Rodolfo Lizárraga Arellano considera perjudicial que un menor tenga padres del mismo sexo «porque va a estar viendo cómo se abracen, como tal vez se besen, como se acuesten a dormir» y esto, en su opinión, «es una conducta que acuérdate que lo que ve el niño es lo que después aplica». En este sentido, alega que convivir en una familia homoparental «es un trauma sicológico» para los niños. Lizárraga ha sido transformista y ahora es diputado en el Congreso de Sonora por la coalición Juntos Haremos Historia, a la que pertenece el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. El nuevo legislador, en cambio, asegura que sí está dispuesto a reformar el Código de Familia a favor del matrimonio igualitario (que junto a la adopción homoparental ya es legal en diversos estados mexicanos y cuya validez en todo el país cuenta con el aval de la Corte Suprema de la Nación).

De los 21 diputados que se disputaban el Congreso de Sonora, la coalición Juntos Haremos Historia ha obtenido la abrumadora mayoría de 20, dejando como única oposición al PRI con un único escaño. Así pues, Rodolfo Lizárraga, que asumirá su cargo de forma efectiva en septiembre como el resto de diputados electos, ganaba el distrito XIII, relevando a Manuel Villegas del PAN. Lizárraga ha sido anteriormente concejal y alcalde por el Partido del Trabajo, una formación ahora integrada en Juntos Haremos Historia, liderada por Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México (del que no se espera a priori grandes avances en materia LGTB).

En una entrevista radiofónica, Lizárraga ha dicho que «creo yo que un niño de 5 o 6 años no puede convivir con dos mujeres que son pareja o con dos hombres que son pareja porque va a estar viendo cómo se abracen, como tal vez se besen, como se acuesten a dormir, o sea, siento que es un trauma psicológico para el niño o la niña, es una conducta que acuérdate que lo que ve el niño es lo que después aplica».

En 2007 compaginaba el cargo de regidor con sus espectáculos de transformismo, imitando a personajes tan populares como Juan Gabriel, Lupita D’Alessio, Angélica María o Paquita la del Barrio. Lizárraga hacía entonces estas declaraciones:

«para mí el travestismo es un trabajo que no necesariamente es sinónimo de alcoholismo, depravación o drogadicción, a mí se me ha tratado con mucho respeto, pero creo la mayoría de los travestis u homosexuales siguen sufriendo de discriminación».

Además, el entonces mandatario local añadía que «aunque (en México) hemos avanzado un poco en el respeto a nuestra actividad (travestismo) pero todavía no hemos aprendido a discernir bien entre el homosexualismo y el travestismo, yo tengo muy definida mi sexualidad y no tengo problemas con la sociedad porque ante todo trato de ser un ciudadano ejemplar».

En el siguiente vídeo se recoge la entrevista completa al diputado Lizárraga Arellano:

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Varios activistas LGTB polacos (sin identificarse el número exacto de afectados) podrían enfrentarse a un juicio por utilizar banderas arcoíris con uno de los símbolos nacionales incrustados. En el peor de los escenarios, además de una sanción económica, podrían encontrarse con una condena de hasta un año de prisión. El ultraconservador ministro del Interior de Polonia, Joachim Brudziński, ha advertido de que «habrá una notificación a la fiscalía por insultar y profanar símbolos nacionales». La simbología oficial polaca está protegida por ley y están recogidos como «delitos» las «blasfemias y los insultos», así cualquier uso público que pueda considerarse como perjudicial o una ofensa criminal. En cualquier caso, y con independencia de lo que pueda dictaminar en su caso la justicia de Polonia, es muy común en numerosos países el uso de símbolos nacionales en combinación con la bandera arcoíris, emblema de la comunidad LGTB internacional.

La ciudad de Częstochowa (una urbe de más de 200.000 habitantes del sur de Polonia) ha celebrado este fin de semana el primer Orgullo LGTB de su historia, además de sumarse como habitualmente al Orgullo estatal de Varsovia, que este año ha reunido a unos 45.000 participantes. Pero algo que en una gran variedad de naciones ya es algo habitual y se encuentra normalizado, como es la combinación de la bandera arcoíris con símbolos nacionales o locales, en Polonia quiere ser perseguido por sus autoridades por considerarse una «profanación». Así lo ha solicitado el propio ministro del interior de este país de Europa Central, Joachim Brudziński.

El símbolo en cuestión es el águila blanca, cuya historia se remonta a la monarquía del siglo XII y que forma parte del escudo nacional y de la bandera de Polonia. Según el imaginario colectivo popular polaco, Lech, el fundador mítico de Polonia, vio un nido de águila blanca con tres polluelos y, al considerarlo como un símbolo de buen augurio, fundó la ciudad de Gniezdnem (hoy conocida como Gniezno), cuyo significado es «nido». Esta historia, que es parte de la leyenda de Lech, Czech y Rus fue recogida por primera vez en la Crónica de la Gran Polonia, escrita en latín, en 1273.

Para el ministro Brudziński «los policías reaccionaron y, en este caso, se formularán cargos por desacato y profanación de los símbolos nacionales. Esa es la policía polaca tan confiable entre los polacos». Con la acusación del gobierno, personificado en su ministro del Interior, los activistas podrían ser condenados hasta a un año de cárcel (si bien sería, en todo caso, muy difícil que llegaran a entrar en prisión si carecen de antecedentes).

Otro caso de negación de servicios por LGTBfobia

El pasado mes de junio fue noticia la resolución del Tribunal Supremo de Polonia, que confirmaba la sentencia anterior del Tribunal de Lodz, a un trabajador de una copistería que se negó a imprimir una pancarta para el LGBT Business Forum. El caso contó con el apoyo de The Campaign Against Homophobia. Precisamente por el reconocimiento de los tribunales a los derechos del colectivo LGTB, el también conservador ministro de justicia, Zbigniew Ziobro, decía sobre la sentencia que, siempre en su opinión, atentaría «en contra de la libertad». También aseguró que el Tribunal Supremo «se ha mantenido del lado de la violencia estatal al servicio de la ideología de los activistas homosexuales».

Precisamente ahora en julio acaba de entrar en vigor una nueva norma legal que cambia la regulación del Tribunal Supremo de Polonia. Asimismo, la Unión Europea ha reiterado que la independencia judicial de este país está en entredicho debido a las nuevas leyes que otorgan al partido gobernante conservador, Ley y Justicia, un mayor poder sobre los nombramientos judiciales.

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El juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Anthony Kennedy ha anunciado su próxima jubilación, que tendrá lugar el próximo 31 de julio. Eso permitirá al presidente Donald Trump elegir a su sustituto, que posteriormente deberá ser convalidado por un Senado con mayoría republicana, inclinando aún más la balanza de fuerzas en el Tribunal Supremo del lado más conservador. Anthony Kennedy, a pesar de pertenecer también a esa sección, se ha destacado, sin embargo, por ser un firme defensor de los derechos civiles, significándose especialmente en cuanto a los derechos de gais, lesbianas y bisexuales. Las cuatro grandes sentencias del alto tribunal que abrieron el camino de la igualdad de derechos de ese colectivo lo tienen a él como ponente. Los grupos más reaccionarios ya están preparando estrategias para revertir esas sentencias, con la expectativa de la nueva composición del tribunal. Las decisiones futuras del Tribunal Supremo respecto a cuestiones como las leyes tránsfobas vigentes en municipos o estados, o la denegación de prestación de servicios a las personas LGTB escudándose en las creencias religiosas, quedarán en manos de jueces ultraconservadores.

El juez Anthony Kennedy, que cumplirá 82 años el próximo mes de julio, ha anunciado su retirada por jubilación como miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Nombrado por el presidente Ronald Reagan en el año 1988, forma parte del sector conservador del alto tribunal. Sin embargo, en materia de derechos civiles se ha mostrado siempre favorable a la protección constitucional de la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos. Así lo ha evidenciado en materias como el derecho a la libre decisión de la mujer sobre su embarazo o el respeto a los derechos de las personas LGTB, respecto a los cuales ha debido decidir en cuatro ocasiones fundamentales, que han pasado a formar parte de la historia de la lucha del colectivo estadounidense. En todas ellas, además, ha sido el ponente:

Romer vs. Evans o la protección contra la discriminación

En 1992, los ciudadanos de Colorado votaron mayoritariamente a favor de una enmienda a la Constitución de ese estado, que impediría que los ciudadanos homosexuales o bisexuales pudieran solicitar a las instituciones públicas el ser considerados como minoría, y poder reclamar que se adoptasen a su favor las oportunas medidas antidiscriminatorias.

Por una mayoría de 6 votos contra 3, en mayo de 1996 el Tribunal Supremo dictaminó que esa enmienda violaba la Constitución de los Estados Unidos, pues impedía que las personas de una determinada orientación sexual pudieran denunciar cualquier discriminación arbitraria de la que fueran objeto. Según explicaba el juez Kennedy en la sentencia, «la enmienda es a la vez demasiado angosta y demasiado amplia. En ella se identifica a las personas por tan solo un rasgo, y luego se les deniega la protección en todos los ámbitos. La inhabilitación para ejercer el derecho a solicitar protección a un tipo determinado de personas no tiene precedentes en nuestra jurisprudencia».

La sentencia abrió el camino para que las leyes estatales y federales pudieran incluir medidas contra la discriminación de los ciudadanos por razón de la orientación sexual.

Lawrence vs. Texas o el fin de la penalización de la homosexualidad

En 1998, John Lawrence y Tyron Garner fueron detenidos en el domicilio del primero de ellos, en la ciudad de Houston. Se les acusaba de vulnerar la ley contra la «conducta homosexual» vigente en el estado de Texas, que penalizaba que dos personas del mismo sexo mantuvieran sexo oral o anal, aunque la relación sexual tuviera lugar en la intimidad de un domicilio particular, y aunque esas prácticas sí estuvieran permitidas para las parejas heterosexuales.

Tras una larga batalla legal, llena de apelaciones y sentencias contradictorias, el caso terminó en manos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No había precedentes halagüeños respecto a la doctrina del alto tribunal, pues en 1986 el panel de jueces entonces en activo había validado las leyes contra la sodomía del estado de Georgia. Pero sí que existía el precedente favorable de Romer vs. Evans y su declaración de inconstitucionalidad de las leyes que impidieran la protección contra la discriminación.

Afortunadamente, en una sentencia histórica fechada en junio de 2003, con ponencia de Anthony Kennedy, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó, por una mayoría de 6 votos contra 3, que las leyes contra la sodomía vigentes en varios de los estados vulneraban la Constitución de los Estados Unidos. No solo se declaraba inconstitucional que el Estado interfiera en las relaciones sexuales privadas y consensuadas entre adultos, sino que establecía que esos derechos a la intimidad y a la privacidad debían ser disfrutados igualmente por las parejas de distinto o del mismo sexo.

Lawrence vs. Texas supuso el fin de la penalización de las relaciones homosexuales en los Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor avance en los derechos de las personas LGTB en ese país hasta la fecha.

US vs. Windsor o el reconocimiento federal de los derechos LGTB

Edith (familiarmente «Edie») Windsor, de 83 años, no pudo acogerse a una serie de beneficios para los matrimonios en materia de herencia a la muerte de su esposa, Thea Spyer, en 2009, lo que la obligó a desembolsar 360.000 dólares en impuestos. Y ello pese a que Windsor y Spyer, pareja durante 44 años, se casaron en Canadá en 2007 y el estado de Nueva York reconoció su matrimonio (aunque Nueva York solo celebra matrimonios entre personas del mismo sexo desde 2011, antes ya reconocía los celebrados fuera de su territorio).

De todo ello era responsable la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. Windsor reclamó que el no reconocimiento de su matrimonio por la administración federal violó las garantías de igualdad de protección contenidas en la Constitución de los Estados Unidos.

