Terrible noticia la que nos llega desde Perú. La activista trans Claudia Vera, de 30 años, fue asesinada en la madrugada del pasado 30 de marzo, mientras se encontraba con un grupo de amigas en una calle de Lima, la capital.

Según detalla la agencia Presentes, en un determinado momento de la noche Claudia Vera se encontraba discutiendo con un hombre cuando otra mujer se le acercó y la amenazó. Minutos después, la misma mujer regresó con un arma y le disparó a quemarropa hasta cinco balazos. La activista murió al instante. «Mi madre está destrozada, mi padre también, no era para morir de esa forma, esa muerte no se le desea a nadie, no era un perro, no era un animal, mi hermana era buena, era bromista, sus amistades la conocen. Yo he ido a cambiarla a la morgue, está horrible su cuerpito, las balas, una en la cabeza, en su cabecita, una le ha caído en la oreja, le ha destrozado la orejita, ¿por qué tanta maldad?, ¿por qué tanto se han ensañado así?», se lamentaba su hermana, Liliana Vera, en declaraciones a la mencionada agencia.

Claudia Vera había trabajado muy especialmente en el área del VIH. Fue, por ejemplo, fundadora de la Red de Jóvenes con VIH en el Perú (Jóvenes Cambiando VIHdas). Su asesinato ha causado un hondo impacto entre las organizaciones de defensa de los derechos de las personas trans y de lucha contra el VIH. ONUSIDA, el programa conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/sida, por ejemplo, ha expresado su «profundo pesar y consternación» por la muerte de la que considera «admirable y joven activista por los derechos humanos de la comunidad trans y personas con VIH del Perú, miembro de la Red de Jóvenes Positivos de Latinoamérica y cofundadora de la Red de Jóvenes Cambiando VIHdas del Perú». «La temprana y trágica partida de Claudia, ocurrida el pasado 30 de marzo, no hace sino confirmar la enorme vulnerabilidad de las personas trans y la necesidad urgente de que la sociedad y las autoridades trabajen de la mano para asegurar que los derechos humanos sean realmente universales e inalienables y para que nadie quede atrás en oportunidades para el propio desarrollo personal», continua el comunicado de ONUSIDA. «Instamos a las autoridades a investigar con celeridad para no permitir que este crimen quede impune. Descansa en Paz querida Claudia, que la luz de tu compromiso no se apague jamás», finaliza el texto.

El asesinato de Claudia Vera también ha sido condenado, entre otras, por organizaciones como Jóvenes Cambiando VIHdas, organización de la que fue confundadora, o Sí, da Vida, de la que era instructora y voluntaria. «En la actualidad el Perú no tiene ley expresa que castigue los delitos de odio, debido a que el Decreto Legislativo nº 1323 que fortalecía la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, fue derogado por el Congreso de la República en mayo de 2017, con votos de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, por supuestamente exceder las facultades legislativas», ha denunciado esta organización en un duro comunicado en el que «expresa su preocupación por el desamparo legal que tienen las personas trans en el Perú y exhorta a las autoridades y congresistas a debatir proyectos de ley que beneficien a la población para evitar ‘muertes sociales’ y ‘muertes físicas’, como la que tuvo Claudia Vera».

Desde la Defensoría del Pueblo de Perú, mientras tanto, han instado a la Fiscalía a investigar el caso y determinar si el asesinato de la activista constituyó un acto de discriminación. «En investigación de atentados contra vida de personas  LGTBI debe aplicarse el principio de debida diligencia», ha reclamado este órgano.

El pasado 31 de marzo, jornada que precisamente coincidía con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, un grupo de activistas se concentraron en el lugar en el que Claudia fue asesinada para pedir justicia para ella y para todas las mujeres trans asesinadas en Perú, un país en el que la violencia tránsfoba está a la orden del día. Os dejamos con unas imágenes del acto, difundidas por Conexión Vida, radio online especializada en la prevención del VIH:

Fuente Dosmanzanas

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La misma app había sido ya retirada de sus catálogos por el resto de las grandes plataformas, Apple, Amazon y Microsoft. La decisión de la ONG Human Rights Campaign de no calificar a Google en su ranking sobre Equidad Corporativa ha precipitado la decisión de la compañía de Silicon Valley. Además, una campaña ha recogido 140.000 firmas en Change.org para que este programa sea eliminado de cualquier base de descarga.

Google se ha quedado atrás respecto a otras plataformas a la hora de retirar una aplicación de carácter religioso cristiano que incluía consejos y prácticas para «recuperarse de la atracción a personas del mismo sexo». Una condición que los responsables de esta aplicación trataban como «enfermedad mental», en claro anacronismo con nuestros tiempos y que obvia el hecho de que la Organización Mundial de la Salud ya descatalogó la homosexualidad como enfermedad mental. Una decisión que este 17 de mayo cumplirá 28 años y que multitud de colectivos cristianos se empeñan en negar al proponer diversas «terapias» de conversión, por las que se promete que los individuos son capaces de dejar atrás su homosexualidad.

La decisión del gigante tecnológico se produce tras el gesto de Human Rights Campaign de no calificar el grado de Equidad Corporativa de esta compañía en su ranking anual hasta que esta descatalogase la aplicación. Un hecho que ha empujado finalmente a la compañía a retirar de su catálogo de Play Store esta herramienta «en línea con otras tiendas de aplicaciones», según informa la compañía en un comunicado.

La aplicación de la organización Living Hope Ministries, una organización que busca «proclamar la verdad de Dios entre los que buscan una plenitud afectivo-sexual a través de una relación más estrecha con Cristo», suponía hasta ahora la presencia de esta organización en plataformas digitales. Su contenido y temática se centra (ya que sigue estando presente en otras plataformas más minoritarias) en la «conversión» de personas atraídas hacia personas del mismo sexo. La metodología utilizada son sermones religiosos y experiencias de conversión relatadas por sus protagonistas. Unos testimonios que afirman poder «cambiar» o «ignorar su sexualidad».

La retirada de la aplicación de las plataformas más importantes ha sido principalmente impulsada por Truth Wins Out («La verdad triunfa»), una ONG que combate los estragos que causan las organizaciones religiosas de carácter LGTBfobo. Tras la retirada de la aplicación de Apple en diciembre del año pasado, la organización ultraconservadora defendió a través de una carta abierta de uno de sus miembros publicada en su web que la herramienta no pretendía la discriminación de las personas LGTB o promover terapias de reparación. Algo cuestionable en los términos en los que se expresa el autor, ya que en la misma se citan términos como «curar la homosexualidad» o se diferencia entre «la luz» (una conducta heterosexual de cara al público) y «la oscuridad» (una conducta homosexual llevada a cabo de manera casi clandestina). Además habla de «lucha contra la atracción hacia personas del mismo sexo» para referirse al camino que se emprende tras ingresar en esta comunidad.

La decisión de Google de mantener hasta ahora esta aplicación en su catálogo (en este enlace se puede comprobar que la app ya no está activa) ha contrastado con el tradicional apoyo de esta compañía a las personas LGTB que ha incluido campañas, doodles (interfaces de Google) especiales durante las celebraciones del Orgullo LGTB, la presencia de carrozas de la compañía en el Orgullo de Madrid, o la participación activa de la compañía en otras campañas de concienciación como It Gets Better.

Prohibición de «terapias» de conversión: en Europa, Malta fue pionera

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, en discusión en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar» una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que en cualquier caso permanece encallado por el desacuerdo entre las diferentes fuerzas políticas que en teoría lo apoyan y cuya aprobación a día de hoy no está asegurada.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Dosmanzans/Cristianos Gays

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El Alto Tribunal de las Islas Caimán ha dictaminado que la prohibición del matrimonio a las parejas del mismo sexo es inconstitucional. Asimismo, ha ordenado al Ejecutivo que modifique la Ley de Matrimonio para que lo defina como «la unión de dos personas como cónyuges». Aunque la orden es de obligado cumplimiento, la Fiscalía estima que el Gobierno deberá tomarse su tiempo para considerar la sentencia. Aun así, un nuevo territorio británico de ultramar se suma a la igualdad de derechos para las parejas LGTB.

La sentencia del Alto Tribunal es el resultado de la denuncia presentada en abril de 2018 por la caimanesa Chantelle Day y su pareja, la británica Vickie Bodden Bush, a quienes se les denegó en el Registro Civil la posibilidad de contraer matrimonio. Tras escuchar los argumentos de la defensa de las denunciantes y de la Fiscalía General, el presidente del Alto Tribunal, Anthony Smellie, ha resuelto que Chantelle y Vickie tenían razón y que la denegación del permiso de matrimonio por ser una pareja del mismo sexo es contraria a la Constitución de las Islas Caimán. Y lo ha hecho con estas contundentes palabras:

Este Tribunal está obligado a no permitir que la violación de los derechos de las demandantes continúe sin una reparación. La Constitución, en su requisito obligatorio de que la ley sea sometida a conformidad, debe prevalecer. Las demandantes y su hija tienen derecho a que el Tribunal ponga fin de inmediato a las indignidades a las que han sido sometidas.

Lo cierto es que la nueva Constitución del archipiélago, aprobada en 2009, solo se refiere al matrimonio cuando estipula que se debe «respetar el derecho de todo hombre o mujer solteros a contraer matrimonio con una persona del sexo opuesto y formar una familia». Pero en realidad ni define el matrimonio ni lo prohíbe expresamente a las parejas del mismo sexo. La definición queda recogida en el artículo 2 de la Ley de Matrimonio, que lo describe como «la unión entre un hombre y una mujer».

