La periodista Yevgenia Litvinova ha denunciado la detención de 30 activistas LGTBI en San Petersburgo por protestar contra la prohibición de la celebración del Orgullo. Entre los detenidos se encuentra incluso alguna persona menor de edad. Un año más, los valientes activistas LGTBI rusos se han enfrentado a la represión y a las leyes que impiden su derecho a la libertad de expresión, reunión y manifestación, propios de cualquier estado democrático.

Como ocurrió el pasado año y en ocasiones anteriores, y pesar de los repetidos dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las autoridades de San Petersburgo denegaron el permiso para celebrar en las calles de la ciudad la Marcha del Orgullo LGTBI, que trataba de reivindicar los derechos de un colectivo que vive la amenaza constante de las leyes que castigan la supuesta difusión de «propaganda homosexual», pero que en realidad tratan de invisibilizar socialmente a gais, lesbianas, bisexuales y personas trans.

Según el relato de la periodista Yevgenia Litvinova, una profesional fuertemente comprometida con la defensa de los derechos humanos en Rusia que publica en The Russian Reader, los activistas LGTBI habían decidido utilizar los mecanismos legales para poder expresar su protesta contra la prohibición. Así, en vez de celebrar una manifestación conjunta, lo harían cada uno individualmente, pues las leyes rusas permiten que sus ciudadanos puedan protestar de esta manera sin necesidad de ningún permiso o autorización administrativa. Son remarcables las palabras con que Alexei Sergeyev convenció a Yevgenia Litvinova para que se uniera a la protesta por los derechos LGTBI y diera testimonio:

Así, decenas de activistas se dirigieron a la Plaza del Palacio el pasado 4 de agosto, con la intención de desplegar individualmente pancartas reivindicativas. Sin embargo, se encontraron que la plaza estaba acordonada por un fuerte contingente policial y que también se hallaban militantes de ultraderecha nacionalista, conocidos por su LGTBIfobia en traje de camuflaje. En cuanto llegaron y se dispersaron para iniciar la protesta individual, la periodista constató la detención inmediata de Alexei Sergeyev y de Alexei Nazarov, que simplemente ondeaba una bandera arcoíris. Después, fueron detenidos otros 28 activistas, quienes, arrastrados a la fuerza, fueron conducidos a los furgones policiales y posteriormente a diversas comisarías.

Litvinova puedo averiguar que entre los detenidos también se encontraban Yuri Gavrikov y Tanya Sichkaryova, así como una menor de edad. Todos ellos se habían negado a que les tomaran las huellas y las fotografías policiales. Se enfrentan a fuertes sanciones económicas y a penas de hasta quince días de prisión por intentar el simple ejercicio de sus libertades y derechos civiles.

Una vez más, a pesar de su fuerte determinación, los activistas LGTBI rusos han vuelto a ser víctimas de la represión policial y de las autoridades, que alientan la homofobia con leyes que prohíben el mero hecho de informar positivamente de la homosexualidad a menores, a la vez que, como hemos comprobado, permiten que quienes simplemente enarbolan la bandera arcoíris o reivindican la celebración del Orgullo sean detenidos, sancionados o incluso encarcelados.

Fuente Dosmanzanas

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La diputada japonesa Mio Sugita, perteneciente al gubernamental Partido Liberal Democrático, ha realizado unas declaraciones de contenido fuertemente LGTBfobo que han causado gran indignación. Según la representante política, las parejas del mismo sexo son «improductivas»al no tener la capacidad de procrear, por lo que cualquier gasto público en programas contra la discriminación es un dispendio. Asimismo, afirma que la aceptación social de las relaciones entre personas del mismo sexo «incrementará el número de personas infelices» en el conjunto de la población. Miles de manifestantes se han congregado en Osaka y Tokio para reclamar la dimisión de la diputada, mientras que la directiva de su partido elude cualquier crítica y defiende su derecho a expresar sus propias opiniones.

Mio Sugita, de 51 años, es una diputada de la cámara baja del Parlamento japonés, en representación del conservador Partido Liberal Democrático, actualmente en el Gobierno. El pasado 18 de julio se publicó un artículo firmado por ella en la revista Shincho 45, en el que criticaba la reciente actitud de la prensa japonesa de apoyo a los derechos de los ciudadanos LGBTI.

Según Sugita, este respaldo de los medios al respeto a la diversidad «podría hacer que personas capaces de disfrutar de un enamoramiento normal y casarse se crean que tienen la opción de volverse homosexuales, y como resultado, aumentará el riesgo de que haya más personas infelices». También criticaba cualquier gasto público en programas contra la discriminación de las personas LGTBI, porque «estos hombres y mujeres no tienen hijos, es decir, son improductivos».

La diputada concluía su artículo afirmando que «una sociedad privada de ‘sentido común’ y ‘normalidad’ está destinada a perder ‘orden’ y finalmente a colapsar. No quiero que Japón sea una sociedad así». Las críticas arreciaron en las redes sociales nada más publicarse la revista, pero Sugita se defendió de las críticas, asegurando que incluso un alto cargo de su partido le había enviado un mensaje en el que le indicaba que «debía mantener la cabeza muy alta porque no había dicho nada que estuviera mal».

La persistencia de Sugita en sus declaraciones provocó que se convocaran manifestaciones en Osaka y Tokio, en las que miles de ciudadanos japoneses exigieron la dimisión de la diputada. También hubo reacciones entre el resto de las formaciones políticas, e incluso dentro de su mismo partido.

Taiga Ishikawa, uno de los primeros políticos japoneses abiertamente gay, replicaba a la diputada sosteniendo que «la homosexualidad no es sinónimo de infelicidad. Son los comentarios discriminatorios como los de Sugita los que nos hacen infelices». Ishikawa también consideraba que, dado que la diputada es miembro del partido gobernante, sus declaraciones «dañan significativamente la reputación de Japón de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020».

El diputado Shunsuke Takei, antiguo miembro del Ministerio de Exteriores, afirmaba en las redes sociales que el artículo de Sugita «no es política, sino que se trata simplemente de un discurso de odio». Por su parte, la activista lesbiana Hiroko Masuhara ligaba las palabras de la representante con la idea de eugenesia, comparándolas con las proposiciones que condujeron al asesinato de homosexuales en la Alemania nazi.

Desde su propio partido, el diputado Gaku Hashimoto, que encabeza la comisión de Salud, Trabajo y Bienestar, opinaba que las ideas de Sagita «se puede decir que contravienen toda la política gubernamental sobre bienestar social». Sin embargo, el secretario general de Partido Liberal Democrático, Toshihiro Nikai, prefería mantenerse al margen y eludía cualquier crítica, declarando al respecto que «diferentes personas tienen diferentes puntos de vista, y, por supuesto sus propias posiciones políticas».

Fuente Dosmanzanas

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La declaración negacionista de Val Kalende, hasta ahora abiertamente lesbiana y activista LGTB ugandesa, es un jarro de agua fría para la comunidad sexualmente diversa de este país africano, atenazado por una fuerte LGTBfobia social y de Estado. «Lo único que aprendí de ser lesbiana fue a ser una chica rebelde», dice entre otras cosas Kalende en su confesión televisiva (que tiene tintes religiosos, según ella misma reconoce y como también puede apreciarse claramente en la grabación). Todavía no se han pronunciado muchas organizaciones igualitarias en Uganda al respecto. Sin embargo, las entidades y los activistas que lo han hecho no ha sido para cargar contra ella, a la que en todo caso le han agradecido el esfuerzo realizado hasta ahora, sino para poner el foco en la moral religiosa LGTBfóbica. «La religión es un veneno», ha declarado la activista Stella Nyanzi. Con toda probabilidad, el caso de la supuesta «conversión» de Kalende será utilizado contra el colectivo LGTB por los grupos fundamentalistas cristianos.

«Yo era la oveja negra de la familia. Mi familia estaba enojada conmigo por ser lesbiana. Mis tíos, tías, primos, sobrinos y muchos amigos me rechazaron y me repudiaron», narraba en su aparición televisiva la hasta ahora activista Val Kalende. «Me quedé huérfana entre los 16 y los 17 años. Mis padres fallecieron a causa del VIH/Sida antes de que se descubrieran los antiretrovirales. Mi madre falleció más tarde, después de mi padre. Fui a otra casa. Es en esta casa donde me introdujeron a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo», continúa el discurso de esta mujer.

Kalende cuenta que «me fue muy bien en la escuela y fui admitida en uno de los mejores colegios femeninos de Uganda. Me uní a St. Joseph Nsambya y allí conocí a muchas chicas que mantenían relaciones sexuales del mismo sexo». A raíz de ahí «conocí e hice muchas amigas y sabía o era parte de los entornos lésbicos. Pero, estoy sorprendida de que casi todas estén casadas y de que tengan familias felices y crecidas. Sin embargo, aquí todavía estoy yo con la carga de ser lesbiana. La chica a la que podría llamar mi primera relación a los 17 años está felizmente casada y tiene una familia. Lo único que aprendí de ser lesbiana fue a ser una chica rebelde». En este sentido, remata preguntándose «por qué el mundo nos obligó a convertirnos en chicas que no aman a los hombres».

A pesar de estas sorprendentes declaraciones, que se pueden resumir en su frase de «ya no soy lesbiana», Val Kalende lleva más de una década trabajando para organizaciones LGTB como Freedom y Roam Uganda o Sexual Minorities Uganda, entre otras. También estableció lazos con el activismo de otros países como los Estados Unidos, impartió conferencias en distintos países y publicó artículos en medios de masas reclamando la igualdad y los derechos humanos. Llegó a ser arrestada en alguna ocasión. Ahora, Kalende se aleja de todo este pasado, construido con esfuerzo y sacrificio, para dedicarse a construir su moral cristiana.

Ya en 2009, al visibilizarse mediáticamente como lesbiana, uno de esos medios recogió los intentos de su pastor de que realizara otra entrevista en la que admitiera haberse «convertido» en heterosexual por «un milagro». Algo que no hizo entonces, pero que ha acabado haciendo casi una década después.

Todavía no se han pronunciado muchas organizaciones igualitarias en Uganda al respecto. Sin embargo, las entidades y los activistas que lo han hecho no ha sido para cargar contra ella, a la que en todo caso le han agradecido el esfuerzo realizado hasta ahora, sino para poner el foco en la moral religiosa LGTBfóbica. «La religión es un veneno», ha declarado la activista Stella Nyanzi.

«Tal vez tenemos que averiguar qué causó esto en lugar de culparla. Permitámonos también abordar el odio dentro de la comunidad misma», defiende Mirakel Rakkaus Hossy (otra activista ugandesa que tuvo oportunidad de trabajar con Kalende), que agrega que «no podemos decir que ella fue un fraude».

Este es el vídeo completo en el que se registra la intervención de Kalende:

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales del año pasado, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

Fuente Dosmanzanas

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Los activistas de Russian LGBT Network han denunciado el intento de secuestro de un joven homosexual checheno en San Petersburgo, con el objetivo de llevarlo de nuevo a su región de origen. Según los denunciantes, en la captura del joven participó activamente su propio padre, quien parece ser el principal inductor, y al menos un agente policial checheno. Russian LGBT Network afirma que este sería el quinto caso de secuestro de homosexuales para ser conducidos hasta Chechenia, una región donde se han denunciado detenciones por «sospecha de homosexualidad» e, incluso, la existencia de campos de concentración para homosexuales.