Tras una ardua batalla legal, el caso llegó a manos del Tribunal Supremo, que falló a su favor en una histórica sentencia fechada el 26 de junio de 2013, por una diferencia de 5 votos a favor y 4 en contra. El fallo, de nuevo con el juez Kennedy como redactor, dictaminaba que la sección 3 de la DOMA violaba las garantías de igualdad contenidas en la 5ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, lo que suponía que los matrimonios entre personas del mismo sexo pasasen a ser inmediatamente reconocidos por la administración federal, independientemente del lugar en el que se hubieran celebrado, en ámbitos como el fiscal, el migratorio o las pensiones.

US vs. Windsor allanó así el camino para la que sería la sentencia definitiva que reconocía la igualdad de las parejas del mismo sexo, que llegaría dos años después.

Obergefell vs. Hodges o la legalización del matrimonio igualitario

Los nueve jueces del Tribunal Supremo tuvieron que discernir en esta ocasión si las sentencias desfavorables al matrimonio igualitario de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito se ajustaban a la Constitución de los Estados Unidos. Las cuatro parejas recurrentes reclamaban el derecho a contraer matrimonio en su estado de residencia, o a ver reconocido el contraído en otro estado donde fuera legal. Las sentencias afectaban a los estados de Tennessee, Michigan, Kentucky y Ohio y se trataban de las únicas por parte de una Corte de Apelaciones que habían dictaminado en contra del derecho al matrimonio igualitario.

Todas ellas se aunaron en el caso Obergefell v. Hodges, que hacía referencia al recurrente de Ohio, a quien se había denegado el reconocimiento de su matrimonio celebrado en Maryland, un estado que sí permitía casarse a las parejas del mismo sexo. Aunque la pareja consiguió una sentencia favorable de un tribunal federal, la Fiscalía de Ohio recurrió ante la Corte de Apelaciones del 6ª Circuito, que anuló tanto esa sentencia como las que habían tenido lugar en los otros estados de su jurisdicción. Lamentablemente, el marido de Jim Obergefell, John Arthur, murió de una enfermedad terminal en plena lucha por sus derechos constitucionales.

El 26 de junio de 2015, de nuevo por una mayoría de 5 votos contra 4, el Tribunal Supremo declaraba inconstitucionales todas las leyes que prohibían el matrimonio igualitario. El argumento y fallo final del dictamen, firmado por el juez Kennedy, rezaba así:

Ninguna unión es más profunda que el matrimonio, ya que encarna los más altos ideales de amor, fidelidad, dedicación, sacrificio y familia. En la formación de una unión matrimonial, dos personas se convierten en algo más grande de lo que eran. Como algunos de los demandantes de estos casos han demostrado, el matrimonio representa un amor que puede incluso perdurar más allá de la muerte. Sería malinterpretar a estos hombres y mujeres afirmar que faltan al respeto a la idea del matrimonio. Su demanda se produce porque la respetan, la respetan tan profundamente que tratan de poder llevarla a cabo ellos mismos. Su esperanza es no estar condenados a vivir en soledad, excluidos de una de las instituciones más antiguas de la civilización. Piden igual dignidad a los ojos de la ley. La Constitución les otorga ese derecho.

La sentencia de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito queda invalidada.

Con esta última sentencia no solo se legalizaba el matrimonio igualitario en todo el territorio estadounidense, sino que además se reconocía la discriminación histórica sufrida por gais, lesbianas y bisexuales con estas palabras del juez Kennedy:

Durante gran parte del siglo XX la homosexualidad fue tratada como una enfermedad. Mientras tanto, la intimidad entre personas del mismo sexo había sido largamente condenada como inmoral por el propio Estado en la mayoría de las naciones occidentales, una creencia que a menudo se encarnaba en la ley penal. El sexo entre dos hombres o dos mujeres sigue siendo un crimen en muchos Estados, y a los gais y lesbianas se les ha prohibido el acceso a la mayor parte del empleo público, se les ha excluido del servicio militar, de las leyes de inmigración, han sido objetivos de la policía y se les ha impedido el derecho de asociación.

La futura composición del Tribunal Supremo

Con el retiro de Anthony Kennedy, la composición del Tribunal Supremo queda, en un principio, equilibrada entre el sector conservador y liberal. Entre los miembros liberales se contaría a los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (estas dos últimas propuestas por el presidente Barack Obama). El bando conservador lo integrarían los jueces John G. Roberts (actual presidente del Supremo y con voto de calidad), Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch (nombrado por el presidente Donald Trump).

Ese equilibrio lo romperá quien ocupe el cargo que ha dejado vacante el juez Kennedy. El nombramiento del nuevo miembro del Tribunal Supremo es una atribución del presidente Trump, aunque su decisión debe ser convalidada posteriormente por el Senado. Al estar este en manos de la mayoría republicana, es más que probable que el candidato presidencial sea respaldado sin problema alguno.

Donald Trump ya ha anunciado que anunciará su candidato el próximo 9 de julio, semanas antes de que sea efectivo el retiro del juez Kennedy. Según sus declaraciones, está barajando entre un grupo de quince posibles opciones, entre las que se contaría a dos mujeres.

Desde el Partido Demócrata se ha solicitado al presidente del Senado que aplace cualquier votación al respecto hasta que se celebren las próximas elecciones legislativas en el mes de noviembre, que, según las encuestas, devolverían el control de la cámara a los liberales. Piden que sea coherente con lo que él mismo defendió cuando el anterior presidente, Barack Obama, propuso a un candidato al Tribunal Supremo tras el fallecimiento del juez Antonin Scalia. El presidente del Senado aplazó la decisión hasta que se celebraron las elecciones presidenciales, con el argumento de que así el nuevo candidato tendría el respaldo de los votantes. Sin embargo, la petición ha sido desestimada de inmediato, ante el temor de que los demócratas hagan la propio si obtienen la mayoría en la cámara y aplacen la decisión del nombramiento hasta unas nuevas elecciones presidenciales. Según Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, la votación sobre el candidato del presidente Trump al Tribunal Supremo tendrá lugar en el próximo mes de octubre.

Ciertamente, la mayoría republicana no se ha detenido ante nada para lograr sus objetivos. Cuando Donald Trump se presentó su candidato, Neil Gorsuch, tras ganar las elecciones, se rompió la regla de que la convalidación por el Senado fuera por una mayoría de tres cuartas partes, y se aprobó su nombramiento con mayoría simple, pues ocupan 51 de los 100 escaños del Senado. La única esperanza para los liberales es, por una parte, el delicado estado de salud del senador republicano John McCain, que le impediría acudir a la votación, y, por otro, la renuencia de dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, a votar a un candidato opuesto al derecho a la interrupción del embarazo. Ambas han declarado que votarán de manera independiente sobre este asunto, pero también se ha dado a conocer que las dos han mantenido recientemente una reunión con Donald Trump para dialogar sobre este asunto.

El cargo de juez del Tribunal Supremo es vitalicio, por lo que el candidato que apruebe finalmente el Senado permanecerá previsiblemente en su cargo durante un largo período, pues, según los rumores, la media de edad de los candidatos valorados por el presidente ronda los 50 años. Por otra parte, la jueza Ruth Bader Ginsburg (de corte liberal) cuenta ya con 85 años de edad y un estado de salud delicado, lo que hace temer que su retiro sea también próximo y deba nombrarse otro sustituto. Existe pues, el temor fundado a que Tribunal Supremo de holgada mayoría ultraconservadora, con la visión más restrictiva de la Constitución y reacia a defender los derechos civiles de las minorías, sea quien tenga que decidir sobre cuestiones fundamentales durante décadas.

La amenaza para los derechos LGTB

Este nuevo escenario en el más alto tribunal de los Estados Unidos, cuyas decisiones son de altísima relevancia, ha causado entusiasmo entre los sectores de la sociedad más opuestos a los derechos de las minorías sexuales. Así, desde la asociación ultraconservadora Liberty Counsel se emitía un comunicado en el que se afirmaba que «con la jubilación del juez Kennedy habrá una nueva justicia que tendrá un gran impacto en el futuro de los Estados Unidos. Si el juez Kennedy es reemplazado por una persona que sea fiel al texto original y al significado de la Constitución, entonces solo será cuestión de tiempo que cambien varias decisiones horribles, incluidas el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo».

Por su parte, Brian Brown, presidente de la altamente LGTBfoba National Organization for Marriage (NOM) ha solicitado donaciones para financiar una campaña que lleve de nuevo hasta el Tribunal Supremo la cuestión del matrimonio igualitario. Su propósito es que la nueva mayoría conformada tras el nombramiento del candidato del presidente Trump revierta la sentencia favorable al matrimonio igualitario, y se vuelva a la situación anterior, en la que serían los estados quienes legislarían respecto al matrimonio de manera independiente.

La amenaza para los derechos civiles que supone la nueva composición del Tribunal Supremo estadounidense puede tener consecuencias drásticas. Quedan pendientes de resolver conflictos que afectan a colectivos tan sensibles como el de las personas trans, que se enfrentan a leyes estatales y locales que tratan de impedir que puedan vivir de acuerdo con su identidad de género. También pueden llegar al alto tribunal recursos contra las sanciones a establecimientos y negocios que discriminen a las personas LGTBI escudándose en las convicciones religiosas de sus dueños (la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre un asunto semejante se limitaba exclusivamente a ese caso).

Tampoco hay que olvidar que, a diferencia de lo que sucede en otras jurisdicciones, las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos son reversibles. Como hemos visto en el caso de Lawrence vs. Texas, la sentencia que declaró inconstitucionales las leyes estatales contra la sodomía revirtió una anterior que las había declarado conformes a la Constitución. El peligro de pérdida de derechos conquistados, como el mismo matrimonio igualitario, la protección contra la discriminación o, incluso, la no injerencia del Estado en las prácticas sexuales consensuadas entre adultos, está sobre la mesa.

Fuente Dosmanzanas

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Bonita iniciativa la que  ha promovido la FELGTB en Rusia, donde en estos momentos se celebra el Campeonato Mundial de Fútbol. Seis activistas de diferentes países, cada uno de ellos vistiendo la camiseta de su selección nacional, se pasearon el pasado 28 de junio por las calles de Moscú formando la bandera del arcoíris a la vista de todo el mundo. El objetivo no es otro que el de denunciar de una forma original la situación del colectivo LGTB en Rusia, cuya legislación prohíbe, en la práctica, cualquier acto público de visibilidad. 

En 2013 entró en vigor en la Federación Rusa a ley contra la «propaganda homosexual», una norma que sanciona con fuertes multas cualquier información positiva sobre la realidad LGTB que pueda alcanzar a menores, y que en la práctica hace imposible la lucha contra el acoso por LGTBfobia y los crímenes de odio y dificulta sobremanera la celebración de cualquier evento LGTB, permitiendo por ejemplo que quienes simplemente enarbolan la bandera arcoíris o reivindican la celebración del Orgullo sean detenidos, sancionados o incluso temporalmente encarcelados. Una situación sobre la que la FELGTB ha querido llamar la atención. «Mientras todo el mundo tiene puesta su atención en Rusia por el Mundial, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales ha encontrado la oportunidad para protestar contra la situación y visibilizar la causa con una protesta sutil y original: infiltrar la bandera arcoíris desafiando a la legislación rusa actual», explican desde la organización.

Desde la FELGTB recuerdan que los crímenes de odio contra la comunidad LGTB rusa se han duplicado desde la entrada en vigor de la ley. También destacan las denuncias de Human Rights Watch y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos sobre la persecución a las personas LGTB en la república rusa de Chechenia, así como la pasividad de las autoridades rusas a la hora de investigar lo sucedido. Es por eso que a pesar de las dudas sobre la seguridad de los turistas e hinchas LGTB que acudieran al Mundial de Rusia y las recomendaciones de no visibilizarse en público, seis activistas de todo el mundo decidieron personarse en el país para formar con sus cuerpos la bandera del arcoíris. «Hacerse visible siempre es un riesgo, pero hacerlo con miles de aficionados y aficionadas del Mundial y la prensa delante es lo que nos motivó a llevar a cabo la original protesta», ha declarado Uge Sangil, presidenta de FELGTB.

