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La administración Trump financiará los gastos extra derivados de su política inmigratoria con fondos de asistencia a personas con VIH sin seguro médico

Lunes, 16 de julio de 2018

trumpSegún documentos internos a los que ha tenido acceso la revista estadounidense Slate, la administración Trump planea derivar fondos destinados a la asistencia a las personas con VIH para sufragar los gastos derivados de su campaña de «mano dura» contra la inmigración de familias con menores. El previsible incremento en el número de menores retenidos bajo tutela de la administración y separados de sus padres estaría en el origen de la operación.

En estos momentos la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (Office of Refugee Resettlement, ORR) tendría bajo custodia a unos 11.800 menores, de los cuales entre 2.000 y 3.000 serían niños separados de sus padres en la frontera (el resto serían menores que cruzaron la frontera solos), como resultado de la política de endurecimiento contra la inmigración que desde hace unos meses ha emprendido la administración Trump de la mano de los Departamentos de Justicia e Interior. Las previsiones, sin embargo, es que la cifra pueda duplicarse, de forma que se necesiten hasta 25.400 «camas» para mantener a estos menores retenidos antes de final de año. Un incremento que lógicamente hay que financiar y que arrastaría a la ORR a acumular un déficit de 585 millones de dólares a final del correspondiente año fiscal, que iría además en aumento (hasta los 1.300 millones de dólares en el primer cuarto del año fiscal 2019) si no se recibe nuevos fondos.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados es una agencia federal que en última instancia del Departamento de Salud y Servicios Sociales (Department of Health and Human Services), y aquí es donde está la clave de la información que Slate ha revelado: este departamento ha decidido derivar fondos del Ryan White HIV/AIDS Program, un programa aprobado por el Congreso en 1990, a iniciativa del senador Ted Kennedy, cuyo objetivo es el de proporcionar asistencia médica a personas que viven con VIH pero que carecen de seguro médico o cuyo seguro es insuficiente.

De acuerdo a la información de Slate, los documentos en los que se hace una prospección de las posibles necesidades ya tienen en cuenta la reciente firma por parte del presidente Trump de una orden ejecutiva para poner fin a las separaciones de menores inmigrantes de sus padres, lo que podría suponer que el coste final de toda la operación no fuera tan elevado. No obstante, la orden ejecutiva no supone el fin de las retenciones de menores, y según esos documentos la ORR seguiría por el momento funcionando como si la orden no existiese. De hecho, el proceso de transferencia de fondos del programa de VIH a la ORR ya habría comenzado.

Fuente Dosmanzanas

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Un tribunal federal tumba el «nuevo» veto a personas transgénero en el ejército de Donald Trump

Miércoles, 18 de abril de 2018

ejercito-trans-contra-trump-696x522 Un tribunal federal de Seattle tumba el reformulado veto del presidente Trump a que las personas transgénero sirvan en el ejército estadounidense, emitido a mediados de marzo después de que otro tribunal federal anulara el que emitiera el año pasado.

La Administración de Donald Trump no se limita a apelar la decisión de la juez, Collen Kollar-Kotelly, que revoca el veto a las personas transgénero a alistarse en el ejército, sino que a mediados del mes de marzo emiten una nueva ordenanza más concreta, a la que la Asociación Médica Estadounidense responde asegurando que «no existe razón válida desde el punto de vista médico». Exactamente lo mismo que opina una juez federal de Seattle, Marsha Pechman, que este viernes, 13 de abril, rechaza la nueva reformulación del veto a las personas transgénero en el ejército, señalando que «amenaza con las mismas violaciones que llevaron a otros tribunales a rechazar la prohibición en primera instancia».

Según la implementación de Trump, las personas trasngénero que no hayan sido diagnosticadas con disforia de género podrían servir en el ejército, pero sólo siempre que estén «dispuestas y sean capaces de cumplir con todas las normas asociadas con su sexo biológico». Pero para Pechman, exigir que las personas trasngénero desarrollen su actividad de acuerdo a su «sexo biológico» no constituye un servicio «abierto» de ninguna manera significativa, y no puede considerarse razonablemente una «excepción» del veto a las personas transgénero, tal y como el gobierno defiende. Es más obliga a las personas transgénero a suprimir la característica que les define como transgénero.

«Hasta la fecha, los demandados [el gobierno] no han podido identificar ni siquiera a un experto general o militar que haya sido consultado, a pesar de que se les ordenó hacerlo en repetidas ocasiones (…). De hecho, la única evidencia relacionada con la publicación de Twitter [del veto a trans] revela que los oficiales militares desconocían por completo el veto y que el cambio abrupto en la política fue ‘inesperado’. Incluso [el Secretario de Defensa James Mattis] recibió el aviso solo un día antes de la publicación de Twitter del presidente Trump», declara Pechman, quien ya se había pronunciado contra el veto a trans en el ejército el año pasado, cuando se publica por primera vez. Para la juez, las personas trasngénero son un grupo vulnerable al trato injusto y la discriminación únicamente por su identidad de género, por lo que debe ser examinada y considerada cualquier propuesta para excluirles categóricamente del ejército.

«Como ningún acusado ha sido identificado por los acusados, a pesar de las repetidas órdenes judiciales para hacerlo, el tribunal puede concluir que la prohibición fue ideada por el presidente y solo por el presidente», concluye Pechman, al no haber defendido el punto de vista de la Administración ningún miembro del gobierno o del ejército, lo que ratifica los informes de ThinkProgress y Slate de que este veto no se basa en ninguna recomendación militar en absoluto. Todo parece indicar que el vicepresidente, Mike Pence, organizó su propio grupo de trabajo, integrado por prominentes detractores de la comunidad LGBT, que concluyen que lo mejor que pueden hacer por su país y su gobierno es prohibir el acceso al ejército a las personas transgénero.

«El tribunal quiere exponer este veto intolerante por toda su fealdad en el juicio, y nos complace que lo haga. Si se trata de un informe completo lo que la juez quiere, entonces es un informe completo lo que le daremos (…). Esperamos poner a prueba el capricho y la crueldad de este veto discriminatorio contra las personas transgénero, donde puede ser relegado para siempre al basurero de la historia, junto con otras políticas militares viles que discriminan por raza, sexo y orientación sexual», declara Natalie Nardecchia, abogada principal de Lambda Legal, elogiando la decisión del tribunal, que determina que el nuevo veto es tan inaplicable como el primero.

Fuente Universogay

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