El juez Smellie ha ordenado también que se reforme ese artículo para que el matrimonio quede definido como «la unión de dos personas como cónyuges». El Gobierno debe cumplir con ese dictamen, aunque parece que hay alguna reticencia por parte del fiscal General, Samuel Bulgin, quien a la salida del tribunal declaraba que «comprensiblemente, el Gobierno tendrá que tomarse un tiempo para considerarlo y pensar en cómo seguir adelante». Durante el juicio, Bulgin abogó por la creación de una ley de uniones civiles para las parejas del mismo sexo, aun considerando que esa era labor del Legislativo.

Como antecedente, en las Islas Caimán eran reconocidos los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros países a efectos de consecución de un permiso de trabajo, mediante una sentencia del Tribunal de Apelaciones que adoptaba el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a quien la justicia caimanesa está sujeta.

Con esta sentencia, y en espera de que el Gobierno acate la orden del Tribunal, las Islas Caimán se suman a los territorios británicos de ultramar donde existe la igualdad para las parejas del mismo sexo.

El matrimonio igualitario en Reino Unido, sus dependencias y territorios

La composición política y territorial del Reino Unido es compleja, lo que repercute en la legislación de derechos como el matrimonio igualitario, ya que cada territorio o dependencia tiene competencia plena al respecto. La situación es la siguiente (entre paréntesis, la entrada en vigor de la correspondiente legislación):

En las tres dependencias de la Corona:

• La isla de Man (2016), Guernsey (2017) y Jersey (pendiente de sanción real) cuentan ya con leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo.
• El Bailinazgo de Guernsey tiene, a su vez, dos dependencias: en Alderney las parejas del mismo sexo puede casarse desde el 13 de diciembre de 2017, mientras que en Sark aún no se ha legislado al respecto, pero sus responsables políticos se han comprometido a hacerlo próximamente.

En los 14 territorios de ultramar:

• El matrimonio igualitario está aprobado en las islas Pitcairn (2015); el Territorio Antártico Británico (2016); la base de Acrotiri y Dekhelia (2014); Gibraltar (2016); el Territorio Británico del Océano Índico (2014); las islas Malvinas (2017); Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur (2014); y el territorio que conforman la isla de Santa Elena, la isla Ascensión y Tristán de Acuña (2017).
• En Bermudas está vigente por decisión judicial desde mayo de 2017, pero podría ser reemplazado por una ley de uniones civiles por decisión de su Asamblea de Representantes, que meses después votó por la derogación. No obstante, este retroceso en los derechos LGTB todavía debe obtener la sanción real, cuestión que aún se está debatiendo en el Gobierno británico.
• No es legal en Anguila (aunque sí se reconocen los matrimonios celebrados en circunscripciones donde está permitido), las islas Vírgenes Británicas, las islas Caimán, Montserrat y el territorio conformado por las islas Turcas y Caicos.

En el propio Reino Unido en sí:

• Existe el matrimonio igualitario en Inglaterra, Gales (2014) y Escocia (2014).
• No está permitido en Irlanda del Norte, donde los conservadores protestantes siguen impidiendo su aprobación, utilizando torticeramente para ello el protocolo acordado en los procesos de paz para ocasiones especiales. La situación actualmente está estancada, por falta de Gobierno, y la vía judicial ha quedado cerrada.

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Ya sabemos la fecha exacta de la noticia que publicábamos hace unos días:

El sultanato implantará a partir del 3 abril la versión más estricta de la sharía y endurece hasta límites inhumanos su código penal

Amnistía Internacional denuncia que el próximo 3 de abril entrarán en vigor en Brunéi las leyes que castigan las relaciones homosexuales con la pena de muerte por lapidación. El desarrollo final del nuevo Código Penal, aprobado en 2014, que pretende implantar la sharía o ley islámica, concluirá en esa fecha con la inclusión de castigos físicos y mutilaciones incluso en niños. Ya se están planteando boicots a hoteles y negocios propiedad del sultán Muda Hassanal Bolkiah, como medida de protesta ante la barbarie.

En abril de 2014 fue aprobada la última actualización del Código Penal de Brunéi, un pequeño estado de mayoría musulmana situado en el sudeste asiático, con la pretensión de adaptarlo a la sharía o ley islámica. El 1 de mayo del mismo año entraba en vigor, aunque se anunciaba su implementación en tres fases. En la primera fase se fijaron multas y penas de prisión para diversos delitos, tal como se establece en las páginas del Corán.

En otras dos fases, que en un principio se desarrollarían en los veinticuatro meses siguientes, se introducían castigos corporales e incluso la pena de muerte para determinados delitos u ofensas. Sin embargo, su entrada en vigor fue posponiéndose indefinidamente, hasta que el pasado mes de marzo de 2018, el Ministerio de Asuntos Religiosos anunciaba su próxima implementación.

Finalmente, según denuncia Amnistía Internacional, la entrada en vigor de la nueva legislación tendrá lugar el 3 de abril de 2019. Entre las áreas delictivas que cubre se encuentran el robo, las relaciones sexuales ilícitas, hacer acusaciones no probadas de sexo ilícito, causar daño físico, el consumo de bebidas alcohólicas, la apostasía y los actos contrarios a las creencias islámicas.

Aparte de la pena de flagelación para la mayoría de estos delitos y ofensas, se establece la mutilación de manos y pies para los delitos relacionados con el robo, incluso para niños. Para las relaciones sexuales ilícitas y la apostasía de la religión islámica se implementa la pena de muerte por lapidación.

Esas relaciones ilícitas incluyen las que tiene lugar entre personas del mismo sexo (que hasta ahora estaban penadas con hasta 10 años de cárcel), el adulterio, las relaciones extramatrimoniales y la violación. En un principio, la nueva legislación solo se aplicará a la población musulmana de Brunéi (alrededor de dos tercios de los 500 000 habitantes del pequeño estado).

Rachel Chhoa-Howard, representante de Amnistía Internacional en Brunéi, consideraba que «legalizar tales penas crueles e inhumanas es espantoso en sí mismo. Algunas de las posibles “ofensas” ni siquiera deberían considerarse crímenes, incluyendo las relaciones sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo».

Por su parte, ILGA no incluía a Brunéi entre los países en que se establece la pena de muerte para las relaciones homosexuales en su día último informe sobre homofobia de Estado, al no haber entrado en vigor a la fecha de su publicación, aunque informaba de la posibilidad de la implementación del nuevo Código Penal. Sin embargo, incomprensiblemente, le restaba importancia por creer que no se aplicará, dado que el requisito para la pena de ejecución por lapidación requiere que haya al menos cuatro testigos masculinos de la ofensa.

La noticia de la implementación de una legislación tan bárbara ha ocasionado que algunas voces, como la del actor George Clooney, hayan pedido que se boicoteen los negocios que el sultán Muda Hassanal Bolkiah tiene alrededor del mundo, incluyendo sus instalaciones hoteleras.

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Casi la mitad de los jóvenes bisexuales han considerado seriamente el suicidio durante el año previo, según arroja la macroencuesta sobre conductas de riesgo en población juvenil llevada a cabo entre 2015 y 2017 por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (los conocidos CDC) cuyos datos ha analizado The Trevor Project. Según esa misma encuesta, un 7% de los jóvenes se identifican a sí mismos como bisexuales, frente a un 2% que se identifican como gais o lesbianas y un 4% que en el momento de la encuesta no se identificaban claramente con ninguna orientación. 

The Trevor Project, organización de la que ya hemos hablado en ocasiones anteriores que trabaja para prevenir el suicidio de adolescentes LGTB (a través, entre otros medios, de talleres escolares, material educativo, recursos online y asistencia a través de una línea telefónica de 24 horas al día) es la que ha dado la voz de alarma tras analizar los datos de la encuesta de los CDC (cuyo resumen puedes descargar aquí, si bien los datos que aquí aparecen muestran como un único grupo a los jóvenes LGB).

Según los datos analizados al detalle, un 48% de los jóvenes bisexuales habían considerado seriamente la posibilidad de quitarse la vida durante el año previo. Un 40% habían llegado a hacer planes concretos sobre cómo hacerlo y un 27% lo habían llegado a intentar. Dos tercios de los jóvenes bisexuales (el 66%) referían haberse sentido tristes y desesperanzados de forma continua durante dos o más semanas en el año previo, frente a un 49% de los jóvenes que se identificaban como gais o lesbianas y a un 46% de los que estaban seguros sobre su orientación sexual. Entre los jóvenes que se identificaban como heterosexuales este porcentaje cae al 27%.

Cifras que por otra parte son coherentes con el hecho de que un 36% de los jóvenes bisexuales reportaron haber sufrido acoso en la escuela, frente a un 27% de gais y lesbianas, un 24% de los que no estaban seguros sobre su orientación y un 18% de los heterosexuales. Por lo que se refiere al ciberacoso, también el grupo de jóvenes bisexuales es el que más lo ha sufrido: un 30%, frente a un 21% de los jóvenes que no estaban seguros sobre su orientación, un 20% de gais y lesbianas y un 14% de heterosexuales.

La encuesta arroja también datos muy inquietantes sobre el porcentaje de jóvenes que fueron obligados a mantener relaciones sexuales: un 21% entre los jóvenes bisexuales (más las chicas, un 24%, que los chicos, un 8%), frente a un 16% de gais y lesbianas (15% de las chicas y 17% de los chicos), un 12% de los jóvenes que no estaban seguros de su orientación (11% de las chicas y 13% de los chicos) y un 5% de los jóvenes heterosexuales (9% de las chicas y 2% de los chicos).

