La asociación ultraconservadora insta al Gobierno regional a que derogue las leyes antiLGTBIfobia

La formación presidida por Ignacio Arsuaga sostiene que “la izquierda y los lobbies LGTBI vuelven a la cacería mediática, política e ideológica contra monseñor Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares, a quien están tratando como un delincuente”

“El obispado no ofrece ningún curso, ni taller, ni charla pública para revertir la homosexualidad. Sencillamente, siguiendo su pastoral, acoge y acompaña a las personas que libremente llaman a su puerta”, denuncia la alerta

Jesús Bastante

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica CitizenGO, HazteOir, Homofobia/Transfobia, Ignacio Arsuaga, Juan Antonio Reig Plà

Los ultracatólicos anuncian que sacarán otro autobús contra “el feminismo radical y la ideología de género”

El Ministerio del Interior considera la campaña del bus tránsfobo como “una falta de respeto y un menosprecio” a otras opciones

Una fantástica decisión que hace justicia… La asociación ultracatólica HazteOír lleva años esparciendo su odio, veneno y homofobia por toda España. Y, hasta ahora, lo ha hecho con el apoyo directo del Gobierno de España. Porque, desde el año 2013, cuando gobernaba el PP, se les concedió la declaración de utilidad pública. Y así han estado… hasta ahora. Porque, según informa la Cadena Ser el actual Ministerio del Interior acaba de dictaminar que una asociación que falta el respeto y la dignidad de personas o colectivos es imcompatible con ser de utilidad pública.

Los autobuses homófobos ya no será “de utilidad pública”. El Ministerio del Interior ha revocado a ‘HazteOir‘, responsable de los tristemente famosos buses naranjas con el lema “Los niños tienen pene, las niñas vagina“, su declaración de Asociación de Utilidad Pública, al considerar que sus campañan suponen “una falta de respeto y un menosprecio” a otras opciones ciudadanas.

En una resolución, el departamento dirigido por el ministro Marlaska sostiene que la campaña del autobús incumplió el requisito de promover el interés general. Pese a todo, Interior deja claro que no se cuestiona el derecho de HazteOir a ejercer su liberad ideológica.

Sin embargo, campañas como la del autobús resultan “incompatibles” con la condición de utilidad pública de una asociación, puesto que “producen objetivamente el efecto de denigrar o minusvalorar otras concepciones sobre la familia, la identidad de género, la educación de la infancia, etc.“

Ante el rechazo general

La resolución por la que el Ministerio decide revocar la Utilidad Pública a HazteOír es un documento de 12 páginas al que ha tenido acceso la Cadena SER que concluye argumentando que “es incompatible con la utilidad pública la promoción de las propias ideas de forma extralimitada en que hizo HazteOir, faltando al respeto y a la dignidad de las personas o colectivos que en nuestra sociedad tienen una concepción distinta en materia de orientación sexual“.

El ministerio dirigido por Grande Marlaska considera, además, que la asociación ha incumplido la ley que regula el Derecho de Asociación y obliga a promover el interés general, dado que la campaña “ha tenido una amplia difusión y, aun estando amparada por la libertad ideológica y de expresión o difusión de las propias ideas, supone una falta de respeto por otras opciones distintas a las defendidas por esta entidad“.

Para amparar la revocación de la utilidad pública, el Ministerio añade además dos informes. Uno de la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad, en el que acusan a HazteOír de ir en contra de la Constitución al enfrentarse “con la promoción y respeto del valor superior de la igualdad y el respeto del derecho fundamental en la igualdad de trato y no discriminación“; y otro de la Dirección General de Familia e Infancia que asegura que HazteOír no defiende el interés general en el ámbito social porque sus campañas “no aportan un valor añadido a la sociedad en su conjunto para que pueda valorarse que concurre la utilidad pública“.

¡Oh casualidad… HazteOír y Vox al alimón!

En las alegaciones que presentó HazteOir, la asociación denuncia que “toda la propuesta de resolución se funda en varias mentiras”, asegurando que “no iba contra nadie, ni faltaba al respeto a nadie” sino que “se limitaba a difundir un derecho constitucional de los padres a exigir formar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones“.

Asimismo, se amparan en la “libertad de expresión” y en la “pluralidad”. “¿Cómo se puede sancionar a HazteOir.org retirándole la declaración de utilidad pública con el argumento de que su forma de pensar ha molestado a algunos? Esta manera de argumentar es propia de las dictaduras, pero no de las democracias”, denuncia.

Contra esta orden, la asociación podrá interponer recurso ante el Ministerio de Interior en un mes o ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en dos meses.

HazteOir ya ha anunciado en sus redes sociales que “en las próximas semanas pondremos en circulación un autobús para denunciar el feminismo radical. Esta es nuestra respuesta a a la resolución del Ministerio del Interior”. “Nuestra respuesta es contundente: vamos arecurrir la resolución ante los tribunales y a poner en circulación en las próximas semanas un nuevo autobús contra el feminismo radical y la ideología de género”, concluyó la asociación.

El gobierno socialista (apoyado por chavistas, separatas y terroristas) nos quita la “utilidad pública”. Respuesta: fletamos otro @BusHazteOir Hablaremos de #Feminismos, #Género, y otras hierbas (amargas). ¡Y VENDRÁ A #CÁDIZ, @JM_Kichi no lo dudes!https://t.co/2hmFW75gHw

— HazteOir Cádiz (@HazteoirCadiz) 5 de febrero de 2019

HazteOír era hasta ahora entidad de utilidad pública, un privilegio que le concedió en 2013 el Gobierno del Partido Popular y que permite que sus donantes y socios puedan beneficiarse de considerablesa ventajas fiscales. Al margen de que organización ultraconservadora mantenga al día sus obligaciones administrativas, hay que recordar que, para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza».

Una definición que a nuestro juicio no coincide con el ideario de HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB y que ha promovido campañas de odio tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias, por ejemplo) como en otros países, a través de su marca internacional CitizenGO. En Kenia, por mencionar solo un ejemplo, promovió una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales.

Sin embargo, el anterior ministro del Interior, del partido Popular, Juan Ignacio Zoido, se negaba de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”. Y, por si fuera poco, HazteOír decidía movilizarse activamente en favor de Pablo Casado como presidente del PP…

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es el llamamiento de instituciones que han solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP). Y hasta en el parlamento Europeo más de 70 eurodiputados de todo signo político, instaron al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora llamando la atención acerca de su mensaje homófobo: Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”…

Por su parte, la misma Iglesia salvo algunos obispos como Juan Antonio Reig Plá y Luis Argüello rechazaba su mensaje: El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacudía una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en a  editorial del  jueves 9 de marzo del 2017. En el mismo, que llevaba por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”. Y la Conferencia Episcopal Española daba la espalda a Hazte Oír pidiendo “ser serios con los niños y con las niñas”.

El pasado mes de agosto, tras recoger algunos medios que el Ministerio de Interior descartaba retirar dicha declaración por «cuestiones técnicas», una noticia de la que también se hacían eco algunas páginas LGTBI y que desató la polémica en redes sociales, fuentes socialistas y del propio Ministerio anunciaban la apertura de un expediente a la organizaicón ultraconservadora para ver si «persistía» su utilidad pública. Y ya, por fin, ha ocurridol  el estatus de HazteOír hadejado de ser de utilidad pública.

Coda Final: Para el que no lo sepa, ser de utilidad pública tiene muchas ventajas. Por ejemplo, no pagar IBI, tener más puntos a la hora de optar a subvenciones públicas, beneficios fiscales de cara al IRPF o el Impuesto de Sociedades… Aunque HazteOír cuenta con muchos adeptos que contribuyen con sus donaciones a la actividad de la asociación, sin duda este es un importante mazazo a sus cuentas y ya no serán una carga para el errio público. Y sí, nos alegramos muchísimo.

Fuente Agencias/ Religión Digital/ HazteQueer/AmbienteG/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Cadena Ser, España, HazteOir, Homofobia/Transfobia, Ministerio del Interior

Hace unos días anunciábamos que el Gobierno de Canadá quiere conmemorar el 50º aniversario de la despenalización de la homosexualidad con la emisión de una moneda especial de un dólar de curso legal. Se desconoce todavía cuál será el diseño de la moneda, contra la que grupos ultraconservadores ya han empezado a hacer campaña. Entre ellos CitizenGO, la marca internacional de la organización HazteOír.

Las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo fueron despenalizadas en Canadá en 1969, siendo primer ministro Pierre Trudeau. El propio Trudeau había introducido la propuesta de reforma del Código Penal un par de años antes, cuando ocupaba la cartera de Justicia. «No hay lugar para el estado en los dormitorios de la nación», argumentó entonces, una frase que ya ocupa un lugar en la historia de los derechos LGTB en Canadá:

50 años después, el Gobierno que precisamente preside Justin Trudeau, hijo de Pierre Trudeau, ha decidido commemorar aquel momento con la acuñación de una moneda de dólar canadiense (un «loonie», como es conocida popularmente esta moneda) que será de curso legal, si bien se desconoce todavía cuál será su diseño. Una decisión que confirmaba el propio ministro de Economía de Canadá en Twitter el pasado 22 de diciembre:

Stay tuned Canada! Incredibly proud to have approved this new loonie to commemorate the 50th anniversary of the decriminalization of homosexuality in Canada – an important milestone, and strong reminder of the work still to do. https://t.co/I2nTJZzzKR

— Bill Morneau (@Bill_Morneau) 21 de diciembre de 2018

Un anuncio coherente con la trayectoria de Justin Trudeau como primer ministro, caracterizada por la defensa de los derechos LGTB sobre todo a nivel de gestos (lo que no deja de tener su importancia) pero también de algunas decisiones concretas, como la emisión de pasaportes que reconocen las identidades no binarias con una tercera opción de género o el acogimiento de refugiados LGTB víctimas de persecución en Chechenia.

La conmemoración del 50 aniversario de la despenalización de la homosexualidad en Canadá, sin embargo, no gusta a los grupos ultraconservadores. Es el caso, por ejemplo, de Campaign Life Coalition, un colectivo de los autodenominados «provida», cuyo portavoz considera la decisión «algo que uno esperaría de la China comunista, de la antigua Unión Soviética o del todopoderoso estado alemán de los años treinta y cuarenta, que usaron el aparato del gobierno para asegurarse de que ningún ciudadano escapaba al adoctrinamiento». Así, tal cual.

En este contexto, CitizenGo, que no es otra cosa que la marca internacional de la organización HazteOír, ha iniciado una campaña de protesta contra la decisión, que en estos momentos ha conseguido unas 30.000 adhesiones. «’Legal’ no significa ‘moral’. No todo lo que es ‘legal’ debe ser conmemorado. Hay muchas cosas que son perfectamente legales en Canadá que no solo son cuestionables, sino que son profundamente inmorales», argumenta la petición. «¿Por qué debería esta práctica sexual divergente e impopular ser subrayada en nuestras monedad circulantes?», añade en otro párrafo. «Es más, muchos canadienses consideran la homosexualidad pecaminosa, de acuerdo a las enseñanzas del judaísmo y el cristianismo», continúa. La petición llega a asegurar que la homosexualidad supone un riesgo para la salud. «Los homosexuales activos no viven tanto como los no homosexuales y son propensos a más enfermedades. Debemos conmemorar un estilo de vida que coloca a las personas en un mayor riesgo de daño?», añade.

Una petición cargada de odio, en definitiva, en la misma línea que las que pone en marcha CitizenGo en otros países. Por ejemplo en Kenia, donde directamente han llegado a promover una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales.

En España siguen siendo de utilidad pública

Como bien sabemos, CitizenGo es la marca internacional de HazteOír, una organización a la que en 2013 el Gobierno del Partido Popular decidió conceder el estatus de utilidad pública. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza». Una definición que a nuestro juicio no casa con HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB y que ha promovido campañas de odio tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias, por ejemplo) como en otros países, como hemos visto arriba.

Es cierto que en agosto de 2018, después de que se divulgara una noticia según la cual el Gobierno de Pedro Sánchez descartaba retirar dicha declaración por «cuestiones técnicas», el Ministerio de Interior anunció la apertura de un expediente «para ver si persiste la utilidad pública». Ha pasado casi medio año y HazteOír sigue manteniendo dicho estatus.

