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Una madre transexual reclama el derecho a ver a su hijo sin tener que disfrazarse de hombre

Martes, 11 de noviembre de 2014

1415394066_589209_1415394196_noticia_normalLaura Darriba, transexual a la que su ex obliga a vestirse de hombre para ver a su hijo. / Consuelo Bautista (EL PAÍS)

Como sucediera hace años con Alexia Pardo, de nuevo una mujer transexual se enfrenta a la que fuera su esposa por limitarle su derecho a ver al hijo de ambas. Laura Darriba, de 43 años, y que durante buena parte de su vida permaneció en el armario atenazada por el miedo a revelar su identidad femenina, solo quiere ver a su hijo sin tener ya que disimular.

La historia la recoge este domingo El País. Laura Darriba se casó en 2005, cuando todavía estaba en el armario y socialmente mostraba una identidad masculina. El matrimonio tuvo un hijo en 2007, pero Laura (cuyo nombre registral es todavía Gerardo) no pudo más y decidió contar la verdad. Su esposa no quiso seguir con ella y la pareja se separó en 2012. Laura Darriba explica que sufrió por entonces una profunda depresión, y que ni siquiera contó con el apoyo de su propia familia.

Fruto de esa vulnerabilidad, Laura accedió entonces a firmar una cláusula en el convenio de separación por la cual solo podría ver a a su hijo bajo apariencia masculina. Algo que cada vez resulta más complicado, al haber iniciado el proceso de reasignación y llevar un año recibiendo tratamiento hormonal. Laura, además, ya ha salido de la depresión y no presenta problema psicológico alguno, “más allá de la enorme pena de no ver a mi niño”. Es por eso que reclama su derecho a poder ver a su hijo sin necesidad de disfrazarse de hombre. Su exesposa alega que esta imposición tiene como único objetivo proteger a su hijo. “No quiero que vaya a recoger a mi hijo al colegio de curas con una falda o vestido y que se rían de él. ¿Qué le cuesta atarse el pelo y ponerse un chándal?”, ha declarado a El País.

Laura Darriba solo quiere poder ver a su hijo sin mentiras. “Conmigo el crío está feliz. Con cuatro años empezó a hacerme preguntas, y yo le he ido explicando que ahora soy Laura, que puede llamarme papá… Soy su papá y lo seré siempre. Si no me aceptara o sufriera, yo esperaría. Pero hasta ahora no hemos tenido ningún problema”, cuenta Darriba, que insiste en que nunca ha querido hacer daño a su exesposa. Esta asegura sin embargo haberlo pasado muy mal. “Yo me casé con un hombre, tuve un hijo y mi hijo tenía un padre. Era muy feliz. Hasta que un día me dijo: ‘Quiero ser una mujer’. El shock fue tremendo”, ha contado a El País.

El antecedente de Alexia Pardo

La historia de Laura Darriba nos retrotrae a la de Alexia Pardo, una historia que se remonta a 2004, cuando Alexia, que contaba entonces con 29 años, separada y con un hijo, decidió iniciar el proceso de reasignación sexual para acomodar su cuerpo masculino a su identidad femenina. Hasta entonces Alexia podía ver a su hijo sin limitaciones. En aquel momento, sin embargo, su exesposa decidió demandarla para quitarle la patria potestad y privarla de comunicación con su hijo. La justicia española decidió finalmente restringir su régimen de visitas.

El caso, que seguimos con cierto detalle en dosmanzanas, acabó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en 2010 dio la razón a la justicia española y rechazó que la restricción de las visitas pudiera considerarse discriminatoria, entendiendo que había primado “el interés superior del niño” con el objeto de permitirle “habituarse progresivamente al cambio de sexo de su progenitor”.

Han pasado los años, y según recoge el artículo de El País antes aludido, la relación entre Alexia y su hijo, que cuenta ya con 17 años de edad, es “maravillosa”. De hecho, conforme el chico fue creciendo y teniéndose en cuenta su opinión, la situación fue normalizándose hasta que en 2013 Alexia y su exesposa llegaron definitivamente a un acuerdo.

Ojalá Laura y su ex puedan llegar a un acuerdo satisfactorio sin necesidad de batallar durante años en los tribunales.

Fuente Dosmanzanas

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La Escuela Superior Aeronáutica desautoriza a su coordinador de prácticas y garantiza nuevas prácticas a la azafata transexual

Lunes, 20 de octubre de 2014

lorenaLorena González, la azafata en prácticas que denunció discriminación tránsfoba por parte de Turkish Airlines, recibió hace unos días un correo electrónico del coordinador de prácticas de la Escuela Superior Aeronáutica (ESA) de Madrid, Miguel Tenorio, en el que le comunicaba que se le negaban nuevas prácticas en otra compañía, debido a las “acciones de difamación llevadas a cabo contra el centro de estudios y publicadas sin fundamento alguno”. Sin embargo, la afectada se reunió el viernes al mediodía con la directora de ESA, Rosa López, que desautorizó a Tenorio por haber actuado en su propio nombre y no en el de la escuela y garantizó por escrito a González que sí tendrá sus prácticas.

Dosmanzanas, que destapó el caso hace un par de semanas, asistió al encuentro entre Lorena González y la directora de ESA, Rosa López. Fuimos, por lo tanto, testigos del compromiso escrito de la escuela con Lorena sobre la realización de nuevas prácticas próximamente. La reunión fue cordial y Rosa López se disculpó con Lorena por todo lo sucedido, expresándole que “si hubiéramos hablado antes todo esto no hubiera llegado tan lejos”.

Asimismo, la directora hizo constar en varias ocasiones que Tenorio “está desautorizado en tu caso y yo personalmente me voy a encargar de tu seguimiento y de que hagas las prácticas lo antes posible”. Rosa López también insistió en que establecieran en adelante una vía de contacto directa entre ella y Lorena González para cualquier problema o cuestión que pueda surgir. La responsable de ESA quiso dejar claro que “la escuela te apoya” y “te pido nuevamente disculpas si no te lo hemos sabido transmitir”.

Al término de la reunión, Lorena González transmitía una satisfacción moderada. Por una parte, salía con un documento en la mano en el que ESA garantiza que tendrá prácticas pero después de todo lo sucedido asegura que solo estará tranquila cuando se incorpore a una nueva compañía. Para la futura azafata, “mi única meta es hacer mis prácticas, conseguir mi título y conseguir un puesto de trabajo en el que no se me juzgue por mi aspecto o por mi género”.

Más de 40.000 firmas de apoyo

ESA ha modulado su discurso con Lorena González para encontrar una solución satisfactoria a la reivindicación de esta de hacer las prácticas que le corresponden por contrato para poder obtener su título. No obstante, aún con la garantía por escrito de que esto ocurrirá así, dosmanzanas se mantendrá vigilante hasta que se cumpla la promesa e informará de las novedades que se vayan sucediendo.

Los que no se apean de su moto son los portavoces de Turkish Airlines que, lejos de rectificar, siguen transmitiendo públicamente que “en el caso de Lorena no ha existido ningún tipo de discriminación”. Así se recoge por ejemplo en el artículo que publica El País tras la repercusión pública que la denuncia de González está teniendo desde que dosmanzanas se hiciera eco. También cabe destacar que más de 40.000 personas han firmado la petición en Change.org para que la azafata no fuera discriminada y pueda realizar sus anheladas prácticas.

Fuente Dosmanzanas

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Luis Alberto González: “Mi caso no se puede resolver desde lo opinable, sino desde lo legislado”

Jueves, 21 de agosto de 2014

1407778080_069064_1407779122_portada_grande“Yo quiero ser consecuente, pero la Iglesia no. ¿A qué está jugando la Iglesia?”