Otros datos referidos a la población juvenil LGB

Al margen de este análisis específico sobre el riesgo de suicidio entre los jóvenes bisexuales realizado por The Trevor Project, la encuesta de conductas de riesgo en población juvenil de los CDC (cuya metodología es compleja, pero que incluye datos de encuestas parciales llevadas a cabo tanto a nivel nacional como estatal y local) arroja datos muy significativos sobre la situación de especial vulnerabilidad de los jóvenes LGB en Estados Unidos. Por lo que se refiere a los intentos de suicidio propiamente dichos, por ejemplo, un 23% de los jóvenes LGB reportaban haberlo intentado en el año previo, frente a un 14,3% de los jóvenes que no tienen clara su orientación y un 5,4% de los heterosexuales.

El grupo de jóvenes LGB también era el que reportaba más episodios de violencia sexual con alguna pareja/cita/ligue: un 15,8%, frente al 14,1% de los jóvenes que no tienen clara su orientación y el 5,5% de los heterosexuales.

Invitamos a los lectores a indagar por sí mismos en los datos de la encuesta. Lamentablemente en este caso no se preguntaba por identidad o expresión de género, lo que impide extrapolar datos referidos, por ejemplo, a personas trans o de género no binario.

Bisexualidad: una situación de especial vulnerabilidad

Volviendo a la bisexualidad, lo cierto es que la realidad de las personas que se identifican a sí mismas como bisexuales sigue siendo de especial vulnerabilidad. Baste un ejemplo:  en 2015 nos hacíamos eco de un estudio de la organización Human Rights Campaign, que hacía un balance del estado de salud de las personas bisexuales en base a diferentes fuentes. La investigación apuntaba a que la mayor prevalencia en este colectivo de numerosos problemas de salud se explicaba en buena parte por la ausencia de medidas preventivas, derivada de su especial vulnerabilidad. Muy especialmente de las mujeres bisexuales, que se someterían por ejemplo a menos pruebas de cribado, como la mamografía o la citología (para detectar precozmente cáncer de mama y de cuello de útero, respectivamente). Este peor acceso de las mujeres bisexuales a los cuidados de salud estaría explicado, al menos en parte, por la bifobia institucionalizada. Una encuesta en Reino Unido, por ejemplo, mostraba que solo un tercio de las personas bisexuales sienten suficiente confianza para hablar abiertamente con su médico sobre su orientación sexual, y casi la mitad de ellas han experimentado episodios de bifobia durante su contacto con los servicios de salud. Otro estudio de The Williams Institute, en Estados Unidos, mostraba que las personas bisexuales se sinceran significativamente menos que las personas gais y lesbianas cuando acceden a los servicios de salud.

Por lo que se refiere a la salud mental, el peso del estereotipo, la discriminación y la falta de soporte social se deja notar en mayores tasas de depresión, conductas adictivas, trastornos de la conducta alimentaria e incluso ideas suicidas. Según una encuesta de Human Rights Campaign de 2012, el porcentaje de jóvenes no LGTB que se reconocían como «muy felices» ascendía al 21%. Entre los jóvenes que se reconocían como gais y lesbianas ese porcentaje se reducía al 8%, mientras que entre los que se reconocían como bisexuales se quedaba en el 5%.

Lo decíamos entonces: hablamos de estudios que hacen referencia a la realidad anglosajona, pero no hay razones de peso para pensar que en España o América Latina, cuyo colectivo bisexual está especialmente invisibilizado, la situación sea mejor. En definitiva, las personas bisexuales no son, por desgracia, esas personas felices y despreocupadas, afortunadas por «tener más posibilidades» que el resto y adornadas por un aura de modernidad y cosmopolitismo que muestra el cine o la televisión, cuando no promiscuas o viciosas. Se trata, por el contrario, de un grupo  vulnerable, con dificultades durante la adolescencia y juventud para asumir su propia orientación por falta de referente sólidos, con frecuencia menospreciado por el resto del colectivo LGTB, y que en el caso de las mujeres y/o de las personas transexuales añade estigmas y dobles o triples discriminaciones. Una situación que urge revertir.

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Una comisión del Senado rumano ha rechazado dos proposiciones de ley de uniones civiles para las parejas de distinto o del mismo sexo. El primer proyecto lo había redactado el Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación y contaba con el apoyo de 42 parlamentarios de cuatro partidos diferentes. Pero el senador socialdemócrata (PSD) Șerban Nicolae, vicepresidente de la comisión, opinó que la medida «no está justificada» ni «responde a ninguna necesidad social». A diferencia de la primera, que excluía la adopción conjunta, la segunda propuesta dejaba este asunto abierto. La habían elaborado los liberales del ALDE y se saldó también con el rechazo de la comisión.

La posibilidad de aprobar una ley de uniones civiles se viene discutiendo en Rumanía desde hace más de diez años. En 2008, el senador de la minoría húngara Péter Eckstein-Kovács presentaba una proposición de ley que decayó con la convocatoria de las elecciones de ese año. En 2011, fue un senador liberal-conservador (PNL), Viorel Arion, el que introdujo un nuevo texto, que llegó a recibir un dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados. Pero el Gobierno del conservador Emil Boc rechazó su tramitación. Dos años después, el diputado verde Remus Cernea lo volvía a intentar en la cámara baja, donde se topó con el rechazo de la comisión.

Hace ahora un año, el Consejo Nacional contra la Discriminación (CNCD) redactó una propuesta legislativa que presentó al Gobierno y a los partidos con representación parlamentaria. En su elaboración participaron también asociaciones LGTB como ACCEPT y MozaiQ. Se trata de una regulación de las parejas del mismo o de distinto sexo que otorga derechos similares al matrimonio en áreas como la seguridad social, fiscalidad o prevención de la violencia doméstica. La medida excluye la posibilidad de la adopción conjunta para las parejas del mismo sexo, que en cambio verían reconocido su matrimonio contraído legalmente en otro país como una unión civil.

Se redactó una proposición de ley sobre la base del texto presentado por el CNCD, que fue secundada por 42 parlamentarios del PSD, PNL, USR (Unión Salvar Rumanía, anticorrupción) y UDMR (minoría húngara). El 31 de octubre del año pasado se registraba la medida ante el Parlamento. Paralelamente, el diputado Andrei Gerea y el senador Ion Popa, ambos de ALDE, presentaban su propia proposición de ley de uniones civiles el 2 de noviembre. El texto equipara las parejas unidas con los matrimonios en materia de herencia, pensión de viudedad, seguridad social y obtención de la ciudadanía, entre otros. A diferencia de la propuesta multipartita, no prohibía ni regulaba la adopción conjunta.

El pasado martes 12 de marzo, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, con mayoría socialdemócrata, rechazaba ambas propuestas. Sobre la primera, el vicepresidente Șerban Nicolae opinaba que «no está justificada» ni «responde a ninguna necesidad social». Edward Dirca, senador del USR y uno de los firmantes del texto, le replicó que «ya va siendo hora» de crear un marco legal de uniones civiles. Los representantes de las asociaciones LGTB también lamentaron el dictamen desfavorable y recordaron que Italia y Grecia recibieron sanciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no regular las uniones entre personas del mismo sexo.

El fracaso del referéndum contra el matrimonio igualitario

En julio de 2016 comenzó en Rumanía un proceso para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario. Fue cuando el Tribunal Constitucional dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación promovida por la Coalición por la Familia (un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa), que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo de 2017 se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada en septiembre del año pasado. En ambos casos se alcanzó la mayoría requerida de dos tercios.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tuvo vía libre para ser votada en referéndum. El objetivo era cambiar la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Para que el resultado de la consulta popular fuera válido, debía participar al menos el 30% del censo electoral y los votos favorables superar el 50%. El plebiscito se celebró en dos jornadas, el 6 y 7 de octubre y fracasó estrepitosamente al congregar tan solo al 20,41% de la población con derecho a voto.

La situación de las parejas del mismo sexo en Rumanía

Todo este proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se desarrolló parcialmente de forma paralela a la batalla legal de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica y presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre de 2016 que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario.

Posteriormente, el alto tribunal rumano dio a conocer los considerandos de su decisión. Los jueces se remitían a la sentencia europea y la interpretaban de acuerdo con legislación rumana. Concretamente, establecen que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la protección de la vida privada y familiar que consagra el artículo 26.1 de la Constitución rumana:

Las autoridades públicas respetarán y protegerán la vida íntima, familiar y privada.

El Constitucional consideraba que este artículo debía interpretarse en un sentido inclusivo con las personas LGTB. Aún más, afirmaba que las parejas del mismo sexo «tienen derecho, con el tiempo y de acuerdo con la ley, a disfrutar de un reconocimiento legal y jurídico de sus derechos y obligaciones». Las derivaciones legales de esta formulación no están claras, porque el alto tribunal no ha ordenado el reconocimiento inmediato de las parejas del mismo sexo, sino que deja la regulación en manos del legislativo. La traslación del mandato de igualdad, por tanto, puede durar aún mucho tiempo, si es que se llega a producir. Expertos legales opinan que el fallo solo obliga a las autoridades a reconocer a las parejas del mismo sexo los mismos derechos y obligaciones que a las parejas de distinto sexo no casadas. Es decir, casi ninguno en la actualidad, ya que Rumanía sigue careciendo de una ley de uniones civiles tras el rechazo de las dos últimas propuestas.

Fuente Dosmanzanas

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El Arzobispo de Canterbury Justin Welby (izda) con el obispo estadounidense Michael Curry, cuya Iglesia Episcopal ha protestado por la exclusión de los cónyuges LGBT. (Steve Parsons – Pool/Getty Images)

Ampliamos la noticia que avanzábamos la semana pasada: El Obispo Michael Curry, quien pronunció el sermón en la boda del Príncipe Harry y Meghan Markle, ha criticado la  exclusión de los cónyuges del mismo sexo de una reunión anglicana.[/caption]

La Conferencia de Lambeth 2020, que reunirá a obispos anglicanos y sus cónyuges de todo el mundo, ha estado enfrentando críticas después de que el Arzobispo de Canterbury Justin Welby prohibiera la asistencia de esposos del mismo sexo.