Desde la web activista Russian LGBT Network se ha denunciado el intento de secuestro el pasado 13 de julio del joven de origen checheo Zelimkhan Akhmadov, que actualmente reside en San Petersburgo. Cinco personas atacaron a Zelimkhan cuando se encontraba cerca del lugar donde vivía refugiado y le obligaron a introducirse en un coche. Un amigo del joven, que presenció el ataque, envió un mensaje a un miembro de Russian LGBT Network, que inmediatamente lo puso en conocimiento de la policía.

Agentes policiales acudieron al lugar de los hechos e interrogaron a diversos testigos. Entre ellos se encontraban los miembros de seguridad del refugio donde se alojaba Zelimkhan, quienes, como medida de precaución, anotan las matrículas de los vehículos que estacionan en las inmediaciones. Debido a ello, pudieron facilitar a la policía la del coche donde introdujeron al joven secuestrado, que, según su información, había permanecido aparcado en los alrededores los dos últimos días.

Con este dato pudieron localizar con prontitud el vehículo, donde en ese momento solo se encontraban Zelimkhan y un hombre que se identificó como su padre. También se halló un documento de identificación de un agente policial checheno. Conducidos a comisaría, el padre del joven Zelimkhan siguió amenazando a su hijo, acusándole de ser la vergüenza de la familia y culpándole de que toda ella se encuentre amenazada de muerte debido a su homosexualidad. Allí se esclareció también que el padre había intentado convencer a su hijo de que grabase un vídeo en el que afirmara que no sufría persecución alguna y que no era homosexual, algo a lo que Zelimkhan se negó taxativamente.

Ya por la tarde, Zelimkhan abandonó la comisaría y los miembros de Russian LGTB Network le condujeron a un lugar seguro, donde ahora ha encontrado nuevo refugio. También se ha presentado la correspondiente denuncia y se ha iniciado el procedimiento legal. Según el artículo 126 del Código Penal ruso, el secuestro cometido por un grupo de personas previo concierto es castigado con penas de 5 a 20 años de cárcel.

Para el activista de Russian LGTB Networl Igor Kochetkov, estos casos evidencian la falsedad del discurso oficial de que no existe ningún problema de discriminación o persecución de homosexuales en Chechenia. No solo existe, sino que los ciudadanos homosexuales chechenos son perseguidos incluso fuera de su región.

Recordemos que, hace poco más de un año, las estremecedoras noticias sobre detenciones, torturas y asesinatos de personas homosexuales en la república rusa de Chechenia sacudían a la comunidad internacional. Según reportaba el diario Novaya Gazeta, al menos 100 personas habían sido detenidas y encarceladas por ser «sospechosas de homosexualidad». Más adelante, salía a la luz la posible existencia de auténticos campos de concentración para personas homosexuales cerca de Grozny, la capital chechena. En este tiempo, La homofobia del líder checheno, Ramzán Kadýrov, ha quedado sobradamente demostrada. Sofocada la crisis separatista, el Gobierno checheno ha encontrado en el colectivo LGTB un chivo expiatorio que encaja perfectamente con sus ideales retrógrados. Un año después, sin embargo, las autoridades rusas siguen demostrando una ausencia total de voluntad política para investigar los posibles crímenes y llevar a los responsables ante la justicia. A fecha de hoy, nadie ha sido detenido ni imputado.

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#NoEstoyEnfermx es la campaña mexicana lanzada en Twitter por los activistas LGTB contra las terapias de conversión sexual.

Los grupos de activistas a favor de los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género iniciaron dicha campaña debido a su preocupación ante la cobertura mediática del caso recientemente difundido por los medios sobre la “curación de la homosexualidad” del presentador de televisión Mauricio Clarck.

Especialmente por el mensaje que es enviado a la población en general sobre la posibilidad de modificar la orientación sexual, mensaje, que aseguraron los activistas, estigmatiza y pone en peligro a las generaciones más jóvenes de personas LGTB.

Es por ello, que un grupo de jóvenes activistas, comenzaron una campaña en las redes sociales con el fin de contrarrestar el mensaje enviado a raíz del caso del presentador de televisión.

La asociación civil Yaaj, encargada de empoderar y defiender a los jóvenes LGTB, lanzó una convocatoria en su cuenta de Twitter para que las personas LGTB escribieran un Tweet en el que colocaran su nombre, una cualidad suya, su profesión, su orientación sexual o su identidad de género y el hashtag #NoEstoyEnfermo.

La campaña busca despejar las ideas erróneas sobre la supuesta “curación” de la homosexualidad y enviar un mensaje positivo a las personas LGTB que sienten conflicto de frente a su sexualidad; así como a las heterosexuales para que sepan que la sexualidad no se puede modificar.

El proyecto ha recibido una gran acogida por parte de los usuarios de Twitter y el hashtag #NoEstoyEnfermo se convirtió en trending topic. En su mayoría fueron personas jóvenes las que participaron en la dinámica e inundaron con videos y textos mensajes positivos sobre ser LGTB.

Fuente Oveja Rosa

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La Cámara de Diputados, el parlamento unicameral de Luxemburgo, aprobó el miércoles pasado un proyecto de ley que simplifica los trámites para modificar el nombre y el sexo legales. La norma, adoptada por abrumadora mayoría, permitirá la inscripción de los nuevos datos personales mediante una solicitud al Ministerio de Justicia y elimina el requisito de presentar informes psiquiátricos o someterse a tratamientos hormonales, intervenciones médicas y esterilización. En el caso de menores de edad, será necesario el consentimiento parental.

El texto aprobado coloca a Luxemburgo en el cada vez más numeroso grupo de países que incorporan a sus legislaciones el principio de autodeterminación de género. La nueva ley elimina de forma explícita la necesidad de haberse sometido a tratamientos médicos, operaciones quirúrgicas o esterilización. La persona interesada solo tendrá que enviar una solicitud motivada al ministerio de Justicia para reclamar la modificación del nombre y el sexo legal. Deberá justificar, eso sí, que utiliza la identidad de género especificada en su vida privada y laboral.

Para el cambio del nombre y el sexo legal de un menor de edad, sin embargo, será necesario el consentimiento de sus progenitores. Si hay desacuerdo decidirá un tribunal, salvo si se trata de un menor de cinco años, en cuyo caso siempre se tendrá que pronunciar la justicia. La norma también será aplicable a los extranjeros que hayan residido al menos un año en el país.

La tramitación del proyecto de ley, que presentó el Gobierno luxemburgués en mayo de 2017, se ha prolongado durante más de un año. Finalmente, la Cámara de Diputados le ha dado luz verde por 57 votos a favor frente a tres en contra, los de los representantes del derechista Partido Reformista de Alternativa Democrática (ADR). Las formaciones de la coalición de Gobierno entre liberales, socialistas y verdes han sumado también el apoyo de los democristianos y la izquierda anticapitalista.

Por delante de España

La nueva normativa coloca a Luxemburgo por delante de España, cuya ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura, como antes ya suciedese con  Grecia, Irlanda, Dinamarca, Malta, Bélgica, Noruega, o Portugal,  en Europa. En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

En España sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. Y en el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

En el Congreso se presentó una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso , si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos en agosto, y la proposición sigue sin ser aprobada.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registró en pasado marzo, también en el Congreso, una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta de los «morados» contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades.

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Alberto (nombre ficticio con el que aparece en la prensa italiana) se llevó una enorme paliza que le va a obligar a quedarse en su casa el resto del verano, con un pronóstico de recuperación de unos 30 días. Ocurrió el sábado pasado en San Salvario, una zona de marcha de los alrededores de Turín. A la salida del metro, otro joven empezó a insultarle y a gritarle «maricón». La agresión, cometida por otro joven de edad similar a él, se produjo porque al atacante no le gustaba su forma de vestir y de caminar. «Había mucha gente, pero nadie me ayudó», le explicó a la policía. El matón estaba acompañado por un grupo que también se mofó de la víctima. La policía está investigando lo sucedido y analizando las imágenes que tiene del metro. Alberto, que ya ha abandonado el hospital, va a tener que renunciar al viaje de graduación a Barcelona con sus compañeros. «Lo único que pido ahora es justicia».

«No puedo acostarme, tengo que poner la prótesis en tensión tres veces al día y los dolores son muy fuertes. Lo peor, sin embargo, es la sensación de no ser libre. Es realmente absurdo que en 2018 un chaval, homosexual o heterosexual, no sea libre de vestirse como quiera o de caminar como desee. Es inconcebible que tenga miedo de que alguien lo llame ‘maricón’ o que le agreda salvajemente», ha relatado Alberto en una entrevista. La víctima teme represalias por su denuncia y por haber trasladado el caso a los medios, aunque argumenta que «no es correcto guardar silencio frente a cualquier tipo de discriminación».

Mientras se produjo la agresión, Alberto no recibió la ayuda de nadie. No obstante, luego sí fue socorrido por un par de personas: «me gustaría agradecerles, pero ni siquiera sé sus nombres». Por otra parte, el joven se lamenta de perderse su viaje de graduación: «Me quedaré en casa, mientras ese matón podrá disfrutar de las vacaciones. Había soñado con viajar a Barcelona, organizado y pagado para ello». Su única esperanza, tras lo sucedido, es que «al menos en estas semanas la policía realmente pueda identificar a esta persona y evitar que hiera a otras».

Alberto, que salió hace tiempo del armario como gay ante sus familiares y amigos, fue víctima de la homofobia durante su adolescencia y esta paliza le ha mostrado que sigue sin estar libre del odio y de la discriminación por su orientación sexual. La rotura del pie y de la clavícula que padece es un recuerdo de ello. «Usualmente me visto de una manera muy llamativa porque me gusta y no creo que tenga que rendirle cuentas a nadie. Pero el sábado llevaba unos pantalones y una camisa, nada más. Ese chico seguía diciéndome que estaba vestido como un marica».

Malos tiempos para la comunidad LGTB italiana

Como recogía dosmanzanas en junio, en el ámbito LGTB poco cabe esperar del nuevo Gobierno italiano de coalición entre la Liga Norte y el Movimiento Cinco Estrellas. A los antecedentes LGTBfobos del nuevo vice primer ministro y titular de Interior, Matteo Salvini, se unen las declaraciones de Lorenzo Fontana, responsable de Familia y Discapacidad, en las que aseguraba que las familias homoparentales «a nivel legal, no existen».

De hecho, como recuerda la organización Arcigay, la trayectoria de la Liga Norte está salpicada de ejemplos de hostilidad hacia la comunidad LGTB. Nos hemos hecho eco de algunos de ellos: el patrocinio, por parte del Gobierno de Lombardía, de un evento homófobo, el intento de obstruir la tramitación de la ley de uniones civiles mediante la introducción de miles de enmiendas o la invitación al presidente de HazteOír Ignacio Arsuaga a propagar su campaña de odio en el Parlamento Europeo. En el caso del M5S, su postura al respecto ha variado de unos prometedores comienzos a desentenderse del tema y, por ejemplo, otorgar libertad de voto a sus representantes sobre la adopción homoparental.