Importantes ventajas fiscales

Según informó en su momento infoLibre, ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es el llamamiento de instituciones que han solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír,, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP). Y hasta en el parlamento Europeo más de 70 eurodiputados de todo signo político, instaron al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora llamando la atención acerca de su mensaje homófobo: Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”…

Por su parte, la misma Iglesia rechazaba su mensaje: El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacudía una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en a  editorial del  jueves 9 de marzo del 2017. En el mismo, que llevaba por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.

Y la Conferencia Episcopal Española daba la espalda a Hazte Oír pidiendo “ser serios con los niños y con las niñas”.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Campaign Life Coalition, Canadá, CitizenGO, Discriminación, España, HazteOir, Homofobia, InfoLibre, Justin Trudeau, LGTBfobia, Ministerio del Interior, monedas, Pierre Trudeau, PP, PSOE

Lo adelantábamos el pasado día 14 y lo destacaba hace unos días eldiario.es, y en efecto lo hemos podido comprobar leyendo las propuestas de enmienda del Partido Popular a la proposición de ley de reforma de la ley de identidad de género. Los populares, contrarios ahora al principio de despatologización de la transexualidad, piden que se mantenga la necesidad de un «diagnóstico» para que las personas trans puedan modificar sus datos registrales. Un paso atrás respecto a lo que el propio PP se comprometió en su momento, cuando, en un documento que se ha revelado como una de las mayores mentiras de los diputados populares Javier Maroto y Andrea Levy, que llegaron a estampar su firma en él, los conservadores aseguraron estar de acuerdo con suprimir la patologización de las identidades trans.

Como sabemos, en este momento se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores (sin necesidad de intervención judicial salvo oposición expresa de uno o ambos progenitores o representantes legales). Quedaría así actualizada la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como «ley de identidad de género». La iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero de este año cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance. La proposición permanece sin embargo atascada en el marasmo parlamentario, a la espera de que se vote una serie de enmiendas publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes con fecha 21 de marzo.

Una de estas enmiendas, del PP, propone mantener la patologización de la transexualidad que contempla la legislación vigente. Los populares proponen para ello la siguiente redacción del artículo 4 (requisitos para acordar la rectificación):

1. La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una vez que la persona solicitante acredite que le ha sido diagnosticada disforia de género.
2. La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informe de médico o psicólogo clínico, colegiados en España o cuyos títulos hayan sido reconocidos u homologados en España, y que deberá hacer referencia:
   • A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia.
   • A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior.

El PP justifica la enmienda como una «mejora técnica», argumentando que «la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares».

La propuesta del PP supone, en definitiva, mantener la patologización de las identidades trans y que España continúe alejándose de los puestos de cabeza en materia de derechos LGTB. Hay que recordar, en este sentido, que son ya bastantes los países que han adelantado a España en este aspecto, entre ellos varios de nuestro entorno como Portugal, Grecia, Bélgica, Irlanda, Dinamarca, Malta  o Noruega. En España, por el contrario, mientras la Ley 3/2007 no sea actualizada sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes.

Las mentiras de Maroto y Levy

Más allá de esto, cabe destacar que el PP ha dado aquí un giro de 180 grados sobre su compromiso de junio de 2017, cuando las principales fuerzas políticas acordaron con la FELGTB permitir la aprobación de una ley LGTBI cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español», así como «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional». El primero de estos puntos ya resultó incumplido en septiembre, cuando los populares se abstuvieron de votar la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB y presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Pero es ahora cuando de forma más clara se visualiza el incumplimiento: podría argumentarse que en aquel momento la abstención no suponía necesariamente una oposición frontal, pero la propuesta popular en un aspecto tan concreto y específico como es el de exigir un «diagnóstico» a las personas trans no admite dudas.

En este caso, además, no podemos responsabilizar al nuevo presidente popular, Pablo Casado, entre cuyos apoyos para hacerse con el liderazgo del PP se encontraba por ejemplo la organización ultraconservadora HazteOír. Fue la anterior dirección la responsable de las propuestas de enmienda. A quién sí debemos recordar, para mal, es a Javier Maroto y Andrea Levy (dos de los fieles a Casado, por cierto) que para estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid (que ese año coincidía con la celebración del World Pride) no dudaron en mentir y estampar su firma en un documento en el que aseguraban que su partido se comprometía a «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans», así como estar de acuerdo con los mensajes de las pancartas de cabecera, una de las cuales rezaba «Despatologización Trans ¡Ya!». Un documento que la FELGTB divulgó en su momento:

Recordamos los compromisos con la #LeyIgualdadLGTBI que firmó el @PPopular en el @WorldPride2017 pic.twitter.com/kGf0UsaXmh

— Federación Estatal LGTB (@FELGTB) 19 de septiembre de 2017

Nada sorprendente, por cierto, viniendo de Javier Maroto, un político abiertamente gay pero que en el pasado no ha dudado en mentir para blanquear las posiciones de su partido en materia de derechos LGTB.

UPN, socio de los populares, también en contra de la despatologización

No podemos finalizar esta entrada sin reseñar que el PP no es la la única fuerza política que se opone a despatologización de las identidades trans. Los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, fuerza política que acudió junto al PP a las elecciones generales, han propuesta una enmienda en el mismo sentido. UPN, de hecho, propone mantener la ley como está, incluyendo las limitaciones a menores de edad y personas extranjeras.

Fuente Dosmanzanas

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Una concentración de activistas frente al Círculo Ecuestre de Barcelona conseguía este viernes la suspensión del acto de promoción del odio homófobo que la organización HazteOír había organizado en la capital catalana. El Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya había intentado que la Generalitat actuase de oficio y en aplicación de la ley catalana contra la LGTBfobia aplicase medidas cautelares. Finalmente tuvo que ser la movilización activista la que impidiese que los promotores del odio se saliesen con la suya.

Los de Hazte Oír vuelven a la carga con el bus homófobo y, por si eso fuera poco, también han organizado una charla contra el feminismo y esa invención  que llaman “ideología de género”.

La organización ultraconservadora ha organizado una nueva gira de «conferencias coloquio» por varias ciudades de España para difundir su mensaje de LGTBfobia.  La gira se inició en Madrid el pasado martes, 6 de noviembre, y ha tenido ya paradas en Zaragoza (7 de noviembre) y Oviedo (8 de noviembre). Este viernes, 9 de noviembre, estaba prevista una parada en Barcelona. Está previsto que continúe la semana que viene con actos en Palma de Mallorca (día 12), Valencia (día 13), Murcia (14), Sevilla (15) y Cádiz (16), para recalar de nuevo en Madrid el 17 de noviembre.

Pese a las protestas, los actos de Madrid, Oviedo y Zaragoza se celebraron sin cortapisa, aunque en Zaragoza tuvo que cambiar de lugar, trasladándose desde el Paraninfo de la Universidad al World Trade Center Zaragoza.

La intención de la organización ultra es acabar el periplo con una conferencia a cargo de Agustín Laje y Nicolás Márquez para, según ellos, “desmontar las mentiras LGTBI” y “los mitos de la nueva izquierda“.

La coartada, pues, en esta ocasión, la presentación del libro Marxismo, feminismo y LGTBI, escrito por los argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez, colaboradores de CitizenGO, la marca internacional de HazteOír. Sus tesis, muy en en boga entre los círculos ultraconservadores de América Latina, es que hay un nexo de unión entre el activismo LGTB y lo que denominan «neomarxismo». «El viejo comunismo se ha disfrazado de ideología de género, de un feminismo que acusa al hombre de ser hombre, y se cuela en nuestras escuelas, en las teles, en el mundo del entretenimiento», reza por ejemplo la promoción de las conferencias en la página Mis hijos, mi decisión, desde donde es posible acceder a las entradas.

En Barcelona, sin embargo, la presión del activismo, concentrado a las puertas del local en el que iba a tener lugar el evento, consiguió su suspensión. Especialmente activa estuvo la Crida LGTBI, que avisó a través de sus redes sociales del cambio de lugar de la conferencia con el que HazteOír intentó despistar a los manifestantes.

Desde l’Observatori Contra l’Homofòbia exigieron al Govern de la Generalitat que aplique las medidas cautelares necesarias para impedir la circulación del autobús y el coloquio posterior. La petición la realizó el portavoz del OCH, Cristian Carrer, durante la comisión parlamentaria de Igualdad en la que se presentó el informe del Estado de la LGTBIfobia en Cataluña: 111 incidencias por discriminación de identidad sexual en 2017. Un 32,2% más que en 2016. Una fantástica noticia teniendo en cuenta que en 2014 se aprobó la famosa Ley 11/2014 que se suponía iba a frenar la discriminación… Pero que 4 años después aún no saben cómo aplicar.

Tanto el OCH como la Crida LGBTI habíann convocado una manifestación para ayer por la tarde frente al lugar en el que Hazte Oír pretende llevar a cabo sus charlas. La organización HazteOír, como ya es habitual, ha aprovechado la situación para hacerse la víctima y denunciar lo que ha calificado como acción de una «turba violenta». «En Barcelona los radicales marxistas/LGTBI son más violentos que en otras ciudades.  Y los Mossos permiten las agresiones al disidente», tuiteaba el presidente de HazteOír, Ignacio Arsuaga.

Pese a las diferentes legislaciones autonómicas en materia LGTB, lo cierto es que HazteOír continúa organizando sus eventos de promoción del odio por toda la geografía española. Lo veíamos el pasado febrero, por ejemplo, en Madrid: pese a que entonces la organización ultraconservadora anunció con antelación un acto que «incumpliría todas las leyes LGTBI vigentes en España», ni las autoridades policiales ni las judiciales tomaron medidas para evitar su celebración. De hecho, un grupo de activistas que se personaron a las puertas del local para protestar fueron reprimidos tanto por la seguridad privada del evento como por agentes de la Policía Nacional que se personaron casi inmediatamente en el lugar. Dos personas fueron además detenidas.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona han dejado claro que no permitirán que el autobús circule por Barcelona. Así lo ha explicado la regidora Laura Pérez, que ha asegurado que el consistorio “utilizará las herramientas que tiene” y se coordinará con la Generalitat para mandar El Bús al mismo lugar en el que acabó el del reality de Antena 3.

Según Laura Pérez, lo de Hazte Oír es “una provocación” y les ha dejado claro que no son bienvenidos en la ciudad. Si finalmente decidieran presentarse, podrían volverse a Madrid con una multa de 3.000€ al aplicarles la ordenanza municipal de civismo, con el agravante de que el mensaje del autobús afecta directamente a menores de edad. Y no solo eso, también pueden llevarse otra multa de 600€ por vulnerar la ley de publicidad dinámica.

No parece que les preocupe mucho teniendo en cuenta que  siguen disfrutando de la condición de organización de Utilidad Pública a la organización, lo que implica una serie de beneficios fiscales para sus donantes, que tienen bastante más que esos 3.600€.

HazteOír sigue siendo hoy día entidad de utilidad pública, un privilegio que le concedió en 2013 el Gobierno del Partido Popular y que permite que sus donantes y socios puedan beneficiarse de considerablesa ventajas fiscales. Al margen de que organización ultraconservadora mantenga al día sus obligaciones administrativas, hay que recordar que, para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza».

Una definición que a nuestro juicio no coincide con el ideario de HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB y que ha promovido campañas de odio tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias, por ejemplo) como en otros países, a través de su marca internacional CitizenGO. En Kenia, por mencionar solo un ejemplo, promovió una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales.

¡Oh casualidad… HazteOír y Vox al alimón!

Sin embargo, el anterior ministro del Interior, del partido Popular, Juan Ignacio Zoido, se negaba de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”. Y, por si fuera poco, HazteOír decidía movilizarse activamente en favor de Pablo Casado como presidente del PP…

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es el llamamiento de instituciones que han solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír,, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP). Y hasta en el parlamento Europeo más de 70 eurodiputados de todo signo político, instaron al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora llamando la atención acerca de su mensaje homófobo: Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”…

Por su parte, la misma Iglesia rechazaba su mensaje: El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacudía una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en a  editorial del  jueves 9 de marzo del 2017. En el mismo, que llevaba por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”. Y la Conferencia Episcopal Española daba la espalda a Hazte Oír pidiendo “ser serios con los niños y con las niñas”.

El pasado mes de agosto, tras recoger algunos medios que el Ministerio de Interior descartaba retirar dicha declaración por «cuestiones técnicas», una noticia de la que también se hacían eco algunas páginas LGTBI y que desató la polémica en redes sociales., fuentes socialistas y del propio Ministerio anunciaban la apertura de un expediente a la organizaicón ultraconservadora para ver si «persistía» su utilidad pública. Han pasado tres meses, y por el momento el estatus de HazteOír sigue siendo el mismo.

