Aunque en los últimos meses Indonesia se está convirtiendo en un foco preocupante de LGTBfobia, el Tribunal Constitucional del país acaba de rechazar una proposición para castigar con hasta cinco años de cárcel el sexo gay y el sexo prematriomnial.

El Tribunal Constitucional de Indonesia rechazó este jueves criminalizar las relaciones sexuales entre personas no casadas, incluyendo por tanto las que tuvieran lugar entre personas del mismo sexo. Por una ajustada mayoría de cinco votos a favor frente a cuatro en contra, los jueces del alto tribunal decidieron no admitir una petición de reforma del Código Penal que habría castigado con penas de hasta cinco años de prisión el sexo fuera del matrimonio. La decisión supone un respiro provisional en una región donde la LGTBfobia social y de Estado está alcanzando cotas muy preocupantes.

Alivio momentáneo de la comunidad LGTB en Indonesia. El Tribunal Constitucional de este país del sudeste asiático ha fallado en contra de una petición para declarar delictivas las relaciones sexuales fuera del matrimonio. La demanda la presentó la Family Love Alliance/Alianza por el Amor Familiar (AILA) en marzo de 2016, un grupo islamista de extrema derecha y antiLGTBI al que se sumaron unos cuantos académicos ultra conservadores. En su momento la líder de la AILA, Rita Hendrawaty, dijo que la intención del grupo no era criminalizar a las personas LGTBI sino “tener normas mucho más claras.” “No pretendemos criminalizar a aquellos que tienen orientaciones sexuales desviadas“, explicó Hendrawaty en agosto de 2016, “Ésa no es la cuestión. Pueden ser libres de vivir pero no de mostrar su estilo de vida“. Hamid Chalid, un experto en legalidad constitucional que se sumó a la petición, dijo que su intención era meter en vereda al país porque se estaba volviendo demasiado liberal: “Nuestro país ha legalizado el fornicio, la violación masculina y los actos homosexuales. Hemos permitido que nuestra constitución se vuelva demasiado liberal. ¿Es eso lo que queremos?”

La demanda ha sido rechazada, tras una votación muy ajustada, por el voto contrario de cinco jueces, frente a cuatro que votaron a favor, en la que se ha considerado que para poder implementar esa petición habría que introducir nuevas leyes en el código penal, algo que sería responsabilidad del gobierno. “Solo porque se considere que una ley está incompleta o ya no está en línea con las normas de la sociedad no implica que esa ley sea contradictoria con nuestra Constitución”, dice el veredicto, que añade que “cualquier limitación a los derechos de las personas ha de ser decidida a través del proceso legislativo del Parlmento. Las peticiones presentadas ante este tribunal están pensadas para proteger a alguien frente a la limitación de sus derechos.” De haber sido aceptada, las relaciones entre personas del mismo sexo o entre personas de distinto sexo fuera del matrimonio habrían conllevado una pena de hasta cinco años de prisión.

Los magistrados no han declarado inconstitucional la prohibición del sexo extramarital, sino que consideran que esta decisión la tiene que tomar, en su caso, el poder legislativo. El fallo contrario a la criminalización ha sido posible también gracias a la reciente encarcelación por corrupción de uno de los jueces del alto tribunal, Patrialis Akbar, por corrupción. Mientras que Akbar apoyaba con entusiasmo la petición, su sustituto ha votado en contra.

Las organizaciones pro derechos humanos se han felicitado por la sentencia, aunque recordando lo ajustado del resultado y la necesidad de seguir luchando contra la ola LGTBfoba que sacude la región. “Es muy importante evitar que nuestro poder judicial lo saboteen unos fundamentalistas y unos corruptos”, declaraba Rocky Intan, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Yakarta. Los demandantes de la Family Love Association, por el contrario, aseguraron que continuarán por la vía legislativa su batalla por la penalización.

Entre lo que dice el veredicto y lo ajustado de la votación cierto es que el colectivo LGTB+ de Indonesia no está como para tirar cohetes, pero han celebrado el resultado y han asegurado que se trata de un gran paso en el reconocimiento de la igualdad y el respeto a la diversidad.

#BREAKING: #Indonesia‘s constitutional court rejects petition that sought to criminalize adult consensual same-sex conduct and sex outside of marriage. Glimmer of good news for all Indonesians, in particular besieged #LGBT community. @hrw backgrounder here https://t.co/nKWFQe9haV

— Kyle Knight (@knightktm) 14 de diciembre de 2017

Indonesia, un infierno para la comunidad LGTB

En febrero de 2016 publicábamos un artículo que recogía cómo la oleada de virulenta homofobia y transfobia se abre paso a un ritmo preocupante en Indonesia. Publicábamos entonces que políticos y líderes religiosos se turnan con declaraciones incendiarias que estigmatizan cada vez más a la población LGTB. Desde entonces, por desgracia, no hemos parado de recoger casos de detenciones, abusos y crueles castigos físicos.

Indonesia presenta una realidad muy diferente para su comunidad LGTB dependiendo de la región. Formalmente, la homosexualidad no es delito en el país con mayor número de fieles musulmanes del mundo, que mantiene un código penal heredado de la época colonial neerlandesa. La excepción son las provincias autónomas de Aceh (situada en la zona norte de Sumatra) y Sumatra Meridional, aunque en este caso la prohibición rige solo para los musulmanes.

En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, el pasado mes de mayo a dos jóvenes de 20 y 23 años.

Fuera de Aceh también se ha registrado un incremento de la represión. También en mayo de este año, la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital. No obstante, el portavoz de la policía de Yakarta, Raden Argo Yuwono, aseveraba que los detenidos podrían ser acusados bajo las duras leyes contra la pornografía vigentes en el país. Unas semanas antes, ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una “fiesta gay” en Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia. Son solo algunos ejemplos de la penosa situación de los ciudadanos LGTB en el país.

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Ampliamos la noticia que publicábamos el pasado 7 de septiembre:

El nuevo presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, ha admitido en una entrevista concedida a la cadena de televisión Al Jazeera que cree que la homosexualidad acabará descriminalizándose en este país africano, de la misma forma que ha ocurrido y seguirá ocurriendo “en otras partes del mundo”. Akufo-Addo se ha referido a las legislaciones LGTBfóbicas que se mantuvieron vigentes en países como el Reino Unido (en el que vivió una parte de su infancia) y cómo la presión social y el activismo logró darle la vuelta hasta que se acabó reconociendo los derechos del colectivo. Por ello argumenta que, para abordar este debate, la opinión pública debe mostrar más signos de tolerancia. Aunque se trate una tibia declaración de intenciones, la postura de Nana Akufo-Addo es de las más inclusivas entre la clase política del país. Varios líderes de la oposición y medios de comunicación ghaneses contestan al presidente que la homosexualidad es “repugnante” y “antinatural”.

A corto plazo no parece que vaya a producirse ningún cambio sustancial para la comunidad LGTB de Ghana. Sin embargo, el presidente, Nana Akufo-Addo, asegura que la legalización de la homosexualidad en este país es una cuestión de tiempo. En este sentido, Akufo-Addo anima al activismo ghanés a trabajar para lograr una mayor aceptación social, que sirva como base para acometer cambios legislativos. En este momento, “no veo que en Ghana haya una fuerte corriente de opinión que diga que esto es algo a lo que tenemos que, incluso, enfrentarnos”, dice el presidente ghanés en su entrevista para Al Jazzera. Nana Akufo-Addo accedió al cargo en enero de este año. En su primer discurso dijo que esperaba que los ghaneses sean “ciudadanos, no espectadores; ciudadanos, no sujetos; ciudadanos responsables”.

Las declaraciones del presidente sobre la futura descriminalización de la homosexualidad, a pesar de que no constituyen ningún compromiso político, han despertado una ola de fuertes críticas por parte de la oposición e incluso de medios de comunicación locales como que las relaciones entre personas del mismo sexo son algo “repugnante” y “antinatural”.

Hassan Ayariga, presidente del All People’s Congress (APC), asevera que “esta aceptación camuflada por parte de nuestro Gobierno del comportamiento antinatural ahora ha amenazado con destruir nuestra sociedad. Los efectos comienzan a manifestarse y no podemos sentarnos y permitir que suceda”. El líder del APC ha calificado a los hombres homosexuales como “jinetes de salchichas”, al tiempo que anunciaba que “recordaremos al presidente que su aclamado activismo por los derechos humanos no se extiende a los derechos humanos anormales”, por lo que “no nos sentaremos y permitiremos que nuestra sociedad sea reducida por bandidos que quieren desafiar la sabiduría de Dios”.

En cambio, desde el colectivo LGTB de Ghana se empiezan a alzar voces de moderada esperanza. El activista africano Edwin Sesange considera que “este es uno de los presidentes más respetados en África. Fue muy valiente por su parte hacer comentarios tan prometedores, dada la retórica antigay en el país y en el continente en general”. En opinión de Sesange, “a pesar de que no apoya totalmente la despenalización de la homosexualidad, su mensaje de optimismo y trabajo duro debe tomarse en serio”. Razón por la que “lo felicito por eso. Necesitamos más personas como él”.

La difícil situación del colectivo LGTB en Ghana

En Ghana las relaciones homosexuales masculinas son ilegales y pueden conllevar penas de cárcel, aunque en las ciudades más grandes –como Accra o Kumasi– pueda hablarse incluso un tímido y discreto “ambiente”. El clima de opresión se extiende, en cualquier caso, a las élites políticas. En septiembre de 2015, sin ir más lejos, el candidato a la presidencia George Boateng proponía fusilar a “corruptos, gais y lesbianas”. También el año pasado nos hacíamos eco de varios  ataques y amenazas homófobas que atemorizaron a la población LGTB de Ghana como el intento de linchamiento de un chico gay o los incidentes lesbófobos, entre otros ataques recientes (uno de ellos un intento de linchamiento de dos alumnos dentro de un centro educativo por parte de sus propios compañeros). Mientras, el clérigo musulmán de Ghana Mallam Abass Mahmud afirmaba que “El sexo gay provoca terremotos porque disgusta a Alá”.

En noviembre de 2013, el propio Ministerio de Educación decretaba la persecución de los alumnos percibidos como gais o lesbianas a raíz de la denuncia de una alumna que aseguraba sentirse presionada por sus compañeras para “practicar el lesbianismo”. En abril de ese año, dos colegios expulsaban a 53 alumnos por ser supuestamente homosexuales. Anteriormente, en julio de 2011, el ministro para la región occidental del país ordenó el arresto de todas las personas homosexuales en su jurisdicción, poco después de que una pareja de hombres fuera desterrada de su localidad por celebrar una ceremonia privada de boda. Un año antes, cientos de personas participaban en una manifestación homófoba cuyo organizador recurrió al argumento de la supuesta “homosexualización” de los jóvenes ghaneses a manos de los extranjeros.

FuenteDosmanzanas/Cristianos Gays

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El conocido LGTBfobo Roy Moore ha perdido las elecciones al Senado de los Estados Unidos por Alabama. Su contrincante, el demócrata Doug Jones, ha conseguido una ajustada victoria en uno de los estados más conservadores del país. Moore (a quien podemos ver en la imagen acudiendo a votar montado a caballo) ha abogado por la penalización de la homosexualidad, la prohibición de ejercer cargos públicos para los ciudadanos de religión musulmana y se ha referido a los tiempos de la esclavitud como la última vez que los Estados Unidos fueron grandes. También ha sido acusado de haber abusado de mujeres cuando aún eran menores de edad. A pesar de todo ello, ha recibido el apoyo incondicional de los grupos evangélicos y del presidente Donald Trump. Su derrota es la derrota del fundamentalismo religioso más reaccionario y de la más abyecta hipocresía.

El pasado 12 de diciembre se celebró en Alabama una elección extraordinaria de su representante en el Senado de los Estados Unidos. Se trataba de elegir al sucesor del exsenador Jeff Session, que ocupaba el cargo desde 1997, tras su dimisión el pasado mes de febrero al ser designado por Donald Trump como fiscal general del Estado.

En un principio, Luther Strange, fiscal general de Alabama, fue designado senador provisional hasta la elección, siendo el candidato preferido por el Partido Republicano y por el propio presidente Donald Trump. Sin embargo, Roy Moore, antiguo presidente de la Corte Suprema de Alabama, consiguió arrebatarle la candidatura por un ajustado margen.

La campaña de Moore se basó en lo que él denominaba la defensa “valores familiares”contra un “ellos” difuso que trataban de mermarlos. En uno de sus discursos, describió a esos “ellos” contra quienes luchaba: “Cuando digo ‘ellos’, ¿quiénes son? Son los liberales. Los que no tienen valores conservadores. Son las lesbianas, gais, bisexuales y transexuales que quieren cambiar nuestra cultura. Son los socialistas que quieren cambiar nuestra forma de vida y poner al hombre por encima de Dios y que el Gobierno sea nuestro Dios. Son los miembros de la clase dirigente de Washington, que quieren mantener todo igual para no perder su posición, su poder, su prestigio”.

La escalada de fanatismo de su discurso fue incrementándose a lo largo del proceso electoral. Llegó a afirmar que la última vez que los Estados Unidos fueron una gran nación ocurrió durante la época de la esclavitud, también declaró que los estadounidenses de filiación religiosa musulmana no deberían poder acceder a cargos públicos. Si el racismo y la intolerancia no fueran suficientes, salieron a la luz denuncias de varias mujeres, que afirmaron que habían sido acosadas por Moore cuando aún eran menores de edad —alguna de ella contaba tan solo catorce años— y el candidato republicano ya andaba por la treintena.

Nada de esto hizo mella en sus partidarios, sobre todo entre la comunidad evangelista, que le siguió ofreciendo todo su apoyo y le defendió denodadamente. Según sus líderes religiosos, “el juez Moore tiene un historial probado de lucha por políticas públicas basadas en valores bíblicos y no en la perversión, y por eso que es un objetivo. Se mantiene fiel a las líneas de combate contra el enemigo interior. Se ha convertido en un baluarte para combatir a aquellos que buscan victimizar a niños y adultos a través de leyes de baño transgénero, adoctrinamiento LGBT en las escuelas, y mucho más”. Tampoco preocupó al presidente Donald Trump, que le apoyó hasta el último momentocon su habitual estilo deslenguado.

En quienes sí que pareció hacer efecto el exceso de fanatismo fue entre las minorías raciales y sexuales, que se movilizaron para votar a favor del candidato demócrata. Finalmente, Doug Jones consiguió el 49,9 % de los votos, frente al 48,4 % obtenido por Roy Moore. Un resultado que desmentía casi todas las encuestas, que daban al candidato republicano por seguro vencedor.

El mapa de votos por condado ofrecía otro dato: el voto urbano se volcaba mayoritariamente por Jones, mientras que el voto rural era incondicional de Moore.

La elección de Doug Jones deja a los representantes del Partido Demócrata con 47 escaños en el Senado, frente a los 51 del Partido Republicano y 2 independientes. Esa exigua mayoría hacía especialmente relevante esta elección, pues en cuestiones como inmigración o derechos civiles, algunos de los senadores republicanos de los estados menos conservadores podrían vetar leyes y dictámenes presidenciales, uno de los mayores temores de Donald Trump.

Doug Jones es conocido por su labor como fiscal general del distrito norte de Alabama, durante el mandato presidencial de Bill Clinton.

