su director, John O’Doherty, afirma que «creemos que se trata de una discriminación directa para la cual no puede haber justificación. Sin embargo, nos tomaremos tiempo para estudiar esta sentencia del Tribunal Supremo y entender por completo sus implicaciones para los derechos de las personas LGBT de acceder a bienes, instalaciones y servicios sin discriminación. Sin embargo, lo más dañino de todo ha sido el intento de los políticos de utilizar este caso para justificar la modificación de la ley para permitir que las empresas discriminen a las personas LGBT con la llamada “cláusula de conciencia”».

Por su parte, el activista por los derechos humanos, y especialmente los LGTB, Peter Tatchell, se ha felicitado por el fallo del alto tribunal, por entender que se trata de «una victoria para la libertad de expresión». Según Tatchell, la sentencia «además de significar que los Ashers no pueden ser obligados legalmente a ayudar a promover el matrimonio entre personas del mismo sexo, también significa que los pasteleros homosexuales no pueden ser obligados por ley a decorar pasteles con lemas contra los matrimonios homosexuales. Las empresas ahora pueden rechazar legalmente la solicitud de un cliente de poner un mensaje político si alegan una objeción de conciencia al respecto. Esto incluye el derecho a rechazar mensajes que sean sexistas, xenófobos o antigais, lo cual es bueno. Aunque estoy totalmente en desacuerdo con la oposición de Ashers al matrimonio igualitario, en una sociedad libre, ni ellos ni nadie deberían ser obligados a fomentar una idea política a la que se oponen».

Fuente Dosmanzanas

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Arnaud Gagnoud , una de las víctimas de la agresión de septiembreInstagram | Foto: Uso permitido

Tras la segunda agresión de carácter violento que se produce en París en un mes, SOS Homophobie denuncia un incremento de la homofobia en Francia en el último año.

La creciente visibilidad de las parejas del mismo sexo en las calles de la capital francesa molesta a los homófobos. En el plazo de un mes, tres agresiones contra parejas que se mostraban su afecto en público han disparado las alarmas. En uno de los casos, uno de los agresores ha sido ya juzgado y condenado a un año de prisión.

La primera de las agresiones tuvo lugar el pasado 18 de septiembre, cuando una pareja de chicos salía del teatro en el distrito XX de la capital francesa. Varios adolescentes vieron desde lejos como la pareja se hacía gestos de cariño y comenzaron a insultarles. La pareja intentó ignorar los insultos, pero los jóvenes se acercaron y siguieron insultándolos y amenazándolos, exigiendo que se marcharan de «su barrio». «Aquí no hay maricones», les gritaron. Dos agresores más se sumaron a bordo de una motocicleta. Uno de ellos golpeó violentamente a una de las víctimas con su caso, causándole una herida bajo la ceja que precisó siete puntos de sutura y un traumatismo orbitario que bien podría haberle costado la visión de ese ojo. Por fortuna, la pandilla detuvo la agresión y huyó del lugar cuando otros viandantes que también salían del teatro acudieron en auxilio de la pareja. Uno de ellos era el comediante Arnaud Gagnoud, quien posteriormente publicaría en su cuenta de Instagram la fotografía de su rostro tras ser agredido con un casco de motocicleta.

«Sabía que algún día me pasaría: una agresión homófoba en plena calle. Sabía que algún día tendría que enfrentarme a esta decisión: hacerme una foto y publicarla o no hacerlo. Con las consecuencias que ello tendría en cada uno de los casos. Lo único que no sabía es cuando sucedería. Ha sido hoy», publicada Arnaud Gagnoud, una de las víctimas, en sus redes sociales, antes de difundir lo sucedido.

En el siguiente vídeo de France 3 la pareja reconstruye lo sucedido. Arnaud Gagnoud, el joven herido, se lamenta de que la agreisón que ellos han sufrido no es la primera que tiene lugar en su círculo de amigos:

La segunda de las agresiones tuvo lugar el sábado alrededor de las diez de la noche, en el distrito XIX de la capital francesa. Las víctimas, una pareja de hombres que fueron insultados y golpeados por dos individuos después de darse un beso mientras caminaban por la Rue du Maroc en las inmediaciones del Parque de la Villette, en el Distrito XIX de París, alrededor de las 22 horas del pasado sábado, 6 de octubre. Los agresores se dieron a la fuga, pero uno de ellos fue rápidamente interceptado por la policía. El otro fue identificado y detenido horas después al quedar todo el incidente recogido por las cámaras de vigilancia de la zona y considerar que se trata de una agresión homofóbica. Las dos víctimas tuvieron que ser trasladas a un centro médico al presentar lesiones en la nariz y el cuello. Se trata de la segunda agresión de carácter homofóbico en menos de un mes.