Fuente | La Vanguardia – Betevé ,vía Hazte Queer/Dosmanzanas

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El Tribunal Superior de Justicia de Kenia ha aceptado estudiar los argumentos sobre si la decisión de la India de acabar con la criminalización de la homosexualidad es relevante para Kenia. Hasta el fallo reciente de la Corte Suprema de la India (un país de más de 1.300 millones de habitantes que declaraba inconstitucional la sección 377 del Código Penal), ambos países compartían las mismas leyes que prohíben las relaciones entre personas del mismo sexo debido al «legado» de la época colonial británica. Los condenados por estos «delitos» tienen que afrontar penas de hasta 14 años de prisión en Kenia. El próximo 25 de octubre el citado tribunal escuchará las alegaciones en este sentido.

El tribunal permitirá a las partes presentar comunicaciones sobre el asunto a raíz de la decisión de la Corte Suprema de la India de rechazar la sección 377 del Código Penal. La ley de la época colonial criminalizó todas las «relaciones carnales contra el orden de la naturaleza». El 25 de octubre, el altos tribunal keniata escuchará las alegaciones sobre si el reciente veredicto de la India tiene alguna relevancia para Kenia.

Los activistas que hacen campaña para despenalizar la homosexualidad constatan que la ley se usa en Kenia para perseguir a las personas LGTB. Asimismo, las medidas contra la discriminación hacen que las personas sexualmente diversas sean vulnerables a situaciones de injusticias y discriminaciones.

A los espectadores keniatas finalmente se les permitió ver Rafiki, la primera película de la historia del país en ser proyectada en el Festival de Cannes. El Tribunal Superior de Justicia de Kenia levantaba temporalmente el veto a su difusión, impuesto por las autoridades en abril del año pasado por «promoción del lesbianismo». La exhibición limitada de la cinta, que narra la historia de amor entre dos mujeres, era un requisito para poder competir en los Premios Óscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

La situación legal de la homosexualidad en Kenia

Actualmente existen varios artículos en el Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe Homofobia de Estado de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes «tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza» o «quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza».  El artículo 163, por su parte, castiga a «quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años».

Asimismo, el artículo 165 establece que «el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años». Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

No está de más recordar, en cualquier caso, que en estos momentos se encuentra pendiente de resolución un importante proceso judicial, promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas de Kenia (NGLHRC en sus siglas en inglés) que busca poner fin a la criminalización de la homosexualidad en Kenia. Si la sentencia es favorable tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso. En febrero nos hacíamos eco, por cierto, de la campaña que CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, promovía contra la posible despenalización.

Un pasado de persecución y LGTBfobia de Estado

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana), en el que a las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaba dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% consideraba tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social: en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra por ejemplo Denis Nzioka, que en 2012 trató de presentarse a las elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó entonces como senador, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais. Veremos si finalmente lo consiguen lo hacen los tribunales. Kenyatta se reafirmaba en su posición en abril de este año tachando los derechos LGTB de asunto «no aceptable» y «sin importancia para el pueblo de la República de Kenia».

Fuente Dosmanzanas

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El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska, ha anunciado en su cuenta de Twitter la apertura de un expediente «para ver si persiste la utilidad pública de HazteOír» después de la publicación, por parte de eldiario.es, de una noticia según la cual Interior descartaba retirar dicha declaración por «cuestiones técnicas». Una noticia de la que también se hacían eco algunas páginas LGTBI y que desató la polémica en redes sociales.

La noticia de eldiario.es se remitía a fuentes de Interior, según las cuales no se planteaba la retirada dado que HazteOír mantiene al día sus obligaciones administrativas. Y ello a pesar de que las mismas fuentes reconocían que la Secretaría General Técnica del Ministerio podría considerar que, al margen de dichas obligaciones, una entidad no cumple con los requisitos para ser de utilidad pública.

Tras difundirse la noticia se desataba la polémica sembrando la confusión en redes sociales, que denunciaban la supuesta falta de coherencia entre la posición del PSOE en la oposición y la inactividad del Gobierno.

Pocos minutos después, sin embargo, comenzaban a sucederse las reacciones entre políticos socialistas, que desmentían la noticia: desde la diputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, hasta el diputado en el Congreso Odón Elorza, pasando por el secretario de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital, Francisco Polo:

Con respecto noticia que @desdelamoncloa no retirará “utilidad pública” a HazteOir, nada + lejos verdad, fue @PSOE tanto en Congreso como en parlamentos quien lo ha pedido, y desde @interiorgob se están lo pasos necesarios para que así sea #StopBulos 🖐 https://t.co/gn0Vf3plxl

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 17 de agosto de 2018

🔴 Para vuestra información, esta noticia NO es correcta.
Desde el ministerio del interior se darán los pasos necesarios para quitarle la declaración de Utilidad Pública a HazteOir https://t.co/WmPNCLMnga

— Odón Elorza (@odonelorza2011) 17 de agosto de 2018

Está noticia no es correcta. Pedro Sánchez salió a criticar duramente a HO por su lamentable iniciativa, lo llevamos al Congreso y no hemos cambiado nuestra posición. https://t.co/VWBZ6hxnq7

— Francisco Polo (@franciscopolo) 17 de agosto de 2018

También la cuenta oficial del PSOE desmentía la noticia:

El ministro del @interiorgob ya ordenó la apertura de un expediente sobre la utilidad pública de #HazteOir. Los socialistas lo tenemos claro 👇🏼 pic.twitter.com/gg0INBDCbf

— PSOE (@PSOE) 17 de agosto de 2018

Y lo más importante, el propio Ministerio del Interior anunciaba en Twitter la apertura, por fin, de un expediente a HazteOír para comprobar si esta organización sigue siendo de «utilidad pública»:

Abierto un expediente por orden del ministro de @interiorgob para ver si persiste la utilidad pública de HazteOirhttps://t.co/Ks6usx4c5G

— Ministerio Interior (@interiorgob) 17 de agosto de 2018

Una noticia que nos agrada si al final una organización de odio como HazteOír pierde sus privilegios.

En 2013 el Gobierno del Partido Popular decidió conceder a HazteOír un reconocimiento que no merece. Al margen de que la organización ultraconservadora mantenga al día sus obligaciones administrativas, hay que recordar que, para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza».

Una definición que a nuestro juicio no coincide con el ideario de HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB y que ha promovido campañas de odio tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias, por ejemplo) como en otros países, a través de su marca internacional CitizenGO. En Kenia, por mencionar solo un ejemplo, promovió una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales.

Sin embargo, el anterior ministro del Interior, del partido Popular, Juan Ignacio Zoido, se negaba de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

Y, por si fuera poco, HazteOír decidía movilizarse activamente en favor de Pablo Casado como presidente del PP…

Importantes ventajas fiscales

Según informó en su momento infoLibre, ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

El Congreso pidió la revocación por mayoría absoluta

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es el llamamiento de instituciones que han solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír,, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP). Y hasta en el parlamento Europeo más de 70 eurodiputados de todo signo político, instaron al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora llamando la atención acerca de su mensaje homófobo: Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”…

Por su parte, la misma Iglesia rechazaba su mensaje: El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacudía una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en a  editorial del  jueves 9 de marzo del 2017. En el mismo, que llevaba por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.

Y la Conferencia Episcopal Española daba la espalda a Hazte Oír pidiendo “ser serios con los niños y con las niñas”.

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2 agosto, 2018

CARTA ABIERTA

Hoy he recibido en mi correo electrónico un mensaje que parecía enviado desde la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC). Me preguntaban: «Santiago, ¿quién defiende a la Guardia Civil?».

Y me pedían que, para defenderla, exigiese al Ministro del Interior una serie de cosas contra las que llevo luchando desde que tuve delante de mis ojos al primer emigrante.

Dado que a la Guardia Civil no sólo le tengo respeto, sino que le he tenido siempre cariño, pinché donde dice responder, con el sencillo propósito de compartir con los Guardias unas ideas sobre su defensa y protección.

Cuál no sería mi sorpresa cuando, hecho el clic, resulta que mi interlocutor no es la AEGC, sino el Sr. Ignacio Arsuaga, y la Organización HazteOir, por él fundada.

Desistí de responder allí al Sr. Ignacio –para él sirve también lo que voy a decir aquí–, e intentaré hacerlo desde este muro a los Guardias de la AEGC. Si no lo supiesen ya, estoy seguro de que lo sospechan:

1.- Más personal, más concertinas, más medios –más escudos o más vehículos–, no significa más protección para ustedes: significa sólo más riesgo para los emigrantes, y en la misma medida, significará cada vez más riesgo para ustedes.

2.- A la Guardia Civil no la ayudará en modo alguno ver aumentada su capacidad de represión de los emigrantes, sino ver disminuida la presión inicua que la política ejerce sobre hombres y mujeres y niños necesitados de todo y entregados en manos de las mafias.

3.- Ustedes conocen a los emigrantes mejor de cuanto pueda conocerlos yo. Ustedes los atienden muchas más veces y con más dedicación de cuanto yo pueda hacerlo jamás. Yo he visto emigrantes mutilados, porque han perdido un ojo, o un brazo, o un pie. Yo los he visto golpeados –brechas abiertas en la cabeza, golpes en cualquier parte del cuerpo–, los he visto mordidos por los perros, ateridos de frío, hambrientos y sucios y enfermos y descalzos y andrajosos. He enterrado emigrantes en fosas comunes. He celebrado funerales en esta catedral de Tánger.

He hecho mil veces el recuento de los muertos en el Mediterráneo. Ustedes seguramente han visto mucho más que yo. Y es eso lo que me lleva a pedirles, porque son la autoridad competente, que sean precisamente ustedes la imagen y la voz de lo que ven. Ustedes saben que, en esta guerra contra los pobres, la primera víctima es la verdad. Yo les pido que digan lo que hay, como intento decirlo día a día. Ustedes tienen sentido de la justicia, y estarán de acuerdo conmigo si digo que no se pueden denunciar las heridas de los Guardias Civiles si no se denuncian también con fuerza las heridas que durante años han venido soportando los emigrantes, el sufrimiento de los emigrantes, la vejación a la que son sometidos los emigrantes, la esclavitud que padecen los emigrantes.

4.- Acusar a los emigrantes, no protege a la Guardia Civil. Esa protección sólo puede llegar desde una política que respete los derechos de los emigrantes, una política justa, equitativa, acogedora, solidaria, generosa y humana.

5.- Si en su día los ciudadanos alemanes hubiesen protegido con sus propias vidas la vida de los judíos, además de salvar a éstos, se habrían salvado a sí mismos y habrían salvado el mundo que conocían.

Créanme si les digo que éste y sólo éste –el del respeto de los derechos de todos– es el camino en que todos podremos sentirnos seguros.

Créanme también si les digo que les habla un amigo,

Santiago Agrelo
Obispo de Tánger

Fuente Religión Digital

Espiritualidad Acogida, Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Espiritualidad, Guardia Civil, HazteOir, Ignacio Arsuaga, Inmigrantes, Santiago Agrelo, Tánger

Alberto (nombre ficticio con el que aparece en la prensa italiana) se llevó una enorme paliza que le va a obligar a quedarse en su casa el resto del verano, con un pronóstico de recuperación de unos 30 días. Ocurrió el sábado pasado en San Salvario, una zona de marcha de los alrededores de Turín. A la salida del metro, otro joven empezó a insultarle y a gritarle «maricón». La agresión, cometida por otro joven de edad similar a él, se produjo porque al atacante no le gustaba su forma de vestir y de caminar. «Había mucha gente, pero nadie me ayudó», le explicó a la policía. El matón estaba acompañado por un grupo que también se mofó de la víctima. La policía está investigando lo sucedido y analizando las imágenes que tiene del metro. Alberto, que ya ha abandonado el hospital, va a tener que renunciar al viaje de graduación a Barcelona con sus compañeros. «Lo único que pido ahora es justicia».

«No puedo acostarme, tengo que poner la prótesis en tensión tres veces al día y los dolores son muy fuertes. Lo peor, sin embargo, es la sensación de no ser libre. Es realmente absurdo que en 2018 un chaval, homosexual o heterosexual, no sea libre de vestirse como quiera o de caminar como desee. Es inconcebible que tenga miedo de que alguien lo llame ‘maricón’ o que le agreda salvajemente», ha relatado Alberto en una entrevista. La víctima teme represalias por su denuncia y por haber trasladado el caso a los medios, aunque argumenta que «no es correcto guardar silencio frente a cualquier tipo de discriminación».

