El activista LGTBI Charlot Jeudy fue encontrado sin vida el pasado lunes en su domicilio de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Jeudy, de 46 años, era una de las caras más visibles del activismo en el país caribeño, que ejercía desde la presidencia de la asociación Kouraj. Aunque en un principio se especuló con un posible envenenamiento, las causas del fallecimiento aún no han sido aclaradas. Las difíciles condiciones de vida de la comunidad, resultado de la LGTBfobia social que impera en Haití, hacen temer lo peor.

El cuerpo sin vida de Jeudy fue encontrado en su domicilio de Puerto Príncipe el pasado lunes, según han revelado su compañera de la asociación Kouraj Geraldine Clair Museau. Las causas del fallecimiento se desconocen, si bien en un primer momento se especuló con que pudiera haber sido envenenado. La policía no ha revelado por el momento los resultados de sus pesquisas.

Jeudy, de 46 años, era uno de los activistas LGTBI más visibles de Haití. Al frente de la asociación Kouraj luchó contra la discriminación de la comunidad en el país caribeño y  en 2016 organizó un festival para reivindicar la cultura LGTB afrocaribeña, cuya celebración fue suspendida por las amenazas de grupos violentos. «Enfrentados a una estigmatización tan permanente y brutal, violencia e insultos, muchos de nosotros, si no la totalidad, hemos perdido la esperanza de que se respete nuestra dignidad. Eso es por lo que quiero luchar», fue uno de los mensajes que Jeudy transmitió desde la organización.

Aunque las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo nunca han estado prohibidas en Haití, el país sufre desde hace unos años un recrudecimiento de la represión social y legal contra la población LGTBI. Todo comenzó con una manifestación promovida por grupos religiosos contra el matrimonio entre personas del mismo sexo que tuvo lugar el 19 de julio de 2013 y que, según medios locales, concluyó con el asesinato de dos hombres identificados como homosexuales.

Unos meses después ocurrieron violentos ataques que se saldaron con numerosos heridos y en agosto se produjo el ataque a una ceremonia privada de compromiso entre un ciudadano británico y su novio haitiano por parte de una multitud de decenas de personas, armadas con piedras y cócteles molotov. En esta ocasión, las fuerzas del orden intervinieron a tiempo de impedir que alguno de los participantes en la ceremonia fuera asesinado a manos de la horda homófoba, aunque se produjeron graves daños materiales. En noviembre de 2013, la sede de la asociación Kouraj fue asaltada por individuos armados con machetes y pistolas.

En agosto de 2017, el Senado de Haití aprobaba la prohibición del matrimonio igualitario y la «propaganda homosexual», una auténtica mordaza para el trabajo de las asociaciones LGTB, que reaccionaron con preocupación ante la perspectiva de que las medidas represoras vinieran a añadir más gasolina a la violencia contra los miembros del colectivo.

Fuente Dosmanzanas

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La introducción del matrimonio igualitario en Suecia y Dinamarca se acompañó de una caída de los suicidios en personas de orientación homosexual, según recoge un estudio publicado en la revista Journal of Epidemiology & Community Health. Los autores del estudio consideran probable que la reducción del estigma asociado a la condición de gay o lesbiana que supuso la aprobación del matrimonio igualitario, entre otras medidas, esté en la base de dicha reducción.

Siempre hemos sabido que la ley del matrimonio gay o inclusivo, que se aprobó en España en 2005, tenía consecuencias más allá de la simple posibilidad legal de casarse. En España hemos visto como la aceptación a las personas LGBT iba en aumento gracias a la normalización que nos aportó esta ley, y en Suecia y Dinamarca están midiendo los efectos que tiene al ley del matrimonio en el ratio de suicidios de las personas LGBT. Los científicos saben desde hace tiempo, que las personas casadas, sin tener en cuenta su orientación sexual, tienen menos posibilidades de suicidarse que las personas solteras. En el caso de los heterosexuales, el descenso de suicidios entre solteros y casados es del 28%.

El estudio analiza la evolución de la conducta suicida en dos periodos: el comprendido entre 1989 y 2002 y el comprendido entre 2003 y 2016. El número de suicidios cayó tanto en personas que vivían una relación heterosexual como entre las que vivían una relación homosexual, pero la reducción fue significativamente mayor en estas últimas (46% frente a 28%). Para más detalles, puedes acceder a la totalidad del estudio aquí. Cabe señalar que tanto en Suecia como en Dinamarca hay datos fiables sobre el número de suicidios, algo que lamentablemente no sucede en otros países.

Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Estocolmo y del Centro para la Prevención del Suicidio de Dinamarca ha analizado el número relativo de suicidios entre 1989 y 2002 y entre 2003 y 2016 dando como resultado que los suicidios entre personas LGTB cayeron un 42% entre los dos periodos, frente al 28% de bajada en grupos heterosexuales.

Para el estudio del ratio de suicidios entre personas del mismo sexo en Suecia y Dinamarca, siguieron 28.000 parejas del mismo sexo durante un promedio de 11 años. Para empezar dividieron los datos entre 1989 y 2002, y las personas que se casaron entre 2003 y 2016. El resultado fue apabullante, hubo un descenso de nada más y nada menos que del 46% en los suicidios entre los que se casaron en el segundo periodo.

Las fechas no son arbitrarias. Pese a su tardía incorporación al club de los países donde el matrimonio igualitario era legal (2012), Dinamarca aprobó la primera ley que dotaba de cierto amparo legal a las parejas LGBT en 1989. Por su parte, en 2003, Suecia extendió la normativa de parejas de hecho al colectivo LGTB, aunque la Ley de matrimonio llegó en 2009. Tan solo tuvieron que pasar treinta años para que los gobiernos ampliaran la base de derechos LGBT.

A corto plazo, esto tiene consecuencias en la forma en la que el colectivo LGBT se observa a sí mismo, y por tanto en su salud mental. La tasa de suicidios entre personas homosexuales o trans es mucho mayor a la de heterosexuales y cisgénero. Si a esto sumamos el efecto «salvador» del matrimonio, ya que los solteros se suicidan mucho más, el resultado, en Suecia y Dinamarca, es muy simple: menos suicidios.

Obviamente, dadas la naturaleza de la investigación, resulta imposible asegurar que dicha reducción sea consecuencia directa de la aprobación del matrimonio igualitario, y el estudio se cuida muy mucho de afirmarlo así. Hay que tener en cuenta, además, que la evolución del reconocimiento de las parejas del mismo sexo en esos países no ha sido un «todo o nada». Ambos fueron pioneros en el reconocimiento de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (Dinamarca en 1989 y Suecia en 1995). Por lo que se refiere al matrimonio igualitario propiamente dicho, Suecia lo aprobó en 2009 y Dinamarca en 2012. En ambos países, además, es posible el matrimonio religioso entre personas del mismo sexo en el seno de sus respectivas iglesias luteranas.

El estudio advierte, de cualquier modo, que queda trabajo por hacer. La tasa de suicidios dentro de los matrimonios homosexuales sigue superando con mucho a la de las parejas heterosexuales. Un estudio del 2018 basado en 35 investigaciones de diez países diferentes observó que los jóvenes LGTB trataban de suicidarse tres veces más que sus iguales heterosexuales. Ante este problema la solución parece bastante sencilla: educar y legislar.

Sin embargo, la autora principal del estudio, la profesora Annette Erlangsen, del Instituto Danés de Investigación para la Prevención del Suicidio, se muestra convencida en declaraciones a la prensa de que ha tenido mucho que ver. «La legalización del matrimonio igualitario y otras medidas legislativas de apoyo reducen el estigma asociado a las minorías sexuales», argumenta. Algo que por otra parte está en línea con lo que han mostrado otros estudios similares, como el publicado en la revista JAMA Pediatrics en abril de 2017 (ver aquí) que mostraba una reducción en la tasa de suicidios en adolescentes LGTB estadounidenses que vivían en estados que permitían el matrimonio igualitario comparados con los que lo prohibían (los datos correspondían al intervalo entre 1999 y 2015, año en que el matrimonio igualitario se hizo extensivo a todo el país por sentencia de su Tribunal Supremo).

Cabe señalar, en cualquier caso, que las tasas de suicidio siguen siendo más elevadas en personas que inician una relación de pareja homosexual que entre las que inician una relación heterosexual, algo que también está en línea con lo recogido en otros estudios y que es fiel reflejo de la discriminación que todavía viven las personas de orientación homo o bisexual.

No es la primera vez que se hace un estudio de este tipo. En 2017 la Universidad de Hardvard hizo un estudio sobre los suicidios de personas LGBT en la adolescencia y concluyeron que había un 14% menos de suicidios en los estados que tenían una ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo.

De todos modos el estigma sigue ahí. Aunque se haya mejorado mucho en los últimos años, el estudio de daneses y suecos también concluye que las personas en matrimonios con personas del mismo sexo son 2,3 veces más proclives a suicidarse que los heterosexuales. Esto nos da una información muy clara: todavía queda mucho camino por recorrer para conseguir la plena igualdad, aunque en los últimos años hemos dado pasos de gigante en lo que a nuestros derechos y bienestar psicológico se refiere.

Fuente  Queerty, vía Oveja Rosa/AmbienteG/Dosmanzanas

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Los grupos parlamentarios socialista y mixto (compuesto por dos diputadas de IU y Podemos) registraron el pasado miércoles, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Trans, la proposición de ley integral trans que el Parlamento de La Rioja fue incapaz de aprobar durante la pasada legislatura. La Rioja es una de las pocas comunidades autónomas que todavía no dispone de un marco regulatorio propio que proteja a las personas trans contra la discriminación en el ámbito autonómico. El hecho de que por primera vez en 25 años la izquierda disponga de mayoría en el parlamento regional debería garantizar su aprobación, después de que el obstruccionismo del PP (con la calculada complicidad de Ciudadanos) lo impidiese la pasada legislatura.

Tanto el portavoz del grupo socialista en el parlamento regional, Raúl Díaz, como el coordinador del Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida (ALEAS-IU) en La Rioja, Álvaro Villar, mostraron su disposición a que la proposición sea aprobada sin más demora que la obligada por el trámite parlamentario. Díaz adelantó que tras su registro, el Gobierno de La Rioja debe manifestar su criterio sobre la proposición (a favor o en contra) y después celebrarse en el pleno el debate de admisión a trámite. Después comenzará la discusión en comisión o en ponencia para volver finalmente al pleno y ser aprobada. Pasos todos ellos que la proposición debería superar sin problema: el Gobierno de La Rioja está formado por una coalición entre PSOE y Podemos y las tres formaciones de izquierda disponen juntas de mayoría absoluta en el parlamento regional.

La previsible aprobación de la ley integral trans pondrá punto final a un vergonzoso periodo de vaivenes políticos. Hay que recordar que esta misma proposición, que había sido consensuada con los principales colectivos LGTBI de La Rioja, ya fue presentada hace dos años por los grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Podemos, que entonces ya contaban con mayoría suficiente para haberla aprobado (los populares habían perdido la mayoría absoluta en el Parlamento de La Rioja en 2015, aunque siguieron gobernando gracias al apoyo de los naranjas). Una mayoría que finalmente no pudo materializarse antes del final de la legislatura debido a las maniobras dilatorias del PP, que contaron con la calculada complicidad de Ciudadanos (los populares solicitaron un informe al Consejo Consultivo de La Rioja. PP y Ciudadanos se negaron a que dicho trámite se realizara por vía de urgencia, lo que finalmente impidió que la proposición pudiese ser aprobada). «El Parlamento de La Rioja y el Gobierno de La Rioja como instituciones quedan en muy mal lugar cuando se airean las incompetencias, la lentitud y el juego sucio. El descrédito de las instituciones es consecuencia de actitudes como estas, en las que el trabajo de toda una legislatura se tira a la basura por 10 días, y encima queriendo», se lamentaba entonces el colectivo Marea Arcoíris.

Confiemos que en en esta ocasión, una vez que PP y Ciudadanos han perdido la capacidad de ejercer en La Rioja el filibusterismo parlamentario, la proposición sea aprobada. En este sentido, conviene recordar que a la espera de que se actualice el anacrónico marco legislativo estatal, ni La Rioja, ni Asturias, ni Cantabria ni ambas Castillas cuentan con leyes que otorguen protección a las personas trans, ya sea en forma de ley específica (como ha sucedido en Navarra, País Vasco, Andalucía, Canarias, Madrid o la Comunidad Valenciana) o en el marco de leyes generales de igualdad LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

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Lo publicamos con sus propias palabras porque, son tan nauseabundas, que hace falta conocerlos a fondo…

El PSOE pide «consenso» para aprobar la ley Lgtbi ante la «amenaza» de la extrema derecha

La ley se quedó sin aprobar en la pasada legislatura «por las excusas y la ausencia de interés real» del resto de grupos

El PSOE de Cantabria ha pedido «consenso» a los grupos parlamentarios para aprobar la Ley Lgtbi y ha hecho un llamamiento para defender los derechos de este colectivo ante la «amenaza» del auge de la extrema derecha y su «histórico desprecio» hacia él.