La decisión ha desatado la ira en la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, después de que la Obispa Episcopal de Nueva York, Mary Glasspool, revelara que fue contactada personalmente por Welby y le advirtió que no trajera a su esposa y compañera de 30 años, Becki Sandler, a la cumbre que se celebra una vez cada diez años.

En una reunión de la Cámara Episcopal de Obispos el viernes (15 de marzo), el Obispo Michael Curry dijo que le dejaría claro a Welby que la iglesia «querría que[la prohibición] fuera reconsiderada si hay alguna manera de hacerlo».

Una declaración conjunta en apoyo al Obispo Glasspool dice: «Los Obispos están agraviados y angustiados por la decisión del Arzobispo de Canterbury de excluir a las parejas de los obispos del mismo sexo de participar en la Conferencia de Lambeth. Nos preocupa el uso de la exclusión como medio para construir la comunión.»

Mons. Glasspool dijo que su esposa estaba «conmocionada, herida y enfurecida» por la decisión de excluirla explícitamente de la conferencia. Sin embargo, se opuso al boicot del evento, añadiendo: «Realmente creo que es mejor estar en la mesa cuando estás en el menú». Glasspool también elogió a Curry por «el increíble liderazgo de estos cristianos locos en el Movimiento Jesús».

Los esposos de los obispos episcopales también dieron a conocer su propia declaración, que expresa «decepción y consternación por la exclusión de los esposos del mismo sexo de la invitación a la Conferencia de Lambeth». Continúa: «Estamos especialmente con nuestra compañera, Becki Sander, esposa de la Obispo Mary Glasspool, quien es una de las esposas excluidas».

La declaración dice que «la exclusión de los cónyuges del mismo sexo… parece una reacción simplista a [una] cuestión compleja», y añade: «Nos entristece que no todos sean bienvenidos a caminar, escuchar y testificar con nosotros, y que no se escuchen todas las voces en esta reunión».

Líderes anglicanos afirman que los cónyuges del mismo sexo son «inapropiados»

Un obispo anglicano canadiense, Kevin Robertson, también fue contactado personalmente por Welby y se le instó a no traer a su esposo a la Conferencia de Lambeth. Robertson atacó la decisión, que según él fue impulsada por la homofobia.

La decisión de excluir a los cónyuges del mismo sexo de la Conferencia de Lambeth parece destinada a sofocar la disidencia de los líderes eclesiásticos anti-LGBT dentro de la Comunión Anglicana, que se enfrenta a una división cada vez más fraccionaria entre las iglesias LGBT-inclusivas y anti-LGBT de todo el mundo.

El Dr. Josiah Idowu-Fearon, secretario general de la Comunión Anglicana, afirmó en un artículo publicado en el blog en febrero que la decisión fue tomada «para tener en cuenta la posición de la Comunión Anglicana sobre el matrimonio, que es la unión de por vida de un hombre y una mujer». Añadió: «Sería inapropiado que los cónyuges del mismo sexo fueran invitados a la conferencia».

Welby no ha respondido a la crítica de la decisión de prohibir a los cónyuges homosexuales participar en el evento de £4,950 por cabeza. La cumbre se celebrará en el campus de Canterbury de la Universidad de Kent en julio de 2020.

Fuente Cromosomax

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Ampliamos la noticia que publicábamos el pasado 16 de marzo. El Partido Demócrata estadounidense presentó de nuevo el pasado miércoles en el Congreso y el Senado un proyecto de Ley de Igualdad que reformaría la vigente Ley de Derechos Civiles, con el objetivo de impedir a nivel federal la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en ámbitos como el trabajo, la vivienda, la educación, subvenciones del Estado o servicios y establecimientos públicos. La mayor dificultad será su aprobación por el Senado, de mayoría republicana, a pesar de que una reciente encuesta revela que la mayor parte de la población estadounidense se opone a este tipo de discriminación en todos los estados que conforman los Estados Unidos, entre los ciudadanos de todas las edades, etnias, ideologías políticas o creencias religiosas. Además, una ley de este tipo también cuenta con el apoyo de las grandes corporaciones empresariales.

Se trata de la segunda ocasión en que se intenta introducir este proyecto de ley de reforma de la Ley de Derechos Civiles, vigente desde 1964, que fue presentado por primera vez en 2015, sin éxito, debido al rechazo de la mayoría republicana.

Actualmente, la Ley de Derechos Civiles prohíbe la discriminación por razón de sexo, raza, color, origen nacional y religión en el derecho al voto, el acceso a la educación, la vivienda, el empleo y los establecimientos y servicios públicos. El presente proyecto de ley, versión del presentado infructuosamente en 1974, pretende añadir a estas categorías protegidas la orientación sexual y la identidad de género.

Tan solo veinte de los cincuenta estados que conforman los Estados Unidos cuentan con leyes o normativas que impidan, en mayor o menor medida, la discriminación de las personas LGTB. El proyecto de ley quiere que esa protección sea de ámbito federal. Como señalaba el congresista David Cicilline, abiertamente LGTB y ponente del proyecto de ley, «en la mayoría de los estados de este país, una pareja gay puede casarse el sábado, publicar sus fotos de boda en Instagram el domingo y perder sus empleos o ser expulsados de sus apartamentos el lunes solo por ser quienes son».

Según destaca la organización de defensa de derechos civiles ACLU, el proyecto de ley, además «aclara que la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa no puede usarse en contextos de derechos civiles, prohibiendo que la libertad religiosa, que es un valor estadounidense fundamental, sea utilizada como una licencia para discriminar».

Si bien no parece que haya problemas para que el proyecto de ley sea aprobado en el Congreso, dada la mayoría demócrata que ostenta en la actualidad, la principal dificultad la encontrará en el Senado. Se necesitaría que, además del voto favorable de todos los senadores demócratas e independientes, se sumaran los de al menos cuatro senadores republicanos. Las posibilidades de aprobación parecen pues escasas, ni nadie cree que vaya a obtener el apoyo presidencial. Aunque, como curiosidad, en unas declaraciones efectuadas en el año 2000 a la revista The Advocate, Donald Trump afirmaba que le gustaba «la idea de enmendar la Ley de Derechos Civiles de 1964 para incluir la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual. Sería simple. Sería sencillo. Una enmienda a la Ley de Derechos Civiles otorgaría la misma protección a los homosexuales que a lo demás estadounidenses, es lo justo». 

La nueva normativa propuesta cuenta, sin embargo, con el apoyo de más de 160 de las mayores compañías y corporaciones empresariales estadounidenses, muchas de las cuales ya cuentan con políticas antidiscriminatorias de ámbito interno.

La mayoría de la población a favor de la no discriminación de las personas LGTBI

Pero el dato más positivo es el que ha revelado una reciente encuesta de Public Religion Research Institute (PRRI), según la cual un 69 % de los ciudadanos estadounidenses se mostraría favorables a una ley contra la discriminación de las personas LGTB, mientras que tan solo se opondría el 24 %. Esta mayoría se alcanza en todas las edades y entre quienes profesan las distintas ideologías o creencias religiosas. Si bien el apoyo es mayor entre los ciudadanos de menor edad, los demócratas o quienes profesan religiones como el judaísmo o el budismo, también es mayoritario entre los mayores de 65 años, los republicanos (incluso los más conservadores) o quienes se declaran mormones, musulmanes o testigos de Jehová. Así se comprueba en la siguiente tabla.

También se extiende a cada uno de los cincuenta estados. El apoyo es mayor en los estados que componen Nueva Inglaterra o la Costa Oeste, pero también hay un fuerte respaldo en muchos de los estados del Medio Oeste. Es menor en los estados del Sur, pero aun así en todos ellos la mayor parte de la población se declara a favor de las leyes antidiscriminatorias. Se puede comprobar en la siguiente tabla (podéis pinchar en ella para verla a mayor tamaño):

Fuente Dosmanzanas

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El escritor jamaicano Marlon James ha hablado públicamente sobre el exorcismo al que se sometió en su juventud para intentar dejar de ser homosexual, en una entrevista concedida a BBC Radio. El autor ha revelado como, en su deseo de integrarse en la sociedad jamaicana, trató por todos los medios de alterar su orientación sexual con la ayuda del pastor de una iglesia evangélica a la que acudió durante un tiempo.

Marlon James, de 48 años, ha publicado hasta ahora cuatro novelas. En 2015, se convirtió en el primer jamaicano en obtener el premio Man Booker por su tercera novela Breve historia de 7 asesinatos, inspirada en el intento de asesinato de Bob Marley a mediados de los setenta, y en la que incluyó personajes homosexuales, según sus propias palabras, para reflejar «la hipocresía en Jamaica». Su último libro, Black Leopard, Red Wolf, acaba de ser publicado en Estados Unidos.

Hijo de detectives y abiertamente homosexual, James decidió abandonar su país —uno de los más homófobos del planeta— en 2007 para instalarse en Mineápolis (Estados Unidos), en busca de un lugar menos hostil. «En mi adolescencia, antes de ir a la universidad, pasaba casi todo el tiempo en mi habitación. Pasé tanto tiempo allí que mis vecinos pensaron que hice la escuela secundaria en Estados Unidos. Iba a clase y luego desaparecía. Básicamente, venía a casa para cenar, dormir y dibujar cómics. Tenía pocos amigos», contaba en una entrevista con The Guardian.