Mientras se produjo la agresión, Alberto no recibió la ayuda de nadie. No obstante, luego sí fue socorrido por un par de personas: «me gustaría agradecerles, pero ni siquiera sé sus nombres». Por otra parte, el joven se lamenta de perderse su viaje de graduación: «Me quedaré en casa, mientras ese matón podrá disfrutar de las vacaciones. Había soñado con viajar a Barcelona, organizado y pagado para ello». Su única esperanza, tras lo sucedido, es que «al menos en estas semanas la policía realmente pueda identificar a esta persona y evitar que hiera a otras».

Alberto, que salió hace tiempo del armario como gay ante sus familiares y amigos, fue víctima de la homofobia durante su adolescencia y esta paliza le ha mostrado que sigue sin estar libre del odio y de la discriminación por su orientación sexual. La rotura del pie y de la clavícula que padece es un recuerdo de ello. «Usualmente me visto de una manera muy llamativa porque me gusta y no creo que tenga que rendirle cuentas a nadie. Pero el sábado llevaba unos pantalones y una camisa, nada más. Ese chico seguía diciéndome que estaba vestido como un marica».

Malos tiempos para la comunidad LGTB italiana

Como recogía dosmanzanas en junio, en el ámbito LGTB poco cabe esperar del nuevo Gobierno italiano de coalición entre la Liga Norte y el Movimiento Cinco Estrellas. A los antecedentes LGTBfobos del nuevo vice primer ministro y titular de Interior, Matteo Salvini, se unen las declaraciones de Lorenzo Fontana, responsable de Familia y Discapacidad, en las que aseguraba que las familias homoparentales «a nivel legal, no existen».

De hecho, como recuerda la organización Arcigay, la trayectoria de la Liga Norte está salpicada de ejemplos de hostilidad hacia la comunidad LGTB. Nos hemos hecho eco de algunos de ellos: el patrocinio, por parte del Gobierno de Lombardía, de un evento homófobo, el intento de obstruir la tramitación de la ley de uniones civiles mediante la introducción de miles de enmiendas o la invitación al presidente de HazteOír Ignacio Arsuaga a propagar su campaña de odio en el Parlamento Europeo. En el caso del M5S, su postura al respecto ha variado de unos prometedores comienzos a desentenderse del tema y, por ejemplo, otorgar libertad de voto a sus representantes sobre la adopción homoparental.

Solo un mes antes, la ciudad de Turín, precisamente donde se ha producido la brutal agresión contra Alberto, acogió una campaña de GECO, una asociación de madres y padres contra la LGTBfobia para trasladar que el problema no lo tienen las personas por su orientación sexual o identidad de género, sino los que discriminan y tienen prejuicios. La llamada Deomofobina, con aspecto de fármaco, se distribuyó como «antídoto contra la discriminación».

Por cierto, el entramado de HazteOír criticó esta campaña. El director de CitizenGO Italia, Filippo Savarese, dijo que «esta operación busca confundir la identidad sexual de los niños porque el contenido de esto es completamente ideológico: se afronta el tema de la homosexualidad, de la sexualidad en general, de la identidad y las relaciones, de manera completamente ideológica, totalmente tendenciosa». De estas agrupaciones ultras, que con sus discursos promueven el odio, ahora solo se puede esperar el silencio como respuesta a la violencia.

Fuente Dosmanzanas

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¿Por qué será que no nos extraña? Teniendo en cuenta que afirmó: “Yo creo que matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer” …

La organización ultraconservadora HazteOír, promotora de diversas campañas de odio contra las personas LGTB tanto en España como en otros países (a través de su marca internacional CitizenGO), ha decidido apoyar activamente a Pablo Casado como futuro presidente del Partido Popular. La decisión ha sido adoptada como resultado de una encuesta entre sus simpatizantes, en la que han participado 9.933 personas.

En primer lugar, los simpatizantes de HazteOír debían contestar a la pregunta «¿Eres partidario de lanzar una campaña en favor de alguno de los candidatos?». La respuesta ha sido claramente afirmativa: el 79,83% se han mostrado a favor de participar en favor de uno u otro candidato, mientras que un 20,17% preferían no participar en esta campaña.

Preguntados ya expresamente «¿A qué candidato deberíamos apoyar?», el candidato favorito, entre todos los que han formalizado su candidatura para suceder a Mariano rajoy, ha sido Pablo Casado, que se ha alzado con un 38,56% de las preferencias. La segunda, a más de 16 puntos de distancia, ha sido Soraya Sáenz de Santamaría, con un 22,42%. El resto de candidatos se sitúa muy por detrás: Maria Dolores de Cospedal, con un 13,37%: José Manuel García-Margallo, con un 11,94%; José Ramón García Hernández, con un 8,40%; Elio Cabanes, con un 3,27%, y por último José Luis Bayo, con un 2,04%.

Según el mensaje enviado a los simpatizantes en el que se les informa del resultado de la encuesta, al que ha tenido acceso dosmanzanas, ahora HazteOir propone lanzar una campaña para influir en la elección del presidente del PP, «alguien que defienda los valores que tú y yo defendemos». «Esta campaña no es para apoyar al PP, ni significa que estemos pidiendo ningún voto para el PP, porque ahora no hay elecciones ni municipales, ni autonómicas, ni europeas, ni nacionales. Son unas elecciones primarias dentro del PP y queremos influir en ellas para que el próximo presidente del PP sea un claro defensor de la vida, la familia y las libertades que no nos traicione», asegura.

La campaña, para la que HazteOír solicita ayuda económica a sus simpatizantes, incluirá un bombardeo masivo «a más de seis millones de ciudadanos» a través de correo electrónico y redes sociales, anuncios en prensa nacional, caravanas informativas sobre Pablo Casado, difusión de cárteles en zonas próximas a sedes del PP, etc. HazteOír también expresa su intención de entrevistarse con los presidentes provinciales del PP «para pedirles que observen la máxima neutralidad en estas elecciones primarias».

El texto, firmado por Miguel Vidal «y todo el equipo de HazteOir.org», termina insistiendo en la necesidad de que sus simpatizantes les donen dinero. Vidal es el director de campañas de la organización ultraconservadora.

Fuente Dosmanzanas

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Es como si Ciudadanos y Podemos hubieran pactado y sale este monstruo…

Mal comienzo en materia LGTB para el nuevo Gobierno italiano de coalición entre la Liga Norte y el Movimiento Cinco Estrellas. A los antecedentes LGTBfobos del nuevo vice primer ministro y titular de Interior, Matteo Salvini, se unen las declaraciones de Lorenzo Fontana, el responsable de Familia y Discapacidad. Fontana, que también arrastraba un historial de odio hacia la comunidad, afirmó en una entrevista que las familias homoparentales «a nivel legal, no existen». La organización Arcigay ya ha expresado su preocupación por la LGTBfobia de la Liga Norte, pero Salvini se ha apresurado a aclarar que no se darán pasos atrás en los tímidos avances conseguidos con el anterior Gobierno, como la ley de uniones civiles.

Tras semanas de negociaciones, el pasado viernes tomaba posesión el nuevo Gobierno italiano nacido de las elecciones del 4 de marzo. El Ejecutivo de coalición entre la Liga Norte de Matteo Salvini (extrema derecha euroescéptica y xenófoba) y el Movimiento Cinco Estrellas de Luigi di Maio (M5S, anti-establishment y también euroescéptico) cuenta con 18 carteras. Cinco de ellas estarán en manos de la Liga, ocho serán para el M5S y las restantes serán ocupadas por independientes más o menos cercanos a alguno de los dos partidos. Salvini y Di Maio ostentarán dos vicepresidencias y las carteras de Interior, el primero, y Desarrollo Económico, Trabajo y Política Social, el segundo.

Matteo Salvini

En el ámbito LGTB, poco cabe esperar del nuevo Gobierno. De hecho, como recuerda la organización Arcigay, la trayectoria de la Liga Norte está salpicada de ejemplos de hostilidad hacia la comunidad LGTB. Hemos recogido algunos de ellos: el patrocinio, por parte del Gobierno de Lombardía, de un evento homófobo, el intento de obstruir la tramitación de la ley de uniones civiles mediante la introducción de miles de enmiendas o la invitación al presidente de HazteOír Ignacio Arsuaga a propagar su campaña de odio en el Parlamento Europeo. En el caso del M5S, su postura al respecto ha variado de unos prometedores comienzos a desentenderse del tema y, por ejemplo, otorgar libertad de voto a sus representantes sobre la adopción homoparental.

Entre los miembros del Gobierno, uno de los que tienen unos antecedentes más desalentadores es el propio líder de la Liga Norte. Esta misma semana, antes de tomar posesión como vicepresidente y ministro del Interior, Salvini declaraba su intención de participar en un Gobierno «en el que la madre se llame madre y el padre, padre». «No quiero hablar de progenitor 1 y progenitor 2, 3, 4, 5», añadía. «En la familia hay una madre y un padre e hijos, que tienen una madre y un padre». Una clara muestra de desprecio y negación de las familias no tradicionales. Ya durante la campaña electoral, Salvini había apelado al tristemente manido «derecho de los niños a un padre y una madre».

Lorenzo Fontana

Preocupante es también la trayectoria del titular de Familia y Discapacidad, el también leghista Lorenzo Fontana. Exdiputado europeo y forjador de la alianza entre la Liga Norte y el Frente Nacional francés, afirmó que el pueblo italiano «está siendo atacado» por el «debilitamiento de la familia y la lucha por el matrimonio gay y la teoría de género en las escuelas», así como la inmigración a Italia combinada con la emigración de los jóvenes italianos. Fontana se ha autodefinido como un «cruzado» contra «la destrucción de nuestras tradiciones y nuestra sociedad» y ha puesto a Rusia como ejemplo de «defensa de la familia tradicional». En una entrevista concedida tras tomar posesión del cargo, rechazó el concepto de familia homoparental porque según él, «a nivel legal, no existen». Eso sí, como la mayoría de los homófobos, el nuevo ministro tiene «muchos amigos homosexuales».

Tras la polémica desatada por estas declaraciones, el propio Salvini ha salido al paso para aclarar que Fontana «es libre de tener sus ideas, pero no son una prioridad y no están en el contrato de Gobierno». El vicepresidente ha asegurado que «las uniones civiles y el aborto no son leyes que estén en discusión». Eso sí, ha añadido que sigue pensando que «en el futuro, nuestro país debe continuar teniendo principios como que la mamá se llama mamá y el papá se llama papá. Y que se puede adoptar un hijo si hay una mamá y un papá». En definitiva, un panorama sombrío para la equiparación de derechos si la Liga Norte impone su visión frente a un Movimiento Cinco Estrellas para el que la igualdad LGTB no parece un asunto prioritario.

Fuente Dosmanzanas

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Por primera vez en democracia, un presidente del Gobierno de España es revocado de su cargo por el Congreso de los Diputados. El PP de Mariano Rajoy pierde la Moncloa al prosperar la moción de censura presentada por el PSOE, como consecuencia de la sentencia de la trama Gürtel (en la que se reconoce la financiación ilegal del PP). Pedro Sánchez se ha convertido en presidente gracias a los votos del PSOE, Unidos Podemos, PNV, PDeCat, Esquerra Republicana, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias. Desde el punto de vista LGTB, el desalojo del PP del Gobierno de España debería contribuir a impulsar el avance de las futuras leyes de igualdad LGTBI y de reforma de la ley de identidad de género. Esperamos además asistir a la retirada del estatus de «utilidad pública» y sus consiguientes beneficios a la organización ultra HazteOír, tras la negativa del PP de Rajoy hace solo unos meses. También se espera poder tumbar la ley mordaza, impulsar políticas feministas o hacer cambios en RTVE, entre otras cosas.

Mariano Rajoy deja de ser presidente del Gobierno de España y, sin ambages, podemos decir que no hay absolutamente nada que agradecerle ni por lo que recordarle en materia LGTB. Todo lo contrario. El historial LGTBfóbico del PP de Rajoy es extenso y conocido, a pesar de los intentos reiterados de Javier Maroto de blanquear la imagen de su partido y de su líder. En dosmanzanas lo hemos dicho por activa y por pasiva cada vez que Maroto ha repetido esta misma mentira: el recurso del PP contra el matrimonio igualitario no se refería solo «al nombre».

