Noticia esperanzadora desde la India. La Corte Suprema ha admitido a trámite el último recurso posible en contra de la sentencia que reinstauró la penalización de la homosexualidad en el país asiático. Un panel de cinco jueces escuchará los argumentos de varios grupos de defensa de los derechos LGTB y decidirá sobre la derogación de la provisión homófoba.

El Tribunal Supremo de la India decididió el pasado día 2 admitir el recurso de amparo que eliminar la Sección 377 de su Código Penal, por la cual todas las lesbianas, gais, transexuales y bisexuales del país son considerados como »criminales» y penados por ello.

Desde que el Tribunal Supremo de La India aprobara la reinserción en el Código Penal de las relaciones entre personas del mismo sexo en 2013, numerosas iniciativas locales e internacionales han denunciado esta flagrante merma de los derechos y libertades del colectivo. El 11 de diciembre de 2013, la Corte Suprema de la India dictaminó en contra de la despenalización de las relaciones homosexuales que en julio de 2009 había decidido el Alto Tribunal de Delhi. La Corte Suprema consideró que el Alto Tribunal de Delhi se extralimitó en sus funciones, señalando que corresponde al poder legislativo derogar la sección 377, que tras la sentencia quedó de nuevo en vigor. Por consiguiente, las relaciones homosexuales actualmente son penadas en la India con hasta 10 años de prisión por ser consideradas un acto “contra natura”.

En enero de 2014, la Corte Suprema rechazó la petición del Gobierno indio y de varios grupos de defensa de los derechos humanos de reconsiderar su resolución. La última instancia posible ante el alto tribunal era la presentación de una curative petition, un recurso especial para que la decisión sea revisada por un panel de cinco jueces de la Corte, y que fue interpuesta en abril de 2014 por el prestigioso abogado Anand Grover representando a diversas organizaciones de defensa de los derechos LGTB (la ley obliga a que este recurso sea presentado por una de las partes agraviadas). Una de las organizaciones representadas es Naz Foundation, cuya demanda ocasionó la primera sentencia favorable del Alto Tribunal de Delhi.

Hoy conocemos que la ONG Naz Foundation y otros agentes sociales han visto prosperar su recurso de amparo ante el Supremo, que mañana decidirá si reconsidera su decisión y elimina la penalización de las relaciones homosexuales.

Las entidades solicitantes han alegado que existe un error en la sentencia dictada por la Corte Suprema en diciembre de 2013, por la cual, su decisión está basada en una ley antigua y derogada por el Tribunal Superior de Delhi.

Tal y como recogen medios como firstpost.com:

El juicio fue convocado el 27 de marzo de 2012, pero el veredicto no fue pronunciado hasta veintiún meses después. Durante este perído tuvieron lugar muchos cambios, entre los que se incluye la modificación de leyes, que no han sido consideradas por la Corte que dictó la resolución.»

En la petición solicitaron una audiencia para poder presentar sus argumentos contra una sentencia en la que encuentran graves errores de forma y fondo, como el no haber tenido en cuenta las alegaciones que presentaron las asociaciones LGTB, lo que supone una violación de sus derechos fundamentales, así como la ignorancia de los cambios legales que se habían producido en aplicación de la primera sentencia del Alto Tribunal de Delhi. También se criticaba que la sentencia diga que una parte minúscula de la población, en estimación de la Corte, no puede reclamar derechos fundamentales, lo cual según los recurrentes vulnera el articulado de la Constitución india que protege a las minorías. La sentencia, en definitiva, reflejaría un problema de sesgo en contra de los derechos de las personas LGTB.

El presidente de la Corte Suprema respondió que estudiaría detalladamente la solicitud y los informes presentados e informaría sobre su admisión. Cerca de dos años después, la decisión ha sido favorable, con lo que los solicitantes podrán presentar sus argumentos ante un panel de cinco jueces. La decisión devuelve la esperanza a la comunidad LGTB india. Máxime después de que la cámara baja del país rechazara el pasado mes de diciembre una proposición de ley para despenalizar las relaciones homosexuales, lo que da una idea de la dificultad de la vía legislativa en un parlamento bajo el dominio del conservador Partido Popular Indio (BJC).

En la audiencia preliminar del pasado martes sobre la curative petition, declararon Grover y Kapil Sibal a favor de la derogación de la sección 377. El primero recordó el clima de estigmatización y chantaje que se ha creado en torno a la comunidad LGTB tras la reinstauración de la provisión homófoba, mientras que Sibal apeló al respeto a la privacidad que queda violado por la misma. En la parte contraria a la modificación de la situación actual, se personaron una alianza de iglesias apostólicas y una organización islámica.

Habrá que esperar todavía para ver si el recurso prospera. De momento, el periódico The Times of India valora como precedente positivo que el ministro de Finanzas Arun Jaitley, del gobernante BJC, instara el pasado mes de noviembre a la Corte Suprema a reconsiderar la prohibición de las relaciones homosexuales. Estaremos pendientes de los futuros acontecimientos.

Los grupos de activismo también han declarado que en los últimos 4 años miles de personas de la comunidad LGTB se han hecho visibles en La India, por lo que tras la despenalización y posterior reinserción de la Sección 377 sus vidas ahora están amenazadas por un potencial procesamiento judicial.

Como defiende su solicitud, criminalizar las relaciones homosexuales viola los derechos fundamentales del colectivo, y mucho más si existe un régimen sancionador que considera la cadena perpetua para las personas »reincidentes».

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Más de 300 personas se congregaron este miércoles en la Plaça Sant Jaume de Barcelona para denunciar el acoso por LGTBfobia y reclamar que se despliegue de una vez, y lo haga con contundencia, la avanzada ley catalana contra la LGTBIfobia.

El desencadenante inmediato de la protesta ha sido el trágico suicidio de Alan, el adolescente transexual que se quitó la vida el pasado 24 de diciembre al no poder soportar la presión que sufría por parte de su entorno escolar. Y ello a pesar de que acababa de ver oficialmente reconocida su identidad masculina en el Documento Nacional de Identidad y de contar con el apoyo de su familia, lo que demuestra una vez más la extrema vulnerabilidad de las personas transexuales menores de edad.

Su muerte, que ponía sobre la mesa la necesidad de actualizar las leyes en materia de transexualidad (como por ejemplo la diputada madrileña Carla Antonelli reclamó en un artículo difundido, entre otros medios, en dosmanzanas), desató una remarcable reacción social que se acompañó de concentraciones en muy diversos puntos de la sociedad española. Pasado ya más de un mes, colectivos lGTB catalanes quisieron el pasado miércoles volver a recordar a Alan para que la tragedia no se pierda en el olvido y para reclamar que de una vez las instituciones desplieguen con todo su potencial y hagan efectiva la ley 11/2014 contra la LGTBIfobia aprobada por el Parlamento catalán hace ya casi año y medio. Uno de sus puntos, recogido en el artículo 12.6, afirma por ejemplo que “debe velarse por la concienciación y la prevención de la violencia por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género y ofrecer mecanismos a los centros para que detecten situaciones de discriminación o exclusión de cualquier persona por las dichas razones. En este sentido, debe promoverse el desarrollo efectivo de planes de convivencia con un especial énfasis en las medidas de prevención y de actuación contra el acoso de que pueden ser objeto las personas LGBTI en el medio escolar”.

Según recoge la crónica de La Directa (de la que tomamos también la foto del acto) en la concentración tomaron la palabra, por ejemplo, Verónica, una mujer trans a la que la Unidad de Género del Hospital Clínic de Barcelona ha denegado una vaginoplastia por el hecho de ser de edad “avanzada” (tiene 52 años) y disponer de pocos recursos económicos. “He encontrado más transfobia en las instituciones públicas que en la calle”, se lamentaba. Un grupo de niños y niñas trans, cuyas familias forman parte del colectivo Chrysallis, leyeron en voz alta varios puntos de la ley  11/2014. Chrysallis denuncia, por ejemplo, la ausencia de protocolos para abordar el acoso por a estos menores en los centros escolares de Cataluña, así como la escasa o nula formación de los profesores en este área. La concentración terminó con la lectura de un manifiesto por parte de la escritora Isabel-Clara Simó y del cantante Gerard Quintana, seguido por un minuto final de silencio en memoria de Alan.

No bastan leyes, hay que desarrollarlas y aplicarlas

El mismo miércoles, en Reus, la nueva consejera de Educación, Meritxell Ruiz, declaraba que la lucha contra el acoso es una de las prioridades de nuevo gobierno catalán, asegurando que sí existe ya un protocolo en los centros educativos. Protocolo que el portavoz del Observatorio contra la Homofobia, Eugeni Rodríguez, asegura no conocer. “Las entidades no lo hemos visto, ni lo hemos trabajado, y tampoco lo han hecho los colegios”, declaraba Rodríguez, que reclamaba también un teléfono específico de atención a las denuncias por LGTBIfobia, que hasta el momento se están derivando al 012, atendido por personas específicamente formadas.

Una vez más, como ya hemos recogido en otras ocasiones (por ejemplo, en relación a la ley integral de transexualidad de Andalucía) se pone de manifiesto que no solo basta con aprobar leyes: es necesario desplegarlas con el adecuado desarrollo reglamentario, dotarlas materialmente y asegurar que se implementen de forma efectiva. Mientras ello no se haga, un buen texto legal, pero que solo recoge principios e indicaciones generales, puede acabar convertido en papel mojado.

Fuente Dosmanzanas

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En una notaría de Bogotá fue inscripta una menor de edad, hija de una pareja del mismo sexo.

Este miércoles se dio otro logro para la comunidad LGTBI de Colombia. Una niña de siete meses y medio de nacida es la primera bebé colombiana que obtiene un registro civil en el que figuran dos mujeres como sus mamás.

La situación de los derechos de las familias LGTB en Colombia sigue dando pasos en la buena dirección. Pocas semanas después de que la Corte Constitucional rechazase, en primer lugar, que se pueda negar a un menor su derecho a ser adoptado por el hecho de ser los adoptantes una pareja del mismo sexo, y de que pocos días después fallase a favor de una pareja de hombres que en su momento no pudo registrar a sus dos hijos nacidos en California mediante gestación subrogada, ahora dos mujeres han podido registrar como madres a su hija, esta sí nacida en Colombia. Y lo han hecho acogiéndose precisamente a los derechos que esta última sentencia reconocía.

Además de dar vía libre a la inscripción de hijos nacidos por gestación subrogada, en esta última sentencia la Corte Constitucional ordenaba adecuar el formato de los registros de nacimiento y que estos admitiesen a los hijos de parejas del mismo sexo. El más alto tribunal colombiano consideró que los argumentos contrarios a estas inscripciones “se basan en una interpretación tradicional y heterosexual de la familia que aunque se encuentra plenamente protegida por la Constitución, no es la única unión familiar amparada por la Carta”. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que ya en 2011, en otra histórica sentencia, la Corte Constitucional de Colombia determinó que las parejas del mismo sexo están protegidas por el derecho constitucional a“conformar una familia”.

El caso de Juliana y Carla es especialmente simbólico porque, aunque cubierto por esta última sentencia de la Corte Constitucional, no ha sido examinado directamente por esta. Tras diez años de convivencia y con registro de una unión marital de hecho, la pareja quiso registrar a Luciana, una bebita concebida por inseminación artificial en la propia Colombia, sin tener que recurrir a la adopción en el seno de la misma pareja (posibilidad a la que también la Corte Constitucional ya dio vía libre en 2014). En su momento presentaron una acción de tutela que les fue denegada, pero esta última sentencia de la Corte les abrió las puertas.

La organización Colombia Diversa acompañó el caso. “Este es el primer caso de una niña nacida en Colombia porque ya teníamos los casos de niños nacidos en el extranjero que fue precisamente la tutela que dio paso a la sentencia de presunción de legitimidad”, ha expresado su directora, Marcela Sánchez. Sánchez ha explicado que ha habido ciertas dificultades y que el trámite se alargó durante dos semanas, al ser el primer caso de estas características que se acogía a la sentencia, pero “después hasta los mismos funcionarios de la registraduría lloraron de emoción”.

Insertamos a continuación un breve reportaje de CM& la noticia con declaraciones de las madres y de Marcela Sánchez:

Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, señaló que “estas dos madres presentaron una acción de tutela en el pasado, pero se las negaron. Sin embargo, hoy (este miércoles) la Registraduría autorizó el trámite a través de la sentencia de presunción de legitimidad”.

Según la activista, esto se logró a raíz de la sentencia SU- 696 de la Corte Constitucional de noviembre pasado. En esa providencia, de autoría de la magistrada Gloria Stella Ortiz, se analizó el caso de dos colombianos que son pareja y residen en Estados Unidos, y a quienes dos notarías de Medellín y dos de Itagüí les negaron la inscripción de sus hijos en el registro civil de nacimiento.

“Las notarías violaron los derechos fundamentales de los menores de edad a la dignidad humana, a la igualdad y no discriminación, al reconocimiento a la personalidad jurídica y la cláusula de la prevalencia de los derechos de los menores de edad”, dice uno de los apartes del fallo.

La decisión adoptada le ordena a la Registraduría que implemente un nuevo formato en el que “claramente se señale que en las casillas destinadas a identificar al ‘padre’ y ‘madre’ del menor de edad es admisible incorporar el nombre de dos hombres o dos mujeres, en el orden que voluntariamente señale la pareja para efectos de los apellidos legales de su hijo”.

Juliana González, una de las mamás de la pequeña, asegura que llevaban nueve meses y medio luchando para que les dejaran registrar a su hija en Colombia. “Es un logro para los niños, un reconocimiento a nuestra comunidad, un importante avance social y un mensaje de respeto”, dijo. La pareja lleva 10 años junta. Juliana es de Bucaramanga y es abogada.