Sus años en Jamaica supusieron toda una evolución personal. Se graduó en Lengua y Literatura. A principios de los noventa, encontró trabajo en una agencia de publicidad y, poco después, comenzó a asistir a una iglesia evangélica de Kingston, en busca de respuestas a ciertas preguntas existenciales que se hacía. James, que ya estaba en la treintena, había visto a otros feligreses recibir exorcismos, y pensó que él también necesitaba uno.

«Los libertadores recitaron versículos de la Biblia y rechazaron las mentiras de James en el nombre de Jesús. James, traumatizado, comenzó a vomitar  […] Finalmente, gritó: ‘Veo a dos hombres follando cada vez que cierro los ojos para rezar’. Los libertadores le sacaron el espíritu de la homosexualidad, el de la blasfemia y el del espíritu de incredulidad. Le dijeron que habían oído ocho demonios dentro de él […] Después de un rato, dejó de llorar y ordenó a sus demonios que se fueran. La mujer sostuvo su rostro en sus manos y le dijo que estaba libre». Así describe la periodista Jia Tolentino en un reciente artículo para The New Yorker las sensaciones de James en aquel momento.

Durante unos pocos meses, James se sintió libre de luchas internas. Poco a poco, sin embargo, comenzó de nuevo a consumir pornografía. Afortunadamente, su vida dio un vuelco el día que se sintió liberado de culpa y comprendió que sería más fácil cambiar sus creencias sobre la homosexualidad que reprimir su sexualidad. «Un día, súbitamente, lo pensé: ‘¿y si me deshago de la iglesia?’. Y funcionó de forma radical. Soy demasiado raro para ser un ateo, pero no creo que tenga fe ya», señaló en su entrevista radiofónica. Su asunción como hombre gay, sin embargo, le condenaba en la que posiblemente es una sociedad tan homófoba como la jamaicana. «Ya fuera en avión o en ataúd, sabía que tenía que salir de Jamaica», escribía él mismo en 2015 en The New York Times.

Jamaica, un infierno para las personas LGTB

Que Jamaica es posiblemente la sociedad más homófoba de América no es un secreto, y no solo porque las relaciones homosexuales masculinas sigan siendo delito. En el pasado hemos recogido noticias verdaderamente espantosas sobre la situación social en la que viven las personas LGTB en la isla. En diciembre de 2010 era asesinado un activista gay que, según informó entonces la organización J-FLAG, había sido previamente amenazado, y en junio de 2012 eran asesinados otros dos hombres gais. A finales de ese mismo año, dos jóvenes descubiertos manteniendo relaciones sexuales en los baños de la Universidad Tecnológica de Jamaica caían en manos de una muchedumbre enfurecida y uno de ellos era golpeado brutalmente por los guardas de seguridad.

En septiembre de 2013, conocimos otro caso de un joven que escapó milagrosamente de un linchamiento homófobo. Poco después cuatro hombres homosexuales que compartían vivienda vieron cómo un grupo de agresores le prendían fuego. Esa misma casa había sido también el último lugar en el que vivió Dwayne Jones, una joven adolescente transgénero asesinada pocas semanas antes por una turba de personas que descubrieron su condición.

En marzo de 2015 dábamos cuenta del brutal linchamiento a un joven gay, a manos de una turba furiosa, que lo mató a pedradas. En 2016 se producían dos nuevos asesinatos de posible motivación homófoba. Y en septiembre de 2017, el activista Dexter Pottinger era apuñalado hasta la muerte en su domicilio.

Son solo algunos de los casos que trascienden las fronteras de Jamaica. Muchos otros ni siquiera llegamos a conocerlos, entre otras cosas por la falta de confianza y la pasividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad ante estos casos. La violencia y el miedo, de hecho, no son episodios aislados sino que forman parte de la vida cotidiana de las personas LGTB jamaicanas, bien reflejados en el completo informe de 86 páginas que en 2014 publicó sobre Jamaica la organización Human Rights Watch.

Ello no impide que incluso en un ambiente tan hostil surjan valientes activistas, que de hecho en 2015 celebraron por primera vez varios actos con motivo del Orgullo LGTB, sin convocar, eso sí, una manifestación como tal. Algo que por supuesto sí pueden hacer los homófobos. Una de estas llamativas muestras públicas de homofobia fue la que recogimos en 2014, cuando cientos de personas, convocados por una coalición de líderes religiosos, salieron a las calles de Kingston coincidiendo con el Orgullo para protestar contra lo que denominaron la «creciente amenaza de la homosexualidad».

Fuente Dosmanzanas

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El Alto Tribunal de Botsuana ha anunciado que el próximo 11 de junio emitirá una sentencia sobre la posible despenalización de la homosexualidad. Se trata de la respuesta a una demanda presentada el año pasado contra la ley de origen colonial que castiga las relaciones «contra natura». La corte ha pospuesto la fecha del fallo, previsto inicialmente para este mes, después de escuchar los argumentos de los activistas LGTB. La adopción de varias medidas antidiscriminatorias en los últimos años animan a un cierto optimismo sobre el sentido final del fallo.

El proceso que puede concluir con la despenalización de la homosexualidad lo inició un estudiante de la Universidad de Botsuana llamado Letsweletse Motshidiemang en noviembre de 2017. La organización LGTB LEGABIBO se personó en la causa como amicus curiae. La demanda persigue la derogación de los artículos 164 y 167 del código penal botsuano, que castigan las relaciones «contra natura» y los actos de «indecencia grave». Se trata, como en tantos otros países, de una herencia de la época colonial británica. Las penas pueden alcanzar los siete años de cárcel y afectan tanto a hombres como a mujeres, aunque en la práctica se aplican raramente.

Los demandantes alegan que la ley homófoba es inconstitucional por coartar los derechos fundamentales de libertad y privacidad y que la sociedad botsuana ha evolucionado en su aceptación de la realidad LGTB. Los representantes del Estado, sin embargo, han defendido la permanencia de la norma. Alegan que no discrimina contra las personas LGTB porque prohíbe ciertas prácticas con independencia de la orientación sexual de los implicados y retan a los demandantes a demostrar que la población realmente ha cambiado su percepción de la homosexualidad.

El Alto Tribunal fijó inicialmente marzo de 2018 como la fecha en la que escucharía los argumentos orales, pero la cita fue pospuesta en dos ocasiones y en diciembre del año pasado se anunció que la vista se produciría el 14 de marzo de 2019, como finalmente ha ocurrido. La sentencia se conocerá, si no hay retrasos, el próximo 11 de junio. Los activistas guardan un moderado optimismo sobre el resultado final, habida cuenta de que en los últimos años se han producido algunos avances significativos en el país.

En 2016, por ejemplo, se conseguía una pequeña victoria con el fallo a favor del reconocimiento legal de la asociación de defensa de los derechos LGTB LEGABIBO. El registro ya había sido convalidado por el Alto Tribunal en noviembre de 2014, pero el Gobierno botsuano recurrió entonces la sentencia. La Corte de Apelaciones dio la razón a LEGABIBO y estimó que promover los derechos humanos y defender la derogación de las leyes que penalizan la homosexualidad no es ilegal, y que ser homosexual tampoco lo es.

Otro hito fue la aprobación por unanimidad de una moción de apoyo a la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo el ayuntamiento de la capital Gaborone en marzo de 2016. Y en septiembre de 2017, el Alto Tribunal reconocía por primera vez la identidad de género de una persona trans, que tres meses después pudo obtener un nuevo documento de identidad, poniendo fin a un proceso que se había alargado por diez años.

Fuente Dosmanzanas

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El Senado  de los Países Bajos acaba de aprobar, por una gran mayoría, un proyecto de ley que protege a las personas transexuales e intersexuales y prohíbe legal y explícitamente su discriminación en todos los ámbitos, incluido el laboral.

“Es sorprendente que las personas transexuales e intersexuales se enfrenten con tanta frecuencia a la discriminación. Están incluso en desventaja en el mercado laboral, su tasa de desempleo es un 20% más alta que la media”, denunció la progresista Vera Bergkamp (D66), también activista LGTB en Holanda.

Este proyecto, iniciativa de D66, los socialdemócratas (PvdA) y los verdes GroenLinks, también modifica la ley que exige igualdad de trato entre las personas, independientemente de su raza, género o nacionalidad, y refuerza aún más la prohibición de la discriminación basada en el sexo.

También se prohíbe explícitamente la discriminación basada en las características sexuales, la identidad de género y la expresión de género.

La laborista Kirsten van den Hul aseguró que “con este cambio legislativo, se está enviando una señal clara: tú debes estar seguro de que puedes ser tú mismo, quien quiera que seas” y lamentó que el trato discriminado a los transexuales “está a la orden del día”.

Fuente: Telemadrid, vía Oveja Rosa

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 Kevin Robertson en su boda con Mohan Sharma,

Un obispo gay ha protestado la decisión del Arzobispo de Canterbury de excluir a las parejas del mismo sexo de asistir a la Conferencia de Lambeth 2020, que se celebra una vez cada diez años en la Iglesia Anglicana.

El Reverendo Kevin Robertson, de Toronto, abiertamente gay y padre, junto a su pareja, de dos hijos, que fue elegido obispo de la Iglesia anglicana de Canadá, el primer miembro de una familia homoparental en ostentar esta dignidad en una iglesia de la comunión anglicana, fue informado personalmente por el Arzobispo Justin Welby en enero que su esposo Mohan Sharma, su pareja de 10 años con quien se casó en septiembre pasado,  no sería invitado a asistir a la reunión.