Así lo ha manifestado este martes en rueda de prensa la portavoz del grupo parlamentario socialista, Noelia Cobo, después de que el Ejecutivo cántabro aprobara en el Consejo de Gobierno de la semana pasada remitir al Parlamento de Cantabria el proyecto de Ley Lgtbi para reiniciar su tramitación, «frustrada en la anterior legislatura».

Cobo ha pedido el apoyo de las fuerzas políticas que «de verdad crean en la diversidad y en los derechos de todos», en un momento en el que, a su juicio, «tiende a imponerse en la derecha española el discurso radical de formaciones políticas como Vox», con «ideas excluyentes» en torno al colectivo Lgtbi.

Por ello, ha dicho que la sociedad espera políticas que «amparen y den cobertura legal ante quienes pretendan sembrar odio y discriminación», y ha considerado que la ley se quedó sin aprobar en la pasada legislatura «por las excusas y la ausencia de interés real» del resto de grupos, que «se oponían a que este colectivo tuviese los mismos derechos» que el resto de ciudadanos mientras a la vez acudían a manifestarse el día del Orgullo Gay, ha dicho.

Tal y como ha recordado, la pasada legislatura se admitieron a trámite 23 comparecencias a la ley Lgtbi con los votos del PP, Ciudadanos y PRC, «alargando los plazos de tramitación y dejándola sin tiempo efectivo para su aprobación».

No obstante, Cobo ha destacado que los socialistas prometieron volver a llevarla al Parlamento y que es la primera ley autonómica que impulsan desde el Ejecutivo, «apenas» superados los 100 días de gobierno. «Los socialistas cumplimos y ahora les toca a otros demostrar qué Cantabria es una tierra de derechos y no de derechas», ha insistido.

En cuanto a la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género’, conocida como Ley ‘Lgtbi’, ha avanzado que promocionará el desarrollo de políticas públicas contra la discriminación, dará amparo a las víctimas de discriminaciones y agresiones por identidad u orientación sexual y recoge sanciones para quienes pretendan «enarbolar el odio» hacia el colectivo.

Entre otras cuestiones, reconoce el derecho de los menores Lgtbi a su propia identidad de género y orientación sexual dentro del proceso de formación de su personalidad, garantizando por parte de la administración la educación inclusiva y el apoyo sanitario en todo el proceso vital.

En el caso de las personas ‘trans’, el marco normativo facilitará el proceso de la progresiva adaptación de la persona, siendo «urgente», además, promover su integración laboral y garantizar protocolos y tratamientos adecuados en la sanidad pública, así como que se respete su identidad en las competiciones deportivas.

Además, la ley prohibiría las llamadas terapias de aversión -que pretenden modificar la identidad y el comportamiento de las personas Lgtbi- y en los colegios obligaría a respetar el nombre que elija cada alumno transexual o sus tutores legales y su indumentaria e imagen física.

Por último, los socialistas reivindican que las administraciones públicas de Cantabria garanticen la libre determinación del género de cada persona como un derecho fundamental.

 Y ante esto, la asociación HazteOir.org ha señalado que va a «hacer todo lo posible», suponemos  que de la mano de su hermano gemelo VOX, para «frenar» la Ley LGTBI de Cantabria porque, en su opinión, «discrimina a los ciudadanos en función de sus preferencias …

«La asociación HazteOir.org va a trabajar duro para lograr que la ley LGTBI mordaza de Cantabria no salga adelante. El intento de aprobar esa norma liberticida en la legislatura anterior fracasó porque la mayoría de los cántabros la rechazan», ha dicho la portavoz de esta entidad, Teresa García-Noblejas.

Así lo ha manifestado en un comunicado después de que la portavoz socialista en el Parlamento regional, Noelia Cobo, haya pedido hoy «consenso» a los partidos políticos para aprobar esta ley y defender los derechos de este colectivo, y frente a los que HazteOir ha recordado que esa ley LGTBI «fracasó» en la pasada legislatura porque «la mayoría de los cántabros la rechazan».

«Los partidos cántabros tendrán ahora ocasión de retratarse y decir públicamente si quieren o no discriminar a los ciudadanos en función de sus preferencias sexuales, si eligen o no otorgar privilegios a determinadas personas sólo porque se acuestan con personas de su mismo sexo o si, por el contrario, prefieren seguir defendiendo la igualdad de todos los cántabros independientemente de sus circunstancias, características y deseos», ha señalado la portavoz de la asociación.

García-Noblejas ha señalado que desde HazteOir «respetamos los derechos de todas las personas pero no hace falta legislar para defender supuestos derechos de cada minoría». «Las leyes LGTBI aprobadas en otras comunidades autónomas están vulnerando las libertades de todos», ha opinado.

Y como ejemplo de su consideración, ha dicho que «esas normas mordaza obligan a los centros educativos y a los profesores a dejar entrar en las aulas a activistas e ideólogos de género que hablan a los niños de cómo obtener placer erótico y proporcionárselo a otros», como en La Rioja con las charlas del SERISE (Servicio Riojano de Sexología) o el Programa SKOLAE en Navarra.

«Y todo ello sin conocimiento ni autorización de los padres, lo cual vulnera la Constitución Española y los tratados internacionales suscritos por España», ha dicho la portavoz de HazteOir.org, para quien, con esas leyes, «los profesionales de la Sanidad, los padres, los medios de comunicación, los docentes y en general todos los ciudadanos ven amenazadas sus libertades».

Algo que, en su opinión, sucede también con los niños «a los que se invita a cuestionar su identidad sexual y dejando aparte los cientos de miles de euros con los que se beneficia a asociaciones y grupúsculos varios para difundir la ideología de género», ha criticado la portavoz de la asociación.

«Hasta ahora los políticos han impulsado a escondidas estas leyes en los parlamentos regionales y se han salido con la suya, pero eso ya se ha acabado. En Castilla y León más de 22.700 ciudadanos están contribuyendo a paralizar una norma que todos perciben como mordaza y pocos se atreven a decirlo y en Cantabria la gente va a reaccionar y los políticos tendrán que guardar la ley en un cajón», ha concluido.

Fuente Agencias

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El Tribunal de Apelaciones de las Islas Caimán ha resuelto a favor del Gobierno insular y ha revertido la sentencia que declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario. De esta manera, en el territorio británico vuelve a estar vigente la legislación que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. A su vez, el Tribunal de Apelaciones ha ordenado a las autoridades ejecutivas que creen una figura legal que otorgue derechos a las parejas del mismo sexo, aunque no fija un plazo determinado, sino que urge a que se realice con la mayor celeridad posible. De esta manera, las personas LGTB de las Islas Caimán ven cómo pierden un derecho que se les había reconocido.

El pasado mes de marzo, el Alto Tribunal de las Islas Caimán dictaminaba a favor de Chantelle Day y su pareja, la británica Vickie Bodden Bush, que habían presentado una denuncia en abril de 2018 por habérseles denegado en el Registro Civil la posibilidad de contraer matrimonio. El presidente del Alto Tribunal, el juez Anthony Smellie, resolvió que Chantelle y Vickie tenían razón y que la denegación del permiso de matrimonio por ser una pareja del mismo sexo era contraria a la Constitución de las Islas Caimán.

El juez Smellie también ordenó en su sentencia que el Gobierno reformase el artículo de la Ley de Matrimonio que definía la institución como «la unión entre un hombre y una mujer» para que quedase calificado como «la unión de dos personas como cónyuges». Sin embargo, el Gobierno decidió apelar la decisión del Alto Tribunal y presentó el correspondiente recurso en el mes de agosto.

Tras estudiar el recurso y dar audiencia a las partes, el Tribunal de Apelaciones ha resuelto a favor del Gobierno y ha anulado la sentencia del Alto Tribunal, al considerar que la legislación sobre el matrimonio sí se ajustaba a la Constitución de las Islas Caimán. Sin embargo, también ha ordenado al Gobierno que otorgue a Chantelle Day y Vickie Bodden Bush los mismos derechos que a una pareja legalmente casada. Asimismo, insta a que se cree con la mayor celeridad una figura legal que otorgue a las parejas del mismo sexo derechos semejantes a los del matrimonio, como podría ser una ley de uniones civiles.

El Tribunal de Apelaciones también ha solicitado a las autoridades del Reino Unido que vigilen que el Gobierno caimanés articule la citada legislación y, en caso de no hacerlo, que legisle al respecto, al hacer constar que el Gobierno no había cumplido la orden dictada anteriormente por el Alto Tribunal. Sin embargo, no fija un plazo determinado para que intervengan las autoridades británicas.

El abogado de las demandantes, Ben Tonner, ha declarado que ambas están estudiando qué pasos van a seguir desde ahora, aunque «son conscientes de que la sección 26(3) de la Carta de Derechos les da el derecho de apelar ante el Comité Judicial del Consejo Privado sobre el asunto del matrimonio». Se trata de la más alta instancia de apelación para los ciudadanos del Reino Unido y de sus territorios.

El matrimonio igualitario en Reino Unido, sus dependencias y territorios

La composición política y territorial del Reino Unido es compleja, lo que repercute en la legislación de derechos como el matrimonio igualitario, ya que cada territorio o dependencia tiene competencia plena al respecto. La situación es la siguiente (entre paréntesis, la entrada en vigor de la correspondiente legislación):

En las tres dependencias de la Corona:

• La isla de Man (2016), Guernsey (2017) y Jersey (pendiente de sanción real) cuentan ya con leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo.
• El Bailinazgo de Guernsey tiene, a su vez, dos dependencias: en Alderney las parejas del mismo sexo puede casarse desde el 13 de diciembre de 2017, mientras que en Sark aún no se ha legislado al respecto, pero sus responsables políticos se han comprometido a hacerlo próximamente.

En los 14 territorios de ultramar:

• El matrimonio igualitario está aprobado en las islas Pitcairn (2015); el Territorio Antártico Británico (2016); la base de Acrotiri y Dekhelia (2014); Gibraltar (2016); el Territorio Británico del Océano Índico (2014); las islas Malvinas (2017); Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur (2014); y el territorio que conforman la isla de Santa Elena, la isla Ascensión y Tristán de Acuña (2017) y Bermudas (2018).
• No es legal en Anguila (aunque sí se reconocen los matrimonios celebrados en circunscripciones donde está permitido), las islas Vírgenes Británicas, las islas Caimán, Montserrat y el territorio conformado por las islas Turcas y Caicos.

En el propio Reino Unido en sí:

• Existe el matrimonio igualitario en Inglaterra, Gales (2014) y Escocia (2014).
• En febrero del 2020 entrará en vigor en Irlanda del Norte, después de que la Cámara de los Comunes aprobase una legislación que establecía que, de no formarse Gobierno en Irlanda del Norte antes del 21 de octubre, el ejecutivo británico debería aprobar de inmediato el matrimonio entre personas del mismo sexo en ese territorio.

Fuente Dosmanzanas

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Se da la curiosa circunstancia de que RTVE, Mediaset y Atresmedia han rechazado pujar por la emisión del campeonato celebrado en el país cuyo Gobierno ha calificado recientemente la homosexualidad, el feminismo y el ateísmo como «extremistas». Amnistía Internacional ha realizado un llamamiento para presionar al reino saudí a instaurar reformas aperturistas reales. La asociación Deporte y Diversidad, por su parte, rechaza que la Real Federación Española de Fútbol sitúe los intereses económicos por encima de los derechos humanos.

Los tres partidos en los que se divide por primera vez la Supercopa, dos semifinales y una final, se celebrarán por primera vez fuera del territorio español para seguir internacionalizando la fama de una de las que está considerada una de las mejores ligas de fútbol del mundo. El nuevo formato responde a un interés comercial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ya que antes la Supercopa la disputaban el ganador de la Liga contra el ganador de la Copa del Rey.

Un movimiento que, según recoge Marca, también corresponde a un intento de contribuir a un proceso del reino saudí de limpieza de imagen exterior, «trasladando al mundo un mensaje de apertura y cambio en su sociedad». Algo que no parece ser la realidad del rico país petrolero. Desde el Gobierno saudí se ha lanzado recientemente un vídeo en el que califica la homosexualidad y el feminismo como «extremistas» y los compara con una bomba. Un vídeo que las autoridades se han afanado en retirar tras comprobar la respuesta internacional. Sin embargo, Arabia Saudí ya ha quedado retratada ante el mundo, y no se libra de su imagen retrógrada ni con su última medida referente a este partido: que las mujeres puedan entrar al estadio sin restricciones.