Solo un mes antes, la ciudad de Turín, precisamente donde se ha producido la brutal agresión contra Alberto, acogió una campaña de GECO, una asociación de madres y padres contra la LGTBfobia para trasladar que el problema no lo tienen las personas por su orientación sexual o identidad de género, sino los que discriminan y tienen prejuicios. La llamada Deomofobina, con aspecto de fármaco, se distribuyó como «antídoto contra la discriminación».

Por cierto, el entramado de HazteOír criticó esta campaña. El director de CitizenGO Italia, Filippo Savarese, dijo que «esta operación busca confundir la identidad sexual de los niños porque el contenido de esto es completamente ideológico: se afronta el tema de la homosexualidad, de la sexualidad en general, de la identidad y las relaciones, de manera completamente ideológica, totalmente tendenciosa». De estas agrupaciones ultras, que con sus discursos promueven el odio, ahora solo se puede esperar el silencio como respuesta a la violencia.

Fuente Dosmanzanas

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Una pareja de hombres ha denunciado una agresión homófoba ocurrida en una piscina de una urbanización en Santa Pola (Alicante). Los dos se encontraban disfrutando de su tiempo de ocio en actitud cariñosa, como cualquier otra pareja, cuando un vecino les llamó «maricones de mierda», les forzó a salir de la piscina y agredió salvajemente a uno de ellos. El pasado viernes varias decenas de personas protestaron por lo sucedido organizando una besada frente al castillo de la localidad.

Según relata el diario Información, la agresión tuvo lugar el jueves, 12 de julio, al filo de la medianoche. Fran, de 44 años, se encontraba con su novio haciendo uso de la piscina de la urbanización en la que reside desde hace dos años. No eran los únicos: un grupo de adolescentes disfrutaban también de la instalación en ese momento. Como cualquier otra pareja en su situación, Fran y su novio se encontraban en actitud cariñosa, dándose besos. Algo que al parecer irritó al agresor, un vecino que apareció, les gritó «maricones de mierda» y los forzó a salir de la piscina, amenazándolos con arrojarles una piedra. Ya fuera de la piscina el individuo golpeó a Fran en la boca con la piedra, además de darle varias patadas, según la denuncia que interpuso ante la Guardia Civil esa misma madrugada tras ser atendido en el consultorio médico de Santa Pola. Según el parte de lesiones presentaba heridas en el labio, rotura de un incisivo, lesiones en el hombro y dolor en el tobillo. La víctima refiere además sentir miedo de salir de casa después de lo sucedido.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, que está acompañando a la víctima en el proceso. Desde el Observatorio dan la voz la alarma, al considerar que este tipo de agresiones sigue ocurriendo, entre otras razones, debido a la sensación de impunidad de los agresores, ya que «en el ámbito de la tramitación judicial es complicado que un juez encuentre el agravante de homofobia, no son sensibles a la realidad y queremos que se agraven las penas», en palabras de Toño Abad, director del Observatorio. Confiemos en que este no sea caso, y por el contrario la justicia actúe de forma similar a como hizo recientemente en Denia, también en la provincia de Alicante, donde un individuo de 42 años, vecino de una pareja gay, fue condenado a ocho meses de cárcel y a cumplir una orden de alejamiento de la pareja tras insultarles y amenazarles.

Besada de protesta

Lo sucedido a Fran ha encendido las alarmas en Santa Pola, cuyo concejal de Igualdad y Diversidad, Samuel Ortiz, ha expresado su más absoluto rechazo y se ha mostrado además preocupado por el hecho de que esta no sea la primera agresión homófoba que llega a conocimiento del Ayuntamiento, y ello a pesar de las iniciativas en favor de la diversidad que el Ayuntamiento ha desarrollado. «Quizás los ataques de odio de ciertas personas sean una especie de respuesta a esta visibilidad, y es que las raíces heteropatriarcales todavía están muy arraigadas, y ante eso solo nos queda visibilizar las medidas en favor de la diversidad», ha declarado a eldiario.es. En concreto, el concejal menciona una agresión que sufrió otra pareja gay en la zona de Playa Lisa, que se suma a otra agresión que sufrió un miembro del colectivo juvenil Chronos Teatre cuando el pasado 30 de junio participaba en una performance en la calle con motivo del Orgullo LGTBI. Y hace varios meses fue el bar Eccolo, un local regentado por una pareja de chicas y frecuentado por clientela LGTB, el que fue objeto de un ataque a su fachada. 

De ahí que Chronos Teatre, la plataforma feminista Voces de Santa Pola y el propio bar Eccolo convocasen el pasado viernes una concentración ante la fachada principal del castillo-fortaleza de Santa Pola, en el centro de la localidad, a la que acudieron varias decenas de personas. 

Comunidad Valenciana: 79 incidentes de odio por LGTBfobia recogidos en 2017

El pasado mes de abril, el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia publicaba su primer informe sobre delitos e incidentes de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género de la Comunidad Valenciana, referido al año 2017. Según recogía el documento, elaborado a partir de las denuncias y consultas recibidas por parte del colectivo Diversitat y de varias entidades colaboradoras, en el territorio valenciano se contabilizaron durante el año pasado 79 delitos e incidentes motivados en el odio y la discriminación.

La mayor parte de los incidentes (21, un 39,3%) correspondieron a agresiones verbales, seguidos de amenazas (18) y agresiones físicas (15). 11 fueron catalogadas como discurso de odio, 8 como episodios de discriminación laboral y otros 8 como episodios de violencia en la escuela.

Por lo que se refiere a la tipología de las víctimas, el mayor número de incidentes (32, un 40,5%) se produjeron contra hombres gais. 21 fueron contra mujeres lesbianas, 11 contra personas trans, 7 contra hombres bisexuales, 4 contra mujeres bisexuales, 3 contra personas intersexuales y 1 contra una persona heterosexual. Por provincias, fue precisamente la de Alicante en la que el Observatorio recogió un mayor número de incidencias (42), seguida de Valencia (29) y Castellón (8).

El Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, recordemos, nació impulsado por el colectivo alicantino Diversitat y es el tercero, tras los de Madrid y Cataluña, en publicar completos informes con los datos que han podido recabar sobre la situación en sus respectivas comunidades, y que van más allá de lo que lo hacen los datos oficiales del Ministerio del Interior.

Diversitat y el Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, ante las Cortes Valencianas

Precisamente este lunes comparecía ante la Comisión de Igualdad de Género y LGTBI de las Cortes Valencianas Toño Abad, directos del Observatorio y presidente de Diversitat, para mostrar los datos de su primer informe anual y reclamar la aprobación de una ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTB en la Comunidad Valenciana, que en estos momentos discute el parlamento regional. «La discriminación, el odio y la violencia conforman un continuo que nos acompañan a lo largo de todas nuestras vidas, desde las escuelas hasta las residencias de mayores, en todos los ámbitos: la educación, la sanidad, el trabajo, la familia, los círculos sociales. Llamamos a esta discriminación continua LGTBIfobia básica de fondo, que no es más que un continuo discriminatorio que nos lanza el mensaje de que somos peores personas por ser LGTBI», ha expresado Abad ante los miembros de la Comisión.

«La diversidad se penaliza, y este es un hecho que hay que reconocer para avanzar y ser mejores como sociedad, y es una obligación ética visibilizar esta situación para poder combatirla, independientemente de nuestra ideología, por eso invito al Partido Popular a votar a favor», ha añadido Abad, que ha propuesto incorporar a la futura ley una serie de medidas como consecuencia del análisis comparativo de otras normas, como el deber de intervención de la administración pública autonómica en la detección y erradicación de la violencia o la incorporación de planes de atención a la diversidad en la administración pública valenciana, incluyendo a los Ayuntamientos. Por su parte, Visitación González, responsable de Educación de Diversitat y coordinadora del área de Educación de la FELGTB, que también intervino ante la Comisión, resaltó la importancia que tiene para los docentes una ley que respalde el trabajo en la atención a la diversidad en las aulas.

Tas numerosas alusiones  de la diputada popular Blanca Garrigues a que la ley nacía como una mera declaración de intenciones, innecesaria por existir una ley de mayor rango como la Constitución, Toño Abad contestó que «los cambios sociales, las mejoras como sociedad y como democracia nacen también de las declaraciones de intenciones, de las buenas declaraciones de intenciones». La diputada, en su turno de preguntas, insistió en que las leyes vigentes actualmente ya consagran la igualdad. «La igualdad hay que crearla, no somos todos iguales cuando no recibimos el mismo trato, no conozco a ninguna persona heterosexual que haya sido dicriminada por su orientación sexual o su identidad de género ni tampoco que le hayan puesto las maletas en la puerta sus padres por ser quien es», le respondió Abad, que también se refirió a las acusaciones de «adoctrinamiento» por parte de los sectores más reaccionarios de la sociedad valenciana. «Nadie puede adoctrinar en las aulas para modificar la orientación sexual o la identidad de género en las personas, dado que si esto fuera posible todos seríamos heterosexuales, ya que estamos socializados y educados en la discriminación y la visión negativa de la realidad LGTBI. Si esto fuera posible, no habría ni lesbianas, ni gais, ni bisexuales ni personas trans», explicó Abad.

Fuente Dosmanzanas

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Las elecciones generales que se celebran en Pakistán este miércoles 25 de julio serán consideradas como históricas por la participación de cinco mujeres trans (la cifra más elevada hasta la fecha). Tres de ellas aspiran a ocupar un escaño en la Asamblea Nacional y las otras dos se postulan como representantes provinciales. Hasta trece personas trans han intentado presentarse para aspirar por diferentes cargos. Sin embargo, solo cinco de ellas han logrado formalizar sus candidaturas, en parte por la presión social, por la discriminación a la que se han visto sometidas o por la imposibilidad de conseguir fondos para la campaña (alguna, incluso, se ha visto forzada a abandonar el país). La comunidad trans de Pakistán sigue avanzando en la visibilización y en la conquista de derechos; una realidad que, desgraciadamente, convive con los numerosos episodios de violencia tránsfoba: solo en 2017 se registraron 208 casos y entre 2015 y la actualidad se han contabilizado, al menos, 56 asesinatos.

Nadeem Kashish, una mujer trans de 35 años, se presenta como independiente a las elecciones generales de Pakistán de este miércoles. Lo hace por la circunscripción NA-153 de Islamabad. «La gente se entera de mi elección y piensa que es una broma, simplemente comienzan a reírse», explica Kashish, que está realizando una campaña puerta a puerta y comercio a comercio. Esta candidata vive en un hogar grupal de personas trans, en uno de los barrios más pobres de Islamabad. También cuenta con apoyos, que se dejan oír en el programa de radio que presenta semanalmente. Desde las ondas ha elevado numerosas denuncias para mejorar la calidad de vida de la población de la capital del país, como la falta de suministro de agua potable o los cortes constantes de electricidad. «Estoy compitiendo contra grandes nombres como Imran Khan y el ex primer ministro Shahid Abbasi, y no me consideran una amenaza real», confiesa. Nadeem Kashish fue rechazada por su propia familia. Kashish, además, es presidenta de la asocación por los derechos fundamentales «She Male».