Kevin Robertson y Mohan Sharma con sus hijas

«Fue decepcionante no sólo para mí y para mi esposo, Mohan, sino que también le pregunté qué mensaje envía esto a los anglicanos más progresistas, no sólo en el Reino Unido y Norteamérica, sino también a los anglicanos homosexuales y lesbianas en lugares de la Comunión donde es muy difícil salir del armario», dijo Robertson en una entrevista con Church Times publicada el jueves 14 de marzo.

El 15 de febrero se anunció que Welby había prohibido a los esposos del mismo sexo asistir a la Conferencia de Lambeth 2020, la reunión de obispos anglicanos de todo el mundo. Se esperaba que la reunión tuviera lugar en 2018, pero se enfrentó a retrasos debido al temor de boicot de los obispos africanos por la presencia de miembros abiertamente homosexuales.

La iglesia anglicana global se enfrenta a una división cada vez más fraccionaria entre las iglesias occidentales liberales que aceptan a personas LGBT+ y una facción de iglesias africanas de línea dura que no lo hacen.

Robertson dijo que creía que la decisión de Welby de excluir a los cónyuges del mismo sexo de la conferencia estaba motivada por la homofobia, ya que otros cónyuges heterosexuales han sido invitados independientemente de si son la primera pareja de los obispos. «Sé que a medida que nos acercamos al 2020, hay obispos que se han divorciado y se han vuelto a casar, en algunos casos más de una vez, que están siendo invitados, y sus cónyuges también están siendo invitados«, dijo Robertson al Church Times.

Robertson no es el único obispo afectado por la prohibición.

El Arzobispo de Canterbury Justin Welby (izda) con el obispo estadounidense Michael Curry, cuya Iglesia Episcopal ha protestado por la exclusión de los cónyuges LGBT. (Steve Parsons – Pool/Getty Images)

La Iglesia Episcopal -cuyo líder, el obispo Michael Curry, dio un memorable sermón sobre el poder del amor en la boda del Príncipe Harry y Meghan Markle- también expresó su preocupación por la decisión de Welby.

La prohibición de los cónyuges del mismo sexo afecta directamente a una de sus obispos, la Obispa Auxiliar de Nueva York Mary Glasspool, que está casada con Becki Sander, su pareja desde hace más de 30 años. Al dirigirse a la Cámara de Obispos el jueves, la Reverenda Glasspool dijo que estaba «conmocionada, herida y enfurecida» cuando recibió la noticia de la decisión en diciembre.

Obispa Mary Glasspool y Becki Sander,

En una declaración publicada en el Episcopal News Service el viernes (15 de marzo), la Cámara de Obispos de la iglesia describe estar «agraviada y angustiada» por la decisión, y también «preocupada por el uso de la exclusión como un medio para construir la comunión».

El grupo de planificación de los cónyuges de los obispos de la Iglesia Episcopal también emitió una declaración sobre la Conferencia de Lambeth 2020, expresando su solidaridad con Sander. Decía: «La comunidad de cónyuges entiende que la Comunión Anglicana no es unánime en lo que respecta al matrimonio, y que, en la vida de la Comunión, se trata de un asunto complejo. La exclusión de los cónyuges del mismo sexo, sin embargo, parece una reacción simplista a esta compleja cuestión. Nos entristece que no todos sean bienvenidos a caminar, escuchar y testificar con nosotros, y que no se escuchen todas las voces en esta reunión».

El Obispo de Liverpool, Paul Bayes, condenó la postura del Arzobispo el mes pasado, diciendo que su esposa no asistirá a la conferencia para mostrar solidaridad con los obispos homosexuales.

Un fuerte defensor de los derechos LGBT+, dijo: «Lamento profundamente que en las complejidades de nuestra vida como pueblo mundial este acto de exclusión haya tomado su lugar.»

¿Un paso más hacia el anunciado cisma?

Como bien sabemos, la aceptación de la homosexualidad en la comunión anglicana es todavía desigual entre sus diferentes jerarquías e iglesias, si bien los avances inclusivos que ha experimentado una parte de esta rama del cristianismo distan mucho de las posiciones negacionistas y ultraconservadoras con el colectivo LGTB que siguen manteniendo las jerarquías católicas española y vaticana, con el papa Francisco a la cabeza.

La Iglesia episcopaliana, rama estadounidense de los anglicanos, es sin duda la que abrió camino. Ya en 2003 eligió al primer obispo abiertamente gay, Gene Robinson. Y en 2010 fue la primera en romper con la moratoria autoimpuesta durante varios años por la comunión anglicana tras el nombramiento de Robinson y comenzar a ordenar de nuevo obispos y obispas abiertamente homosexuales. Más recientemente, en 2012, aprobaba la ordenación de personas transexuales. También fue la primera iglesia anglicana en celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Un avance al que recientemente se sumaban sus compañeros canadienses, como ya dijimos arriba.

En el otro extremo, sin embargo, se sitúan las iglesias anglicanas africanas, algunas de ellas virulentamente homófobas. Una situación inestable que ha colocado al anglicanismo al borde del cisma. Veremos si el paso dado ahora en Toronto lo precipita, o si por el contrario los anglicanos siguen manteniendo el cada vez más inestable equilibrio.

Para todos aquellos que comprendáis el inglés y estéis interesados, insertamos a continuación una entrevista a Kevin Robertson realizada el pasado julio, en la que el entonces candidato a obispo desgranaba su pensamiento. Solo un detalle, para terminar. La cita bíblica favorita del nuevo obispo: “En el amor no hay lugar para el temor: al contrario, el amor perfecto elimina el temor” (Primera Epístola de Juan, 4,18)…

Fuente Cromosomax/Cristianos Gays/Dosmanzanas

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Una familia homoparental de Valencia denuncia que ha sufrido discriminación en el colegio de sus hijos, el centro La Muralla de Canet d’ En Berenguer.

Su hijo tiene dos padres y la discriminación la ha sufrido cuando elaboró un trabajo para clase. Este trabajo lo tienen que hacer todos los alumnos, y cada uno debe esperar su turno durante meses, como ocurrió con el pequeño protagonista de esta historia.

El trabajo consiste en ilustrar la profesión que tiene el madre y la padre de cada alumno. Ya empezamos mal, porque los niños, señores profesores, a veces tienen solo un progenitor o dos del mismo sexo.

Al niño se le pidió que completara su ficha con la profesión de su madre y su padre, sabiendo en el centro que el pequeño tiene dos papás.

Para poder realizar su trabajo el niño, con el permiso de sus papás, tachó la palabra “madre” y en su lugar puso padre, junto a una foto de ambos en sus respectivas profesiones. Durante toda la semana la ficha con el tachón permaneció expuesta en la clase, lo que según los padres “ha generado varios comentarios por parte de sus compañeros que le han afectado. Para ser exactos y no dar lugar a malentendidos con la gente de su clase, habría que aclarar que no es que ya le hayan dicho algo que le haya afectado, sino que la situación generada podría haber dado lugar a eso”. Aunque afirman nunca haberse sentido rechazados en el ámbito escolar, manifestaron su preocupación porque no se tenga en cuenta la diversidad familiar a la hora de encargar ciertos trabajos de clase y usar ciertos materiales.

Los padres aseguraron a la prensa se han sentido muy impotentes por la humillación que ha sentido el niño ante la falta de sensibilidad, por lo que han comunicado los hechos a la Inspección Educativa de la Conselleria. Lo que quieren es que “no se vuelva a producir, porque este tipo de cuestiones pueden llegar a generar situaciones de acoso en un futuro y nadie quiere eso para sus hijos”.

Los padres critican que “situaciones como éstas ocurran en un centro público y en pleno siglo XXI, y más, cuando la profesora del menor sabe de la diversidad de nuestra familia. Era muy sencillo, en lugar de darle a mi hijo la ficha de la madre, la profesora podría haberle dado otra de padre y no hubiera pasado nada. O tapar el tachado y no dejarlo expuesto casi una semana».

En el centro dicen que solo fue un error. La directora del CEIP la Muralla; Mª Jesús Muñoz dijo al periódico Levante: “han sido un cúmulo de circunstancias. La profesora del niño estaba de baja, también la sustituta y la verdad es que nadie se dio cuenta del tachón, pero la jefa de estudios lo cambió enseguida. Hemos pedido perdón a los padres, todos nos equivocamos alguna vez”.

Lo que le ha ocurrido a este niño debe sentar un precedente. No es normal que en el año 2019, con todas las legislaciones a nuestro favor, tengamos que seguir viviendo situaciones así. El material escolar que se usa en los colegios debe estar adaptado, y no solo si hay hijos de familias monoparentales u homoparentales, debe estar adaptado a la diversidad familiar porque esto es cosa de todos.

Fuente Oveja Rosa

General, Homofobia/ Transfobia. Discriminación, Familias Homoparentales, La Muralla de Canet d’ En Berenguer, Valencia

Como cada año, la guía de viajes Spartacus World ha publicado su lista anual de países y territorios puntuados según su nivel de aceptación de las personas LGTB. Este año encabezan la lista Canadá, Suecia y Portugal, que obtienen una nota perfecta de 10 puntos. España, por su parte, aparece en cuarto lugar, junto a otros 12 países, que han alcanzado los 9 puntos. La lista valora positivamente las legislaciones antidiscriminatorias y favorables a los derechos LGTB, pero también el ambiente social de aceptación. Por otra parte, resta puntos por la influencia negativa de las organizaciones religiosas, el ambiente social hostil, las legislaciones discriminatorias, la persecución o los crímenes LGTBfobos. Como en años anteriores, el último lugar es para Chechenia, un territorio en el que la población LGTB es objeto de persecución policial, confinamiento y tortura.

La guía de viajes Spartacus World está orientada al público LGTB y anualmente publica una lista para que sus usuarios puedan comprobar gráficamente el estado de los derechos de homosexuales, bisexuales y transexuales en los lugares de destino de sus desplazamientos. Podéis consultarla aquí.