En este sentido, Amnistía Internacional ha alertado que dicho vídeo «contradice claramente la falsa imagen reformista del reino de la que sigue haciendo alarde en el ámbito internacional el príncipe heredero Mohammed bin Salman». Y anima a los aliados del régimen saudí, entre los que se encuentran Estados Unidos, Reino Unido y los países de la Unión Europea (entre ellos España) a «presionar al reino saudí y subrayar la necesidad urgente de proteger la libertad de expresión en el país, comenzando con la excarcelación de las personas que defienden los derechos humanos y que están en prisión, y de todas las personas privadas de libertad por la expresión pacífica de sus ideas». Algo que choca claramente con el acuerdo de la RFEF.

En el contexto de la polémica, RTVE ha rechazado pujar por la emisión de este partido. Algo que el ente justifica por razones humanitarias, aunque según Europa Press las razones económicas también habrían pesado (no hay que olvidar que RTVE pasa por un delicado estado global, enfrentada a una situación económica que no alcanza el equilibrio y a una importante crisis de audiencia). Los dos grupos generalistas privados, Mediaset y Atresmedia, también han declinado pujar por emitir el evento deportivo.

Con todo esto, la respuesta de la RFEF es que la celebración de este campeonato puede ayudar a crear un espacio para la mejora de la situación de las personas en Arabia Saudí. «Teníamos el reto de ayudar a que los niños y las niñas de Arabia Saudí pudieran mejorar por medio del deporte (…) Creemos en el fútbol como herramienta social y de cambio y aceptamos el reto de transformación que hay en Arabia Saudí con una Supercopa que sin duda va a ser la más emocionante de la historia», ha señalado el presidente de la RFEF, Luis Rubiales. Es necesario también señalar que los equipos llamados a participar en este evento no han mostrado su disconformidad ante la elección del país dictatorial para la celebración del campeonato. Se trata del campeón de liga (F.C. Barcelona), el campeón de la Copa del Rey (Valencia C.F.), y los nuevos añadidos a este sistema, el segundo y tercer clasificados de la liga (Atlético de Madrid y Real Madrid).

Deporte y Diversidad reclama a la RFEF y a los clubes romper el acuerdo

Por su parte, la asociación Deporte y Diversidad, que agrupa a varios clubes deportivos LGTBI de la Comunidad de Madrid, ha expresado su rechazo a la decisión debido a la situación de la comunidad LGTBI en Arabia Saudí. «El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, afirmó en la cadena SER que la posibilidad de que las mujeres accedan a los estadios ‘está en el acuerdo’. En sus declaraciones explicó que podían ‘haberlo hecho en otro país y darle la espalda a las mujeres y hombres que viven allí, o participar activamente para hacer ver que una sociedad puede transformarse’. El señor Rubiales ha olvidado en esta especie de justificación a las personas LGTBI, que son condenadas a muerte en este país solo por ser cómo son», ha denunciado su presidente, David Guerrero. Deporte y Diversidad reclama tanto a la RFEF como a los clubes participantes que rompan el acuerdo. «El deporte no debe utilizarse para blanquear la imagen de un país que no garantiza los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI», expresa en su comunicado.

La asociación de deportistas LGTBI señala que decisiones como esta de la RFEF son las que dan pie a la ausencia de referentes LGTBI en el fútbol profesional masculino. «Además de enfrentarse a los insultos de las gradas o el aislamiento de ciertos patrocinadores, un futbolista gay que quisiera vivir en libertad vería además su vida en peligro al participar en la Supercopa o en el próximo Mundial de Qatar», ha señalado Guerrero. Deporte y Diversidad, además, recuerda que en mayo de 2017 la UEFA, cuya vicepresidencia ostenta actualmente el propio Luis Rubiales, incluyó la obligatoriedad de respetar y proteger los Derechos Humanos en un capítulo específico de los requisitos que deben certificar aquellos países interesados en organizar las finales de competiciones de clubes de la UEFA desde 2020 en adelante.

Una régimen hasta ahora implacable con el colectivo LGTBI

Hay que tener en cuenta que, en Arabia Saudí, una monarquía absoluta y teocrática, no existe un Código Penal propiamente dicho, sino que la justicia se aplica en base a la interpretación que los jueces islámicos hacen de la sharía, que puede variar enormemente (entre otros factores, según la clase social y la nacionalidad del «culpable»: normalmente los castigos son mucho más duros para trabajadores inmigrantes de origen no occidental que para los miembros de las clases altas del país).

Por lo que se refiere a la esfera LGTBI, las penas más elevadas, incluyendo la muerte —pero también la cárcel o castigos físicos, como los latigazos públicos— corresponden al mantenimiento de relaciones homosexuales. En caso de reincidencia la pena de muerte es aún más probable. Otro tipo de «ofensas» son castigadas de modo diverso.

Nos hemos hecho eco de algunos casos: en marzo de 2017, por ejemplo, informábamos de la detención de 35 ciudadanos paquistaníes por participar en una «fiesta para homosexuales». También dimos cuenta de la tortura y asesinado de dos mujeres transexuales por parte de la Policía de la Moral. En noviembre de 2014, recogíamos cómo un hombre era condenado a tres años de cárcel por publicar en redes sociales fotografías de sí mismo desnudo y su ofrecimiento para mantener relaciones con otros hombres. Meses antes, otro hombre era condenado también a tres años de cárcel y 450 latigazos por buscar contactos con otros hombres a través de Twitter. Meses antes, otro hombre era condenado también a tres años de cárcel y 450 latigazos por buscar contactos con otros hombres a través de Twitter. En junio de 2013, cinco hombres eran detenidos por participar supuestamente en una boda homosexual. En enero de 2012, en otro caso parecido, un hombre era arrestado por usar Facebook para establecer contacto. En octubre de 2011 eran detenidos 20 hombres durante una celebración. Un año antes era un ciudadano británico el que resultaba agredido y amenazado por la policía religiosa por su condición de gay.

Más allá de las condenas y arrestos, también nos hemos hecho eco de iniciativas que muestran la homofobia de estado en el país saudí: desde la intención de las autoridades de expulsar del sistema educativo a homosexuales y chicas de aspecto masculino hasta la oposición del gobierno al uso del dominio .gay en Internet, o, aún más grave, la iniciativa para castigar con la pena de muerte a quienes hagan pública su orientación sexual en redes sociales y medios.

Fuente Dosmanzanas

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Francisco Igea (Ciudadanos), a la izquierda, y el Presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP), a la derecha,

Ampliamos la noticia que publicábamos hace unos días porque ilustra perfectamente a qué estamos abocados con la irrupción de la extrema derecha blanqueada por el partido Popular y Ciudadanos. Y lo hacemos cuando se cumple hoy, un año más, el aniversario de la muerte del siniestro dictador Francisco Franco. Pues bien, ha vuelto en cada voto a la extrema derecha. Aviso a navegantes…

Se cumplieron los peores temores. PP, Ciudadanos y Vox han rechazado en las Cortes de Castilla y León la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos castellanoleoneses, y que durante la pasada legislatura Ciudadanos sí que había apoyado. Los naranjas apuestan definitivamente por ir de la mano del PP para aprobar un texto recortado, especialmente por lo que a medidas en educación y menores trans se refiere.

Ya el pasado septiembre recogíamos la marcha atrás de Ciudadanos, que tras apoyar la proposición de ley presentada por los colectivos en la pasada legislatura (y que estos volvieron a registrar una vez iniciada la nueva legislatura de la mano de los grupos socialista y mixto), daban un giro de 180 grados. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en la región, ponía incluso cifras al recorte, al asegurar que la propuesta del Gobierno regional recogería «un 70%» de lo incluido en la proposición de los colectivos. En efecto, en octubre conocíamos que la Junta de Castilla y León se oponía a la toma en consideración del texto propuesto por los colectivos, un rechazo que esta semana se ha materializado en las Cortes regionales, donde PP, Ciudadanos y Vox han unidos sus votos para darle carpetazo.

Un rechazo que la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FECyLGTB+) considera que solo se puede entender, en el mejor de los casos, «como un intento de colgarse medallas políticas que no merecen ni PP ni Ciudadanos, presentando una ley propia con recortes para silenciar la ley de los colectivos LGTB+ de la comunidad», y en el peor de los casos «por un interés ideológico del Partido Popular y Vox, con la aquiescencia de Ciudadanos, que pretenden recortar aspectos claves de los derechos LGTB+ en Castilla y León». «Mucho nos tememos que, en el fondo, nos vamos a encontrar con ambas cosas», ha asegurado su presidente, Ignacio Paredero. «Uno de los aspectos fundamentales de nuestra ley es garantizar los derechos trans, la atención sanitaria integral, la despatologización, la libre autodeterminación de género y los derechos de los menores transexuales. Todo eso está garantizado en nuestra ley, pero en el borrador de la Junta no. Mucho nos tememos que el bloqueo de hoy tiene que ver con esto», añadía Amanda Azañón, presidenta de Lesgávila, una de las entidades miembro de la FECyLGTB+”.

Los recortes que planean PP y Ciudadanos sobre el texto de los colectivos

Como comentamos en la anterior entrada que dedicamos a este tema, más allá de cálculos numéricos sobre el «porcentaje» de recortes que el texto que propone la Junta supone respecto al propuesto por los colectivos, llaman la atención aspectos como:

• la desaparición del protocolo ginecológico para mujeres lesbianas y bisexuales previsto en el artículo 15 del proyecto de los colectivos.
• la desaparición del «Centro Memoria Democrática y Documentación de la Diversidad Sexual y de Género de Castilla y León» previsto en el artículo 33 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación explícita de la revisión de contenidos que impliquen discriminación o violencia contra la diversidad sexual en el colegio prevista en el artículo 25 del proyecto de los colectivos, y su sustitución por una mención genérica al uso de «recursos materiales, audiovisuales, libros de texto o cualquier otro tipo de soporte que promueva el respeto a la diversidad sexual y de género». 
• la eliminación de dos asignaturas optativas de oferta obligatoria (Derechos Humanos en primaria y Educación Sexual en secundaria) previstas también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación de la no concesión de subvenciones o conciertos a los centros educativos que discriminen a sus alumnos por razón de su diversidad sexual y de género o su diversidad familiar, prevista también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación de la obligatoriedad del protocolo de prevención del acoso escolar por diversexfobia en todos los centros educativos previsto en el artículo 27 del proyecto de los colectivos.

Pero quienes llevan la peor parte, con diferencia, son las personas trans, y muy especialmente los menores, que ven claramente mermados sus derechos respecto a la propuesta de los colectivos. Algunos ejemplos:

• Desaparece la definición de amparo legal para los menores trans que contempla el artículo 9 del proyecto de los colectivos («el amparo de los menores en la presente ley se producirá por mediación de sus tutores o guardadores legales o a través de servicios sociales de protección de los menores cuando se aprecie la existencia de situaciones de sufrimiento e indefensión por negación abusiva de su identidad de género»).
• Desaparece el derecho de las personas trans a una segunda opinión en el ámbito sanitario que contempla el artículo 12 del proyecto de los colectivos (derecho a «solicitar, en caso de duda, una segunda opinión a otro miembro del personal médico antes de acceder a tratamientos o intervenciones quirúrgicas con efectos irreversibles»).
• Desaparece la eliminación expresa de la necesidad de un examen psicológico o psiquiátrico específico para personas trans que precisen asistencia psicológica, y que contempla también el artículo 12 del proyecto de los colectivos («La asistencia psicológica a las personas trans será la común prevista para el resto de los usuarios del sistema sanitario, sin que quepa condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada a las personas transexuales a que previamente se deban someter a examen psicológico o psiquiátrico»).
• Se incluye un requerimiento de acuerdo por parte del médico para que las personas transexuales puedan someterse a determinados procedimientos quirúrgicos sin previo tratamiento hormonal, requerimiento que no está contemplado en el proyecto de los colectivos.
• Se modifica la capacidad de consentimiento de los menores trans sobre el tratamiento médico oportuno para garantizar que su desarrollo se corresponda a su sexo sentido, otorgándose un papel preponderante al Ministerio Fiscal «como superior garante de los derechos de la infancia» cuando alguno de los representantes legales del menor se oponga.
• Se subordina el derecho de las personas trans a ser nombradas y tratadas por el sistema sanitario de acuerdo con el género con el que se identifican a que antes se proceda a una actualización de su documento de identificación, «de modo
  que pueda asegurarse la adecuación de todos y cada uno de los sistemas de información, que recogen datos clínicos de las personas».