“Mis dudas, aunque incómodas, son claras, y cuando las resuelvan las instituciones seguiré con mi vida”

(Luis Alberto González).Que yo mismo reconozca la posibilidad de no encajar en el perfil de lo que la Iglesia espera de un profesor de religión es una oportunidad que la Iglesia, en lugar de aprovechar, está malgastando. El debate ha salido del patio de un obispado a la plaza pública, simplemente por los silencios ambiguos y una gestión del asunto tan pésima que debería ser más mediática que mis declaraciones.

Como afectado por la paradoja de contar ahora con un cese por parte del Obispo de la Diócesis de Canarias y un nombramiento por parte de la Consejería de Educación del Gobierno Autonómico, voy preparando poco a poco mi reincorporación a la labor docente en septiembre. Y entre libros de religión y programaciones, reflexiono de la siguiente manera:

Al trascender mi caso como noticia ha habido una lógica avalancha de opiniones de todos los gustos y “colores”, pero resulta que mi caso no se puede resolver desde lo opinable, sino de desde lo legislado.

Tres partes están implicadas en este asunto, que ante todo es laboral: Iglesia, Administración Pública y yo como trabajador. ¿Por qué sólo resuenan declaraciones mías y de políticos, hechas ambas con mayor o menor acierto, y no interviene una voz autorizada de la Iglesia?

¿Qué está pasando dentro de la propia jerarquía católica española para que un profesor de religión ponga su puesto a disposición de la institución por diferencias “de doctrina y moral” y sea mejor defensor de la Iglesia el propio profesor que el Ordinario del lugar?

Mis dudas, aunque incómodas, son claras, y cuando las resuelvan las dos instituciones seguiré con mi vida. El debate ideológico está en un plano diferente y por mi parte no hay animadversión hacia la Iglesia. Con normativa y jurisprudencia en la mano, ¿Soy apto para continuar trabajando o no? ¿Se trata realmente de una ineptitud sobrevenida que debe terminar en despido?

No siempre el “puedes seguir mientras no se enteren”, tan habitual en la Iglesia, funciona. En lugar de ser beligerante o de esconderme lancé hace más de un año la pregunta: ¿He dejado de ser apto por lo que enseño en mis clases de religión y por haberme casado con otro hombre? Respuesta actual: “Sí, pero no”, pues el Vicario Hipólito Cabrera emite un cese sin fundamento jurídico para dejarme en el limbo, que vuelve a existir. Parece que yo quiero ser consecuente, pero la Iglesia no. ¿A qué está jugando la Iglesia?

Fuente Religión Digital

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Comunicado de CRISMHOM ante la decisión del obispado de Canarias de despedir a un profesor homosexual

Martes, 19 de agosto de 2014

1_logocrismhomComunicado que nos envía CRISMHOM para su publicación:

Desde Crismhom, Comunidad de Cristianas y Cristianos Homosexuales de Madrid LGTB+H, compuesta por hombres y mujeres que queremos vivir abiertamente nuestra identidad y orientación sexuales y nuestra fe en Jesucristo y defender nuestros derechos como creyentes dentro de las iglesias cristianas. Nos enteramos con tristeza de que el Obispado de Canarias ha despedido a un profesor de religión de Lanzarote por haber hecho pública en los medios de comunicación su condición de varón homosexual casado con otro hombre. Este hecho era conocido por el Obispo desde hace 2 años y sin embargo, solo ahora, a raíz de su manifestación pública, se ha decidido poner fin a la relación laboral.

Nos parece que este hecho pone de relieve el secretismo y opacidad con que se viven todas estas situaciones dentro de las distintas iglesias y, en este caso concreto, en la Católica. Este modus operandi atenta contra el derecho que tiene todas las personas a vivir su identidad con libertad y sin dobleces.

Creemos con firmeza igualmente que los y las homosexuales, bisexuales y transexuales somos hijos e hijas de Dios, que hemos recibido nuestra orientación sexual e identidad de género como un don y podemos cumplir su voluntad viviendo una relación de pareja en amor y fidelidad. La negativa de las iglesias a revisar su doctrina sobre la homosexualidad y la bisexualidad y la condena que se sigue imponiendo a nuestra realidad no hace más que crear inmensos sufrimientos en muchos creyentes LGTB y además genera violencia y discriminación contra ellos. A esto hay que añadir que muchas personas de buena fe se alejan del conocimiento de Cristo por pensar que no son merecedoras de su Amor.

1407778080_069064_1407779122_portada_grandePor eso manifestamos nuestro pesar y el rechazo que nos provocan estas actuaciones e instamos a las autoridades eclesiásticas a reflexionar con profundidad, sin ideas preconcebidas y en la presencia de Dios sobre ellas.

El colectivo LGTB forma parte de la diversidad de la naturaleza que Dios ha creado. Por este motivo, no se hace necesario curar una enfermedad que no existe, y de ahí el fracaso más absoluto de las terapias reparativas de la homosexualidad y la bisexualidad.

Dios nos pide construir un Reino de Amor, no de discordia. Y en ese Reino cabemos todas y todos sin excepción.

Desde aquí queremos enviar un mensaje de apoyo y cariño a Luis Alberto González por su valentía y su vivencia abierta y en comunión con Dios de su realidad sexual.

“Si una persona gay busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarle?”

 (Papa Francisco).

 La Junta Directiva

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Gestmusic Endemol prepara para Televisión Española un concurso familiar… pero sin familias LGTB. Tras la movilización, TVE rectifica e incluirá a familias LGTB

Lunes, 18 de agosto de 2014

familia-homoparentalLeemos en Ociogay que TVE rectifica e incluirá a familias LGTB en “Quién manda aquí”

«Debido a la polémica surgida respecto a las bases del casting, aclaramos que serán corregidas», anunció la productora Gestmusic Endemol después de la polémica por no incluir a parejas del mismo sexo en el próximo concurso estrella de TVE. 

Más de 5.000 personas firmaron a través de Change.org para que la productora rectificara. Las bases iniciales del concurso, publicadas en la web de RTVE, establecían que en el programa competirían por un «gran viaje» tres equipos, cada uno de ellos formado por una pareja de adultos y un menor entre ocho y doce años.Los requisitos precisaban que «todos ellos han de convivir juntos de forma habitual» y que los adultos pueden ser el padre y la madre del menor u otras personas con el menor, «siempre un hombre y una mujer, que convivan con el menor juntos habitualmente».

En un primer momento Gestmusic había asegurado que  “lo hacemos para que haya igualdad de oportunidades. Si hay una prueba de fuerza, por ejemplo, no es lo mismo que compita una mujer o un hombre. Si hay tres mujeres y un hombre, seguramente tenga más posibilidades de ganar el hombre”.

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¿Quién manda aquí? es el nuevo concurso “familiar” que la conocida productora Gestmusic prepara para Televisión Española, la televisión pública estatal. Los participantes, tres familias que se enfrentarán entre sí, aunque solo las de un tipo muy determinado: las formadas por un hombre, una mujer y un hijo (o hija) de entre 8 y 12 años.

Las reglas del concurso, que se pueden descargar en PDF desde la web de Televisión Española, son muy claras respecto al tipo de familia que puede participar:

En el concurso compiten TRES EQUIPOS formados por TRES COMPONENTES que se enfrentan para conseguir ganar un PREMIO. Cada equipo ha de estar formado por DOS ADULTOS, mayores de edad, un hombre, (en adelante denominado “PADRES”), una mujer, (en adelante denominada “MADRES”), Y UN MENOR cuya edad esté entre 8 y 12 AÑOS, (en adelante denominado “HIJOS”); todos ellos han de convivir juntos de forma habitual. Los adultos pueden ser el padre y la madre del menor u otras personas con el menor, siempre un hombre y una mujer, que convivan todos ellos y el menor juntos habitualmente.