Su caso más conocido fue la reactivación del procedimiento contra dos miembros del Ku Klux Klan, que atentaron con dinamita contra una iglesia baptista de feligresía negra en 1963, causando la muerte de cuatro niñas y decenas de heridos. El empeño del entonces fiscal Jones consiguió la condena a cadena perpetua para los asesinos.

Roy Moore: una larga historia de fanatismo LGTBfobo

Los ciudados de Alabama pertenecientes a minorías sexuales, raciales o religiosas se han librado de que les representara en el Senado uno de los políticos más fanáticos e intolerantes de la actualidad estadounidense. De su beligerancia contra los derechos LGTB habla su propio historial.

Roy Moore fue suspendido por segunda vez como presidente de la Corte Suprema de Alabama en septiembre de 2016, y en esta ocasión lo fue a perpetuidad. El magistrado fue hallado culpable de seis cargos de violación de los cánones de ética judicial, todos ellos relacionados con su oposición al matrimonio igualitario. Moore emitió una orden administrativa en enero de 2016, en la que ordenaba a los jueces de familia del estado que cesasen de proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. El mandato se emitía seis meses después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarase que la prohibición del matrimonio igualitario era inconstitucional, y derogase, por tanto, todas las leyes estatales que la contemplaban.

Lo mismo había hecho anteriormente, cuando la juez federal Callie V. S. Granade dictaminó en enero de 2015 que la prohibición del matrimonio igualitario en Alabama violaba la Constitución de los Estados Unidos. Moore ordenó a los jueces de familia que no acatasen el fallo de la juez federal y les prohibió que facilitasen licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por contravenir la Constitución de Alabama, creando un auténtico galimatías legal que produjo indefensión tanto en las parejas del mismo sexo como en los propios funcionarios del estado.

Tal muestra de auténtica insumisión judicial le acarreó la separación definitiva del cargo, si bien no era la primera vez que se enfrentaba a una sanción semejante. Ya en 2003 fue cesado de su cargo de presidente de la Corte Suprema, que retomó en 2012, por oponerse a que se retirara del edificio del alto tribunal un monumento dedicado a los Diez Mandamientos de la religión cristiana, que él mismo había ordenado instalar subrepticiamente una noche. Y es que Moore es conocido no solo por su implacable oposición a la igualdad de derechos de las personas LGTB, sino también por su fundamentalismo cristiano. En 2014, declaraba en una conferencia ante un grupo antiabortista que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad religiosa y de expresión, solo debe aplicarse a los cristianos. En el mismo discurso afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo ocasionará “la destrucción definitiva de nuestro país”.

Moore ha apoyado a quienes proponen que se apruebe en los Estados Unidos una legislación semejante a la rusa contra la llamada “propaganda homosexual”. Aún más allá, en 2015 declaraba ante las cámaras que “la homosexualidad debía ser castigada”, recordando que la Biblia condena la sodomía con la pena de muerte.

La beligerancia del juez Moore contra los derechos LGTB ha sido aclamada por organizaciones fuertemente LGTBfobas como National Organization for Marriage (NOM), Focus On The Family o el Ku Klux Klan, que han calificado las acciones del magistrado de “alzamiento contra la tiranía judicial”.

Fuente Dosmanzanas

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La oficina del Registro Civil de Botsuana anunció el pasado martes que facilitará un nuevo documento de identidad a un hombre trans en el que quede consignado el género con el que este se identifica. La decisión llega más de dos meses después de la sentencia del Alto Tribunal del país que ordenaba el cambio de “femenino” a “masculino” en la mención del sexo del demandante. La Administración ha revertido su decisión inicial de recurrir el fallo judicial. Se trata de la primera vez que se reconoce este derecho en el país africano y puede sentar un precedente para otros casos similares.

Buenas noticias desde Botsuana, uno de los pocos países africanos que tímidamente da algunos pasos hacia el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía LGTB. El Registro Civil ha informado de que procederá a la modificación del género legal de un hombre trans que acudió a la Justicia para que le reconociera este derecho. La decisión administrativa, que se hará efectiva antes del próximo día 18 de diciembre, pone fin a un proceso que se ha alargado durante diez años.

N.D., el demandante del que solo se conocen sus iniciales, reclamó ante los tribunales el reconocimiento administrativo de su género. Tras una larga batalla legal, el Alto Tribunal de Botsuana le dio la razón el 29 de septiembre de este año. El juez Nthomiwa dictó entonces que “el reconocimiento de la identidad de género del demandante está en el centro de su derecho fundamental a la dignidad”. “La identidad de género”, proseguía la sentencia, “constituye el núcleo del propio sentido del ser y es una parte integral de la identidad de una persona”. Por tanto, “el reconocimiento legal de la identidad de género del demandante es parte del derecho a la dignidad y a la libertad de expresarse de la forma con la que se encuentre cómodo”.

La sentencia del Alto Tribunal no tuvo una traslación inmediata a la práctica, porque el representante del Registro Civil anunció que la recurriría ante la Corte de Apelaciones. El mandato quedó por tanto en el aire hasta que, el pasado martes, la Administración se desdijo y aseguró que no presentaría ningún recurso y que facilitaría a N.D. sus nuevos documentos antes del próximo 18 de diciembre. “Nunca fue tan dulce un final”, ha declarado el demandante, que espera que el fallo ayude a otros en su situación “a vivir su vida con dignidad”.

Es el caso de la activista trans Ricki Kgositau, que también recurrió a la Justicia en agosto para que le reconozca su identidad de género. La sentencia favorable a N.D. podría ser un precedente favorable en la resolución de su caso, cuya vista en el Alto Tribunal se celebrará el próximo martes 12 de diciembre. Así lo espera el Southern Africa Litigation Centre, una ONG pro derechos humanos que ha prestado asistencia jurídica a ambos.

Un código penal heredado de la época colonial

El código penal de Botsuana, heredado como otros muchos de la época colonial británica, castiga el “conocimiento carnal contra natura” con un máximo de siete años de prisión. En este país africano limítrofe con Namibia, Sudáfrica y Zimbabue y considerado uno de los más desarrollados y democráticos de la región, la homosexualidad sigue teniendo sin embargo una consideración social negativa y suele ser rechazada como “antiafricana”.

Por otra parte, las altísimas tasas de prevalencia del VIH, que alcanzan casi a uno de cada cuatro adultos en el país, han impulsado tímidas iniciativas para impedir su propagación entre los hombres que tienen sexo con hombres. Por ejemplo, en 2011 se presentó una propuesta ante la Asamblea Nacional para proveer de condones a los presos en las cárceles de hombres. Una iniciativa que, sin embargo, se topó con el rechazo frontal del vicepresidente de la cámara Pono Moatlhodi, que llegó a afirmar que si de él dependiera, “haría matar” a los homosexuales.

En sentido contrario, el expresidente Festus Mogae criticó la estigmatización de las personas LGTB que según él impedía luchar eficazmente contra la pandemia. Mogae afirmó haber instruido a la policía para no actuar contra gais y lesbianas, pero justificó el mantenimiento del código penal homófobo en la opinión mayoritaria de la población, contraria a la despenalización. El activista Youngman, por su parte, ya llevó esta provisión ante la justicia en 2011, sin que de momento haya tenido éxito en su empeño.

El año pasado se conseguía una pequeña victoria con el fallo a favor del reconocimiento legal de la asociación de defensa de los derechos LGTB LEGABIBO. El registro ya había sido convalidado por el Alto Tribunal en noviembre de 2014, pero el Gobierno botsuano recurrió entonces la sentencia. La Corte de Apelaciones dio la razón a LEGABIBO y estimó que promover los derechos humanos y defender la derogación de las leyes que penalizan la homosexualidad no es ilegal, y que ser homosexual tampoco lo es.

Fuente Dosmanzanas

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Tras la aprobación del matrimonio igualitario por parte del Parlamento de Australia, algunos han recordado que en el año 2015 hubo una pareja que comunicó su intención de divorciarse si esto ocurría, debido a sus creencias religiosas. Y parecían estar desaparecidos, por lo que hasta un abogado, gay, por cierto, se ofreció a asesorarles.. Sin embargo, preguntados al respecto, parece que aquella convicción con la que hablaron en su momento no ha superado el enfrentamiento con la realidad. No, no se van a divorciar.

Nick y Sarah Jensen son un matrimonio australiano de profundas convicciones religiosas que, hace un par de años, se comprometieron públicamente a divorciarse si se aprobaba el matrimonio igualitario en su país. Argüían que “el matrimonio de cualquier pareja es importante para Dios, independientemente de si esa pareja reconoce la participación o la autoridad de Dios en él”, y que el hecho de que las parejas del mismo sexo pudieran acceder a esa institución civil, haría que su propio enlace tuviera “un sentido y un propósito completamente diferentes”.

Todo ello lo explicaron en una carta dirigida a la revista Canberra City News, en unos momentos en que se habían difundido encuestas que reflejaban el apoyo creciente a los derechos de las parejas LGTB por parte de la población australiana. Nick Jensen, abogado de profesión, se sintió obligado a comunicar a la opinión pública su decisión de proceder a divorciarse en el caso de que el matrimonio igualitario terminase siendo aprobado. Si bien añadía posteriormente que “después de nuestro divorcio continuaremos viviendo juntos, esperemos que por otros 50 años más. Y, si Dios quiere, vamos a tener más hijos. También continuaremos refiriéndonos entre nosotros como ‘esposo’ y ‘esposa’ y nos consideraremos casados por la Iglesia y ante Dios”.

Una vez que las parejas del mismo sexo australianas gozan de igualdad de derechos, por decisión del Parlamento de su país, algunos medios se han interesado por el futuro del matrimonio Jensen, y por saber si su ferviente propósito de hace dos años seguía aún en pie. Pues bien, en unas declaraciones al Daily Mail Australia, Nick Jensen se ha echado para atrás en su decisión, aunque, eso sí, con profusas excusas. Así se explicaba:

Mis declaraciones públicas anteriores con respecto al divorcio civil nunca tuvieron que ver con la separación de mi esposa, sino más bien con nuestro matrimonio respecto al Estado. La legislación actual hace insostenible hacerlo legalmente. Nuestro propósito era, y sigue siendo, resaltar que una redefinición del matrimonio cambia el acuerdo bajo el cual estábamos originalmente casados. No haremos más comentarios.

Efectivamente, la normativa australiana sobre el divorcio es bastante restrictiva, ya que establece que las parejas que deciden concluir su vínculo matrimonial tiene que vivir separadas durante un año antes de poder solicitarlo, y además deben asegurar ante el tribunal de familia que no lo harán en el futuro. Es decir, la única manera de que los Jensen puedan divorciarse es que mientan ante un tribunal. Pero es de extrañar que un abogado como Jensen no conociese hace dos años esa normativa, tanto como que unas convicciones religiosas tan fuertes se diluyan con tanta falicidad porque las leyes terrenales sean un tanto complicadas.

Fuente Dosmanzanas

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La Asamblea de Representantes de Bermudas ha aprobado un proyecto de ley que crea la figura de las uniones civiles para las parejas del mismo sexo, y revierte la posibilidad, abierta por decisión judicial, de que se incluyan en la institución del matrimonio. La medida ha sido aprobada por 24 votos a favor y 10 en contra. Esta regresión de los derechos de las parejas LGTB es la respuesta de un Gobierno y sociedad profundamente conservadores a la inequívoca resolución de la Corte Suprema, que estableció con rotundidad que la prohibición del matrimonio igualitario vulneraba la legislación sobre derechos humanos.

La situación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bermudas era peculiar. En mayo de este 2017, la magistrada de la Corte Suprema Charles-Etta Simmons sentenció a favor de dos hombres que habían demandado por su derecho a casarse. La jueza consideró que la legislación sobre matrimonio vigente en Bermudas era incompatible con los derechos humanos, ya que contenía una discriminación basada en la orientación sexual de los contrayentes. Por ello, consideró que los demandantes tenían derecho a contraer matrimonio y declaró que la ley matrimonial debía interpretarse como aplicable a las parejas del mismo sexo. La sentencia tuvo efectos inmediatos y estableció recomendaciones para reformar la normativa, de manera que hicera referencia a “dos personas” en lugar de a “hombre y mujer”.

Sin embargo, el renuente Partido Laborista Progresista, actualmente en el poder, no obedeció esas recomendaciones, apoyado por una sociedad que, meses antes, rechazaba en referéndum la posibilidad de reconocer las uniones entre personas del mismo sexo, ya fueran en forma de matrimonio o de unión civil. El referéndum, consultivo y no vinculante, no alcanzó, sin embargo, el quórum necesario para ser considerado válido.

Dispuesto a satisfacer a sus votantes más conservadores, el Gobierno no llevó a cabo ninguna de las recomendaciones establecidas en la sentencia de la Corte Suprema, por lo que dos personas del mismo sexo podían conseguir que su unión fuera llamada matrimonio, pero las diversas leyes y normativas que tuvieran que ver con el vínculo matrimonial seguían sin aplicárseles. La decisión del poder legislativo ha sido, en cambio, el subterfugio de la creación de uniones civiles para las parejas del mismo sexo (como mal menor ante sus votantes), con derechos semejantes al del matrimonio, pero como una institución diferenciada. Esta nueva figura legal no tendrá efectos retroactivos, por lo que los matrimonios de parejas del mismo sexo realizados desde la sentencia de la Corte Suprema hasta la actualidad seguirán vigentes.

El diputado del Partido Laborista Progresista Lawrence Scott afirmó durante la deliberación en la Asamblea que “la comunidad LGBTQ obtiene los beneficios que ha estado pidiendo, mientras se mantiene la definición tradicional de matrimonio”, tras lo que explicaba que “hasta ahora, podían tener el nombre de matrimonio, pero sin los beneficios. Después de la aprobación del proyecto de ley, obtendrán los beneficios, pero no el nombre de matrimonio. Los beneficios son lo que realmente quieren”. Desde la oposición, el resumen es muy distinto. La diputada de One Bermuda Alliance Patricia Gordon-Pamplin ha considerado que “hemos dado algo a una comunidad tan solo para arrebatárselo”, a lo que añadía “no me parece que esté bien que tratemos a nuestros hermanos y hermanas de manera diferente en algo que es similar”.

Del conservadurismo de la sociedad bermudeña da fe que no despenalizó la homosexualidad hasta 1994, y que, por ejemplo, la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales masculinas sigue siendo dos años superior que para las relaciones heterosexuales o lésbicas (18 años frente a 16). Aunque ello no ha evitado que se produzcan avances significativos. En 2013, por ejemplo, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe discriminar por razones de orientación sexual (a finales de 2012 nos hicimos eco de la misma). Y a principios de 2015 la Corte Suprema de Bermudas falló a favor de la adopción homoparental, lo que permite a las parejas del mismo sexo adoptar en igualdad de condiciones a las parejas de distinto sexo. Ignoramos si la aprobación de la ley de uniones civiles y la reversión del derecho al matrimonio tendrán una respuesta judicial.

El matrimonio igualitario en el Reino Unido

La composición política del Reino Unido es algo complicada, lo que hace que la extensión del matrimonio igualitario se encuentre con dificultades especiales en comparación con otros países.

En el Reino Unido estrictamente hablando, las legislaciones sobre el matrimonio igualitario están vigentes en Inglaterra, Gales y Escocia, quedando tan solo Irlanda del Norte como el único reducto que se resiste a la igualdad en el acceso al matrimonio para las parejas del mismo sexo.