Nayyab Ali es otra de las aspirantes a la Asamblea Nacional de este país asiático, por la circunscripción NA-142 (Okara). La vida de Ali en Pakistán también ha sido muy dura. A los 13 años su familia la echó de casa y, años después, fue atacada con ácido en su rostro por un hombre celoso (con el que supuestamente había tenido algún tipo de relación). Fue durante uno de los shows que realizaba para ganarse la vida, a pesar de estar en posesión de una licenciatura en Botánica por la Universidad de Punjab. Después de recuperarse de las quemaduras, comenzó a trabajar para mejorar su comunidad y decidió dar el paso a la política activa (también consiguió desempeñarse como profesora).

«Me di cuenta de que sin poder político y sin ser parte de las instituciones del país, no puedes obtener tus derechos», argumenta Ali. Esta mujer trans de 26 años, que se presenta bajo el paraguas de un partido político de Tehreek-e-Insaf Gulalai, defiende que «no solo somos la voz de la comunidad transgénero, también somos la voz de las mujeres y las minorías» por lo que si la gente «quiere un cambio real, vote transexual».

«Se debe formalizar una ley por la cual los padres deben aceptar y mantener a sus hijos transgénero hasta que cumplan 18 años de edad. Ninguna persona tran debe ser forzada a ser parte de la cultura Guru», reivindica Nayyab Ali.

Maria Khan se postula como diputada independiente por la circunscripción PK-31 (Mansehra). Ella tuvo que huir literalmente de su casa tras ser acosada e intimidada por sus vecinos y por sus propios hermanos cuando solo tenía 10 años. «Cuando te vas de casa, los grupos transgénero son el único lugar donde te sientes segura», se lamenta Khan. «Nuestra propia familia contrata gente para asesinarnos», añade esta candidata provincial.

Lubna Lal, también conocida como «Madame Lal», aspira igualmente a un escaño, concretamente por la circunscripción PP-26 (Jehlum). Lubna Lal tenía solo 15 años cuando tuvo que abandonar su hogar y, al igual que Resham Zahid, se presentó en los comicios de 2013.  Ya entonces prometía «no solo representar a la comunidad transexual, sino a todos los que viven en la pobreza. Quiero ayudar a la gente pobre y mejorar la educación, los servicios de salud y el alcantarillado. La gente pobre de esta área está contenta de que esté en pie». Se presenta por el partido de Tehreek-e-Insaf Gulalai.

Resham Zahid concurre como independiente por la circunscripción NA-105 (Gujrat). Zahid ya cuenta con experiencia en estas lides, puesto que se presentó en las anteriores elecciones generales para «ayudar a los pobres y a los desposeídos», con una sencilla flor como símbolo de su campaña. Bastan los poco más de cinco segundos que dura el siguiente vídeo de YouTube para hacerse una idea de la batalla (no solo política, sino también social) a la que se enfrentan estas valientes mujeres. Zahid aparece saliendo de un edificio público rodeada por un grupo de hombres que se le quedan mirando y se ríen de ella.

Más de 105 millones de personas están llamadas a las urnas en Pakistán este miércoles 25 de julio (la mitad de los habitantes totales del quinto país más poblado del mundo). Las personas trans accedieron al derecho al voto en 2011. Y aunque estas cinco valientes candidatas tienen muy difícil conseguir sus escaños, lo cierto es que solo por la visibilización y el activismo merecen el reconocimiento. De hecho, están planeando crear un partido de cara a las próximas elecciones locales. «Las personas transgénero que se postulan para estas elecciones son líderes de la comunidad», dice Uzma Yaqoob, de Forum of Dignity Initiative. Para Yaqoob, estas candidatas «han dado un gran paso y necesitan aliento y confianza».

Las luces y sombras del colectivo LGTB de Pakistán

La Asamblea Nacional de Pakistán aprobaba el pasado mes de mayo la Ley de Protección de Derechos de las Personas Transgénero. Una norma que reconoce el derecho a decidir sobre la propia identidad de género y prohíbe la discriminación laboral y en otros ámbitos y que fue presentada en la cámara baja del parlamento bicameral pakistaní en agosto de 2017 por la diputada Naeema Kishwar. En el articulado se agrupan bajo el término «persona transgénero» realidades diversas como las personas intersexuales, los eunucos (varones de nacimiento sometidos a castración), los hombres y mujeres transexuales y «cualquier persona cuya identidad o expresión de género difiera de las normas sociales y las expectativas culturales basadas en el sexo que se les asignó al nacer».

A pesar del gran avance de la nueva ley, las condiciones de vida de la comunidad LGTB en Pakistán son muy duras. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo siguen siendo ilegales a día de hoy en este país. El Código Penal se remonta a 1860, cuando formaba parte de la India colonial y ambos Estados compartían la ley de sello británico. Tal y como reza el texto en su artículo 377, están perseguidos los «delitos antinaturales», que cometerá «quien voluntariamente tenga relaciones sexuales carnales contra el orden de la naturaleza con cualquier hombre, mujer o animal».

Los condenados por estos «delitos» «serán castigados con pena de prisión de por vida o con pena de prisión de cualquiera de las dos categorías por un término que no podrá ser inferior a dos años ni superior a diez años; también será responsable de multa». La ilegalidad de las relaciones homosexuales ha provocado, aparte de injustas persecuciones motivadas por la orientación sexual, situaciones tan ridículas como la censura de una fotografía de dos hombres besándose en la portada internacional del New York Times distribuida en Pakistán el 29 de enero de 2016.

En cambio, como publicó también dosmanzanas en su momento, ya en julio de 2009 la Corte Suprema de Pakistán daba un paso hacia un cierto reconocimiento oficial de las personas transgénero y a finales de ese mismo año ordenaba que se reconociera oficialmente la existencia de un «tercer sexo». Este mismo año, el senador Babar Awan presentaba en la cámara alta un proyecto de ley similar al aprobado ahora para proteger al colectivo trans y que también contenía disposiciones antidiscriminatorias. En marzo de 2017, una histórica sentencia condenaba a cadena perpetua a los dos asesinos de una mujer trans.

No obstante, la igualdad real de las personas trans también sigue estando muy lejana, ya que todavía son vulnerables a los abusos físicos y verbales, tienen que soportar la actitud humillante de los policías, médicos en los hospitales y funcionarios públicos y los informes de palizas y otras formas de violencia dirigidas contra estas personas son comunes. En abril recogíamos el asesinato de Sheena, una mujer trans de origen afgano, que no pudo recuperarse tras ser víctima de cinco disparos. Shena era en la quincuagésimo sexta persona trans muerta como consecuencia del odio tránsfobo en Pakistán desde 2015. Entre ese año y 2017, además, contabilizaron un mínimo de 1.131 casos de violencia contra este colectivo (208 de los cuales corresponden al año pasado).

Fuente Dosmanzanas

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Profundizando en el tema del que ya habíamos hablado y que demuestra la hipocresía de determinados sujetos…

Por Hans

El arzobispo de París ha suspendido al psicoanalista y sacerdote Tony Anatrella como resultado del proceso canónico que le fue abierto el año pasado. El sacerdote fue investigado a raíz de las acusaciones de abuso por parte de varios de sus pacientes. El de Anatrella es un caso especialmente significativo, pues este sacerdote ha sido una de las voces a las que la Iglesia católica ha dado mayor autoridad a la hora de justificar sus posturas homófobas, llegando incluso a colaborar en el Vaticano como asesor en dos Consejos Pontificios.

Según la sanción impuesta por el arzobispo de París, Michel Aupetit, a Tony Anatrella se le prohíbe ejercer el ministerio sacerdotal, confesar, y en especial se le ordena que cese toda «actividad terapéutica». «Monseñor Autpetit le ha indicado que no se le confiará más ningún ministerio sacerdotal. Le ha requerido que no vuelva a escuchar la confesión de los fieles, que renuncie a la dirección o acompañamiento espiritual, así como que renuncie a toda intervención pública», señala la diócesis en un comunicado a France-Presse, recogido por el diario Le Figaro.

Tony Anatrella es una figura bien conocida en entornos católicos. Sacerdote y psicoanalista francés, ha sido una de las personas más referidas como «autoridad intelectual» para apoyar las posturas homófobas de la jerarquía. Sin embargo, las crecientes sospechas de abusos a sus pacientes, recogidas por testimonios de afectados, llevaron finalmente a que el anterior arzobispo de París, André Vingt-Trois, abriera un proceso canónico a principios de 2017 (en buena medida, era el único camino que quedaba abierto, al haber prescrito varios de los casos para el Derecho Civil). La decisión se tomó después de un año de investigación en que se recogieron testimonios de 10 expacientes. El proceso no se llevó a cabo en la propia archidiócesis de París, ya que Anatrella había colaborado con ella en el pasado. El entonces arzobispo solicitó al Tribunal de la Signatura Apostólica un cambio de lugar para el proceso, y se eligió la Oficialía Interdiocesana de Toulouse.

En realidad, las sospechas venían de mucho tiempo atrás. En 2001, Daniel Lamarca, paciente de Anatrella entre 1987 y 2001, denunció a su antiguo terapeuta ante el arzobispo de París, que entonces era el cardenal Jean-Marie Lustiger. Sin embargo, su denuncia no encontró eco alguno. Posteriormente, en 2006, otros dos hombres se unieron a Lamarca y denunciaron la conducta inapropiada del sacerdote-terapeuta, pero el que ya era nuevo arzobispo de París, André Vingt-Trois, ignoró estas nuevas denuncias con el habitual argumento de que eran maquinaciones de un “lobby gay” para dañar a Anatrella.

Sin embargo, el goteo de expacientes continuó, con testimonios coincidentes. Según contaban, Anatrella incluía en la «terapia» contactos corporales que incluían los genitales. Un ejemplo es el testimonio que uno de los afectados, «Fabien», reportó al responsable de la investigación llevada a cabo en París, incluido en un reportaje del semanario católico La Vie. Fabien había sido remitido a Anatrella para tratarse en 1997. Para un joven católico homosexual como él, un psicoterapeuta católico y sacerdote parecía ofrecerle garantías. Pero el panorama que encontró fue muy distinto: «para poder resolver un déficit de afecto de parte de mi padre, nacido en la infancia, me dijo que era necesario que la viviera con mi sexo de hombre púber. Me propuso un ‘paso al acto’ con él. Lo rechacé al principio. Pero al cabo de un momento, acepto; esperaba verdaderamente que eso me haría progresar en mi terapia (…) No había ningún plan ni ningún límite. Comprendí que el fin era acostarnos. Dejé de tener esas sesiones particulares cuando toqué sus genitales. No me gustó nada».

Especialmente destacable a la hora de dar voz a las víctimas ha sido la labor del dominico francés Philippe Lefèbvre, reseñada por Cameron Doody y Hendro Munsterman en Religión Digital, quien durante mucho tiempo ejerció prácticamente en solitario la oposición a Anatrella y su enorme poder, y que ha denunciado que la Iglesia católica trató de silenciarle con prácticas «de la mafia».

Una célebre e influyente «autoridad intelectual».

El hecho de que Anatrella no pudiera ser investigado en el arzobispado de París por haber colaborado con sus autoridades da ya idea de la importancia que este sacerdote ha tenido en el seno de la Iglesia católica francesa, pero también en el Vaticano, donde llegó a ser asesor para los Consejos Pontificios para la Familia y para la Pastoral de la Salud.