A su vez, Carla, quien tuvo a Luciana, nació en Bogotá, es ingeniera química y trabaja para una multinacional. Su hija fue concebida por asistencia artificial de un donante que no conocen.

Luego de una sentencia emitida por la Corte Constitucional, en la cual se ordena modificar el formato del registro civil de nacimiento, la Registraduría Nacional del Estado Civil elaboró uno nuevo. Según Marcela Sánchez, en la entidad electoral “hay un formulario en el que se registra el nombre de los padres o de las madres, y son ellos quienes deciden el orden de los apellidos que tendrá el hijo”.

Fuente: El Tiempo/Dosmanzanas

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“HazteOir” lanza una campaña homófoba contra VIPs por incluir en su publicidad a una pareja gay

Presiona a la cadena de restauración para que “incluya y reconozca a la familia natural”

“Se está normalizando una imagen de la familia que no es natural”, aseguran

El lobby ultracatólico está dirigido por Ignacio Arsuaga, sobrino de Rodrigo Rato y uno de los supuestos líderes de “El Yunque”

 «Que el 2×1 no te pille sin pareja». Este es el lema de una campaña de la cadena de restaurantes VIPs, en el que el grupo incluye una imagen de dos hombres y un perro. La imagen, aparentemente una más de las muchas que a diario aparecen en los medios, ha levantado las iras de los movimientos más rancios y conservadores de este país, capitaneados -una vez más- por el lobby ultracatólico «HazteOir», que ha lanzado una campaña de firmas en la que presiona al grupo no sólo para que retire la publicidad, sino para que «incluya y reconozca a la familia natural» en sus estrategias de márketing.

Como decimos, la imagen de esta pareja gay utilizada en un anuncio promocional de la cadena de restaurantes VIPS ha provocado la indignación de una parte del sector más reaccionario de la sociedad española, que volvió a aprovechar la ocasión para defender su modelo excluyente de familia. “Cada vez son más las empresas que en sus campañas publicitarias desdibujan y excluyen, cada vez más a la familia natural, la compuesta por padre, madre e hijos”, aseguraba el promotor de la homófoba campaña de recogida de firmas canalizada a través de la plataforma HazteOír.

Todo empezó cuando hace unos días la conocida cadena de restaurantes, perteneciente al Grupo VIPS, decidió incluir la imagen de una pareja gay en su campaña de 2×1 en cenas. Un gesto con el que la empresa hostelera contribuye positivamente a la visibilización y normalización de la realidad LGTB.

Sin embargo, esta ‘anécdota’ no ha pasado desapercibida para la organización ultraconservadora y abiertamente homófoba, HazteOír, que en su día logró ser declarada asociación de utilidad pública de la mano del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Un usuario de esta plataforma, que no da tregua en su particular cruzada contra el colectivo LGTB, decidió iniciar una campaña de recogida de firmas para pedir la retirada de lo que para él constituye un “enorme peligro”.

Ignacio Arsuaga

De momento, la iniciativa cuenta ya con 10.200 firmas. “El jueves pasado fui a comer a VIPS. Y me encontré con un mantel individual con una imagen que me llamó mucho la atención […] Lo que podría parecer una campaña publicitaria inofensiva, me hizo darme cuenta de un enorme peligro: se está normalizando una imagen de la familia que no es natural.Y lo que es peor: VIPS, un grupo que rige establecimientos familiares, se está prestando para este juego”, asegura el denunciante.

Además, el autor de la denuncia aprovecha su escrito para negar la diversidad y apelar a la existencia de un único modelo de familia: el tradicional, compuesto por un hombre y una mujer. Así, señala que, aunque “entiendo la libertad de la empresa de hacer la publicidad que quiera”, no entiende que “si la mayoría de sus clientes son familias, VIPS decida excluirlas e ignorarlas”.

En resumen, al denunciante le preocupa que el modelo de familia tradicional pueda estar en peligro con campañas publicitarias como esta. “Estas imágenes, y otras parecidas, están por todos lados. En la calle, en los restaurantes del grupo y en las redes sociales. Y niños y jóvenes las están viendo. Niños y jóvenes que podrían ser tus hijos, tus sobrinos o tus nietos. Niños y jóvenes que están siendo confundidos […] Yo pensé en mis hijos y me preocupó mucho pensar que estaban siendo bombardeados con esta imagen. Pensé en las veces que vamos a un VIPS a merendar y en todas las familias veo allí, y que sé que suelen frecuentar sus establecimientos”, apostilla.

El debate se trasladó también a las redes sociales. Así, la activista Carla Antonelli, a la que dosmanzanas entrevistó recientemente, felicitó, a través de Twitter, a la cadena VIPS por su inclusiva iniciativa. Por su parte, la propia empresa, a través de su perfil en la red social, respondió con contundencia a la pregunta de un tuitero acerca de si cedería ante la homofobia de Hazteoír: “Respetar a las personas valorando su diversidad es el primer principio de la misión corporativa de Grupo VIPS. Esta filosofía rige y ha regido siempre el día a día de nuestro negocio. Gracias Alber“.

HazteOir fue fundado y es dirigido por Ignacio Arsuaga, un conocido militante de grupos provida, sobrino de Rodrigo Rato y al que distintos informes relacionan como uno de los líderes de «El Yunque«, una organización secreta de presión homófoba y ultracatólica, que ha generado alerta incluso entre los propios obispos. Algunos de ellos, como los de Toledo o Getafe, han prohibido a HazteOir participar en actividades diocesanas o utilizar parroquias o centros de la Iglesia mientras no abandonen este tipo de activisto secreto.

Arsuaga, además, es uno de los responsables de las manifestaciones convocadas durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para oponerse a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, la reforma de la ley del aborto o la implantación de Educación para la Ciudadanía. Su deriva les ha llevado a calificar de «contrarias a la familia» las políticas del Gobierno presidido por Mariano Rajoy, llegando a pedir a sus fieles que no votasen al PP en las pasadas elecciones generales.

Con estos antecedentes, no es de extrañar que en la campaña de recogida de firmas, HazteOir niegue la diversidad existente en nuestro país, y reivindique la existencia de un único modelo de familia: el compuesto por un hombre y una mujer, abierto a la vida y casados por la Iglesia. «No entiendo que si la mayoría de sus clientes son familias, VIPS decida excluirlas e ignorarlas», señala el autor de la iniciativa, quien va más allá y asegura que este tipo de imágenes pueden poner en peligro a la institución familiar.

«Estas imágenes, y otras parecidas, están por todos lados. En la calle, en los restaurantes del grupo y en las redes sociales. Y niños y jóvenes las están viendo. Niños y jóvenes que podrían ser tus hijos, tus sobrinos o tus nietos. Niños y jóvenes que están siendo confundidos […] Yo pensé en mis hijos y me preocupó mucho pensar que estaban siendo bombardeados con esta imagen. Pensé en las veces que vamos a un VIPS a merendar y en todas las familias veo allí, y que sé que suelen frecuentar sus establecimientos», culmina la homófoba recogida de firmas.

Desde luego, el promotor de esta ridícula campaña tiene nuestro desprecio más absoluto, a la vez que felicitamos y aplaudimos la valentía de VIPS por su iniciativa, y por la manera en que gestos como este contribuyen a normalizar una realidad social.

Esta es la petición que se está lanzando a través de su web:

Incluyan a la familia natural en su publicidad

Estimado Sr. Plácido Arango,

Me dirijo a Ud. en su condición de Presidente del Grupo VIPS.

El motivo de mi mensaje, es para expresarle mi molestia y preocupación por su más reciente campaña «Que el 2×1 no te pille sin pareja». El motivo de mi agravio, es que a pesar que sus establecimientos tienen como clientela principal a familias, esta campaña publicitaria propaga una imagen que normaliza a la familia no natural.

Se olvida por completo de la familia natural y muestra una imagen que confunde a los niños y adolescentes que también acuden a sus establecimientos.

Es por eso que le pido que por favor, en esta y en las próximas campañas publicitarias, se incluya y se reconozca a la familia natural. 

Espero que atienda mi reclamo, ya que las familias componemos parte importante de su clientela. De no hacerlo, mi familia y yo dejaremos de acudir a sus establecimientos y me encargaré de informar a mis familiares y amigos sobre este hecho.

Atentamente,

[Tu nombre]

Fuente Dosmanzanas/Religión Digital

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I love Australia. I’m honored to represent Australia and i miss Australia every single day. But it is never far from my mind that the amazing country i call home is yet to legalize same-sex marriage. Australia it is time for equality!

El deportista australiano Simon Dunn, el primero abiertamente gay en representar a su país en la disciplina de bobsleigh, ha compartido en su cuenta de Instagram una fotografía vestido con su uniforme, en la que se muestra el siguiente texto: “Si puedo representar a mi país en el deporte, debería permitírseme casarme con la persona que amo”.

Simon Dunn, que también es jugador profesional de rugby, salió públicamente del armario en 2014. En aquella ocasión declaraba que “como practicante australiano de bobsleigh, compito en un deporte poco reconocido e hipermasculino. Como atleta abiertamente gay, me apasiona representar a mi país, y redefinir la identidad de este deporte, que no está vinculado a la orientación sexual”.

Ahora entrena duramente para poder competir defendiendo los colores de Australia en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018, que tendrán lugar en Corea del Sur. Pero también ha querido lanzar su mensaje para dejar patente que, en cuanto a sus derechos civiles, el país al que representa en las distintas competiciones le discrimina y le trata como a un ciudadano de segunda clase. Por ello, a su imagen en Instagram ha añadido el siguiente texto: “Amo Australia. Me siento honrado de representar a Australia, y la echo de menos cada día. Pero no se me quita de la cabeza que este increíble país al que llamo mi hogar todavía no ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¡Australia, es la hora de la igualdad!”.

El deportista confiesa también que le ha conmovido la historia de Marco Bulmer-Rizzi, el ciudadano británico que perdió a su marido David cuando disfrutaban de su luna de miel en Australia, y que vio cómo la administración de ese país no le reconocía como viudo y le ninguneaba en todas las tomas de decisiones en un momento tan importante y delicado. “Es una historia realmente desgarradora”, comentaba Dunn, “Australia, no solo es hora ya de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino también de reconocer los matrimonios que se han llevado a cabo en el extranjero, cualquier otra cosa es una auténtica injusticia. Estas leyes obsoletas han negado a un marido cariñoso sus derechos en sus horas más difíciles. El amor entre las parejas de gais y lesbianas no es menor que el de las parejas heterosexuales”.

Una sociedad favorable con líderes contrarios la igualdad

General, Historia LGTBI Australia, Bobsleigh, David Bulmer-Rizzi, Deporte, Discriminación, Homofobia, Juegos Olímpicos, Marco Bulmer-Rizzi, Matrimonio, Simon Dunn

La gran coalición de Gobierno alemana entre democristianos y socialdemócratas da muestras, una vez más, de su nulo compromiso con la igualdad LGTB. La CDU/CSU de la canciller Angela Merkel y el SPD del vicecanciller Sigmar Gabriel han votado en contra de una propuesta de Los Verdes que pretendía equiparar a las parejas del mismo y de distinto sexo en el acceso a las ayudas estatales para los tratamientos de reproducción asistida.

Hasta principios de este año, tan solo las parejas casadas (necesariamente heterosexuales, por tanto), tenían derecho a recibir una prestación pública que cubriera parte de los costes de un tratamiento de fecundación asistida. La ministra de Sanidad, la socialdemócrata Manuela Schwesig, anunció en la primera semana de enero que facilitarían “a todas las parejas”, con independencia de si están casadas o no, la posibilidad de tener hijos propios. La alegría inicial de muchos se tornó en desolación cuando comprobaron en la letra pequeña que la ministra se refería a todas las parejas… entre hombre y mujer.

El grupo parlamentario verde ya había presentado una proposición de ley al respecto en el Bundestag, la cámara baja del Parlamento alemán. El objetivo era precisamente acabar con la discriminación existente en la concesión de estas ayudas a la fecundación in vitro y que se pudieran beneficiar de las mismas también las parejas de lesbianas. La votación en la comisión de Sanidad este miércoles contó con los votos a favor de Los Verdes, la abstención de La Izquierda y la oposición de CDU/CSU y SPD, las formaciones que apoyan al Gobierno de Merkel.

La votación negativa no produce ninguna sorpresa en lo que respecta a los democristianos: el partido de la canciller no se ha movido ni un milímetro de sus posiciones contrarias a la igualdad LGTB. No se les puede acusar de incoherencia, puesto que ya lo dejaban claro antes de las elecciones alemanas de septiembre de 2013. Algunos confiaban, sin embargo, en que se produjera algún avance durante la conferencia del partido el pasado mes de diciembre, cosa que no ocurrió.