En cuanto a las tres dependencias británicas, la Isla de Man aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo en abril de este 2017, el Bailinazgo de Guernsey lo hizo en el mes de septiembre, y en el Bailinazgo de Jersey se espera una votación final al respecto, que podría tener lugar el próximo 30 de enero de 2018. Hay que señalar que el Bailinazgo de Guernsey tiene, a su vez, sus propias dependencias, Alderney y Sark, donde no se aplicó el derecho al matrimonio igualitario. Sin embargo, Alderney aprobó el pasado mes de octubre una resolución favorable, que está a la espera de la convalidación por la jefatura del Estado.

De los catorce territorios británicos de ultramar, el matrimonio entre personas del mismo sexo está permitido en Gibraltar, las Islas Pitcairn, el Territorio Antártico Británico, el Territorio Británico del Océano Índico, las Islas Malvinas, la base de Acrotiri y Dekhelia. En el territorio formado por Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña, solo es legal en las dos últimas. No está permitido en Anguila, las Islas Vírgenes Británicas, Bermudas, Montserrat, las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, las Islas Caimán y las Islas Turcas y Caicos. En las Islas Caimán, sin embargo, sí se reconocen los matrimonios de parejas del mismo sexo contraídos en otras circunscripciones.

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La organización ultraconservadora HazteOír celebró el pasado sábado en el restaurante Pedro Larumbe de Madrid la 14º edición de sus premios anuales. Es un evento al que en condiciones normales no prestaríamos atención, pero la presencia de representantes oficiales de la Policía Nacional y Guardia Civil, que recogieron sendos galardones y que pronunciaron discursos elogiosos hacia HazteOír, no creemos que deba obviarse. Resulta altamente preocupante que mandos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado confraternicen de esa manera con una organización que ha hecho de la lucha contra los derechos civiles de las personas LGTBI y de la promoción del odio tránsfobo su principal razón de ser. Máxime cuando este año el escenario estaba decorado con referencias al “autobús del odio” y a la propuesta de ley contra la LGTBIfobia.

Los premios HazteOír no son más que una expresión más de la ideología reaccionaria de dicha organización. Entre los premiados este año hay personajes como Alicia Rubio, autora de un libro contra “la ideología de género”, el sacerdote Custodio Ballester, que el pasado mes de junio pronunció una homilía homófoba en Hospitalet de Llobregat en la que calificó la homosexualidad de “pecado gravísimo” (fue denunciado ante la Generalitat por el Observatori contra l’Homofòbia, pero la denuncia fue archivada) o Nathalie de Williencourt, fundadora de Homovox, un grupúsculo francés formado supuestamente por homosexuales contrarios al matrimonio igualitario y a la adopción homoparental, y que según HazteOír es “una de las asociaciones de homosexuales más importantes de Francia”.

Nada nuevo bajo el sol, en definitiva. Si este año nos hacemos eco de estos premios es porque a su acto de entrega acudieron mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, ya que ambos cuerpos habían sido también galardonados (por su actuación frente a las movilizaciones independentistas de Cataluña). En concreto, acudieron el general de la Guardia Civil Arturo Espejo y el comisario y jefe del Área de Publicaciones del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Policía, Mario Hernández. Y más allá de las corteses palabras de agradecimiento, ambos aprovecharon sus discursos para elogiar, aunque fuese sin entrar en detalles, a la organización HazteOír. El general Arturo Espejo, en su discurso, alabó la existencia de “catalizadores que nos permitan la convivencia en sociedad”, entre los que citó a “la familia”, “la religión” y “la educación”. Más explícito fue Mario Hernández, que aseguró que “los valores de dignidad, derechos humanos y libertades fundamentales que promueve esta asociación [en referencia a HazteOír] son principios que nuestros conciudadanos han mandado proteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. 

Habrá quienes consideren una muestra de simple educación que representantes cualificados de la Guardia Civil y de la Policía Nacional acudiesen a recibir unos premios que HazteOír les había concedido. A nosotros, sin embargo, no deja de llamarnos la atención que desde los Ministerios de Interior y Defensa, responsables últimos de ambos cuerpos, se tenga este gesto ante una organización que simple y llanamente promueve el odio contra una minoría. Especialmente preocupante resulta el tono cómplice de los discursos, que podrían haberse limitado a un agradecimiento genérico. O que, por el contrario, podrían haber incorporado una mención al carácter de garantes de los derechos de todos los ciudadanos, con independencia de su orientación sexual o de su identidad de género, que se le suponen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Más aún cuando el acto de HazteOír, como bien puede apreciarse en el vídeo que lo recoge en su integridad, se abrió precisamente con alabanzas de los presentadores al “autobús del odio” contra los niños y niñas transexuales, y cuando los representantes de Guardia Civil y Polícia Nacional (y el resto de premiados) recogieron sus galardones y pronunciaron sus discursos de agradecimiento en un escenario decorado, entre otros elementos, con una reproducción del autobús y con un panel con la leyenda “Ley Mordaza LGTBI: Van a por tus hijos”. 

HazteOír se niega a pagar la multa impuesta por la Comunidad de Madrid

Precisamente este jueves se ha conocido la cuantía de la multa que la Comunidad de Madrid ha impuesto a HazteOír por la difusión de un panfleto, enviado en su momento a colegios de toda España, en el que denigraba los avances legislativos que se están produciendo en diferentes comunidades en materia LGTBI. En respuesta a una denuncia de Arcópoli, y en aplicación de la ley madrileña contra la LGTBfobia, la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid ha considerado a HazteOír merecedor de una sanción leve y le ha impuesto una multa de 1.500 euros por emitir en dicho panfleto “expresiones de carácter vejatorio hacia las personas LGTBI”.

Una sanción que, pese a su levedad, ha sido saludada por Arcópoli por su carácter simbólico, pero que HazteOír ya ha anunciado que se niega a pagar. Sin duda animada por sus recientes victorias en los conservadores tribunales madrileños, la organización ultraconservadora está dispuesta a seguir batallando en los tribunales. Medios no le faltan para ello. Recordemos, además, que gracias a su declaración como “entidad de utilidad pública” en 2013, y que el Ministerio del Interior se niega a retirarle, los donantes y socios de HazteOír se benefician de ventajas fiscales. Según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones, los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

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El Parlamento australiano acaba de votar a favor de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en el país y la Ley de Reforma del Matrimonio, Definiciones y Libertades Religiosas ha sido aprobada con una mayoría aplastante: solo cuatro parlamentarios de los 118 que forman la cámara han votado en contra.

Tras una maratoniana sesión en la que se han considerado 118 enmiendas, la Cámara de Representantes de Australia ha aprobado el matrimonio igualitario por casi unanimidad de sus miembros. Una a una, las proposiciones para enmendar el texto aprobado el pasado 30 de noviembre en el Senado australiano han sido rechazadas, por lo que la ley solamente tendrá que esperar a su promulgación por el primer ministro Malcolm Turnbull para que entre en vigor. Con Australia, ya son 26 los países que permiten el matrimonio a las parejas del mismo sexo.

El camino ha sido largo y lleno de escollos, pero, finalmente, la lucha por la igualdad para las parejas LGTB australianas se ha saldado con una victoria definitiva. Con la libertad de voto como premisa, las dos cámaras del Parlamento australiano han aprobado la reforma de la Ley de Matrimonio para abrir la institución a las parejas del mismo sexo con plena igualdad.

El pasado 15 de noviembre se presentaron los resultados de la consulta por correo postal convocada al respecto por el Gobierno australiano. Tras conocerse los datos definitivos (61,6 % de votos a favor, 38,4 % en contra con una participación del 79,5 % del censo), el primer ministro se felicitaba públicamente por un resultado “abrumador”. Superado el trámite que él mismo impuso para apaciguar a los sectores contrarios a la igualdad dentro de su partido, Malcolm Turnbull daba vía libre para la discusión legislativa de la medida y se mostraba convencido de que el proceso culminaría con una ley de matrimonio igualitario antes de Navidad.

Casi de manera inmediata, su compañero de filas el senador Dean Smith presentaba un proyecto para reformar la Ley de Matrimonio de 1961, que sustituía las palabras “un hombre y una mujer” por “dos personas” donde era necesario. Smith introdujo en su propuesta una cláusula para eximir a las organizaciones religiosas de la obligación de celebrar enlaces entre personas del mismo sexo. La disposición solo afectaría a los matrimonios religiosos y no a los civiles.

El proyecto de ley del senador Smith fue aprobado en el Senado con su redacción original, por un resultado contundente de 42 votos a favor, 12 en contra, 8 abstenciones y 11 ausencias. No prosperó ninguna de las enmiendas que trataban de impedir que la igualdad respecto a la institución del matrimonio fuera completa para las parejas LGTB. No se admitió, por ejemplo, que los funcionarios pudieran negarse a casar a parejas del mismo sexo aduciendo razones religiosas.

Tras su aprobación por la cámara alta, el texto pasó a consideración de la Cámara de Representantes, donde los diputados más conservadores han tratado, una vez más, de enmendar el texto para reducir los derechos de las parejas LGTB. Enmiendas que permitirían que cualquier titular de un negocio pudiera negarse a prestar sus servicios a las parejas del mismo sexo, o que las ONG no perdieran sus subvenciones por expresar su rechazo al matrimonio igualitario (algo que ya está protegido por las leyes australianas). Ninguna de ellas ha sido respaldada por la mayoría de los miembros de la cámara baja, que finalmente han dado su aprobación al texto íntegro del proyecto de ley del senador Smith por una abrumadora mayoría de 154 votos a favor y tan solo 4 en contra.

#BREAKING: The bill legalising same sex marriage in Australia has passed parliament with no amendments. pic.twitter.com/JF8tTjFjCa

— Sky News Australia (@SkyNewsAust) 7 de diciembre de 2017

«¡Qué día para el amor, la calidad y el respeto! Australia lo ha logrado«, ha dicho el primer ministro Malcolm Turnbull ante los diputados. Tras la votación, tanto los miembros de la cámara como los invitados se han puesto en pie con una encendida ovación y han entonado con emoción el himno We are australians.

Public gallery erupts into chorus of ‘I Am Australian’ after Parliament votes to legalise same-sex marriage #auspol #SSM pic.twitter.com/uuoePCJamD

— ABC News (@abcnews) 7 de diciembre de 2017

Por norma general para que una ley australiana entre en vigor ha de ser firmada por el Gobernador General de Australia,  Peter Cosgrove, el representante en Australia de la reina Isabel de Inglaterra, firmar esta ley, algo que suele tardar unos 7 o 10 días. Pero esta ley en concreto (seguramente por su importancia y por haber sido aprobada in extremis antes de que acabe el año) lleva consigo una provisión especial que estipula que la ley comenzará a aplicarse o en la fecha en que determine el gobierno o de forma automática 28 días después de que sea firmada por el Gobernador General.

En ese momento las parejas homosexuales podrán empezar a solicitar fecha para casarse con un mes de antelación, así que se espera que las primeras bodas homosexuales en Australia se celebren a mediados de febrero. Sin embargo ahora mismo ya hay parejas homosexuales casadas de forma legal en australia. Al aprobarse esta ley Australia pasa a reconocer automáticamente todos los matrimonios gais celebrados en el exterior.

En Twitter la alegría ha sido total y absoluta. Kylie Minogue, Courtney Act, Dustin Lance Black, Ian Thorpe… hasta Los Sims se han sumado a la celebración por este momento histórico.

#Australia 🙌🏻 pic.twitter.com/7jvyLGieL2

— kylie minogue (@kylieminogue) 7 de diciembre de 2017

You may now officially say “CONGRATULATIONS” to Australia on #MarriageEquaility 🏳️‍🌈🇦🇺

— Courtney Act (@courtneyact) 7 de diciembre de 2017

We see you Australia. 🎉🎉 #marriageequality #LoveWins pic.twitter.com/BIV9uaY5rz

— The Sims (@TheSims) 7 de diciembre de 2017

¡Felicidades Australia!

Un largo camino hacia la igualdad

La contienda política sobre el matrimonio igualitario en Australia se ha prolongado durante años, a pesar de existir una mayoría tanto social como parlamentaria favorable a la medida. Antes de las elecciones de 2013, que dieron la victoria al liberal-conservador Tony Abbott, fueron los laboristas los que actuaron como freno. La que hasta junio de ese año había sido primera ministra, Julia Gillard, se oponía, y durante sus años de gobierno no dudó en maniobrar para impedir que los partidarios de la igualdad dentro del Partido Laborista trasladaran su criterio al Parlamento. Y ello pese a que ya en su congreso nacional de 2011 los laboristas incorporaban la defensa del matrimonio igualitario a su ideario. Ideario que Gillard se encargó de convertir en papel mojado al imponer que sus diputados –cuyos votos eran todos necesarios, debido a lo ajustado de su mayoría– tuvieran libertad de voto. Una libertad que Tony Abbott negó entonces a los suyos y que desembocó en el fracaso de la iniciativa. De la mano de Gillard, Australia perdía una primera oportunidad histórica.

La impopularidad de Gillard llevó a Kevin Rudd a arrebatarle el liderazgo del partido y el puesto de primer ministro. Ya por entonces Rudd se había convertido en defensor del matrimonio igualitario, pese a que su anterior etapa como primer ministro se caracterizó también por un rechazo frontal. Pero la sustitución de Gillard no evitó la derrota laborista, y, tras las elecciones de septiembre de 2013, Abbott (un católico fuertemente opuesto al matrimonio igualitario, pese a tener una hermana abiertamente lesbiana) se convertía en primer ministro. Su victoria alejó las expectativas de aprobación, pese a que un número no determinado de diputados de su partido eran partidarios del matrimonio igualitario, y de hecho ya desde el principio el propio Abbott reconoció que le iba a resultar complicado mantener la disciplina de voto en esta materia. Lo consiguió… pero el empeño contribuyó a la gran bajada de popularidad que finalmente acabó por costarle el puesto y ser sustituido por Malcolm Turnbull en septiembre de 2015.

Malcolm Turnbull y la obsesión por el referéndum

El liderazgo de Turnbull parecía que por fin abriría la puerta a que los diputados liberal-conservadores tuvieran libertad de voto y que el matrimonio igualitario resultase aprobado. No fue así. Pese a declararse partidario de su aprobación, el nuevo primer ministro (que renovó su cargo tras las elecciones de julio de 2016, que la coalición liberal-conservadora ganó por estrecho margen) se decantó por la organización de un referéndum sobre la materia. Comenzaba una nueva (y exasperante) batalla política. Durante este periodo, la oposición, contraria a cualquier referéndum sobre la materia, ha contado con mayoría en el Senado, por lo que las iniciativas gubernamentales fueron rechazadas en dos ocasiones: la primera vez en noviembre de 2016 y la segunda vez el pasado agosto. Adelantándose a esta situación, el ministro de Inmigración planteó ya en marzo la posibilidad de una consulta postal voluntaria y no vinculante, que no necesitaba la aprobación de una ley para su puesta en marcha. Una iniciativa que fue la que acabó por materializarse.