Y es que Tony Anatrella ha sido citado frecuentemente en seminarios y centros educativos católicos, también en España, e incluso por medios conservadores laicos (como en este artículo de Libertad Digital publicado en su momento contra las políticas de José Luis Rodríguez Zapatero). Era tenido por un gran experto que refutaba la defensa de los derechos de las personas LGTB. Es además significativo que haya tres libros suyos traducidos al español: La diferencia prohibida, El sexo olvidado y Contra la sociedad depresiva.

Anatrella, de hecho, fue uno de los principales proveedores de argumentos a favor de la prohibición a los homosexuales del acceso al sacerdocio. En una entrevista a L’Osservatore Romano afirmó que la homosexualidad «aparece como una incompletitud, una inmadurez forzosa», y por tanto los homosexuales «no están en disposición adecuada para casarse, para adoptar niños y para acceder al sacerdocio». Más aún, según él «los sacerdotes homosexuales tienden a desviar su función hacia fines narcisistas. Están en la seducción y tienen serias dificultades para situarse institucionalmente en la cooperación con los demás».

Resulta realmente difícil considerar con detalle sus opiniones y mantener el sosiego, pero merece la pena para ver quién fue esta «autoridad católica» en Francia y más allá. Según Anatrella, la homosexualidad es el resultado de una detención del desarrollo sexual. Es igualmente una negación de la diferencia sexual que hace imposible una auténtica entrega al otro. Más aún, al situar la heterosexualidad como cumbre del desarrollo de la personalidad, el homosexual es una persona esencialmente incompleta e inmadura. Llegaba a decir por ejemplo que «La necesidad compulsiva de asistir a fiestas y de encontrarse en determinados lugares con personas de su misma tendencia responde al deseo irreprimible de decapitar la angustia provocada por la incompleción sexual», llegó a escribir en Contra la sociedad depresiva.

Esta peculiar teoría de la personalidad se utiliza como base para negar todo reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo: si decir homosexualidad es decir crecimiento truncado, darle reconocimiento social supone promover la inmadurez en la sociedad y amenaza con socavar sus fundamentos. Así por ejemplo, en Contra la sociedad depresiva escribe lo siguiente:

«La ‘tolerancia’ con respecto a la homosexualidad es una de las formas en que se traduce el carácter depresivo de nuestra sociedad, en la que es fácil ver cómo las representaciones sexuales se fragmentan como si la pulsión sexual no debiera ya buscar la unidad sino la dispersión (…). Evidentemente, la sexualidad humana accede tanto más difícilmente a una dimensión social cuanto que se mueve en un contexto que desvaloriza la procreación y fomenta las demandas de reconocimiento social de la homosexualidad»

Más adelante afirmaba:

«Una sociedad que piensa que la homosexualidad puede ser un modelo social y la inscribe en su ordenamiento jurídico es una sociedad que se cierra a su propio devenir. Peor aún, la homosexualidad concebida en este sentido es la negación misma de la sociedad, que, por su propia naturaleza, está llamada a permanecer abierta a la diferencia (la heterosexualidad) y al desarrollo».

Con todo, esto no era lo peor, pues incluso llegaba a decir lo siguiente:

“Por supuesto que hay que condenar firmemente las expresiones voluntariamente malévolas, las discriminaciones y los gestos violentos contra personas homosexuales (…). Sin embargo, cuando se propala a todos los vientos la idea de que el modelo homosexual es también una referencia social, y que debe ser protegido y organizado por la legislación civil, no hay que extrañarse de que las reacciones puedan ser muy vivas…”.

Por lo demás, en la historia personal de quien esto escribe, Anatrella ha jugado a su manera un papel. Cuando aún estaba aceptando mi sexualidad, supe de las ideas de Anatrella. La lectura de sus páginas sobre homosexualidad en Contra la sociedad depresiva me dejaron impactado. Sin embargo, lejos de convencerme, fueron un acicate para pensar en qué no tenía razón. Por ello, paradójicamente, leer a este “experto” me hizo fortalecer mis argumentos y reafirmarme en mi elección vital de gay cristiano.

Sea como sea, los responsables de la Iglesia católica deberían reflexionar profundamente acerca de las personas en quienes han confiado como expertos, lo mismo que aquellas terminales mediáticas y editoriales que difundieron sus ideas y textos como expresión de un saber experto.

Fuente Dosmanzanas

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Dos hombres han recibido 80 latigazos en la provincia indonesia de Aceh, como pena por realizar prácticas homosexuales, en aplicación de la sharía (o ley islámica). El brutal castigo ha tenido lugar ante una multitud furiosa, que alentaba a que el castigo fuera lo más duro posible. A pesar de que el gobernador de Aceh dictó una ordenanza por la que estos castigos debían ejecutarse a puerta cerrada, parece que ha prevalecido el deseo de las autoridades religiosas de que sean públicos para que sirvan de ejemplo.

Los dos hombres habían sido detenidos en una redada en la que se detuvo a quince personas cerca de una mezquita, acusadas de cometer infracciones contra la ley islámica, como mostrar afecto en público o vender bebidas alcohólicas. En su caso, ambos fueron culpados de practicar la homosexualidad.

La brutal ceremonia, de intención ejemplarizante, tuvo lugar en una plaza ante un millar de espectadores, algunos de ellos provenientes de la vecina Malasia, que sacaban fotografías con sus teléfonos móviles como si se tratara de un espectáculo. Mientras el verdugo propinaba a las víctimas los 80 latigazos con una vara de ratán, entre la multitud se oían gritos de «golpea más fuerte».

El castigo ha sido semejante al que recibieron hace un año dos jóvenes varones, acusados a su vez de mantener relaciones sexuales entre ellos. En aquella ocasión recibieron 83 latigazos, también ante una multitud exaltada. Amnistía Internacional lo calificó de «repugnante espectáculo» y se sucedieron las condenas internacionales. Debido a ello, el presidente indonesio, Joko Wivodo, presionó al gobernador de Aceh, Irwandi Yusuf, para que finalmente emitiese una orden en la que se establecía que los castigos físicos debían ejecutarse en el interior de las prisiones y se prohibía la grabación o difusión de imágenes de los mismos.

Sin embargo, hubo una gran oposición por parte de los sectores religiosos, que consideraron que si los castigos no eran públicos perderían su carácter de «ejemplarizantes», idea que, al parecer, ha terminado prevaleciendo.

En la provincia de Aceh, recordemos, rige la sharía desde 2005. Fue una concesión de Indonesia a los separatistas en el marco del acuerdo de paz que tuvo lugar poco después del tsunami que asoló la región. Aunque no fue hasta septiembre de 2014 cuando finalmente se aprobó la ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de flagelación (que entró en vigor en octubre de 2015).

Escalada de la LGTBfobia de Estado en Indonesia

Hace unos meses recogíamos la detención de cuatro personas en Banda Aceh (capital de la provincia), a manos de patrullas ciudadadanas, acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentarían a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. Y a principios de año contábamos como la policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como «hombres normales».

Poco antes, en diciembre de 2017, nos hacíamos eco de la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía. El que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (en Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.

Pero lo cierto es que la situación se está deteriorando en todo el país. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017, que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres.

Esta espantosa situación podría además agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión, si bien el proyecto de ley ha sido aplazado provisionalmente.

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Ha ocurrido en un restaurante del distrito de Tetuán, en Madrid, donde el propietario permitió la agresión homófoba.

El colectivo madrileño Arcópoli y el sindicato UGT han denunciado el despido del trabajador de un restaurante tras ser objeto de una agresión homófoba por parte de un compañero. La víctima ya había referido a su jefe el acoso homófobo que sufría, pero este no había hecho nada. Con la ayuda de los servicios jurídicos de UGT, el trabajador ha interpuesto una demanda de despido nulo por vulneración de los derechos fundamentales, que Arcópoli asegura «apoyar totalmente».

La asociación Arcópoli y UGT han denunciado este jueves el despido de un trabajador de un restaurante madrileño después de haber sido vejado por su condición sexual y golpeado por un hermano del dueño del negocio.

En sendas notas de prensa, la asociación defensora de los derechos y libertades de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (LGTB) y el sindicato informan de que la «agresión homófoba» se produjo en el puesto de trabajo, en un restaurante del distrito de Tetúan, el pasado día 3, cuando el supuesto agresor se acercó a la víctima mientras le llamaba «maricón» y le golpeaba con un palo.

Según relata el comunicado de Arcópoli, el trabajador despedido es un hombre gay de 48 años. Cuando se encontraba en su puesto de trabajo en un restaurante del distrito de Tetuán, en Madrid capital, un compañero de trabajo le llamó «maricón» y lo agredió físicamente con un palo. La víctima sufrió lesiones en el brazo con el que intentó protegerse de la agresión y un fuerte golpe en el tórax. De forma inmediata acudió a un centro de salud para ser evaluado, donde le apreciaron  «policontusiones en codo y dorso de muñeca izquierda así como un ataque agudo de ansiedad».

Al día siguiente el trabajador recibió una carta de despido disciplinario por una «brutal pelea con su compañero de trabajo C.A.», motivo por el cual acudió al sindicato UGT para denunciar los hechos y donde relató el acoso homófobo que había estado sufriendo por parte de su compañero desde hacía tiempo y que ya había referido a su superior, que no hizo nada por evitarlo. UGT puso el caso en conocimiento del colectivo Arcópoli, promotor del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, en virtud del convenio de colaboración que tienen ambas entidades, y se le prestó ayuda psicológica y orientación jurídica. El abogado del sindicato ha interpuesto una demanda de despido nulo por vulneración de los derechos fundamentales, que Arcópoli asegura «apoyar totalmente» y sus servicios jurídicos asesorarán y defenderán al trabajador.

Según explica Arcópoli en su comunicado, los incidentes discriminatorios contra personas LGTB en el ámbito laboral a menudo pasan sin ser denunciados. «El 60% de las personas trabajadoras afirman haber sufrido algún incidente por LGTBfobia en los dos últimos años, pero no se llega a denunciar. En esta ocasión el trabajador sí había notificado a su superior que había ignorado los incidentes homófobos que estaba sufriendo», explican desde el colectivo madrileño. «Es imprescindible denunciar un incidente por LGTBfobia si lo estás sufriendo en tu trabajo puesto que si no, podría ir a más. La denuncia es nuestra mayor arma», añade José Luis Sánchez, vocal de asuntos laborales de Arcópoli.

También el sindicato UGT ha denunciado públicamente lo sucedido. En su nota, UGT Madrid detalla que el trabajador, de nombre Karim S., ya venía siendo (antes de esta última agresión, ocurrida el 3 de julio) víctima de insultos y vejaciones de forma reiterada y delante del resto de los trabajadores por parte del agresor, que al parecer es hermano del dueño del establecimiento. Según UGT, como ya había sucedido en otras ocasiones, ese día el hermano del dueño del restaurante «volvió a increpar, insultar y vejar» a la víctima, Karim S., ayudante de cocinero, «llegando en esta ocasión a la agresión física, de la que resultó herido en un codo, muñeca y el costado, al intentar protegerse».