El mismo martes tenía lugar el juicio a uno de los agresores, un joven de 22 años que contaba con una condena previa de cárcel en 2016 que había sido suspendida provisionalmente. Una circunstancia que favoreció que el juicio (por violencia agravada por razón de orientación sexual) tuviera lugar de forma inmediata. El joven, para el que la Fiscalía solicitaba tres años de cárcel, fue condenado finalmente a un año, ingresando inmediatamente en prisión dados sus antecedentes. El ya condenado reconoció la agresión pero negó que en su caso hubiera tenido una motivación homófoba, asegurando que se sumó a ella con posterioridad al inicio del incidente (algo que de hecho parece confirmar una cámara de seguridad cercana).

La tercera de las agresiones tuvo lugar el lunes pasado, sobre las siete y media de la tarde. En este caso las víctimas fueron una pareja de chicas que se encontraban sentadas en un banco de la Plaza de la República y al que un individuo que se dio a la fuga dirigió insultos lesbófobos antes de dar un puñetazo en la cara a una de las chicas.

Tres agresiones que han disparado las alarmas

Tres agresiones en menos de un mes contra parejas del mismo sexo visibles que han desatado la indignación de los colectivos LGTB franceses. De 2017 a 2018 se ha producido un 15 % de incremento de agresiones físicas en Francia, según SOS Homophobie,  organización que combate el odio por LGTBfobia en Francia, puntualizando Joël Deumier, presidente de la asociación, que desde junio se han producido una serie de «perturbadores» ataques en todo el país. «Nueva agresión lesbófoba. Las agresiones homófobas se han vuelto casi cotidianas. Los discursos estigmatizantes sobre las familias homoparentales y los LGTB son la causa de este recrudecimiento. Nuestros pensamientos con las dos víctimas y todo nuestro apoyo», tuiteaba Joël Deumier:

Nouvelle agression #lesbophobe. Les agressions #homophobes deviennent quasi quotidiennes. Les discours stigmatisants sur les familles homoparentales et les #LGBT sont une cause de ce regain. Pensées pour les deux victimes et plein soutien. https://t.co/d6Oqd8oXg1

— Joël Deumier (@joeldeumier) 11 de octubre de 2018

«Ajda, persona trans atacada en Limoges a principios de agosto. Vanesa Campos, una persona trans asesinada en París a mediados de agosto. Una joven asaltada porque besó a su novia en París a finales de agosto. Varios jóvenes asaltados en Nîmes la semana pasada. Un par de mujeres salpicadas de lejía y pintura negra en Lille a principios de septiembre. Un trabajador sexual trans víctima de robo y asalto esta semana. Arnaud, atacado porque abrazó a su compañero», detalla Deumier, quien atribuye el deterioro en la relación al colectivo LGBT al debate en curso para modificar una ley para proporcionar reproducción asistida a mujeres solteras y parejas de mujeres que deseen procrear.

«Este discurso homófobo contra la paternidad homosexual y las personas LGBT lo lleva a cabo la Iglesia, la Conferencia de los Obispos de Francia, la Manif pour Tous [una organización que hace campaña contra el matrimonio entre personas del mismo sexo]. Esto tiene consecuencias reales para la sociedad, legitimando la homofobia y alentando a las personas a [convertir las palabras] en acciones», asegura Deumier, reconociendo igualmente que el incremente de ataques también puede deberse a que las víctimas LGBT tienen menos miedo a hablar que antes en lo que denomina «una liberación de las palabras de las víctimas».

Este recrudecimiento de las agresiones, ¿es real o se trata simplemente de una mayor presencia mediática? Si no atenemos a las cifras oficiales, en 2016, primer año en el que Francia procedió a registrar de forma específica los delitos motivados por el odio LGTBfóbico a partir de las denuncias presentadas a las fuerzas de seguridad francesas, se contabilizaron 1.020 agresiones por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima. En 2017, se contabilizaron 1.026 agresiones. Hay que tener en cuenta, de todas formas, que estas cifras se corresponden con las denuncias presentadas. Según el consenso de los especialistas en la materia, la cifra real de agresiones es considerablemente mayor, dado que muchas no se denuncian por temor, pudor o vergüenza.