La iniciativa, cuyo hashtag a la hora de ser difundida en redes sociales es #HiddenFlag, ha sido llevada a cabo por activistas de Argentina (Vanesa Paola Ferrario), Brasil (Eloi Pierozan), Colombia (Mateo Fernández), España (Marta Márquez), Holanda (Eric Houter) y México (Guillermo Aguilar) vistiendo sus respectivas camisetas (en el caso de Argentina y Colombia, las segundas equipaciones). Todos ellos personas LGTB, salvo el holandés Eric Houter, que es heterosexual pero ha tenido que lidiar con la discriminación que ha sufrido su hermano (que es bisexual) y que quiso sumarse al proyecto para defender la causa en nombre de su hermano y de su cuñado marroquí, que no ha podido hacer pública su sexualidad a su familia. Puedes saber más de cada uno de ellos en la web de la campaña, www.thehiddenflag.org.

Insertamos a continuación el vídeo de la campaña:

Fuente FELGTB, vía Dosmanzanas

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La Corte Suprema del Reino Unido ha fallado de forma unánime a favor de  la pareja formada por Charles Keidan, de 41 años, y Rebecca Steinfeld, de 37, reconociendo su derecho a contraer una unión civil. La institución del civil partnership, recordemos, esta vetada a las parejas de distinto sexo del Reino Unido. Se trata de una figura jurídica que fue creada en 2004 para conceder a las parejas del mismo sexo derechos equivalentes a los del matrimonio pero negándoles el nombre.

Por vía legislativa, en 2004 solo había sido aprobado el matrimonio igualitario en Holanda y en Bélgica, aunque decisiones judiciales lo habían legalizado también en varias provincias de Canadá y en el estado de Massachussetts, en Estados Unidos. El Gobierno de Tony Blair no quiso por entonces dar el paso y optó por promover la aprobación de una institución que si bien concedía a las parejas del mismo sexo derechos similares al matrimonio bajo la ley británica, les negaba el nombre y el reconocimiento simbólico como matrimonio. Una institución a la que, por otra parte, solo tenían derecho las parejas del mismo sexo. Una verisón británica del segregador separate, but equal: mismos derechos, pero distintas instituciones.

Los años posteriores han acabado por derrumbar este esquema de pensamiento. Apenas unos meses después de que fuese aprobada la ley de uniones civiles (pero incluso antes de que entrase en vigor) España y Canadá aprobaban el matrimonio igualitario. Sería el comienzo de una ya amplia lista de países que han ido sumándose después… Incluyendo tres de los cuatro países constituyentes del Reino Unido: Inglaterra y Gales en julio de 2013, Escocia en febrero de 2014. Solo Irlanda del Norte permanece sin matrimonio igualitario. Sin embargo, el civil partnership ha permanecido vetado a las parejas del mismo sexo. Solo la isla de Man, una dependencia de la Corona que no formalmente no forma parte del Reino Unido, permitía a las parejas del mismo sexo unirse civilmente. En esta misma página recogíamos en 2016 como Charles Keidan y Rebecca Steinfeld acudieron a la isla, situada entre Gran Bretaña e Irlanda, para contraer su unión civil como parte de su batalla jurídica por la igualdad, en este caso en beneficio de las parejas de distinto sexo.

Una batalla jurídica que parece por fin llega a su fin, y que de hehco Keidan y Steinfeld no han sido los primeros en dar (ya en 2010 nos hacíamos eco de la negativa a contrar unión civil a varias parejas de distinto sexo). Su caso sí que ha sido el primero en ser decidido por la Corte Suprema, que de forma contraria a lo que hasta entonces han hecho otros tribunales de rango inferior ha fallado que negar a las parejas de distinto sexo el acceso a la unión civil atenta contra la Convención Europea de Derechos Humanos, que potege el derecho a la vida privada y familiar y prohíbe la discriminación.

Todo un triunfo para Keidan y Steinfeld, pareja desde 2010 y padres de dos hijos, que se negaban a formalizar su unión bajo la institución del matrimonio al considerar que esta lleva implícita una carga histórica de discriminación de la mujer. «Queremos educar a nuestros hijos como iguales, y creemos que una unión civil, una institución moderna y simétrica, es el mejor ejemplo para ellos», argumenta la pareja, que por cierto ha contado en su lucha con el apoyo explícito de activistas LGTB como Peter Tatchell, que se ha mostrado encantado con el fallo.

La ley no cambia, al menos por el momento

El fallo de la Corte Suprema respecto a Keidan y Steinfeld no implica que la ley cambie de forma automática para todos los ciudadanos, pero coloca al Gobierno británico en una situación incómoda si opta por no modificarla y permite que nuevos casos de parejas de distinto sexo inunden los tribunales. Una reforma de la ley que ha reclamado por ejemplo el colectivo Stonewall, que ha advertido además contra la posible tentación del Gobierno de aprovechar la situación para suprimir totalmente el civil partnership donde exista ya matrimonio igualitario, una posibilidad que se ha llegado a barajar en tiempos recientes.

Rebecca Steinfeld, en este sentido, ha anunciado que su campaña en favor de que todas las parejas de distinto sexo que quieran contraer unión civil puedan hacerlo continúa plenamente activa:

We WON!!! But the fight for civil partnerships doesn’t end here. It must go on until civil partnerships are extended to all couples. So please continue to back our campaign: https://t.co/p94gqnce6W https://t.co/07IlW57w5Y @EqualCPs pic.twitter.com/wjLR03Yjtf

— Dr Rebecca Steinfeld (@beccasteinfeld) 27 de junio de 2018

Fuente Dosmanzanas

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Foto del juicio de M. Mielniezuk

La Sección 2ª de la Audiencia de Palma de Mallorca ha condenado a penas de cárcel a dos policías locales por su conducta hacía una compañera contra la que «movidos por su odio y desprecio» a su condición de lesbiana emprendieron toda una campaña de desprestigio. La condena, de hecho, podría haber sido mayor de no haber prescrito algunos de los delitos de los que se les acusaba.

Los hechos iniciales se remontan al periodo comprendido entre agosto de 2007 y diciembre de 2008. La víctima, Sonia Vivas, formaba parte entonces de la unidad motorizada nocturna de la Policía Local de Palma, en la que tenía como compañeros a Rafael Puigrós y a Alberto Juan Llaneras. Ambos agentes (aunque en mayor medida el primero) comenzaron a incomodarla mediante apodos lesbófobos («tijeritas»), gestos obscenos, chistes y comentarios despectivos… Una situación que derivó en problemas de tipo psicológico para Sonia Vivas. Estos hechos, aunque descritos en la sentencia, no han recibido sin embargo castigo penal por considerarse prescritos (la Fiscalía les imputaba por ellos un delito contra la integridad moral). Tampoco ha habido pena para el entonces subinspector Rafael Estarellas, que había sido también acusado, ya que el tribunal no considera suficientemente probado que conociera lo que estaba sucediendo y no actuara en consecuencia.

Los dos agentes sí que han sido condenados por hechos posteriores: en septiembre de 2016 la agente fue entrevistada en una emisora de radio en el que detalló las vejaciones y menosprecios sufridos, aunque sin mencionar el nombre de los policías. Estos, sin embargo, se sintieron aludidos y decidieron llevar a cabo una campaña de desprestigio. Se pusieron en contacto con una expareja de la víctima a la que intentaron coaccionar para que declarara contra ella. Rafael Puigrós, «con ánimo vengativo», pidió de hecho a dos policías que mintieran en una declaración y dijeran que habían visto a Vivas maltratando a un detenido, circunstancia que no podía ser cierta porque ese día ella no trabajó, y llegó a presentar una denuncia falsa contra Sonia Vivas.

La Audiencia de Palma ha dado total credibilidad a la versión de Sonia Vivas y, a la vista de los hechos probados, han condenado a Rafael Puigrós a la pena de cuatro años y dos meses de cárcel como autor de un delito de coacciones y otro de denuncia falsa, mientras que Alberto Juan Llaneras es condenado a dos años por el delito de coacciones.

Sonia Vivas, satisfecha

Una sentencia que nos deja un cierto sabor agridulce: es cierto que los agentes reciben un castigo por los hechos más recientes, pero lo que fue el acoso lesbófobo propiamente dicho queda impune por haber prescrito. Y las acusaciones al entonces subinspector Estarellas quedan sin probar, pese a que Vivas insistió durante el juicio en que tenía conocimiento de todo lo que le había ocurrido y no quiso hacer nada debido a la amistad que le unía a los dos agentes.

En cualquier caso, Sonia Vivas se ha mostrado razonablemente satisfecha. «Es un triunfo que se reconozca en la sentencia que todo lo que he contado es cierto, que es verdad, que me trataton como si fuese basura por ser lesbiana», ha expresado públicamente. Vivas también ha hecho un llamamiento a revisar el tratamiento de las víctimas de delitos de odio: «No todas tienen la fuerza para emprender un camino así ni tampoco el privilegio que tengo yo de haber sido una igual, también una policía».

Vivas habla con conocimiento de causa. Pedagoga y educadora, se define como policía vocacional y ha liderado la puesta en marcha del servicio de delitos de odio de la Policía Local de Palma (escribe además artículos de opinión en Diario 16).

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alberto Juan Llaneras, Baleares, Delitos de Odio, Diario 16, Diario de Mallorca, Discriminación, Homofobia, Lesbianas, Lesbofobia, LGTBfobia, Palma de Mallorca, Rafael Estarellas, Rafael Puigrós, Sonia Vivas

El presidente del Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya, Eugeni Rodríguez, ha reclamado, como motivo de la celebración esta semana del Día del Orgullo LGTB, que los datos de las incidencias por LGTBIfobia se traduzcan en políticas públicas. Rodríguez ha hecho balance de los seis primeros meses de año, en los que la entidad que preside ha registrado 50 incidentes, y presentado además las conclusiones del I Encuentro Internacional de Observatorios contra la LGTBIfobia, que a principios de mes reunió en Barcelona a representantes nacionales e internacionales de este tipo de entidades.

«Con los I Encuentros, el Observatori ha generado un nuevo espacio donde traducir los datos en políticas públicas activas para hacer frente a la lacra de la LGTBIfobia», ha expresado Rodríguez, para el que el las jornadas que se vivieron en Barcelona a principios de mes constituyeron «un escenario inexistente hasta la fecha tanto en Cataluña como en el Estado Español, donde poner en común todas las incidencias por odio LGTBIfóbico con vocación internacional».

Rodríguez ha aprovechado para hacer balance de las incidencias por LGTBIfobia registradas por el Observatori en el primer semestre de 2018. «Los datos revelan que todas las partes del colectivo empiezan a conocer los itinerarios de registro y denuncia de incidencias», ha explicado. Unos datos que se traducen en 50 incidencias, «una estabilización respecto al número de incidencias registradas en 2017». (ver aquí los datos correspondientes a 2017, presentados hace varias semanas). Estabilización a la que por cierto también hacía alusión el comunicado del colectivo Arcópoli, promotor del Observatorio madrileño contra la LGTBfobia, en el que este jueves denunciaba una agresión tránsfoba ocurrida la semana pasada: «Con esta agresión el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia ha registrado desde el 1 de enero 141 incidentes de odio en la Comunidad de Madrid, unas cifras similares a las de 2017 en estas fechas» 

El presidente del Observatori ha detallado también que en Cataluña «el grupo de hombres gais y bisexuales sigue siendo el que más incidencias registra, seguido por el colectivo trans». «Las mujeres lesbianas registran menos incidencias que los dos grupos anteriores pero más que en 2017», ha añadido. «Las agresiones siguen siendo el ítem que más se registra, seguido de internet y exaltación del odio», ha especificado.

Conclusiones del I Encuentro de Observatorios contra la LGTBIfobia

Por su interés, reproducimos las conclusiones del I Encuentro de Observatorios contra la LGTBIfobia, un evento organizado del 1 al 3 de junio por el equipo del Observatori contra l’Homofòbia que contó con la colaboración de la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans) y del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, y que tuvo además el apoyo institucional del Ayuntamiento y de la Diputación de Barcelona y de la Generalitat de Catalunya.