El sindicato informa de que el propietario del establecimiento donde sucedieron los hechos, «a pesar de tener conocimiento de este comportamiento homófobo, se ha inhibido en todo momento, sin hacer nada para cortar e impedir este comportamiento denigrante hacia la dignidad del trabajador».

Según el comunicado del sindicato, sus servicios jurídicos van a llevar a cabo el asesoramiento y la defensa del trabajador, interponiendo las acciones que se consideren oportunas, por la vía laboral y en su caso penal. «No pueden admitirse este tipo de comportamientos: el del agresor por su odio contra una persona por el hecho de ser homosexual, amparándose en la impunidad que le proporcionaba su parentesco con el dueño, pero tampoco es admisible el comportamiento del empresario, que se desentiende de las agresiones verbales y vejaciones que estaba sufriendo uno de sus trabajadores por su condición sexual», ha declarado la secretaria de Igualdad de UGT Madrid, Ana Sánchez de la Coba.

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia: contacto

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, promovido por Arcópoli y del que ya forman parte casi una veintena de colectivos y asociaciones, se puso en marcha a principios de 2016. Ofrece acompañamiento y asesoramiento a las víctimas desde el mismo instante en que sufren la agresión y hace un seguimiento del recorrido de la denuncia en los juzgados.

Puedes contactar con el Observatorio a través del teléfono 618 54 71 66 (llamada o WhatsApp) y online en la dirección web http://contraelodio.org

Fuente Cáscara Amarga/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Jonathan jurando bandera en el 2008

Un hombre transexual, que llevaba casi veinte años trabajando como militar en el Ejército de Tierra, ha sido despedido por el Ministerio de Defensa por «insuficiencia de condiciones psicofísicas», a pesar de tener un contrato con validez hasta el año 2026, según recoge eldiario.es. Cabe señalar que la baja fue publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, donde se refirieron al ya exmilitar como «Doña Jonathan».

Jonathan entró en las Fuerzas Armadas hace diecisiete años, cuando todavía conservaba el nombre y el sexo legal femenino que le fueron asignados al nacer, aunque ya había iniciado el tratamiento hormonal. Ya desde sus primeros años solicitó que le llamasen Jonathan, y en el seno del Ejército continuó su proceso de transición. Sin embargo, según ha contado él mismo, su vida militar pasó de ser un sueño hecho realidad a convertirse en una pesadilla. Sobre todo, por la multitud de burlas, vejaciones, insultos y faltas de respeto con las que tuvo que lidiar casi desde el primer día. De hecho, jamás se sintió comprendido entre sus compañeros y superiores. «Te acostumbras a todo. Me acostumbré a aguantar la orina hasta la última hora. Esperaba a que no hubiese nadie para entrar y salir corriendo», contó en una entrevista reciente.

Su carrera militar está llena de altibajos. En 2005, abandonó las Fuerzas Armadas, pero se reincorporó tres años más tarde, tras superar nuevamente los tests femeninos, única opción que le ofrecieron pese a que su transición física estaba ya avanzada. Poco después, en abril de 2009, realizó por fin el cambio de la mención registral de su sexo. Para entonces, ya hacía unos meses que había sido aceptado en un grupo de reconocimiento de la Legión. En 2014, decidió cesar en su destino asignado y pedir una baja, para someterse a una intervención quirúrgica programada dentro de su proceso de transición.

El principio del fin comenzó cuando a Jonathan se le diagnosticó un trastorno ansioso-depresivo y problemas en las piernas. En abril de 2017 la Inspección general de Sanidad del Ministerio de Defensa determinó que esas condiciones no le impedían desempeñar sus funciones de su Cuerpo, pero dos meses después la Junta de Evaluación le propuso como no apto y sugirió que le rescindiesen su contrato, que tenía validez hasta el 2026. Finalmente, Defensa ha decidido despedirlo alegando «insuficiencia de condiciones psicofísicas, ajenas a acto de servicio». Una circunstancia que aparece en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa publicado el pasado 28 de junio, donde, además, se refieren al militar como «Doña Jonathan».

Él, sin embargo, considera que detrás de su despido hay una clara discriminación por su condición de hombre transexual. «Mi baja está vinculada con que sea transexual. Prefieren quitarme de en medio y no tener que afrontar el problema. Todavía no tienen habilitados los acuartelamientos al siglo en el que estamos, no hay duchas individuales. Tengo prohibida la entrada a baños masculinos y femeninos», explica a eldiario.es. No en vano, Defensa ha señalado que a día de hoy no tiene ningún tipo de protocolo o estrategia para evitar que las personas trans sean discriminadas y lograr que se sientan integradas en el Ejército.

Fuente Dosmanzanas

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha designado su candidato a ocupar la plaza de juez del Tribunal Supremo que dejará vacante Anthony Kennedy el próximo 31 de julio. El elegido es Brett Kavanaugh, actualmente juez de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. Es conocido por su talante conservador en asuntos como el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo o la restricción de los derechos civiles, si bien a lo largo de su carrera no ha tenido que decidir ningún asunto relevante sobre discriminación por orientación sexual o identidad de género. Aun así, su bagaje hace desconfiar a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y el activismo LGTBI, que han pedido a los senadores que no respalden su nombramiento.

Tras el comunicado del juez Anthony Kennedy en el que anunciaba su próxima jubilación del puesto que ocupa en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el presidente Trump no se ha demorado en designar su candidato a ocupar la plaza en la persona de Brett Kavanaugh. De 53 años, Kavanaugh fue designado por el entonces presidente George W. Bush para ocupar plaza en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde ha emitido conflictivos dictámenes en materia de empleo, medio ambiente o consumo, destacándose siempre por su conservadurismo y su apoyo a las grandes corporaciones. Ha sido frecuentemente criticado por ser demasiado partidista en sus valoraciones, sin ocultar su apoyo declarado al Partido Republicano.

Con el retiro de Anthony Kennedy, la composición del Tribunal Supremo estadounidense queda, en un principio, equilibrada entre el sector conservador y liberal. Entre los miembros liberales se contaría a los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (estas dos últimas propuestas por el presidente Barack Obama). El bando conservador lo integrarían los jueces John G. Roberts (actual presidente del Supremo y con voto de calidad), Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch (nombrado por el presidente Donald Trump). Ese equilibrio lo rompería Kavanaugh a favor del sector conservador, y además por largo tiempo, dada la edad del candidato y que el cargo de juez del Tribunal Supremo es vitalicio. Además, la jueza Ruth Bader Ginsburg (de corte liberal) cuenta ya con 85 años de edad y un estado de salud delicado, lo que hace prever que su retiro sea también próximo y deba nombrarse otro sustituto. Existe pues, el temor fundado a que un Tribunal Supremo de holgada mayoría ultraconservadora, con la visión más restrictiva de la Constitución y reacia a defender los derechos civiles de las minorías, sea quien tenga que decidir sobre cuestiones fundamentales durante décadas.

El nombramiento del nuevo miembro del Tribunal Supremo es una atribución del presidente, aunque su decisión debe ser convalidada posteriormente por el Senado. Al estar en manos de la mayoría republicana, es más que probable que el candidato presidencial sea respaldado sin problema alguno. La única esperanza para el sector liberal es, por una parte, el delicado estado de salud del senador republicano John McCain, que le impediría acudir a la votación, y, por otro, la renuencia de dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, a votar a un candidato opuesto al derecho a la interrupción del embarazo. Ambas han declarado que votarán de manera independiente sobre este asunto, pero también se ha dado a conocer que las dos han mantenido recientemente una reunión con Donald Trump para dialogar sobre este asunto. Aun así, quizás pesen en su ánimo las declaraciones efectuadas por Kavanaugh el pasado 2017, en las que apoyaba a un juez que estimaba que la sentencia que permitió a las mujeres decidir sobre su embarazo (conocida como Roe vs. Wade) debe ser revertida.

La votación en el Senado de la candidatura de Kavanaugh tendrá lugar el próximo mes de octubre. Si fuera rechazado, puesto que el próximo mes de noviembre se celebrarán decisivas elecciones que podrían devolver el control de la cámara alta a los demócratas (según estiman las encuestas), estos podrían bloquear cualquier candidato de Trump hasta las próximas elecciones presidenciales.

Reacción negativa entre el activismo LGTB

Su conservadurismo y su fama de apoyar sin ambages las medidas de quienes le hayan designado para el cargo han causado alarma entre el activismo LGTB y de defensa de los derechos civiles, que temen que los derechos conquistados al cabo de los años sean revertidos por la nueva configuración del Tribunal Supremo. Por ello, más de cien asociaciones y grupos de defensa de los derechos civiles han solicitado a los senadores que rechacen la elección de Kavanaugh.

Para Lambda Legal, Kavanaugh «garantizaría 40 años más de los valores de Trump en el Tribunal Supremo». La asociación legal afirma que «tenemos buenas razones para temer que el juez Kavanaugh abusará de su poder en el tribunal para proteger a los ricos y poderosos mientras priva a los estadounidenses LGBT de su dignidad, degradando a nuestra comunidad y disminuyendo nuestro estatus como ciudadanos iguales. Hay mucho en juego para permitirle al juez Kavanaugh sentarse en un tribunal que, a lo largo de su historia, ha decidido quién puede casarse, quién puede votar y quién es igual».

Desde ACLU (American Civil Liberties Union), se teme que «Kavanaugh sea el voto decisivo que Trump necesita en el Tribunal Supremo para concertar su campaña de socavamiento de las libertades y derechos civiles a largo plazo».

El National Center For Lesbian Rights estima que «no hay nada en la carrera del juez Brett Kavanaugh que indique que comprende el impacto de la discriminación en las personas LGBT en el mundo real o la importancia de interpretar las leyes de nuestra nación para permitirles participar con plenitud e igualdad en la sociedad».

Human Rights Campaign lanza una dura crítica a su designación, pues considera que «este candidato ha sido escogido por grupos anti-LGBTQ y contra el derecho a decidir de las mujeres, en un esfuerzo explícito por socavar la igualdad. La perspectiva de un juez como Kavanaugh amenaza con erosionar los derechos civiles de nuestro país, bloquear el derecho de los soldados transgénero de servir valientemente a esta nación y dar licencia para discriminar a las personas LGBTQ en todos los aspectos de la vida estadounidense».

También es dura la crítica de GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), desde donde se asegura que «si se confirma, Brett Kavanaugh tendrá la oportunidad de desarrollar en las próximas décadas el peligroso historial anti-LGBTQ del presidente Trump y el vicepresidente Pence y la agenda de los grupos anti-LGBTQ. Al igual que Neil Gorsuch antes que él, Kavanaugh es una elección ideológica diseñada para crear un Tribunal Supremo activista que socavará los derechos y protecciones para las mujeres, las personas LGBTQ, los inmigrantes y todas las personas vulnerables».

También temen en Transgender Law Center que «la elección de Trump para el Tribunal Supremo sea un conservador radical y divisivo cuyo nombramiento supondría una amenaza devastadora para los derechos y el bienestar de las personas transgénero en todo el país». La preocupación de la asociación es natural, puesto que quedan pendientes de resolver numerosos conflictos que afectan al colectivo el de las personas trans, que se enfrentan a leyes estatales y locales que tratan de impedir que puedan vivir de acuerdo con su identidad de género.