Por el contrario, “Igualdad al 100 %, solo con nosotros” era el eslogan LGTB de la campaña del SPD para las últimas elecciones. Una promesa que apenas tardaron dos meses en abandonar y que incumplen con cada votación en la que los socialdemócratas se alían con sus socios de Gobierno contra los derechos LGTB. Ejemplos no faltan, como el rechazo a la adopción conjunta homoparental o a la inclusión de la homofobia y la transfobia en la ley de delitos de odio. Los pocos avances que se han producido han llegado casi siempre empujados por sentencias del Tribunal Constitucional. Una situación que no deja mucho espacio al optimismo de cara al próximo debate en el Bundestag sobre un proyecto de ley de matrimonio igualitario presentado también por Los Verdes.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alemania, Angela Merkel, Bundestag, CDU, CSU, Die Grünen, Die Linke, Discriminación, Manuela Schwesig, Reproducción asistida, Sigmar Gabriel, SPD

Interesante artículo…

Es demasiado corriente -y lamentable- encontrarse en webs y apps de contactos anuncios y mensajes del tipo »No plumas», »No viejos», »Sólo tíos de gym», »No extranjeros»… Iván Zaro, trabajador social de Imagina MÁS, nos explica por qué es necesario que desterremos de nuestros perfiles esta información altamente discriminatoria

Las aplicaciones de contactos privados entre LGTB acortan distancias entre nosotros. Estas herramientas, junto con las redes sociales, nos interconecta en un mundo virtual, donde aparentemente tenemos las mismas oportunidades para establecer comunicación y conocernos.

Pero desgraciadamente es habitual caer en la reducción de personas, con sentimientos, dignidad y derechos -entre los cuales destaca el de no ser discriminado- a simples perfiles, fotografías, vídeos, cuerpos, genitales y/o oportunidades de descargar nuestras ganas de sexo.

Esta cosificación conlleva un grave ataque a valores fundamentales, pues pasamos de ser personas con multitud de características, aptitudes, virtudes y experiencias enriquecedoras a una simple moneda de cambio. Un cuerpo, un genital, una práctica sexual ante la cual rechazamos -y por tanto, podemos ser rechazados-. La terrible consecuencia de ello es la sensación de que estamos perdiendo el arte de la comunicación, el flirteo y la naturalidad que esconde la seducción.

El juez se sienta en el banquillo

La inmediatez que ofrecen estas aplicaciones, así como la impunidad -y tranquilidad- que encontramos en la posibilidad de hacer desaparecer -bloquear- de nuestro contexto virtual aquello que nos incomoda, alimenta nuestro rol de juez más duro, aceptando -al menos en principio-, las condiciones del juego, justificando que a su vez podamos ser rechazados por nuestra fisionomía, características fisiológicas y/o personales.

El problema llega cuando, ante ciertas actitudes discriminatorias, aceptamos como »normal» o habitual determinados comportamientos que atentan contra la libertad individual en aras de la libertad de expresión.

Perfiles con mensajes del tipo »No locas», »No plumas», »No latinos», »No viejos», »Sólo gente de gym» o »Sólo masculinos’‘ son advertencias frecuentes en diversas apps y webs de contactos. Es lícito expresar nuestras preferencias sexuales, pero se puede y debe hacer con respeto.

A menudo detrás de estos mensajes se encierra la homofobia, la transfobia, el racismo y mercantilismo del cuerpo. Por ejemplo, existen múltiples masculinidades, pero es machista -por no decir arcaico- reducir a un exclusivo patrón de comportamiento de género para todos los hombres. Quien no encaje dentro de ese modelo, sin duda se mostrará ante nuestros ojos como un »hombre defectuoso», no siendo masculino y por tanto, no siendo hombre.

Algo similar sucede con »la pluma’‘: Es lícito que un hombre no sienta, a priori, deseo sexual por otro a causa de su pluma, pero cuesta mucho creer que no lo haya sentido en algún momento de su vida; por lo que, aunque lo especifique en el perfil, no es real que todos los hombres con pluma le disgusten.

Y cabe mencionar que, en el caso de que así fuera, a través de las apps no solo se puede encontrar sexo, también entablar nuevas amistades o al menos comunicación con otras personas.

No son preferencias, es discriminación

Es necesario ser claros en este punto: cuando los aspectos personales como la pluma, la masculinidad(es), la nacionalidad, situación administrativa, estado serológico, diversidad funcional (o discapacidad) u origen étnico, suponen un motivo para no mantener una simple conversación a través de las app, como en la vida real, estamos ante un acto discriminatorio fundamentado en la homofobia/transbofia, racismo y/o serofobia.

Además, con este tipo de prácticas se reduce a la comunidad LGTB a simples cuerpos susceptibles de deseo e interés sexual. Si una persona en un bar no quisiera mantener una conversación con otro cliente del establecimiento por ser de origen indígena, tener movilidad reducida, ser sordo, tener VIH, tener pluma, superar los 50 años, no tener un cuerpo fibrado, no ser estereotipadamente atractivo o ser transexual, ¿qué sucedería?

Entonces, ¿por qué parece ser aceptado en las webs y apps de contacto LGTB?. Sin duda la inmediatez hace que los usuarios de estos perfiles optimicen el tiempo en busca de satisfacer sus necesidades sexuales. Sólo que hay que entender que no podemos exigir respeto a la sociedad en sentido amplio sin respetarnos entre nosotros, eso pasa por no alimentar comportamientos homofóbicos ni racistas.

Otro tema interesante es que a menudo, en el sexo como en la vida, la comida rápida suele ser considerada comida basura. Es decir, que puntualmente puede quitar el hambre pero no sustituye una dieta saludable y equilibrada.

Mucha liberación de los cuerpos… ¿y las mentes?

No seremos nosotros quienes digamos como se debe vivir la sexualidad. A menudo no tenemos el sexo que queremos ni de la calidad que deseamos, pero siempre es mejor sentirnos bien y plenos. Y esto ocurre cuando se amplian las fronteras de la sexualidad y se derriban los viejos muros que nos constriñen.

Esto pasa por dedicar tiempo a conocer nuestro cuerpo, lo que nos agrada hacer y que nos hagan, que fantasías recurrentes tenemos en nuestro interior en el momento presente, intentando llevarlas a la práctica. Entendiendo la sexualidad como un organismo vivo que crece y evoluciona más que como »sexo evacuativo’‘, en el que reducimos un amplio universo a una mera función inmediata.

Hay que destacar que, como seres humanos, estamos diseñados para realizar búsquedas constantemente, por esa razón nos encontramos con los mismos perfiles en unos y otros entornos de contacto que cayeron en el sistema de búsqueda, recompensa y motivación del cerebro.

Esto se debe a que estar on-line genera sentimientos estimulantes, una sensación de que algo muy interesante y excitante está pasando -o está a punto de pasar-. El sistema de búsqueda activa entonces un proceso de motivaciones que se traduce en conductas constantes de contacto-bloqueo o contacto-aceptación con otros perfiles.

Tal vez debamos tener en cuenta que esta inercia reduce las posibilidades de llegar a conocer a otras personas, dando oportunidad a un enriquecimiento personal, además de tomar conciencia de que ciertas actitudes discriminatorias no son tolerables ni en la vida real ni en las apps.

De esta manera creceremos en libertad y tolerancia, y de paso descubriremos lo mucho que aún nos queda por explorar.

Salud y sexo,

General Apps, Discriminación, Mercantilismo, Racismo, Serofobia, Sexo

Magnífica noticia la que nos llega desde México. En una votación unánime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha aprobado este martes invalidar el artículo 260 del Código Civil del estado de Jalisco, que establecía que el matrimonio solo era válido si era contraído entre un hombre y una mujer. La acción de inconstitucionalidad había sido promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Así lo ha hecho saber la SCJN en un comunicado oficial:

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 28/2015, de manera unánime, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que una porción impugnada del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco era inconstitucional ya que atentaba contra la autodeterminación de las personas y contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y, de manera implícita generaba una violación al principio de igualdad, porque a partir de ese propósito se daba un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo.

En esta ocasión, y a diferencia de otras que hemos recogido en el pasado, la sentencia de la SCJN supone que todas las parejas del mismo sexo que lo deseen podrán contraer matrimonio en Jalisco sin necesidad de recurrir ya a amparo alguno. Esto es así porque la SCJN se pronuncia en respuesta a una acción de inconstitucionalidad que ha sido promovida dentro del plazo legal tras un nuevo acto legislativo (en este caso, el artículo 260 del Código Civil fue reformado en marzo por el Congreso de Jalisco, reforma publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 4 de abril de 2015). Y aunque la reforma no se refería expresamente a esta cuestión, sí permitía que se iniciase la acción de inconstitucionalidad.

En cambio, en las anteriores sentencias que han establecido la inconstitucionalidad de normas similares en otros estados la SCJN se ha pronunciado en respuesta a amparos presentados por particulares. Este mecanismo solo ampara a dichos particulares pero no supone, como tal, la invalidación de la norma.

Seis estados (más el Distrito Federal) con matrimonio igualitario sin trabas

Jalisco se convierte así en el sexto estado mexicano con matrimonio igualitario pleno (además del Distrito Federal, que no es propiamente un estado). Ello ha sido así por decisión de sus órganos legislativos en el Distrito Federal (desde 2009), en el norteño el estado de Coahuila (desde septiembre de 2014) y en el estado de Nayarit, en la costa del Pacífico (cuyo Congreso local lo aprobó por aplastante mayoría hace poco más de un mes). Y ya en 2010 la Suprema Corte de Justicia determinó, por cierto, que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal era extensiva a todo el país.

El matrimonio igualitario también es posible en el estado de Quintana Roo (en la península de Yucatán), cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer. En otros dos estados, Chihuahua y Guerrero, los propios gobiernos estatales son los que han decidido, como consecuencia de las diversas sentencias judiciales, dejar de poner trabas a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo con carácter general sin que formalmente se haya aprobado una ley de matrimonio igualitario, por lo que pueden considerarse de facto parte de la lista.

Y un escenario judicial favorable en el resto

En el resto de estados también se celebran bodas entre personas del mismo sexo, pero solo después de que las parejas reciban el correspondiente amparo judicial. De especial importancia fue, en este sentido, la histórica sentencia que en 2012 emitió la Suprema Corte y que amparó a tres parejas del estado de Oaxaca a las que no se les permitía contraer matrimonio por considerar que se violaba el principio de igualdad. Argumentaciones equivalentes se reprodujeron luego en múltiples amparos a particulares a lo largo y ancho del país, a los que tanto los jueces federales como la propia SCJN daban la razón (especialmente importante fue la sentencia emitida en abril de 2014 a favor de 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca).

Un proceso que recibió en noviembre el espaldarazo definitivo con la decisión de la SCJN de emitir una tesis jurisprudencial que marca de forma expresa el criterio que deben seguir los tribunales ante cualquier amparo que se les presente sobre la materia. La tesis no solo expresa que “no existe razón de índole constitucional para no reconocer” el matrimonio igualitario, sino que cierra definitivamente el camino a las legislaciones de “unión civil” similares en todo al matrimonio excepto por el nombre, al considerar que ello supone ya de por sí una discriminación.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya ha pedido la extensión a todo el país

Especialmente encomiable ha resultado en el caso del estado de Jalisco la actuación de la CNDH, una entidad gubernamental autónoma (que puede considerarse equivalente a las Defensorías del Pueblo de otros países) y que es una de las que cuenta con capacidad legal para promover acciones de inconstitucionalidad. Una actuación acorde con su función, la de defender los derechos humanos, que la ha llevado a defender de una forma clara y ejemplar el matrimonio igualitario.

Este pasado diciembre, de hecho, el organismo emitía una recomendación oficial a los titulares de los poderes ejecutivos y a los órganos legislativos de todos los estados del país para que adecuasen los correspondientes ordenamientos en materia civil y/o familiar. “Este Organismo Nacional enfatiza que la orientación sexual no puede ser un criterio relevante para diferenciar el acceso al disfrute del derecho de protección a la familia que se encuentra consagrado en nuestra Constitución, el cual puede ser el mismo, tanto para las parejas del mismo sexo como las heterosexuales. Solamente el Distrito Federal y Coahuila han modificado sus códigos civiles y/o familiares para permitir el matrimonio igualitario y, si bien es cierto que algunos gobiernos estatales han intentado regular el acceso a las parejas del mismo sexo a uniones civiles con la creación de figuras jurídicas diferenciadas del matrimonio, tales como ‘sociedad de convivencia’, ‘pacto civil de solidaridad’, ‘enlace conyugal’, resultan discriminatorias pues generan regímenes distintos de derecho para regular una situación equivalente”, expresaba entonces la CNDH.

Todo un ejemplo a seguir por organismos equivalentes de otros países…

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Comisión Nacional de Derechos Humanos (México), Discriminación, Guerrero, Jalisco, Matrimonio, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Suprema Corte de Justicia de México

En materia de derechos LGTB, pocos políticos tan mentirosos hemos conocido como Nicolas Sarkozy. Durante su anterior etapa en la presidencia de la República Francesa incumplió su promesa de mejorar el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo. Tras perder las elecciones frente al socialista François Hollande, que sí cumplió con la promesa de legalizar el matrimonio igualitario (aunque dejó otras por el camino…) se convirtió en adalid de la peor homofobia, asegurando que derogaría la ley si volvía al poder. Ahora asegura que no lo hará.

La presidencia de Nicolas Sarkozy se caracterizó por la negativa a permitir ningún avance en materia LGTB, y ello pese a que en la campaña de 2007 había prometido mejorar el PACS (Pacte Civile de Solidarité, la figura jurídica abierta a las parejas del mismo sexo pero con derechos mucho más restringidos que los del matrimonio que el gobierno socialista de Lionel Jospin promovió en 1999) y convertirlo en una verdadera unión civil con derechos similares a los del matrimonio entre heterosexuales (dejando fuera la adopción). No fue así, y de hecho durante la campaña electoral de 2012 recuperó su perfil más conservador y justificó el incumplimiento de aquella promesa con el argumento de que “nos dimos cuenta de que sería inconstitucional reservar un contrato así solo a los homosexuales. Este contrato de unión civil habría socavado la institución del matrimonio”.