(…)

Desde el diario El País han preguntado a Gestmusic Endemol las razones de esta evidente discriminación. “Lo hacemos para que haya igualdad de oportunidades. Si hay una prueba de fuerza, por ejemplo, no es lo mismo que compita una mujer o un hombre. Si hay tres mujeres y un hombre, seguramente tenga más posibilidades de ganar el hombre”, ha justificado su director de programas, Jordi Rosell. Eso sí, cuando se trata de los menores dicha limitación desaparece: podrán competir chicos contra chicas sin que aquí se valoren supuestas diferencias físicas.

Más insultante resulta incluso la argumentación de Rosell sobre que ¿Quién manda aquí? es la adaptación de un formato turco, país en el que no existe matrimonio igualitario y en el que las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo no se ven con tanta naturalidad. Argumento especialmente absurdo, y más aún si se tiene en cuenta que en el formato original turco no participan niños. ¿Acaso no supone este cambio una ruptura mucho mayor con la idea original?

Hasta el Un, dos, tres… permitió participar a parejas del mismo sexo

Según El País, tanto Fundacion Triángulo como Familias por la Diversidad han expresado su desacuerdo con este tipo de formatos televisivos que excluyen expresamente a ciertos modelos de familia, que consideran un “retroceso”. Retroceso no especialmente sorprendente en un momento en el que Televisión Española -la cadena en la que se emitirá el programa- sufre un impactante viaje hacia atrás en el tiempo con programas cargados de caspa y costumbrismo, pero que no por ello deja de resultar inquietante.

Y es que hasta un concurso tan tradicional y familiar como el Un, dos, tres…, que muchos de los lectores con más años recordarán, llegó a modificar sus reglas en su última temporada para que pudieran participar parejas del mismo sexo.

Fuente Dosmanzanas

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El Obispado de Canarias expulsa a un profesor gay casado

Miércoles, 13 de agosto de 2014

1407778080_069064_1407779122_portada_grandeLuis Alberto González, profesor de religión, gay, casado y ahora expulsado por las autoridades religiosas, en La Laguna (Tenerife). / Rafa Avero

“No tengo ningún ánimo de pleitear”, afirma el docente

Se veía venir, como insinuábamos al publicar la carta del Profesor… Leemos en El País y en Dosmanzanas:

El 28 de julio el diario El País publicaba su testimonio en su sección de cartas al director. Luis Alberto González Delgado se felicitaba por el hecho de que a pesar de ser gay y haberse casado con otro hombre hubiera mantenido su posición como profesor de Religión en dos institutos de Lanzarote. Pocos días después el obispado de Canarias lo ha expulsado. Conviene recordar en este punto que merced al trato privilegiado que el Estado español concede a la Iglesia católica, esta puede despedir a su antojo a los profesores de Religión aunque impartan clase en centros públicos y su sueldo lo pague el Estado.

El catecismo de la iglesia católica, en el apartado para la homosexualidad y castidad, reconoce la existencia de personas homosexuales y les invita a practicar la castidad, al tener una vida “intrínsecamente desordenada”. A Luis Alberto González, profesor de Religión en la isla de Lanzarote, le llegó un mensaje en el que le dicen que “ya no es idóneo” para seguir en las aulas.

González, que antes fue sacerdote, se casó hace dos años con un hombre. Entonces, remitió una misiva al Obispado informando de su situación. 24 meses de silencio después, tras enviar una Carta al director de EL PAÍS titulada Buenas noticias, ha recibido la notificación que lo encamina al desempleo. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias lo había ratificado en su puesto de profesor para el curso que comienza en menos de un mes.

Un breve comunicado enviado por fax define el despido de Luis Alberto González: “Por motivos de doctrina y moral y al amparo del derecho canónico se retira la idoneidad como profesor de religión“. El remitente es el Obispado de Canarias. González lo asume con naturalidad, asegura que “sabía que podía pasar” y asume que “si es así es así”. Dice que considera que se sale del perfil que busca la Iglesia católica y que no tiene problemas en reconocer que no es idóneo, “claro que lo reconozco y por ello pido que me rescindan de manera justificada y tener derecho a la prestación por desempleo. Ya me buscaré las castañas”.

Después de 15 años con un expediente inmaculado, el profesor dice que “las personas maduran” y que, en su caso, se ha “distanciado de determinados postulados católicos”. Uno de los alejamientos fue cuando siendo fiel a su conciencia contrajo matrimonio con su pareja en 2012. Siempre pensó que “en un asunto de la vida privada no había que dar explicaciones”, pero dice conocer la Iglesia y “dado que la institución matrimonial tiene una repercusión pública”, avisó y puso a disposición del Obispado su puesto de trabajo.

González también cuestiona la “manipulación de las creencias por parte de los que tienen poder en las religiones”. No le parece adecuado seguir “a una religión que se considera portavoz de Dios hasta el punto de meterse en todas las áreas de la vida de lo que debe hacer una persona”. El profesor sostiene que “hay capas de la ciudadanía, como las personas que conforman la comunidad educativa, que no ven mal el hecho de que alguien homosexual y casado imparta religión, pero a medida que se sube en la pirámide de la jerarquía católica, se advierte que están en otra onda, defendiendo algunos temas, incluso, que se pueden considerar medievales”.

Desde el Obispado de Canarias se han remitido a la notificación que enviaron al profesor, escueta y sin hacer referencia al prolongado silencio que han mantenido. Su situación laboral ahora se ha llenado de incertidumbre. Por un lado, a finales del pasado mes, la Consejería de Educación hizo pública la lista del profesorado que lo incluía para el próximo curso. Posteriormente, le comunicaron que no reúne los valores necesarios para impartir la asignatura que imparte. Desde el Gobierno de Canarias, la viceconsejera de Educación, Manuela Armas declaró: “A final de mes se sabrá que pasa con este profesor, porque el Obispado no nos ha informado aún“. Armas sostiene que “es el Obispado el que ordena los profesores que deben impartir religión y el que considera si son idóneos o no. Ahora, Educación se va a encargar de ratificar que no lo es“.

Siempre estarán los que dirán que la Iglesia es como un club, si no quieres estar, te vas. Yo, sin embargo, defiendo, y he sido sacerdote, que desde dentro se puede ayudar a transformarla“, dice el aún profesor de religión y concluye: “La propia iglesia tiene que revisarse, asumir con normalidad estos debates y enfrentarlos“.

***

Profesores pagados por el estado y despedidos por la Iglesia

La situación de los docentes LGTB vinculados de una u otra forma a la Iglesia católica es ciertamente vulnerable. En los últimos meses, por ejemplo, nos han llegado varios casos de docentes LGTB casados o comprometidos en relaciones de pareja despedidos de centros católicos de Estados Unidos, que han alentado la discusión en ese país sobre hasta qué punto la Iglesia católica puede romper vínculos laborales con aquellos profesores que no se comportan en sus vidas de acuerdo a su doctrina oficial (que considera la homosexualidad una “inclinación objetivamente desordenada” y obliga a las personas homosexuales a la castidad).

En el caso que nos ocupa, sin embargo, hablamos de un profesor que imparte clase en centros públicos y cuyo sueldo lo paga el Estado. Dejando de lado el anacronismo que supone que los centros educativos públicos sigan impartiendo clase de Religión (que de hecho ha recuperado peso académico en la última reforma educativa), resulta poco comprensible que en estos casos sea la Iglesia católica la que decide sobre contrataciones y despidos.

FELGTB: “intolerable que se use dinero público para discriminar”

En este sentido, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha emitido esta misma mañana un comunicado sobre el caso, que considera “intolerable”.