Mariano Rajoy, y con él su partido, sobre el que ha ejercido desde que es su presidente el máximo control, son quienes más daño han hecho a los derechos LGTB en nuestra reciente historia. En 2005, y tras apoyar una brutal campaña en su contra desencadenada por los sectores más reaccionarios de la sociedad española, Rajoy asumía como propia la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. También buscaba, por ejemplo, despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente, tal y como expresaba el «cuarto motivo de inconstitucionalidad» defendido en el recurso, según el cual esta posibilidad resultaba contraria al mandato constitucional de protección integral de los hijos.  Rajoy, incluso después de haber acudido como invitado a la boda del propio Maroto, se negaba a reconocer como un error la presentación de aquel recurso.

En septiembre de 2017, el ministro del Interior, el popular Juan Ignacio Zoido, se escudaba en el «Estado de derecho» para no retirarle a HazteOír el estatus de utilidad pública y sus consiguientes beneficios. Mientras que Zoido estuvo al frente de la alcaldía sevillana protagonizó algunos lamentables episodios de desprecio institucional hacia las personas LGTB, como la negativa a izar la bandera arcoíris o la eliminación de un programa de asesoramiento a mujeres lesbianas.

Por otra parte, el retroceso experimentado por nuestro país en las clasificaciones internacionales sobre derechos LGTB es consecuencia directa de la inactividad manifiesta del Gobierno del PP a la hora de seguir profundizando los cambios iniciados bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. El relevo de Mariano Rajoy solo puede ser considerada, en este sentido, una magnífica noticia.

Pedro Sánchez abrazando a Pedro Zerolo

Deseable impulso a las leyes LGTB pendientes

Habrá que ver si el cambio de Gobierno contribuye al avance de las leyes pendientes en el Congreso en materia LGTB. La proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI era registrada en mayo de 2017, tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP en la manifestación del Orgullo 2017, y que los populares han roto de forma descarada.

Por lo que se refiere a la proposición socialista sobre identidad de género, que elimina la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP.

A finales de febrero de este año, la Mesa del Congreso de los Diputados desbloqueaba por fin estas dos importantes proposiciones de ley en materia de derechos LGTB (la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI y la de reforma de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como «ley de identidad de género»), y que de acuerdo a la lógica parlamentaria deberían contar con el respaldo final de la mayoría del Congreso.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso otra proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista sobre identidad de género, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de de las leyes integrales de transexualidad arriba mencionadas. El futuro de esta norma, que se encuentra en un estadio parlamentario más precoz, es incierto.

Debemos ser conscientes de todas formas de que la Mesa del Congreso sigue controlada por PP y Ciudadanos (la posición de estos últimos, en este sentido, sigue siendo decisiva a la hora de ralentizar o no el proceso legislativo) y de que los populares siguen disponiendo de mayoría absoluta en el Senado. Esto no es una novedad: ya en los tiempos de Rodríguez Zapatero el Senado, en manos de los populares, vetó leyes como la del matrimonio igualitario, un veto que fue posteriormente levantado por la mayoría absoluta del Congreso. No hay razones para que este escenario final favorable no se repita en la actualidad.

A nadie se le esconde el hecho de que un Gobierno favorable a la igualdad de las personas LGTB, en cualquier caso, debería actuar de catalizador del avance. Esperemos que así sea. Mientras tanto, y centrándonos en el día de hoy, no podemos sino celebrar por todo lo alto que Mariano Rajoy abandone el Gobierno de España. No lo echaremos de menos ya que ha sido un presidente tóxico para los Derechos LGTBI+.

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La telenovela Papá a toda madre, protagonizada por los actores Sebastián Rulli y Maite Perroni, se acaba de estrenar en la cadena de televisión española Nova. Y este estreno es noticia porque se trata de la primera ficción de este tipo producida por la compañía mexicana Televisa que cuenta entre sus personajes principales con una pareja abiertamente gay. De hecho, ellos han protagonizado el primer beso gay de la historia de la ficción televisiva mexicana emitido en prime time.

Como cabía esperar, el estreno en México de esta ficción, el pasado mes de octubre, no estuvo exento de polémica. Si bien es cierto que muchos aplaudieron la aparición de dos protagonistas gais, otros tantos criticaron la inclusión de este tipo de personajes y el reflejo de la diversidad sexual en una serie «familiar» emitida en horario de máxima audiencia. Es más, la organización ultraconservadora CitizenGo (la marca de HazteOír en América Latina) aprovechó la coyuntura para iniciar una recogida de firmas online y pedir que se dejara de emitir la telenovela por «normalizar la homosexualidad a pesar del amplio rechazo social» (antes incluso de que la trama gay apareciese en la serie).

«Me defraudaron. Pensé que Televisa aspiraba a construir una sociedad mejor, a fortalecer a la familia como célula básica de la sociedad mexicana. Pensé que era verdad eso que afirman de que sus valores son la credibilidad, la honestidad y el profesionalismo. Lamentablemente me equivoqué. Por supuesto no veré la polémica telenovela. Pero tampoco su canal. Desconfío de sus criterios éticos y existen otras alternativas de ocio», rezaba dicha petición, dirigida a Emilio Azcárraga Jean, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televisa y que en cuestión de días logró recoger varias decenas de miles de firmas.

Afortunadamente, también hubo quien aplaudió la iniciativa. «Me da mucho gusto que podamos ser portavoces del respeto y apoyo a la diversidad a las familias que se forman a base de amor y compromiso, sin importar preferencias sexuales, dejando atrás los prejuicios», señalaba en su perfil de Instagram Perroni. «Dejemos vivir y ser auténticamente a cada individuo en este mundo. Lo que está basado en el amor, nunca podrá ser algo malo», añadía.

La telenovela, producida por Eduardo Meza, cuenta la historia de cinco familias, una de las cuales está capitaneada por un atractivo y mujeriego empresario (interpretado por Rulli) que tiene que lidiar con la aparición en su vida de una niña de nueve años que dice ser su hija. Por su parte, la pareja gay está encarnada por los actores Andrés Zuno y Raúl Coronado, que darán vida a un veterinario casado con un investigador policial que deben enfrentarse a la discriminación por su orientación sexual.

«Llega esta familia que rompe con el molde tradicional, real, una pareja de carne y hueso. Son una pareja de chavos enamorados que llegan a enfrentarse a la aceptación de todos estos niños que viven por ahí y de algunas mentes cerradas», comenta Zuno, que añade que con este papel espera «empezar a cambiar conciencias, a abrir la conversación, ver la convivencia real que existe en la sociedad y que nos tenemos que enfrentar a esta diversidad maravillosa».

Hace poco, Televisa ya fue objeto de críticas después de mostrar un beso entre dos hombres en la ficción Como dice el dicho. Eso sí, cabe señalar que, hasta ahora, los únicos guiños a la diversidad sexual aparecidos en las producciones de Televisa se daban siempre (de forma tibia y bastante ambigua) con personajes LGTB que vivían atormentados, que buscaban «curarse» o que no tenían claro lo que realmente sentían. Y los pocos mostraban abiertamente su condición aparecían estereotipados y sin vida sentimental o amorosa aparente.

Parece que por desgracia aún queda mucho por hacer, también en el sector cultural, en un país, México, que presenta un alto nivel de homofobia social y que, sin ir más lejos, se mantiene como el segundo país de América Latina con más crímenes de odio por homofobia.

Fuente Dosmanzanas

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ILGA Europa ha emitido su acostumbrado informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2018 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2017. Como en pasados años, Malta encabeza la clasificación debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, como el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad, la adopción homoparental o, finalmente, la aprobación del matrimonio igualitario, que la sitúan a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. España, debido a su inmovilismo legislativo, se mantiene en la novena posición, con la recomendación por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta sigue encabezando la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 91,04 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, quedando tan solo pendientes legislaciones respecto a la no discriminación en el acceso a bienes y servicios, las medidas reproductivas para parejas del mismo sexo o mejorar la situación de los asilados por orientación sexual o identidad de género.

Por otro lado, el inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, ha ocasionado que países que en su día encabezaron la clasificación o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, como Suecia u Holanda, se sitúen en la décima y undécima posición respetivamente. Ya no bastan leyes que establezcan la igualdad de derechos, también se exigen políticas activas contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.

La situación en España

La falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además de ello, el hecho de que no exista un organismo que se encargue tanto de vigilar y sancionar las situaciones de discriminación como de fomentar la igualdad en todos los ámbitos resta el porcentaje de consecución de objetivos en el apartado de «Igualdad y no discriminación».

ILGA Europa hace estas dos recomendaciones al Gobierno español:

Es decir, las recomendaciones son que se aprueben leyes como las que están actualmente en trámite parlamentario. Respecto a los acontecimientos más destacables del pasado año, ILGA Europa precisamente señala el gran esfuerzo de las asociaciones LGTBI para convencer a los distintos grupos políticos de la necesidad de aprobar las leyes de igualdad LGTBI y de reformar de la ley de identidad de género. También destaca la gran aceptación social que las personas LGTBI disfrutan en España, según confirman numerosas encuestas, y comenta, por ejemplo, el hecho de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hiciera pública su bisexualidad. Por otro lado, no deja de lamentar las agresiones denunciadas por el Observatorio contra la LGTBfobia de Madrid y los lamentables sucesos que tuvieron lugar en Murcia durante la celebración del Orgullo.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. Repitió en 2017 y este año se consolida en lo más alto de la lista. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza, aunque cayendo hasta el 9º puesto estos dos últimos años debido al inmovilismo legislativo.

Fuente Dosmanzanas

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Un miembro de la Iglesia Evangélica Vid, identificado como José Cortés Muñoz, ha sido sorprendido intentando provocar un incendio en la discoteca de ambiente lésbico Club Social Frida Kahlo de Chillán (en la región chilena del Biobío). El sujeto, que gritó: «si no se queman aquí, se quemarán en el infierno y, si eso no pasa, lo haré yo», fue sorprendido con un bidón de parafina en los alrededores, después de la pronta reacción de la propietaria para sofocar las llamas. En esta ocasión solo hay que lamentar daños materiales menores. Sin embargo, como denuncia el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), «es una situación en extremo grave que puso en riesgo a las personas que en ese momento se encontraban en el lugar». Por esta razón, la organización igualitaria exige que el atacante «debe recibir la máxima sanción de la ley». Además, Cortés ha declarado abiertamente que va a volver a actuar. En este sentido, hay que asumir que los discursos LGTBfóbicos en Chile incitan a la violencia, coincidiendo, no por casualidad, con el incremento del apoyo social a los derechos del colectivo LGTB.

«A eso de las 3:30 de la madrugada del domingo, el sujeto, quien vive en una Iglesia que colinda con el Club Frida Kahlo, lanzó parafina desde la pandereta que separa los inmuebles para, posteriormente, encenderle fuego a algunas de sus dependencias». Así lo ha explicado Esteban Guzmán, presidente de MOVILH-Biobío. Guzmán también ha añadido que «es una situación en extremo grave, que puso en riesgo a las personas que en ese momento se encontraban en el lugar», por lo que el atacante «debe recibir la máxima sanción de la ley».

Por su parte, la propietaria del Club Social Frida Kahlo, Jacqueline Ortega, ha narrado que «escuchamos un fuerte estallido y nuestros clientes llegaron a alertarnos que nuestra terraza estaba ardiendo. Entre todos quienes estábamos en lugar apagamos las llamas para que no se propagaran. Cuando salimos a la calle a ver qué ocurría, nos dimos cuenta de que nuestro vecino de la Iglesia Evangélica estaba con un bidón de parafina. Sin ningún tipo de pudor o arrepentimiento nos afirmó que él había comenzado el fuego, peor aún nos amenazó con matarnos por depravados».

Para el MOVILH-Biobío «este acto marca un negativo y funesto precedente para la seguridad de las personas lesbianas, gais, bi, trans e intersex que debe ser combatido al instante y con el máximo rigor de la ley». El presidente regional de esta organización igualitaria anima «a las personas LGBTI de Chillán a reportar cualquier otro atropello que hubiesen visto de este sujeto, pues no sería extraño que con anterioridad protagonizara abusos similares que no fueron denunciados». La discoteca ha publicado en su cuenta de Facebook que el atacante, de hecho, ya ha avisado de que volverá a actuar.

Violencia LGTBfóbica vs. histórico apoyo social

Hace solo unos días recogíamos que la ciudadanía chilena apoya de forma mayoritaria el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Desde febrero de 2014 el respaldo al matrimonio entre personas del mismo sexo ha crecido 15 puntos, hasta situarse en el 65%. Así se desprende de la encuesta de mayo realizada por Cadem (una empresa privada que realiza estudios demoscópicos). Asimismo, la adopción homoparental cuenta con una adhesión ciudadana del 52%. Más modestas, aunque pujantes, son las cifras relacionadas con la opinión favorable a la legislación sobre la identidad de género.