Finalmente el Partido Socialista francés se hizo con la mayoría en el Parlamento y Hollande ganó las presidenciales. El matrimonio igualitario fue finalmente aprobado, pero las fuerzas de la derecha (política y social) aprovecharon las vacilaciones de los socialistas durante el proceso y promovieron la que hasta la fecha ha sido la mayor campaña de odio contra el matrimonio igualitario vista en un país de la Europa occidental. GayLib, el que era grupo LGTB de la UMP, acabó de hecho por desvincularse del partido ante la hostilidad desplegada por sus compañeros. La reacción fue tal que movimientos fuertemente homófobos como la Manif pour tous adquirieron vida propia y se convirtieron desde entonces en agentes que condicionan de forma significativa la política francesa.

Sarkozy, en su afán por recuperar popularidad entre la derecha, se sumó sin dudarlo a la ola homófoba. En noviembre de 2014, en un acto de Sens commun, uno de los movimientos nacidos al calor de las movilizaciones contra el matrimonio igualitario pero afín a la UMP, prometió derogar la ley que lo hace posible si llegaba de nuevo al poder. En aquel momento Sarkozy hacía campaña para ser elegido presidente de la UMP (cosa que consiguió, por cierto) y sus declaraciones fueron interpretadas como un movimiento para hacerse con el favor del sector más conservador de su partido frente a su gran rival interno, Alain Juppé, que no se presentaba como candidato a ese cargo pero al que muchos ven como el gran rival de Sarkozy en las elecciones primarias de las que en 2017 deberá salir el próximo candidato conservador a la presidencia de la República. Juppé, más centrado que Sarkozy, se había alejado ya de los posicionamientos más extremos y se había declarado de forma explícita a favor del matrimonio igualitario y de la adopción homoparental.

Ahora Sarkozy, quizá habiendo recalculado sus fuerzas y ante la pujanza del Frente Nacional (un partido también contrario al matrimonio igualitario pero que en todo este proceso ha preferido huir de la primera línea), vuelve a dar un giro de 180 grados. Ha sido en un libro que acaba de publicarse, La France pour la vie, en el que repasa su trayectoria política, y en que “lamenta vivamente” no haber cumplido su viejo compromiso de aprobar la unión civil entre parejas del mismo sexo. Respecto al matrimonio igualitario, defiende que Hollande debería haberlo llevado a referéndum, pero una vez aprobado asegura que no ha lugar a dar marcha atrás y “descasar” a las parejas que han contraído matrimonio. “Es un punto sobre el que, lo asumo, he evolucionado”, afirma.

Estupor de los grupos homófobos

La marcha atrás de Sarkozy, como era de esperar, ha generado estupor entre los grupos homófobos. Es el caso de La manif pour tous, que lo acusa de traicionar sus convicciones y que le ha solicitado ya una entrevista para pedirle explicaciones y ofrecerle “soluciones jurídicas” para las parejas ya casadas en caso de que se derogase la ley. El giro tampoco ha sentado bien en Sens commun, que lo califica de “deplorable” y que ha anunciado que no apoyará a ningún candidato republicano que no respete sus compromisos en esta materia.

También en su propio partido (que por cierto ya no es la UMP, formación que como tal dejó de existir en 2015 para convertirse en una nueva marca, “Los Republicanos”) se han comenzado a escuchar voces críticas. Es el caso de Hervé Mariton, el que fuera uno de sus competidores por la presidencia de la UMP y que también optará por ser elegido candidato de la derecha a las presidencia de la República, que en un tuit dice lamentar la marcha atrás de Sarkozy y asegura que él sí “mantiene su compromiso”.

Una situación política, en cualquier caso, poco prometedora

La marcha atrás de Sarkozy puede considerarse una buena noticia, más allá de que el personaje tenga un más que evidente déficit de credibilidad. En este momento, y salvo nuevo giro de la situación, los dos candidatos que parecen con más posibilidades de ser candidatos de la derecha a las próximas elecciones presidenciales, Juppé y Sarkozy, no serían hostiles al matrimonio igualitario.

En cualquier caso, incluso al margen de Los Republicanos, la situación de los derechos LGTB en Francia arroja pocos motivos para el optimismo, dada por un lado la pujanza del Frente Nacional y por otro el giro derechista del Partido Socialista tras el nombramiento como primer ministro de Manuel Valls. Valls, recordemos, dio al traste con las intenciones de su predecesor de permitir a las mujeres lesbianas el acceso a la reproducción asistida, solo permitido en Francia a parejas de distinto sexo, casadas o no, que además deben acreditar la esterilidad de al menos uno de sus miembros. Se trata de una prohibición total, que afecta tanto a la sanidad pública como a la privada, y que obliga a cualquier mujer francesa sin pareja masculina que desee ser madre a acudir (si se lo puede permitir) a clínicas privadas de países vecinos, como Bélgica, Holanda o España. Hace pocas semanas, de hecho, Le Monde denunciaba como aún hoy un médico que colabore con una pareja de lesbianas para ayudarle a ser madres se expone a una pena de cárcel de cinco años de prisión y multa de 75.000 euros. Increíble, pero cierto.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alain Juppé, Discriminación, Francia, François Hollande, Frente Nacional, GayLib, Hervé Mariton, Homofobia, La France pour la vie, Le Monde, Lionel Jospin, Los Republicanos, Manif pour tous, Manuel Valls, Matrimonio, Nicolas Sarkozy, Partido Socialista francés, Reproducción asistida, Sens commun, UMP, Uniones Civiles

El presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, ha bloqueado ley de adopción homoparental aprobada por amplia mayoría en el Parlamento de Portugal. Un movimiento que reafirma su oposición al derecho y que puede ser una de sus últimas actividades como jefe de Estado del país luso.

Aníbal Cavaco Silva, presidente de la república de Portugal, ha decidido concluir su mandato con el veto a la ley que permitiría la adopción de menores a las parejas del mismo sexo, una medida largamente esperada por los defensores de los derechos LGTB, pues Portugal era el único país europeo con matrimonio igualitario, pero sin adopción homoparental. Sin embargo, la decisión de Cavaco Silva tan solo conseguirá retrasar la promulgación de la ley, pues las fuerzas de izquierda, mayoritarias en el Parlamento, ya han comunicado que votarán para levantar el veto. De cumplirse los plazos establecidos reglamentariamente, sería el propio Cavaco Silva quien debería promulgar la ley tras el levantamiento del veto, pues permanecerá como jefe de Estado en funciones hasta que ceda su cargo al ganador en las últimas elecciones presidenciales, Marcelo Rebelo de Sousa. Sea como sea, Aníbal Cavaco Silva ha querido finalizar su cometido como jefe de Estado haciendo gala una vez más de su inveterada LGTBfobia.

Portugal dio inicio el domingo a sus Elecciones Presidenciales, unos comicios que en su primera vuelta apuntan al ascenso de Rebelo de Sousa (PSD) como sustituto de Aníbal Cavaco Silva.

No obstante, a pesar de que el proyecto legislativo que pretende llevar la adopción homoparental a la república ibérica ha sido ampliamente apoyado por el Parlamento, Cavaco Silva ha aprovechado sus últimos días en el Palacio de Belém para bloquearla junto a la reforma de su ley del aborto. Este veto se debe a la orientación izquierdista de la nueva mayoría en la Cámara, que se opone frontalmente a las políticas de corte conservador y ultrarreligioso que el presidente Caravaco Silva ha impulsado durante la última legislatura.

El pasado 20 de noviembre de 2015, el Parlamento portugués aprobaba un conjunto de proyectos de ley para permitir la adopción homoparental, presentados por el Partido Socialista (PS), el Bloque de Izquierda, Los Verdes y el partido animalista Personas-Animales-Naturaleza (PAN). Las iniciativas recibieron el voto favorable de prácticamente toda la izquierda (se abstuvo Isabel Oneto, una diputada socialista) e incluso recibió 19 votos favorables de las filas del centroderechista Partido Social Demócrata (PSD), que en esa ocasión había dado libertad de voto a sus diputados.

Las iniciativas legislativas aprobadas fueron sometidas al dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías del Parlamento, que consensuó un texto unificado de todas ellas, al que dio su aprobación con fecha 16 de diciembre. Tan solo dos días después, el 18 de diciembre, el texto definitivo fue puesto de nuevo a consideración del Parlamento, que lo aprobó con los votos favorables de los todos los representantes de los partidos de izquierda (exceptuando la abstención del socialista António Cardoso) y de 17 diputados del PSD.

La redacción definitiva de la ley regresó a la Comisión de Derechos y Garantías del Parlamento, que le dio su visto bueno el 23 de diciembre y ordenó su publicación. Tan solo faltaba el trámite de su promulgación por parte del jefe del Estado, el presidente de la república Aníbal Cavaco Silva.

Según ha manifestado Cavaco Silva, la legislación que iguala los derechos de adopción entre parejas hetero y homosexuales es »un cambio radical que requiere la consulta pública más amplia». De la misma manera ha afirmado que el Parlamento no ha demostrado que respalda suficientemente »el interés superior del menor’‘

A su vez, el jefe de Estado Portugués también ha vetado la decisión del Parlamento de eliminar la consejería obligatoria para mujeres que quieren interrumpir su embarazo, alegando que el asesoramiento es un requisito común en otros países europeos y su eliminación merma el derecho a la información.

Después de este movimiento, se espera que el voto de dos tercios de la Cámara obligue a la Presidencia de la República a aprobar ambas leyes. No obstante, en vez de Cavaco Silva, puede ser el presidente entrante, Rebelo de Sousa, quien finalmente la ejecute.

El veto presidencial como recurso al pataleo

Pero Cavaco Silva tenía pensado terminar su mandato presidencial evidenciando una vez más su inveterada LGTBfobia, que ya se puso de manifiesto durante la aprobación del matrimonio igualitario en 2010, para cuya promulgación puso todo tipo de objecciones y cortapisas. Así, una de sus últimas decisiones como presidente ha sido la de vetar la ley de adopción homoparental y devolverla al Parlamento, lo que hizo oficialmente el pasado 23 de enero.

Su excusa para el veto ha sido que, para él, “es importante que no se introduzca un cambio tan grande en un asunto social sin que haya un debate público”, insinuando así la celebración de una consulta popular. También declaraba que había prevalecido en su criterio “el interés de los niños sobre la igualdad entre las parejas del mismo y distinto sexo”. Además, sabiendo que la mayoría parlamentaria de las fuerzas de izquierdas es suficiente para levantar su veto, advertía sibilinamente de que Portugal tiene problemas económicos y sociales más graves que la adopción homoparental.

A pesar de la advertencia, las fuerzas de izquierda han comunicado que procederán al levantamiento del veto a la mayor brevedad, posibilidad que se podría dar incluso esta misma semana. En todo caso, aunque la votación tuviera lugar al término de los quince de plazo establecidos legalmente, sería el propio Cavaco Silva quien tendría que promulgar la ley. El reglamento indica que la promulgación debe efectuarse dentro de los ochos días posteriores al levantamiento del veto, y la investidura como presidente de la república de Marcelo Rebelo de Sousa, ganador en las recientes elecciones presidenciales, no tendrá lugar hasta el 9 de marzo, por lo que Cavaco Silva sería aún el jefe de Estado en funciones. En caso de no hacerlo, estaría violando la Constitución portuguesa, aunque no hay sanción establecida para un caso semejante. Aún así, la ley podría ser promulgada una vez que tomara posesión de su cargo el nuevo presidente, Rebelo de Sousa, que ya ha declarado que no tendría ningún inconveniente en hacerlo.

Cabe recordar que la ley de adopción homoparental fue aprobada por el Parlamento, por iniciativa de los partidos de izquierda, antes de que se formara gobierno tras las elecciones generales del 4 de octubre, pues Cavaco Silva rehusaba nombrar otro primer ministro que no fuera su correligionario Pedro Passos Coelho, del PSD. Sin embargo, su nombramiento fue objeto de una victoriosa moción de censura por parte de la mayoría parlamentaria de izquierdas. Aun así, no fue hasta el 24 de noviembre cuando finalmente Cavaco Silva tomó la decisión de nombrar al socialista António Costa como nuevo primer ministro, tras casi dos meses de incertidumbre y con la amenaza persistente de una nueva convocatoria de elecciones.

Un largo periplo hasta la aprobación

La ley portuguesa de matrimonio igualitario fue aprobada en 2010, pero incluyendo una cláusula discriminatoria que impedía optar a la adopción, y ello pese a que las personas homosexuales solteras sí pueden adoptar. De esa manera, Portugal era el único país de Europa con matrimonio igualitario pero sin adopción homoparental.

La limitación fue impuesta por el entonces gobernante Partido Socialista contra el criterio de otros grupos de izquierda, y muchos la consideraron inconstitucional, dado que la Constitución de Portugal es una de las pocas del mundo que recoge de forma expresa la no discriminación por razones de orientación sexual. De hecho, aunque la ley fue sometida a revisión por el Tribunal Constitucional portugués por iniciativa del presidente de la república, el conservador Aníbal Cavaco Silva, esta cláusula quedó expresamente fuera de la consulta, para evitar precisamente que fuese el único punto declarado inconstitucional.

En febrero de 2012, ya con mayoría de centro-derecha, el Parlamento rechazó acabar con esta discriminación, pero varios diputados del PS expresaron su intención de promover un proyecto que legalizara la coadopción, es decir, la posibilidad de que uno de los cónyuges de un matrimonio entre personas del mismo sexo pudiese adoptar a los hijos legalmente reconocidos del otro, para dar seguridad jurídica a las familias homoparentales ya existentes.