La FELGTB, a la que el propio Luis Alberto González envió la carta que El País le publicó para compartir su alegría, ve “injustificable” que la escuela pública “contrate o expulse a un profesor siguiendo los criterios morales de una entidad”. “Este pacto entre la Iglesia católica y el Estado es vergonzoso. Las escuelas son espacios de formación, no de adoctrinamiento”, ha declarado su secretario general, Jesús Generelo.

El Área de Asuntos Religiosos de la FELGTB, por su parte, se ha puesto a disposición del afectado “y reclama un estado laico que le ponga freno al poder de una jerarquía católica ajena a la realidad de las y los creyentes de base”.

ACTUALIZACIÓN (23:00 horas): el Gobierno canario considera fuera de plazo la retirada de la idoneidad

Según informa El Plural, el Gobierno canario (fruto de un acuerdo de coalición entre Coalición Canaria y PSOE) ha terciado en la polémica asegurando que la retirada de la idoneidad a Luis Alberto González se ha producido fuera de plazo, por lo que el profesor podría seguir en las listas de la Consejería de Educación para el próximo curso.

Es más, la viceconsejera Manuela Armas ha asegurado que al docente “le amparan la Constitución y las leyes” y que “desde la Consejería no vamos a avalar ningún tipo de discriminación. Estamos a la espera del dictamen de los servicios jurídicos del Gobierno”“A final de mes se sabrá qué pasa”, ha añadido.

Habrá que ver qué sucede finalmente, pero lo cierto es que los vigentes acuerdos entre la Iglesia católica y el Estado español, que datan de finales de los setenta y que ni PP ni PSOE han querido derogar cuando han gobernado, otorga a la Iglesia católica la facultad de elegir cada año a los profesores de Religión de los centros públicos.

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Risas y complicidad entre los gobiernos ruso y español durante la firma del convenio de adopción que discrimina a homosexuales

Sábado, 12 de julio de 2014

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Familias LGBT de España piden no ratificar el acuerdo de adopción con Rusia

Hace tres días nos hacíamos eco de la autorización final por el Consejo de Ministros de la firma del nuevo convenio de adopción con Rusia, a medida de su reciente legislación homófoba. Explicábamos que en la práctica no suponía demasiados cambios, pero que nos parecía cobarde la transigente actitud del Gobierno español. Lo que ya no esperábamos era que la firma del convenio mostrara además una indudable complicidad entre los representantes de ambos gobiernos. Las sonrisas del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y de la ministra de Sanidad, Ana Mato, sobraban en un momento en que España oficializaba un documento cuyo único objetivo, recordemos, es impedir que personas homosexuales puedan adoptar niños de origen ruso.

Afortunadamente las sanciones de la Unión Europea a Rusia por el conflicto de Crimea impidieron que viajara a España Yelena Mizulina, presidenta del Cómite de Familia, Mujer e Infancia de la Duma y una de las principales valedoras de las leyes homófobas rusas. El representante de Rusia fue finalmente su viceministro de Educación, Veniamin Kaganov. España optó sin embargo por darle a la firma una especial relevancia con la presencia de dos ministros, García-Margallo y Mato, visiblemente satisfechos. Bien podría haberse ahorrado el gobierno español el insulto y firmar el convenio a puerta cerrada. Y desde luego sin tanta sonrisa de complacencia (como las que recoge por ejemplo la fotografía de Álvaro García para El País).

image_content_medium_942727_20130906173845Como hemos explicado a lo largo de estos últimos meses, la firma de un convenio que regulase la adopción entre Rusia y España estaba en realidad pendiente desde 2009, pero fue el verano pasado cuando se producía el bloqueo de cientos de adopciones en curso después de que Rusia aprobara una norma cuyo objeto es impedir que menores rusos puedan ser ubicados en hogares de parejas del mismo sexo o monoparentales (con objeto de asegurarse de que no serán criados por lesbianas o gays). La primera propuesta de convenio fue acordada en octubre y autorizada ya en diciembre por el Consejo de Ministros, pero luego se introdujeron modificaciones que han obligado a nuevos trámites.

Con la entrada en vigor del convenio en su versión definitiva, queda oficializado el veto a la adopción de menores procedentes de Rusia por personas solteras (la principal novedad) y parejas del mismo sexo. Por lo que respecta a estas últimas, el convenio no supone un cambio real, ya que Rusia, al igual que la mayoría de los países “emisores de niños”, ya se negaban antes a tramitar peticiones de adopción de parejas homosexuales. Pero ahora se faculta además a las autoridades rusas a hacer un seguimiento de los menores ya adoptados, que deberán mantener la nacionalidad rusa al menos hasta su mayoría de edad y permanecer inscritos en el consulado ruso. Y Rusia podrá solicitar que el menor sea reubicado con otra pareja heterosexual en caso de que la situación del menor cambie.

Ya en entradas anteriores expresábamos nuestra preocupación por el hecho de que aceptar estas condiciones suponía reintroducir en el ordenamiento jurídico español de la discriminación de las parejas del mismo sexo, de forma que si por ejemplo los padres adoptivos fallecen y su familiar más directo es gay o lesbiana no podría hacerse cargo del niño. Finalmente el Gobierno español incluía en el convenio que el seguimiento de las autoridades rusas de los menores adoptados se articulará “en tanto que lo permita la legislación del Estado receptor (España)”, lo que puede entenderse como una salvaguarda frente a esta posibilidad. Eso sí, si el menor quedara en situación de desamparo absoluto y tuviera que ser reubicado con una nueva familia solo podría ser con un matrimonio heterosexual.

En definitiva, una mala noticia por mucho que aceptemos que podría haber sido aún peor. Como expresaba por ejemplo la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), con la firma de este convenio “España se muestra cómplice y partícipe de las políticas de discriminación de países que –como Rusia y bajo la amenaza de paralizar las adopciones- no respetan los derechos humanos y discriminan a las persona por su orientación sexual e identidad de género. Esto atenta, además, contra el mandato del Congreso de los Diputados que instó al Gobierno de España en febrero a garantizar los derechos LGTB dentro y fuera de nuestras fronteras”. La FELGTB estará además atenta a las consecuencias por lo que a la situación de los menores ya adoptados respecta. “La Federación velará por que el compromiso de que esta revisión se articule siempre dentro de los márgenes permitidos por la legislación de España sea efectivo y ninguna familia sufra las consecuencias de esta ambigüedad”, expresaba.

Fuente Dosmanzanas

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La condena a Francia por no registrar tres niñas nacidas por gestación subrogada fuerza al Gobierno español a replantearse su política

Lunes, 7 de julio de 2014

1245799307492parejadnUna vez más ha tenido que ser la justicia europea la que ponga freno a un recorte de derechos promovido por un Gobierno español, aunque en este caso lo haya hecho de forma indirecta. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a Francia por no registrar a tres menores nacidas mediante gestación subrogada en Estados Unidos obliga al Gobierno español, que pretendía aprobar una reforma de la ley en el mismo sentido restrictivo, a replantearse su actitud.

Lo contábamos hace una semana. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos fallaba a favor de dos matrimonios franceses que tuvieron sus tres hijas mediante gestación subrogada, a las que Francia se negó a registrar por estar dicho procedimiento prohibido en su suelo pese a que las niñas habían nacido y estaban reconocidas como hijas de sus padres en Estados Unidos. El alto tribunal europeo consideró que esta negativa violaba el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege el derecho de las menores al respeto de su vida privada, socavando su identidad y produciéndoles un perjuicio. El tribunal fijó una indemnización a cada una de las menores de 5.000 euros e impuso al Estado francés la obligación de desembolsar 15.000 euros a las familias demandantes en concepto de costas.