Al estar relacionada con los viajes y el turismo, la lista no solo incluye países, sino también territorios que suponen un destino turístico diferenciado, facilitando así búsquedas más concretas. En total son 197 localizaciones, que son calificadas según 14 categorías distintas.

Se valoran positivamente:

• La legislación contra la discriminación de las personas LGTB (hasta 3 puntos, según su alcance).
• El matrimonio igualitario (2 puntos) o las uniones civiles para parejas del mismo sexo (1 punto).
• La adopción homoparental (hasta 2 puntos si no difiere de la heteroparental).
• La legislación favorable a los derechos de las personas transexuales (hasta 2 puntos, según su alcance). Además, este es el primer año que se tiene en cuenta.
• La equiparación en la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales y heterosexuales (1 punto).

Se valoran en negativo:

• La influencia negativa de las organizaciones religiosas (resta hasta 2 puntos).
• Las restricciones para viajar a las personas que viven con el VIH (resta 1 punto).
• Las leyes contrarias a los derechos de las personas LGTB (resta 1 punto).
• La existencia de leyes que prohíben la homosexualidad (resta 1 punto).
• La prohibición del Orgullo LGTB (resta 1 punto).
• El ambiente social hostil (resta hasta 2 puntos).
• La persecución de las personas LGTB (resta hasta 2 puntos).
• La frecuencia de los asesinatos de las personas LGTB (resta hasta 2 puntos).
• La pena de muerte para las relaciones homosexuales (resta hasta 5 puntos).

La lista la encabezan Canadá, Suecia, y Portugal, que obtienen 10 puntos al sumar la máxima puntuación en las categorías positivas y no tener ningún punto negativo. Los dos primeros repiten el puesto obtenido el año pasado, mientras que Portugal alcanza por primera vez esa posición, debido a sus recientes leyes sobre autodeterminación de género. Tras ellos, obtienen el cuarto lugar, con 9 puntos, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, Nueva Zelanda, Noruega, la Isla Reunión, España y el Reino Unido.

Como en el año anterior, los últimos lugares los ocupan Irán, Arabia Saudí, Somalia y Chechenia, países donde está implementada la pena de muerte para las relaciones homosexuales o cuyas fuerzas policiales persiguen y torturan a la población LGTB.

España repite la misma puntuación que en pasados años, si bien en este ocupa una posición inferior al haber tres países con 10 puntos. La falta de una ley antidiscriminatoria de ámbito nacional ha impedido que alcance la puntación perfecta. Caben destacar las bajadas en la clasificación de países como Alemania o Francia, que anteriormente habían obtenido la misma puntuación que España. El descenso se debe, como ocurrió en el caso del Reino Unido, al incremento de las agresiones LGTBfobas y la falta de reacción de las autoridades para atajarlas. Alemania ha descendido del tercer puesto en 2018 hasta el vigésimo tercero en 2019. El clima social de fuerte LGTBfobia tras la victoria de fuerzas políticas ultraconservadoras y la promoción de legislaciones que hacen perder los derechos adquiridos por la población LGTB ha tenido como consecuencia que Brasil baje hasta el puesto 68 y los Estados Unidos hasta el 47. Por otra parte, Spartacus World está pendiente de cómo se desarrollan los acontecimientos en países como Costa Rica o Taiwán, que muy posiblemente legislen en poco tiempo a favor del matrimonio igualitario.

Fuente Dosmanzanas

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Fuente Fe Adulta

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El primer ministro de Luxemburgo, el abiertamente gay Xavier Bettel, ha denunciado la homofobia existente en la mayoría de los países de régimen islamista en la cumbre celebrada en Egipto entre la Unión Europea y la Liga de Estados Árabes. Según fuentes periodísticas confirmadas por miembros del gabinete de Bettel, el mandatario luxemburgués hizo referencia a su condición de hombre homosexual casado con otro hombre, y que por ello podría ser castigado con la pena de muerte en muchos de los países representados en la reunión. Según testimonios, tras estas palabras se produjo un «silencio glacial» entre muchos de los dirigentes presentes.

Esta semana se ha celebrado en la localidad egipcia de Sharm el-Sheij una cumbre de jefes de Estado o de Gobierno de los miembros de la Unión Europea y la Liga de Estados Árabes. El pasado miércoles tuvieron lugar en la sesión plenaria los discursos protocolarios habituales por parte de los mandatarios. Durante la intervención del primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, aparte de señalar los desafíos globales a que se enfrentan los países representados en la cumbre, el mandatario también quiso denunciar algo que le afecta de manera personal.

El periodista alemán Stefan Leifert publicaba un tuit en el que mencionaba que «el primer ministro de Luxemburgo Xavier Bettel enfrenta a los asistentes con el hecho de que está casado con un hombre y en muchos de los países presentes estaría amenazado de muerte. Silencio glacial de algunos, tranquila satisfacción de otros». El propio Xavier Bettel, desde su cuenta oficial, lo retuiteaba añadiendo: «quedarme callado no era una opción para mí».

Nichts sagen war für mich keine Option.XB https://t.co/g19bc88V1H

— Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 27 de febrero de 2019

Un miembro del gabinete luxemburgués confirmaba también la información, asegurando que Bettel dijo en la reunión «que era homosexual y que el hecho de estar casado con un hombre era punible con la muerte en muchos de los países representados en la mesa», aunque precisaba que tras el discurso del mandantario no se produjo ninguna reacción, pues «en este tipo de reuniones se suceden los discursos sin que se suscite un diálogo». Ya el domingo anterior a la cumbre, el primer ministro había comunicado a los medios que «hablaría de derechos humanos». También añadió que «si yo, como persona gay, no hablara de eso, tendría un problema».

Xavier Bettel nunca ha ocultado durante su carrera política su orientación sexual. Tampoco ha dudado en aparecer acompañado de su pareja con total naturalidad en actos oficiales, incluso en El Vaticano, desde que en octubre de 2011, a los 38 años, fuera elegido alcalde de Luxemburgo y se convirtiera en el tercer alcalde abiertamente gay de una capital europea tras París (Bertrand Delanoë) y Berlín (Klaus Wowereit), lo que le convirtió en su día en una de las figuras políticas más importantes del Gran Ducado.

Tras su proclamación como primer ministro, Bettel fue también la tercera persona abiertamente homosexual en ocupar la jefatura de Gobierno de un estado soberano, tras la islandesa Jóhanna Sigurðardóttir y el belga Elio Di Rupo. Una vez en el Gobierno, no tardó en promover una ley de matrimonio igualitario, que tomó efectos el 1 de enero de 2015. Tras su boda con el arquitecto Gauthier Destenay, celebrada en mayo del mismo año, se convirtió en el segundo mandatario en contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo mientras ostentaba su cargo, pues Jóhanna Sigurðardóttir se casó con Jonina Leosdottir durante su mandato, y el primero de la Unión Europea.

La persecución de las relaciones homosexuales en la Liga Árabe

La Liga de Estados Árabes (o Liga Árabe) está compuesta por 22 miembros: Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Arabia Saudí, Siria, Yemen del Norte, Libia, Sudán, Marruecos, Túnez, Kuwait, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Catar, Omán, Mauritania, Somalia, Palestina, Yibuti y Comoras.

En 18 de ellos, las relaciones homosexuales son castigadas por la ley con penas de prisión e, incluso, la muerte. Tan solo las legislaciones de Yibuti, Jordania, Bahréin e Irak no hacen referencia a la homosexualidad. En las leyes de algunos de estos países no consta este delito como tal, pero las relaciones homosexuales son igualmente perseguidas bajo cargos de indecencia pública o semejantes (es el caso de Egipto). En Líbano, repetidas sentencias han considerado no punibles las prácticas homosexuales, si bien sigue en vigor el artículo 504 del Código Penal, que castiga los actos «contra natura».

En Arabia Saudí, Somalia y Yemen del Norte consta la aplicación de la pena de muerte para delitos relacionados con la homosexualidad. En zonas de Irak y Siria es implementada por tribunales locales, vigilantes o actores no formalmente estatales (es el caso del Estado Islámico). En los Emiratos Árabes Unidos, Catar y Mauritania la interpretación de la sharía (o ley islámica) permite la pena de muerte, aunque no se tiene conocimiento de que se esté invocando actualmente.

Fuente Dosmanzanas

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El alcalde de Alcorcón y diputado en la Asamblea de Madrid David Pérez ha sido el elegido por Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular, como su número dos en las próximas elecciones autonómicas madrileñas. Pérez, que se significó por no votar la ley madrileña contra la LGTBfobia y que ha impedido que la bandera arcoíris ondee en el balcón del Ayuntamiento, llegó a amenazar al colectivo LGTB Arcópoli con una demanda.

David Pérez fue uno de los dos diputados «díscolos» que en julio de 2016 prefirieron ausentarse y no votar la ley madrileña contra la LGTBfobia, que el PP de la entonces presidenta Cristina Cifuentes apoyó y que de hecho fue aprobada por unanimidad de la cámara regional (el otro diputado ausente fue Luis Peral).