A la espera de que haya datos oficiales correspondientes a 2018, lo cierto es que frente a la aparente «estabilidad» de los datos oficiales en 2016 y 2017, los activistas LGTB franceses denuncian que el aumento de las agresiones es real y palpable. Parece tratarse, de hecho, de una situación similar a la que se está produciendo en España: la cada vez mayor visibilidad de las personas LGTB, sobre todo las más jóvenes, conlleva que la LGTBfobia social se muestre más cruda que nunca. Un aspecto especialmente preocupante es que, también como sucede en España, también los agresores suelen ser personas muy jóvenes. Además, según alerta el portavoz de Stop Homophobie Terrance Katchadourian, están surgiendo nuevos escenarios para las agresiones, como las páginas web de contactos. Katchadourian menciona por ejemplo el caso de un agresor del que tuvieron conocimiento en agosto que a través de estas páginas contactaba específicamente con hombres casados, lo que hacía mucho más improbable que estos denunciaran.

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Interesante reflexión que publicamos integramente:

Polémica en torno al uso de «mariconez» en Operación Triunfo 2018. La concursante María Villar, a la que en companía de Miki toca esta semana defender el tema Quédate en Madrid, una canción de Mecano, se sorprendía de que un término homófobo pudiese formar parte de la letra, y de acuerdo con su compañero pidió sustituirlo por «gilipollez». Nada sorprendente, teniendo en cuenta que María y Miki forman parte de una generación educada en la diversidad, y que en todo caso debería haber quedado en una anécdota ejemplar de lo mucho que para bien ha cambiado este país. Sin embargo, la propuesta de cambio ha desagradado profundamente a Ana Torroja, la que fuera vocalista de Mecano y que en esta edición forma parte del jurado de Operación Triunfo, y al autor de la canción; José María Cano, que ha prohibido el cambio. A ellos se ha unido toda una legión de «ofendidos» en redes sociales que ven en el gesto de María Villar una terrible amenaza para la libertad de expresión [nótese el modo irónico].

Quédate en Madrid incluye en su letra la frase «siempre los cariñitos me han parecido una mariconez» («mariconez», en este caso, no es más que un ripio que José María Cano, autor y letrista, inventó para sustituir a «mariconada» y que le cuadrara el verso). Cuando María Villar, que no conocía la letra, fue consciente del término homófobo, pidió sustituirlo por «gilipollez»:

En un primer momento, la dirección de Operación Triunfo se mostró receptiva al cambio, no sin antes consultarlo con Ana Torroja, la que fuera vocalista de Mecano y jurado del programa. Así se lo comunicó la directora de la Academia, Noemí Galera, a los concursantes, aunque les transmitió que la preferencia de Torroja era en todo caso usar «estupidez» en lugar de «gilipollez»:

La cosa no quedo ahí, sin embargo. Ana Torroja decidió echar gasolina a una polémica que bien podría haberse quedado ahí y desmintió a Noemí Galera en redes sociales, asegurando que ella no autorizaba ningún cambio, que de hecho estaba en contra del mismo y que en todo caso era el autor de la canción, José María Cano, el que debía dar su visto bueno:

YO NO HE AUTORIZADO a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y NADIE puede modificar una letra sin el permiso del autor

— Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

Torroja añadía, en tuits posteriores, que «Mecano, tanto como grupo, como cada uno por separado, siempre ha defendido la diversidad, el amor libre, la libertad de expresión y un largo etcétera, y además tiene uno de los himnos más bellos escritos nunca defendiendo el amor homosexual: Mujer contra mujer» (pese a que nadie hasta el momento había acusado a Mecano de ser un grupo homófobo) y que no había que «confundir» un insulto homófobo con una expresión coloquial. «Cuando la canción dice: ‘siempre los cariñitos me han parecido una mariconez’, quiere decir que siempre los cariñitos le han parecido una tontería, bobada, estupidez, y hasta cursilería», continuaba.

La posibilidad de cambio quedaba sin embargo cerrada cuando José María Cano se negaba en redondo al cambio de letra, lo que confirmaba Operación Triunfo en sus redes sociales. Confirmación que se acompañaba de una interesante reflexión de la directora de la Academia de Operación Triunfo: «Yo, a nivel personal, quiero agradeceros varias cosas. La fundamental, las más importante, es que yo conozco esta canción desde que se estrenó (…) y el mariconez lo tengo incrustado en mi disco duro, y nunca me había planteado que podía ser ofensivo porque en aquella época, en los 80, no estaba escrito con esa intención, pero me hace replantearme que las letras, con el paso del tiempo, pueden tener otro significado (…) Pero me gusta ver que chicos de 20, 25 años, me hacen cuestionarme cosas. Y yo os quiero dar las gracias por eso. Porque no nos callamos y lo decimos. Y yo es la juventud que quiero, y es la juventud que quiero que mis hijos tenga como referencia (…)».

👆🏻El programa se ha puesto en contacto con el autor de la canción y finalmente tendrán que cantar la versión original de la letra. Pero @NoemiGaleraN ha hecho una reflexión muy importante 👇🏻 #OTDirecto13OCT pic.twitter.com/uFH7WeeVdn

— OT 2018 (@OT_Oficial) 13 de octubre de 2018

La opinión de dosmanzanas

Hasta aquí los hechos. A partir de aquí nuestra valoración. Y esta es agridulce.