Sin embargo, en la anterior noticia ya advertíamos del contraste entre la aceptación histórica de los derechos del colectivo LGTB por parte de la ciudadanía de Chile con los del repunte de delitos de odio LGTBfóbico. Sin duda, la visibilización de la comunidad en el debate público, estimula a los discursos de odio de grupos intolerantes y radicales (como la presencia del «autobús de odio» de HazteOír y su marca internacional, CitizenGO) y esto se puede traducir también, como vemos en el caso del ataque a la discoteca de Chillán, en acciones violentas.

Fuente MOVILH, vía Dosmanzanas

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El respaldo al colectivo LGTB aumenta de forma evidente y considerable entre la población de Chile. Desde febrero de 2014 el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo ha crecido 15 puntos, hasta situarse en el 65%. Así se desprende de la encuesta de mayo realizada por Cadem (una empresa privada que realiza estudios demoscópicos). Asimismo, la adopción homoparental cuenta con una adhesión ciudadana del 52%. Más modestas, aunque pujantes, son las cifras relacionadas con la opinión favorable a la legislación sobre la identidad de género. En este sentido, un 23% comparte que un menor de 18 años pueda realizar una modificación registral de sexo y nombre en el registro civil, previa autorización de los padres. Este nivel de acuerdo cae hasta al 20% si únicamente se considera desde los 14 años y sin la correspondiente autorización. Finalmente, un 45% se muestra de acuerdo con el cambio de género registral a partir de los 18 años.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH), la organización LGTB más importante de este país latinoamericano, valora positivamente que «la mayoría del país esté de acuerdo con la plena igualdad de derechos para las parejas del mismo sexo y las familias homoparentales, al tiempo que el respeto a la dignidad de las personas trans avanza a pasos agigantados». En concreto, según recoge la encuesta de Cadem de mayo, al preguntar a la ciudadanía chilena sobre valores como su postura en relación al matrimonio igualitario, las respuestas mayoritarias reflejan una evolución histórica incontestable. Esto deja en evidencia la lentitud con la que avanza el reconocimiento legislativo de los derechos del colectivo LGTB en Chile, por otro lado.

La adhesión al matrimonio igualitario y a la adopción homoparental subió 15 puntos porcentuales desde febrero de 2014 hasta hoy, lo cual refleja para el MOVILH que «el cambio cultural a favor de los derechos humanos de las personas LGBTI es irrefrenable. Ya no hay marcha atrás. La pregunta no es si habrá o no matrimonio o adopción homoparental. La pregunta es cuándo y esperamos que sea en los próximos dos años».

Por otra parte, desde esta organización LGTB chilena también apuntan a que «la adhesión ciudadana a que los niños, niñas y adolescentes puedan cambiar su nombre y sexo legal (lo cual vale la pena recordar es un derecho que siempre ha existido, pues la Ley de Identidad de Género viene solo a facilitar el trámite) va en acelerado aumento, quedando una vez más en evidencia que el Estado está atrás de los cambios culturales y en deuda con la dignidad de las personas LGBTI». El MOVILH, además, se ha lamentado de los largos años de tramitación de ley de identidad de género, lo cual ha ocurrido «principalmente por presiones de la UDI y de su presidenta, Jacqueline Van Rysselberghe. Llamamos a esta senadora y a su partido a tener la decencia de paralizar su permanente campaña contra los derechos LGBTI».

En enero de 2017 ya publicamos una noticia en la que dábamos cuenta de una encuesta del Cadem similar a esta, en la que se recogía un apoyo del 64% de los chilenos al matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, las políticas, acciones y declaraciones LGTBfóbicas provocaron una bajada del respaldo ciudadano, dejándolo en un 58% el pasado febrero.

Repunte de odio LGTBfóbico en Chile

Resulta chocante comparar los datos de aceptación del colectivo LGTB entre la ciudadanía de Chile con los del repunte de delitos de odio LGTBfóbico de lo que nos hacíamos eco a finales de marzo. Los datos que arroja el 16º Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género son preocupantes: en 2017, un año que el propio MOVILH ha calificado como «de la furia» contra personas y activistas, las denuncias por LGTBfobia en ese país experimentaron un aumento del 45,7%. El informe recoge como uno de los detonantes de este aumento la presencia en Chile del «autobús de odio» de HazteOír y su marca internacional, CitizenGO.

Como dato optimista, el MOVILH recogía 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGTBI en todo el país. Por un lado, se hace hincapié en lo que considera avance «a pasos agigantados y sin precedentes» del Poder Judicial, que ya en repetidas ocasiones se ha pronunciado amparando los derechos de las personas LGTBI. Una posición, la de los jueces, que contrasta con la pasividad del Legislativo, que «aún no aprueba estas leyes» y las reticencias de un Ejecutivo que solo pone el acelerador para la tramitación legislativa de los avances «de manera coyuntural y discontinua». Todo ello, como es obvio, «ata de manos en algunos puntos al poder judicial», según reconoce el propio informe.

Fuente Dosmanzanas/MOVILH

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Caleb Omar Idris y George Maina Njeri denunciaron que fueron sometidos a examen anal 

Victoria del activismo LGTB en Kenia

Durante las pruebas el personal médico insertaba el dedo en el ano de los acusados.

La ONU considera que estas prácticas son “inhumanas, crueles y degradantes”.

Buena noticia la que nos llega desde Kenia, cuya Corte de Apelaciones ha fallado que el uso de los exámenes anales para “probar” la homosexualidad es ilegal. El proceso judicial tiene origen en la detención de dos hombres que en 2015 fueron acusados de mantener relaciones homosexuales (en su momento recogimos la noticia), a los que se sometió a esta humillante práctica.

El Tribunal de Apelaciones de Kenia ha declarado ilegal la práctica de reconocimientos médicos anales para determinar si una persona es homosexual, tipificado como delito en este país.

El tribunal se pronunció así en respuesta a un recurso de apelación presentado por dos hombres contra el fallo del Tribunal Superior de Mombasa, en la costa de Kenia, que en 2016 desestimó una demanda de inconstitucionalidad contra la citada práctica. Los dos varones, Caleb Omar Idris y George Maina Njeri, se sometieron a esas pruebas, tras ser denunciados por la policía, y decidieron emprender una acción judicial para que fueran declaradas ilegales.

Los detenidos recurrieron a la justicia, pero en 2016 un juez del tribunal de Mombasa alegó que los demandantes se sometieron de forma voluntaria a ese examen, lo que legalmente invalidaba su demanda. El Tribunal Superior de Mombasa consideró que la práctica de los exámenes anales era legal e incluso “razonable” como prueba de homosexualidad. Una decisión que fue criticada por el activismo LGTB de Kenia y por organizaciones internaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional. Eric Gitari, responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas de Kenia (NGLHRC en sus siglas en inglés), que ha dado apoyo y sostén a los demandantes, calificó de “deliberadamente homófobo” al juez que firmó la sentencia, que llegó a afirmar que “la boca y el ano no son órganos sexuales”, al tiempo que comparaba a los “sodomitas” con los perros.

La sentencia fue recurrida, y finalmente un tribunal de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Kenia ha dado la razón a los demandantes, al considerar esta práctica ilegal. “La prueba no puede permitirse. Yo, por tanto, permito la apelación y anulo la decisión del Tribunal Superior”, dictaminó el juez Alnashir Visram, del Tribunal de Apelación. Durante esas pruebas, personal médico inserta sus dedos en el ano del acusado o pide a los hombres que se desnuden y se inclinen o tumben en sillones con estribos para examinar visualmente su región anal. Sin embargo, el magistrado Visram subrayó que esa decisión fue inconstitucional y, además, supone una violación de los derechos humanos.

“Estamos agradecidos de que la Corte de Apelaciones haya puesto por delante los derechos de los ciudadanos kenianos. Con esta sentencia, los jueces afirman que todos merecemos ser tratados con dignidad y nuestros derechos básicos respetados, tal y como consagra la Constitución de Kenia“, ha declarado Njeri Gateru, principal asesor legal de la NGLHRC.

No hay que olvidar que los exámenes anales, cuyo supuesto objetivo es encontrar restos de esperma y medir la dilatación del esfínter anal como “prueba” de homosexualidad, están considerados una forma de tortura- Además de no tener “ningún valor médico”, la ONU considera inhumanas, crueles y degradantes estas prácticas, que también están prohibidas por tratados internacionales contra la tortura y los derechos civiles, pero  son una práctica habitual en muchos lugares en los que las relaciones homosexuales están criminalizadas. Hasta este fallo, Kenia era uno de los al menos ocho países donde se usan exámenes anales médicos, junto a Camerún, Egipto, el Líbano, Túnez, Turkmenistán, Uganda y Zambia, según la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch. Su erradicación en Kenia supone sin duda un paso en la buena dirección.En Kenia, los “delitos” homosexuales se castigan con hasta catorce años de prisión.

La sentencia de la Corte de Apelaciones de Kenia ha sido recibida con satisfacción por organizaciones de derechos humanos y colectivos LGTB de diversos países africanos, pero también por varias delegaciones diplomáticas extranjeras en Kenia, como la alemana:

Congratulations to @NGLHRC for the historic win for human rights in #Kenya.
The Court of Appeal in #Mombasa has ruled that the use of forced anal examination by the state in unlawful. @outinafrica #GayRights #StopForcedExamaminations#LGBT

— GermanEmbassyNairobi (@GermanyinKenya) 23 de marzo de 2018

O por la propia ILGA:

🎉 Amazing news from Kenya! The Court of Appeals has ruled that the use of forced anal examinations by the state is unlawful. 🎉 Congratulations to @NGLHRC and to all of those who fought to make it happen! #StopForcedTesting https://t.co/o7mUcjTrEN

— ILGA (@ILGAWORLD) 22 de marzo de 2018

¿Hacia la posible despenalización de la homosexualidad?

No está de más recordar que sigue pendiente de resolución otro importante proceso, también promovido por la NGLHRC, y que busca poner fin a la criminalización de la homosexualidad en Kenia. Si la sentencia es favorable tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso. Hace pocas semanas nos hacíamos eco, por cierto, de la campaña que CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, promovía contra la posible despenalización.

Actualmente, existen varios artículos en el Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe “Homofobia de Estado” de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes “tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza” o “quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza”.  El artículo 163, por su parte, castiga a “quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años”.

Asimismo, el artículo 165 establece que “el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años”. Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

Un pasado de persecución y LGTBfobia de Estado

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana), en el que a las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social, que castiga la práctica de la homosexualidad, como hemos dicho, con penas de hasta 14 años de cárcel, en base a leyes heredadas de la época colonial británica. Precisamente a principios de 2015 informábamos de la detención de dos hombres, acusados de practicar la homosexualidad, víctimas de una operación policial más amplia, con la que se pretendería dar ejemplo tras salir a la luz unos informes que señalan un aumento del turismo homosexual en la zona costera del país.

A las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaría dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% considera tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social y en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra por ejemplo Denis Nzioka, que en 2012 trató de presentarse a las elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó entonces como senador, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais. Veremos si finalmente lo consiguen lo hacen los tribunales.

Fuente Cáscara Amarga/Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Alnashir Visram, Binyavanga Wainaina, Caleb Omar Idris, CitizenGO, Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC), David Kuria Mbote, Denis Nzioka, Discriminación, Eric Gitari, exámenes anales, George Maina Njeri, HazteOir, Homofobia, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch, ILGA, Kenia, LGTBfobia, Mombasa, Njeri Gateru, Pew Global Attitudes Project, Uhuru Kenyatta

Carla Antonelli pide explicaciones en la Asamblea de Madrid sobre el congreso organizado por HazteOír.

Según los organizadores, el objetivo del Congreso tránsfobo era “desafiar las leyes LGTB”

La entidad sigue declarada de “interés público” a pesar de que se niega a pagar las multas. 

El Partido Socialista ha pedido explicaciones a la Comunidad de Madrid sobre el congreso tránsfobo que la organización HazteOír celebró el mes pasado en la capital con total tranquilidad a pesar que desde la propia organización habían advertido que incumplirían la ley LGTBI de la comunidad y que no iban a pagar las multas.