Como ya explicábamos entonces, la sentencia admite que los estados puedan legislar como quieran las condiciones en las que permiten o no la gestación subrogada. En este sentido, el tribunal rechazó que la situación de las dos parejas de padres se pudiera considerar discriminatoria y centró su condena en cómo la negativa afectó a sus hijas. Y aquí la sentencia es clara al considerar que los estados ya no disponen de ese margen cuando de establecer la parentalidad de menores se trata, prevaleciendo el interés del menor y su derecho a la identidad.

En definitiva, el tribunal permite que los estados prohíban la gestación subrogada, pero no negar los derechos de filiación a los menores nacidos mediante este procedimiento en otro país que sí se los reconozca (Estados Unidos, en este caso).

El Gobierno español se replantea ahora su reforma

La casualidad quiso que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se conociera pocos días después de que el Gobierno español aprobara una reforma de los procedimientos de inscripción de los recién nacidos que deja en el limbo jurídico a los hijos nacidos mediante gestación subrogada, obligando a que al registrar a los hijos nacidos en el extranjero sea obligatorio consignar siempre “a la madre gestante”, imponiendo para cualquier otra situación la necesidad de un proceso judicial en España. Y en ese sentido, la reforma se produce pocos meses después de que la Sala Civil del Tribunal Supremo rechazara por 5 votos contra 4 el registro de los hijos que un matrimonio gay valenciano tuvo en California.

Todo ello a pesar de que en febrero de 2009 la Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia regulaba mediante una orden estas inscripciones y reconocía la validez de la filiación otorgada en países extranjeros tras la correspondiente resolución judicial (tal y como se procede de hecho en Estados Unidos). El Supremo español, sin embargo, argumentó que la gestación subrogada es ilegal en España, y ofreció como única salida que el padre no biológico procediese a la adopción de los que desde hace ya más de cinco años son sus hijos. Una sentencia que por cierto está pendiente de un recurso de nulidad interpuesto por la asociación Son Nuestros Hijos, pero que combinada con la reforma promovida por el ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, dejaba un panorama absolutamente sombrío para numerosas familias.

Según El País, sin embargo, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya argumentación es precisamente la opuesta a la del Supremo español (aunque concordante con el voto particular de los cuatro jueces discrepantes, que consideraron que el bien del menor debe prevalecer) ha llevado a Justicia a replantearse su posición. “Estamos obligados a introducir modificaciones legales para ajustar nuestro ordenamiento jurídico a la interpretación de Estrasburgo, y lo haremos”, ha declarado al respecto el subsecretario del ministerio, Juan Bravo.

Esperemos que realmente sea así y se evite más sufrimiento innecesario a las familias que en España se encuentran hoy en una situación similar a las de las demandantes francesas. Aprovechamos para recordar que hay en marcha una petición en change.org para conseguir que las Cortes modifiquen el mencionado proyecto de ley a la que se puede acceder aquí y que lleva recogidas ya más de 73.000 firmas.

Fuente Dosmanzanas

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“El País” publica un artículo que defiende el uso de “puto” por los hinchas mexicanos.

Viernes, 27 de junio de 2014

images (2)Sorpresa causaba entre algunos de nuestros seguidores encontrar en la edición digital del diario El País el artículo El grito homofóbico, que defiende que la utilización de “puto” por parte de los aficionados mexicanos en la Copa Mundial de fútbol que se celebra en Brasil para dirigirse al portero del equipo contrario no es homofóbica porque es una“performance” que se acompaña de “una pequeña coreografía que exige de coordinación y ritmo”. No se trata, por desgracia, de la única defensa de un insulto homófobo inequívocamente usado para denigrar que resulta muy popular en algunos países de América Latina. Lo que sorprende es que se haga desde las páginas de un diario pretendidamente progresista.

El autor del artículo, el mexicano Fabio Morábito, se hace eco de la decisión de la FIFA de no sancionar a la Federación Mexicana de Fútbol por el reiterado uso de “puto” por parte de los hinchas mexicanos, de la que se felicita. Como ayer mismo recogíamos, el propio entrenador de la selección de México, Miguel Herrera, quitaba importancia al uso del insulto homófobo, mientras que Ilán Semo, de la Universidad Iberoamericana, argüía que la intención de los aficionados al vociferar esa expresión era provocar el fracaso de sus contrarios, no aludiendo a su orientación sexual sino a su cobardía (al parecer usar un insulto homófobo para referirse a una actitud cobarde no es homofobia). La propia FIFA consideraba que los cánticos “no se consideran insultantes en ese contexto”.

El artículo de Morábito abunda en estos argumentos y va más allá, al considerar el “puto” de los hinchas mexicanos “una broma, una coreografía, una fulminante puesta teatral” que tiene lugar en un “contexto lúdico”. “Un grito colectivo, por más grosero que sea, si es parte de una performance, no puede tomarse como una ofensa”, argumenta Morábito.

El autor del artículo, que niega que el caso pueda ser comparado al del aficionado que arrojó un plátano a Dani Alves (gesto racista que tuvo lugar hace pocas semanas) puesto que ahí no había “performance”recurre además al manido argumento de la incomprensión cultural, en este caso de la cultura popular mexicana. “¿Se consultaron diccionarios para desentrañar el último matiz de la palabra bajo acusación? ¿Se contó con la ayuda de lingüistas y expertos en cultura popular? ¿Se entrevistaron vía telefónica a mexicanos de todos los estratos sociales para configurar el uso preciso de esa expresión en nuestro país?”, se pregunta.

En definitiva, según el artículo que El País ha publicado a Fabio Morábito, si una horda de hinchas de fútbol dirige un insulto homófobo al portero del equipo contrario no es homofobia… si se hace con buena intención y se acompaña además de una graciosa coreografía.

Un caso que recuerda al “Puto” de Molotov

El desgraciado episodio nos trae a la memoria el caso de la canción Putodel grupo mexicano Molotov, que también pretendió justificar que no había homofobia en una canción que repite “Puto” hasta la saciedad, cuyo estribillo incluye “Matarile al maricón” y cuya primera estrofa reza “¿Qué, muy machín no?,  ¿A muy machín no?, Marica nena, más bien putino”.

Molotov argumentó que se trataba simplemente de “una canción catártica sobre la situación en México a finales de los noventa”. A pesar de ello, y ante las protestas de organizaciones de defensa de los derechos de las personas LGTB, el grupo se comprometió en 2013 a no usar los términos homófobos durante sus actuaciones en Estados Unidos. Compromiso que por cierto no respetó.

Fuente Dosmanzanas

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Costa Rica extiende los derechos de salud a las parejas gays

Lunes, 26 de mayo de 2014

gay_costa_ricaLa junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ha aprobado por unanimidad que los trabajadores de Costa Rica puedan incluir a sus parejas del mismo sexo en los beneficios del sistema de seguridad social por lo que a la atención médica se refiere (lo que incluye tanto el derecho a la atención sanitaria pública como a la visita hospitalaria). Se trata de la primera decisión de este tipo que adopta un país centroamericano y que antecede incluso a la aprobación de una ley de uniones civiles para parejas del mismo sexo, una de las promesas del nuevo presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís.

Costa Rica ha comenzado a avanzar en el reconocimiento de derechos para las parejas homosexuales. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó ayer extender a las parejas del mismo sexo los beneficios de asistencia médica para los compañeros sentimentales, que hasta ahora solo se reconocían para las parejas heterosexuales. La Junta Directiva cambió la definición de pareja contenida en el artículo 10, una petición que había impulsado uno de los directivos del ente, José Luís Loría desde principios de mes. También se ha modificado el artículo 12, donde la eliminación de la palabra ‘marital’ permitirá que el colectivo de gays y lesbianas pueda visitar a su pareja en el hospital o inscribirse como contacto de emergencia.