Por un lado, nos encanta ver cómo la juventud española, o al menos una parte de ella, ha interiorizado hasta tal punto los valores de la diversidad que es capaz de sentirse incómoda ante la perspectiva de tener que defender el uso de un término homófobo. Porque eso es, al fin y al cabo, lo que se les pide a María y a Miki: que se sientan cómodos usando en una canción (que ellos no han elegido interpretar) «mariconez» como sinónimo de cursilería. La propia Ana Torroja lo afirma: «mariconez» es «tontería, bobada, estupidez, y hasta cursilería». Un uso del lenguaje enraizado objetivamente en la homofobia, y que como uso del lenguaje que es quedará desterrado cuando los hablantes se sientan incómodos con el mismo. Algo que María y Miki ya sienten. Y les aplaudimos por eso. Ya sabemos que cuando José María Cano escribió la canción no lo hizo con el ánimo de ofender a las personas homosexuales…. Pero lo estaba haciendo. No suelo escribir en primera persona, pero yo mismo, autor de esta entrada, escuchaba por edad a Mecano cuando publicó su Descanso dominical. Y desde el primer momento esta canción me incomodó por este motivo.

Por otro lado, asusta ver la indignación que determinados personajes de la sociedad española, especialmente desde ámbitos supuestamente progresistas (los «pollaviejas» a los que muy certeramente aluden nuestros amigos de Estoy Bailando), manifiestan cada vez que surge una polémica de este tipo. Incluso en este caso, donde la petición de cambio de letra no ha surgido de ningún movimiento organizado, de ningún colectivo, de ningún partido. Se trata, pura y simplemente, de una chica que recibe el encargo de interpretar una canción y que manifiesta su incomodidad con el hecho de tener que defender, en esa interpretación, un término homófobo. Ante eso, toda una jauría de tuiteros, opinadores, librepensadores y supuestos «cómicos» se lanza en tromba gritando «censura» y alertando del riesgo que esto supone para la libertad de expresión.

Las sensibilidades sociales cambian, aunque no guste a los nostágicos «pollaviejas». Eso no significa que haya que eliminar de la historia de la música o del espectáculo letras o escenas que hoy día incomodan. Pero es un buen ejercicio aprender a entenderlas en su contexto. Los chistes de Martes y Trece sobre la violencia de género, el «tendría que besarte, desnudarte, pegarte y luego violarte hasta que digas sí» de Coque Malla y Los Ronaldos, también en los años ochenta, o los chistes homófobos de Friends son buenos ejemplos. Aunque parezca mentira, hay cosas en las que hemos mejorado mucho.

Nos adherimos, para finalizar, al hilo de sensatez que el profesor de secundaria y escritor Nando López ha publicado en Twitter, y que en formato de texto corrido nos permitimos reproducir:

Como gran parte de mi generación, me sé de memoria las letras de Mecano y, confieso, aún hoy las sigo cantando. Su ‘Mujer contra mujer’ se convirtió en un himno para la comunidad LGTB y, en mi caso, encontré refugio en aquella letra que aún me sigue emocionando. No me siento insultado por el uso de la palabra ‘mariconez’ en ‘Quédate en Madrid’ y, es más, seguro que si alguien busca en todos mis libros puede que, en los primeros, encuentre esa misma palabra alguna vez sin intención homófoba, como en la canción de la que hablamos.

¿Quiere eso decir que ‘mariconez’ no es una palabra teñida de homofobia? No. Solo significa que la reflexión lingüística era necesaria y que, por suerte, ahora empezamos a despojarnos de esas microhomofobias asumidas que, durante años, hemos considerado como habituales. Que Miki y María, dos jóvenes concursantes de Operación Triunfo, cuestionen el uso de ‘mariconez’ y planteen cambiarla no es algo banal, sino un claro síntoma de que algo está cambiando, para bien (aunque lentamente), en nuestro uso del lenguaje y en nuestra visión de la realidad. Podemos restarle importancia y enrocarnos en el ayer o podemos asumir que el lenguaje condiciona nuestra visión del mundo y las connotaciones negativas de ‘mariconez’ nacen del desprecio de la homosexualidad y, también, de lo femenino: machismo y homofobia siempre de la mano.