Un par de semanas antes de aquella votación Pérez protagonizaba otro triste episodio al negarse a izar la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento con motivo del Día del Orgullo LGTB, pese al requerimiento mayoritario de las fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento de Alcorcón. Una actitud que desembocó finalmente en una reprobación del alcalde popular por parte del resto de grupos políticos. El equipo de Gobierno de David Pérez, de hecho, había rehusado ejecutar todas las resoluciones en materia LGTB presentadas por los partidos de la oposición y aprobadas por el pleno municipal (el PP cuenta con 10 concejales, mientras que el conjunto de la oposición alcanza los 17, si bien Pérez es alcalde gracias al apoyo que le brindó Ciudadanos). Una reprobación que en lugar de mover a Pérez a la reflexión fue despreciada por el propio alcalde en un tuit en que aseguraba de forma despectiva que «a mí no me reprueban cuatro politicastros socialistas y comunistas». Cabe destacar que esta reprobación no es la única de la que ha sido merecedor David Pérez a lo largo de esta convulsa legislatura municipal: la pasada semana, de hecho, era reprobado por sexta vez.

En aquella ocasión, sin embargo, la reprobación de Pérez tuvo una vergonzante derivada, y fue la amenaza del alcalde de demandar al colectivo LGTB madrileño Arcópoli por haber criticado su actitud LGTBfoba. Una amenaza que Arcópoli recibió con asombro. «Creemos que es un gran error intentar coaccionar a una ONG mediante una demanda para silenciarnos. La mejor forma de que Arcópoli crea que el grupo municipal popular tiene interés por el colectivo LGTB es que lo demuestre mediante iniciativas y no a través de demandas», expresaron entonces desde el colectivo activista. «Si el alcalde quiere demostrar que no es bífobo, transfobo y homofobo denunciar entidades LGTB no parece la mejor alternativa, sino todo lo contrario», añadían.

El tiempo ha pasado, y aunque no tenemos constancia de que la amenaza de Pérez se materializase, el alcalde ha continuado con su actitud de desprecio. En junio de 2017, por ejemplo, mientras los colores del arcoíris inundaban fachadas y calles de numerosas ciudades, villas y pueblos de la Comunidad de Madrid, David Pérez, decidía ocultar la bandera LGTB tras las puertas de entrada al consistorio, de manera que no fuese visible desde el exterior, a pesar de que el resto de grupos políticos habían aprobado que ondease en el balcón del edificio. Lo mismo sucedió, de hecho, en 2018.

Rubén López: «parece que el PP más rancio ha escalado posiciones»

Rubén López, destacado activista de Arcópoli y director del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, ha lamentado en declaraciones a dosmanzanas la decisión de los populares madrileños. «La elección de David Pérez como número dos de la lista del PP de Madrid es una muy mala noticia para las políticas de igualdad y en especial las del colectivo LGTB. Pérez es famoso por ausentarse de la votación de la ley LGTB, por negarse a poner la bandera arcoíris en el Ayuntamiento o por organizar en Alcorcón unas jornadas de familias excluyentes. Desde Arcópoli además nos causa un gran recelo: este señor amagó con denunciarnos tras llamarle homófobo después de su comportando tras el Orgullo de 2017», ha recordado.

«Parece que el PP más rancio ha escalado posiciones en la Comunidad de Madrid. Políticos como Pérez que estaban ya defenestrados pasan así a la primera línea de nuevo, retrocediendo una década y volviendo al PP más conservador. Colocarlo como número dos en la lista es un contundente gesto a ese sector más conservador contrario a los avances LGTB que se estaba marchando a Vox. Realmente una noticia muy negativa para quienes luchamos contra la LGTBfobia en nuestra región», ha añadido.

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El Gobierno de Taiwán ha anunciado la presentación de un proyecto de ley que regulará las uniones de las parejas del mismo sexo, a quienes se otorgarán derechos semejantes a las parejas de distinto sexo unidas en matrimonio. Sin embargo, no se conceden derechos como la adopción conjunta o la consideración de «pareja infértil» para acceder a los procedimientos de reproducción asistida. Mientras algunas asociaciones de defensa de los derechos LGTB consideran un avance la presentación del proyecto de ley, otras encuentran que es insuficiente, al estimar que se trata de una simple ley de uniones civiles que no establece la plena igualdad. Los opuestos al matrimonio igualitario exigen, por su parte, que se cumpla con el resultado del referéndum que se celebró al respecto, y se haga constar en el Código Civil que el matrimonio es únicamente la unión de un hombre y una mujer. Se espera que el proyecto de ley sea puesto a consideración del Parlamento a finales del mes de mayo, fecha en que vence el plazo dado por la Corte Constitucional para legislar sobre este asunto.

El pasado miércoles 20 de febrero, el primero ministro taiwanés, Su Tseng-chang, comunicó que el Gobierno que preside ha elaborado un proyecto de ley sobre las uniones de personas del mismo sexo. La normativa se presentará bajo el título «Ley parlamentaria de ejecución de la interpretación judicial nº 748», que hace referencia a la resolución de la Corte Constitucional de mayo de 2017, que obligaba a reformar las leyes necesarias para que las parejas del mismo sexo pudieran acceder a la institución del matrimonio. En aquella sentencia, se daba un plazo de dos años para que el Yuan Legislativo (el Parlamento taiwanés) legislara al respecto, y se establecía que, de no hacerlo, las parejas del mismo sexo podrían automáticamente inscribir sus uniones como matrimonios en el Registro Civil.

La elección de un título aséptico para el proyecto de ley responde al deseo del Ejecutivo de evitar polémicas antes del inicio del trámite parlamentario. Sin embargo, ha despertado gran preocupación entre los grupos de defensa de los derechos LGTB, que temen que se trate de una ley de uniones civiles para parejas del mismo sexo y no de matrimonio igualitario. Según Hsu Hsiu-wen, miembro de la Alianza Taiwanesa para la Promoción de los Derechos Civiles de las Parejas, «el nombre de la ley es un tanto diferente a lo que esperábamos, nombrar a una ley con la interpretación constitucional no tiene precedentes».

Esa suspicacia también se fundamenta en las declaraciones del primer ministro respecto al proyecto de ley. Su Tseng-chang afirmaba cuando comunicó su elaboración que «son de esperar controversias sobre este proyecto, pero realmente confiamos en que nuestros amigos homosexuales puedan esperar un poco más. Esto podría no cumplir con las expectativas, pero después de todo es un comienzo».

Según lo adelantado, la nueva ley otorgará derechos semejantes a los del matrimonio a las parejas del mismo sexo, pero con algunas excepciones. Seguirá sin permitirse la adopción conjunta, no se habilitarán como «parejas infértiles» a efectos de acceso a los procedimientos de reproducción asistida y no se permitirán los enlaces con personas de otros países donde no esté permitido este tipo de unión.

Jennifer Lu, coordinadora de la Coalición por el Matrimonio Igualitario de Taiwán, estima que el proyecto no brinda protección legal completa a las parejas del mismo sexo y, aunque reconoce la presión que recibe el Gobierno desde todos los ámbitos, afirma que los activistas LGTB continuarán luchando por la igualdad de derechos. Chi Chia-wei, un activista que ha promovido la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional, sin embargo, se muestra satisfecho con el proyecto presentado por el Gobierno, al que «daría una nota de 85 sobre 100, no es un sobresaliente, pero al menos es un notable alto». Chi espera que en el trámite parlamentario no se contravenga el dictamen de la Corte Constitucional.

Por su parte desde la Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación, que convocó el referéndum para impedir el matrimonio igualitario, han expresado su insatisfacción con la resolución gubernamental, que considera «inaceptable». Según Yu Hsin-yi, uno de sus miembros, el Gobierno está obligado a implementar el resultado de la consulta popular y establecer en el Código Civil que el matrimonio únicamente puede estar formado por un hombre y una mujer.

Habrá que esperar a cómo se presenta ante el Yuan el proyecto de ley, qué modificaciones experimenta en ese proceso y si, finalmente, de lo que se trata es de una ley de uniones civiles y no de matrimonio igualitario. En ese caso, también habrá que comprobar si una legislación de ese tipo satisface los requerimientos de la Corte Constitucional. Se estima que la aprobación final por el Yuan tendrá lugar a finales de mayo, para cumplir con el plazo establecido por el alto tribunal.

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Luego de que la Fedachi señalara que no tiene postura sobre las y los atletas trans y se conociera la historia de la deportista chilena Ignacia Livingstone (en la fotografía)

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) pidió hoy a la Federación Atlética de Chile (Fedachi) que garantice la plena igualdad de derechos a las y los deportistas trans,.erradicando y previniendo todo tipo de discriminación basada en la identidad de género.

La petición tuvo lugar luego de conocerse en La Tercera la historia de la atleta trans chilena Ignacia Livingstone y después de que la Fedachi señalara hoy en el mismo medio que no tiene postura sobre la identidad de género.

“Expresamos nuestra preocupación pues la Ley Zamudio suma 6 años de vigencia, la Ley de Identidad de Género fue aprobada el año anterior y las actuales políticas de la Comisión Médica y Científica del Comité Olímpico Internacional que son favorables a deportistas trans y son apoyadas Comité Olímpico de Chile (COCh) datan del 2016. Pese a ello, la Fedachi ha señalado hoy que no tiene postura al respecto”, indicó el Movilh en una carta enviada a la Fedachi

En ese sentido, explicó el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, hoy “hemos invitado a la Fedachi a actualizar todas sus prácticas y reglamentos de manera de garantizar a todo deportista la no discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género, de manera que las personas trans, como la atleta chilena Ignacia Livingstone (23), puedan participar en igualdad de condiciones deportivas, sin discriminaciones”.

A la par, Jiménez valoró “el evidente espíritu deportivo de Ignacia, quien contra los vientos y mareas de la discriminación se está preparando para ser la primera atleta trans chilena en competir oficialmente”

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Chile, Comité Olímpico de Chile (COCh), Comité Olímpico Internacional, Deporte, Discriminación, Federación Atlética de Chile (Fedachi), Ignacia Livingstone, Ley de Identidad de Género, MOVILH, Rolando Jiménez