En mayo de 2013 el gobernante PSD permitió de hecho que prosperara la iniciativa cuando fue votada en primera lectura. Una actitud que causó malestar entre las bases más conservadoras de ese partido, lo que derivó en que ocho diputados pertenecientes a sus juventudes propusieran un referéndum sobre la materia.

Los partidos de izquierda no renunciaron a dar la batalla y en enero de 2015 presentaron tres proyectos para permitir la adopción de menores por parte de las parejas casadas del mismo sexo. Las propuestas fueron derrotadas con los votos del PSD y de sus socios del CDS-PP, situados aún más a la derecha. La novedad, en este caso, fue el voto favorable del Partido Comunista, que en el pasado se había abstenido en las votaciones sobre la materia. Por parte de los dos grandes partidos hubo varios diputados que se saltaron las directrices de su formación: siete representantes del PSD apoyaron la iniciativa del PS y, en sentido contrario, tres socialistas se opusieron a la adopción homoparental.

Finalmente, tras las últimas elecciones, en las que las fuerzas de izquierda lograron superar a la coalición formada por el PSD y el CDS-PP, se logró aprobar un texto de consenso que permitía la adopción a las parejas del mismo sexo en las mismas condiciones que a las parejas heterosexuales. Ahora tan solo resta que la mayoría parlamentaria de izquierdas logre levantar el veto a la ley del presidente Cavaco Silva.

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Finalmente, un tribunal de la ciudad rusa de Múrmansk ha declarado al activista LGTB Sergei Alekseenko culpable de violar la ley que prohíbe la propaganda de relaciones no tradicionales ante menores, más conocida como “ley contra la propaganda homosexual”. Estaba acusado de haber difundido a través de una red social el siguiente mensaje: “Ser gay significa ser una persona valiente y segura, con dignidad y autoestima”. Ha sido condenado a pagar una multa de 100.000 rublos (1.140 euros, 1.215 dólares). Alekseenko ha anunciado que apelará la sentencia.

El fallo del tribunal tuvo lugar el pasado lunes 18 de enero, sin que se hayan tenido en cuenta las alegaciones presentadas por la defensa de Sergei Alekseenko, que ya en su día criticó las numerosas irregularidades que se habían producido durante la investigación policial de la denuncia.

Esta había sido presentada por los padres de unos menores rusos de la portuaria ciudad de Múrmansk, cercana a la frontera con Finlandia y Noruega, contra el responsable de la página de la extinta organización LGTB Maximum en VKontakte, la red social más importante de Rusia, semejante en funcionamiento a Facebook. Alegaban que sus hijos habían accedido a la página, y que su contenido violaba la vigente ley que prohíbe la propaganda de relaciones no tradicionales ante menores.

Los expertos de la Policía de Múrmansk emitieron un informe en el que hallaban evidencias de violación de la ley en una de las entradas de Maximum en VKontakte, en la que aparecía el siguiente texto: “Ser gay significa ser una persona valiente y segura, con dignidad y autoestima”. Tras tan experto informe, la Policía decidió presentar cargos contra el que fuera responsable de Maximum, el activista Sergei Alekseenko.

La defensa de Alekseenko alegó que, en realidad, la frase que supuestamente violaba la ley rusa era una transcripción casi literal del informe que el organismo gubernamental de control de los medios de comunicación de Moscú, denominado Roskomnadzor, presentó en referencia a Deti-404 (Muchachos-404), una página web de apoyo a los adolescente LGTB rusos. En el informe que el Roskomnadzor presentó ante los juzgados, se afirmaba que el contenido que aparecía en Deti-404 podía “crear la impresión entre los niños de que ser homosexual es ser una persona valiente, fuerte, segura y que se respeta a sí misma” y que, por consiguiente, alentaba “una actitud positiva hacia las relaciones sexuales no tradicionales”.

Sergei Alekseenko, además, criticó todo el proceso llevado a cabo por la Policía, ya que estimaba que “la investigación se ha llevado a cabo con múltiples irregularidades. En primer lugar, el protocolo presentado el 12 de diciembre se refiere específicamente al director de la organización no gubernamental interregional ‘Maximum’. Pero esta organización se disolvió el 10 de octubre. Ni los padres ni los propios adolescentes han sido interrogados. Además, la investigación ha durado casi un año, puesto que el caso se inició en enero de 2015; en consecuencia, el plazo de prescripción ya ha expirado”.

A ello habría que añadir que el acceso a la red social VKontakte solo está permitido a mayores de 18 años, según consta en sus requisitos de inscripción, por lo sería difícil alegar que los mensajes que se difunden en sus páginas puedan ser accesibles a menores.

En cuanto a Maximum, la organización LGTB no solo ha tenido que enfrentarse al contínuo acoso de las autoridades rusas, sino que su local sufrió un ataque con gases tóxicos el pasado mes de abril, que afectó a dos activistas. Además, la organización ya había sido multada con 300.000 rublos de multa (5.360 euros, 4.900 dólares) por vulnerar la ley contra la “propaganda homosexual”, debido al trabajo de información positiva de la homosexualidad que realizaba. Para poder continuar con la labor y evitar la sanción, las autoridades exigieron a Maximum que se inscribiera como “agencia extranjera”, lo que fue absolutamente rechazado por la organización LGTB, que finalmente se disolvió el pasado 10 de octubre.

General, Homofobia/ Transfobia. Deti-404, Discriminación, Homofobia, Maximum, Roskomnadzor, Rusia, Sergei Alekseenko, VKontakte

La jugadora de voleibol Antía Fernández ha hecho historia este domingo al convertirse en la primera persona transexual en debutar con su verdadera identidad en una competición oficial de un deporte olímpico en España. Lo ha hecho con su nuevo equipo, el Voleibol Calasancias Coruña B, de la Segunda División sénior femenina. “Lucho por ser la primera transexual operada quirúrgicamente en Galicia, ahora que la Xunta asume los tratamientos de reasignación”, contaba a La Voz de Galicia.

Tras mucho batallar, Antía ha logrado que el voleibol le concediera la ficha federativa que le permitirá competir. Asegura que el encuentro con el director del Calasancias, Luis Fernández, transcurrió de forma natural y positiva. “Nunca hubo dudas en ningún momento. Pero como nos enteramos que en otros deportes no habían tramitado la ficha, consultamos a la Federación Española de Voleibol y me dijeron que solo se requería el DNI”, señala.

Ya desde el año pasado, Antía, natural de Mos (Pontevedra), ha visto reconocida su identidad fenemina en su carné de identidad. Sin embargo, durante años ha tenido que lidiar con las piedras que la reglamentación deportiva le ponía en su camino. Ahora, podrá al fin “cumplir un sueño”, algo que perseguía desde la adolescencia. “Voy a conseguir sentirme una más del equipo, algo que casi había sentido con diecisiete años en el instituto y que, sin embargo, no se podía haber materializado en participar en los partidos de la competición, porque me quedaba en las gradas”, confesaba la jugadora en una reciente entrevista.

Antes de jugar voleibol, Antía practicó otros deportes: desde hockey hasta halterofilia, pasando por ciclismo o patinaje de velocidad. “En halterofilia, un detalle que recuerdo era ir a las escuelas municipales ya con la ropa deportiva desde casa y, al terminar, irme sin pasar por el vestuario. No era capaz de compartirlo con el resto de chicos. Me sentía fuera de lugar. Era un momento incómodo. Me ocurrió con otras disciplinas deportivas que practiqué. Si eran en equipo, tenía que ser en un equipo masculino y yo no me veía. Entonces, optaba por deportes más individuales, en los que podía estar yo sola, por mi cuenta”, recuerda. Según cuenta la jugadora a Marca, solo hubo una etapa, comprendida entre los dieciséis y los dieciocho años, en la que pudo compartir entrenamientos con el equipo femenino de voleibol de su instituto. “Dentro del equipo me trataban como una más. Usaba la misma indumentaria y todo. Era fuera donde se veía raro“, apostilla.

Antía se encuentra ahora en proceso de reasignación, un proceso que califica de “tardío” ya que en 1986, “cuando debía haberse llevado a cabo, nada en España estaba preparado para ello“. Tampoco ayudó en nada la falta de apoyo familiar. Su familia, a la que califica de “conservadora, retrógrada, con una mentalidad muy cerrada”, insistía en que “he de hacerme un hombre hecho y derecho y que soy incorregible en muchos aspectos”. Por eso, cuando la situación se volvió insostenible, Antía decidió dar un golpe en la mesa e iniciar el procedimiento de tránsito social. “Empiezo a presentarme a la gente que me conoce y a gente que conozco de nuevas como Antía, y en femenino”. Como consecuencia de ello, su familia le dio de lado por completo, argumentando “que en casa de una familia decente no puede haber lugar a esa nueva manía que me ha entrado de vestirme así y que mejor coja mis cosas antes de seguir incomodando a vecinos y a hermanos”.

Para ella, es necesario normalizar la situación y espera que su caso contribuya a la visibilización del colectivo trans y pueda ayudar a aquellas mujeres transexuales que están pasando por una situación similar. “Me duele que todavía sea noticia. A mí me habría gustado que fuese la cosa más normal del mundo que yo me apunte a un equipo, que vaya a mis entrenamientos, que juegue con mi equipo, que me haga amiga de mis compañeras y ya está”, dice.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Antía Fernández, Calasancias, Deporte, Discriminación, Federación Española de Voleibol, Identidad de género, La Voz de Galicia, Luis Fernández, Marca, Transexualidad, Voleibol

La discriminación y estigmatización de las personas que viven con el VIH es uno de los principales motores de dispersión de la infección en nuestra sociedad. Stefano Cosalvi, psicólogo de Imagina MÁS, nos explica por qué las actitudes serofóbicas están íntimamente relacionadas con la expansión descontrolada del virus.

A pesar de los múltiples avances que han llevado a una mejora sustancial en las personas con VIH en lo que respecta a su calidad de vida, dichos cambios aún no se han trasladado plenamente al ámbito de las relaciones sociales.

Las personas que viven con el VIH al día de hoy sufren un estigma que conduce, en ocasiones, a una vulnerabilidad de sus derechos.

Actualmente existen dos conceptos muy resonantes como son el Estigma y la Discriminación. Éstos tienen un carácter multidimensional, ya que tienen lugar en todos los países y regiones del mundo.

Son el gran combustible que alimentan a la propagación del VIH/SIDA, ya que, constituyen uno de los máximos obstáculos para la prevención, la asistencia, el apoyo y tratamiento adecuados y la mitigación del impacto. Y a su vez, acrecienta innecesariamente los sufrimientos asociados al VIH. (Juan Ramon Barrios y Carmen Cristóbal Pérez s/f).

Son varias las causas que provocan estas actitudes, entre ellas destacan:

• La falta de conocimiento sobre la infección.
• Los mitos sobre los modos de transmisión del VIH
• Los prejuicios
• La desigualdad en el acceso al tratamiento
• Las informaciones irresponsables de los medios de comunicación

También influyen en las actitudes discriminatorias el hecho de que el Sida sea actualmente incurable, los miedos sociales en torno a la sexualidad, la enfermedad y la muerte, así como los relacionados con las drogas ilegales y el consumo de drogas intravenosas.

Ante todo esto es imprescindible la visibilidad de las personas con VIH y de todos los asuntos que tienen que ver con él, ya que tanto el estigma como la discriminación que conducen a la serofobia es uno de los mayores fallos de la sociedad y los Estados ante la pandemia.

¿Cómo actúa la serofobia?

Toda discriminación se produce ‘‘cuando el estigma se instala» (ONUSIDA, 2005). Se considera discriminación serofóbica cualquier medida que acarree una distinción arbitraria entre las personas por razón de su estado de salud o su estado serológico respecto al VIH, confirmado o sospechado y resultado de una acción o una omisión.

La serofobia es una emoción intensa, generalmente de temor, que siente una persona ante la posibilidad de mantener una relación sexual o sentimental con una persona VIH. Es un miedo que no guarda ninguna relación con un peligro real, por lo que es de carácter irracional y algunas de las actitudes más utilizadas ante este miedo son las de huida o el rechazo.

Una de las mayores dificultades que implicia es la incapacidad de gestionar las emociones que se desencadenan ante el VIH. Entre ellas, la de no saber soportarlas, bien por la incapacidad de controlarlas o por no ser capaz de cuestionar las creencias que están detrás de éstas emociones.

Se puede decir por lo tanto que el prejuicio serofóbico no deja de ser una creencia distorsionada (Juan Ramon Barrios y Carmen Cristóbal Pérez s/f) que, como queda demostrado en la práctica, implica perjuicios sociales a pesar de tener un origen psicológico.

¿De qué manera la abordan los planes antisida?

El Plan Estratégico de Prevención y Control de la infección por el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (2013-2016), se basa en un enfoque de derechos que refirma el objetivo primordial de reducir la discriminación y el estigma.

Tres investigaciones muestran que, a pesar de los estudios y de las medidas tomadas y llevadas a cabo, aún queda mucho camino por recorrer:

• FIPSE (2005) en su informe de ‘Discriminación y VIH/Sida‘ (citada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) analiza la discriminación utilizando el protocolo para la identificación de discriminación elaborada por ONUSIDA. En él, no se detectó discriminación en el ámbito de la legislatura española, pero sí se observaron en casos concretos de discriminación arbitraria en distintos ámbitos como por ejemplo; laboral, normas que controlan la entrada y residencia en España, bienestar social, seguros de vida y asistencia sanitaria privada, servicios bancarios y acceso a determinados servicios públicos y privados.
  Donde sí se han apreciado con mas frecuencia es en las prácticas cotidianas como la asistencia sanitaria, empleo, educación y relaciones interpersonales.