Los observatorios contra la LGTBIfobia nacen de la necesidad de dar respuesta a los delitos de odio por orientación afectivosexual, identidad o expresión de género, devolviendo la dignidad a las víctimas del colectivo LGTBI y visibilizando la impunidad de estas violencias, para reparar el daño realizado tanto a las víctimas como a todo el colectivo.

En este sentido el Observatori contra l’Homofòbia lleva 10 años realizando este trabajo de manera pionera en Catalunya y en España. Que, además, en 2014 con la aprobación de la Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, en el Parlament de Catalunya se dotó de mecanismos para vehicular todo el trabajo de registro de incidencias de LGTBIfobia y apoyo a las víctimas.

En los últimos años han ido apareciendo nuevos observatorios y entidades de apoyo y atención a las víctimas de LGTBIfobia. Inicialmente el Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia, que ya cuenta con 2 años de experiencia. Pero recientemente otros han ido brotando y visibilizando las violencias y el odio por motivos de orientación afectivosexual e identidad de género. En este marco se detectó la necesidad de formarnos mutuamente y construir espacios donde compartir nuestras experiencias, inquietudes y conocimientos.

En este primer encuentro se quería enfatizar en la necesidad de compartir conocimiento alrededor del registro de las incidencias por LGTBIfobia y la atención a las víctimas.

• El registro es el mecanismo mediante el cual se recogen todas las incidencias por LGTBIfobia que los observatorios recibimos, este registro debe ser fiable, válido y legítimo, por lo que la metodología que se use es esencial y básica, ya que es la base de trabajo para todo observatorio contra la LGTBIfobia, y, en realidad, cualquier observatorio contra el odio.
• La atención a la víctima es el espacio de escucha y apoyo emocional, pero también de dignidad y reparación a la víctima, partiendo de la narrativa de la víctima que te permite trabajar desde su vivencia.

En este sentido, han aparecido conceptos clave para trabajar y desarrollar:

• La necesidad de dar respuesta a la violencia contra las personas LGTBI y de nombrar lo que no existía.
• De que los observatorios no somos neutrales.
• De encontrar fórmulas científicas basadas en un marco de derechos para trabajar desde los observatorios.
• La necesidad de trabajar en red la atención y recogida de datos homologables con capacidad de análisis y comparable a nivel estatal e, incluso, internacional.
• La necesidad de ocupar un espacio entre la víctima e institución y que no la puede ocupar la institución en estos  momentos porque la víctima no está preparada para ello.
• La necesidad de dignificar a la víctima y a todo el colectivo a partir de la reparación.
• La necesidad de incorporar la visión interseccional y aterrizarla para dar una mejor respuesta, más completo y más adecuada a la realidad.
• La necesidad de reconocer a la víctima como poseedora de derechos y con una agencia propia.

Hemos conocido muchas realidades a nivel estatal, pero se destaca la necesidad de llegar a todas las organizaciones que estén trabajando la recogida de incidencias por LGTBIfobia. Y, además, dado que son unos observatorios con un marco internacional, hemos podido conocer realidades como la de Senegal y Costa Rica, que nos aportan conocimientos y otras necesidades  diferentes, pero con las que queremos compartir espacios como este.

Finalmente, se ha abierto un espacio donde se han compartido buenas prácticas que han complementado, con temas sobre:

• El trabajo de y en las instituciones y administraciones alrededor de la visibilidad del colectivo LGTBI, pero también de apoyo al colectivo y de respuesta a la LGTBIfobia.
• El trabajo en empresas desde el compromiso y la responsabilidad enfrente de la LGTBIfobia.
• El trabajo alrededor de algunas intersecciones como la serofobia o el racismo.
• El trabajo de entidades en la sensibilización y visibilidad.
• El trabajo de observatorios contra la LGTBIfobia, tanto de España, como
  de otros puntos del mundo.

En resumen, estos encuentros abren la posibilidad de establecer espacios de intercambio y debate, donde trabajar conjuntamente y poder llegar a establecer una red de apoyo e incluso consensos en torno a temas en los que lo necesitemos.

Fuente Dosmanzanas

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«Después de casi una década, a M.B. finalmente se le pagará su pensión y el gobierno la reconocerá como mujer», se felicitan Jacqueline Mulryne y Chris Stothers, los abogados de la mujer trans afectada. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminaba esta semana que el Reino Unido habría discriminado a M.B. al denegarle la pensión que le correspondería como mujer nacida antes del 6 de abril de 1950. La demandante la solicitó, en mayo de 2008, al cumplir los 60 años (como marca la legislación de este país). Pero M.B. no quiso anular su matrimonio, a pesar de que es un requisito para recibir el certificado británico de reasignación de sexo (algo que para la justicia europea también resulta excluyente). Así pues, la administración de Reino Unido seguía considerando legalmente a M.B. como «hombre» y por tanto rechazaba concederle la pensión hasta los 65 años. En este sentido, «el tribunal considera que la legislación del Reino Unido constituye una discriminación directa basada en el sexo», dice la sentencia.

El TJUE ha puesto de manifiesto que «la normativa británica confiere un trato menos favorable a las personas que hayan cambiado de sexo después de haberse casado que a las personas que hayan conservado su sexo de nacimiento y sigan casadas». Los letrados de M.B., por su parte, alegan que «el tribunal reconoció correctamente que el tratamiento de nuestra clienta por parte del Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP) al exigir la anulación de su matrimonio antes de reconocer su sexo y pagar su pensión era directamente discriminatorio».

Con respecto al matrimonio de M.B., quien después de casi diez años de reivindicaciones ya tiene 70 años, el Tribunal establece que «el objetivo del régimen legal de pensiones del Reino Unido es proporcionar protección contra los riesgos de la vejez, al conferir a la persona interesada el derecho a una pensión de jubilación adquirida en relación con las contribuciones pagadas por esa persona durante su vida laboral, independientemente del estado civil». Por este motivo, el requisito de anulación del matrimonio para una persona trans en Reino Unido es «ajeno» al régimen de la pensión de jubilación.

El caso ahora volverá a la mesa del Tribunal Supremo del Reino Unido, que será el encargado de aplicar el fallo. Los abogados de M.B. Jacqueline Mulryne y Chris Stothers, han admitido que tienen «esperanzas» de que el Departamento de Trabajo y Pensiones aplique la sentencia «sin demora». Mulryne y Stothers también sostienen que «esta es una decisión pequeña, pero tiene una gran importancia en el avance hacia una mayor igualdad y respeto».

Fuente Dosmanzanas

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El Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó el pasado 13 de junio la toma en consideración de la «Proposición de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género, y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad de Castilla y León», que todos los grupos de la oposición política acordaron presentar después de que el Partido Popular incumpliera su compromiso de promover una ley en ese sentido desde el Gobierno regional. La decisión contó con el voto favorable de la presidenta de la Cortes, la popular Silvia Clemente, que atribuyó su decisión de romper la disciplina de voto de su partido a un impulso del «subconsciente».

Los antecedentes de la proposición de ley son ciertamente complelos. A finales de 2016 diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaban en las Cortes regionales una primera propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, promovida en Extremadura por el PP cuando gobernada aquella comunidad, y aprobada en marzo de 2015 por unanimidad. El guiño a los populares era evidente: se trataba de conseguir su apoyo. Y así parecía que iba a ser. Durante meses, de hecho, se trabajó en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos castellano-leoneses estaban incluso dispuestos a hacer algunas concesiones «dolorosas», pero incluso así finalmente la Junta de Castilla y León decidía dar carpetazo al proceso con el argumento de que ya se había iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI. La noticia coincidía, paradójicamente, con la aprobación en el Parlamento andaluz de una ley similar con la unanimidad de todos los grupos políticos.

Los colectivos castellano-leoneses, muy decepcionados con la actitud del PP regional, consiguieron sin embargo el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes regionales para que el texto pudiese tramitarse en forma de proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno.

El compromiso se materializaba en marzo, cuando la Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó admitir a trámite la proposición de ley (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) presentada por los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos Castilla y León, Ciudadanos y Mixto. Pero era el pasado 13 de junio cuando el Pleno decidía su toma en consideración por 43 votos a favor y 41 abstenciones. La sorpresa saltó cuando la presidenta de las Cortes, la popular Silvia Clemente, decidía saltarse la disciplina de voto y alinearse con la oposición («el subconsciente a veces toma decisiones», argumentó posteriormente). Quedaba así roto el empate, que de persistir habría resultado en la negativa a tomar en consideración la proposición.

Una buena noticia, sin duda, aunque el PP ya ha anunciado su intención de seguir dificultando la aprobación de una ley muy similar a las que han apoyado en otras comunidades y que contribuiría a mejorar la vida de las personas LGTB en Castilla y León. En este sentido, los populares ya han anunciado que pedirán la prórroga del plazo de enmiendas, decisión que corresponde a la Mesa de las Cortes, que en estos momentos cuenta con tres representantes del PP (incluida su presidenta) y tres de la oposición. La posición de Silvia Clemente, en este sentido, seguirá siendo clave a la hora de permitir o no el avance de su tramintación parlamentaria.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI AWEN LGTBI+, Castilla y León, Chiguitxs LGTB+, Chrysallis, Ciudadanos, Cortes de Castilla y León, Discriminación, Equo, FECyLGTB, Fundación Triángulo, Iguales, Iguales USAL, IU, Junta de Castilla y León, Lesgavila, LGTBfobia, Podemos, PP, PSOE, Segoentiende, Silvia Clemente, Unión del Pueblo Leonés, Valladolid Diversa

La Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) deberá pagar 105 mil francos suizos (unos 91 mil euros) tras ser multada por la FIFA por el comportamiento de los fanáticos de la albiceleste que se encuentran en el Mundial de Rusia 2018.

El órgano rector de fútbol mundial determinó que seguidores de la selección Argentina son culpables de desatar peleas, lanzar objetos contundentes, insultos y cantos homófobos, luego de la derrota sufrida por el equipo suramericano en el partido contra Croacia (0-3) el pasado 21 de junio.

Luego del encuentro han salido a la luz en las redes sociales videos del comportamiento desastroso y denigrante de los hinchas argentinos, quienes golpearon a aficionados croatas, les dieron puñetazos y patadas en los corredores internos del estadio de Nizhni Nóvgorod.

https://www.youtube.com/watch?v=DQcbZQwTrXE

La semana pasada, la Federación Mexicana de Fútbol también fue multada por la FIFA por los cantos de “ehh puto”, lanzados por los hinchas aztecas que se encontraban en las tribunas contra el arquero de Alemania, Manuel Neuer, en el encuentro que México venció 1-0 a los germanos.

Por este cántico homófobo hacia el portero del Bayern de Múnich, la FIFA ha decidido multar a la Federación Mexicana de Fútbol con 10.000 francos suizos (alrededor de 10.000 dólares).

El año pasado la FIFA implementó un nuevo procedimiento que otorga a los árbitros la autoridad para abandonar los partidos si los cánticos homofóbicos no cesan. Bajo el nuevo procedimiento, los árbitros tendrán la autoridad para pausar el partido, con un anuncio a través de micrófonos internos que advierte a los fanáticos contra el lenguaje discriminatorio.

Hasta el momento los fanáticos LGBT del fútbol han podido llevar las banderas del Orgullo arcoíris a los estadio, tal y como lo prometieron FIFA y la Federación Rusa de Fútbol antes del torneo.