Especialmente peligrosa es la introducción, en el borrador de proyecto de ley del Gobierno regional, de la garantía de que en las actividades educativas diferenciadas por sexo los menores trans usarán las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género «atendiendo de manera personalizada las necesidades de cada alumno o alumna» en lugar de la garantía prevista en el proyecto de los colectivos, según la cual estos podrían usar las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluidos los aseos y vestuarios. Una redacción que abre la puerta a los baños diferenciados para menores trans, un elemento claramente discriminatorio.

Conversaciones de la Junta con grupos ultraconservadores

Son solo algunos de los elementos que diferencian la proposición de los colectivos ahora rechazada por Ciudadanos, pero que en su momento contó con su apoyo, y la que ahora hace la Junta de Castilla y León, en manos de PP y de la formación naranja. Recortes que según ha denunciado en diversas ocasiones la FECyLGTB+ fueron en parte negociados durante la pasada legislatura por el PP con grupos contrarios a los derechos LGTBI. De hecho el propio presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido a la organización ultraconservadora HazteOír una reunión con su consejera de Educación para discutir sobre su petición de que los centros educativos deban pedir permiso a los padres para que sus hijos acudan a cualquier actividad relacionada con la materia (algo que la extrema derecha de Vox ya ha arrancado a los gobierno de Murcia y de Andalucía, también de coalición entre PP y Ciudadanos).

También es reseñable la operación urdida por grupos ultraconservadores, que consiguió inundar de comentarios contrarios a cualquier tipo de proyecto de ley LGTBI la web que permite a los ciudadanos de Castilla y León dar su opinión sobre normas que se van a discutir en las Cortes regionales. De hecho, HazteOír, que se ha felicitado de lo sucedido esta semana, ha manifestado que si la ley LGTBI no ha sido aprobada en Castilla y León «es porque los ciudadanos se están dirigiendo a los políticos para explicarles que esa norma es una barbaridad contra los niños y las familias».

Fuente Dosmanzanas

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El odio homófobo vuelve a hacer acto de presencia en las calles de Georgia. El motivo esta vez ha sido el estreno de And Then We Danced, una coproducción sueco-georgiana que narra el romance entre dos bailarines en el difícil contexto social y religioso del país caucásico.

Grupos cristianos y ultraderechistas se manifestaron el pasado viernes para intentar impedir la exhibición de la película, que opta al Óscar al mejor filme internacional. Aunque no lo consiguieron, quemaron banderas arco iris y lanzaron cohetes que hirieron a varias personas.

And Then We Danced («Y entonces bailamos») es una película sueco-georgiana que narra el romance entre dos bailarines de la danza tradicional del país caucásico. Aclamada en el festival de Cannes, el filme refleja las dificultades que sufren los ciudadanos LGTB en Georgia, una sociedad muy tradicional y religiosa que reacciona con hostilidad a las relaciones entre personas del mismo sexo.

Horas antes del estreno de la película, que acaparó titulares en los medios de comunicación, varios cientos de personas se fueron congregando en los alrededores del cine Amirani de Tiflis, entonando consignas homófobas y quemando banderas arco iris. Los manifestantes, una amalgama de nacionalistas, prorrusos y ortodoxos, bloquearon la entrada al local y arrojaron cohetes a la policía, que intentaba proteger el acceso de los espectadores a la sala. El ministerio del Interior se había comprometido a garantizar la seguridad del evento.

AP Photo/Zurab Tsertsvadze

Las escenas se repitieron en la ciudad costera de Batumi, donde también se exhibió el filme, y en otros cuatro pases en Tiflis durante el fin de semana. Las protestas se saldaron con cuatro heridos que requirieron asistencia médica y cerca de treinta manifestantes detenidos. A pesar de ello, el director de And Then We Danced, Levan Akin, expresó su satisfacción por que los cines no hubieran cancelado la première. El mismo viernes pasado, el protagonista de la película Levan Gelbakhiani ganaba el premio a mejor actor principal en el festival internacional de cine de Minsk (Bielorrusia), en otro país con una acusada LGTBfobia social y de Estado.

La extrema derecha ataca al colectivo LGTB en Georgia

En los últimos años, tanto la iglesia como los ultraderechistas han impedido la normal celebración de actos y reivindicaciones en el Día Internacional contra la LGTBfobia (en 2013, por ejemplo, dosmanzanas recogía que contramanifestantes homófobos provocaron varios heridos en Tiflis). El año pasado, un joven radical agredía a un activista LGTB que se encontraba pronunciando un discurso para un pequeño grupo en una vía pública de Tiflis, solo unos días después de que las amenazas de la extrema derecha obligaran al activismo a desconvocar la manifestación por el día contra la LGTBfobia. Los activistas LGTB atribuyen el fortalecimiento de los grupos extremistas a la pasividad de las autoridades hacia las cuestiones de política social y les han pedido que asuman la responsabilidad de lo que está sucediendo.

El Parlamento de Georgia aprobó en 2014 una ley contra la discriminación, que incluye la protección con respecto a la identidad de género y a la orientación sexual. Aunque se levantaron algunas voces críticas con la legislación, por quedarse corta, lo cierto es que supuso un avance, desafortunadamente más sobre el papel que en hechos, teniendo en cuenta la notable influencia social de la iglesia ortodoxa y apostólica georgiana, especialmente hostil a los derechos de la comunidad LGTB. En el informe anual sobre derechos LGTBI en Europa, que incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI, Georgia ocupa el puesto 24 de 49.

Fuente Dosmanzanas

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Nuevo episodio de LGTBIfobia. Dos chicas menores de edad sufrieron una brutal agresión por parte de tres jóvenes hace unos días en un parque de la localidad coruñesa de Carballo. Los agresores, todos chicos, las vieron besándose y comenzaron a insultarlas, poco antes de golpearlas. Las víctimas —que aún se encuentran en el armario— tuvieron que ser atendidas en un centro sanitario de la localidad, pero decidieron no denunciar los hechos ante la Guardia Civil por temor a posibles represalias.

Los hechos tuvieron lugar en el parque do Anllóns, situado en las inmediaciones de la nueva estación de autobuses de la localidad de Carballo (A Coruña). Dos chicas, de entre dieciséis y diecisiete años, se encontraban besándose en ese lugar cuando tres adolescentes se acercaron a ellas y comenzaron a proferirles insultos homófobos. Las menores, asustadas, decidieron marcharse del lugar.

Sin embargo, los tres chicos que las estaban increpando decidieron seguirlas y, en un momento dado, empezaron a golpearlas violentamente, propinándoles patadas y puñetazos, antes de darse a la fuga. Como consecuencia de la paliza, y según apunta el diario La Voz de Galicia, tuvieron que ser atendidas en un centro médico. Una de las jóvenes sufrió «un gran moratón en uno de sus ojos y múltiples hematomas por el resto del cuerpo», mientras que la otra «sufrió un severo corte en un labio».

«Ni con ellas ni con sus familias hemos hablado, pero sí con personas muy cercanas a nuestra asociación que residen en Carballo y las conocen», comenta a Dosmanzanas Óscar Rodríguez, miembro del colectivo A.L.A.S A Coruña y técnico del Observatorio Coruñés contra la LGTBIfobia. «Lo que nos cuentan es que las chicas fueron agredidas en el lugar que citan todos los periódicos, que no han presentado denuncia por no estar fuera del armario en sus casas y que fueron atendidas por personal sanitario».

Tras conocer la noticia, el Ayuntamiento de Carballo hizo público a través de su perfil en Twitter un mensaje para expresar «una vez más y todas las que hagan falta, su absoluto rechazo a cualquier forma de violencia y su apoyo a las libertades individuales, también a la libertad afectivo sexual». Precisamente el alcalde de Carballo —Evencio Ferrero— y la concejala de Igualdad, Bienestar y Salud del Ayuntamiento —Maika Ures— mantuvieron esta semana una reunión con varios representantes del Observatorio Coruñés contra la LGTBIfobia a raíz de la agresión. «Alcanzamos varios compromisos», apunta Rodríguez, «entre ellos, el de poder acceder a los institutos del Ayuntamiento para dar talleres sobre diversidad».

Asimismo, cuenta el activista, «les animamos a que sigan programando obras de teatro de temática LGTBI en el marco de su festival internacional de teatro de otoño, de gran tradición en Carballo, y, por supuesto, a que den mayor visibilidad y que empoderen a las personas LGTBI del Ayuntamiento». Rodríguez señala que el año pasado se celebró por primera vez el Orgullo en Carballo, «pero fue en un bar de la localidad y gracias a la iniciativa de una vecina abiertamente lesbiana del municipio».

«Desde Observatorio haremos un acto en el Casino 1889 de Carballo para informar a los vecinos de la importancia de denunciar este tipo de actos, ofrecer información sobre el Observatorio, hablar del auge del discurso de odio, etc.», apostilla Rodríguez (el acto tuvo lugar el pasado sábado a las 16:00 horas). Ojalá que ese acto de pedagogía de la diversidad no caiga en saco roto.

Fuente Dosmanzanas

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PP y Cs ven redundante la proposición de ley de diversidad sexual y garantizan «la mejor» para esta legislatura. PSOE y Podemos consideran que era «el mejor punto de partida» sobre el que trabajar después para mejorar el texto final.

La Federación Castellana y Leonesa LGTB denuncia que el borrador de Ciudadanos y Populares tiene recortes de derechos que fueron pactados con grupos anti LGTBI como el Foro de la Familia.

El PP, Cs y VOX han rechazado este miércoles en las cortes de Castilla y León tramitar una proposición de ley de igualdad y derechos del colectivo LGTB+. Se trata de una propuesta de ley que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP en la última legislatura, pero que no terminó su trámite de aprobación.

En septiembre pasado la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales (FECyLGTB+) volvió a registrar el texto para que fuera debatido y aprobado en el pleno, pero para sorpresa de este colectivo el texto no contó con la adhesión de Ciudadanos.

El pleno de este miércoles la posición del partido naranja se hizo patente. Partido Popular y Ciudadanos rechazaron (junto con Vox) el texto propuesto, que fue respaldado por PSOE y UP-Ecuo. Finalmente la proposición de ley se desestimó por un estrecho margen.

La portavoz del Grupo Ciudadanos, Ana Carlota Amigo, y la procuradora del PP María del Carmen Sánchez Bellota han coincidido al rechazar la tramitación de la proposición de ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género defendido este miércoles por el Grupo Socialista y por parte del Grupo Mixto (el procurador de Vox también ha votado en contra) por considerar que es «redundante» respecto al proyecto de ley que prepara la Junta de Castilla y León y en el que han constatado un grado de coincidencia del 80% respecto al impulsado por la oposición de la mano de la Federación Regional LGTBI.

Registro de la proposición de ley sobre respeto a la diversidad sexual y de género en las Cortes, el 11 de septiembre. / M. Chacón-Ical

Durante el debate los representantes de Ciudadanos y PP afirmaron que están trabajando en un texto que será «la mejor ley que haya en una comunidad autónoma española», y que estará alejada de «sectarismos». Tras rechazar la «duplicación innecesaria» e «inútil» del trabajo parlamentario, tanto Amigo como Sánchez Bellota han apelado al acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Ciudadanos para garantizar que Castilla y León contará esta legislatura con una Ley LGTBI «avanzada y de consenso», «con todas las garantías jurídicas que merece el tema, sin vulnerar derechos y para todos».

Por su parte, tanto la viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, como la procuradora de Podemos-Equo, Laura Domínguez, han coincidido al defender que la proposición de ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género impulsada por los colectivos LGTBI era «el mejor punto de partida» sobre el que trabajar después para mejorar el texto final.

Barcones ha acusado al PP de haber devuelto «a la casilla de salida» este texto que se intentó tramitar en la anterior legislatura, entonces con el apoyo de Ciudadanos, y ha sido tajante al advertir al equipo de gobierno conjunto que ya no engañan a nadie ya que han sido los primeros en reunirse con los colectivos que abogan por el denominado pin parental a los que otras comunidades «han cerrado la puerta». «Es lo único en lo que vais a ser los primeros», ha ironizado Barcones que ha apelado «al último acto de coherencia» de Ciudadanos «antes de la desaparición final» para que no dejasen «tirados» a los colectivos LGTBI y permitiesen la tramitación de su proposición de ley.

Domínguez ha ironizado sobre las «excusas» del informe emitido por la Junta de Castilla y León en contra de la tramitación de la proposición de ley, la ausencia de una memoria presupuestaria que estime el coste de las medidas y de las modificaciones de la estructura orgánica y la duplicidad parlamentaria, y ha advertido de que la sociedad tiene en frente «el ruido de la extrema derecha», en referencia a los gritos de «a por ellos» que se escucharon en la sede nacional de Vox el domingo 10 de noviembre. «Este país es diverso y plural, es mejor que ellos, frente a su odio en la sociedad cabemos todos», ha defendido Laura Domíngue

Cabe recordar que el texto debatido este miércoles en las cortes castellano-leonesas fue elaborado por los colectivos LGTBI en 2016 y negociado con las distintas fuerzas parlamentarias a lo largo de la anterior legislatura. Para su elaboración, tomaron como base una ley promovida por el PP en Extremadura y que dicha comunidad aprobó en 2015, cuando gobernaban los populares.