Por lo demás, soy dramaturgo, me estrenan obras dentro y fuera de España, y es frecuente que haya palabras que bailan dependiendo del lugar, la intención o incluso el actor. Forma parte del proceso y no siento que esos cambios, si están justificados, vulneren mi derechos. Mecano nunca fue un grupo homófobo. Lo sabemos (y lo escribo como el fan que aún soy), pero eso no impide que no haya aspectos involuntarios de sus letras heredados de un sistema tan rígidamente heteropatriarcal que todos asumíamos palabras denigrantes como habituales.

Que tanta gente ponga el grito en el cielo cuando surge un debate sobre lenguaje igualitario e inclusivo me entristece. Sobre todo si pienso que muchas de esas voces son de mi generación, a quienes parece que nos supone un esfuerzo imposible cuestionarnos. Y, frente a ese inmovilismo irracional del ‘pero si no pasa nada’, ver que dos jóvenes se plantan y hacen una reflexión léxica a favor del respeto, la igualdad y la convivencia, me da muchas esperanzas en el futuro. Sinceramente. Así que, María y Miky, gracias. De verdad.

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El 24 de noviembre tendrá lugar un referéndum sobre el matrimonio igualitario en Taiwán (oficialmente, la República de China), promovido por un conjunto de grupos religiosos anti-LGTB que consiguió reunir las firmas necesarias para forzarlo. La consulta, que constará de tres preguntas sobre los derechos de las personas LGTB, coincidirá con las elecciones locales y regionales, por lo que se espera una alta participación. Una eventual victoria de los homófobos chocaría frontalmente con la sentencia del Tribunal Constitucional que fijó mayo de 2019 como la fecha tope para la entrada en vigor de la igualdad matrimonial.

La Comisión Electoral Central de Taiwán ha aceptado la propuesta de que se formalice el referéndum sobre el matrimonio igualitario aprovechando la jornada electoral del próximo 24 de noviembre, en la que se celebrarán elecciones locales y regionales a lo largo del todo el país. La confirmación de la fecha llega dos meses después de que se anunciara por el mismo organismo que los promotores de la consulta popular habían conseguido reunir las firmas necesarias para forzarla.

En mayo de 2017, el Constitucional emitía un fallo en el que instaba al Yuan Legislativo a legalizar el matrimonio igualitario en un plazo de dos años. Si no se produce la reforma por la vía legislativa, la sentencia decreta que a partir de mayo del año que viene las parejas del mismo sexo podrán comenzar a registrar sus matrimonios automáticamente. En febrero de este año, representantes de grupos religiosos relacionados estrechamente con sectores cristianos del partido Kuomintang presentaban una apelación ante el Tribunal Administrativo Superior de Taiwán en contra de la sentencia del Constitucional, así como una petición de celebrar un referéndum ante la Comisión Electoral Central.

El pasado 10 de febrero, la justicia taiwanesa desestimaba su alegación en contra del fallo del Tribunal Constitucional favorable a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo. Sin embargo, la Comisión Electoral Central de Taiwán se vio obligada legalmente a estudiar la solicitud de celebración de un referéndum. Los contrarios a la igualdad LGTB lograron presentar en abril las firmas necesarias para la toma en consideración de la propuesta, con lo que se abrió un plazo de cuatro meses para la recogida de apoyos en número suficiente para forzar la convocatoria del referéndum.

Para conseguir su propósito, los promotores tenían que presentar 281.745 firmas válidas por cada pregunta de la consulta propuesta. Finalmente consiguieron más de 600.000 en cada una de las cuestiones, por lo que, una vez contrastadas y validadas por la Comisión Electoral Central, obtuvieron la aprobación para la celebración del referéndum. El resultado del plebiscito se considerará válido si supera la mitad de los votos con una participación superior al 50 %. El hecho de que se celebre en coincidencia con elecciones locales y regionales hace más que posible que ese mínimo de participación se supere.

La Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación, nombre eufemístico de un conjunto de grupos religiosos anti-LGTB, plantea una consulta con tres preguntas, la primera de ellas de una retorcida formulación: «¿Está de acuerdo con proteger los derechos de las parejas del mismo sexo de iniciar una relación duradera de convivencia que se base en leyes que no sean el Código Civil de Taiwán?». La segunda se refiere a la educación en la diversidad afectivo-sexual: «¿Está de acuerdo con que los centros de educación primaria y secundaria no deben iniciar ‘educación gay y lésbica’ tal como está estipulado por la Ley de Reglas de Cumplimiento Para la Educación en la Igualdad de Género?». Y la tercera directamente plantea: «¿Está de acuerdo con que el Código Civil solo debe autorizar el matrimonio entre personas de distinto sexo?».