LA CCSS comenzó a valorar esta posibilidad en los días previos al relevo presidencial a iniciativa de Luis Loría, representante del movimiento cooperativista ante dicho organismo, que consideró injusto que durante el proceso de negociación para elegir al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa se usara como moneda de cambio la posibilidad de dejar en suspenso el proyecto de ley de uniones civiles, noticia que ya recogimos en su momento. “Me indigné mucho y vi que era el momento para concretar una idea que ya llevaba un año pensando. Vi que esto, además de la llegada de un gobierno más sensible a este aspecto de los derechos humanos, daba una coyuntura propicia y así fue”, ha declarado Loría al diario El País. “Los miembros de las parejas del mismo sexo cotizan igual que los otros y no tienen hijos, con lo cual de alguna manera subsidian a la mayoría. La idea es un cambio de paradigma: es abrir los ojos a una realidad. La institución de seguridad social más importante de América Latina está poniéndose en el siglo XXI”, añade.

“Esto es sin duda un hecho histórico, significa que si una pareja del mismo sexo tiene a su compañero o su compañera en el hospital podrá visitarlo sin discriminación o significa que si una pareja del mismo sexo es asegurado directo de la Caja y requiere asegurar familiarmente a su pareja que pueda tener derecho al seguro familiar”, ha explicado Loría en la prensa local. Desde el Movimiento Diversidad, principal colectivo LGBT costarricense, también se han mostrado satisfechos con la decisión.

Los cambios no se aplicarán de manera inmediata, lo harán dentro de tres meses, una vez que se complete una campaña de información tanto a los beneficiarios como a los trabajadores sanitarios. La presidenta ejecutiva del CCSS, María del Rocío Sáenz, informó de que la decisión no tendría un impacto elevado en las cuentas del ente, ya que la mayoría de las parejas homosexuales, un 55%, cuenta con trabajo actualmente, según los últimos datos del censo en el país.

La decisión era saludada horas después por el nuevo presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. “Hoy Costa Rica se despertó con una muy buena noticia. Me siento muy complacido con la decisión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social de otorgar capacidad de aseguramiento a las parejas del mismo sexo y el derecho fundamental a la visita hospitalaria. Esta es una decisión histórica que responde al espíritu costarricenses de inclusión y entendimiento de que los Derechos Humanos son para todos y todas. Aún nos queda como sociedad camino por recorrer, espero que pronto pueda ampliarse también en lo que corresponde a derechos patrimoniales. Hoy como país nos merecemos una felicitación. ¡A seguir trabajando!”, escribía Solís en su perfil de Facebook este viernes.

“Esta decisión humaniza a la seguridad social y universaliza su cobertura, además de que es un éxito en materia de derechos humanos y es una buena señal para reivindicar otros derechos de las parejas del mismo sexo”, explicó la segunda vicepresidenta de Costa Rica, Ana Helena Chacón. “Nadie más morirá en la soledad, porque la seguridad social no reconocía como familiar a alguien con quien se había convivido mucho tiempo”, explicó. El Ejecutivo costarricense se ha comprometido en la campaña a reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo, incluyendo las uniones civiles.

También los colectivos LGTB mostraban su satisfacción y esperaban que este fuera el primer paso de una serie de avanaces. “Estamos muy esperanzados con esta resolución, ya que ha sido una lucha de años. Vamos a estar vigilantes de que se cumpla la medida. Es un gran avance para Costa Rica”, declaraba Marco Castillo Rojas, del Movimiento Diversidad.

Naciones Unidas felicita a Costa Rica

Naciones Unidas también ha expresado su satisfacción por la noticia. Yoriko Yasukawa, coordinadora residente del sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica, ha felicitado “al Estado por esta histórica decisión” a  la vez que ha reafirmado “la necesidad de seguir avanzando hacia la eliminación de todo tipo de discriminación contra las personas gay, lesbianas y trasgénero, para construir una sociedad igualitaria en la que ellas gocen de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía”.

Un periodo muy esperanzador se abre paso

La decisión de la CCSS es un nuevo eslabón más de la cadena de buenas noticias que se viene produciendo en Costa Rica desde la elección como presidente de Luis Guillermo Solís, que ha elegido a un ministro abiertamente gay para la cartera de Turismo y que hace una semana, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, ordenaba que la bandera arco iris ondeara en diversas dependencias oficiales, incluida la sede de la presidencia, una decisión que le ha generado críticas de los sectores conservadores.

Una cadena que en algún momento debería incluir la aprobación del prometido proyecto de ley de “sociedades de convivencia”, que la Asamblea Legislativa lleva años debatiendo. Un proyecto que en ocasiones parecía que progresaba pero que siempre encontraba el freno de los cada vez más influyentes grupos evangélicos y sus representantes políticos, entre ellos el que llegó a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, el pastor Justo Orozco (un conocido homófobo). Esperemos que en el nuevo periodo político que se acaba de iniciar este y otros avances sí se puedan conseguir.

Con información de Dosmanzanas

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El homófobo José Luis Requero, nuevo magistrado del Supremo con el voto favorable de Fernando Grande-Marlaska.

Miércoles, 30 de abril de 2014

-PUN2.jpg de Producción ABC-requeroColectivos LGTB protestan ante el nombramiento de un juez homófobo como miembro del Tribunal Supremo

El ultraconservador José Luis Requero (fotografía dcha), que a lo largo de su trayectoria como jurista no ha dudado en comparar el matrimonio entre personas del mismo sexo con la zoofilia y ha maniobrado contra la adopción homoparental, ha sido nombrado magistrado del Tribunal Supremo con el voto de los once miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afines al Partido Popular, entre ellos el del juez Fernando Grande-Marlaska. Un voto que sorprende especialmente en este caso por el hecho de ser Grande-Marlaska abiertamente gay, (fotografía izda) estar casado con otro hombre y haber defendido públicamente los derechos LGTB.

El propio José Luis Requero fue vocal del CGPJ entre 2001 y 2008, también a propuesta del PP (como lo es hoy Grande-Marlaska). Durante ese periodo Requero elaboró un borrador de informe que defendía que aplicar el término “matrimonio” a la unión de dos personas del mismo sexo era como “llamar matrimonio a la unión de más de dos personas o la unión entre un hombre y un animal”. Ante la polémica generada por esta frase, el CGPJ decidió eliminarla del texto final, aunque mantuvo el informe contrario al matrimonio igualitario (se trataba, como en la actualidad, de un consejo controlado por los conservadores). Más tarde, al elaborar otra propuesta de informe sobre la ley de adopción internacional de 2007, Requero propuso que las agencias que tramitan estas adopciones pudieran negarse si los adoptantes son una pareja homosexual. Nada sorprendente, si se tiene en cuenta que Requero había defendido meses antes que jueces y funcionarios pudieran negarse a tramitar expedientes matrimoniales entre personas del mismo sexo, una propuesta que el CGPJ finalmente rechazó.

Si mi hijo fuera homosexual, yo jamás iría a su boda”, es otra de las perlas homófobas ha salido de la boca de Requero, miembro por cierto del Opus Dei. Precisamente por su oposición al matrimonio igualitario, el ahora juez del Supremo fue premiado en 2007 por la organización ultraconservadora HazteOír (recomendamos la lectura de la entrevista que HazteOír le hacía en 2006, en la que Requero desgranaba su pensamiento y llegaba incluso a acusar a la derecha de estar “presa de complejos” por no oponerse con más fiereza al matrimonio igualitario o al aborto).