Tal como explica a Público Ignacio Paredero, presidente de la Federación LGTB+ de Castilla y León, «el texto fue intensamente negociado para alcanzar un amplio consenso e incluso renunciamos a algunas posturas en aras de su aprobación. El Partido Popular estiró los plazos todo lo que pudo y finalmente el texto no se aprobó en anterior legislatura».

Por eso, afirma Paredero, «lo hemos presentado pronto y esperábamos contar con el apoyo de los mismos grupos que la legislatura pasada. Ciudadanos nos dijo que lo apoyarían, pero en el momento de registrarlo no aparecieron y nos dijeron que habían decidido apoyar un texto que van a impulsar con el PP. Esa que dicen ahora que va a ser la mejor ley del universo. Que es una cosa demencial. Porque el borrador que ellos manejan incluye recortes que han negociado con grupos anti LGTBI, como el Foro de la Familia».

Tanto PP como Ciudadanos se afanaron en explicar que se oponen al actual texto para no «duplicar esfuerzos» y que el proyecto de ley que están elaborando «tiene un grado de coincidencia del 80%» respecto al presentado por la oposición de la mano de la Federación Regional LGTBI.

La clave, tal como afirman en la FECyLGTB+, es que si el texto que elaboran los populares con Ciudadanos coincide en un 80% con el presentado por la Federación, ¿cuál es el 20% de los derechos que no se van a recoger? ¿Qué derechos van a quedar fuera?

Paredero lo tiene claro. «Hay temas que el PP no quiere tocar, y que son derechos amplios. El tema de transexualidad y el de la educación. Los populares se oponen a garantizar por ley la atención a los transexuales como un derecho recogido en la comunidad autónoma, ni a incluir sus necesidades en el catálogo de servicios. Lo quieren dejar en un protocolo que no de derecho a nada. También está el tema de la patologización, puesto que en el borrador al que tuvimos acceso la legislatura pasada, daban a los médicos la decisión sobe varios temas clave».

Este activista afirma que la FECyLGTB+ no colaboró en la elaboración del texto que ahora Ciudadanos y populares «afirman que será maravilloso. Lo que hicieron fue coger nuestro texto y lo recortaron para eliminar o modificar las cosas que a ellos les preocupa».

Según Paredero, «tras cuatro años de trabajo, lucha y esfuerzos, hoy vemos como Ciudadanos se pliega a la estrategia del PP y bloquea nuestra Ley. En el mejor de los casos, esto es una maniobra partidista para ponerse medallas que no les corresponden, negando la lucha de los colectivos. En el peor, es un intento de recortar derechos claves para el colectivo que el PP nunca ha querido garantizar. Mucho nos tememos que, en el fondo, nos vamos a encontrar con ambas cosas”.

Por su parte, el lobby de la extrema derecha se ha felicitado. HazteOir.org invitó a los ciudadanos a llamar a la presidencia de la Junta.  La portavoz de HazteOir.org, Teresa García-Noblejas, tras conocer que este miércoles el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han frenado la aprobación de la ‘ley de diversidad sexual’ en las Cortes de Castilla y León afirmaba que “unos 500 ciudadanos han llamado -hasta el momento-a la presidencia de la Junta pidiendo la paralización de la ley.  Si la ‘ley LGTBI’ no ha sido aprobada en Castilla y León es porque los ciudadanos se están dirigiendo a los políticos para explicarles que esa norma es una barbaridad contra los niños y las familias. Vamos a seguir trabajando para que PP y Ciudadanos se enteren de que la gente no quiere bajo ningún concepto que esta norma salga adelante”.

Fuente Agencias

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¿Qué habrán votado…? Recordamos a estos machirulos homófobos y exhibicionistas Mikola Zatkalnitsky y su amiguito a los que parecía gustarles salir en internet desnudos y muy depiladitos… Si es que…

El líder de un grupo homófobo niega vínculos con la extrema derecha en el juicio

Mykola Zatkalnitsky ha declarado ante el juez por haber importado a España un movimiento violento de origen ruso (Okkupay Pedofilyay) que hostiga a homosexuales con la excusa de perseguir la pederastia. Mykola responde solo a su abogado y se ciñe al guion para tratar de eludir los 21 años de cárcel que pide para él la Fiscalía: según él, ni es neonazi ni homófobo, sino una buena persona que pretendía “descubrir a personas que querían mantener relaciones sexuales con menores”

La cita resultaba ser una emboscada. Mykola acudía al lugar concertado acompañado de un grupo de chicos para “atemorizar, humillar y represaliar” a la víctima, que se veía “retenida y controlada de forma intimidatoria” por el grupo. Mientras filmaban la escena con teléfonos móviles, los acosadores obligaban a la víctima a contestar a preguntas “vejatorias” sobre su condición sexual, a mostrar su DNI y a reconocer su condición de pederasta, según la Fiscalía. De lo contrario, no podía marcharse. En los hostigamientos también participó presuntamente un menor de edad, aunque su caso fue archivado.

El juicio que ha comenzado este lunes ve el caso de tres de las personas que fueron acosadas por erstos delincuentes que atemorizó al colectivo LGTBI. “Nos preocupaba el ambiente de violencia y que se generara un efecto contagio. Empezó a cundir el miedo a tener encuentros por temor a ser amenazado, extorsionado o vejado”, explica, en su declaración como testigo, María García, que entonces presidía la FELGTB y recuerda que la ansiedad creció al saber que el grupo empleaba “simbología neonazi”.

La investigación judicial no ha hallado vínculos con la extrema derecha de cinco de los seis jóvenes que se sientan en el banquillo por delitos contra la integridad moral con la agravante de abuso de superioridad y de discriminación por orientación sexual,  y contra la intimidad.  Les pueden caer penas de entre dos a 21 años de cárcel.  Unas 50.000 personas— se hicieron seguidores de un perfil de Facebook ctras leer: “Si no eres marica ni pederasta, únete”. El símbolo del Pilla-Pilla era una foto formada por tres manos haciendo el gesto del pulgar doblado que, “debidamente combinado, reproduce la esvástica” nazi. Esa idea la tomó Mykola del grupo ruso liderado por su ídolo Maxim Martsinkevich Teçak, de quien copió las tácticas de acoso, las músicas para los vídeos e incluso la pose para sus fotografías.

Aunque Mykola niega su  adherencia neonazi, las pruebas apuntan en otro sentido. El fiscal especializado en delitos de odio Miguel Ángel Aguilar señala que su amistad con Vladislav, un adolescente ruso que en 2014 agredió a un chico de Mongolia que iba tranquilamente sentado en un vagón del metro de Barcelona. “¿Qué te pasa a ti, chino?”, le dijo antes de propinarle puñetazos en la cara que solo pararon cuando otros viajeros intervinieron. La escena fue grabada en vídeo, lo mismo que las cacerías del Pilla-Pilla, lo que ha provocado “un daño irreparable el honor y dignidad” de las víctimas, que declaran este jueves a puerta cerrada.

Tras el cierre de la página de Facebook, Mykola, que permanece en libertad, dice que se desvinculó de cualquier otra iniciativa similar y que se dedicó a trabajar. A las puertas del juzgado de Granollers, Pau Gàlvez, portavoz de la Comisión 28-J, confirma que no han detectado nuevos intentos de trasladar a España los movimientos homófobos rusos. “Se hizo una presión muy fuerte con los Mossos y con la Fiscalía”, explica Gàlvez, que aun así alerta de los riesgos de este tipo de grupos organizados por “tratar al colectivo como si fueran enfermos” y por “vincular la homosexualidad con la pederastia”.

Fuente El País/Cristianos Gays

Fuente El país

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Alemania está un paso más cerca de aprobar una reforma constitucional que proteja a sus ciudadanos LGTBI al máximo nivel normativo. El Bundestag inició el viernes pasado el debate sobre la inclusión en la Ley Fundamental de la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual. El cambio de postura de la CDU/CSU de la canciller Angela Merkel, que tras rechazar la iniciativa se muestra ahora favorable a estudiarla, aumenta las posibilidades de que se alcance un acuerdo en las próximas semanas.

El blindaje constitucional de la protección contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género es una reivindicación histórica del activismo LGTB alemán, que lo puso sobre la mesa tras las elecciones de 2017. Aunque el consenso parecía posible en las fallidas negociaciones entre CDU/CSU, FDP y Verdes, el decepcionante acuerdo que finalmente renovó la gran coalición entre democristianos y socialdemócratas ignoró este punto junto con el resto de las demandas de los colectivos.

En junio del año pasado, sin embargo, el SPD se unía al resto de fuerzas favorables a la igualdad LGTB representadas en el Parlamento alemán y con las que gobierna en cinco Länder para reclamar la medida. El Gobierno regional de Berlín, al que se unieron los de Brandeburgo, Bremen, Renania-Palatinado y Turingia, presentaba una iniciativa para blindar el derecho a la no discriminación de las personas LGTB en la Ley Fundamental alemana. La reforma presentada en el Bundesrat, la cámara de representación de los estados federados, consistiría en añadir la «identidad sexual y de género» a las categorías merecedoras de protección que recoge el artículo 3.3 de la Constitución, que en la actualidad reza:

Nadie debe ser discriminado o privilegiado por razón de su sexo, su origen familiar, su raza, su lengua, su procedencia, sus creencias, sus ideas religiosas o políticas. Nadie debe ser discriminado por razón de su discapacidad.

La reforma constitucional necesita el apoyo de los dos tercios tanto de la cámara alta como del Bundestag, por lo que el concurso de la CDU/CSU se hace imprescindible para su aprobación. La reticencia de la formación de la canciller a los avances legislativos en la igualdad LGTB provocó que la propuesta de los Länder en el Bundesrat quedara en suspenso por falta de mayoría. Ello a pesar de que a los cinco estados promotores se les había unido Schleswig-Holstein, gobernado por una coalición «jamaicana» entre CDU, liberales y verdes.

Bloqueada la vía del Bundesrat, los partidos de la oposición democrática (FDP, La Izquierda y Los Verdes) pusieron en marcha una iniciativa paralela en la cámara baja. El pasado mes de mayo anunciaron una proposición de ley para incluir la «identidad sexual» en el artículo 3.3 de la carta magna, una iniciativa que presentaron en el Bundestag en septiembre. Todavía entonces, los democristianos del partido de Merkel cuestionaban la necesidad del cambio. A diferencia del proyecto del Bundesrat, los legisladores omitieron la expresión «identidad de género», alegando que las personas trans ya están cubiertas por la referencia al sexo.

El debate sobre la proposición comenzó el pasado viernes con la grata sorpresa de la disposición de los democristianos a sumarse al consenso por la reforma. Un giro que explicitó Volker Ullrich al mostrarse favorable a un debate «abierto, sincero y constructivo» sobre la propuesta. Más aún, el diputado de la CSU defendió el blindaje de la no discriminación como una forma de disipar dudas sobre la constitucionalidad de las leyes de igualdad LGTBI, como el matrimonio igualitario. El apoyo de la formación de la canciller despejaría el camino hacia la aprobación de la reforma de la Ley Fundamental, a pesar de la beligerante oposición de la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD). Su diputado Fabian Jacobi justificó su rechazo a la medida en que, según su visión, la mayoría de los homosexuales querría mantener su orientación «en la esfera privada».

Precisamente el auge de los discursos de odio LGTBfobo, como el de los representantes de AfD, ha sido la principal motivación de las fuerzas políticas que han propuesto la medida. La legislación alemana contempla la prohibición expresa de la discriminación basada en la «identidad sexual» desde la aprobación en 2006 de la Ley General de Igualdad de Trato, pero su plasmación a nivel constitucional serviría de blindaje de estos derechos.

Actualmente, las Constituciones de Bolivia, Ecuador y Malta hacen referencia explícita a la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Las de México, Portugal, San Marino, Sudáfrica y Suecia mencionan solo la orientación sexual. Dentro de Alemania, los estados federados de Brandeburgo y Turingia se refieren en sus leyes fundamentales a la protección de las personas LGTB.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. AfD, Alemania, Angela Merkel, Bolivia, Brandeburgo, Bundesrat, Bundestag, CDU, CSU, Die Grünen, Die Linke, Discriminación, Ecuador, Fabian Jacobi, FDP, Malta, México, Portugal, San Marino, SPD, Sudáfrica, Suecia, Turingia, Volker Ullrich

El Ayuntamiento de Murcia concedió en 2018 una subvención de 8.500 euros a «Mater Familiae», una organización vinculada a la Diócesis de Cartagena que entre sus servicios ofrece «atender los casos en los que se una desviación de la conducta sexual», aunque, eso sí, asegura hacerlo «con especial delicadeza». El Colegio de Psicólogos de la Región de Murcia ha anunciado la apertura de una investigación y recuerda a la población que las mal llamadas «terapias» de conversión de la homosexualidad son inadmisibles de acuerdo al conocimiento científico actual.