Paralelamente a los homófobos, un grupo de activistas y un diputado del Partido Socialdemócrata han iniciado su propia campaña de recogida de firmas para otro referéndum, este planteado de forma favorable a los derechos LGTB. Las preguntas que quieren plantear son: «¿Está de acuerdo con que los derechos de las parejas del mismo sexo a casarse debería estar protegido en el capítulo sobre matrimonio del Código Civil?» y «¿Está de acuerdo con que la Ley de Educación en la Igualdad de Género debería requerir que la educación en la igualdad de género incluyera la homosexualidad, las relaciones y la educación sexual y que se enseñara en los centros de educación primaria y secundaria?». La Comisión Electoral Central aún está estudiando si se han reunido las firmas necesarias para forzar la consulta popular. En caso afirmativo, podrían celebrarse dos plebiscitos distintos sobre la misma materia.

Si el resultado del referéndum es contrario a los derechos LGTB, no está claro cómo se resolverá la colisión con la resolución del Tribunal Constitucional, que no admite dudas en cuanto a su interpretación favorable al matrimonio igualitario. Los activistas LGTB, en cualquier caso, ya han empezado a organizarse para pedir un voto masivo por el triple «no» en la consulta homófoba. Al mismo tiempo, no dejan de pedir a la presidenta Tsai Ing-wen, favorable a la igualdad matrimonial, que promueva la aprobación de la medida por la vía legislativa cuanto antes para terminar con la actual inseguridad jurídica de las parejas del mismo sexo. La mandataria ya había advertido, antes de la sentencia del Constitucional, de que el proceso sería «largo» y «difícil».

Fuente Dosmanzanas

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Ezequiel Espada, un joven de Cádiz, ha denunciado haber sido objeto de una agresión de tintes homófobos a las puertas de una discoteca de San Fernando a manos de varios de sus porteros. La Sala Vivo, por su parte, niega la versión del joven, argumenta que la homofobia no tuvo nada que ver en la disputa y lo acusa de instrumentalizar su condición de gay.  

Los hechos ocurrieron alrededor de las seis de la madrugada del domingo, 6 de octubre, cuando la Sala Vivo cerraba sus puertas. Según asegura Ezequiel Espada en una carta en la que difundió su versión de lo sucedido que rápidamente se viralizó en redes sociales, todo comenzó cuando el joven y sus amigas, que en ese momento se encontraban fuera, pidieron al portero recuperar la última copa, que acababan de adquirir y que se encontraba en el interior, para bebérsela «rápidamente allí mismo, sin necesidad de entrar en la discoteca». Una petición a la que uno de los porteros, según Espada, se negó en tono «desafiante y chulesco». «Le respondimos que solo estábamos preguntando porque acabábamos de comprar la copa, por si podíamos acabarla, ya que nos costó 6,50 euros. Este portero empezó a tratarnos mal y a decirnos que nos fuéramos que no nos iba a dejar cogerla, y acto seguido me empuja dos veces sin razón alguna», añade.

A partir de este punto, Ezequiel Espada describe (siempre según su versión) cómo lo que era un incidente que debía haberse resuelto por cauces civilizados se convierte en una agresión por parte del portero mencionado y de sus compañeros, que dan varios puñetazos al joven que le hacen desplomarse al suelo. El joven siguió recibiendo «puñetazos y patadas, en la cabeza y por todos lados» y añade además que uno de los agresores sacó un arma blanca y amenazó con clavársela. Una de las amigas que lo acompañaban, que lo intentaron defender, también resultó golpeada en la trifulca.

En en ese punto cuando Ezequiel Espada alude a la homofobia de los agresores. «Cuando vieron los porteros que mis amigas estaban en medio y no se apartaban para que no me pegasen mas, se metieron en la entradilla de la discoteca (todo esto riéndose de mi, amenazándome, y cachondeándose, recibiendo un trato homófobo, sin importarles ninguna de las personas que había alrededor). Luego empezaron desde dentro a hacerme muecas y a gritarme amenazándome que era un maricón y que me iban a matar cuando salieran, a lo que les respondo que sí, que soy gay, y que qué tenia eso que ver con lo que estaba pasando. Me responden que era un maricón de mierda y que cuando salieran me iban a matar entre todos. Siguieron riéndose de mí, mientras yo estaba con un ataque de nervios y mis amigas llorando supernerviosas», relata.

El joven, además, denuncia el trato recibido in situ por los policías que acudieron a su llamada. «Terminamos llamando a la Policía, quien intervino y lo primero que hizo fue irse para la parte acosadora para escuchar su versión, mientras dos policías venían para nosotros y le intentábamos explicar lo que había sucedido, a lo que solo uno de ellos nos respondía que nos calláramos la boca y que tenían mejores cosas que hacer que estar con nosotros (todo esto sin apenas poderle explicar nuestra versión (…) En medio de todo esto escucho a un policía decir que como no me callara me iba a dar un guantazo. Yo y mis dos amigas llorando supernerviosos y totalmente desprotegidos por que no nos hacían ningún caso», añade.