Tanto Arcópoli como la Policía Municipal habían informado del evento a las autoridades correspondientes sobre el contenido del I Congreso sobre Género, Sexo y Educación y que HazteOír presentó como “un desafío” a las distintas leyes LGTB acusándolas de “adoctrinamiento” especialmente cuando se dirigen a los menores.

Carla Antonelli le recordó que el gobierno les multó únicamente con 1.500 euros por distribuir más de 100.000 folletos homofóbicos y transfóbicos en los colegios cuando según la ley debería haber sido una multa de 45.000. Aseguró asimismo, que parece que la Comunidad de Madrid tiene miedo a HazteOír y le recordó que esa ideología del odio es la responsable directa de las agresiones y suicidios de las personas trans.

🔴@CarlaAntonelli: “No es de extrañar que Hazte Oír campe a sus anchas con autobuses que atentan contra el honor y dignidad de niñas y niños #trans. Incumplen la Ley Integral de #Transexualidad. ¿Qué sanciones les van a imponer?” Comisión de Políticas Sociales #AsambleaMadrid pic.twitter.com/Bc0M856ffI

— Socialistas Asamblea (@gpsAsamblea) 19 de marzo de 2018

Carla Antonelli recordó algunas de las manifestaciones realizadas por los ponentes como que “las mujeres trans son hombres fetichistas que se disfrazan” o que “los niños trans lo son por ser víctimas de abusos sexuales”.

Durante el famoso congreso, Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOír, aseguró que  su intención era “dar visibilidad a homosexuales y transexuales que han sido víctimas de los ideólogos de género” y denunció que las leyes prohíban que las personas LGTB “puedan acogerse a ayudas o tratamientos que les permitan revertir su cambio de sexo o retornar a la heterosexualidad”, lo que supone a su juicio, “un recorte de libertades”.

Recordemos que HazteOír sigue siendo considerada una organización de utilidad pública a pesar de que se ha negado a pagar la multa interpuesta por la Generalitat por su autobús tránsfobo y la multa de la Comunidad de Madrid por haber distribuido folletos con contenidos lgtbfóbicos en los colegios, declarándose en este caso “objetores de conciencia”.

Fuente | MadridDiario, vía EstoyBailando

General, Homofobia/ Transfobia. Arcópoli, Carla Antonelli, HazteOir, Homofobia/Transfobia, I Congreso sobre Género, Manuel Galán, Sexo y Educación

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) ha presentado su 16º Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género. Los datos que arroja el informe son preocupantes: en 2017, un año que el propio MOVILH ha calificado como “de la furia” contra personas y activistas, las denuncias por LGTBfobia en ese país experimentaron un aumento del 45,7%. El informe recoge como uno de los detonantes de este aumento la presencia en Chile del “autobús de odio” de HazteOír y su marca internacional, CitizenGO. Como dato optimista el MOVILH recoge 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGTBI en todo el país. 

Los grupos contrarios a la igualdad de derechos para las personas LGBTI multiplicaron sus discursos y acciones en el último año a lo largo de todo Chile, un hecho sin precedentes. Pese a ello, las víctimas están alcanzado justicia, a un punto que en 2017 el Poder Judicial se transformó en el más progresista del Estado.

Un alarmante aumento del 45.7% experimentaron los casos y denuncias por homofobia y transfobia en Chile, hecho que contrasta con 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGBTI en los más variados planos, reportó el XVI Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género lanzado hoy por el Movimiento Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

Debido al explosivo incremento de los abusos, el 2017 fue calificado como el “Año de la Furia” contra los activistas y personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGBTI) , aunque resalta y brilla de manera positiva que el Judicial se transformó en el poder estatal más progresista en la temática y el que más protege los derechos humanos de las personas con identidad de género u orientación sexual diversa, mientras que en la Derecha política destaca la expresión pública de profundas diferencias sobre estos tópicos.

El Año de la Furia

“El 2017 fue un año de violencia extrema contra las personas LGBTI, las familias homoparentales, los adolescentes y niños/as trans y los defensores de DDHH, en tanto los opositores a la igualdad cursaron iniciativas sin precedentes para torpedear todo tipo de legislación y/o política pública favorable a la diversidad sexual y de género”, indica el informe.

Añade que “la inédita cruzada del Bus del Odio en el Gran Santiago provocó un efecto de odiosidad en cadena: fue emulada en regiones, los grupos homo/transfóbicos potenciaron la virulencia de sus discursos y las autoridades ultraconservadoras dieron la mano a la campaña, dotándola de cierta “validez” en el escenario público en tanto era presentada como una forma de expresión neutral, en vez de nociva para la dignidad de los seres humanos”.

El estudio explica que el “contexto de los comicios presidenciales y parlamentarios hizo lo suyo. Las candidaturas contrarias a la igualdad extremaron su rechazo a la diversidad sexual y de género, a un punto que lo convirtieron en una de las banderas de sus campañas, algo inédito en la historia democrática del país”.

“En tanto, toda medida pro LGBTI fue enfrentada con iniciativas violentas que iban desde la presentación de recursos judiciales, hasta las golpizas y ataques en la vía pública, en especial contra los defensores de los derechos humanos”, indica la investigación.

“El Año de la Furia contra las personas LGBTI conoció de acciones y discursos tan cavernarios como las que tenían tribuna en la década de los 90, siendo la prueba más simbólica de ello el hecho de que fuese la propia presidenta de la República, Michelle Bachelet, la que se convirtiera en una de las víctimas de la homofobia y la transfobia al ser insultada en el Tedeum evangélico por su apoyo a los derechos de las personas LGBTI y de las mujeres”, sostiene el estudio.

Las cifras de la discriminación

Los casos y denuncias por homofobia y transfobia incrementaron un 45,7% en 2017, conociéndose 484 episodios de odio, la cifra más alta que se tiene registro y que por si sola acumula el 20% del total de abusos ocurridos en los últimos 16 años.

Los 484 hechos se dividieron en 2 asesinatos, 56 agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles, 1 abuso policial, 38 casos de discriminación laboral y 20 de exclusión educacional, 77 movilizaciones homo/transfóbicas, 38 episodios de marginación institucional, 11 obstáculos para el acceso a servicios o productos en los espacios públicos o privados, 72 abusos propinados por familiares, amigos o vecinos, 166 declaraciones de odio y 3 casos de vulneración de derechos en la cultura, los medios y el espectáculo.

En 7 de las 11 categorías de discriminación aumentaron los abusos, registrándose el incremento más alto en las declaraciones de odio (245% más que en 2016), seguida por los abusos en cultura y medios (200%), las movilizaciones homo/transfóbicas (108%), la discriminación educacional (53%), las agresiones físicas o verbales cometidas por civiles (40%), los atropellos impulsados por familiares o vecinos (28%) y las exclusiones laborales (18%).

El 20% de los casos afectó a gays; con un alza del 26% en relación al 2016; el 18% a trans; el 14% a lesbianas y el 48% a la diversidad sexual y de género como conjunto. Los denuncias por abusos contra trans bajaron un 17% y contra lesbianas un 1,4% en comparación con el 2016.

Del total de abusos fueron responsables 49 instituciones y 304 personas, buena parte de éstas vinculadas a movimientos ultra católicos, ultra-evangélicos, neonazis o de extrema derecha.

Las regiones que más casos de discriminación registraron en 2017 fueron la Metropolitana (31%), Valparaíso (14%), Biobío (10.1%) y Coquimbo, (4.6%), seguidas por Los Lagos (3.7%), La Araucanía (2.5%), Antofagasta (2.3%), Maule, (2.1%) Libertador Bernardo O´Higgins (1,7%), Región de Magallanes y la Antártica Chilena (1.2%) Tarapacá (0.6%), Atacama (0.4%), Los Ríos (0.2%), Arica y Parinacota (0.2%) y Aysén (0%).

En tanto las regiones donde más aumentaron los casos o denuncias en comparación con el 2016 fueron Libertador Bernardo O´Higgins (300%), Coquimbo (266%), Los Lagos (157%), La Araucanía (100%), Biobío (88%), Magallanes y la Antártica Chilena (50%), Metropolitana (39%) y Antofagasta (10%).

Los movimientos LGBTI intervinieron en el 97.2 % de los casos, brindando ayuda y orientación a las víctimas.

Ranking Anual de la homofobia y transfobia

A nivel individual encabezaron el Ránking Anual de la Homofobia y la Transfobia 2017 los asesinos de personas LGBTI (Cristián Andrés Muñoz Muñoz, César Antonio Araneda Palma, Bernabé Vega y Héctor Morales), seguidos en el segundo lugar por la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda; el presidente de la Ong Padres Objetores, Francisco Fritis y el director de Citizen Go, Luis Losada.

Con ellos/as comparten el segundo lugar los senadores Manuel José Ossandón e Iván Moreira, los diputados José Antonio Kast e Ignacio Urruria y el ex alcalde de Talca, Juan Castro Prieto. Le siguen, en el tercer puesto la psicóloga de la Fundación Restauración, Marcela Ferrer y, en el cuarto, el magistrado Ricardo Blanco.

El quinto lugar lo integran los senadores Juan Antonio Coloma, Jacqueline Van Rysselberghe, Ena Von Baer, Francisco Chahuán, los diputados José Manuel Edward, María José Hoffman, Patricio Melero, Iván Norambuena, Claudia Nogueira, Arturo Squella, Osvaldo Urrutia, Felipe Ward y René Manuel García. (Listado completo, hasta la ubicación 25, se encuentra en el informe).

A nivel institucional lideran el Ranking el Observatorio Legislativo Cristiano, la Ong Padres Objetores y Gendarmería, todos en el primer lugar. Le siguen la Catedral Evangélica, Citizen Go y Hazte Oír, el Colegio Español de Coquimbo, Colegio Instituto Cristiano Gandarillas de Maipú, el Liceo Bicentenario Italia, la UDI, la Iglesia Católica, el Consejo Regional del CNCA en el Maule, la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes (Soched). A estos suman diversas iglesias evangélicas, ongs ultra-conservadoras y empresas como el Club Playa Luna y Pre-Unic. (Listado completo hasta la ubicación 18 se encuentra en el informe)

 Poder Judicial, el más progresista

“El Poder Judicial llegó tarde a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI y las familias homoparentales, pero cuando lo hizo superó en apertura a los otros poderes del Estado, avanzando a pasos agigantados y sin precedentes”, sostiene el informe. Añade que la “evolución acelerada del Poder Judicial desde el 2015, se consolidó en 2017 a un punto que temas como los derechos de niños y niñas trans, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental ya los tiene zanjados a nivel institucional, pues se ha pronunciado a favor amparado en una perspectiva de derechos humanos. Por el contrario, el Legislativo aún no aprueba estas leyes y las medidas del Ejecutivo se mueven entre consensos, además de poner el acelerador para la tramitación legislativa de manera coyuntural y discontinua”.

“Moviéndose en los márgenes de las leyes; lo que ata de manos en algunos puntos al Poder Judicial mientras no se cuente con el matrimonio igualitario; durante el 2017 los tribunales dictaron 5 fallos a favor de los derechos de internas/as LGBTI recluidos/as en centros penitenciarios, además de cambiar el nombre y sexo legal de 89 personas, en circunstancias que en 2006 sólo había autorizado a 7”, precisa el estudio.

Detalla que “la Corte Suprema aplicó además dos veces la Ley Zamudio por homofobia, además de entregar la tuición de sus dos hijos a un hombre que vivía con su pareja del mismo sexo. Hubo otros cinco fallos de distintos tribunales contra los abusos laborales a personas LGBTI, mientras que las cortes rechazaron dos recursos de protección contra las políticas educacionales pro diversidad y una querella por prevaricación que una ONG había presentado contra el juez Luis Fernández por haber cambiado el nombre y sexo legal de una niña trans”.

“A la par fue condenado el asesino transfóbico de Litzi Odalis Parrales y se sancionó a dos mujeres que habían agredido a una madre por defender a su hijo de apenas 8 años de insultos homofóbicos”, sostiene el Movilh

Se trata así de al menos 107 fallos favorables a los derechos LGBTI dictados en el plazo de un año, lo cual contrasta con el pasado homofóbico y transfóbico del Poder Judicial” apunta la investigación.

“En efecto, la transformación del Judicial es radical y profunda cuando se recuerda que de todos los poderes del Estado es el que más ha aparecido en el Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia, ocupando la Corte Suprema el primer lugar en los años 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2012 y el 2013, mientras que en 2014 quedó en el sexto puesto”, recuerda el estudio. “Nunca antes algún ente experimentó tal nivel de cambio en torno a los derechos LGBTI, aspecto que merece todos los aplausos y convierte al Judicial en el poder del Estado más progresista en la materia, lo cual sólo se mantendrá si se profundiza en la mima línea, al margen de cuáles sean las autoridades de turno”, apunta el informe.