Lo ha denunciado el grupo municipal del PSOE: el Ayuntamiento de Murcia, gobernado en 2018 por el PP gracias al apoyo de Ciudadanos (los populares perdieron la mayoría absoluta en la capital murciana 2015) concedió 8.500 euros a «Mater Familiae» para subvencionar un proyecto de «intervención en familias en situación de dificultad social».  «Mater Familiae» es una entidad vinculada a la diócesis de Cartagena que se define como un «centro de orientación familiar» que integra entre sus filas profesionales abogados, psiquiatras, pedagogos y psicólogos. La entidad ofrece «formación prematrimonial, reconocimiento de la fertilidad y orientación familiar», y según puede leerse en el apartado de metodología del proyecto presentado en su momento al Ayuntamiento «atiende con especial delicadeza» los casos en los que hay una «desviación de la conducta sexual», en lo que claramente parece una alusión a las «terapias» de conversión. En ese mismo documento puede leeerse que «Mater Familiae» trabaja como telón de fondo con «la antropología adecuada que se desprende del Magisterio de la Iglesia y los escritos de los Papas»:

Nos resulta absolutamente anacrónico el apoyo del Ayuntamiento de Murcia a una asociación que se dedica a reconvertir las desviaciones sexuales», ha criticado la concejala socialista Esther Nevado, para la cual estas supuestas terapias «han sido desautorizadas por la comunidad científica internacional y tan sólo son defendidas por los grupos afines a la extrema derecha». La concejala de Derechos Sociales y Familia, Pilar Torres, se ha defendido argumentando que el Ayuntamiento de Murcia concedió en 2018 subvenciones a 127 entidades sociales «de todo tipo de ideologías» y ha asegurado en el documento de memoria presentado por «Mater Familiae» para la justificación de la subvención «no consta ninguna actividad referida a intervención o atenciones a conductas sexuales desviadas».

El Colegio de Psicólogos de Murcia investigará el caso

Ante la gravedad de lo denunciado por el PSOE murciano, el Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia (COPRM) ha anunciado la puesta en marcha de un proceso de investigación para conocer «qué se está haciendo por parte de la asociación y quién está llevando a cabo los tratamientos».

Al mismo tiempo, el COPRM expresa su rechazo a la utilización de las conocidas como «terapias» de conversión y recuerda que «como colegio profesional, nuestra postura está en consonancia con la de la Asociación Americana de Psicología (2009), que en base a más de 80 estudios científicos, declaraba del todo inadmisible que los profesionales de la salud mental indicaran, instaran o hicieran creer a sus pacientes que es posible modificar su orientación sexual y convertirse en heterosexuales mediante algún tipo de intervención terapéutica o tratamiento».

«Aprovechamos para recordar que el COPRM cuenta con un grupo de trabajo sobre intrusismo, que analiza las ofertas realizadas por personas, que sin la requerida cualificación profesional, prometen con sus ‘terapias’ curaciones o logros milagrosos. Por eso, desde el COPRM enviamos el mensaje a todos los murcianos para que acudan a un psicólogo colegiado para consultar todas aquellas cuestiones que estén relacionadas con su salud emocional y la de los suyos», añade el comunicado.

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La última noticia acerca de este esperpento de las falsas “terapias” fue que  ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractaba de su apoyo a las terapias de “curación” para gays.

Una tendencia creciente a la prohibición

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

En EE.UU., gran aliado de Israel, California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. "Terapias" reparadoras o de conversión, Ayuntamiento de Murcia, Ciudadanos, Colegio Oficial de Psicólogos de Murcia, Diócesis de cartagena, Discriminación, Esther Nevado, Homofobia, Iglesia Católica, LGTBfobia, Mater Familiae, Murcia, Pilar Torres, PP, PSOE

Rafael, Roshan, Rahul y Michael en el Rathausgasse en Lenzburg. Fotos: Carolin Frei

Unos gemelos de tres años han sido rechazados por una Escuela Infantil en Lenzburg, Suiza, solo porque tienen dos padres. Una guardería en Lenzburg rechazó a Rafael y Rahul porque los padres de estos gemelos de 3 años y medio son homosexuales. Preguntado por el «Lenzburger Bezirks-Anzeiger», la persona a cargo del centro de recepción dijo que esa configuración familiar «no era normal ni natural».

Stefan y su esposo Rosha intentaron inscribir a sus hijos Rafael y Rahul en una guardería de Lenzburg, pero fueron rechazados porque son hombres y, según la directora del centro “una pareja gay que cría hijos no es normal ni natural».

La directora de la guardería dijo que «los niños pueden ser muy malos, y por eso no quería dar la bienvenida a los hijos de una pareja de homosexuales», dijo Stefan al periódico suizo 20 Minutes .

El Schweizerischen Spielgruppenleiterinnen-Verband (la Federación Suiza de Escuelas Infantiles) dijo que las guarderías se consideran voluntarias en Suiza por eso, desafortunadamente, puede que no haya nada que Stefan y su esposo puedan hacer sobre la discriminación.

«Este comportamiento es discriminatorio», lamenta Regula Aeschbach, presidenta de las guarderías de Argovia. Pero esta estructura privada no recibe fondos públicos y no está obligada a aceptar niños, dice el canciller municipal de Lenzburg, Christoph Hofstetter.

«Este incidente muestra que la protección contra el odio y la discriminación es una necesidad«, dijo la abogada y vicepresidente de Wybernet, una red profesional de lesbianas, Cordula Niklaus. «Si estos niños tuvieran padres judíos, su exclusión sería ilegal».

El sábado, se organizó un beso en Lenzburg: unos quince manifestantes se besaron en la boca para denunciar esta discriminación.

Stefan y Rocha dijeron que todavía están conmocionados por lo que les sucedió y están considerando esperar a que comience el preescolar para los niños el próximo año en lugar de llevarlos a una Escuela Infantil este año. «Es bueno que nuestro caso haya llevado a una discusión sobre la homofobia en la sociedad», dijo Stefan. «Esperamos que ninguna otra pareja gay o lesbiana tenga que enfrentar la misma discriminación que nosotros«, concluye Stefan.

A finales de 2018, las Cámaras Federales decidieron castigar las llamadas al odio y la discriminación contra los homosexuales. Con este fin, la actual norma antirracismo, que condena la discriminación de las personas por su raza, etnia o religión, se ha complementado con la orientación sexual. La Unión Democrática Federal y la joven UDC combatieron esta enmienda por referéndum. La gente votará el 9 de febrero de 2020.

Fuente  20 Minutes

General, Homofobia/ Transfobia. Cordula Niklaus, Discriminación, Escuela Infantil, Familias Homoparentales, Homofobia/Transfobia, Lenzburg, Regula Aeschbach, Suiza, Wybernet

El Presidente Donald Trump con el Vicepresidente Mike Pence y el Secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS) Alex Azar

Una regla propuesta por la administración de Trump permitiría a las agencias de adopción y cuidado de crianza negar sus servicios a L.G.B.T. familias basadas en la fe.

La administración Trump busca revertir una regla de la era Obama que clasificaba la orientación sexual y la identidad de género como clases protegidas de la discriminación. Los activistas LGBT+ han condenado la medida de la administración Trump de proporcionar fondos federales para las agencias de adopción que discriminan a las parejas homosexuales.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) publicó el pasado viernes una nueva guía que busca eliminar que anularía una política de diciembre de 2016 que incluía la orientación sexual bajo su definición de discriminación. En concreto, el requisito de que los beneficiarios de subvenciones federales, incluyendo las agencias de adopción y de cuidado de crianza, «deben tratar como válidos los matrimonios de parejas del mismo sexo».

Al mismo tiempo, los cambios propuestos eliminarían las reglas de no discriminación de la era de Obama, que establecen que no se debe negar a las personas los servicios del HHS «por motivos de edad, discapacidad, sexo, raza, color, origen nacional, religión, identidad de género u orientación sexual».

El anuncio ha provocado la ira de grupos y aliados de igualdad de derechos, que acusaron a la administración Trump de tratar de desentrañar silenciosamente las protecciones para las personas LGBT+.

La regla propuesta podría publicarse en el Registro Federal tan pronto como el lunes, seguido de un período de comentarios de 30 días. Después de eso, los comentarios se cerrarán y se convertirá en la regla final.

La propuesta tendría efectos «enormes» y afectaría la vida de una gran cantidad de personas, dijo el sábado Denise Brogan-Kator, directora de políticas de Family Equality, una organización de defensa de familias lesbianas, gays, bisexuales y transgénero.

A los niños se les ‘negarán hogares y familias amorosas’ bajo la regla de la adopción. Tom Pérez y Earl Fowlkes, del Comité Nacional Demócrata, dijeron: «Las reglas propuestas por la administración Trump reducirían el progreso logrado bajo el presidente Obama y allanarían el camino para que a los niños se les nieguen hogares y familias amorosas. Más de 100.000 niños están a la espera de ser adoptados, y esta medida sólo reduce el número de familias capaces de adoptarlos.»

Los críticos, como la Sra. Brogan-Kator, dijeron que la regla permitiría a las organizaciones colocar sus creencias religiosas personales por encima de las necesidades de los niños bajo su cuidado, pero la administración respondió que no estaba evitando que L.G.B.T. personas de adoptar. «La administración está revocando una regla de la era de Obama que se propuso a las 12 en punto de la última administración que pone en peligro la capacidad de los proveedores basados en la fe para continuar sirviendo a sus comunidades», dijo la Casa Blanca en un comunicado el sábado. «El gobierno federal no debería estar en el negocio de obligar a los proveedores de bienestar infantil a elegir entre ayudar a los niños y su fe».

Según la Red de Adopción, hay más de 400,000 niños en el sistema de cuidado de crianza en los Estados Unidos. Más de 114,000 no pueden ser devueltos a sus familias y están esperando ser adoptados.

El Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la UCLA estimó en un informe que 114,000 parejas del mismo sexo en 2016 estaban criando niños en los Estados Unidos. Las parejas del mismo sexo con hijos tenían muchas más probabilidades de tener un hijo adoptivo que las parejas de diferentes sexos con hijos, 21.4 por ciento versus 3 por ciento, según el informe.

Alphonso David, presidente de la Human Rights Campaign (Campaña de Derechos Humanos), en una declaración calificó la propuesta de «horrible» y dijo que «permitiría la discriminación en todo el espectro de los programas del HHS que reciben fondos federales. La Casa Blanca de Trump-Pence se basa en el mismo razonamiento legal defectuoso que usaron en el pasado para justificar la discriminación contra L.G.B.T.Q. personas y otras comunidades «, dijo.

Tony Perkins, presidente del Consejo de Investigación Familiar, un grupo que apoya causas socialmente conservadoras y cristianas, dijo el viernes que la noticia fue «tremenda» para los niños, las madres biológicas y las familias adoptivas. «Gracias al presidente Trump, las organizaciones benéficas serán libres de cuidar a los niños necesitados y operar de acuerdo con sus creencias religiosas y la realidad de que a los niños les va mejor en un hogar con una madre y un padre casados», dijo Perkins en un comunicado.

 Fuente New York Times

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Nuevo acto de violencia organizada contra el colectivo LGTBI paraguayo, solo un mes después del asedio y agresión a los participantes en una marcha en favor de sus derechos. En esta ocasión ha sido en Ciudad del Este, donde de nuevo un grupo de personas autocalificadas como «provida» y «profamilia» cercaron un festival promovido por el colectivo SomosGay. Entre ellos se encontraba un concejal de la localidad, que llegó a derribar parte del mobiliario instalado para el evento. El evento iba a ser una fiesta. Arrancó a las 10 de la mañana con danza, música, canto y servicios comunitarios de salubridad. También montaron una feria que promocionaba proyectos independientes. Pero del otro lado de las rejas, al mismo tiempo, el sector autodenominado “provida y profamilia” colocó sábanas por el cercado perimetral del parque. Su idea era impedir la visualización de los actos del festival desde las afueras “para proteger la integridad de los niños”.