A partir de ahí, comenzó una demencial campaña en la que los grupos homófobos no han dudado en utilizar todo tipo de malas artes. En estas últimas semanas hemos recogido algunos ejemplos, como la campaña promovida por una web de carácter neonazi que desplegó pósteres en el centro de Melbourne con el titular “Parad a los maricones” acusando a las familias homoparentales de abusar masivamente de sus hijos. O lo que sucedió en Sídney, donde se repartieron panfletos en inglés y chino en los que tachaba a la homosexualidad de “maldición mortal” y se advertía sobre “falsas mujeres transexuales” en los baños públicos. Homofobia y transfobia de trazo grueso que se ha beneficiado de la impunidad derivada del hecho de que la consulta no haya estado sometida a las reglas de un referéndum normal. Aunque también ha tenido derivadas positivas, como el inesperado debate interno que ha tenido lugar en el seno de la Iglesia católica australiana.

Finalmente, el resultado del plebiscito fue abrumadoramente favorable al matrimonio entre personas del mismo sexo. Participó un 79,5 % del censo, que apoyó la igualdad con un 61, % de votos a favor y 38,4 % votos en contra. A partir de ahí, comenzó el trámite parlamentario que ha culminado con éxito.

El matrimonio igualitario en Europa y el mundo

Con la incorporación de Australia, son 26 los países donde existe el matrimonio igualitario (entre paréntesis, la entrada en vigor de la ley):

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Canadá (2005), Sudáfrica (2006), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Argentina (2010), Dinamarca (2012), Nueva Zelanda (2013), Brasil (2013), Uruguay (2013), Francia (2013), Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Estados Unidos (2015), Colombia (2016), Finlandia (2017) y Alemania (2017), Malta (2017), Australia (207) y Austria (2019).

 (Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño).

En Taiwán existe un mandato de su Corte Constitucional para que se legisle al respecto antes de mayo de 2019, si bien la isla no está reconocida como país por las Naciones Unidas.

Fuente Gay Star News, vía Dosmanzanas/EstoyBailando, Cáscara Amarga, AmbienteG

General, Historia LGTBI Australia, Courtney Act, Dean Smith, Discriminación, Dustin Lance Black, Homofobia, Ian Thorpe, Isabel de Inglaterra, Julia Gillard, Kevin Rudd, Kylie Minogue, Los Sims, Malcolm Turnbull, Matrimonio, Partido Laborista (Australia), Partido Liberal (Australia), Peter Cosgrove, Referendum, Tony Abbott

El Tribunal Supremo de EE.UU. se niega a tomar en consideración un caso de discriminación hacia matrimonios homosexuales en Houston y abre la puerta a la desigualdad jurídica de las parejas homosexuales.

El mismo Tribunal está estos días escuchando los argumentos del caso del pastelero homófobo de Colorado que podría sentar la base para el blindaje de la Ley de Libertad Religiosa.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos escuchó este martes los argumentos de las partes en el caso Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission, un nuevo desafío judicial de los conservadores estadounidenses al matrimonio igualitario. En este caso, el Supremo estadounidense deberá decidir si el pastelero Jack Phillips tiene derecho a discriminar a una pareja del mismo sexo y no elaborar su pastel de boda, pese a que la normativa de su estado (Colorado) prohíbe a los negocios privados discriminar a sus clientes por razón de orientación sexual.

El caso se remonta a varios años atrás. Ya en 2013 mencionamos la historia en esta misma página. Dave Mullins y Charlie Craig acudieron a Masterpiece Cakeshop, una pastelería de Denver que hace tartas de boda personalizadas, para que elaborara su pastel. El dueño del negocio, Jack Phillips, se negó, argumentando razones religiosas. Mullins y Craig denunciaron lo sucedido al Departamento de Derechos Civiles de Colorado: en este estado, la denegación de servicios basada en la orientación sexual de los clientes está expresamente prohibida. Tan solo están exentas las confesiones religiosas en lo que respecta a sus ceremonias, pero dado que una pastelería no es una iglesia, el Departamento de Derechos Civiles dio la razón a la pareja. Se inició así una larga batalla legal que ha acabado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Aunque pueda resultar anecdótico, el caso tiene una gran importancia legal, dado que una sentencia de Supremo favorable a Phillips abriría la puerta a que multitud de negocios en todo el país pudiesen discriminar a las parejas del mismo sexo con independencia de que en sus estados existan leyes locales que las protegen contra la discriminación en la prestación de bienes y servicios. Es importante, en este sentido, tener en cuenta los argumentos de los abogados de Phillips. La línea de defensa del pastelero no se basa propiamente en que su “libertad religiosa” haya sido violada (hay pronunciamientos anteriores del Supremo que consideran que la libertad religiosa no justifica casos de discriminación en el ámbito de la prestación de servicios no religiosos) sino en el derecho a la libertad de expresión, expresamente protegido por la 1ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Phillips argumenta que diseñar un pastel de boda es un proceso “creativo”, y que hacerlo para una pareja del mismo sexo supone forzarlo a expresar ideas con las que no está de acuerdo.

Argumentos retorcidos, pero que en caso de ser tenidos en cuenta por el Tribunal Supremo facilitarían que todos aquellos negocios con un componente “creativo” pudiesen discriminar a las parejas del mismo sexo. Las posiciones, en este sentido, aparecen divididas al 50% tras conocerse las preguntas y solicitudes de aclaración que los jueces del Supremo han dirigido a las partes en la jornada de ayer. Los analistas consideran más que probable que los cuatro miembros conservadores del Supremo (Samuel Alito, Neil Gorsuch, John Roberts y Clarence Thomas) se inclinen por dar la razón al pastelero, mientras que los cuatro miembros considerados de sensibilidad progresista (Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor) lo harían a favor de la Comisión de Derechos Civiles de Colorado.

El voto que desharía el empate sería el de Anthony Kennedy, un juez “bisagra” cuyo posicionamiento en favor del matrimonio igualitario ya resultó clave en el pasado. En el año 2013, su votó en el caso United States v. Windsor hizo posible derribar por 5 votos contra 4 la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo). Una sentencia que todos coinciden allanó definitivamente el camino para que dos años después, al resolver el caso Obergefell v. Hodges, el Supremo legalizase el matrimonio igualitario en todo el país, también con los votos de Kennedy (ponente de la sentencia) y de los cuatro jueces progresistas. Está por ver, en este caso, cual será la decisión de Kennedy, que en la jornada de este martes se mostró ambivalente y dio muestras de empatizar con argumentos de las dos partes.

En septiembre, conocíamos que de cara a la resolución del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la administración de Donald Trump apoya al empresario pastelero condenado por violar la Ley Contra la Discriminación de Colorado al negarse a hacer una tarta de bodas para una pareja del mismo sexo y en octubre publicábamos que un grupo de populares chefs y reconocidos pasteleros y propietarios de restaurantes reclaman al Tribunal Supremo que falle contra el el pastelero de Denver, Jack Phillips.  

El Supremo rechaza pronunciarse sobre un fallo discriminatorio en Texas

Lo que suceda con el caso del pastelero de Colorado, será, pues, de gran importancia. Muy especialmente después de que el pasado lunes el Tribunal Supremo rechazase revisar una decisión judicial adoptada en junio por la conservadora Corte Suprema de Texas, y que daba la razón a dos activistas anti-LGTB que demandaron a la ciudad de Houston por extender los beneficios que concedía a los cónyuges de distinto sexo de sus empleados a los cónyuges del mismo sexo. El mismo Tribunal se ha negado a aceptar un caso (Pidgeon contra Turner) y ese movimiento ha dejado claro, a pesar de haber legalizado el matrimonio igualitario, no las tienen todas consigo sobre la igualdad de derechos entre las parejas homosexuales y las heterosexuales. Jack Pidgeon y Larry Hicks denunciaron a la ciudad de Houston cuando la entonces alcaldesa, Annise Parker, anunció que ofrecería a los cónyuges del mismo sexo de los empleados públicos los mismos beneficios que tenían los cónyuges de los empleados heterosexuales.

Tras un proceso legal bastante largo y complicado el Tribunal Supremo de Texas se posicionó a favor de esa demanda y dictaminó que las parejas homosexuales no tienen por qué recibir los mismos beneficios y derechos que las parejas heterosexuales. Y eso a pesar de que en la sentencia del Supremo del país que legalizó el matrimonio igualitario se dejó claro que las parejas homosexuales podían casarse “en los mismos términos y condiciones que las heterosexuales“. Curiosamente en la misma semana de enero en la que Texas mantenía la discriminación el Supremo del país dictaminaba -otra vez- que en un caso sobre los derechos de los padres homosexuales (Pavan contra Smith) que los matrimonios homosexuales han de tener los mismos derechos y beneficios que los heterosexuales.

La Corte Suprema de Texas consideró entonces que la sentencia sobre el caso Obergefell v. Hodges, que hizo extensivo el matrimonio igualitario a todo el país, no obliga necesariamente a tratar igual a los matrimonios entre personas del mismo y de distinto sexo. No sorprende saber que hubo un juez del Supremo de EE.UU. que votó en contra de esa sentencia igualitaria y no fue otro que Neil Gorsuch, que fue puesto ahí por… Donald Trump.

El caso, cuyo origen se remonta en realidad a una fecha anterior a la de la sentencia del Supremo sobre el matrimonio igualitario, no está de todas formas cerrado: al rechazar el Supremo revisarlo (sin pronunciarse en ningún sentido sobre la cuestión de fondo), el asunto volverá de nuevo a los tribunales de Texas, donde continuará la litigación. Y aunque los activistas LGTB consideran que la justicia acabará dandoles la razón, la negativa del Tribunal Supremo a resolverlo de forma definitiva en este momento arroja dudas sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el más alto tribunal estadounidense en defensa de sus propias decisiones sobre el matrimonio igualitario.

Y es que al negarse a juzgarlo y al no hacer ningún comentario al respecto han sentado un precedente tremendamente preocupante y es que -tras los cambios de Trump- podrían estar de acuerdo en que los matrimonios homosexuales no han de tener los mismos derechos.

Como explica la presidenta de la GLAAD, Sarah Kate Ellis, “el Tribunal Supremo acaba de dejar que prevalezca una preocupante sentencia del Supremo de Texas que recorta de forma clara los derechos de las parejas homosexuales casadas. La abnegación del mayor tribunal del país abre la puerta a una embestida de demandas contra los derechos de las personas LGTB+ en todas las instancias.”

Huelga decir que si después de esto el Supremo de EE.UU. decide sentenciar a favor del pastelero de Colorado y proteger así la “libertad religiosa” la situación de las parejas homosexuales en EE.UU. volvería a ser tremendamente complicada.

Seguiremos atentos a lo que suceda. La decisión definitiva sobre el pastel de bodas, en cualquier caso, no se conocerá hasta la primavera de 2018.

Fuente LGTBQ Nation, vía Dosmanzanas/EstoyBailando/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Annise Parker, Anthony Kennedy, Charlie Craig, Clarence Thomas, Colorado, Dave Mullins, Denver, Discriminación, Donald J. Trump, Elena Kagan, Estados Unidos, Homofobia, Houston, Jack Pidgeon, John Roberts, Larry Hicks, LGTBfobia, Masterpiece Cakeshop, Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission, Matrimonio, Neil Gorsuch, Obergefell v. Hodges, Ruth Bader Ginsburg, Samuel Alito, Sonia Sotomayor, Stephen Breyer, Texas, Tribunal Supremo (Estados Unidos), US v. Windsor

Dos chicos son detenidos y torturados en la antigua república soviética de Uzbekistán por practicar sexo consentido en su propia casa.

La homosexualidad es ilegal en el país y se enfrentan a tres años de cárcel.

Una pareja del mismo sexo ha sido detenida y sometida a torturas anales en Uzbekistán por mantener relaciones consentidas. Ambos están unidos en una relación desde hace unos meses y, hasta su detención, convivían en un piso que habían alquilado en Taskent, la capital de este país de la antigua Unión Soviética. La policía ha confirmado que se les ha sometido a “pruebas” anales, una práctica que el derecho internacional califica de “tortura”. Se enfrentan a una pena de hasta tres años de cárcel. Nadezhda Atayeva, presidenta de la Asociación para los Derechos Humanos en Asia Central, ha dejado claro que “es inaceptable perseguir a la gente por el hecho de mantener relaciones consentidas con otras personas del mismo sexo”. Por otra parte, un tribunal de Moscú anunciaba hace unos días que mantiene la orden de deportación a Uzbekistán para el periodista gay Ali Ferouz, paralizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Distintas organizaciones internacionales de derechos humanos exigen desde hace tiempo, y vuelven a hacerlo ahora, la derogación del artículo 120 del Código Penal de Uzbekistán, que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. Según esta legislación discriminatoria, la policía uzbeka ha detenido a dos jóvenes de 20 años que estaban conviviendo e iniciando una relación estable en Taskent.

Ha sido un portavoz de este cuerpo el que ha confirmado el arresto, así como el sometimiento de las víctimas a “pruebas” anales para “determinar” si habían mantenido sexo entre ellos. Este tipo de exámenes están calificados como “tortura” por el derecho internacional y atentan contra los derechos humanos básicos. Un juez tendrá que decidir la pena para estos chicos, que puede alcanzar hasta los tres años de prisión. Pero su castigo se prolongará, con toda probabilidad, incluso después de la cárcel, debido al estigma social: se enfrentarán a abusos, vejaciones y discriminación social (actitudes permitidas por el Estado uzbeko y, por lo tanto, impunes en casi todos los casos).

“Es inaceptable perseguir a la gente por el hecho de mantener relaciones consentidas con otras personas del mismo sexo. Cada persona es libre de determinar sus propias relaciones. Este incidente no es más que un acto demostrativo de discriminación hacia la comunidad LGTB y refleja las políticas del régimen actual” de Uzbekistán, ha declarado Nadezhda Atayeva, presidenta de la Asociación para los Derechos Humanos en Asia Central.

El periodista gay Ali Ferouz espera el fallo de Estrasburgo

Rusia decretaba el pasado mes de agosto la expulsión del periodista abiertamente gay Ali Ferouz a Uzbekistán, como informaba dosmanzanas. Ali Ferouz, que en realidad es un pseudónimo profesional (su verdadero nombre es Khoudoberdi Nourmatov) es un periodista independiente, aunque desde hace algo más de un año trabaja de forma estable para Novaya Gazeta, un periódico ruso crítico con Vladimir Putin y comprometido con los derechos humanos (es el periódico que destapó, por ejemplo, la persecución a homosexuales en Chechenia).

Aunque nació en Rusia, país en el que su madre y hermanos residen legalmente y en el que él mismo vivió durante su infancia y adolescencia, tiene la nacionalidad uzbeka. En 2008 se instaló en Uzbekistán, pero no tardó en colocarse en el punto de mira de los servicios secretos de ese país, que llegaron a someterlo a tortura por negarse a colaborar con ellos. En 2009 volvió a Rusia. Allí ha continuado su labor de periodista y ha solicitado asilo político, que le ha sido denegado. De hecho, Ferouz ya sufrió una primera detención el pasado marzo, aunque en aquella ocasión pudo evitar la expulsión.

Pero en agosto fue arrestado durante un control policial en Moscú. Pocas horas después el juez ordenaba su expulsión inmediata a Uzbekistán. Tras escuchar la decisión, Ferouz intentó autolesionarse con un bolígrafo, aunque los agentes que lo custodiaban lo impidieron. Y es que Ferouz, abiertamente gay, activista en favor de los derechos humanos y muy crítico con el régimen uzbeko (que precisamente destaca por su poco respeto a los derechos humanos), está convencido de que será detenido y torturado en cuanto pise el país. “Prefiero morir antes que regresar a Uzbekistán”, decía entonces, en palabras que trasmitidas por Daniil Khaïmovitch, su abogado.