 Exacerbación de diferencias en la Derecha

Otro “sello del 2017 es la exacerbación de las diferencias entre la Derecha política sobre los derechos humanos de las personas LGBTI, en tanto se hicieron más visibles que nunca los extremos: por un lado una deshumanizada homofobia y transfobia y por otro la promoción de la no discriminación, estando en el centro quienes rechazan la igualdad plena, pero evitan ofender o denigrar a través de sus discursos”, indica el informe.

Añade que “el proceso fue nítido en el contexto de las elecciones presidenciales, estando en la ultra-homofobia y transfobia los candidatos Manuel José Ossandón y José Antonio Kast y en el lado opuesto Felipe Kast, el primer abanderado de derecha en cuadrarse con el matrimonio igualitario”.

La investigación enfatiza que “las disputas públicas entre la derecha sobre temáticas LGBTI también se apreciaron en otros contextos, como le llegada a Chile del Bus del Odio, la campaña Arcoíris que insta a instituciones públicas y privadas a izar la bandera de la diversidad, los debates sobre la ley de matrimonio y la ley de identidad de género y la reunión del Comando de Piñera con el Movilh, hechos coyunturales que convirtieron al 2017 en el año con mayor exposición de las distintas posturas de la Derecha”. “El desafío para la Derecha será comprender que la no discriminación por orientación sexual e identidad de género es un tema de DDHH y que, en consecuencia, deben respetarse al margen de cualquier consideración política, ideológica o valórica. En caso contrario, simplemente no se respetan los derechos humanos, un talón de Aquiles para la Derecha cuando se trata de igualdad legal para las personas LGBTI”, apunta el estudio.

 61 hitos positivos, 6 negativos

El estudio destaca, por último, que el año “hubo 67 hechos de transcendencia que marcaron la historia de los derechos humanos de las personas LGBTI”.

En el plano de las políticas públicas, la Superintendencia de Educación lanzó una circular para proteger derechos de estudiantes trans; el Servicio de Salud de Reloncavi se transformó en el cuarto del país donde pueden gestionarse las cirugías de readecuación corporal; el Hospital Sótero del Río elaboró un programa sobre identidad género; el Minsal enfatizó su rechazo a las terapias reparativas de la homosexualidad; el Primer Plan Nacional de Derechos Humanos incorporó temáticas LGBTI; se publicó un sitio web estatal para informar y sensibilizar sobre el matrimonio igualitario y Bachelet se convirtió en la primera mandataria en dar un mensaje pro igualdad con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, al igual que la ministra de Educación Adriana Delpiano.

Además la Municipalidad de Providencia distribuyó entre sus funcionarios la circular número 1 sobre no discriminación, mencionando todas las categorías protegidas por la Ley Zamudio; su símil de Recoleta inauguró la Biblioteca Pública Pedro Lemebel; el municipio de Quellón organizó la Primera Marcha por la Inclusión y la Diversidad de la comuna y Las Condes y la Plaza de Tribunales de Concepción desplegaron la bandera de la diversidad. En tanto, las piletas de la Plaza Cruz, de la Plaza Bélgica y de las rotondas Paicaví y Lomas de San Sebastián, en la región del Biobío, fueron iluminadas con los colores del arcoíris, al igual que el Arco de la Universidad de Concepción.

En el plano legislativo se aprobó una reforma al Acuerdo de Unión Civil que extiende a los convivientes los 5 días de permiso laboral y la presidenta Bachelet presentó en el Congreso Nacional un Proyecto de Ley que Sanciona la Incitación a la Violencia Física y el Proyecto de Matrimonio Igualitario, lo cual fue antecedido por dos históricas ceremonias sobre la materia celebradas en La Moneda, en el marco del cumplimiento del acuerdo firmado ante la CIDH.

En el mismo ángulo, la bancada del PS presentó un proyecto de ley que sanciona la incitación al odio, parlamentarios de la Nueva Mayoría ingresaron una iniciativa que permite la adopción aparejas del mismo sexo y la Cámara de Diputados aprobó una resolución impulsada por el PC que rechazó los mensajes discriminatorios promovidos por el autodenominado “Bus de la Libertad”.

En el campo judicial hubo 107 sentencias favorables a los derechos humanos de las personas LGBTI y de las familias homoparentales, destacando la tuición de sus dos hijos entregada a un padre, pese al homofóbico rechazo de la madre, y un fallo que validó la determinación del juez Luis Fernández de cambiar el nombre y sexo legal de una niña de 5 años.

En el terreno cultural, académico y/o mediático el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) lanzó su primera guía contra la homofobia y la transfobia, la cinta “Una Mujer Fantástica” fue seleccionada para representar a Chile en la carrera por los Oscar; la Universidad Academia de Humanismo puso en marcha un reglamento que garantiza el respeto al nombre y sexo social de las personas trans; la Universidad de Chile se transformó en la primera Casa de Estudios en impartir un curso sobre la realidad de las personas LGBTI y la actriz Daniela Vega se convirtió en la primera mujer trans en participar de un spot publicitario.

En el campo social y de las movilizaciones, el Metro de Santiago adhirió con una campaña al Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y el Movimiento LGBTI celebró la Primera Muestra de Cine LGBTI en Aysén, la Primera Campaña contra la Homofobia en el Fútbol, la primera marcha del Orgullo en Punta Arenas y la Primera Marcha por el Interés Superior del Niño y de la Niña en Santiago, además de convocar al primer debate sobre el matrimonio igualitario organizado por la sociedad civil en el Congreso Nacional.

En tanto, el testimonio público de la joven Carla Aranda González, hija de una líder homo/tranfóbica, brilló al causar debate nacional e internacional y acelerar la tramitación de la ley de identidad de género

En la línea política, Guido Girardi leyó en Sala una declaración del movimiento LGBTI y Carolina Goic se convirtió en la primera presidenta de la DC y abanderada de ese partido en respaldar el matrimonio igualitario, al igual que Felipe Kast, pues fue el primer pre-candidato de Derecha en apoyar dicha ley.

En el escenario internacional la Corte Interamericana de DDHH estableció que el matrimonio igualitario y la protección y respeto de la identidad de género están garantizados en la Convención Americana de Derechos Humanos; el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que prohíbe la pena de muerte contra las personas que tienen relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo; la OEA dio luz verde a la “Resolución sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos”, donde incluye a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas; Chile y Canadá asumieron la co-presidencia de la Coalición por la Igualdad de Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI); el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que Australia violentó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al negarse a rectificar la partida de nacimiento de una mujer trans casada y Luz de Luna (Moonligth), una cinta con temática LGBTI, ganó el Óscar como mejor película.

Los hitos negativos fueron las campañas de odio de los autodenominados buses de la “Libertad” y de la “Familia”; una querella que una ONG presentó contra el juez Luis Fernández porque había autorizado el cambio de nombre y sexo legal de una niña de 5 años; el despacho por parte del Senado de una propuesta de ley de identidad de género que excluye a niños, niñas y casados y patologiza a los mayores de 18 años; las ofensas contra la presidenta Bachelet en el Te Deum evangélico y el sensible fallecimiento el diseñador de la bandera LGBTI, Gilbert Baker.

Por último, en 2017 salió a la luz el primer crimen homofóbico cometido por agentes de la Dictadura.

Informe completo aquí

Fuente MOVILH

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El pasado 23 de febrero, tal y como había anunciado y sin ningún tipo de cortapisa, la organización ultraconservadora HazteOír celebró en un local del centro comercial ABC Serrano de Madrid su denominado “congreso internacional sobre género, sexo y educación”,  y que no era otra cosa que un evento LGTBfobo del que la propia HazteOír presumía en días previos de que vulneraba la legislación. Pues bien, dos activistas que protestaron contra el acto fueron detenidos. El resto fueron identificados. El colectivo universitario RQTR se ha movilizado en su ayuda, movilización que consideramos necesario difundir. 

“El I Congreso Internacional sobre Género, Sexo y Educación incumplirá todas las leyes LGTBI en vigor en España”, presumía HazteOír:

Pues bien, pese a tratarse de un evento del que ya de antemano sus organizadores anunciaron que iba a incumplir la ley se celebró sin problema alguno. Al encuentro acudieron, según HazteOír, “expertos y científicos internacionales [sic]“, habituales de este tipo de eventos y que pese su diferente pelaje tenían en común su negacionismo del principio de autodeterminación de género y su transfobia. Entre ellos, por ejemplo, Michelle Cretella, presidenta del American College of Pediatricians, un grupúsculo de pediatras ultraconservadores considerado “grupo de odio” por el Southern Poverty Law Center (SPLC, una organización estadounidense de defensa de los derechos civiles que trabaja en el ámbito de los estados del sur), Walt Heyer, que se define a sí mismo como “extransexual” o Miriam Ben-Shalom, una activista lesbiana ferozmente contraria al derecho de las personas trans a utilizar baños y otras instalaciones públicas acordes con su identidad de género.

Según el resumen que el periodista Javier García Martín hizo del evento en Madrid Diario, allí pudieron escucharse barbaridades del tipo de que las mujeres trans son hombres fetichistas que se disfrazan, que existe una conexión entre los hogares sin un padre o una madre con el  consumo de drogas, que las niñas trans son en muchos casos víctimas de abusos sexuales o que las “terapias” de conversión de gais y lesbianas deberían ser tan naturales como los injertos de pelo. En definitiva, lo esperado: un ataque frontal a la dignidad de las personas LGTB, que además tenía lugar pocos días después del suicidio de un adolescente trans en el País Vasco.

Resulta cuanto menos curioso que un evento del que ya de antemano sus organizadores anunciaron que incumpliría la ley se pudiese celebrar sin problema alguno: ni la administración autonómica (recordemos que la Comunidad de Madrid tiene en vigor desde 2016 una ley autonómica contra la discriminación de las personas LGTB) ni las autoridades policiales o judiciales tomaron medidas para evitar su celebración. De hecho, un grupo de activistas que se personaron a las puertas del local para protestar fueron reprimidos tanto por la seguridad privada del evento como por agentes de la Policía Nacional que se personaron casi inmediatamente en el lugar. Dos personas fueron detenidas.

Según asegura RQTR, “la reacción, tanto de la policía como de la seguridad privada, fue brutal: se produjeron empujones, patadas y zarandeos, así como insultos y escarnios varios. Dos personas fueron detenidas y llevadas a comisaría, y la policía identificó al resto”. Los manifestantes, según este colectivo, “se enfrentan a acusaciones de coacción, desobediencia y atentado contra la autoridad, lo que conlleva multas, gastos judiciales y condenas de prisión de hasta cuatro años”.

“HazteOír habla de una ‘ideología de género’ que se está imponiendo de forma totalitaria, que atenta contra el ‘sentido común’ y las libertades individuales. Mientras tanto, por poner únicamente dos ejemplos, tan solo en Madrid se han producido 300 agresiones LGTBIfobicas en el último año, y según estudios de The William Institute más del 40% de personas trans han reportado intentos de suicidio (frente a un 4% de personas cisheteros). Todo esto es consecuencia directa de los discursos de odio que se propagan de forma más o menos explícita en todos los sectores de la sociedad, y que alcanzan su culmen con la ideología extremista de HazteOír”, expresan desde RQTR.

“Defender a toda costa la ‘libertad de expresión’ de estas agrupaciones no solo disminuye las libertades de los colectivos más marginalizados, sino que legitima y alimenta las violencias que aún a día de hoy se siguen ejerciendo diariamente sobre estas personas, llegando no solo a la discriminación, burlas y acoso, sino a suicidios y asesinatos. Ante esta profunda injusticia, hacemos un llamamiento de solidaridad y apoyo mutuo, pues consideramos que las ideologías de odio no deberían tener cabida en una sociedad democrática e inclusiva, y que solo a través de la acción colectiva conseguiremos acabar con este sistema injusto y violento”, añaden.

“Caja de resistencia” para ayudar a sufragar gastos judiciales

RQTR celebró este miércoles una asamblea en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid para solidarizarse con los activistas que fueron detenidos y/o identificados y planear futuras iniciativas de ayuda. Puedes seguirles en sus perfiles de Twitter, de Facebook o de Instagram para más información. También se ha abierto una “caja de resistencia” en PayPal (enlace) para recaudar fondos que contribuyan a sufragar los gastos judiciales que se les avecinan.

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