La gran pregunta es ¿qué pasará con el colectivo LGBT en Rusia luego que termine el Mundial? El presidente de la Federación Rusa de Deporte LGBT, Aleksandr Agapov, ha dicho que las autoridades se han relajado al aplicar las leyes de «propaganda gay» del país durante el torneo. Sin embargo, solo el tiempo dirá si el legado de la Copa del Mundo será duradero o solo una fachada. «En cierto modo, es muy bueno que Rusia muestre su oportunidad, su posibilidad de ser tan abierta e inclusiva, pero para mí como persona LGBTI es una gran pregunta si tendremos un legado positivo de la Copa del Mundo cuando el La Copa del Mundo ha terminado «, declaró.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Alemania, Asociación de Fútbol de Argentina (AFA), Discriminación, Federación Mexicana de Fútbol, FIFA, Homofobia/Transfobia, Manuel Neuer, Marco Fabián, México, Miguel Herrera, Molotov, Mundial de Rusia 2018, Nizhni Nóvgorod

El colectivo Lambda convocó una besada en señal de protesta contra la LGTBfobia y como muestra de apoyo a dos mujeres que en la tarde del domingo sufrieron una agresión lesbófoba en Valencia. El agresor justificó su agresión ante los agentes que lo detuvieron en que las dos mujeres se habían estado besando en la calle.

Recordemos que la agresión tuvo lugar en el barrio de Patraix de la capital valenciana. Al ver a las dos mujeres besarse, el agresor, un individuo de 50 años de origen argelino, les preguntó si podía participar. Las mujeres le pidieron que las dejara en paz, tras lo cual comenzó a llamarlas «guarras» y «asquerosas» y las agredió físicamente, golpeándoles la cara, tirándoles del pelo y escupiéndolas. La Policía Nacional se personó en el lugar tras una llamada que alertaba de que estaba teniendo lugar una pelea. Los agentes separaron al agresor de las víctimas, y pudieron comprobar que estas presentaban arañazos diversos. El agresor les argumentó que «dos mujeres no se pueden besar en la calle» y que es obligación de los mayores «decir a los jóvenes lo que está bien y lo que está mal». El individuo, que carece de antecedentes, fue detenido como presunto autor de un delito de odio.

Como respuesta a lo sucedido, el colectivo Lambda convocó una concentración este martes, 26 de junio, en la Plaça de Patraix de Valencia, barrio donde ocurrió la agresión a las dos mujeres que se besaron en un espacio público el pasado domingo, a las 20:00 horas, e incorporó una «besada LGTB». Decenas de personas acudieron a la concentración para rechazar la violencia contra el colectivo LGTBI y los delitos de odio.

El acto se abrió con la lectura de un manifiesto de repulsa que dio paso a la besada. Visitando su Facebook pude verse un resumen en imágenes de la #BesadaLGTB. El acto buscaba mostrar la solidaridad del colectivo con las víctimas y denunciar una vez más los delitos de odio de los que son objeto las personas LGTB. «Pedimos que las instituciones públicas y la justicia sean inquebrantables contra los delitos de odio. No podemos tolerar ningún tipo de violencia contra el colectivo LGTBI. Por ello instamos a la ciudadanía de Valencia a que se una a la concentración en la que mostraremos nuestra repulsa a los delitos de odio mediante una besada pública», ha declarado su coordinadora general, Fani Boronat.

Boronat ha recordado que el propio colectivo Lambda ofrece un servicio gratuito de atención a víctimas de delitos de odio, con el que se puede contactar a través del teléfono 96 334 21 91 o enviando un correo electrónico a: denuncia@lambdavalencia.org

Fuente Lambda/Cristianos Gays

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El nadador Carlos Peralta, plusmarquista nacional de los 200 metros mariposa, ha decidido visibilizarse públicamente como gay en una entrevista concedida al diario El Mundo. Peralta quiere contribuir con su gesto a mejorar la situación de los deportistas LGTB en el que es uno de los entornos más hostiles a la visibilidad. «Hay mucho armario y la gente tiene miedo a insinuarlo», explica.

Además de estudiante de Medicina, el malagueño Carlos Peralta es uno de los mejores nadadores españoles. Ha sido 21 veces campeón de España en la modalidad de 200 metros mariposa, de la que posee la plusmarca nacional. Participó en los Juegos de Río, aunque no consiguió clasificarse para disputar la opción a medalla. Y su nombre tampoco formó parte de la lista de 44 deportistas abiertamente LGTB que compitieron en Brasil. Ojalá sí que esté en la lista de los que competirán en 2020 en los Juegos de Tokio, para los que ya se prepara y en los que espera hacer un mejor papel.

«La gente no entiende lo que puede sufrir uno cuando empieza a autoaceptarse. Yo no me he sentido muy comprendido por entrenadores o compañeros. En mi caso, que tengo buena posición deportiva, encontrarme fue muy difícil», cuenta Peralta a Antonio Diéguez, el periodista que le entrevista para El Mundo. «Tras los Juegos de Río empecé a pensar en mí como persona. Pero tuve una desmotivación deportiva, una especie de depresión postolímpica, y se me atacó con eso, que me parece bastante ruin», añade.

Peralta, de hecho, solo había mantenido relaciones con un hombre antes de participar en los Juegos. «Pero no me aceptaba entonces y no fue una experiencia agradable», relata. Las primeras personas de su entorno a las que reveló su condición de gay fueron su hermano y una amiga, y su reacción fue muy positiva. A partir de ahí comenzó a visibilizarse en su círculo cercano de familia y amigos, pero en su entorno profesional prefería no comentar el tema. «No es miedo, porque tengo una buena posición en la piscina, pero sigue habiendo tabú. También he escuchado cómo se me llamaba ‘maricón’ estando yo tres duchas más para allá. Como en el pasado tuve novia, me han llegado comentarios tipo ‘maricón de mierda en el armario’… He escuchado muchos comentarios a mis espaldas». 

Peralta, de hecho, ha atravesado momentos difíciles. Una bajada de nivel relativa (a pesar de quedar de nuevo campeón de España y haberse mantenido como plusmarquista nacional) desató las críticas. «Cuando he pasado un mal momento, nadie se ha preocupado y lo han achacado a que yo solo quería fiesta, desparrame… Los típicos mitos del colectivo. El año pasado, quedando campeón de España y haciendo la carrera de Medicina, se me dijo que me había pasado el año de fiesta», se lamenta. Le redujeron incluso el 45% del sueldo y quedó fuera del Campeonato Mundial por decisión de la Federación Española de Natación, una decisión que sigue considerando injusta.

El nadador, sin embargo, ha decidido pasar página y abrir un nuevo periodo en el que visibilizarse públicamente es uno de los elementos del cambio, algo que para él no es fácil. «Me da miedo. Para mí esto no es guay, pero quiero quitarme este peso de encima. Hay gente que va a achacar que lo estoy contando porque no estoy en mi mejor momento. Pero acabo de terminar mis exámenes de Medicina y ahora me voy a preparar a fondo para los Juegos de 2020», explica.

Uno de los ejemplos inspiradores para Peralta ha sido el del waterpolista Víctor Gutiérrez, que salió del armario en mayo de 2016 y con el que ha compartido club (el madrileño Canoe). «Ver a gente como Víctor que se atreve a decirlo, te quita dudas», confiesa. Pero Peralta cree que hay muchos más nadadores gais: «A patadas. Estoy convencido. Hay mucho, mucho armario. Dentro del deporte de competición, la gente tiene miedo a insinuarlo por el rechazo». También a nivel internacional: «Me han contado que hay un francés y un italiano, pero públicamente no lo han dicho. Pero sí he escuchado comentarios homófobos de entrenadores de la selección: ‘Mira, éste es el francés maricón’. Otro entrenador, que no sabía que yo lo era, me ha llegado a decir que lo peor que le podía pasar en la vida es que su hijo fuese gay».

Ahora que ha dado el paso Peralta anima a otras personas a hacer lo mismo: «Yo animo a que la gente no tenga miedo, que luche y nadie la menosprecie. En las redes recibo muchos mensajes de niños de pueblos o ciudades pequeñas que sí sufren bullying. Por eso, salir del armario públicamente es una forma de ayudarles».

Tras dedicar unos meses a finalizar sus estudios de Medicina (la preparación del MIR la deja para más adelante) Carlos Peralta quiere ahora concentrarse en la preparación de los Juegos. «Me va a costar recuperar mi nivel, pero por primera vez voy a dedicarme ciento por ciento a la natación», ha asegurado al diario Marca, que también ha entrevistado al nadador. Y el hecho de estar por fin fuera del armario contribuirá sin duda a ello: «Yo ahora tengo una posición en la que ya no se atreverán a decir nada de mí por la espalda, pero sigue habiendo mucho acoso en el deporte (…) Soltarlo es como empezar de cero. No lo estaba buscando, pero ahora estoy sereno», añade.

Desde dosmanzanas trasladamos todo nuestro cariño a Carlos Peralta. Para el colectivo LGTB contar con un referente más en un mundo tan escaso de ellos como es el deporte es una gran noticia. Pero al margen de lo que suponga para los demás, sabemos que a partir de ahora todo le irá mejor, como él mismo reconocía hoy en Instagram: «Feliz por la noticia de ayer, donde hice pública mi condición como deportista olímpico gay. Gracias a todas las personas que me han escrito y apoyado, sin duda ayer fue un día de muchísima emoción y liberación. Muchísimo ánimo a todos aquellos que me escribisteis contando vuestra historia, espero que encontréis esa fuerza y la valentía para poder hacer de este mundo algo mejor»:

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Antonio Diéguez, Canoe N.C., Carlos Peralta, Deporte, Discriminación, Homofobia, Juegos Olímpicos, LGTBfobia, Marca, Natación, Río de Janeiro, Tokio, Víctor Gutiérrez, Visibilidad LGTBI

El Tribunal Constitucional de Perú deberá decidir sobre la demanda de Óscar Ugarteche y Fidel Aroche, a los que un tribunal reconoció su derecho a ver inscrito su matrimonio, celebrado en México, algo a lo que se niega el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). El pasado miércoles los magistrados del alto tribunal peruano escucharon los argumentos de la pareja.

Ugarteche (ciudadano peruano) y Aroche (ciudadano mexicano) se casaron en 2010 en Ciudad de México. En enero de 2012 Ugarteche solicitó al RENIEC la inscripción de su matrimonio en Perú, siguiendo exactamente el mismo procedimiento que si hubiese sido entre personas de distinto sexo. Sin embargo, en su caso, el RENIEC la consideró improcedente. Óscar Ugarteche recurrió judicialmente, al considerar que la negativa violaba sus derechos constitucionales a la  igualdad y la no discriminación. Y es que Ugarteche sabe bien lo que tiene entre manos: se trata de un destacado economista, que ejerce la docencia universitaria tanto en Perú como en otros países, y que fue uno de los fundadores del histórico Movimiento Homosexual de Lima (MHOL).

El asunto recayó en el 7º Juzgado Constitucional de Lima, que en diciembre de 2016 emitió una importantísima sentencia de la que nos hicimos eco en su momento. La sentencia (a la que puedes acceder aquí) detallaba 35 considerandos según los cuales la demanda estaba plenamente fundada y ordenaba al RENIEC la inscripción del matrimonio. El RENIEC, sin embargo, recurrió la sentencia. Hace unos meses, la 4ª Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima la anulaba argumentando que Ugarteche había presentado su demanda de amparo contra el RENIEC seis días después de vencer el plazo legal (el 12 de diciembre de 2012 en lugar del 6 de diciembre). Pese a que Ugarteche argumentó que no pudo hacerlo hasta ese día debido a que se encontraba fuera del país y que la persona que recibió la notificación correspondiente no era su apoderado legal ni tenía poder para intervenir en su nombre, la Corte Superior de Justicia de Lima aprovechó para dar carpetazo al proceso sin molestarse en dar argumentos.

Finalmente, la defensa de Ugarteche ha llevado el caso al Tribunal Constitucional, para que este se pronuncie sobre el fondo de la cuestión. «No se está pidiendo que se celebre un matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que se está pidiendo el reconocimiento de un matrimonio que ya se celebró en un país donde esto es legal, y por tanto tiene que inscribirse aquí y generar los derechos correspondientes», ha insistido el abogado de la pareja, Javier Mújica. El pasado miércoles presentaron los alegatos ante el alto tribunal, que deberá decidir sobre el caso en próximas semanas.