Hace unos días, un tribunal de Moscú reafirmaba el mantenimiento de la multa y la orden de deportación. Sin embargo, Rusia no puede hacer efectiva la expulsión hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos realice un dictamen oficial. Este tribunal con sede en Estrasburgo, hasta el que ha llegado el caso de Ferouz, mantiene paralizada la orden rusa y todavía no ha anunciado cuál será el sentido del fallo y, por consiguiente, el destino que tendrá que asumir el periodista gay en el punto de mira.

La LGTBfobia de Estado en Uzbekistán se mantiene de Karimov a Mirziyoyev

En febrero de 2016, Islom Karimov, entonces presidente de Uzbekistán, realizaba unas declaraciones cargadas de odio homófobo: “la homosexualidad es repugnante para los uzbekos”. Karimov también dijo que la homosexualidad es una manifestación “vulgar” de la cultura occidental, en un nuevo ataque contra las personas LGTB en este país de Asia Central. Otra de sus perlas fue asegurar que “cuando los hombres viven con hombres y mujeres viven con mujeres, creo que debe haber algo mal aquí”, una opinión que trataba de justificar con un dicho uzbeko: “cuando Dios quiere revelar la vulgaridad de alguien, primero le quita la razón”.

El caso es que, seis meses después de esta ristra de declaraciones homófobas, Karimov moría, víctima de una hemorragia cerebral. Karimov presidía Uzbekistán desde 1989 (cuando fue elegido primer secretario del Partido Comunista) y en las distintas elecciones celebradas tras la caída de la Unión Soviética ha sido reelegido con victorias aplastantes. Eso sí, todas ellas han sido cuestionadas por la comunidad internacional, que ha llegado a denunciar parcialidad e incluso fraude electoral. Su última elección fue en 2015 con un supuesto 90% de los sufragios a su favor (una vez más, criticado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE).

Shavkat Mirziyoyev, actual presidente de Uzbekistán

Con la muerte de Karimov, siguiendo con los trámites que marca la legislación uzbeka, el presidente del Senado asumía la presidencia del país de forma interina. Le correspondió a Nigmatilla Yuldashev, que previamente había ejercido el cargo de ministro de Justicia entre 2011 y 2015. Pero su escaso peso político no le ayudaría a mantener la presidencia, que finalmente recaía en Shavkat Mirziyoyev en diciembre de 2016. Mirziyoyev fue el primer ministro de Islom Karimov.

El respeto a los derechos humanos del colectivo LGTB fue inexistente durante la presidencia de Karimov, al que varias organizaciones y medios han tildado durante años de “dictador”, pero los dos sucesores (Yuldashev y Mirziyoyev, este último en el cargo) estaban en puestos de responsabilidad durante sus últimos mandatos y participaron en la persecución LGTBfóbica de Estado o, cuanto menos, no la combatieron. Del mismo modo que no lo han hecho al asumir la presidencia, legitimando la discriminación y poniendo a Uzbekistán en el mapa de la vergüenza (al ser uno de los más de setenta países que siguen criminalizando la homosexualidad).

Fuente Gay Star News, vía Dosmanzanas, EstoyBailando

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Una mujer ha sido detenida en Tanzania tras hacerse viral un vídeo en el que besa y regala un anillo a otra mujer. “Puedo confirmar que una mujer tanzana está bajo custodia policial por ese vídeo. Daremos más detalles cuando concluyamos la investigación”, ha declarado a Reuters Mponjoli Mwabulambo, jefe de policía de Geita, al noroeste del país. Se trataría, según asegura la agencia de noticias, de la primera detención de una mujer en el contexto de la ola de homofobia de Estado que vive en país africano.

El vídeo, que puede verse en YouTube, es de lo más anodino. En el curso de una celebración una mujer besa a otra, que de forma sostenida muestra a la cámara un anillo. A su alrededor varios invitados brindan y graban la escena con sus teléfonos móviles. Podría tratarse de una ceremonia de compromiso, pero más allá de eso nada hay en las imágenes que resulte ofensivo. Sin embargo, parece ser más que suficiente para motivar la detención de una de las mujeres. La otra (la perceptora del anillo) se encuentra en busca y captura.

Hay que recordar, en este sentido, la situación que vive Tanzania, cuyo ministro de Interior, Mwigulu Nchemba, amenazó abiertamente hace pocos meses con detener y juzgar a quienes defendiesen los derechos LGTB en el país africano. “Me gustaría recordar y advertir a todas las organizaciones e instituciones que hacen campaña y pretenden proteger los intereses homosexuales…, que vamos a detener a cualquiera que esté involucrado y presentar cargos ante los tribunales”, aseguró. Ya unos días antes, el presidente John Magufuli se había referido con crudeza al papel de las ONG extranjeras, a quienes prometió combatir aunque eso significara la pérdida de ayudas internacionales.

Una deriva fuertemente LGTBfoba

Pero no solo los defensores de los derechos LGTB están en riesgo. También los propios ciudadanos LGTB. En este sentido, el Código Penal tanzano castiga las relaciones “contra el orden de la naturaleza”, entre las que se incluyen la zoofilia o la sodomía, con penas de cárcel que pueden llegar hasta la cadena perpetua. La “grave indecencia” entre varones puede ser penada con cinco años de prisión. Las relaciones lésbicas, sin embargo, solo están explícitamente castigadas en la región insular de Zanzíbar, con penas de hasta cinco años de cárcel que pueden sustituirse por una multa de hasta 500.000 chelines (210 euros, 230 dólares). La detención de esta mujer en el interior del país parece indicar, sin embargo, que las autoridades han apostado por hacer una interpretación más extensiva y menos garantista de la legislación homófoba, que de hecho apenas se aplicaba hace unos pocos años.

Además de que la homosexualidad en Tanzania puede ser castigada con hasta 30 años de prisión, en los últimos meses su gobierno ha demostrado reiteradamente su intención de perseguir al colectivo LGBT, con la amenaza de publicar listas negras de personas homosexuales, o la supresión de los tratamientos contra el VIH porque «la homosexualidad es ilegal» en su país, suspendiendo incluso los tratamientos de quienes son portadores. Pero no sólo es el colectivo LGBT el que está en riesgo en Tanzania porque el presidente también ha reafirmado una ley que impide que las niñas menores de edad que se queden embarazadas puedan terminar su educación porque, según su punto de vista, podría conducir a la corrupción de otros estudiantes.

El Código Penal tanzano castiga las relaciones “contra el orden de la naturaleza”, entre las que se incluyen la zoofilia o la sodomía, con penas de cárcel que pueden llegar hasta la cadena perpetua. La “grave indecencia” entre varones puede ser penada con cinco años de prisión. Las relaciones lésbicas solo están castigadas en la región insular de Zanzíbar, con penas de hasta cinco años de cárcel que pueden sustituirse por una multa de hasta 500.000 chelines (210 euros, 230 dólares).

Hasta hace unos años, esos artículos del Código Penal eran raramente aplicados, pero fue en el verano de 2016 cuando comenzó a tenerse noticia de la deriva LGTBfoba de las autoridades tanzanas. Paul Makonda, comisionado de la ciudad portuaria de Dar es-Salam, la más populosa del país, anunciaba entonces una campaña de represión contra los homosexuales, lo que dio lugar a varias detenciones en locales de ambiente. Makonda también amenazó con detener a quienes siguieran en las redes sociales a hombres abiertamente homosexuales, por lo que muchos de ellos dejaron de publicar. Hace ahora unas pocas semanas, también en Dar es-Salam, doce hombres eran detenidos en un hotel.

La ofensiva se ha extendido incluso al ámbito sanitario: Un poco antes, el Ministerio de Sanidad comunicaba la prohibición de la importación y venta de lubricantes sexuales argumentando que son productos utilizados habitualmente por homosexuales y que fomentaban las relaciones entre varones y la propagación del VIH.  Sólo cuatro meses después el gobierno suspende tanto los programas de prevención, sino también los tratamientos de los enfermos de VIH y sida, en hasta 40 centros de salud privados, acusándolos de atender a personas homosexuales, según el ministro de salud, Ummy Mwalimu, una medida insólita que pone en riesgo las vidas de personas afectadas por la enfermedad, amenazando su viceministro, Hamisi Kigwangalla, de su intención de publicar una lista negra de personas homosexuales que se dedican a la prostitución online, aunque no llegó a hacerlo.

En septiembre de 2016, el viceministro de Sanidad, Hamisi Kigwangala, emitía un comunicado en el que aseguraba que el Gobierno “protegerá siempre” los valores tradicionales de la sociedad tanzana, argumentando que “no puedo negar la presencia de personas LGTBI en nuestro país y el riesgo que presentan para la propagación del VIH/sida”. Con ese propósito, a principios de 2017, Kigwangala ordenaba la detención de tres ciudadanos tanzanos, acusándoles de “promover la homosexualidad” a través de las redes sociales.

En junio de este año las amenazas alcanzan a las personas extranjeras que simplemente defiendan los derechos del colectivo LGBT. Así, el gobierno de Tanzania amenazó con deportar a quienes ayuden y defiendan al colectivo LGBT. El ministro de Interior de Tanzania amenazó con detener y juzgar a quienes defiendan los derechos LGTB. También declaró que expulsará del país, con carácter inmediato, a los miembros de organizaciones extranjeras que defiendan los derechos humanos de la población LGTB tanzana. Un paso más en la escalada represora del gobierno tanzano, que en los últimos tiempos ha arreciado en su empeño de estigmatizar a sus ciudadanos LGTB, utilizándoles como cabeza de turco a quien culpar de los problemas del país.

En definitiva, parece que las autoridades tanzanas, a imagen y semejanza de lo que viene sucediendo en otros países de la región, han decidido estigmatizar a sus ciudadanos LGTB y utilizarlos como cabezas de turco a quienes culpar de los problemas del país. Un escenario que nos hace temor lo peor.

La homosexualidad es ilegal en 38 de los 54 países africanos, castigándose con la muerte en Sudán, Somalia y Mauritania. En 2014, Uganda trata de imponer la pena de muerte a los condenados por ser homosexuales, pero ante la controversia creada la ley fue rectificada. Amnistía Internacional denuncia en julio de este mismo año que las autoridades de Tanzania estaban «arrestando y persiguiendo a la población con cargos relacionados con la homosexualidad, sometiéndoles a exámenes anales forzosos».

Fuente Dosmanzanas

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A partir del próximo 1 de enero, España se incorpora como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ya lo fue, anteriormente, entre 2010 y 2013). La lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género figura entre las líneas prioritarias de la acción española, que materializará desde dos dimensiones: la bilateral y la multilateral. Además, “España va a seguir apoyando la labor del experto independiente en Naciones Unidas”, explica Marta Méndez, responsable del área de lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Por otra parte, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), el Observatorio contra la LGTBfobia, el PSOE y Podemos afean al PP que apoye políticas igualitarias en el exterior, pero vote en contra de ellas en el Congreso y en el Senado de España.

Coincidiendo con la entrada de España en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Escuela Diplomática está acogiendo esta semana la undécima edición del Seminario de Derechos Humanos. En él se están explicando los ejes de la acción española en materia de derechos humanos, entre los que figura la lucha contra la LGTBfobia en el terreno internacional. Otras cuestiones prioritarias para España son implementar la agenda “Mujer, Paz y Seguridad”, la discapacidad, el acceso al agua potable y saneamiento o el binomio de empresas y derechos humanos.

Respecto a la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación explicita que “España va a seguir apoyando la labor del experto independiente en Naciones Unidas”. Desde la citada oficina se refieren al cargo de experto de Naciones Unidas contra la violencia y la discriminación a las personas LGTB, que el tailandés Vitit Muntarbhorn fue el primero en ocupar en 2016 y que ha quedado vacante por el momento, tras su renuncia por motivos de salud y familiares (efectiva desde el pasado 31 de octubre).

Aunque España no ha abordado por el momento acciones concretas para combatir la LGTBfobia por países, la delegación española anuncia que realizará preguntas y recomendaciones, en este sentido, en los llamados “Exámenes Periódicos Universales” a los que se someten los distintos estados en las Naciones Unidas. Sin embargo, incluso con las observaciones de países como España, los estados no están obligados a acatar dichas recomendaciones, que quedan supeditadas a la voluntariedad y la buena fe que se les presupone a los gobernantes.

El “doble rasero” del PP en política exterior e interior

Existe un amplio consenso político (igual que en el terreno asociativo y social), sobre el hecho de que España participe en la lucha internacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas. Distintos asistentes del Seminario de Derechos Humanos (entre los que había periodistas, estudiantes de Derecho o futuros diplomáticos, entre otros) han agradecido que la Escuela Diplomática dedicara una jornada a tratar la LGTBfobia, acercando a la sociedad española los problemas del colectivo a nivel internacional.

No obstante, según denuncia el activismo LGTB, un tema aparte es el “doble rasero” del Partido Popular como formación que apoya al Gobierno. Para Jesús Generelo, presidente de la FELGTB, “efectivamente, la lucha contra la LGTBfobia en el mundo tiene que ser una prioridad”, ya que “en algunos países y regiones está aumentando de manera alarmante”. Pero Generelo sostiene que, “aunque sobre el papel es bastante positiva la política exterior de España”, en las políticas estatales “el PP de boquilla es una cosa y en la realidad otra”.

Generelo se refiere, entre otras cuestiones, al voto negativo que el PP ha emitido este jueves en el Congreso de los Diputados a la reforma de la ley de identidad de género que despatologiza la transexualidad (por el rechazo de este partido a facilitar que los menores trans vean reconocida legalmente su identidad). En la misma línea que Generelo se expresa Carla Antonelli, activista trans y diputada socialista en la Asamblea de Madrid. “Están vendiendo unos valores y unas políticas en el exterior que, en cambio, no son capaces de cumplir y respetar en su país”, denuncia Antonelli, recordando la oposición del PP a la ley que permite el acceso al matrimonio a parejas del mismo sexo de 2005, a la ley trans de 2007 y a su reforma, contra la que acaba de votar. Antonelli ha calificado esta doble postura del PP de “fariseísmo y cinismo en estado puro”.

Asimismo, Beatriz Gimeno, quien fue presidenta de la FELGTB entre 2003 y 2007 y actualmente es diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, considera que la discrepancia entre política interior y exterior del PP en materia LGTB es “una burla” y “una muestra de su hipocresía”. Gimeno alude al compromiso de “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, que el PP firmó como requisito para que Javier Maroto y Andrea Levy estuvieran presentes, en representación del PP por primera vez en la historia, en la manifestación del Orgullo 2017 de Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

La diputada madrileña de Podemos también ha resaltado que “aunque España es un buen país en la aceptación social a los derechos del colectivo LGTB, con el PP y sus políticas hemos retrocedido del primero al noveno puesto en la clasificación mundial”. Por todo ello, Gimeno concluye que las acciones comparadas del PP dentro y fuera de España son “un sinsentido”. Por su parte, el director del Observatorio Español contra la LGTBfobia, Paco Ramírez, cree que es “lamentable e incomprensible” la doblez en política interior y exterior del PP en materia LGTB y no se explica cómo este partido “ha apoyado leyes a nivel autonómico que rechaza en el marco estatal, como la reforma de la ley trans”.