La sala niega la versión del joven

La dirección de la Sala Vivo, por su parte, ha emitido un comunicado en el que niega las acusaciones del joven, aseguran estar «en contra de cualquier tipo de violencia» y condena «la manipulación y el oportunismo que se ha realizado de los hechos por parte del responsable de su difusión, usando de forma sesgada, manipulada y torticera su orientación sexual como pretexto de una conducta de la que el único responsable es él mismo». «Los hechos ocurridos se encuentran actualmente judicializados, siendo que la versión que mantiene esta empresa es radicalmente opuesta a las manifestaciones difundidas por el denunciante, que son difamatorias, y está perjudicando el buen nombre de la empresa, siendo que se han tomado las medidas necesarias para denunciar igualmente las agresiones físicas y verbales sufridas por el equipo de seguridad, así como los daños y perjuicios sufridos por las difamaciones vertidas», asegura.

La Sala Vivo niega que se produjera «ninguna actuación homófoba en absoluto, siendo este un colectivo cliente habitual de nuestro negocio, y al que cuidamos y respetamos. En Sala Vivo no se toleran actitudes homófobas ni racistas, siendo un ejemplo de diversidad cultural y sexual no solo por la clientela que nos visita como entre su personal contratado. Este desafortunado incidente nada tiene que ver con la orientación sexual, se está usando la condición sexual de forma partidista y arrojadiza, involucrando a colectivos LGTB como arma de propaganda de unos hechos que se encuentran judicializados (…) No se va a permitir que se use la homofobia y agresiones a personas por su condición sexual como arma individual, subjetiva y negligente de un individuo a favor de su causa personal». 

A la espera de la acción de la justicia

Habrá que esperar a que la justicia siga su curso y determine responsabilidades. Ezequiel Espada, que ha recibido el apoyo del colectivo LGTBIQ+ de San Fernando Lambda La Isla, ha presentado la correspondiente denuncia policial, acompañada de parte de lesiones (en las imágenes, algunas de las heridas sufridas). Por su parte, la Sala Vivo asegura en su comunicado que «se han iniciado las medidas judiciales penales y civiles para restaurar la honorabilidad y dignidad de la empresa».

Ezequiel Espada, además, ha apelado a la colaboracion ciudadana. «Sabemos que hubo gente que grabó en vídeo todo lo que pasó, por favor pedimos que si todavía existe algo de humanidad, si alguien sabe algo o puede tenerlo, que por favor se ponga en contacto con alguno de nosotros para pasárnoslo, y que por supuesto no vamos a involucrar a nadie. Solo queremos hacer justicia, porque como ya sabéis estos casos suelen pasar desapercibidos y no suelen llegar a nada, si no matan a una persona o si no es algo que se vea superclaro», pide en su carta.

General, Homofobia/ Transfobia. Andalucía, Cádiz, Delitos de Odio, Ezequiel Espada, Homofobia, Lambda La Isla, LGTBfobia, Sala Vivo, San Fernando

Datuk Mujahid Yusof Rawa, ministro de asuntos religiosos de Malasia, se ha despachado contra la igualdad, los derechos y la dignidad del colectivo LGTB de su país, cada vez más vulnerable por la exponencial escalada de LGTBfobia de Estado. El responsable de la cartera de Religión (lo que ya en sí dice mucho de la falta de libertades y de calidad democrática de un país, con independencia de qué fe se trate) califica los derechos y la igualdad de las personas LGTB como «ideas extremas», por lo que justifica que «no podemos permitir» que el colectivo dicte la agenda. Es decir, que ni hablar de proponer cambios legislativos porque el Gobierno se siente más cómodo en el rol que ha asumido de perseguir, penalizar y difamar (la clásica LGTBfobia de Estado, en otras palabras). Las declaraciones discriminatorias se suceden solo unas semanas después de que el primer ministro asegurara que «no podemos aceptar» el matrimonio igualitario o los derechos LGTB.

«No podemos permitir el dictado de estas personas a Malasia, damas y caballeros. No se puede permitir que se impongan al ministro encargado de los asuntos religiosos», ha expresado Datuk Mujahid Yusof Rawa en relación a la comunidad LGBTI. «El país estaría en una situación desastrosa si estas ideas extremas nos dictaran, mientras tengamos la autoridad para decir lo correcto y ser valientes para decirlo», proseguía este miembro del Gobierno.