Una decisión favorable marcaría un precedente de gran importancia, dado que el avance de los derechos LGTB en Perú se encuentra estancada a nivel político. Sucesivos intentos de reconocer jurídicamente las parejas del mismo sexo han fracasado. Es cierto que en diciembre de 2016 los diputados Carlos Bruce y Alberto de Belaunde presentaron un proyecto de ley de uniones civiles entre personas del mismo sexo. Semanas después, un grupo aún más amplio de diputados (entre ellos también Bruce y Belaunde) presentaron proyecto de ley matrimonio igualitario. Pero ninguno de los dos parece contar con posibilidades de aprobación en la actual coyuntura política peruana, donde la presión de los grupos religiosos (tanto Iglesia católica como los minoritarios pero pujantes grupos evangélicos) contra cualquier iniciativa que suponga un mínimo avance de los derechos LGTB es muy fuerte. Buen ejemplo de ellos son las movilizaciones del movimiento «Con mis hijos no te metas» contra cualquier iniciativa que suponga la inclusión de de un enfoque de género en las aulas peruanas.

Otro factor a tener en cuenta es la opinión consultiva que hacía pública en enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a requerimiento de Costa Rica, y que considera que los países bajo su jurisdicción deben garantizar tanto el matrimonio igualitario como el derecho de las personas trans al reconocimiento jurídico de su identidad de género. Perú es uno de los estados que aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana, y aunque la opinión de esta no marca plazos de obligado cumplimiento resulta obvio que un pronunciamiento del Tribunal Constitucional de Perú contrario al reconocimiento del matrimonio de Ugarteche y Aroche supondría todo un desafío.

Estaremos muy atentos a lo que suceda.

Fuentes Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Alberto de Belaunde, Carlos Bruce, Con mis hijos no te metas, Discriminación, Fidel Aroche, Homofobia, LGTBfobia, Matrimonio, México, Óscar Ugarteche, Perú, RENIEC, Tribunal Constitucional de Perú

Más vale tarde que nunca. Después de que en 2014 la FIFA se negara a sancionar a la Federación Mexicana de Fútbol por los cánticos homófobos de sus aficionados durante la celebración de la Copa del Mundo en Brasil, la organización que gobierna el fútbol mundial por fin ha decidido multar a los mexicanos con 10.000 francos suizos por los insultos dirigidos al portero alemán Manuel Neuer. Se da la circunstancia de que Neuer es uno de los pocos futbolistas de élite que se ha posicionado claramente contra la homofobia en el fútbol, y de hecho son muchos los aficionados que creen erróneamente que es gay.

El pasado domingo, 17 de junio, México y Alemania (actual campeona del mundo) se enfrentaron en el primer partido de la fase de grupos del Mundial de Rusia. Ganó México por 1-0, pero al margen del resultado el partido quedó empañado por el comportamiento de la afición mexicana, que no dudó en repetir el cántico homófobo cada vez que intervenía el portero alemán. Manuel Neuer, recordemos, es uno de los pocos futbolistas de élite que se ha posicionado de forma clara contra la homofobia en el fútbol, un compromiso que arrancó en 2011, cuando el que ya era portero de la selección teutona animó a los jugadores gais a que salieran del armario y se quitaran «un peso de encima». Desde entonces muchos aficionados creen erróneamente que Neuer es gay, lo que sin duda ha complicado a la FIFA repetir lo sucedido en Brasil, cuando tras evaluar el caso la organización decidió no sancionar a México al estimar que la utilización de «puto», el insulto homófobo mexicano por excelencia, no resultaba ofensiva en el contexto futbolístico.

El Comité de Disciplina de la FIFA, de hecho, solo ha tardado tres días en sancionar a la Federación Mexicana con una multa de 10.000 francos suizos (unos 8.700 euros), al estimar, esta vez sí, que los cánticos de los aficionados mexicanos fueron insultantes y discriminatorios, por lo que es de aplicación el artículo 67 del Código Disciplinario de la FIFA. La FIFA impondrá sanciones adicionales si los cánticos continúan produciéndose. Según asegura ESPN, los agentes de seguridad de los estadios vigilarán además a los aficionados mexicanos en otros partidos para identificar y expulsar a aquellos que sigan entonándolos.

La nueva política de mano dura de la FIFA contra México no es nueva, de hecho: la Federación Mexicana de Fútbol ha sido ya sancionada 12 veces durante la fase clasificatoria del Mundial por el mismo motivo (recibió inicialmente dos amonestaciones y posteriormente se le impusieron 10 multas). Sanciones que hasta la fecha no han hecho mella en los aficionados mexicanos. Quizá por ello los propios jugadores de la selección mexicana han comenzado a pedirles que abandonen esta práctica. «A todos los fanáticos mexicanos en los estadios, no griten ‘puto’. No nos arriesguemos a otra sanción», pedía en redes sociales el delantero Javier Hernández, «Chicharito», principal estrella de México.

Eso sí, parece que lo hacen más por miedo a las sanciones que por convencimiento de que gritar insultos homófobos en un estadio esté mal. «Sí, sabemos que no es un grito homofóbico ni despectivo, que no pretende ofender y que es parte de la carrilla y folclor mexicano. También sé que cuando los mexicanos nos proponemos algo, lo logramos y sé que la afición mexicana en Rusia se abstendrá de ese grito, ¿cierto?», tuiteaba el centrocampista Marco Fabián:

Si, sabemos que no es un grito homofóbico ni despectivo, que no pretende ofender y que es parte de la carrilla y folclor mexicano. También sé que cuando los mexicanos nos proponemos algo, lo logramos y sé que la afición mexicana en Rusia se abstendrá de ese grito, ¿cierto? 🇲🇽 pic.twitter.com/tZrZ1B6Uig

— Marco Fabián (@MarcoFabian_10) 20 de junio de 2018

«Puto», la expresión homófoba que tantos se han empeñado en defender

Lo cierto es que argumentos como los de Marco Fabián no nos resultan novedosos. Cómo no recordar el Puto del grupo mexicano Molotov, que también pretendió justificar que no había homofobia en una canción que repite «Puto» hasta la saciedad, cuyo estribillo incluye «Matarile al maricón» y cuya primera estrofa reza «¿Qué, muy machín no?,  ¿A muy machín no?, Marica nena, más bien putino». Molotov argumentó en su momento que se trataba simplemente de «una canción catártica». O lo sucedido en el ya mencionado Mundial de Brasil, cuando la utilización del término por aficionados mexicanos fue defendida por el entonces entrenador de la selección de México, Miguel Herrera, que aseguró que «no era para tanto».  El diario El País llegó a publicar entonces un artículo firmado por Fabio Morábito que defendía que la utilización de «puto» tenía lugar en el contexto de una «performance» y no podía tomarse como una ofensa.

Por fortuna, la sensibilidad de la FIFA contra la homofobia parece haber progresado un poco en cuatro años, y al menos el organismo futbolístico ya no acepta estas argumentaciones: bienvenidas sean las sanciones económicas contra las conductas homófobas. Aunque nos da la impresión de que hasta que estas no se traduzcan en descalificaciones deportivas no serán tomadas en serio. Ojalá nos equivoquemos Veremos por lo pronto qué sucede este sábado, 23 de junio, cuando México juega su segundo partido de la competición frente a Corea del Sur.

Fuente Dosmanzanas

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Si hace unos días hablábamos del asesinato de tres activistas LGTBI, las últimas noticias que nos llegan desde México no son menos atroces…

Este miércoles fue asesinada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas una mujer transgénero centroamericana que se dedicaba al trabajo sexual y al activismo a favor de la diversidad sexual. Nataly Briyth Sánchez, quien era originaria de Cuyamel, Puerto Cortés, Honduras, llevaba varios años viviendo en la capital del estado huyendo de la violencia de la que era objeto en su país de origen por parte de las pandillas criminales.

En su estancia en el estado, Nataly rentaba una habitación en la avenida 3ª Poniente Norte, Número 662, en el centro de la ciudad. De acuerdo con las investigaciones, en ese lugar la joven mujer transgénero recibió este miércoles a uno de sus clientes, mismo que la atacó hasta asesinarla.

La mujer que le rentaba el cuarto a Nataly fue la encargada de reportar su agresión a la policía, pues escucho gritos provenientes de su habitación. La policía arribó al lugar de los hechos y pudo atrapar al agresor, ya que este se quedó encerrado en el cuarto, pues antes de ser agredida la mujer transgénero puso llave a la puerta por seguridad.

En un comunicado, la organización civil Diana Sacayán se exigió a las autoridades de la entidad que se castigue al responsable del asesinato: “El homicida fue capturado en flagrancia y está confeso, por lo que no hay nada más que investigar”.

De acuerdo con información difundida por la organización civil, en lo que va del año llevan contabilizados 5 asesinatos en contra de mujeres transgénero en el país; por lo que la asociación exhortó a los defensores de derechos humanos a alzar la voz para que el asesinato de la mujer transgénero centroamericana no quede impune.

“Nosotras no somos animales, nosotras necesitamos que el gobierno haga algo porque nos están matando como a un animal, sin derecho. Van cinco chicas trans que han asesinado en lo va del año. Queremos que no vayan a soltar a esa persona ya que puede pasar lo mismo con el caso de la chica comiteca, Itzel que por no tener pruebas suficientes lo dejaron en libertad”, denunció Fanny, presidenta de la asociación.

Asimismo, ese fin de semana una mujer transgénero que se dedica al trabajo sexual fue agredida a puñaladas por un hombre que la intercepto en las calles de Monterrey mientras ejercía su trabajo, el agresor escapó y la mujer fue enviada a un hospital donde se reportó estable.

A este suceso, desgraciadamente, se suma también el asesinato de una mujer trans en el Estado de Colima. El cuerpo de la mujer se encontraba atado de manos y presentaba signos de haber sufrido tortura. En cualquier caso, las autoridades no han aclarado si contaba con heridas de bala, aunque sí se sabe que su rostro habría sido repetidamente golpeado.

El hallazgo se realizó en la carretera libre a Armería-Manzanillo a la altura de la colonia Sagrado Corazón. Por el momento se desconoce la identidad de la víctima, así como el móvil que motivo el asesinato. Las autoridades no informaron si el cuerpo presenta heridas de bala, pero se pudo constatar que el cuerpo presentaba golpes en el rostro.

El lugar fue acordonado por elementos policiacos y a él arribó personal de servicios periciales con el fin de iniciar una investigación para determinar la identidad de la mujer asesinada así como las razones y los responsables de este crimen.

Este es uno de los crímenes de odio en contra de personas LGBT que acontecieron este fin de semana. Este domingo fueron asesinados tres activistas abiertamente homosexuales que defendían los derechos de las personas LGBT en el estado de Guerrero. De acuerdo Orlando Pastor, activista LGBT de Chilpancingo, los hombres fueron privados de su libertad por un grupo armado, asesinados y abandonados en las calles de Taxco, municipio del que eran originarios.

Con este último crimen, al menos van nueve mujeres trans asesinadas entre abril y junio en los Estados de Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Guerrero y la última de Colima.

Este mismo año, recogíamos en marzo los asesinatos de un estudiante gay y de una activista lesbiana. Isaac Luna García, un universitario de 19 años, fue asesinado el mes de febrero en ciudad de México, en lo que amigos y familiares están convencidos se trata de un crimen homófobo. Por otra parte, el cuerpo semienterrado y en avanzado estado de descomposición en Arroyo del Durazno (en el estado de Guanajuato), era identificado como el de María Guadalupe Hernández Flores, de 37 años, activista feminista y lesbiana que se encontraba desaparecida desde el pasado 11 de marzo. También nos hacíamos eco de los comentarios de odio contra otro estudiante homosexual fallecido y la agresión a una pareja estadounidense de hombres por ir cogidos de la mano.

Según datos del informe Violencia, Impunidad y Prejuicios. Asesinatos de personas LGBTTT en México 2013-2017, publicado por la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana, de enero de 2013 a diciembre de 2017 se registraron como mínimo 381 crímenes de odio en contra de personas LGBT en el país.