Rosa María Candela, subdirectora general para la Igualdad de Trato y no Discriminación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha dejado meridianamente claro que los funcionarios de las distintas administraciones trabajan con el marco jurídico vigente en cada momento, al margen de la formación política del Gobierno de España. En este sentido, y sin hacer valoraciones sobre la posición de ningún partido, ha reconocido que “la política sigue un paso por detrás de la realidad social” en el ámbito LGTB. También son independientes del Gobierno los expertos españoles en distintos órganos de derechos humanos, como por ejemplo Jorge Cardona, miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (que es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia).

La doble vulnerabilidad de los refugiados LGTB

España ocupa un estándar alto en la firma de los llamados tratados internacionales de derechos humanos esenciales de Naciones Unidas, aunque tiene retos importantes pendientes como el apoyo a la convención sobre derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias. Los países se clasifican entre los potencialmente emisores y los receptores. España, considerado un estado receptor, sigue resistiéndose a rubricar dicha convención.

“No está habiendo una buena actitud por parte del Gobierno del PP en la respuesta a solicitudes de asilo en España”, explica Jesús Generelo, en calidad de presidente de la FELGTB. Del mismo modo, el director del Observatorio Español contra la LGTBIfobia, Paco Ramírez, califica esa actitud de “poco generosa”, ya que “la tramitación es demasiado larga y en ocasiones se exige una documentación que para alguien que huye de otro país es difícil de aportar inmediatamente”.

La propia vulnerabilidad a la que ya de por sí se enfrentan los refugiados que demandan asilo en países como España, se multiplica en los casos en los que los solicitantes son personas que llegan como consecuencia de la persecución LGTBfóbica sufrida en sus países de origen.

“Un refugiado no es una persona que llega para quitarte la casa o el empleo”

Miguel Edu Nchama es fundador y actual presidente de la organización LGTBI Gays Africans Emigration, así como refugiado en España. Nchama argumenta, igual que defiende su entidad, que “nuestro objetivo es buscar y encontrar un mejor refugio en los países democráticos en los que podamos vivir y expresarnos libremente, donde los derechos humanos son respetados”. Añade que “las personas LGTBI no tenemos el poder de defender nuestros derechos en nuestros países de origen” puesto que, al hacerlo, “somos víctimas de maltrato, discriminación, persecuciones, rechazo familiar y social, pena de cárcel e incluso, en algunos países, la pena de muerte”.

Tiene 33 años y es nacido en Guinea Ecuatorial, aunque durante unos años se refugió en Gabón, donde tuvo que ocultar su orientación sexual. Miguel Edu Nchama llegó a España en 2014, lo que “me abrió un nuevo mundo de posibilidades de desarrollo en el campo del activismo, más especialmente centrado en la defensa de los derechos LGTBI”. Concedido el asilo casi tres años después de iniciar la petición “he podido comprobar en primera persona las tremendas dificultades a las que se enfrenta cualquier africano o africana que llega a Europa y lo solicita”.

“Nadie elige ser refugiado, igual que no elige su raza, dónde tiene que nacer o quien tiene que ser su padre y su madre”, dice el joven activista africano. Sin embargo, quiere trasladar a la opinión pública que “un refugiado no es una persona que llega para quitarte la casa o el empleo, solo queremos una sonrisa”.

El padre de Nchama murió en la guerra a los tres meses de nacer y su madre lo abandonó. Desde entonces se ha tenido que enfrentar a la discriminación y a la persecución por ser gay y ha sido obligado a presenciar escenas espantosas como la violación de su hermana por parte de su propio tío. En conclusión, valora que “la sociedad española todavía no se ha planteado en su conjunto cómo va a incluir a los refugiados LGTBI”.

“Tengo que llevar un documento con nombre masculino”

Sara Splaz, activista trans brasileña que espera la respuesta de asilo por parte del Estado español, es otro ejemplo de la doble vulnerabilidad a la que se enfrentan los refugiados LGTB. “Las personas trans refugiadas ni siquiera tenemos los mismos derechos en España que las personas trans nacidas aquí”. Splatz se lamenta porque “tengo que llevar un documento con nombre masculino que no refleja mi identidad de género”, lo que le ocasiona una serie de situaciones discriminatorias.

Sirva de ejemplo que, como ya le ha ocurrido, al ser registrada por la policía no se ha respetado su derecho a que el operativo estuviera a cargo de agentes femeninas. “En su documentación pone ‘hombre’”, fue la respuesta que recibió por parte de la Policía, a la que, más que mala fe, atribuye que “desconocen nuestros problemas”.

“Somos víctimas de la misoginia, porque nos ven como hombres que quieren renunciar al mayor don que tenemos según ellos: la masculinidad”, agrega Splaz.

Su historia es desgarradora. En su ciudad de Brasil, camino al supermercado, mientras caminaba por la acera de enfrente de una iglesia evangélica, un fanático le empezó a gritar que era una “abominación”, mientras aludía continuamente a la Biblia. Instantes después se vio corriendo de una turba que la perseguía insultándola y amenazándola. Cuando se detuvo, exhausta de correr, fue brutalmente agredida por una treintena de personas en un callejón. Recibió puñaladas, golpes e incluso dos disparos. Pasó tres horas tirada en la calle sin recibir ayuda.

Sobrevivió, pero tardó más de un año en recuperarse. Al tratar de denunciar los hechos, la propia policía brasileña le recomendó que no lo hiciera, sin tomarse en serio lo que le había ocurrido, según denuncia. Aunque la homofobia está reconocida como un delito de odio imputable, no ocurre lo mismo con la transfobia en Brasil (es el país con más delitos tránsfobos registrados de todo el mundo). En la comisaría le hicieron ver que, al ser una agresión en grupo en la que no podría identificar a todos los implicados, en caso de haber algún condenado seguramente lo sería por menos de tres años, por lo que no llegaría a entrar en prisión y solo la pondría en un peligro mayor. Tampoco parecía una opción viable denunciar a la iglesia, porque podía alegar que “esas personas no tienen nada que ver con nosotros”.

Sara Splaz se encuentra en la llamada “fase de integración” del proceso de asilo de España. Retrata algunos problemas de discriminación que ya ha sufrido en España. En la búsqueda de alquiler de vivienda, por ejemplo, le han cerrado muchas puertas al conocerla en persona, cuando manifiesta que había total disposición telefónica previa. “Ya está alquilado”, le repiten continuamente. “En España hay discriminación ‘amistosa’. En Brasil te pegan un tiro. Aquí solo te cierran las puertas”.

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Importante noticia la que hemos conocido esta semana: la Corte Europea de Justicia comenzó a examinar el martes pasado el caso de una pareja del mismo sexo casada legalmente en Bélgica, pero cuyo matrimonio no reconocen las autoridades de Rumanía. La resolución de este caso, que se conocerá previsiblemente el año que viene, podría sentar un importante precedente para la libertad de circulación de las personas LGTB en el territorio de la Unión Europea. Una sentencia positiva obligaría a todos los estados miembros a reconocer los matrimonios y uniones civiles legalmente celebrados en otros países de la Unión.

La Justicia europea ha empezado a deliberar sobre un asunto cuya resolución podría traer profundas consecuencias para las parejas del mismo sexo. Hemos informado del caso que llevan adelante Adrian Coman, un ciudadano rumano, y su marido estadounidense Robert Hamilton, casados legalmente en Bélgica. La pareja presentó una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio. Esta falta de reconocimiento legal impide a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país.

Tras un ya largo proceso judicial, en noviembre del año pasado el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo que ha sido vulnerada en su caso. La clave reside en dilucidar si una pareja casada del mismo sexo tiene derecho a que se le aplique la normativa europea sobre reunificación familiar, toda vez que uno de sus miembros es un ciudadano comunitario.

Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) ha anunciado que la Gran Sala se hará cargo de las deliberaciones, que comenzaron la semana pasada. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia. La resolución, que previsiblemente se conocerá ya en 2018, podría sentar un importante precedente para muchas parejas perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias.

Concretamente, podría tener consecuencias para los únicos seis Estados miembros que actualmente carecen de cualquier reconocimiento de las parejas del mismo sexo: se trata, además de Rumanía, de Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Polonia. Una sentencia favorable para los demandantes podría obligar a estos países a reconocer a las parejas del mismo sexo legalmente casadas o unidas civilmente en otros Estados de la Unión cuando al menos uno de los cónyuges sea ciudadano de un Estado miembro. Situaciones como la aquí descrita, o como la del ciudadano lituano casado en Dinamarca con un hombre de nacionalidad bielorrusa al que las autoridades lituanas denegaron el permiso temporal de residencia, pasarían a ser parte del pasado.

Se trata de la primera vez que el Constitucional rumano acude al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hace difícil hacer un pronóstico sobre el resultado final. Del alto tribunal con sede en Luxemburgo han salido sentencias favorables para los derechos LGTB, como la que prohibió las pruebas denigrantes para los solicitantes de asilo homosexuales o la que equiparaba los derechos laborales de las parejas del mismo sexo a las que se prohíbe el matrimonio con los de las parejas casadas. Otras han sido más decepcionantes, como cuando hace dos años consideraba considera lícito que se pueda prohibir a los gais donar sangre.

Un proceso paralelo a la convocatoria del referéndum

De manera paralela al contencioso de Coman y Hamilton, se está desarrollando en Rumanía un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre el asunto promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento.

En mayo de este año, la Cámara de Diputados aprobaba la medida por 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma de este tipo y en septiembre, el gobernante Partido Socialdemócrata anunciaba la próxima convocatoria de un referéndum que aún no se ha llevado a cabo. Si el plebiscito se produce finalmente y los ciudadanos respaldan la propuesta homófoba, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Adrian Coman, Armenia, Bélgica, Bielorrusia, Bulgaria, Cámara de Diputados, Coalición por la Familia (Rumanía), Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Matrimonio, Moldavia, Montenegro, Polonia, Robert Hamilton, Rumanía, Serbia, Tribunal Constitucional de Rumanía, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Ucrania, Unión Europea

El Tribunal Supremo de Grecia sentenció el pasado jueves en contra de Themis Katsagiannis y Dimitris Tsambrounis, una pareja del mismo sexo a la que casó el alcalde de la isla de Tilos en junio de 2008. Tasos Aliferis defendió entonces su decisión de celebrar el enlace por un vacío en la ley, que no especificaba que los contrayentes tuvieran que ser de diferente sexo. El matrimonio ya fue anulado en primera instancia, pero la pareja recurrió ante el Tribunal Supremo, que les ha dado un nuevo varapalo. Pero Katsagiannis y Tsambrounis no se rinden y ya han anunciado que están estudiando recurrir a la justicia europea.

Lo recogíamos entonces: en junio de 2008 tenían lugar las dos primeras bodas entre personas del mismo sexo en Grecia. Tassos Aliferis, alcalde de la isla de Tilos en el mar Egeo, celebró las uniones con el argumento de que la ley sobre el matrimonio civil adoptada en 1982 no precisa que las bodas tengan que ser necesariamente entre personas de sexos opuestos. Se trataba de Katsagiannis y Tsambrounis y de una pareja de mujeres.

Varias horas después de la ceremonia, el fiscal de Rodas, que también tiene jurisdicción sobre Tilos, señalaba la nulidad de las bodas y pedía al alcalde que no las inscribiera en el registro civil. El fiscal también abrió una investigación preliminar por una presunta “falta de responsabilidad” del alcalde. “No hay marco legal que autorice matrimonios homosexuales en Grecia (…) la ley concierne clara y exclusivamente a las parejas heterosexuales”, reaccionaba también Sotirios Hatzigakis, el entonces ministro de Justicia del Gobierno conservador de Nueva Democracia, al calificar los enlaces de “ilegales e infundados”.

En 2012, Katsagiannis anunciaba su intención de llevar al Tribunal Supremo la anulación de su matrimonio con Tsambrounis. En caso de ser rechazada su petición, como ha ocurrido, ya avanzaban también la opción de acudir a la justicia europea. Su motivación principal, la de incrementar la concienciación de la sociedad griega sobre la igualdad LGTB: “Hasta que nos casamos, las relaciones entre personas del mismo sexo no eran realmente un asunto en las mentes de la gente”, mientras que a partir de entonces, se abrió el debate que culminó, por ahora, en la apertura de las uniones civiles a todas las parejas bajo el Gobierno de Alexis Tsipras en diciembre de 2015.

Ahora, el Supremo griego ha confirmado la anulación del matrimonio por considerarlo contrario a la legislación del país, que según los jueces “refleja la moral y los valores sociales y las tradiciones del pueblo griego, que no apoya la legalización del matrimonio para las parejas homosexuales”. El alto tribunal recomienda a la pareja contraer una unión civil, figura en la que no hay distinciones entre las parejas del mismo o de distinto sexo, aunque confiere un reconocimiento inferior al del matrimonio. Los demandantes no se dan por satisfechos con el fallo y ya han expresado su disposición a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del que ya han salido varias sentencias favorables a la igualdad LGTB. Estaremos pendientes del desarrollo de los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

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El juez federal Marvin J. Garbis ha ordenado la paralización cautelar de la orden del presidente Donald Trump que prohíbe incorporar a personas transexuales para servir en el Ejército de los Estados Unidos y desfinancia los tratamientos de reasignación de los militares trans. En respuesta a una de las demandas interpuestas por diferentes personas y organizaciones, y considerando que sus argumentos tienen altas probabilidades de ganar, el juez considera oportuno mantener la situación previa a la orden de Trump hasta que la justicia aclare todas las dudas. Amplía así el alcance con respecto a un fallo similar adoptado por otra juez federal hace tres semanas.

La orden de Donald Trump

Recordamos brevemente los antecedentes. A diferencia de la derogación del “Don’t ask, don’t tell”, que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas transexuales (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama, Ash Carter, anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. En la práctica, sin embargo, la prohibición se dio por derogada y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario y a dar a conocer su realidad a mandos, compañeros y subordinados sin temor a ser expulsados. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000, teniendo en cuenta tanto a militares en activo como reservistas.

Conquistada la Casa Blanca, y olvidados ya los coqueteos de Donald Trump con el colectivo LGTB durante la campaña electoral, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son a día de hoy su objetivo principal. El pasado mes de julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estaodunidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, critica expresamente a la administración Obama por su decisión de permitir a las personas trans servir en el Ejército y ordena poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, retomando la situación previa a junio de 2016, vetando la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpiendo la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso.

El documento, no obstante, no despejaba ni mucho menos todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, que sucedería con los militares trans que ya sirven en en Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la “cohesión” de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de “todos aquellos factores que puedan ser relevantes”. Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera de que se produzca el despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump para conocer el alcance real del daño y saber cómo se procederá respecto a la reubicación/expulsión de los militares trans. La fecha estipulada para ello es el 23 de marzo de 2018, después de que el secretario de Defensa, Jim Mattis, haya presentado un plan detallado y acordado con el departamento de Interior antes del 21 de febrero.

La respuesta de la Justicia

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla. Días antes del primer anuncio de Trump, de hecho, habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB) por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política se limitaría a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja.

Quizá por eso se encontró con una inesperada oposición. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron abiertamente en contra. Y sobre todo, y más importante: rápidamente comenzaron a anunciarse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta, en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales, por dos organizaciones de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB. Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al “debido proceso”.

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre emitió un fallo en el que suspende cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronuncie de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no paralizaba la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans (salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso) seguía vigente. La jueza no se consideró competente para paralizarla a la vista de los argumentos de la demanda.