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El nombramiento de José Luis Requero se ha producido además de forma inesperada. Desde que el pasado noviembre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba pactaran la renovación del CGPJ con una mayoría conservadora de 11 votos contra 10, los nombramientos de puestos judiciales se habían producido en el marco de un acuerdo “no escrito” entre los dos bloques que reservaba cierto número de cargos para jueces de sensibilidad progresista. Se evitaba así transmitir la sensación de que el sector conservador hacía valer sistemáticamente su mayoría. Una ficción que ha durado apenas unos meses, hasta que la pasada semana, cuando entre otros nombramientos el CGPJ debía elegir dos nuevos magistrados del Tribunal Supremo, el nombre de Requero permaneció oculto hasta el último momento (aunque según explica el diario El País, los dos miembros “progresistas” de la Comisión Permanente del CGPJ sí conocían la jugada pero no la comunicaron a sus compañeros). Los conservadores conseguían así que varios progresistas votaran a favor de Antonio Vicente Sempere (que consiguió 15 votos) para la primera de las vacantes, para después imponer a Requero en lugar del candidato que supuestamente había sido pactado antes, Ángel Arozamena.

El voto de Grande-Marlaska, decisivo

En cualquier caso, con independencia de cómo se produjera la elección de Requero, llama la atención que Fernando Grande-Marlaska, que no ha dudado en visibilizarse públicamente como gay y que ha defendido siempre los derechos LGTB, haya avalado con su voto a una persona que ha maniobrado contra esos mismos derechos. De hecho, según cuenta también El País, algunos de los miembros del sector progresista del CGPJ no se explican cómo “algunos vocales del grupo conservador que han demostrado una gran sensibilidad hacia el matrimonio homosexual le han apoyado para este cargo” (el artículo no menciona explícitamente a Grande-Marlaska, aunque se adivina que es a él a quien se refiere esta frase).

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha emitido este lunes un comunicado en el que muestra su indignación por la elección de Requero, aunque sin mencionar a Grande-Marlaska. Resulta paradójico, por cierto, que en 2012 Grande-Marlaska fuera reconocido por la FELGTB con uno de sus premios Pluma, cuando cinco años era Requero el que era distinguido con uno de los Premios Látigo

Entristece que Grande-Marlaska, cuyo voto contrario hubiera bastado para vetar a Requero, haya antepuesto su servidumbre política a la defensa de los derechos civiles del colectivo al que él mismo pertenece, permitiendo que una persona que ha hecho ostentación de su homofobia se convierta en miembro de la más alta magistratura judicial del país.

Fuente Dosmanzanas

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Un homófobo recalcitrante, candidato a presidir la Comisión de Derechos Humanos de Brasil.

Jueves, 20 de febrero de 2014

jair-bolsonaro-racistaSu nombre es Jair Bolsonaro, es militar en la reserva y representa al Partido Progresista (PP) en la Cámara de Diputados de Brasil. Pero sobre todo es un orgulloso homófobo que manifiesta sin pudor alguno su desprecio hacia las personas homosexuales. Y si el juego político brasileño no lo remedia, puede convertirse en el próximo presidente del Comité de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara. Bolsonaro sucedería en ese puesto a otro político homófobo, el diputado evangélico Marco Feliciano.

El perfil de Jair Bolsonaro es el contrario al que se esperaría de un político interesado en los derechos humanos. Es partidario de la pena de muerte, de que “las personas de bien” puedan ir armadas, de reducir la edad penal para que los adolescentes que cometen delitos sean tratados como adultos, de implantar políticas de “planificación familiar” para “reducir el número de hijos de los más pobres”… Lo explica bien en la entrevista que ha concedido a la edición brasileña del diario El País.

Pero Bolsonaro es sobre todo es un orgulloso homófobo, que niega de forma rotunda que en Brasil las personas homosexuales sufran discriminación, acoso o violencia. “Los homosexuales quieren hacerse pasar por víctimas, quieren superpoderes. Muere un homosexual en Brasil y los medios ya están diciendo que es homofobia. Muchos son asesinados por sus colegas, en locales de prostitución o por sobredosis. Mueren y los activistas ya dicen que es homofobia. En Brasil mueren cada día diez mujeres asesinadas por sus parejas, eso es mucho más grave. Los crímenes por homofobia deben ser tratados como cualquier otro crimen. ¿Cuántos heterosexuales mueren cada día? Muchos más que homosexuales”, afirma en la misma entrevista.

“¿Porque a uno le guste tomar por culo (…) no se le puede pegar?”

Bolsonaro niega también que educar en la diversidad sirva para combatir la homofobia, y acusa explícitamente a los que así lo defienden de querer “llevar la materia a las escuelas para transformar a niños de seis años en homosexuales. Al punto de que así se facilita la pederastia en Brasil”. Y es que para el diputado brasileño, “la inmensa mayoría” de los homosexuales lo son por imitación. “Son las amistades, el consumo de drogas. Apenas una minoría nacen con defecto de fábrica. Aquí en Brasil se tiene la idea de que por ser homosexual vas a tener éxito en la vida. Las novelas muestran siempre a gays que tienen éxito, que rabajan poco y ganan mucho dinero”, sostiene.

Bolsonaro acaba la entrevista burlándose del intento de aprobar una ley que castigue la violencia homófoba, a la que quita importancia. “¿Solo porque a uno le guste tomar por culo se convierte en un semidios al que no se le puede pegar?”, remata.

Un cínico juego político

Lo cierto es que como el propio Jair Bolsonaro reconoce abiertamente en la entrevista, su candidatura a la Comisión de Derechos Humanos no es más que una estratagema política para conseguir que el PP (que pese a su nombre, “Partido Progresista”, es un partido conservador) se haga con la presidencia de la Comisión de Minas y Energía. El PP forma parte de la “base aliada”, el heterogéneo grupo de formaciones que dan apoyo parlamentario a la presidenta de Brasil, Dilma Rouseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), y entre las cuales se reparten ministerios y comisiones parlamentarias.

En este contexto, la Comisión de Derechos Humanos y Minorías parece importar poco al PT, mucho más interesado en quedarse con Minas y Energía y relegar al PP brasileño a una comisión considerada menor. Pero con un candidato como Bolsonaro, el PT, presionado por el sector más sensible a los derechos humanos, puede verse en la obligación de negociar.

Posible sucesor de otro político homófobo

Desgraciadamente no se trata de la primera vez que el PT desprecia el papel de la Comisión de Derechos Humanos. En su momento accedió a que el diputado evangélico Marco Feliciano (miembro del Partido Social Cristiano de Brasil, otra formación aliada de Rouseff) se hiciera con la presidencia pese a contar entre sus antecedentes con declaraciones abiertamente racistas y homófobas. Ya en ese puesto, Feliciano fue uno de los promotores de una iniciativa para reintroducir en el país las “terapias” reparadoras de la homosexualidad, que fue retirada cuando quedó claro que sería objeto de una contundente derrota en el pleno de la Cámara de Diputados si llegaba a votarse bajo la presión de las movilizaciones sociales que tenían lugar en ese momento (en las que participó de forma muy activa el colectivo LGTB).

Conviene recordar que los grupos evangélicos, que agrupan a un quinto de la población brasileña, son en su mayoría fuertemente homófobos. En mayo del año pasado, por ejemplo, los evangélicos convocaban a más de 100.000 personas en Río de Janeiro para protestar contra el matrimonio igualitario, reconocido en todo el país por decisión del Consejo Nacional de Justicia. No es de extrañar que Jair Bolsonaro, pese a no formar parte de la poderosa bancada evangélica (el grupo de diputados evangélicos que, pertenecientes a diversos partidos políticos, actúan de forma coordinada en materia de moral) sí cuente con sus simpatías, una vez que parece que ha renunciado a colocar a otro de los suyos como sucesor de Feliciano.