Apoyo de los grupos ultraconservadores

Desde las facciones más conservadoras, sin embargo, se ha acogido con entusiasmo la propuesta del presidente Trump. Grupos como Americans for Prosperity (AFP) o Judicial Crisis Network incluso han iniciado campañas de apoyo al candidato presidencial en las que han invertido casi un millón y medio de dólares.

Desde la National Organization for Marriage (NOM) se ha pedido también apoyo económico para respaldar la candidatura de Kavanaugh, pues confían en que sus posiciones conservadoras y su concepción de la Constitución sirvan a su propósito de revertir la sentencia del Tribunal Supremo que permitió el matrimonio igualitario.

Más curiosa ha sido la reacción de la fuertemente LGTBfoba American Family Association (AFA), que en un principio rechazó la elección de Kavanaugh por no creerle lo suficientemente conservador. Sin embargo, poco después, rectificó y ha ofrecido su respaldo, sobre todo porque no quiere «luchar contra el presidente Trump», además de confiar en las ideas del candidato sobre el derecho al aborto, ya que cuenta con el apoyo de muchas asociaciones opuestas al mismo.

Fuente Dosmanzanas

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A seis años de la entrada en vigencia de la Ley Antidiscriminación se han presentado más de 300 demandas, de las cuales 90 han tenido sentencia, siendo las presentadas por discapacidad, enfermedad, orientación sexual e identidad de género, además de opinión política, las que más fallos han conseguido.

Un análisis realizado por Fundación Iguales, a partir de cifras obtenidas desde el Poder Judicial, muestran que a seis años desde la entrada en vigencia, 90 de las 319 demandas que han ingresado, tienen sentencia y que, a diferencia de lo que sostenían grupos conservadores que se oponían a la iniciativa, la mayoría de éstas no tienen relación con la diversidad sexual, sino con causas relacionadas a discapacidad.

Es así como, de las 90 sentencias emitidas entre 2012 y el 31 de de diciembre de 2017, 24 (27%) se refieren a discapacidad, 15 (17%) a enfermedad, 11 (12%) a diversidad sexual —6 de ellas a orientación sexual y 5 a identidad de género—, 10 a ideología u opinión política y 30 (33%) se dividen en temas variados como nacionalidad (1), situación socioeconómica (1), sexo (2), estado civil (1) y apariencia (3), entre otras.

Respecto del bajo número de sentencias, en relación a las demandas presentadas, el presidente ejecutivo de Iguales, Juan Enrique Pi, explicó que “si bien esta ley es una herramienta para todos los grupos vulnerables de ser discriminados, encontramos que la aplicación que ha tenido ha sido muy baja” y agregó que “en ese sentido, es importante hacer un llamado en dos sentidos: a las autoridades a modificar esta norma, para que además de tener una acción para reaccionar también se preocupe de prevenir la discriminación; y a las personas a hacer uso de esta herramienta cada vez que sean víctimas de un acto discriminatorio”.

Fuente Fundación Iguales

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Un joven fue agredido en la madrugada del sábado, 14 de julio, en los alrededores de la Rambla del Raval, en Barcelona, al grito de «maricón». Tanto el Observatori contra l’Homofòbia como en Ayuntamiento de Barcelona se han interesado por el caso. El presidente del Observatori, Eugeni Rodríguez, anunció que acompañaría al joven a interponer la correspondiente denuncia.

Fue la propia víctima la que dio a conocer en Twitter que había sido objeto de una agresión homófoba. «Buenas noches. Me acaban de pegar una paliza, a base de patadas en la cabeza, por maricón. Ahora mismo no me apetece extenderme más, pero me parece importante que esto no pase desapercibido. En el centro histórico de Barcelona, a 2018», escribía el joven en Twitter poco después de ser agredido. Un mensaje que inmediatamente recibió la atención de la red social (nosotros mismos lo retuiteamos y le dimos ánimos) e incluso captó la atención de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. «Gracias por explicarlo, es importante visibilizar y denunciar, nunca resignarse. Barcelona es una ciudad orgullosa de su diversidad y rechaza cualquier forma de homofobia, de violencia o discriminación», le contestaba, al mismo tiempo que le pedía denunciar lo sucedido ante la Oficina para la No Discriminación del Ayuntamiento.

Si bien el joven eliminó posteriormente el tuit de su cuenta de Twitter, posiblemente abrumado por la respuesta (no la enlazaremos, de hecho), los medios de comunicación se han hecho eco de lo sucedido. Según El Periódico, la agresión tuvo lugar alrededor de las  tres de la madrugada del sábado durante las fiestas del Raval, cuando el joven, abiertamente gay, se separó de sus amigos para utilizar uno de los aseos portátiles instalados por el Ayuntamiento. Allí se topó con un grupo de jóvenes, tres de los cuales la emprendieron a golpes con él, al tiempo que le dirigían insultos homófobos.

Según el presidente del Observatori contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez, las lesiones físicas no son graves (aunque sufrió contusiones diversas por todo el cuerpo), pero el impacto psicológico de la agresión sí fue importante. Rodríguez, que ha destacado en cualquier caso la valentía del joven al denunciar lo sucedido, anunció que le acompañaría en el trámite e hizo un llamamiento a que todas las víctimas hagan lo mismo, «porque hay canales como el OCH para asesorarles y acompañarles y asegurar que no quede impune».

Cataluña, 2018: estabilización de las agresiones

Según declaraba Eugeni Rodríguez a finales de junio, haciendo balance de las incidencias por LGTBIfobia registradas por el Observatori en el primer semestre de 2018, parece observarse una estabilización en el número de denuncias. En concreto, durante los primeros seis meses la entidad tuvo conocimiento de 50 incidencias, «una estabilización respecto al número de incidencias registradas en 2017». (ver aquí los datos correspondientes a 2017, presentados en abril). Estabilización que también se aprecia en el caso de Madrid, según anunció el colectivo Arcópoli, promotor del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, al denunciar a finales de junio la que constituía la agresión número 141 de las registradas por la entidad, «unas cifras similares a las de 2017 en estas fechas».

El presidente del Observatori detallaba también entonces que en Cataluña «el grupo de hombres gais y bisexuales sigue siendo el que más incidencias registra, seguido por el colectivo trans».

Fuente Dosmanzanas

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Importantísima nueva sentencia de la justicia libanesa: uno de los Tribunal de Apelaciones de este país ha dictaminado que la homosexualidad «no es un delito» y, por ende, que no debe de ser perseguida. Es el más reciente y a la vez más notable paso en el camino hacia la completa despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo en este país de Oriente Próximo. El artículo 534 del Código Penal del Líbano castiga con un año de prisión los actos sexuales «contra natura». Hasta ahora, a pesar de no existir en la legislación nacional una referencia explícita a la homosexualidad, el citado artículo se ha venido utilizando como arma arrojadiza para perseguir y detener a activistas o a miembros de la comunidad sexualmente diversa. Para la jueza Randa Khoury, el artículo 534 se encuentra «desactualizado» y no refleja el «desarrollo social».

Con la ya histórica sentencia del Tribunal de Apelaciones libanés, criminalizar la sexualidad, al menos en el ámbito de la justicia, será mucho más complicado. El nuevo parlamento salido de las urnas el pasado mes de mayo tiene la tarea de derogar el artículo 534 del Código Penal. Es cierto que no será una tarea sencilla y más teniendo en cuenta la gran fragmentación parlamentaria (son más de 20 partidos políticos, 17 de los cuales tienen menos de 5 diputados). También hay que tener en cuenta que son las primeras elecciones tras la reforma política que, entre otras cosas, ha elevado el número de diputados de 99 a 128 (además, casi había transcurrido una década desde los anteriores comicios). Lo que no cambia y sigue institucionalizado es que el presidente de Líbano tiene que ser cristiano maronita; el primer ministro, musulmán suní, y el portavoz del parlamento, musulmán chií.

La citada resolución viene a completar distintas disposiciones anteriores que interpretan la necesidad de revocar el artículo 534 del Código Penal libanés por considerarlo discriminatorio y en clara oposición con el artículo 183, que garantiza los derechos fundamentales de la ciudadanía. La primera de las sentencias fue emitida por el juez Mounir Soliman (el 2 de diciembre de 2009), la segunda la firmó el juez Naji Dahdah (el 28 de enero de 2014) y la tercera el juez Hisham Kuntar (el 5 de mayo de 2016). Además, como recogió dosmanzanas en su momento, la jueza libanesa Janet Hanna dictaminaba a favor de los derechos de un hombre transexual, que solicitaba ver reconocida su condición de varón en el registro civil.

El fallo más reciente hasta el que ahora ha emitido el Tribunal de Apelaciones se remontaba a enero de 2017. El juez Rabih Maalouf abría otra vez las puertas a la despenalización de la homosexualidad en el Líbano. En aquella sentencia el magistrado dictaminaba «el derecho de los homosexuales a establecer unas relaciones humanitarias o íntimas con las personas que deseen, sin ningún tipo de discriminación en términos de orientación, ya que es uno de los derechos naturales más elementales, inherentes a ellos como seres humanos».

El artículo 534 del Código Penal libanés en la diana

Todos estos importantes hechos jurídicos del Líbano parecen confirmar que los tribunales, como ha ocurrido en otros países del mundo, están por delante de la clase política en lo que a la defensa de los derechos del colectivo LGTB se refiere. Además, importantes instituciones y organizaciones de diversa naturaleza también apoyan a la comunidad LGTB. La Sociedad Libanesa de Psiquiatría ha hecho público en diversas ocasiones la necesidad de que «el artículo 534 del Código Penal libanés que procesa actividades homosexuales sea abolido», siendo el primer país árabe en el que tiene lugar tal posicionamiento.

Desde dicha entidad profesional argumentan que aunque antaño se consideró, erróneamente, que «la homosexualidad era el resultado de dinámicas familiares problemáticas o del desarrollo psicológico», en las últimas décadas se ha demostrado que esas premisas estaban basadas «en desinformación y prejuicios». La Sociedad Libanesa de Psiquiatría, a su vez, se refiere a los posicionamientos de la Asociación Americana de Psiquiatría de 1973 o al de la Organización Mundial de la Salud de 1990, entre otros, para declarar que internacionalmente «la homosexualidad no cumple los criterios para ser considerada una enfermedad», por lo que «la experiencia clínica indica que quienes integraron su orientación sexual en un sentido positivo del yo funcionan de manera psicológicamente más saludable que aquellos que no lo han hecho».

Fuente Dosmanzanas

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Magnífica noticia: la Asamblea de Portugal ha aprobado con mínimos cambios (referidos a los menores de 16 a 18 años) la nueva ley de identidad de género, que el presidente de la República Portuguesa, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, había vetado en mayo. El voto positivo del Partido Comunista, que cuando se votó el proyecto por primera vez se abstuvo, permite además que el texto cuente con el respaldo de la mayoría absoluta de la cámara, lo que asegura su aprobación en caso de que el presidente insista en bloquearla.

La nueva ley elimina la necesidad de un diagnóstico de «trastorno de identidad de género» para proceder a la modificación del sexo registral y reduce de 18 a 16 años el límite de edad a partir de la cual se puede solicitar la modificación. También contempla el tratamiento en las escuelas de los menores de acuerdo a su identidad y la prohibición de que los bebés intersexuales sean sometidos a cirugía para asignarles un sexo u otro.