El pasado sábado, SomosGay celebraba en Ciudad del Este (departamento del Alto Paraná) su Festival por la Igualdad y la Libertad 2019. Un evento que, en la línea tradicional del activismo LGTBI paraguayo, buscaba reivindicar derechos en un clima festivo y familiar y aliviar el mal sabor de boca que había dejado en el colectivo lo sucedido el pasado 29 de septiembre en Hernandarias (también en Alto Paraná), cuando los activistas que participaban en otro evento fueron violentamente atacados por  contramanifestantes convocados por los mencionados grupos «profamilia». Un acoso que llegó a ser justificado por el intendente de Hernandarias, Rubén Rojas, cuya actitud llegó incluso a merecer el reproche de la Comisión de Derechos Humanos del Senado paraguayo.

Celso Mirada “Kelembu”, concejal de Ciudad del Este, acompañado por un grupo de antiderechos, irrumpió en el Festival por la Igualdad y la Libertad el sábado pasado y comenzó a destruir la decoración y a agredir a les manifestantes. La concentración se llevó a cabo en el Parque Chino, (Av. Bernardino Caballero, centro de CDE) y aglutinó a cerca de 100 personas.

El Festival de Ciudad del Este contaba con actuaciones musicales y servicio gratuito de tests rápidos del VIH, entre otras actividades. «En compañía de todas las familias, amigos y amigas, más unidos y unidas que nunca, viviremos una jornada llena de entusiasmo para fortalecernos en el camino hacia un Paraguay libre de odio y discriminación», anunciaba SomosGay. Lamentablemente, los defensores del discurso del odio volvieron a aparecer para tratar de impedirlo. Grupos autodenominados «profamilia» se personaron en el parque en el que se desarrollaba el evento y lo cercaron con sábanas, intentando invisibilizarlo (una estrategia que también utilizaron en Hernandarias). El concejal Celso «Kelembu» Miranda,  presidente de la Junta Municipal de Ciudad del Este, irrumpió derribando parte del mobiliario instalado para el Festival. También se lanzaron piedras contra los asistentes. SomosGay ha lamentado el clima de «amedrentamiento, insultos y provocaciones», que los asistentes tuvieron que soportar, «además del bloqueo de la zona, impidiendo a las personas acceder al Parque Chino. En el lugar se encontraban familias, adolescentes, amigos y amigas, quienes estuvieron expuestos al peligro, el odio y la furia provenientes de estos grupos violentos».

El siguiente vídeo (inserto en un tuit de @a24compy, un medio paraguayo) muestra algunas imágenes de lo sucedido:

De esta manera el concejal Celso Miranda alias @Kelembucde y un grupo de militantes «pro-vida» intentaron impedir una marcha que organizó el grupo @SOMOSGAY en Ciudad del Este. ⬇
Mirá: https://t.co/3QI2Dhm0ln.#Ahora #A24Py pic.twitter.com/wrBVDSucsz

— A24compy (@a24compy) 28 de octubre de 2019

El festival organizado por SomosGay Ciudad del Este fue una respuesta política a la agresión que sufrieron les miembres de la organización Diversxs de Alto Paraná hace un mes. Y, a pesar de que la organización LGBT solicitó protección policial, el concejal de la Asociación Nacional Republicana (ANR), “Kelembu”, ingresó al parque; derrumbó las mesas, sillas y arrancó la decoración que habían instalado más temprano les organizadores.

“Llegaron a gritar con parlantes, con bocinas, como hicieron en Hernandarias. La diferencia es que, esta vez, vinimos preparados. Teníamos un equipo de sonido mucho más fuerte que tapaba el ruido, habíamos conseguido guardia de la policía. No podíamos dejar que el relato del sector conservador quede instalado”, dijo Simón Cazal, cofundador de SomosGay, en diálogo con Presentes.

Una hipótesis que maneja Sofía Masi,  jefa de prensa de la municipalidad de Ciudad del Este y activista de la agrupación feminista Kuña Poty, es que la  Policía no colaboró con les activistas porque tenía órdenes de no tocar al concejal una vez que ingresara al parque. “Duele porque daba mucha impotencia estar en el festival en una plaza pública, con personas ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y, del otro lado, una autoridad que venía a atacarnos. Tenía cables y bombas”, expresó.

Que tire la primera piedra

Alpra Zolange, no binarie de 22 años, estuvo a cargo de conducir el evento de SomosGay, y contó que los agresores lxs trataron de “putos” y “kururú (sapos) con teta”. “Nos insultaron, nos tiraron piedras, nos derramaban agua por el rostro. Cuando ingresaron, hasta padres de familia atacaron a nuestrxs compañerxs”, refirió.

Les miembres del colectivo LGBT intentaron cortar con tijeras las sábanas, desde el interior del parque, pero se produjo una serie de forcejeos y discusiones. Los antiderechos, que tiraban piedras a les activistas, hirieron en la cabeza a una adolescente de 17 años que se encontraba de su lado, sosteniendo la sábana y tuvo que ser asistida por los bomberos.

Además, una simpatizante “provida profamilia” que arrojaba las piedras intentó despojar su cámara a un periodista del diario Vanguardia por registrar los hechos de violencia.

“Cuando escucho que alguien canta ‘con mis hijos no te metas’, se me vienen a la memoria muchos recuerdos de mi infancia. Ellos se metieron en mi niñez cuando yo salí del clóset. Se metieron conmigo y me discriminaron desde chiquitito”, siguió Alpra.

“De la oscuridad a la luz”

Días antes del festival, empezó a gestarse una plataforma de escrache dirigida específicamente a violentar el evento. La Gobernación de Alto Paraná invitó a la activista provida Sara Winter a brindar una conferencia titulada De la Oscuridad a la Luz – Ideología de Género y Destrucción Familiar. Winter realizó, además, una serie de charlas donde incluso asistieron niños, niñas y adolescentes enviados desde sus propias instituciones educativas.

“Con una resolución quieren violar la constitución nacional y los derechos garantizados internacionalmente. Es una política de retroceso de derechos conquistados tras largas luchas. Desde las municipalidades, las gobernaciones, las cámaras de senadores, desde el propio Estado se emiten resoluciones en las que se declaran pro-vida y pro-familia”, cosignó Masi.

“Me indigna mucho que esta gente nos trate de esta manera. Hace cinco años que con SomosGay venimos luchando en Ciudad del Este y recibimos bloqueo tras bloqueo. Esto tiene que servir para unirnos más como colectivo LGBT, no vamos a parar. Tienen que entender que somos seres humanos y estamos llenos de amor”, manifestó Alpra. Y Masi agregó: “Nosotras creemos que estamos en una nueva dictadura: la dictadura de los antiderechos”.

SomosGay denuncia: la agenda ultraconservadora se ha instalado en Paraguay

SomosGay ha denunciado que acciones como la de Ciudad del Este no son hechos aislados o espontáneos. «Forman parte de una agenda orientada a frenar los derechos humanos de la comunidad LGBTI+, incluso poniendo en riesgo la integridad física de las personas», explican desde el colectivo, según el cual una plataforma de escrache dirigida directamente a violentar el Festival empezó a gestarse días anteriores durante una charla de la activista «provida» brasileña Sara Winter. Una charla que según el colectivo paraguayo tuvo lugar bajo la organización de la Gobernación de Alto Paraná. «Winter realizó, además, una serie de charlas en ese tenor, donde incluso asistieron niños, niñas y adolescentes enviados desde sus propias instituciones educativas, siendo expuestos al discurso de odio e información tendenciosa. Es preocupante que quienes deberían ser los primeros en velar por la seguridad de las personas y propiciar el bienestar de toda la ciudadanía, sean quienes generen violencia, vulneren derechos y expongan a los ciudadanos a situaciones de alto riesgo», lamenta SomosGay.

El colectivo SomosGay ha reiterado en un comunicado posterior que los actos de violencia perpetrados en las últimas semanas no son casos aislados, sino que «forman parte de una estructura institucionalizada orientada a frenar el acceso a derechos». «La comunidad LGBTI+ continúa sufriendo persecuciones que se recrudecieron considerablemente en los últimos meses, con actos de violencia alentados por las propias autoridades locales, ataques en eventos celebrados en espacios públicos y proliferación del discurso de odio. Todo esto ante la casi nula intervención del Estado, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Nacional. Sin embargo, esta exacerbación del discurso antiderechos junto con los ataques permanentes a miembros de la comunidad no se tratan de actos fortuitos e inconexos. Existe suficiente evidencia para afirmar que la agenda ultraconservadora prospera a grandes pasos a nivel regional, reclutando a fieles católicos, evangélicos e incluso a legisladores y parlamentarios, a fin de frenar el avance de los derechos humanos», denuncia.

SomosGay pone de nuevo como ejemplo lo sucedido con la activista «provida» Sara Winter, «quien a través de la Gobernación de Alto Paraná realizó la charla ‘De la Oscuridad a la Luz – Ideología de Género y Destrucción Familiar’, de la que participaron la concejala Sandra Miranda y el concejal conocido como ‘Kelembu’, quien luego lideró una turba y violentó el Festival por la Igualdad y la Libertad 2019». «Durante su estadía en nuestro país, Winter participó de programas televisivos, impartió conferencias ante niños, niñas y adolescentes de varias instituciones educativas, se presentó en la Costanera de Hernandarias, en el Aula Magna de la Universidad Católica de Asunción y en el Centro Familiar de Adoración. De esta forma, su presencia alimentó el resentimiento que luego detonó el sábado en el Parque Chino de Ciudad del Este», continúa la nota. Sara Winter, cuyo nombre real es Sara Fernanda Giromini, es una antigua activista feminista ahora reconvertida a activista «provida», que apoya a Jair Bolsonaro y se ha convertido en una de sus principales embajadoras en la exportación del discurso de odio contra las personas LGTBI.

Apoyo al colectivo LGTBI paraguayo

Desde dosmanzanas aprovechamos para trasladar todo nuestro apoyo al colectivo LGTBI de Paraguay, un país que viene experimentado en los últimos años una preocupante deriva ultraconservadora de la mano de grupos ideológicamente vinculados tanto a la Iglesia católica como a iglesias evangélicas y que ha cobrado ya significativa fuerza política. Baste recordar lo sucedido hace ahora dos años, cuando el Ministerio de Educación emitió un decreto que prohibía la difusión de materiales escolares sobre «ideología de género [sic]». Una decisión que dejaba a las escuelas de Paraguay sin materiales educativos para formar, entre otros temas, sobre la diversidad sexual y de género.

Pese a todo, el activismo paraguayo no se rinde y continua su labor de visibilización de la realidad LGTBI y su lucha en favor de los derechos. Una labor que pasa por extender los eventos fuera de la capital, Asunción, donde ya han alcanzado una presencia consolidada. El pasado 29 de junio, por ejemplo, unas dos mil personas marchaban por el centro de la capital paraguaya mientras el presidente del país, Mario Abdo, presumía en Twitter de defender «a la familia como fundamento de la sociedad y a la protección de la vida desde la concepción». Y este 29 de septiembre, el mismo día que era atacado en Hernandarias, el activismo volvía a salir a las calles de Asunción para conmemorar los 60 años de la publicación de «carta a un amoral» en el diario El País de Paraguay, un texto que, 10 años antes de los disturbios de Stonewall, se considera punto de arranque de la lucha en favor de los derechos de las personas LGTBI en el país.

Fuente Agencia Presentes (Por Juliana Quintana. Fotos: Luis Centurión Gómez)/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alpra Zolange, Alto Paraná, Asociación Nacional Republicana (ANR), Asunción, Brasil, Celso Mirada “Kelembu”, Ciudad del Este, Delitos de Odio, Discriminación, Festival por la Igualdad y la Libertad, Hernandarias, Homofobia/Transfobia, Jair Bolsonaro, Kuña Poty, LGTBfobia, Paraguay, Profamilia, Provida, Rubén Rojas, Sandra Miranda, Sara Winter, Simón Cazal, Sofía Masi, SomosGay, Transfobia, Violencia LGTBIfoba

La Asamblea Nacional de Panamá ha aprobado un proyecto de reforma de la Constitución en el que se incluye la prohibición del matrimonio igualitario. El texto convalidado se presentará de nuevo a votación en 2020, para posteriormente ser sometido a referéndum. Los artículos que definen el matrimonio como la unión exclusiva de un hombre y una mujer son fruto de las conversaciones entre miembros del gobernante Partido Revolucionario Democrático y los líderes de las diversas iglesias evangélicas, que han expresado su satisfacción por que la discriminación de las parejas LGTB se blinde constitucionalmente.