Las personas LGTB en Brasil, un colectivo desprotegido

El escenario descrito resulta especialmente sangrante si se tiene en cuenta la situación de Brasil, un país que pese a sus avances en el reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo registra una importante LGTBfobia social, responsable de la muerte violenta de varios cientos de personas cada año (338 en 2012, según cifras del Grupo Gay de Bahía).

Han pasado poco más de dos semanas desde la última vez que nos hicimos eco de un asesinato homófobo ocurrido en ese país, el de Bruno Borges de Oliveira, un muchacho de 18 años que volvía a casa en compañía de dos amigos tras disfrutar de una noche de fiesta. Desgraciadamente es muy probable que en este intervalo de tiempo más personas hayan muerto como consecuencia de la violencia desencadenada o favorecida por su orientación sexual o identidad de género.

Fuente Dosmanzanas

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Profesor demanda a un colegio religioso concertado de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) por discriminación homófoba

Lunes, 27 de enero de 2014

1390242745_473725_1390243435_noticia_normalUn profesor ha denunciado al Colegio Calasancio Hijas de la Divina Pastora, un centro religioso concertado de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) por no haberle renovado el contrato debido a su orientación sexual. Una decisión que se tomó, según la demanda, tras hacerse pública y notoria su homosexualidad. Según la dirección del colegio, la decisión se debe a que “el perfil pedagógico del profesor no se ajusta” a su proyecto educativo. El profesor llevaba cinco años trabajando en el colegio.

Según informa El País, el profesor empezó a trabajar en el colegio en diciembre de 2008 con un contrato de relevo por jubilación parcial de otra maestra. En diciembre concluyó ese contrato y se abrió la posibilidad de pasar a formar parte de la plantilla en igualdad de condiciones al resto de trabajadores.  Según se sostiene en la demanda, la dirección del colegio ya le había avisado con anterioridad de que “dada su condición sexual, la cual ha trascendido al centro de forma notoria, no podía garantizar su continuidad”. Además se le indicó que el tema sería puesto “en conocimiento de la central” y que ellos serían “los que decidieran sobre ese particular, toda vez que podría haber padres que, por su educación cristiana o por sus ideales políticos, pudieran sentirse molestos, teniendo ello consecuencias para el resto”. En otro momento se le dijo que “la central puede considerar que el actor no se acoge al modelo que el centro quiere como profesores”. Finalmente, el 27 de noviembre se le comunicó que no seguiría trabajando en el colegio.

El centro justificó la medida en que el docente no cuenta con titulación que acredite el nivel de inglés B2, y ello pese a que según la demanda otros profesores en la misma situación sí han visto renovados sus contratos. Se da además la curiosa circunstancia de que durante sus cinco años de trabajo en el colegio el profesor fue coordinador de bilingüismo. Luis Segura, en representación de la orden de las Religiosas Calasancias, sostiene que no hubo discriminación y que simplemente “se acabó su contrato temporal”. Finalmente, tras el revuelo causado en la comunidad escolar, la dirección del centró emitió un comunicado en el que explicaba que había “ejercido el derecho de no renovar el contrato, al considerar que el perfil pedagógico del profesor no se ajusta al proyecto educativo actual y futuro del centro”.

Fundación Triángulo pide a la Junta que intervenga

Según la Fundación Triángulo, el caso es claro y el profesor denunciante posee pruebas “contundentes” de la discriminación homófoba de la que ha sido objeto. Su presidente en Andalucía, Raúl González, ha reclamado además a la Junta de Andalucía que intervenga (el colegio es un centro concertado, es decir, subvencionado con dinero público).

La Consejería de Educación de la Junta ha anunciado ya la apertura de una actuación de oficio a través de la inspección educativa, si bien el consejero de Educación, Luciano Alonso, no ha querido valorar el caso y se ha limitado a señalar que sería “triste” que la homosexualidad del profesor fuera el desencadenante de lo sucedido.

Arco iris pide un plan contra la homofobia en el sistema educativo.

La federación andaluza Arco Iris muestra su apoyo al profesor homosexual del Colegio Calasancio Hijas de la Divina Pastora de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) que alega que no se le ha renovado el contrato por su orientación sexual, y solicita una entrevista al consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, para plantear a la Junta de Andalucía “la necesidad” de un plan contra la homofobia.

Según indica la federación andaluza Arco Iris en un comunicado, existe “la necesidad” de que la Junta de Andalucía “actúe de forma contundente y ejemplarizante en este caso”. El presidente de Arco Iris, Gonzalo Serrano, asegura que “este caso de discriminación por homofobia no es una excepción en el sistema educativo en Andalucía, sino una muestra de la realidad con lo que nos enfrentamos cotidianamente los docentes homosexuales tanto en centros públicos como privados”.

No obstante, Serrano detalla que “existen claras diferencias en entre los niveles de discriminación en centros públicos y privados”. Así, señala que “en los centros privados en Andalucía es muy escaso el porcentaje de profesorado abiertamente homosexual, ya estos docentes sienten miedo a posibles despidos”.

Por otra parte, indica que “en los centros públicos también encontramos miedo a los despidos, pero fundamentalmente en el profesorado de religión”. Serrano explica que “el profesorado de religión católica, aún siendo contratado por la Junta de Andalucía, es seleccionado por la jerarquía eclesiástica en virtud del Acuerdo entre el Estado y la Santa Sede de 3 de enero de 1979″.

En este sentido, manifiesta que “la inmensa mayoría se ve en la obligación de ocultar su orientación sexual para volver a ser propuesto por el obispado de turno el curso siguiente”. Arco Iris estima que la homofobia “es un problema estructural de nuestra sociedad, que se reproduce en el seno del sistema educativo y que afecta gravemente al profesorado homosexual“.

“El profesorado abiertamente homosexual suele tener que enfrentarse con padres y madres intolerantes que ponen en duda su acción docente, criticando elementos ajenos a la orientación sexual del docente para justificar sus ataques”, lamenta Serrano, al tiempo que aclara que “afortunadamente estos padres son una minoría cuya intolerancia se fundamenta en su propia ignorancia

Arco Iris en su comunicado resalta que el sistema educativo andaluz “ha avanzado formalmente en esta cuestión, con la difusión de materiales sobre la diversidad afectivo-sexual o la impartición de cursos voluntarios contra la homofobia para el profesorado”.

Además, Serrano indica que “también fue importante la incorporación en 2010 de referencias explícitas a la homofobia en los reglamentos orgánicos de los centros andaluces”, recalcando asimismo que la lucha contra la homofobia “se encuadra en el desarrollo de las competencias básicas del alumnado, y por tanto puede ser plasmada en cualquier asignatura, además de en los planes de igualdad o escuelas espacios de paz”.

Arco Iris, reclama a la Junta de Andalucía “que dé nuevos pasos; ya es hora de que impulse un plan regional contra la homofobia en el sistema educativo, que sería el primero en los 34 años de autonomía con plenas competencias en materia educativa”.

La federación recuerda que “el artículo 37 del Estatuto de Andalucía aprobado en 2007 obliga a la Junta a orientar sus políticas públicas en la aplicación de forma efectiva de la lucha contra el sexismo, la xenofobia, la homofobia y el belicismo, especialmente mediante la educación en valores que fomente la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad”.

Para Arco Iris, este plan “debería incluir medidas de reciclado del profesorado, del personal de inspección y del de los servicios de orientación”, y enfatiza que “igualmente, los centros andaluces deberían tener la obligación de implementar su propio programa específico contra la homofobia, igual que ocurre actualmente con los planes de coeducación”.

Por ello, Arco Iris asegura que “está trabajando” desde el pasado mes de septiembre con un grupo de docentes de centros públicos de las ocho provincias andaluzas “en la preparación de propuestas concretas para diseñar este plan que esperan presentar al consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, en las próximas semanas”.

Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica , , , , , , , , , , , , , , ,

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