Sí lo ha hecho, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis de Baltimore, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump). La presentó la American Civil Liberties Union (ACLU) en Maryland el pasado mes de agosto, en representación de seis personas trans que están en activo en el Ejército. El juez federal ordena que se reinstaure la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans, porque al igual que su homóloga Kollar-Kotelly, considera probable que los demandantes ganen el caso basándose en la protección igualitaria recogida en la Constitución estadounidense.

Garbis rechaza que su orden cautelar sea prematura y argumenta que las personas trans que sirven en el Ejército ya están sufriendo las consecuencias de la medida. A pesar de que por ahora no se han anunciado despidos, viven con el miedo a un futuro despido y el estigma de ser señalados como incapaces de servir. El juez carga contra el presidente Trump, al que acusa de actuar a golpe de tuit en lugar de escuchar un análisis fundamentado de los representantes militares sobre las consecuencias de la decisión. El abogado de la ACLU Joshua Block ha celebrado el fallo, que calificó de “victoria para el personal militar trans en todo el país” y mostró su satisfacción por la decisión del tribunal de “asegurar que se trate a los militares trans con la dignidad y el respeto que se merecen”. Veremos si la decisión final de los tribunales es favorable.

Fuente Dosmanzanas

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Según ha comunicado la Fiscalía holandesa, los cuatro adolescentes que agredieron a una pareja del mismo sexo en Arhem el pasado mes de abril no serán imputados por un delito de odio, sino únicamente por un cargo de agresión. Recordemos que los acusados increparon a los dos miembros de la pareja, que paseaban dados de la mano, profiriéndoles insultos homófobos, y que les golpearon con un cortapernos, causándoles contusiones, heridas e incluso pérdida de dientes. La Fiscalía, sin embargo, no encuentra indicios de que “la discriminación o el odio hacia los homosexuales fuera la razón que motivara la agresión”.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 2 de abril del presente año. Jasper y Ronnie, de 35 y 31 años, volvían a casa tras acudir a una fiesta en la localidad de Arnhem. Aunque no suelen hacerlo normalmente “para no llamar la atención”, como no había mucha gente, caminaban de la mano. En un determinado momento, fueron abordados por un grupo de entre seis y ocho jóvenes que les profirieron insultos homófobos. La pareja intentó esquivarlos, pero los atacantes les cortaron el paso y los golpearon con un cortapernos. Como resultado, Ronnie sufrió la rotura del labio y cuatro dientes y Jasper contusiones en las costillas y hematomas.

Tras la denuncia, se inició la correspondiente investigación, que concluyó con la entrega voluntaria de cuatro adolescentes de entre 14 y 16 años y la liberación sin cargos de un quinto miembro del grupo. La agresión desató una oleada de solidaridad con la pareja y contra la LGTBfobia. La periodista deportiva Barbara Berend propuso que hombres de todo el país se mostraran de la mano con otros hombres para mostrar su apoyo a Jasper y Ronnie. Su llamamiento encontró eco en ámbitos tan diferentes como el fútbol, la Policía o la política y se difundió en redes sociales con el hashtag #allemannenhandinhand.

Sin embargo, este viernes la Fiscalía holandesa ha comunicado que los cuatro adolescentes no serán imputados por un delito de odio, sino simplemente por uno de agresión, pues, según ha argumentado, “la investigación no ha demostrado que la discriminación o el odio hacia los homosexuales fuera la razón que motivara la agresión”. El juicio comenzará el próximo 19 de diciembre, y la audiencia tendrá lugar a puerta cerrada, para proteger la intimidad de los menores.

En su día, la asociación de defensa de los derechos LGTB COC Nederland solicitó que el Gobierno se fijase como objetivo prioritario el fin de la violencia homófoba y tránsfoba, que ha resurgido en Holanda en los últimos tiempos. Quizás también habría que revisar, como ocurre en España, los protocolos de fiscales y jueces en relación con los delitos de odio, a cuya imputación o condena parecen ser tan renuentes.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Arnhem, Barbara Barend, COC Netherlands, Delitos de Odio, Discriminación, Holanda, Homofobia, Jasper Vernes-Sewratan, Ronnie Sewratan-Vernes

El Parlamento de La Rioja ha aprobado la toma en consideración de una proposición de ley de igualdad, reconocimiento a la identidad de género y derechos de las personas transexuales presentada por los grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Podemos. El Partido Popular, que ya no dispone de la mayoría absoluta en la cámara riojana, ha preferido abstenerse. 

La Rioja, una comunidad atrasada respecto a otras por lo que al reconocimiento de los derechos LGTBI a escala autonómica se refiere, da un paso de gigante con la tramitación de la iniciativa. Es sin duda una excelente noticia, que esperamos se vea culminada tras el correspondiente proceso parlamentario. Representantes de los colectivos Marea Arcoíris, Gylda y Chrysallis, presentes en el Parlamento regional, desplegaron banderas trans para celebrar el momento, aunque confían en que el proyecto sea todavía mejorado en su tramitación parlamentaria. “Ahora se abre la fase de enmiendas, que mejorarán esta proposición de ley, haciéndola una de las leyes por los derechos de las personas transexuales más avanzada del estado, primando sobre todo los derechos de las niñas y niños trans”, expresaba en Twitter Marea Arcoíris.

Frente a las felicitaciones de los representantes de PSOE, Ciudadanos y Podemos, la parlamentaria del Partido Popular Noemí Manzanos se lamentaba de “no haber sido invitados a formar parte de esta iniciativa”, sobre cuya tramitación su formación se ha abstenido. Lamentos que el activista riojano José Urbaneja reprochaba en Twitter: “Sí se os ha invitado a colaborar con los colectivos LGTB+, en esta y otras iniciativas, y nunca habéis venido a las reuniones”, aseguraba. “No se puede mentir con tanto descaro. Porque las palabras se las lleva el viento, pero los correos electrónicos invitando a su formación a las mesas de trabajo sobre materia LGTB+ son una realidad que existen”, añadía en tuits posteriores.

Seguimos a la espera de una ley estatal

La tramitación de la proposicion de ley en La Rioja es una magnífica noticia, como en su momento lo fueron la pionera ley navarra, la vasca, la andaluza (que marcó un antes y un después por su ambicioso planteamiento), la canaria, la extremeña (que no siendo específica de transexualidad incluía numerosos aspectos relacionados con la materia y recogidos en las leyes integrales de transexualidad de otras comunidades), la madrileña o la valenciana. En cualquier caso, con independencia de las diferentes leyes que sobre esta materia aprueben las comunidades autónomas, queda pendiente a nivel estatal la actualización de la obsoleta ley española de identidad de género, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez, y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal.

Seguimos a la espera, por tanto, de la aprobación de una más que necesaria legislación estatal, que actualice la norma que regula la modificación registral del sexo aprobada en 2007. Una ley que entonces significó un avance sobre la situación anterior, pero a día de hoy es un texto absolutamente desfasado que no incorpora el principio de despatologización de la transexualidad ni contempla la situación de los menores (hasta el Tribunal Supremo ha cuestionado en el pasado su constitucionalidad por ese motivo). En este sentido, ya el pasado mes de febrero el grupo socialista del Congreso registró una propuesta de actualización, que a día de hoy sigue sin producirse.

También estamos a la espera, por cierto, de que avance la tramitación del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB, presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y que el pasado septiembre el Congreso aprobaba tomar en consideración, también con el apoyo de PSOE y Ciudadanos (además de otros grupos minoritarios) y también con la abstención del Partido Popular. Un proyecto que cuenta en su articulado con disposiciones a favor de las personas trans en materia educativa, sanitaria o laboral.

Fuente Dosmanzanas

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Un año más es 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Una fecha que hace coincidir el recuerdo a las víctimas de la infección con la reivindicación de mejores políticas para hacerle frente. Colectivos y entidades reclaman, en este sentido, un pacto de Estado sobre la materia mil veces prometido y que nunca llega. En el plano de las reivindicaciones más concretas, desde la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA) destacan la necesidad de implementar de una vez en España la profilaxis preexposición (PrEP).

“El pacto de Estado contribuiría a eliminar las barreras de acceso al diagnóstico precoz y a los tratamientos, fomentaría la formación de personal sanitario y colectivos vulnerables e impulsaría la investigación científica, epidemiológica y psicosocial de esta infección”, destaca en esta fecha la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). “Dicho pacto supuso uno de los compromisos que asumieron por escrito todos los partidos políticos que participaron en la manifestación del Orgullo LGTBI celebrada este año en Madrid, entre los que se encuentran PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos”, añade esta organización en su comunicado.

La FELGTB reivindica además en esta ocasión la importancia de que la respuesta al VIH se centre en las personas y no únicamente en el control de la infección. “En el abordaje del VIH, consideramos que un discurso exclusivamente biomédico centrado en la implementación de herramientas como la prueba diagnóstica del VIH o los tratamientos antirretrovirales para la prevención y el control de la transmisión del VIH es insuficiente para dar respuesta a las necesidades en salud sexual de la comunidad LGTBI. Por ello, queremos visibilizar un discurso inclusivo, basado en derechos”, asegura Loren González, vocal de Salud y VIH de la organización. Desde la FELGTB animan además a recuperar “una mirada liberadora de la sexualidad que sirva para acompañar en la toma de decisiones informadas y a la vez que tenga en cuenta el placer y la diversidad en la forma de vivir la sexualidad”. “Defendemos un discurso fundamentado en la personalización de estrategias y en la combinación de las mismas para mejorar su eficacia, fomentar el respeto hacia la diversidad sexual, los derechos sexuales y la autonomía individual sobre el propio cuidado”, explica González.

La FELGTB ha promovido además una acción de sensibilización en redes sociales que se desarrollará durante toda la jornada. Mediante la etiqueta #NoolVIHdamos y varias creatividades se pondrá de relieve que las vulnerabilidades frente al VIH no se suman, sino que tienen un efecto exponencial (trabajo sexual, migración, exclusión sanitaria, barreras de acceso al trabajo…), principalmente en las mujeres trans y hombres gais y bisexuales que viven con el VIH y son objeto de estigma y discriminación.

CESIDA: que se implemente ya la profilaxis preexposición 

Desde CESIDA, mientras tanto, recuerdan que En España son diagnosticadas, de media, 10 personas al día de infección por VIH, y que la mayor parte de las trasmisiones se siguen produciendo entre hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH). Para CESIDA resulta prioritario, en este sentido, que se implemente de una vez la profilaxis preexposición (PrEP o PPrE). “La comunidad científica internacional y española han demostrado que esta herramienta preventiva es claramente efectiva. Organizaciones como ONUSIDA la avalan científicamente, y en España tanto GESIDA como SEISIDA han solicitado en reiteradas ocasiones la implementación, tanto por parte del gobierno central como de los gobiernos autonómicos. El Ministerio de Sanidad solicitó al Comité de Bioética de España un informe sobre los dilemas éticos que pudieran surgir de la financiación pública de la PrEP y este comité informó favorablemente en marzo de 2017″, explica en su comunicado. “Los datos epidemiológicos de países donde se oferta la PrEP (…) confirman su eficacia para prevenir nuevas infecciones por el VIH”, añade. Este mismo verano, añadimos nosotros, el propio Parlamento Europeo reconocía a la PrEP como un instrumento eficaz para combatir la infección y pedía a los Estados miembros de la Unión Europea que la promoviesen.

En palabras de Ramón Espacio, presidente de CESIDA, “el Ministerio de Sanidad está evitando dar una respuesta urgente al VIH, consensuada con todos los agentes de salud, lo que está obligando a muchas personas a acceder a este tratamiento sin pasar por la sanidad pública. Esto provoca que recurran a su compra a través de internet, sin posibilidad de seguimiento médico para su uso correcto y efectivo, lo que está evitando además que puedan acceder a seguimiento y detección de otras infecciones de transmisión sexual y counselling tal y como se viene desarrollando en los sistemas sanitarios que tienen implantado su uso”. “No es admisible esperar más tiempo, tenemos una herramienta eficaz aprobada para evitar que en España se infecten por VIH 10 personas al día, pero su implementación sigue bloqueada institucionalmente”, añade.

Desde CESIDA piden además una mayor implicación y esfuerzos tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas en la lucha contra el VIH, asegurando el acceso universal a la prueba de detección precoz del VIH y al tratamiento antirretroviral y de la hepatitis C para toda la población, incluyendo a los inmigrantes en situación irregular y a la población privada de libertad.

Datos preocupantes: los nuevos diagnósticos apenas descienden

Hace unos días nos hacíamos eco de la última actualización de datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre vigilancia epidemiológica del VIH/sida en España, referidos al año 2016. En todo el año, se notificaron 3.353 nuevos diagnósticos de VIH, prácticamente el mismo número que en el año 2015. La transmisión en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH) sigue siendo la más frecuente, con un 53,1% de los casos, seguida de la transmisión por vía sexual heterosexual (26,5% de los casos) y de la que se produce en usuarios de drogas inyectadas (un 3,6%). Por lo que se refiere al momento en que se produjeron, el 46% de los nuevos diagnósticos fueron tardíos, es decir, presentaban ya una cifra de linfocitos CD4 inferior a 350 células/µl en el primer análisis tras el diagnóstico.

No está de más recordar, una vez más, que el diagnóstico precoz es clave para poder iniciar tratamiento cuando antes y combatir así tanto el desarrollo de la enfermedad como las nuevas transmisiones del virus. Es importante insistir, además, en que cuando una persona con VIH se encuentra en tratamiento y tiene una carga viral indetectable, ya no transmite el virus a sus parejas seronegativas. Algo que ya forma parte del consenso científico pero que muchas personas aún desconocen.

Y es que, como Fundacion Triángulo ha destacado en otro comunicado, es hora de destacar la importancia del propio tratamiento como medida de prevención. “Resulta necesario un llamamiento a la implantación de esta estrategia de prevención en salud comunitaria basada en los estudios científicos que demuestran que las personas diagnosticadas y con una buena adherencia al tratamiento disminuyen notablemente su carga viral a los pocos meses. Y en que las personas con carga viral indetectable no tienen capacidad de transmitir el virus”, explica el comunicado de Triángulo. “Es a raíz de esta línea de prevención comunitaria desde la que se enmarca la PreP (…). Esta medida cuenta con la aprobación de las principales sociedades científicas y de las principales entidades sociales y de salud del país”, añade esta organización.

Un año más, la Puerta de Alcalá recordó a las víctimas

En estas fecha son numerosos los homenajes que a largo y ancho del mundo recuerdan a las víctimas del VIH/sida. Uno de estos actos es el tradicional in memoriam organizado la noche del 30 de noviembre por el colectivo COGAM en la Puerta de Alcalá de Madrid. Aunque llegó a anunciarse que el manifiesto iba a ser leído por Manuela Carmena, finalmente la alcaldesa no pudo acudir y delegó en varios concejales del Ayuntamiento, que se encargaron de su lectura. Hubo representantes de Ahora Madrid (Marta Higueras, primera teniente de alcalde y mano derecha de la propia Carmena), del PSOE (Puri Causapié) y Ciudadanos (Sofia Miranda y Bosco Labrado). No acudió, sin embargo, ningún concejal del PP.

El acto concluyó con el ya tradicional encendido de velas en recuerdo de las víctimas del VIH/sida que ya no están entre nosotros, pero cuyo recuerdo nos acompañará siempre.