LGTBfobia y las elecciones federales de México

En este clima de inseguridad para el colectivo LGTB (entre otros), muy castigado por la violencia y el fanatismo, el país celebrará el próximo 1 de julio elecciones federales, sin que ninguno de los principales candidatos haya expresado un compromiso firme y claro en defensa de los derechos plenamente igualitarios.

Desde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) «demandamos investigar el asesinato de estos jóvenes más allá de la idea de que se trata de un hecho más dentro de la ola de violencia que azota a varias regiones del país. Las autoridades deben tomar en cuenta los estereotipos negativos que pesan sobre las personas no heterosexuales y que muchas veces provocan homicidios». El PRD concurrirá a las elecciones dentro de la coalición Por México al Frente, encabezada por Ricardo Anaya, un candidato con un perfil bajo en relación al compromiso con el colectivo LGTB.

Fuente Proceso/Colima Noticias/ Desastre.mx/Dosmanznas.

Imagen tomada de Association of World Citizens.

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Tras celebrar por primera vez el orgullo LGBT en el campo de refugiados de Kakuma, sus organizadores temen pro sus vidas después de varias amenazas publicadas en los tablones de anuncios de un campamento en el que conviven con personas de las mismas culturas homofóbicas y transfóbicas de los mismos países de los que huyeron, de las que no tienen la adecuada protección.

Situado al noroeste de Kenia y establecido en 1992 por la Agencia de Refugiados de los Estados Unidos, Kakuma es uno de los mayores campos de refugiados del mundo, donde se celebra por primera vez el Orgullo LGBT el pasado sábado, 16 de junio, con la asistencia de alrededor de 600 personas. Mbazira Moesa, refugiado ugandés y uno de los organizadores, asegura que, junto con sus compañeros, teme ahora por su vida, después de una serie de amenazas que han aparecido en los tablones de anuncios de todo el campamento.

«Abandonad el campo» o «Vamos a mataros uno por uno» son algunos de las amenazas a los refugiados LGBT de Kakuma, cuyo origen no se ha podido confirmar. Con una población acumulada de aproximadamente 185.000 personas, sumando las que conviven en Kakuma y el Asentamiento Integrado Kalobeyei, los refugiados y solicitantes de asilo provienen de 19 países, aunquela mayoría son de Sudán del Sur que, que junto con los de Somalia y Etiopía, son intolerantes con la homosexualidad. El objetivo de Moesa y sus compañeros de Refugee Flag Kakuma era disipar «la ignorancia» y los «mitos» sobre los miembros del colectivo LGBT existentes entre los residentes del campamento, «poblado principalmente por colonos y refugiados islámicos», lo que explica que una lesbiana y una persona transgénero fueran agredidas y sufrieran «lesiones graves», a pesar de que la concentración había sido «enorme».

«Siento que estoy bajo constante amenaza», declara Moesa, explicando que la vida en Kakuma es «una situación calamitosa» para los refugiados homosexuales debido a las «constantes persecuciones» y la «falta de protección adecuada». A sus 25 años de edad, esa misma persecución le lleva a abandonar Uganda en 2016, después de múltiples arrestos y palizas por parte de la policía debido a su orientación sexual. Tras huir a Nairobi, en septiembre de 2016, es trasladado al campo de refugiados de Kakuma en febrero de 2017, tras contactar con la agencia de la ONU solicitando el estatuto de refugiada. Asegura que su situación no ha mejorado demasiado desde entonces.

https://www.youtube.com/watch?v=VwY2sS98ISc

«Muchas personas que se enfrentan a la persecución y violencia en el hogar debido a su orientación sexual o identidad de género terminan en centros de refugiados rodeados de personas de las mismas culturas homofóbicas y transfóbicas de los mismos países de los que huyeron (…). Los sistemas establecidos a menudo no están equipados para proporcionar la protección necesaria. La situación se puede agravar en un lugar como Kenia, que tiene leyes contra la sodomía (…). Estos refugiados necesitan protección inmediata para que puedan vivir sin temor a la violencia», declara Maria Sjodin, subdirectora ejecutiva de OutRight Action International, una organización de derechos humanos LGBTQ.

En la actualidad, hay 68,5 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo, incluidos 25,4 millones de refugiados y 3,1 millones de solicitantes de asilo, según los últimos datos de la ONU. Sin embargo, no existe un registro del número de refugiados LGBTQ y solicitantes de asilo debido a su orientación sexual o identidad de género. El Centro de Refugiados de los Estados Unidos ha declinado hacer ninguna declaración sobre estas amenazas ni sobre la situación de los refugiados LGBT.

Fuente Universogay

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Como en tantas otras ocasiones, cuando los términos «Rusia» y «LGTB» aparecen en una misma noticia no suele ser buen presagio. La seguridad de los fans LGTB que acudan a Rusia sigue sin estar garantizada en el mayor evento deportivo del año, el Campeonato Mundial de Fútbol, a pesar de las promesas de las autoridades de que serían bienvenidos. Un buen ejemplo de ello es la denuncia de Pride in Football, organización británica que tiene como objetivo luchar por la visibilidad del colectivo LGTB en el mundo del fútbol, que ha recibido varios correos electrónicos amenazantes. En uno de ellos los autores adj untaron la imagen de un hombre sosteniendo un puñal de forma agresiva. En otro, se aseguraba que la organización «sodomita» está en el punto de mira de la Policía rusa, por lo que sus miembros deben abstenerse de viajar al país… Cuando la competición cumple su primera semana, hacemos un primer balance de la situación. 

La polémica empezó de hecho hace ya varios meses, cuando FARE Network (Football Against Racism in Europe, una organización europea contra el racismo en el fútbol) recomendó a las personas LGTB que no se cogieran de la mano por la calle mientras se encontrasen en Rusia con motivo del Mundial dado que «podría ser peligroso». Pocos días antes del inicio de la competición, por su parte, la británica Football Supporter’s Federation advertía también a las parejas del mismo sexo que viajaran a Rusia que no mostrasen «su sexualidad en público» y recomendaba a las personas trans que fueran siempre acompañadas a los baños públicos o que usaran los baños para personas discapacitadas.

Una falta de visibilidad con la que no pocos activistas se han mostrado en desacuerdo. Según apuntaba Joe White, director de campañas de Pride In Football, ocultar al colectivo LGTB en Rusia para evitar agresiones no es una opción, porque precisamente de lo que se trata es de evidenciar que tener que esconderse es un problema. «Si vemos que es seguro, llevaremos banderas arcoiris para aportar algo de visibilidad en los estadios y demostrar que los fans LGTB del fútbol también existen y que valemos lo mismo que cualquier otro aficionado», aseguraba.

Según los índices de ILGA Europa, Rusia se encuentra en el grupo de cola de los países europeos en cuanto a derechos LGTB se refiere. Aunque la homosexualidad dejó de ser considerada delito en 1993, es un país conocido por su apabullante homofobia de Estado. La ley contra la «propaganda homosexual», aprobada en 2013, dio inicio a una escalada discriminatoria que no parece tener fin. Se trata de una norma que sanciona con fuertes multas cualquier información positiva sobre la realidad LGTB que pueda alcanzar a menores, y que en la práctica hace imposible la lucha contra el acoso por LGTBfobia y los crímenes de odio y dificulta la celebración de cualquier evento LGTB, permitiendo por ejemplo que quienes simplemente enarbolan la bandera arcoíris o reivindican la celebración del Orgullo sean detenidos, sancionados o incluso temporalmente encarcelados. La situación ha llegado a ser especialmente desesperada en la República rusa de Chechenia, donde el Gobierno local ha encontrado en el colectivo LGTB el perfecto chivo expiatorio y donde las autoridades rusas han demostrado una ausencia total de voluntad política para investigar los crímenes de odio y llevar a los responsables ante la justicia.

Según recogieron diversos medios internacionales, este contexto de LGTBfobia imperante en Rusia se materializó de forma dramática pocos días antes de la inauguración del Mundial, cuando un aficionado gay francés y su acompañante fueron brutalmente agredidos en San Petersburgo. El ciudadano francés sufrió una fuerte contusión cerebral junto a fractura de mandíbula y tuvo que ser hospitalizado. Es complicado saber hasta qué punto la homofobia de los agresores, ya detenidos, jugó un papel determinante (la agresión se acompañó del robo de los teléfonos móviles), pero de lo que no cabe duda es de que la homofobia sí estuvo muy presente en la forma en la que la noticia se difundió. «Aunque las víctimas sean homosexuales, eso no justifica a los monstruos que les atacaron», se llegó a comentar en el canal de Telegram ruso ‘OperSlil’.

Desafortunadamente, este no ha sido el único incidente en lo que llevamos de Mundial. El jueves 14, día en el que se inauguraba la competición, el activista LGTB británico Peter Tatchell era detenido por la policía rusa en la Plaza Roja de Moscú, tras protestar contra el historial de abusos del Estado ruso contra el colectivo LGTB. Tatchell mostró una pancarta frente al Kremlin en la que se podía leer «Putin no actúa contra la tortura de personas homosexuales en Chechenia». Al poco tiempo, fue abordado por diversos agentes policiales, quienes le advirtieron que su protesta no estaba autorizada. Fue detenido y llevado a dependencias policiales, y liberado al cabo de unas pocas horas. Según declaraciones del propio Tatchell, fue «más o menos bien tratado, en parte porque soy un ciudadano británico y porque un diplomático de la embajada del Reino Unido contactó con la policía. Supongo que los rusos no querían mostrar su faceta más dura durante el Mundial de Fútbol». De hecho, al activista británico se le ha permitido abandonar Rusia pese a estar pendiente de una citación judicial el próximo día 26.

Lo cierto es que Rusia se encuentra inmersa estos días en una gran contradicción. Mientras se suceden amenazas, agresiones y detenciones contra el colectivo LGTB, las autoridades del Mundial han asegurado que las personas homosexuales, bisexuales y trans recibirán una «cálida acogida» y podrán ondear banderas arcoiris a los estadios. Se ha permitido, en teoría, la instalación por parte de FARE de las llamadas «casas de la diversidad» en Moscú y San Petersburgo (espacios seguros donde los fans LGTB pudieran reunirse para ver los partidos y albergar actividades), pero la de San Petersburgo se quedaba sin local en el último minuto. Medidas contradictorias en un contexto social y político adverso hacia la diversidad sexual y de género, que nos recuerdan que el Mundial de Fútbol -y la consecuente mirada internacional posada sobre Rusia- terminará, pero los retos a los que debe enfrentarse la comunidad LGTB en la Federación Rusa persistirán.

Fuente Dosmanzanas

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La noticia era esperada, pero ello no le quita relevancia histórica: la Organización Mundial de la Salud deja de considerar la transexualidad una enfermedad. La nueva Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS (CIE-11), dada a conocer este lunes, entierra definitivamente el concepto «trastorno de la identidad de género», encuadrado en el capítulo 5 (enfermedades mentales) de la CIE-10, para dar paso a una definición no patologizante encuadrada en un nuevo capítulo.

La CIE-11 se presentará en la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2019 para su adopción por los Estados miembros y entrará en vigor el 1 de enero de 2022. La presentación de este lunes, en este sentido, no es más que un avance que permitirá a los países planificar cómo usar la nueva versión, preparar las traducciones y capacitar a los profesionales de la salud de todo el país. Sin embargo, ya nos permite extraer importantes conclusiones.

Por lo que se refiere a la transexualidad. Lo que hace la nueva CIE-11 es crear un nuevo capítulo, el 17, «condiciones relacionadas con la salud sexual», motivada por la necesidad de codificar determinadas situaciones que, sin necesidad de ser entendidas como patológicas, sí pueden tener implicaciones sanitarias. Dentro de este capítulo aparece la denominada «incongruencia de género», que según la nueva clasificación se caracteriza por una incongruencia «marcada y persistente» entre la experiencia de género de una persona y su sexo asignado en el momento del nacimiento. Esta necesidad de que la situación sea «marcada y persistente» supone una limitación que sin duda recibirá criticas: la nueva codificación expresa, en este sentido, que el comportamiento variable de género o la simple indicación de preferencia no son suficientes como para establecer el «diagnóstico».