El ministro defendió este discurso en el Instituto Internacional de Estudios Islámicos Avanzados, ante académicos y personalidades. «Esta es la posición que adoptamos, pero nunca cerramos la puerta a que ellos cambien», añadía Yusof Rawa. También se refirió a los comentarios del primer ministro Mahathir Mohamad al organismo de derechos humanos de Malasia (SUHAKAM) de que el país no aceptaría la igualdad LGTB, como recogíamos hace un par de semanas.

Escalada de LGTBfobia pese al cambio político

En entradas anteriores hemos venido hablando de la escalada de LGTBfobia de Estado en Malasia. Dos mujeres malasias, de 22 y 32 años, respectivamente, recibían a principios de este mes de septiembre seis latigazos por orden de un tribunal, tras ser descubiertas por agentes islámicos en el estado conservador de Terengganu «intentando participar en actos sexuales en un automóvil». El Gobierno, por otra parte, no solo dejaba claro su apoyo a la redada que días antes tenía lugar en un bar de ambiente gay de Kuala Lumpur sino que, en boca del ministro del Territorio Federal, Khalid Samad, expresaba que «esperamos que esta iniciativa pueda mitigar que la cultura LGTB se extienda a nuestra sociedad».

Ya con anterioridad, el nuevo Ejecutivo de Malasia había defraudado las expectativas despertadas cuando insinuó que el colectivo LGTB no debe visibilizarse porque incomoda «a la mayoría» del país. Lo hacía a cuenta de la censura de los retratos de los activistas Pang Khee Teik y Nisha Ayub en una exposición de George Town (ciudad del Estado de Penang) por orden administrativa.

Un entorno difícil para las personas LGTB

Malasia, una de las economías emergentes del sudeste asiático, es un país de variada composición étnico-religiosa, aunque de mayoría musulmana, en el que conviven leyes civiles, de obligado cumplimiento para todos, y leyes islámicas, de aplicación a los ciudadanos musulmanes. Las relaciones homosexuales, en cualquier caso, son ilegales y se castigan con penas de hasta 20 años de cárcel. De hecho, en 2011 nos hacíamos eco de las intenciones de varios líderes musulmanes malasios de endurecer las medidas contra la homosexualidad y en 2015 el entonces primer ministro, Najib Razak, comparaba a las personas LGTB con el Estado Islámico, alegando que carecen de derechos humanos.

La LGTBfobia social y política imperante en Malasia ha llevado a situaciones que rozan el absurdo, y que hemos recogido en esta misma página. En febrero del año pasado, en un vídeo promovido por el Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia se sugería a los homosexuales que «aprender» a ser hetero es como iniciarse en la equitación. En febrero de este año nos hacíamos eco de un artículo que ejemplificaba la estigmatización de la comunidad LGTB también desde los medios de comunicación. En abril, nos enterábamos de que la Universidad de Ciencias de Malasia (USM) celebró un concurso de carteles para “convertir”alumnos gays en heterosexuales. Y en mayo que el gobierno de Malasia ha comenzado a bloquear páginas LGTB+, incluido el portal Utopia-Asia que es la principal fuente de información para viajeros gais en la región.

Especialmente preocupante fue lo sucedido en 2012, cuando un joven gay musulmán recibió amenazas de muerte por difundir un vídeo en el que animaba a otros homosexuales a salir del armario. En junio del año pasado conocíamos la muerte de un adolescente, T. Nhaveen, después de cinco días en coma y sufrir una dura agresión de carácter homofóbica que le había dejado con varias heridas y quemaduras en la espalda, además de ser sodomizado con una barra. T. Nhaveen, de dieciocho años de edad, había quedado con su mejor amigo, T. Previin, de 19 años de edad, el sábado, 10 de junio, alrededor de las 11 de la mañana en una hamburguesería de Gelugor, un zona residencial de George Town, en Penang, para celebrar que iba a comenzar su vida como estudiante de música en Kuala Lumpur, pero falleció el jueves, 15 de junio, tras ser víctima de una dura agresión homofóbica que le deja en coma durante cinco días. Un episodio más de bullying homofóbico que en esta ocasión había consternado a la sociedad de Malasia por su dureza y violencia. Ante este escenario, podría pensarse que un suceso tan terrible como este debería servir de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia. Mucho nos temíamos que no iba a ser así, a la vista del hecho de que los mismos medios locales y autoridades que habían reaccionado con horror ni siquiera precisaron que el acoso que el joven sufría era de naturaleza homofóbica. Esperemos, al menos, que se haga justicia con los asesinos de  T. Nhaveen. Está claro, sin embargo, que ni siquiera un hecho tan terrible como este ha servido de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia, como ya entonces pronosticábamos. Y para corroborarlo, en julio radicales religiosos de Malasia e Indonesia se rebelaban contra Starbucks por su apoyo al colectivo LGBT…

Fuente Dosmanzanas

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