Impulsada por el Gobierno socialista portugués, la primera versión de la ley fue aprobada por la Asamblea de Portugal el pasado 13 de abril con el apoyo del gobernante Partido Socialista, del Bloque de Izquierda, de Los Verdes y del Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN). El Partido Social Demócrata (PSD), socio europeo del PP español, votó en contra (con la única excepción de la diputada Teresa Leal Coelho) junto con los democristianos del CDS-PP. El Partido Comunista, que cuenta con 15 diputados, se abstuvo.

El presidente de la República Portuguesa, sin embargo, decidió vetar la ley (en nuestra anterior entrada lo explicamos con detalle) y pidió a la Asamblea que introdujese como exigencia para proceder a la modificación legal del sexo legal en menores de 18 años un informe médico previo favorable. La situación se complicaba por el hecho de que la abstención comunista dejaba la ley sin mayoría absoluta, necesaria para levantar el veto presidencial.

Finalmente, Partido Socialista, Bloque de Izquierda PAN acordaban presentar una enmienda al artículo 7 del proyecto que introduce, en el caso de los menores, el requisito de un informe médico o psicológico, pero no para certificar ningún diagnóstico, sino para acreditar que el menor que hace la petición lo hace de forma libre e informada y cuenta con su consentimiento expreso. La enmienda señala expresamente que dicho informe no podrá incluir referencias a ningún tipo de diagnóstico relacionado con la identidad de género. Se trata de una solución «intermedia» que ha sido además apoyada por Verdes, Partido Comunista y por la diputada Teresa Leal Coelho, del PSD, lo que permite que la redacción final de la ley cuente, en este caso sí, con mayoría absoluta. En caso de nuevo veto presidencial, por tanto, la Asamblea podría levantarlo sin necesidad de cambiar el texto.

Esperemos que en esta ocasión Marcelo Rebelo de Sousa sancione la ley, que colocará a Portugal en el grupo de países más avanzados de Europa por lo que al reconocimiento de la autodeterminación de género se refiere.

Autodeterminación de género, una demanda imparable, también en España

Portugal sigue el ejemplo de otros países de nuestro entorno como Grecia, Irlanda, Dinamarca, Malta, Bélgica o Noruega,  que también han actualizado en los últimos años sus leyes para adaptarlas al principio de autodeterminación de género. En España, mientras tanto, la ley 3/2007 no ha sido todavía actualizada, por lo que sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. Y en el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso , si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos en julio, y la proposición sigue sin ser aprobada.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades.

Fuente Dosmanzanas

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Críticas a un socorrista por su falta de sensibilidad.

El monitor prohibió a un joven transgénero bañarse con camiseta. 

 Le espetó «la normativa es la normativa».

Un grupo de unos 60 adolescentes del Gazte Rock, un campamento musical organizado por la Diputación Foral de Álava, se solidarizaban el pasado miércoles con un compañero trans al que un socorrista prohibió bañarse con camiseta en una piscina. Los jóvenes se arrojaron al agua con sus respectivas camisetas, lo que provocó que el socorrista avisase a la Ertzaintza.

Lo sucedido ha despertado debates en redes sociales (muchos de ellos teñidos de transfobia) sobre si la obediencia escrupulosa a las normas de este tipo de instalaciones está por encima del respeto a la dignidad de las personas trans, que a diario se tienen que enfrentar a situaciones personales de gran incomodidad. Un debate que a nuestro juicio lo que pone de manifiesto es la urgente necesidad de incorporar al cuerpo normativo de todo tipo de instituciones la realidad de las personas trans.

El incidente ocurrió el miércoles por la mañana en la piscina municipal de Salinas de Añana, en la provincia de Álava. Según explicaron a El Correo familiares de los chicos, todo comenzó cuando un adolescente trans que se encuentra en pleno proceso de cambio físico para acomodar su cuerpo a su identidad de género quiso bañarse con la camiseta para no mostrar su torso desnudo. El socorrista se lo prohibió, de acuerdo a las normas de uso de la instalación. Hasta ahí todo normal. Fue entonces cuando otros chicos e incluso monitores de la colonia le explicaron las razones por las cuales el chico no quería quitarse la camiseta. El socorrista, tras conocer la situación, siguió negándose. Según la versión de los familiares, utilizó además un tono amenazante.

Fue en ese momento cuando el resto de chicos, de forma espontánea, se pusieron de acuerdo para arrojarse con sus respectivas camisetas a la piscina, al grito de «¡Con camiseta!», como se puede apreciar en un vídeo que recoge el momento y que ha sido ampliamente difundido en redes sociales. El activista de Arcópoli y director del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia Rubén López lo difundía por ejemplo el jueves en su cuenta de Twitter. «¡Bravo por los compañeros!», se felicitaba por la actitud de los chicos. El mensaje conseguía en pocas horas miles de retuits:

Los niños de un campamento en Salinas de Añana (Álava) se lanzan todos a la piscina con camiseta por solidaridad tras la prohibición del socorrista de que un compañero trans se pudiera bañar con camiseta. El socorrista acabó llamando a la Ertzainza. ¡Bravo por los compañeros! pic.twitter.com/lLRSdq5Pem

— 🏳️‍🌈Rubén López🏳️‍🌈 (@rubenlodi) 12 de julio de 2018

El socorrista acabó llamando a la Ertzaintza (policía autónoma vasca). Según la crónica de El Correo, fuentes policiales reconocen que en efecto se recibió una comunicación desde Salinas de Añana en la que un adulto alertaba de un «tumulto o intento de linchamiento» en las instalaciones de la piscina, pero cuando los agentes se personaron allí los chicos, acompañados de sus monitores, ya habían abandonado las instalaciones.

El Ayuntamiento de Salinas de Añana ha mostrado su pesar por lo ocurrido, que consideran un malentendido. Clemente Pérez de Nanclares, concejal que se personó también en la piscina tras el incidente para conocer lo ocurrido, ha declarado a la cadena SER que el socorrista «no tuvo mala intención e hizo lo que hizo aplicando la normativa», aunque también ha reconocido que la reacción de los chicos es perfectamente entendible y que incluso la comparte. «Yo habría hecho lo mismo. Entiendo que salieran rebotados, pero hemos hablado con los monitores y todo está arreglado», añadía en esas mismas declaraciones.

Cuando los medios de comunicación se hicieron eco de esta noticia, comenzaron a aparecer opiniones encontradas. Pese a que la mayoría de usuarios está de acuerdo en aplaudir la solidaridad de los compañeros del joven implicado, también han señalado que no bañarse con ropa es una prohibición común en todas las piscinas y que los socorristas solo hacen su trabajo.

Más allá del propio incidente, que gracias a la reacción de los chicos incluso nos deja buen sabor de boca, lo sucedido pone de manifiesto dos realidades sobre las que conviene incidir. En primer lugar, la necesidad de acomodar las normas y el funcionamiento de instalaciones públicas a la realidad trans.  Como bien ha señalado el colectivo Lumagorri, es necesario que las instituciones públicas formen de manera obligatoria en materia de diversidad a todo su personal, sea directo o subcontratado. Desde la asociación, han catalogado este hecho como agresión transfóbica y exigen a las instituciones que tomen medidas. Consideran que estos hechos son “inadmisibles” y que “adquieren una mayor relevancia al ocurrir en un recinto público, con un socorrista contratado para dar un servicio público como es el de atender unas piscinas municipales”.

Exigimos formación obligatoria en materia de diversidad para todo el personal público (directo y subcontratado) para que episodios como el de Salinas no se repita jamás #stoptransfobia

— Lumagorri (@Lumagorrihat) 13 de julio de 2018

En segundo lugar, como bien demuestran muchas de las reacciones al tuit de Rubén López (cargadas de odio y transfobia y que preferimos no reproducir), basta un pequeño incidente como este para despertar la LGTBfobia de muchas personas, que se escudan en argumentos del tipo de «las normas están para cumplirse» para evitar cualquier reflexión sobre la necesidad de situar el respeto a la diversidad como valor primordial y de paso mostrar su inquina hacia la reivindicación de los derechos de las personas trans.

Como el propio López señala en tuits posteriores, «una norma administrativa local no puede violar la dignidad de una persona, y en este caso podía ocurrir esto. El socorrista fue a lo fácil, pero en este caso, a lo inhumano. Esa decisión podía hacer mucho daño a una persona, porque no está adecuada a la realidad trans. Era tan fácil como realizar una excepción, llamar a un superior si tiene miedo de incumplir las normas (lo cual es legítimo, se juega su trabajo) antes, para preguntarle si permitir esa excepción, pero llamar después al alguacil para expulsarles a todos… Eso sí implica malicia. La clave de todo esto es la empatía».

Fuente Dosmanzanas /Cáscara Amarga

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Según documentos internos a los que ha tenido acceso la revista estadounidense Slate, la administración Trump planea derivar fondos destinados a la asistencia a las personas con VIH para sufragar los gastos derivados de su campaña de «mano dura» contra la inmigración de familias con menores. El previsible incremento en el número de menores retenidos bajo tutela de la administración y separados de sus padres estaría en el origen de la operación.

En estos momentos la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (Office of Refugee Resettlement, ORR) tendría bajo custodia a unos 11.800 menores, de los cuales entre 2.000 y 3.000 serían niños separados de sus padres en la frontera (el resto serían menores que cruzaron la frontera solos), como resultado de la política de endurecimiento contra la inmigración que desde hace unos meses ha emprendido la administración Trump de la mano de los Departamentos de Justicia e Interior. Las previsiones, sin embargo, es que la cifra pueda duplicarse, de forma que se necesiten hasta 25.400 «camas» para mantener a estos menores retenidos antes de final de año. Un incremento que lógicamente hay que financiar y que arrastaría a la ORR a acumular un déficit de 585 millones de dólares a final del correspondiente año fiscal, que iría además en aumento (hasta los 1.300 millones de dólares en el primer cuarto del año fiscal 2019) si no se recibe nuevos fondos.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados es una agencia federal que en última instancia del Departamento de Salud y Servicios Sociales (Department of Health and Human Services), y aquí es donde está la clave de la información que Slate ha revelado: este departamento ha decidido derivar fondos del Ryan White HIV/AIDS Program, un programa aprobado por el Congreso en 1990, a iniciativa del senador Ted Kennedy, cuyo objetivo es el de proporcionar asistencia médica a personas que viven con VIH pero que carecen de seguro médico o cuyo seguro es insuficiente.

De acuerdo a la información de Slate, los documentos en los que se hace una prospección de las posibles necesidades ya tienen en cuenta la reciente firma por parte del presidente Trump de una orden ejecutiva para poner fin a las separaciones de menores inmigrantes de sus padres, lo que podría suponer que el coste final de toda la operación no fuera tan elevado. No obstante, la orden ejecutiva no supone el fin de las retenciones de menores, y según esos documentos la ORR seguiría por el momento funcionando como si la orden no existiese. De hecho, el proceso de transferencia de fondos del programa de VIH a la ORR ya habría comenzado.

Fuente Dosmanzanas

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