• FIPSE (2009) con su estudio sobre la ‘Integración laboral de las personas con VIH‘ (citada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) ha mostrado una alta tasa de desempleo que alcanza un 53% en personas seropositivas, por lo que este porcentaje demuestra una disminución de la calidad de vida y de su bienestar psicosocial.
• El informe de ‘Evaluación del plan multisectorial de VIH-Sida de 2008-2012‘ (citado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) indica una tendencia descendente en el rechazo hacia las personas con VIH en el ámbito escolar, laboral y comercial, pasando de un 58%, 44% y un 30% en 2008 a un 49%, 38% y 25% en 2010.
• Por último, un documento de los perfiles de discriminación en España, elaborado por la Encuesta de la Discriminación en España (2013) realizada por el centro de Investigaciones Sociológicas, detectó actitudes discriminatorias hacia personas con VIH. Un 11, 4% de las personas que realizaron la encuesta han manifestado incomodidad ante la idea de ser vecinas de personas con VIH, y un 11,3% desaprobaba por completo que una persona con VIH/Sida trabaje en su oficina.

¿Por qué la serofobia alimenta al VIH?

Es por todo lo dicho, que cuando se instaura un prejuicio serofóbico en la sociedad y una conducta de rechazo, lo único que se logra es su reafirmación, algo que suele manifestarse de distintas maneras y en diferentes situaciones, como pueden ser:

• La discriminación real o percibida puede llevar a las personas con VIH a retrasar las visitas a las unidades sanitarias especializadas o evitar el tratamiento de la infección, así como rehuir la comunicación con los que pertenecen a su entorno, laboral, social y familiar.
• Miedo a ser visto en las salas de espera de los centros sanitarios especializados.
• Ocultar el estado serológico por temor que sus allegados los abandonen o sean objetos del mismo estigma, por lo que suelen limitar sus relaciones interpersonales, reduciendo su apoyo e incrementando el aislamiento y la auto-discriminación.

• El rechazo social puede minar la autoestima y afectar a la motivación para asumir pautas correctas de cuidado personal y de adherencia al tratamiento antirretroviral.
• El temor a las consecuencias de un resultado positivo en la prueba de VIH es un motivo para el retraso del tratamiento adecuado. Esto tiene efectos adversos sobre la salud de la propia persona. En cambio, el diagnóstico precoz tiene efectos positivos para contener la transmisión ya que es mas probable que las personas que saben su estado serológico adopten comportamientos preventivos.
• El estigma percibido hacia las personas con VIH provoca en algunas de ellas que teman proponer prácticas de reducción de riesgo como el uso del preservativo o eviten comunicar su estado serológico por miedo al rechazo de su pareja.

¿Que obligaciones tienen los estados para erradicarla?

La respuesta común a la serofobia entre difernentes países data mas allá de la declaración de parís de 1994, cuando la Comunidad Internacional fue consciente de que la pandemia del VIH/SIDA se trataba de una cuestión de derechos humanos. 

Los Estados establecieron entonces el deber de »velar porque todas las personas que viven con VIH/SIDA puedan ejercer plenamente y en total igualdad sus derechos y libertades», luchando con la discriminación y compromiso de desarrollar políticas nacionales que protegiesen los derechos de las personas, en particular aquellas que viven con el VIH/SIDA a través de las promoción de »un entorno jurídico y social» favorable.

En 1996 se celebró la Segunda Consulta Internacional de VIH/SIDA y de los Derechos Humanos, y se llegaron a pautas consensuadas que determinaron los principios y actuaciones en los que los estados deberían de llevar a cabo para proteger los derechos humanos y desarrollar políticas de salud pública.

Esto se confirma en la Declaración de compromiso del 2001 en la que se reconoce como el »estigma, el silencio, la discriminación y la negación de la realidad socavan los esfuerzos de prevención, atención, y tratamiento e incrementan los efectos de la epidemia, y por lo tanto »el reconocimiento que la plena realización de los derechos humanos y libertades fundamentales para todos, es un elemento indispensable de la respuesta mundial a la pandemia del VIH/SIDA, particularmente en la prevención, la atención, el apoyo y el tratamiento para reducir  la vulnerabilidad».

Ante estas Declaraciones y Compromisos por los Estados queda demostrado que si bien las políticas de protocolos para obtener datos sobre la discriminación en diferentes ámbitos sociales se llevan a cabo, queda por averiguar qué sucede con éstos datos, que apuntan a que gran parte de la sociedad Española es serofóbica y no tiene reparos en comunicarlo.

Entonces, ¿el Estado está tomando medidas al respecto y los resultados los veremos en los próximos años? o ¿Es el propio Estado otro agente serofóbico, complice de esta estigmatización, por no llevar a cabo planes de acción eficaces de acuerdo a los compromisos asumidos como la promoción, prevención, asistencia y educación?

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David y Marco el día antes del accidente

Marco y David Bulmer-Rizzi , un matrimonio británico del mismo sexo, decidieron pasar su luna de miel en la lejana Australia. Marco tuvo que enfrentarse a la horrible tragedia de la muerte de David debido a un desgraciado accidente. Pero además, para las autoridades del estado de Australia Meridional, el matrimonio de Marco y David nunca había tenido lugar, porque no reconocen los enlaces legales de parejas del mismo sexo. Marco, por tanto “no era nadie” para el Gobierno australiano, y no pudo tomar ninguna decisión sobre los servicios que debían proporcionar a su marido.

Que el matrimonio gay no esté reconocido en todas partes puede dar muchos problemas, incluso en países del primer mundo, y lo que les ha sucedido a esta pareja de británicos es un ejemplo triste y muy injusto.

Marco Rizzi, de 38 años, y David Bulmer, de 32, contrajeron matrimonio en Wandsworth, al sur de Londres, en junio de 2015, acompañados únicamente de los testigos necesarios. La gran celebración de su enlace, a la que acudieron familiares y amigos, tuvo lugar más tarde, en Santorini, Grecia. Desde entonces ambos adoptaron el apellido Bulmer-Rizzi, tal como permite la legislación del Reino Unido. Eran un matrimonio en sus corazones, pero también ante la sociedad y ante la ley de su país.

Aplazaron su luna de miel para poder disfrutar del cálido invierno del hemisferio sur, haciendo un recorrido por los exóticos territorios de Australia. Aquel viaje soñado era la expresión y el símbolo de su felicidad como pareja amorosamente unida. Pero un trágico accidente vino a troncar su dicha. Se encontraban visitando a unos amigos en Adelaide cuando David tropezó y cayó por unas escaleras, golpeándose gravemente la cabeza. Bañado en sangre, fue conducido hasta un hospital, donde le indujeron un coma e informaron a Marco de que sería apropiado que avisase a su familia en el Reino Unido. Marco se puso inmediatamente en contacto con sus suegros, que tomaron el primer vuelo disponible.

Desafortunadamente, las intervenciones a que fue sometido no obtuvieron el resultado buscado, dada la gravedad de su lesión. Los médicos informaron a Marco de que David fallecería apenas en 24 horas. Marco tuvo la fortaleza de explicar que David deseaba donar sus órganos, dado que él mismo estaba en lista de espera para un trasplante de riñón. Tres de sus órganos fueron donados a tres personas necesitadas. Finalmente falleció. Tras la obligada investigación policial cuando ocurre un fallecimiento por accidente, el cuerpo de David fue conducido a los servicios funerarios.

El matrimonio gay no está legalizado en Australia y en el estado de Sud Australia, donde se encontraban, tampoco se reconocen legalmente los matrimonios del mismo sexo de otros países, así que en el certificado de defunción de David se podía leer: “nunca se casó”. Esto significó que el suegro de Marco, que acudió a Australia para apoyar a su yerno en momentos tan duros, tuvo que aprobar todas las decisiones a tomar alrededor de la muerte de su marido. El suegro y padre del fallecido, Nigel Bulmer, también sufrió esta situación ya que argumenta que “menosprecia la memoria de su hijo y lo convierte en un ciudadano de segunda”.

Al dolor por su pérdida, Marco tuvo entonces que sumar la frialdad y la discriminación de la burocracia australiana. En el estado de Australia Meridional, donde se encontraban, no se reconocen los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros países, por lo que, a los ojos de la administración, Marco no era el familiar más allegado de David. En realidad, oficialmente, “no era nadie”. El director de servicios funerarios, puesto en contacto con Marco, le facilitó el certificado de defunción. En la casilla correspondiente al estado civil, aparecía como “soltero” (never married). Eso significaba que Marco no podía tomar ninguna decisión sobre su funeral, el servicio que debía ofrecérsele o incluso el ataúd donde iba a ser depositado su cuerpo. Antes las protestas de Marco, la única respuesta fue que no “había otra opción”. No podían marcar que estaba casado, ni siquiera dejar la casilla en blanco.

A la llegada de los padres de David, los responsables de los servicios funerarios se dirigieron al suegro de Marco, Nigel Bulmer. Este les aclaró desde el principio: “Marco es el marido de David. Es el único que puede tomar esas decisiones. No deben dirigirse a mí”. Sin embargo, siguieron preguntándole exclusivamente a él. “Me ningunearon completamente”, explicaba Marco, “yo no era el pariente más cercano. Cada vez que preguntaban algo —como si quería que David fuere incinerado o no, si quería que hubiera un servicio religioso, o que lo lavasen, incluso el costo del ataúd que iban a utiliza— después de contestar yo, volvían a consultar al padre de David. También le preguntaron específicamente, ‘¿quiere revisarlo antes de firmarlo?’ Fue discriminación pura y dura. Si no hubieran estado mis suegros, no hubiera tenido ningún derecho”.

Nigel Bulmer, el suegro de Marco, también expresaba una profunda indignación, testimonio del cariño que siente por su yerno y del profundo amor y respeto hacia su hijo fallecido, sus decisiones y su vida. “No creo que me puedan herir más profundamente de lo que han lo han hecho”, afirmaba, “volé hasta aquí para apoyar a mi yerno. Soy un hombre de 60 años de edad, he estado en el cuerpo de bomberos durante muchos años, y pensaba que estaba hecho a prueba de golpes. Pero estoy horrorizado y profundamente dolido por las palabras que tuve que escuchar allí: pusieron en el certificado de defunción que estaba soltero. Eso no es aceptable. Ni tampoco es cierto. Yo estuve ahí. Las leyes deben arreglarse. Esto debe ser puesto en conocimiento de la opinión pública”.

Evidentemente Marco pidió ayuda a la embajada Inglesa para poder gestionar el fallecimiento de su marido bajo las leyes inglesas, pero parece que Australia está excluida de los tratados habituales del Reino Unido. Una situación que magnificó el sufrimiento del marido y el padre del fallecido que tuvieron que lidiar con la discriminación legal en una situación tan dura.

Marco se dirigió al consulado británico para explicar su situación y expresar su desacuerdo con la situación que estaba sufriendo. La respuesta oficial fue que “como usted sabe, la legislación varía en cada estado y en Australia Meridional, Australia Occidental y los Territorios del Norte no se reconocen los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero, y cuando se registra un fallecimiento, las autoridades locales no pueden declarar al fallecido como casado. Siento que este haya sido el caso”.

Tras la respuesta, Marco decidió protestar ante el propio primer ministro británico David Cameron, el Ministerio de Asuntos Exteriores y varios parlamentarios. “Comprendo que no pueden cambiar la ley australiana”, explicaba, “pero no estoy pidiendo que lo hagan. Estoy pidiendo que mi propio país defienda sus propias leyes. Si el gobierno británico es consciente de que otros países no reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, deberían tratar de defender lo que dice la ley”.

Jay Weatherill,

De quien sí que obtuvo respuesta es del primer ministro del estado de Australia Meridional, Jay Weatherill, que se puso personalmente en contacto telefónico con él. En su conversación, además de disculparse por lo ocurrido, se comprometió con Marco a cambiar la legislación estatal en los próximos meses para que no vuelva a ocurrir algo semejante. Además, le prometió que, en cuanto eso suceda, volverá a expedir un certificado de defunción en el que conste correctamente el estado civil de David como “casado”.

Marco le hizo llegar su dolor por comportamientos como el de los policías que investigaron el trágico accidente de David, que se dirigieron a él persistentemente como su “compañero” en vez como su marido. Independientemente de la legalidad, esa falta de consideración humana era dolorosamente homófoba.

También se ha puesto en contacto con Marco el activista LGTB Rodney Croome, de la asociación Australian Marriage Equality, con quien habló durante más de una hora, y le informó de que han iniciado un petición para que cambien las leyes de los estados y territorios australianos que no reconocen los matrimonios entre personas del mismo sexo de otros países.

A Marco le sirve de cierto consuelo que todo lo ocurrido sirva para que haya un cambio legal positivo para el colectivo LGTB, en un país como Australia. “Probablemente él estaría orgulloso”, comentaba emocionado, “aunque no sé si David se lo creería siquiera. El hecho de que debido a él pueda que esto nunca le vaya a pasar a otras personas es algo bueno”. También le reconforta el que muchos australianos heterosexuales se hayan puesto en contacto con él, a través de las redes sociales, para manifestarle su apoyo y su indignación con lo ocurrido.

Pese a todo la situación ha tenido su parte positiva. Por un lado están todas las personas que han tenido una segunda oportunidad gracias a los órganos de David, y por otro está el anuncio de premier de Sud Austrália, Jay Weatherill, quien al enterarse de lo sucedido por la prensa, ha anunciado que presentará una ley antes de final de año para reconocer los matrimonios homosexuales extranjeros, además de pedir disculpas a la familia.