A su vez, la OMS divide la incongruencia de género en dos variantes: la que se da en adolescentes y personas adultas y la que se da en la infancia. Las definiciones son prácticamente idénticas, pero mientras que en adolescentes y adultos (HA60) la «persistencia de la incongruencia» se limita a «varios meses», en el caso de los niños (HA61) la OMS marca un límite mínimo de dos años de identificación con un género que no se corresponde con el sexo asignado para que la persona pueda considerarse dentro de esta categoría. Se mantiene además una tercera categoría de codificación, «incongruencia de género no especificada» (HA6Z), al margen de las dos anteriores.

Según explica la página web de la OMS, la evidencia disponible en la actualidad ya permite asegurar que no nos encontramos ante un trastorno mental, por lo que mantener la condición trans dentro del capítulo de l solo serviría para causar un «enorme estigma» a las personas transgénero. Sin embargo, la OMS considera necesario seguir manteniendo como posible la codificación de la transexualidad (que al fin y al cabo de eso trata la CIE) dadas las significativas necesidades sanitarias de este colectivo.

Insertamos a continuación unas declaraciones de la doctora Lale Say, coordinadora del Departamento de de Salud Reproductiva e Investigación de la OMS, en las que explica las razones del cambio. La doctora Say, además de insistir en que la decisión tiene como finalidad combatir el estigma al que se enfrentan las personas transgénero, explica que esta no se ha tomado solo en respuesta a las demandas del colectivo afectado (como muchos argumentarán) sino como resultado, también, de la revisión de la evidencia científica disponible, tal y como se hizo en su momento con la despatologización de la homosexualidad:

En definitiva, una gran noticia. Podrá argumentarse, y sin duda no faltarán argumentos racionales para ello, que persiste una cierta filosogía «patologizante» en la terminología elegida (una anacrónica «incongruencia» de género) o en el mero hecho de mantener esta categoría dentro de la CIE, aunque sea ya solo como una condición cuya forma de abordaje determina una mayor o menor salud sexual, no como una enfermedad o un trastorno. De la misma forma, es indudable que las nuevas definiciones no respetan el principio de autodeterminación de género en su acepción más radical, y que no contemplan adecuadamente realidades como las de las personas no binarias. Aspectos que sin duda habrá que comenzar a trabajar desde ya mismo. Pero lo que hoy hemos conocido es un avance importantísimo que tendrá sin duda consecuencias a la hora de que las personas trans puedan seguir avanzando en el reconocimiento de sus derechos en el mundo.

Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la CIE es utilizada por aseguradoras médicas de todo el mundo (cuyos reembolsos dependen de su codificación), por los administradores de los programas nacionales de salud, por los especialistas en recopilación de datos, y por otras personas que hacen un seguimiento de los progresos en la salud mundial y determinan la asignación de los recursos sanitarios.

Celebremos hoy lo conseguido. Y a partir de mañana a trabajar sin descanso por mejorarlo.

Sin embargo…

Nada que celebrar: Para Mar Cambrollé la OMS continúa estigmatizando y desconociendo la realidad de las personas trans

Para quienes tienen años luchando por la despatologización total de la transexualidad el anuncio realizado este lunes por la Organización Mundial de la Salud es “trasnochado” y continúa perpetuando la cisnormativa de la “caverna médica”.

Este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que la transexualidad fue retirada de la lista de enfermedades mentales. Sin embargo, fue ubicada en la categoría de “desórdenes de identidad de género”, hecho que, según activistas trans que llevan décadas luchando por la despatologización total de la transexualidad, antes de celebrar y calificarlo como histórico es importante leer las “letras pequeñas” que traen consigo esa decisión.

“El anuncio de la OMS de despatologizar la transexualidad me parece, por un lado, que es un titular efectista que nada tiene que ver con la lucha que habíamos emprendido desde los colectivos trans a nivel internacional desde hace 11 años, con la campaña de despatologización. Está claro que cualquier clasificación que no sea la de un trastorno de la identidad nos puede parecer más suave.

Sin embargo, la nueva categorización de desorden de la identidad es desafortunada, trasnochada y nos da con la puerta en la cara a las personas trans, ya que nos sitúa de nuevo en la terminología, pues, precisamente, en una comparativa cisnormativa de lo que está en orden y de lo que no está en orden, negando con ello que las identidades trans sean parte de la diversidad humana y una expresión más de la diversidad”, declaró Mar Cambrollé, activista por los derechos humanos de las personas trans; presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, de la Federación Española Plataforma Trans y representante en Europa de la Red Sororitaria de Mujeres Trans.

El camino para la despatologización es el que han emprendido países como Noruega, Islandia, Argentina, Malta, Reino Unido, algunos estados federados de Alemania y también algunas regiones de España como Andalucía, Madrid, Valencia y Aragón. Desoyendo los dictámenes de la OMS que sigue trasnochada y perpetuando y estigmatizando a las personas trans en nuevos términos que nos sitúan en una comparativa que desnaturaliza y deslegitima las identidades trans.

No me parece que haya algo que celebrar. Este nuevo pronunciamiento nos reafirma que tenemos que seguir luchando por la despatologización total. Querer justificar que si no está categorizado como una enfermedad no hay derecho a una atención médica, nos parece maniqueo, demagógico y antagónico a la propia organización, ya que la OMS define la salud, no solamente ausencia de enfermedades sino el bienestar social y psíquico de las personas.

Ahí es donde se sitúan las necesidades de las personas trans. Todo el mundo sabe y hemos recurrido a atenciones médicas que no son una enfermedad pero que requieren una atención profesional, como es el caso del embarazo, con lo cual creo que a estas alturas es obsoleto y esconde ese interés de la caverna médica de querer tener el control sobre las identidades y los cuerpos trans.”

Cambrollé ha asegurado que no se pueda hablar de “avance”, cuando se “intenta justificar lo injustificable». Cuando -en realidad- «es una prolongación estigmatizante de las personas trans».

Fuente Dosmanzanas/Universogay

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El Tribunal Supremo de Polonia emitió el pasado jueves una importante sentencia contra la discriminación de las personas LGTB en la prestación de servicios. El alto tribunal ratifica el fallo de una instancia inferior, que condenaba a una copistería por negarse a imprimir una pancarta para una fundación LGTB. La decisión judicial sienta un precedente alentador y contrasta con la reciente sentencia del Supremo de Estados Unidos, que falló a favor de un pastelero que rechazó elaborar la tarta de boda de una pareja de hombres.

Espaldarazo de la justicia polaca a los derechos LGTB en un caso de discriminación que se remonta a 2016. El LGBT Business Forum, que promueve la diversidad en el ámbito laboral y empresarial, encargó a una copistería la impresión de una pancarta con el logotipo de la fundación. La imprenta se negó a realizar el trabajo encomendado por no querer «hacer promoción» del movimiento LGTB. La organización recurrió entonces a la Oficina Antidiscriminación, que llevó el caso a los tribunales. El tribunal de distrito de Łódź condenó a la copistería por discriminación injustificada a indemnizar a sus clientes con 200 złoty (unos 47 euros).

El caso llegó a oídos del fiscal general del Estado y ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, perteneciente a una escisión ultracatólica del gobernante partido Ley y Justicia (PiS). Ziobro ordenó a la fiscalía de Łódź recurrir la sentencia, pero la corte regional ratificó el fallo del tribunal de distrito. El fiscal general elevó el caso al Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del país. Su decisión se dio a conocer el pasado jueves y vuelve a dar la razón al LGBT Business Forum.

El alto tribunal respalda las sentencias de las instancias inferiores porque el servicio solicitado se enmarca dentro de las «actividades técnicas habituales» que presta la copistería. El Supremo considera que el establecimiento no puede aducir conflicto de conciencia alguno por la propia naturaleza del servicio que ofrece, que es puramente técnico y carece por tanto de carácter creativo o de otra índole. Por tanto, debe imperar el principio de igualdad ante la ley.

El fiscal general Ziobro ha reaccionado con rabia a la sentencia, que calificó de «contraria a la libertad». «El Tribunal Supremo se ha puesto del lado de la violencia de Estado al servicio de la ideología de los activistas homosexuales», afirmó. El fallo se ha producido antes de que el próximo 3 de julio entren en vigor los cambios impuestos por el Gobierno del PiS, del que Ziobro forma parte, y que según instancias europeas podrían comprometer seriamente la independencia judicial.

Los medios han comparado el caso con la reciente sentencia del Supremo estadounidense que falló a favor de un pastelero de Denver que se había negado a elaborar una tarta de boda para una pareja de hombres. El abogado Jarosław Jaruga cree que habrá que evaluar cada caso por separado. «A veces la libertad de conciencia y religión será una razón legítima para negarse a prestar el servicio, y otras veces puede constituir una manifestación de discriminación injustificada», reflexionó. En cualquier caso, la furia de los ultraconservadores polacos parece confirmar que la sentencia es una importante victoria para los derechos LGTB, y así ha sido saludada por los activistas.

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Este sábado 16 se celebrará el Orgullo LGTBI en el campo de refugiados de Kakuna, en Kenia, en donde se acoge, entre otros, a cientos de ugandeses que han debido huir de la fuerte represión que sufren por razón de su orientación sexual o identidad de género. Una celebración con la que quieren expresar su deseo de poder vivir en libertad e igualdad, pero que se ven obligados a conmemorar al margen del resto de refugiados, que también les discriminan y agreden debido a su condición de personas LGTBI.

Cientos de ugandeses LGTBI se han visto obligados a huir de su país debido a las brutales leyes represoras existentes, que el Gobierno no ceja de intentar agravar aún más. Muchos de ellos han buscado asilo en la vecina Kenia, que acoge en sus campos a refugiados de varios países del entorno, en su mayor parte por razones de represión política.

En uno de ellos, Kakuna, los refugiados LGTBI ugandeses han decidido celebrar el Orgullo como se hace alrededor de todo el mundo, algo que sus propios compatriotas residentes en Uganda no podrán realizar. Sin embargo, deben enfretarse a grandes dificultades, entre ellas la de tener que protegerse de los demás habitantes del campo, hasta el punto de haberse visto a obligados a rodear el recinto donde celebrarán el Orgullo con empalizadas de arbustos espinosos, en prevención de los posibles ataques de los LGTBfobos. Así lo describen en su petición de apoyo publicada en GoFundMe:

Las personas LGBTIQ de campo de refugiados de Kakuma queremos celebrar este año el primer Día del Orgullo desde que salimos de nuestro país de origen y buscamos asilo en Kenia, debido al proyecto de ley «Kill the Gays», que fue aprobado por el presidente en 2014.

Vamos a celebrar este primer evento de Orgullo en nuestras instalaciones en el campo. Nos entristece no tener la oportunidad de celebrarlo en público con los demás refugiados, debido a su hostilidad hacia nuestra identidad de género, su odio, homofobia, injusticia, desigualdad, discriminación y prejuicios hacia nosotros.

Con sus escasos medios, han confeccionado algunos carteles que han colocado alrededor de todo el campo. Pero también han pedido la colaboración y ayuda económica necesaria para quienes tienen casi menos que nada. Buscan reunir 1.500 dólares (unos 1.280 euros) para que ese día pueda ser, además de una reivindicación, una fiesta, tal como acontece a lo largo de todo el mundo. Llenos de honradez, han publicado la lista de sus necesidades y su coste, en la que destaca que la principal de esas urgencias sea la comida. Afortunadamente, según podemos comprobar en GoFundme, parece que se ha conseguido reunir el dinero necesario. Les deseamos que la celebración transcurra en paz y que su situación sea resuelta de la mejor forma y en el menor plazo posible.

Su lucha y empeño son la demostración de que el Orgullo LGTBI es hoy más necesario que nunca.

Uganda: una pesadilla continua

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que “tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona”. El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan “prácticas indecentes” se castigan con hasta siete años de prisión.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insiste en reintroducir una ley que endurecería el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de introducir la pena de muerte en deteminados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Por otra parte, se suceden los ataques a la libertad de reunión y asociación. En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha por sus derechos. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas

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