Fuente Dosmanzanas

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Funeral del joven gay chileno asesinado Wladimir Sepúlveda

En los últimos meses, dos decisiones muy duras de obispos estadounidenses han encontrado una fuerte oposición dentro de la propia Iglesia católica. En junio, el obispo de Springfield (Illinois) prohibía los funerales para quien viviera en pareja con otra persona de su mismo sexo. Más recientemente, la diócesis de Madison (Wisconsin) ha publicado unas recomendaciones sobre los funerales de personas que vivan en pareja con personas de su mismo sexo en las que indica que deben abordarse de forma muy discreta para evitar el “escándalo”. La noticia, sin embargo, ha provocado fuertes reacciones de rechazo dentro de la propia Iglesia estadounidense, que incluyen además a figuras de relieve, como el sacerdote jesuita James Martin, de quien ya hemos hablado en esta página.

El pasado junio se difundía una decisión del obispo de Springfield (Illinois), Thomas John Paprocki, muy dura hasta para criterios conservadores. A las ya prohibiciones de bendecir a parejas del mismo sexo o de su admisión a la comunión, se unía la negativa a que una persona en riesgo de muerte recibiera los últimos sacramentos salvo que “se arrepintiera”. Más aún, la prohibición se extendía a los funerales: “A menos que dieran algún signo de arrepentimiento antes de su muerte, las personas fallecidas que hayan vivido públicamente en una relación con alguien de su mismo sexo, causando escándalo público a los fieles, quedarán privadas de ritos funerales”.

La decisión provocó una respuesta adversa notablemente amplia. Por ejemplo, Fortunate Families, una red de familias católicas con hijos LGTB, emitió un comunicado en el que acusaba al obispo Paprocki de no tener sensibilidad pastoral: “Al negar a las personas LGTB la recepción de la comunión y ritos funerales, usted de hecho los está excomulgando (…) ¿Estar en un matrimonio con alguien del mismo sexo está al mismo nivel que una persona que niega el Credo?”. Destacó especialmente la reacción del padre James Martin, jesuita y redactor jefe de la revista America, una de las publicaciones católicas más importantes de Estados Unidos. Ya hemos tenido ocasión de hablar de él en esta página, pues ya se ha pronunciado en varias ocasiones a favor del colectivo LGTB, en particular a propósito del atentado de Orlando y de la publicación de un libro donde invitaba a “tender puentes” entre la Iglesia católica y la comunidad LGTB. En esta ocasión, en una publicación en su perfil de Facebook, Martin señaló la incongruencia de aplicar criterios tan severos a las parejas del mismo sexo y no a otras situaciones que, doctrina en mano, son también “irregulares”: “Si los obispos prohíben a miembros de matrimonios del mismo sexo recibir un funeral católico, también tienen que ser coherentes. Debemos prohibir también a católicos divorciados y vueltos a casar a quienes no se les han concedido anulaciones; a mujeres u hombres que han tenido un hijo fuera del matrimonio; a miembros de parejas heterosexuales que viven juntas antes del matrimonio, y a cualquiera que use métodos de control de natalidad. Pues todos ellos también están contra la enseñanza de la Iglesia. Más aún deberán prohibirlos a cualquiera que no cuide a los pobres que no cuide el medio ambiente a cualquiera que apoye la tortura, pues también son doctrinas de la Iglesia. Más fundamentalmente, deben prohibirlos a la gente que no se comporte con amor, que no perdone y que no tenga misericordia; pues estas cualidades representan las enseñanzas de Jesucristo, son las mas fundamentales de todas las enseñanzas de la iglesia. Poner el foco solo en las personas LGTB sin un foco similar el comportamiento moral sexual de las personas heterosexuales es, en palabras del catecismo, un signo de discriminación injusta”.

Con todo, la reacción más dura, como en su momento recogimos, vino de Michael Sean Winters, del National Catholic Reporter (otra prominente publicación católica), quien pidió directamente a la destitución del obispo: “El motu proprio Come una mare amorevole se publicó en respuesta a la necesidad de retirar obispos que habían sido negligentes en el manejo de las alegaciones de abusos sexuales por parte del clero, pero el texto no limitaba su alcance a este único asunto. Cuando un obispo malinterpreta tanto la cultura como el Evangelio, por no hablar de su papel como obispo, de tal manera que emite un decreto como el que Paprocki ha emitido, demuestra que está tan desquiciado que no puede dirigir una iglesia local. Antes de que haga más daño, debe dimitir o ser despedido”, afirmaba con dureza.

La diócesis de Madison sigue los pasos de Springfield

Más recientemente, otra diócesis que ha tomado una decisión similar ha sido la de Madison (Wisconsin), gobernada por el obispo Robert Morlino. El vicario general, monseñor James Bartylla, ha informado a los sacerdotes en una nota sobre las nuevas pautas en los funerales católicos, que contiene una sección titulada “Consideraciones sobre los ritos funerales para una persona en una unión homosexual”. En ella queda claro que lo que preocupa es el “escándalo”: “El principal problema está en el escándalo y la confusión. La tarea pastoral por tanto es la de minimizar el riesgo de escándalo y confusión a la vez que se está disponible para el fallecido y la familia. Si la situación lo requiere (…) se podrán denegar ritos funerales a pecadores manifiestos en quienes es escándalo público para los fieles no puede evitarse. Si hay duda, se habrá de consultar al ordinario del lugar [el obispo] y seguir su juicio”.

Entre las razones para negar el rito se cita por ejemplo que el fallecido o su pareja fuesen “promotores del ‘estilo de vida gay’”. Haber mostrado en vida algún signo de activismo o de no haber aceptado la enseñanza oficial hace así al fallecido susceptible de no recibir un funeral. Las indicaciones incluyen una serie de preguntas que ha de hacerse el sacerdote en cada caso concreto: “Para minimizar el escándalo, ¿debería haber solo una breve celebración de la Palabra en la funeraria? ¿O quizá un oficio frente a la tumba? Quizá podría ofrecerse una misa funeral con o sin mención explícita del nombre del fallecido o de la ‘pareja’, en la parroquia o incluso en otra parroquia (para evitar el escándalo), con o sin miembros de la familia”. Pero la nota va aún más allá, al plantearse como un “gran riesgo de escándalo y confusión”, el que aparezca el nombre del sacerdote o la parroquia en cualquier esquela u obituario “público (por ejemplo, periódico) o semi-público [sic]”. Tampoco puede haber referencia al compañero viudo en nada publicado por la parroquia, ni ninguna referencia a la “unión no natural”. Igualmente, se aconseja “mantener al mínimo el compromiso del sacerdote o diácono (por ejemplo, limitado a un sacerdote o diácono y en los momentos meramenete esenciales de un oficio o rito, si lo hay)”. En otras palabras, se puede rezar por el fallecido, pero sin que no se note mucho.

Estas indicaciones han vuelto a causar controversia, como ya sucediese con las de Springfield. De nuevo, James Martin se ha pronunciado con claridad: “El problema, como indico en Building a Bridge [su libro a favor del acercamiento entre la Iglesia y el colectivo LGTB antes mencionado] es que estas enseñanzas casi siempre se aplican de manera selectiva. Esto es, no hay un foco equivalente en la moralidad sexual de los católicos heterosexuales en el momento de sus funerales (por ejemplo, ¿estaba él o ella divorciado y casado de nuevo sin anulación? ¿Estaban viviendo juntos antes del matrimonio?). Tampoco se pone bajo tal microscopio la moralidad de los profesores de escuela católicos (por ejemplo, ¿está él o ella viviendo con una pareja antes del matrimonio?). El foco puesto exclusivamente en las personas LGTB y su moralidad sexual, sin un foco equivalente en la moralidad sexual (o moralidad en general) de los católicos heterosexuales, constituye lo que el catecismo denomina ‘discriminación injusta’ (2358)”.

En definitiva, si las decisiones de obispos como los de Springfield o Madison dejan bien claro que persisten actitudes fuertemente discriminatorias dentro de la Iglesia católica, también parece confirmarse que en Estados Unidos hay una creciente contestación interna, que contrasta con lo que sucede en en otros lugares, como España, donde afirmaciones fuertemente discriminatorias de otros obispos no cuentan por el momento con oposición significativa de voces católicas “autorizadas”. Veremos si eso cambia en el futuro.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica America (revista), Diócesis de Madison, Diócesis de Springfield, Discriminación, Estados Unidos, Fortunate Families, Homofobia, Iglesia Católica, Illinois, James Martin, Jesuitas, LGTBfobia, Madison, Michael Sean Winters, National Catholic Reporter, Robert Morlino, Springfield, Thomas John Paprocki, Visibilidad LGTBI, Wisconsin

Lamentable polémica la que ha desencadenado el último cartel de la Navidad sevillana, y que más allá de gustos personales ha llenado de homofobia las redes sociales. La Federación Andalucía Diversidad LGBT, de hecho, ha emitido un comunicado de prensa en el que defiende el cartel y lamenta la “plumofobia y el rechazo de lo femenino” que subyace detrás de muchas de las críticas. Muchos sevillanos critican la connotación sexual de la mano del arcángel sosteniendo la Giralda y coronada por una flor; otros dice que se parece al futbolista Griezmann.

El cartel de la Navidad de Sevilla 2017 fue presentado el 25 de noviembre por la Asociación de Belenistas de Sevilla, que es la entidad responsable de su realización. El cartel, una obra realizada en pastel sobre tabla dorada, es obra del artista Manuel Peña, y según la propia Asociación de Belenistas explicaba, “se trata de una impactante obra donde se contempla en primer plano al Arcángel San Gabriel en el momento de ofrecer la azucena (símbolo de la pureza y la virginidad) a la Virgen María”.

La obra puede gustar más o menos, y evidentemente está sometida al juicio público (y al humor, como no podría ser de otra forma). No faltan los que la consideran ligeramente homoerótica (no más, en cualquier caso, que tantas y tantas otras figuras de la iconografía religiosa católica que son objeto de veneración y culto). Pero la avalancha de comentarios abiertamente homófobos que ha desencadenado en redes sociales es sorprendente. Basten algunos ejemplos que el tuitero sevillano Jesús Vecino ha tenido la paciencia de recopilar en Twitter: “Lo siento pero lo voy a decir con todas sus letras. Es una mariconada”, “Qué asco de cartel. Yo al autor lo mandaría a la cárcel con los Jordis”, “No sé si es una broma de mal gusto o una inocentada del 28 de diciembre. Qué decadencia, y el que figura como Arcángel San Gabriel qué pluma tiene”, “Puede ser alguien que se ha escapado de la caravana LGTB, madre mía no representa la Navidad en Sevilla ni de lejos ni de cerca”, “A mí me parece una aberración”, “Pura propaganda gay (…) véte con to orgullo gay a la cabalgata de Madrid, mamarracho”, “Un circo, algo que nada tiene que ver, una ofensa. Cuándo aprenderemos a respetar”, “¿Cómo le explico a mi nieto la manita en la Giralda?”, “¿Cuál será la que anuncie las fiestas del orgullo? (…) Creo que la gestualidad y el estilo del ángel no es la más acertada. Hay muchas más formas de representar la Navidad que con un ángel gay”, “Vaya maricona de dibujo. Esto no representa la Navidad, representa otra cosa”, “Si lo ponen en una carroza se lo pueden llevar a Madrid para celebrar otra cosa”, “Otra prueba más de que cualquier cosa vale para determinada parte de la sociedad para las tradiciones cristianas. ¿Dónde está la Navidad? Yo veo que ese cartel anuncia otra cosa”… y son solo una pequeña muestra (hemos corregido, eso sí, las numerosas faltas de ortografía).

Comentarios que no solo han venido de tuiteros “anónimos”. Algunas figuras conocidas, como el televisivo Kiko Matamoros, también se han pronunciado contra el cartel en términos muy duros. “Si digo lo que pienso actúa la fiscalía”, aseguraba el extertuliano de Sálvame.

El columnista de ABC Francisco Robles, que ha escrito al respecto: «Dilo tú, que puedes. Di que el cartel de esa asociación de belenistas es la apoteosis del lobby gay que está imponiéndose en buena parte de la Sevilla rancia. Esto es algo que todo el mundo sabe y todo el mundillo comenta en las tertulias afiladas de las barras de los bares o de los tabernáculos cofrades, algo que casi nadie saca a la luz. Ese arcángel que está posando en la atmósfera de un bar de ambiente, con su melenita de peluquería y todo, es el icono perfecto de lo que está sucediendo. Y eso no significa que sea bueno ni malo, pues doctores tiene la Iglesia… aunque no se pronuncien”.

No es de extrañar que la Federación Andalucía Diversidad, entidad vinculada a la Confederación COLEGAS, haya hecho público un comunicado en el que defiende el cartel y critica la polémica suscitada. “Nos estamos encontrando en este caso con un claro ejemplo de homofobia, e incluso ‘plumofobia’, dado que las críticas están vertidas hacia la representación más femenina o afeminada del ángel protagonista de la escena”, en palabras de su presidente, Antonio Ferre. “Los ángeles no tienen sexo, la representación de ellos, sobre todo en el Barroco, siempre ha sido muy femenina y se ha considerado arte en mayúsculas, no entendemos por qué ahora se ha criticado la imagen, nos parece un claro ejemplo de ‘plumofobia’ y rechazo a lo femenino”, explica la nota. “Esto es propio de una sociedad arcaica y llena de estereotipos, en la que parece que todo lo que apunte a una visión diferente es rechazado”, añade.

Andalucía Diversidad finaliza su nota mostrando su máximo apoyo tanto a la Asociación de Belenistas como al autor de la obra. “Nos posicionamos claramente a favor de esta asociación y de su autor, quien bien ha señalado que su idea era homenajear a Murillo en su 400 aniversario”, asegura. “Una vez más apostamos por una Navidad inclusiva, se trata de un tiempo de paz y reconciliación y como tal debemos verla”, añade Antonio Ferre.

La Asociación de Belenistas de Sevilla, por su parte, ha emitido un comunicaado en el que defiende que el procedimiento de elección del cartelista de la Navidad ha sido el mismo que en años anteriores y que el artista seleccionado simplemente ha representado la Navidad bajo su criterio, no recibiendo además remuneración alguna. “La asociación conocía el contenido de dicho cartel y lo que el autor ha representado en el mismo, una vez finalizado este, anteriormente al acto de presentación, considerando que dicho cartel cumple con los requisitos exigidos”, añade. La Asociación informa además que el Ayuntamiento de Sevilla es ajeno al proceso, interviniendo solo en la impresión. “Lamentamos cualquier tipo de polémica generada al respecto, siendo totalmente ajena a nuestra voluntad”, finaliza.

El propio artista ha tenido que escribir un artículo en ABC de Sevilla para justificarse: “Solo puedo decir que pocos han bajado la mirada para apreciar a una Sevilla llena de luz rodeada por las cinco estrellas con forma de mariquillas que posee en su pecho la Esperanza y en cambio muchos han dado rienda suelta a su imaginación para llegar a la conclusión de que el ángel no es Ángel, La Giralda no es Giralda y la azucena no es azucena”.

Veremos en próximos días si la Asociación aguanta el tipo o si el cartel acaba siendo retirado. En cualquier caso, una vez más somos testigos de cómo la homofobia aprovecha el más pequeño recoveco para aflorar, en cuanto puede, en toda su plenitud. Basta una anécdota como la del cartel sevillano para demostrar que la supuesta sociedad inclusiva de la que algunos tanto presumen en este país tiene todavía los pies de barro. Es necesario seguir trabajando, sin descanso y sin autocomplacencias.

Fuente Dosmanzanas

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