De quien no ha tenido queja Marco, tal y como le comentó al propio primer ministro de Australia Meridional, es del equipo médico que atendió a David y de los responsables de los trasplantes, que mostraron hacia él la deferencia debida. Le hicieron saber que entre los beneficiados por los órganos de David estaba un hombre de 40 años, padre de dos niños, o una persona que llevaba 1.250 días en lista de espera.

Para Marco, ese es el mayor legado de su difunto marido: “La vida de David ha servido de regalo para otras tres personas, tres familias que lo disfrutan. Hay dos niños que tienen a un padre, que no se va a despertar mañana pensando si David era o no gay. Se despertará sabiendo que tiene una oportunidad y que puede ver a sus hijos crecer”. Algo consecuente con alguien a quien describe de esta manera: “David era increíble, apasionado, honesto, cariñoso, le gustaba luchar por la justicia. Tenía un corazón de oro”.

De esta historia podemos sacar varias lecciones, probablemente la más importante es no dar nunca nada por hecho.

Fuente | Buzzfeed, vía AmbienteG y Dosmanzanas

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Ayer hablábamos de este tema…

La doble desprotección de las personas LGTB demandantes de asilo en Europa vuelve a quedar de manifiesto. Las intimidaciones y, en ocasiones, ataques por parte de algunos de sus compañeros provocan la negativa de los refugiados LGTB de Berlín a ingresar en los centros de acogida. La actual carencia de fondos para alojamientos alternativos que garanticen su seguridad empuja a muchas de ellos a vivir en la calle.

La teoría se aleja de la práctica cuando se trata de proporcionar un hogar a los refugiados LGTB. De acuerdo con las directrices de las autoridades berlinesas, estas personas tienen derecho, por su vulnerabilidad, a recibir alojamiento en habitaciones individuales o dobles de hostales. En la práctica, sin embargo, estas plazas no les son ofrecidas en un primer momento por desconocimiento de los funcionarios o falta de coordinación de las autoridades.

El resultado es que los demandantes de asilo LGTB son asignados a centros de acogida, donde quedan en una situación de inseguridad de la que intentan huir. Para evitarlo, los asistentes sociales los ponen en contacto con la Federación de Gais y Lesbianas de Alemania (LSVD), que intentan buscarles un hogar seguro. La LSVD se encarga de buscar habitaciones para ellos en hostales o en pisos de acogida.

El problema es que los alojamientos disponibles cada vez son más escasos, y la financiación del gobierno regional para alquilar nuevas viviendas tarda en llegar. Cada semana llegan de media cinco solicitudes, y la responsable de LSVD Joana Hassoun se lamenta de que disponen de pisos, pero no de dinero. La federación “tira” de donaciones, pero la hucha está casi vacía.

El horizonte para un posible cambio en este estado de cosas es marzo: en ese mes está prevista la apertura de un hogar de acogida específico para 120 refugiados LGTB en Berlín. Pero hasta tanto, la situación es crítica. “En caso necesario, la gente se queda en la calle”, afirma Hassoun. “Ni quieren ni pueden volver a los centros de acogida”. El acoso y la violencia que denuncian estos demandantes de asilo es motivo más que suficiente.

Un problema generalizado

La llamada “crisis de los refugiados” ha dejado al descubierto la situación de desprotección adicional en la que con frecuencia se encuentran las personas LGTB que huyen de la violencia y la guerra. En Alemania se reciben a la semana entre tres y seis denuncias por agresiones homófobas en campos de refugiados, que a veces incluyen intentos de violación. Una violencia que se ve agravada por la masificación en la que en muchas ocasiones se encuentran los solicitantes de asilo. Una situación similar se vive en Holanda, donde la propuesta de separar a los refugiados LGTB del resto para protegerlos se ha topado con reticencias.

En Canadá, el debate se ha originado a raíz de la decisión del Gobierno de Justin Trudeau de acoger a 25.000 refugiados sirios que no sean varones sin familia, pero haciendo una excepción con los homosexuales. Una medida que no comparten algunos de los implicados, que alertan del peligro de visualizarse públicamente como LGTB al solicitar el asilo en origen, en un entorno en el que ello podría poner en peligro su vida. Una situación, la de estas personas, sin duda muy delicada y que requiere de una reflexión en profundidad para encontrar la mejor manera de ayudarlas sin poner en riesgo su integridad.

Si quieres hacer una donación a la LSVD de Berlín haz click aquí.

Fuente Dosmanzanas

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El Comité de Legislación Constitucional y Construcción del Estado de la Duma (la cámara baja del Parlamento ruso) ha rechazado un proyecto de ley que pretendía penalizar la salida del armario o la expresión de una orientación sexual distinta a la heterosexual. Presentada el pasado mes de octubre por dos veteranos diputados del Partido Comunista, la propuesta legislativa hacía incluso referencia a las leyes de la extinta Unión Soviética, que penaban la homosexualidad con penas de cinco a ocho años de prisión.

El proyecto de ley presentado por los diputados Ivan Nikitchuk y Nikolai Arefyev, ambos miembros del Partido Comunista de la Federación Rusa, ni siquiera ha logrado superar el primer trámite parlamentario, al ser rechazado por el Comité de Legislación Constitucional y Construcción del Estado de la Duma. Según los miembros del Comité, la iniciativa ha sido rechazada “debido principalmente al hecho de que, desde una perspectiva jurídica formal, el proyecto de ley era analfabeto”. Por tanto, acaba aquí su periplo, sin ser sometido al escrutinio de los representantes de la cámara baja del Parlamento ruso.

La proposición legislativa pretendía enmendar la ley que prohíbe la “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales ante menores”, aprobada en 2013, y que se dirige exclusivamente a la población LGTB. La reforma estaba encaminada a endurecer aún más las condiciones de las personas LGTB rusas, al penar la mera salida pública del armario o declaración de la propia orientación sexual con multas de hasta 5.000 rublos (71 euros, 80 dólares), que se convertían en penas de prisión o arresto de hasta 15 días si se realizaba en centros educativos o culturales y edificios de la administración estatal o local.

Para Nikitchuk, uno de los ponentes, las sanciones y penas establecidas en su proposición de reforma tan solo debían ser aplicadas a los varones homosexuales o bisexuales, no a las mujeres. En unas declaraciones a la emisora de radio Russkaya Sluzhba Novostei afirmaba que “creemos que las mujeres son personas más razonables y más capaces de manejar sus emociones. Por el momento, no incluiremos a las mujeres”. Para el diputado, la homosexualidad es “un grave peligro para cualquier persona y para la humanidad por entero”, pues puede incitar a niños y jóvenes a evitar reproducirse, y “en un sentido biológico, la insuficiencia de reproducción es igual a la muerte, y esto hace que la homosexualidad sea un peligro mortal para la humanidad “.

Ambos proponentes hacían referencia en su texto a los tiempos en que la homosexualidad era más duramente perseguida, como en la extinta Unión Soviética, cuyas leyes penaban la homosexualidad con penas de cinco a ocho años de prisión. También evocaban la Grecia clásica, pues, según ellos, “en Atenas, durante el período clásico, los homosexuales tenían que declarar su vicio a la asamblea del pueblo y eran despojados de sus derechos civiles. A quienes trataban de ocultarlo se les exiliaba o ejecutaba. Las leyes de la antigua Esparta eran aún más estrictas, sin declaración alguna cualquier persona que era sorprendida era ejecutada”.

La reforma era tan delirante en su pretensiones y en su forma, que incluso los LGTBfobos más recalcitrantes como Vitaly Milonov la rechazaban, aunque en su caso es por estimar que la ley actual ya penaliza las salidas públicas del armario si pueden ser contempladas por menores.

Sin embargo, el mero hecho de que esta propuesta llegue a presentarse, sin embargo, es muy sintomático de la extrema vulnerabilidad de las personas LGTB en Rusia, país donde quienes defienden sus derechos humanos más elementales son continuamente perseguidos por las autoridades. Bien sea por el mero hecho de enarbolar una bandera arcoíris o por reivindicar la celebración del Orgullo son detenidos, sancionados o incluso encarcelados. Por no mencionar la violencia extrema que las personas LGTB soportan por parte de grupos de odio como Occupy Pedofilyaj, tímidamente perseguidos por las autoridades.

Fuente Dosmanzanas

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La Iglesia episcopaliana de Estados Unidos ha sido sancionada por los primados de la Comunión Anglicana, a la que no podrá representar en organismos internacionales. El motivo: su posición inclusiva en materia LGTB, especialmente en lo referido al matrimonio.

En la reciente reunión de primados de la Comunión Anglicana se ha producido una decisión que no por esperada deja de ser lamentable: la Iglesia episcopaliana de Estados Unidos ha sido sancionada por su inclusividad con las personas LGTB. En particular, se le reprocha la reciente modificación de su su canon matrimonial para incluir a las parejas del mismo sexo. Aunque los episcopalianos ya admitían la bendición de estas parejas, quedaban todavía excluidas del matrimonio religioso propiamente dicho. La decisión fue la culminación natural de un proceso inclusivo iniciado años antes, pero sin duda la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos —que consideró inconstitucional la prohibición del matrimonio civil igualitario— actuó como catalizador. Los episcopalianos fueron así la segunda confesión cristiana mainstream en aprobar el matrimonio religioso igualitario en pocos meses: en marzo de 2015 había hecho lo propio la Iglesia presbiteriana.

Un paso que ha supuesto que a la Iglesia episcopaliana se le aplique una sanción, consistente en que sus miembros no podrán ser elegidos para representar a la comunión anglicana en organismos internacionales. En palabras del comunicado oficial que hace pública la decisión: “Los desarrollos recientes en la Iglesia episcopal en relación a su canon matrimonial representan un apartarse de la fe y enseñanza mantenidas por la mayoría de nuestras provincias sobre la doctrina del matrimonio (…) Es nuestro deseo unánime caminar juntos. Sin embargo, dada la seriedad de estos asuntos, reconocemos formalmente esta distancia requiriendo que, por un periodo de tres años, la Iglesia episcopal no siga representándonos en organismos ecuménicos e interreligiosos. No deberá ser designada para comisiones permanentes internas; además, mientras participe en los órganos internos de la Comunión Anglicana, no tomarán parte en la toma de decisiones o en cualquier asunto relativo a doctrina o políticas”.

La Iglesia episcopaliana ha reaccionado con extrema elegancia, manifestando su pesar y su esperanza en el futuro. Así lo ha declarado su primado, Michael Curry:

“No es este el resultado que esperábamos. Y siendo verdad que estamos decepcionados, es importante recordar que la Comunión Anglicana no es en realidad una cuestión de estructura y organización. La Comunión Anglicana es una red de relaciones construida en asociaciones para la misión. Son relaciones fundadas en una fe común. Relaciones entre diócesis, de parroquia a parroquia a través del mundo (…) Es este un tiempo decepcionante para muchos. Y habrá dolor en el corazón de muchos. Pero es importante recordar que seguimos siendo parte de la Comunión Anglicana (…) Y la verdad es que puede que sea parte de nuestra vocación el ayudar a la Comunión, y a muchos otros, a crecer en una dirección donde podamos darnos cuenta y vivir el amor que Dios tiene por nosotros; de tal manera que un día podamos ser una Iglesia y Comunión donde todos los hijos e hijas de Dios sean plenamente bienvenidos”.

Otra de las reacciones que tiene interés es la reflexión de Brandan Robertson, cristiano evangélico abiertamente gay. “Creo que los primados anglicanos que están pidiendo la separación de la Iglesia episcopal por su postura en las relaciones entre personas del mismo sexo están actuando por miedo e ignorancia porque nunca se han sentado de verdad en la misma mesa —ni tampoco han caminado a su lado— con ningún discípulo LGTBQ+ de Jesús. Es fácil demonizar desde la distancia. Es fácil declarar ‘herético’ cuando nunca has andando en los zapatos de tu ‘otro’ ni has hecho experiencia de Dios a través de sus zapatos. Esos Primados —y en realidad todos los que se oponen enérgicamente a los LGTBQ+ cristianos— deben seguir el imperativo bíblico y conocer algunos fieles seguidores de Jesús que son LGTBQ+. Necesitan hacer experiencia de vida a través de sus ojos. Necesitan ver cuánto puede honrar a Dios nuestro ‘estilo de vida’. Porque mientras no lo hagan, lo único que harán será aferrarse a una teología desencarnada; y nada es más peligroso, destructivo y letal”, ha escrito Robertson.

Un conflicto que viene de atrás

Esta decisión no es más que es el último capítulo de un largo enfrentamiento entre dos grandes grupos. Por un lado están las iglesias del “sur global” (Global South), sobre todo del África anglófona, en particular Nigeria y Uganda. Por el otro, las iglesias de Estados Unidos y, en menor medida, Canadá. Las segundas han dado pasos decisivos hacia la inclusión mientras que las otras participan de la LGTBfobia extendida en sus países.

El conflicto se retrotrae varios años atrás. La primera fecha significativa puede situarse en 1998. Fue en la Conferencia de Lambeth (reunión de obispos de la Comunión Anglicana que tiene lugar cada diez años). Entonces se aprobó una resolución de condena de las relaciones homosexuales por “contrarias a la Escritura“. Se enfrentaban ya a la Iglesia episcopaliana, que llevaba años avanzando en la inclusión. No en vano, en 1988 el conocido obispo John Shelby Spong, de la diócesis de Newark (Nueva Jersey) hizo publicar Living in Sin?, donde planteaba ya la bendición de parejas del mismo sexo (hay traducción al español a cargo de la Asociación Marcel Légaut, con el título ¿Vivir en pecado?).