En las elecciones presidenciales del pasado mes de mayo, resultó vencedor Laurentino «Nito» Cortizo Cohen, candidato del social-conservador Partido Revolucionario Democrático. En su programa electoral, Cortizo incluía la reforma de la Constitución en distintas materias, entre las que no se incluía explícitamente la definición del matrimonio, si bien el entonces candidato presidencial se mostró inequívocamente en contra de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La legislación panameña no reconoce el matrimonio igualitario, aunque la Corte Suprema de Justicia debe decidir sobre varias demandas de parejas del mismo sexo acerca de la inconstitucionalidad de esa falta de reconocimiento. Si bien la Corte Suprema adelantó en 2017 que su decisión no sería favorable a las demandas, la posterior resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en 2018 y defensora de la igualdad de derechos en el acceso a la institución del matrimonio, evidentemente podría influir en un cambio radical de su dictamen.

Quizás por ello, los miembros del partido gobernante han decidido incluir entre las reformas de la Constitución la correspondiente al artículo en el que se define el matrimonio. El proyecto de reforma expresa al respecto que «el Estado reconoce solamente el matrimonio entre un hombre y una mujer», impidiendo de esta manera que la Corte Suprema pudiera dictar en contra de ese precepto constitucional.

El diputado gubernamental Jairo Salazar declaraba que se había reunido con el grupo mayor de pastores evangélicos y que «están muy complacidos con nosotros por haber resuelto la prohibición del matrimonio igualitario». Por su parte, su correligionario Rupilio Ábrego defendió la elevación a rango constitucional del matrimonio tradicional «porque eso es parte de lo que el pueblo panameño ha solicitado».

Tras la aprobación del proyecto de ley por la Asamblea Nacional (cámara única del Parlamento panameño), el texto de la reforma constitucional deberá ser definitivamente convalidado en segunda lectura en el nuevo periodo legislativo en 2020, para posteriormente ser sometido a consulta popular. Si bien algunos artículos de la reforma han despertado la irritación de parte de la población y ha ocasionado protestas, lo cierto es que la mayoría de los ciudadanos de Panamá aún se declaran contrarios al matrimonio entre personas del mismo sexo. Según una encuesta de Pew Research Center, tan solo el 23 % de los panameños es favorable al matrimonio igualitario, mientras que el 72 % se declara contrario.

Fuente Dosmanzanas

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Una joven trans de 18 años se ha quitado la vida en Llíria (Valencia). Todo apunta a que se trata de un nuevo caso de suicidio adolescente debido al odio tránsfobo. Guardia Civil y juzgado de instrucción nº 3 de la localidad valenciana investigan ahora los mensajes de odio que la chica había recibido durante los meses previos debido a su condición de mujer trans por si pudieran se constitutivos de delito.

La joven, que llevaba tiempo en tratamiento y ya había dado los primeros pasos para afrontar el cambio de sexo tras cumplir los 18 años, se quitó la vida el pasado martes, 29 de octubre, tras quedarse sola durante unos minutos en casa de una amiga con la que estaba pasando la tarde. Según informa el diario valenciano Levante, el juzgado ya ha iniciado los trámites para citar como testigos a amigos, compañeros de estudios y familiares de la joven para evaluar hasta qué punto el acoso tránsfobo que sufrió ejerció como detonante del suicidio. De acuerdo a la informacion de Levante, la chica llevaba al menos un año soportando insultos y burlas tránsfobas cada vez que colgaba en alguna de sus redes sociales vídeos y fotografías reproduciendo canciones de sus artistas preferidos, lo que al parecer era una de sus pasiones. Algunos allegados aseguran además que la chica sufrió agresiones en relación con su condición de mujer trans.

No se trata, por desgracia, de la primera noticia sobre un suicidio de un adolescente trans que recogemos en tiempos recientes en nuestro país. Sucedió en Móstoles en mayo de 2018, cuando Thalía, otra chica de 17 años, decidió quitarse la vida. Antes conocimos los casos del joven Ekai, en febrero de 2018, en Ondarroa (Vizcaya). Y en las navidades de 2015 era Alan el que se quitaba la vida en Rubí (Barcelona). De otros muchos seguramente ni trascienda su nombre.

Adolescentes trans: altas tasas de suicidio

Cómo no traer a colación el demoledor estudio al que hicimos referencia hace ahora un año, publicado en Pediatrics, la revista que edita la Academia Americana de Pediatría, y que mostraba que la tasa de intentos de suicidio entre las y los adolescentes trans estadounidenses es considerablemente mayor que entre sus coetáneos cis. El grupo en el que los intentos de suicidio son más numerosos era el de los chicos trans (el 50,8% reportan algún intento de suicidio), seguido de los adolescentes no binarios (41,8%) y de las chicas trans (29,9%).

No era, sin embargo, el primero. Ya otros estudios habían puesto de manifiesto la situación de vulnerabilidad de los menores trans. En 2012, por ejemplo, recogíamos otro de ellos, publicado también en Pediatrics, que mostraba que niños y adolescentes trans sufren más síntomas psiquiátricos, tales como depresión e intentos de suicidio, que niños y adolescentes de su misma edad no transexuales. Las cifras eran mayores en aquellos casos en los que no se daba un manejo especializado de la situación, bien por carecer de medios económicos o porque los padres no los apoyaban en su proceso.

También es cierto que si se quiere combatir esta sangría, se puede: otro estudio del que dábamos cuenta en abril mostraba por ejemplo que solo el hecho de que los jóvenes y adolescentes trans sean tratados en su entorno con el nombre correspondiente a su identidad de género disminuía drásticamente los cuadros depresivos, los pensamientos suicidas e incluso los propios intentos de suicido. Los investigadores sabían de lo que hablaban: fue el mismo equipo que en 2017 estableció que, debido al estigma social, el porcentaje de jóvenes transgénero con ideas suicidas duplicaba el de la población general y cuadriplicaba la propensión a consumir drogas.

Es urgente actualizar el marco legislativo de los menores trans

Seguramente no sea suficiente para erradicar todos los casos de acoso tránsfobo, pero a la vista de lo que está sucediendo resulta ya urgente actualizar el marco legislativo español en materia de transexualidad para ofrecer una mayor protección a los más vulnerables, los menores trans. Por un lado, deben desarrollarse e implementarse en la práctica las diferentes leyes que sobre esta materia están aprobando las comunidades autónomas, de forma que estas no se conviertan en papel mojado como están sucediendo, por ejemplo, en Murcia o en Andalucía, donde los acuerdos entre PP, Ciudadanos y Vox están introduciendo importantes limitaciones en las políticas educativas en favor de la diversidad.

Por otro, sigue pendiente la actualización de la ley española de identidad de género, que hasta el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional en lo que se refiere a las limitaciones impuestas a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales (y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal).

Por último, pero no menos importante, sigue pendiente la aprobación de un marco legislativo estatal que vaya más allá de las cuestiones registrales y que otorgue una mayor protección jurídica a las personas trans que sufren acoso, violencia o discriminación, sea en forma de una ley general contra la discriminación de las personas LGTBI o de una ley específica de transexualidad. Los antecedentes, en este sentido, no son precisamente tranquilizadores: la ambiciosa proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI impulsada por la FELGTB y registrada en el Congreso en mayo de 2017 nunca llegó a ser aprobada por el bloqueo impuesto en la mesa del Congreso por el PP y Ciudadanos.

Mientras tanto, la sangría prosigue.

Fuente Dosmanzanas

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El Trifachito andaluz: Vox, PP y C,s

PP y Ciudadanos, los partidos que gobiernan Andalucía con el apoyo parlamentario de Vox, han llegado a un nuevo acuerdo con la formación de extrema derecha para que los alumnos de la región deban contar con permiso expreso de los padres para poder asistir a charlas contra la LGTBfobia. Andalucía se convierte así en la segunda comunidad autónoma en la que se implanta lo que la extrema derecha gusta llamar «PIN parental» después de que la Consejería de Educación del Gobierno de Murcia (también en manos de PP y Ciudadanos y respaldado parlamentariamente por Vox), emitiera hace unas semanas una resolución en ese mismo sentido.

«Se procederá a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos consagrados en la Constitución española», reza el texto del acuerdo alcanzado entre las tres formaciones de derecha y que forma parte de un acuerdo amplio que permitirá al Gobierno andaluz ver aprobados los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma con el apoyo de Vox. El diario digital Infolibre ha preguntado a la formación de extrema derecha si con dicho acuerdo dan por cumplida su exigencia de que se apruebe el «PIN parental» y así se lo han confirmado.

Andalucía, región en la que PP y Ciudadanos buscaron el apoyo de Vox para lograr la mayoría absoluta y desbancar del Gobierno al PSOE (que durante la legislatura anterior gobernaba precisamente el apoyo de Ciudadanos), se convierte así en la segunda comunidad autónoma en la que la formación de extrema derecha consigue implantar de forma efectiva su agenda anti-LGTB. Hace pocas semanas conseguía un triunfo parecido en Murcia, donde una resolución de la secretaría general de la Consejería de Educación ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria sean comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos otorguen su autorización expresa. Por supuesto, la resolución no menciona en ningún momento las siglas LGTBI (al igual que el acuerdo andaluz), pero a nadie se le oculta que su objetivo no es otro que el desnaturalizar las charlas contra la LGTBIfobia.

Las leyes regionales contra la LGTBIfobia, papel mojado

Al igual que comentamos en su momento al hablar de Murcia, en nuestro humilde entender el acuerdo de PP y Ciudadanos con Vox atenta contra la ley regional contra la LGTBIfobia aprobada por unanimidad del Parlamento andaluz en diciembre de 2017 (por aquel entonces Vox era todavía una fuerza extraparlamentaria). Su artículo 13.2 dice que «se garantizará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la educación infantil, explicando la diversidad afectivo-sexual sin estereotipos a fin de facilitar un conocimiento objetivo y sin prejuicios, con absoluto respeto a los derechos humanos, utilizando para ello los recursos pedagógicos necesarios», mientras que su artículo 15.2 asegura que «los planes educativos deberán contemplar pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de los derechos de las personas que se reconocen LGTBI, así como dar cabida a proyectos curriculares que contemplen o permitan la educación afectiva y sexogenérica y eviten e impidan la discriminación. Para ello dispondrán de herramientas, recursos y estrategias para educar en la diversidad sexual, de género y familiar, prevenir el acoso escolar y educar en el respeto y la igualdad, tanto desde la educación formal como desde la no formal, incorporando al currículum los contenidos de igualdad».

Insistimos también, como venimos haciendo desde que hace ya casi un año Vox irrumpiera en el Parlamento andaluz: el problema no es tanto el programa concreto de Vox (que no puede imponer en su totalidad) como la consolidación de una agenda marcada por sus demandas. Su blanqueamiento por parte de numerosos medios de comunicación y la actitud de PP y Ciudadanos, que no han tenido el más mínimo impedimento moral a la hora de apoyarse en la formación de extrema derecha para acceder o aferrarse al poder en lugares como Andalucía, Madrid o Murcia, han acabado por completar un escenario poco halagüeño para los derechos LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

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Escocia otorgará el perdón oficial a las personas perseguidas por conducta homosexual en el pasado. La semana pasada entró en vigor la ley aprobada en el Parlamento de Holyrood el año pasado, que concederá la anulación de las sentencias a los miles de condenados por la penalización de las relaciones del mismo sexo, vigente hasta 1980. A diferencia del caso alemán, la nueva norma no contempla el pago de indemnizaciones. En 2017, Westminster aprobó para Inglaterra y Gales una ley de indulto póstumo a las víctimas de la persecución homófoba.

Aunque ya existían leyes contra la sodomía desde el siglo XVI, el Reino Unido comenzó a penalizar cualquier actividad sexual entre hombres en 1885. Estas leyes permanecieron en el código penal de Irlanda del Norte hasta 1982; en Inglaterra y Gales la despenalización llegó en 1967 y en Escocia en 1980. En este periodo se condenó a unos 75.000 hombres por este motivo. La equiparación en la edad de consentimiento, por su parte, no llegó hasta 2001.

En febrero de 2017, el Parlamento de Westminster aprobaba una ley para resarcir, a título póstumo, a las personas que sufrieron la persecución homófoba en Inglaterra y Gales. Un año después, en junio de 2018, el Parlamento escocés aprobaba por unanimidad la ley, redactada por el Gobierno de Nicola Sturgeon, que permite la anulación de las condenas por conductas homosexuales que actualmente son legales. El texto entró en vigor el martes de la semana pasada.

Bajo la nueva norma, los afectados podrán reclamar la eliminación completa de los antecedentes policiales por estos motivos o bien que estos pierdan su validez legal sin ser borrados de los registros. El proceso será gratuito y se aplicará también a título póstumo. La ley no contempla ningún tipo de indemnización, algo que ha criticado el activista Peter Tatchell. El Gobierno escocés consideró que el pago de compensaciones sería injusto con los que han sufrido otras formas de discriminación homófoba. En Alemania, la norma aprobada en 2017 sí que prevé reparaciones económicas a las víctimas del artículo 175.

Fuente Dosmanzanas

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