Esta resolución de la Conferencia de Lambeth no frenó a la iglesia episcopaliana. Y en 2003 se llegó a un punto de inflexión. Fue con la elección como obispo de New Hampshire de Gene Robinson, abiertamente gay y entonces con pareja (se divorció años después). Se conminó entonces a la Iglesia episcopaliana a no seguir ordenando obispos LGTB. Esta orden la cumplió un tiempo hasta que decidió proseguir su camino de inclusividad, eligiendo a Mary D.Glaspoool como obispa auxiliar de Los Angeles.

Durante este tiempo, además, esta iglesia ha ido posicionándose cada vez más claramente a favor del matrimonio igualitario. Un signo elocuente fue hacer tañer las campanas de la Catedral Nacional de Washington cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos derogó la sección tercera de la DOMA (Defense of Marriage Act), sentencia que está en la base de la que un tiempo después extendió el matrimonio igualitario a todo el país. El último paso ha sido la reforma del canon para aprobar el matrimonio religioso.

En cada uno de estos pasos, ha habido amenazas de cisma, nunca formalizadas. No en vano, numerosas iglesias opuestas a la inclusión han ido enfriando o rompiendo lazos con la iglesia episcopaliana. Ahora algunos ven el cisma más cercano. Sin embargo, conviene tener claro que, estrictamente, no hay cisma en esta sanción: como bien dice el primado de la Iglesia episcopaliana, esta sigue siendo parte de la Comunión Anglicana. No obstante, no deja de llamar la atención que el primado de toda la Comunión, el arzobispo de Canterbury Justin Welby (un cargo más bien honorífico, en modo alguno equivalente al papa de Roma) haya asegurado que un cisma “no sería un drama”, palabras que pueden ser muy reveladoras.

De momento, lo más significativo a nuestro juicio es que la Iglesia episcopaliana sigue firme en su camino hacia la plena inclusión. Afirman ciertamente el deseo de seguir en la Comunión, pero dejan clara su apuesta. Más aún, consideran que su misión incluye ayudar a otros a ver la necesidad de tal inclusión. De una manera análoga a la Iglesia Evangélica Española (amenazada también, en su caso de expulsión del Consejo Evangélico de Madrid), parece que las iglesias inclusivas están viendo claro que no deben echarse atrás por el rechazo de otras.

Fuente Dosmanzanas

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Un tribunal de apelación ha aceptado un recurso presentado por un hombre transexual, cuya identidad no ha trascendido, quien, tras haber sido sometido a cirugía, solicitaba el cambio legal de sexo en el Registro Civil. La lucha de los transexuales en el Líbano ha dado su primer fruto después de que, por primera vez en la historia del país, la justicia haya reconocido el derecho de uno de ellos a rectificar su situación en el registro civil. La primera victoria de una «batalla aún larga», según la ONG Agenda Legal.

Una juez libanesa ha dictaminado a favor de los derechos de un hombre transexual, que solicitaba ver reconocida su condición de varón en el registro civil. Aunque la sentencia no cambia las leyes libanesas, al tratarse de la decisión de un tribunal de apelaciones sienta jurisprudencia, que podrá ser utilizada en futuros casos.

Un hombre transexual del Líbano, que se había sometido previamente a cirugía de reasignación, presentó una demanda contra el registro civil por no acceder a cambiar su sexo legal en los documentos registrales. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia falló en diciembre de 2014 en su contra, por lo que decidió apelar la sentencia.

Tras el recurso, la juez del Tribunal de Apelaciones de Beirut, Janet Hanna, falló el pasado mes de septiembre a su favor, al considerar en su resolución tres derechos: el derecho a cambiar de género para aliviar el sufrimiento psicológico y social, el derecho a acceder a un tratamiento para adecuar la condición de género y el derecho a la privacidad.

Ante la juez se presentó un informe médico en el que constaba que las decisiones adoptadas por el demandante habían sido tomadas de forma “informada y madura”. En la sentencia, la juez estimó además que su identidad de género era nata, y que “tenía rasgos masculinos en términos de apariencia externa, psicológica y características emocionales”. Finalmente, la juez estipulaba que “el derecho de las personas a recibir el tratamiento necesario para aliviar el sufrimiento físico y mental es un derecho fundamental y natural, y nadie puede ser privado de ello”. Por tanto, ordenaba al registro civil el cambio de sexo legal en los documentos oficiales.

El doctor Omar Fattal, presidente de la Asociación Médica del Líbano para la Salud Sexual, estimaba que “el fallo de la juez Janet Hanna en el Líbano es muy significativo. Esperamos que se trate de un primer paso hacia derechos más amplios para las personas transgénero y todos los demás grupos minoritarios”. Tarek Zeidan, activista del grupo de defensa de los derechos LGTB Helem, también se congratulaba de una sentencia que consideró que “no tiene precedentes”, ya que “se refiere al derecho de las personas a ser respetadas y su derecho a tener una vida privada”. En cualquier caso, y aunque sienta jurisprudencia, la sentencia no modifica las leyes libanesas, por lo que habrá que ver qué sucede en futuros casos de personas transexuales que soliciten la modificación de su sexo legal (especialmente si no se han sometido a cirugía de reasignación).

Un precedente tangencial a la sentencia de la juez Hanna fue el del juez Naji El Dahdah, que falló en el caso de dos personas acusadas de violar el artículo 534 del Código Penal del Líbano, que castiga las relaciones sexuales que “contradicen las leyes de la naturaleza” con penas de prisión de hasta un año. En realidad, una de las acusadas era una mujer, que había nacido como persona intersexual, siéndole asignado legalmente el sexo masculino tras su nacimiento, aunque su auténtica identidad de género era la de mujer. El juez consideró en su sentencia que la identidad de género de la acusada no debía ser definida únicamente por la documentación legal, sino por la percepción que tenía de sí misma.

El fundador de la organización Agenda Legal, Nizar Saghieh, precisa que, pese a esta decisión judicial, todavía queda mucho por hacer para «conseguir la equidad para las personas del colectivo LGTB en el Líbano, marcadas por la marginación social.

Según la abogada Yumna Mahluf, encargada en la ONG del seguimiento de estos casos, la situación de las personas transexuales en Líbano «es difícil, ya que algunos han sido procesados y otros integrados en redes de prostitución porque no encuentran trabajo y, además, las operaciones y tratamientos son muy caros».

Mahluf relata que «otros son rechazados por sus familias, lo que también provoca que se queden sin recursos», antes de precisar que «pueden ser detenidos en cualquier momento, ser víctimas de violencia física y moral, o tener problemas para renovar cualquier documento legal o presentar una querella».

La sentencia se remonta a septiembre de 2015, aunque solo se hizo pública hace unos días debido a que este tipo de decisiones judiciales «necesitan ser verificadas antes de ser publicadas», dice Mahluf.

Para Saghieh, el tribunal tomó en cuenta «la autonomía de la persona, su vida privada, y por ello le reconoció el sexo con el que se identifica en su interior». En este contexto, Mahluf denuncia la ausencia de un reglamento en el Líbano que establezca un marco legal al respecto.

«No hay una ley o una legislación que determine el cambio de sexo. No sabemos si es obligatoria la operación o el tratamiento médico y psicológico», asegura la abogada, que cifra en doce los casos similares que actualmente se encuentran en los tribunales libaneses. «Pero el número es mayor, ya que el año pasado quince personas vinieron a verme para que las representase ante la justicia para poder cambiar de sexo», detalla.

En ese sentido, Saghieh espera que otros jueces tomen decisiones similares, aunque subraya que «dicha sentencia no modifica las leyes libanesas». «Hay que observar lo que sucederá en el futuro con las personas transexuales que soliciten modificar su género legalmente sin someterse a una operación», añade.

Pese a esta victoria judicial, Saghieh descarta que en un futuro próximo el Líbano reconozca el género neutro, como en otros países. «En el Estado actual, no se reconocen los derechos del colectivo LGTB, ¿cómo se va a reconocer el género neutro?», inquiere.

Sin embargo, este caso no es el primero en el que se ha reconocido el derecho a una persona transexual. En enero de 2014, un juez absolvió a dos personas, una de ellas transexual, acusadas de contravenir el artículo 534 del Código Penal, que castiga hasta con un año de cárcel las relaciones sexuales entre gente del mismo sexo.

Por este tipo de situaciones, Mahluf respira algo de optimismo y observa «un pequeño avance en la mentalidad de la sociedad e incluso en la de los jueces, que están más abiertos» a este tipo de asuntos.

Dosmanzanas/Agencias

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Fundación Triángulo Andalucía ha mostrado su descontento con las sentencias del Tribunal Constitucional que por el momento obligan a la Junta de Andalucía a financiar a colegios concertados que segregan al alumnado por sexos, un modelo que Triángulo considera contrario a la educación igualitaria. Triángulo anima a la Junta a seguir litigando. 

La raíz del problema es la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), impulsada y aprobada en la anterior legislatura por el Partido Popular de la mano de José Ignacio Wert, que legalizaba expresamente la financiación pública de colegios que segregan por sexo. Algo que prohibía la la LOE (Ley Orgánica de Educación), aprobada en 2006, y cuyas disposiciones han comenzado a ser sustituidas por las de la LOMCE tras ser esta aprobada a finales de 2013. Durante la vigencia de la LOE, el propio Tribunal Supremo desestimó los recursos de los colegios privados que separan a chicos y chicas y a los que se les había retirado la financiación pública, pese a lo cual la LOMCE incluyó una cláusula “retroactiva” (su disposición transitoria segunda) para que los centros que habían perdido el concierto durante 2013 por esta causa lo recuperaran. Por este y otros motivos, la LOMCE ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por varios partidos y gobiernos autonómicos.

En Andalucía, tras conocerse en 2013 (y antes de la aprobación de la LOMCE) la decisión de la Junta de retirar la subvención a este tipo de educación, varios centros recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que les dio la razón y obligó a la Junta a aportarles el dinero público que les habían retirado. Un fallo que la Junta de Andalucía ha recurrido. Además, a petición de la Junta, el TSJA planteó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013, cuyo articulado regulaba precisamente la distribución de fondos públicos a los centros educativos concertados. Lo que el Tribunal Constitucional ha desestimado ahora es esta cuestión de inconstitucionalidad, al considerar que el articulado de la Ley de Presupuestos era plenamente aplicable a la financiación de todos los centros concertados, sin entrar realmente en la cuestión de fondo que subyace al debate.

La cuestión, por tanto, sigue abierta, aunque por el momento la Junta, aunque en desacuerdo, seguirá financiando a estos centros. Habrá que ver qué pasa con los recursos pendientes, incluyendo los interpuestos ante el Constitucional (si bien la sólida mayoría conservadora de este tribunal, con buena parte de sus miembros afines al PP, no permite a nuestro juicio tener demasiadas esperanzas en este aspecto).

Es por eso que  Triángulo Andalucía anima a la Junta a seguir litigando, al considerar que por el momento el Constitucional no ha entrado en el fondo de la cuestión y lo único que se ha dirimido es una cuestión de forma. “Desde Fundación Triángulo Andalucía instamos a la Junta de Andalucía a seguir litigando en contra de una educación inconstitucional e injusta cuyo único argumento es una ley, la ley Wert, que fue aprobada contra la voluntad de toda la comunidad educativa y recibió el menor apoyo de cuantas leyes educativas se hayan aprobado en nuestro país desde 1978. Por otra parte, compartimos claramente el posicionamiento de la Junta de Andalucía contra un modelo educativo que pretende educar de forma diferencia a hombres y mujeres dando por hecho que hombres y mujeres no son iguales”, expresa Fundación Triángulo Andalucía, cuyo presidente, Raúl González, considera que “los colegios privados de educación segregada solo pueden tener un objetivo con esta educación y es diferenciar las expectativas y anhelos profesionales de niños, niñas y adolescentes en nuestra comunidad para perpetuar la diferencias entre hombres y mujeres y con ello sus roles de género. Es una intromisión clara en el derecho a la libertad ideológica de los menores”.

Triángulo, que recuerda que el artículo 14 de la Constitución Española establece que los españoles son iguales ante la ley, “sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, hace además un llamamiento a toda la comunidad educativa a “posicionarse en contra de este tipo de enseñanza, si bien marginal en nuestra comunidad no por menos inconstitucional, injusta y contra los valores de una sociedad democrática”.

Fuente Dosmanzanas

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La FIFA ha multado a las federaciones de cinco países con pequeñas cuantías económicas, por el comportamiento homófobo de sus aficiones durante los partidos de clasificación para la Copa del  Mundo de Fútbol de 2018. Las federaciones sancionadas han sido las de Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay. También se ha abierto un expediente investigador sobre el comportamiento de los aficionados de Honduras.

Los partidos clasificatorios para el próximo mundial que debe disputarse en 2018 han terminado y la FIFA ha hecho balance del comportamiento de jugadores, entrenadores y aficiones de los diferentes países. A partir de una serie de informes e investigaciones llevadas a cabo por el sistema de vigilancia antidiscriminación de la FIFA, han llevado al organismo a abrir procesos disciplinarios en contra de las estas asociaciones por los cantos «insultantes y discriminatorios» de los seguidores en los estadios hacia los homosexuales, y tuvieron lugar durante las primeras rondas clasificatorias para la Copa del Mundo de Fútbol de 2018. La federación chilena es la que se enfrenta a una sanción económica mayor, 70.000 francos suizos (63.925 euros, 70.000 dólares), al haberse detectado un comportamiento homófobo por parte de su afición en cuatro encuentros distintos. Las demás federaciones han sido multadas con 20.000 francos suizos (18.260 euros, 20.000 dólares), al tratarse de incidentes únicos. También se está investigando otro episodio protagonizado por la afición hondureña.

FARE Network, la organización que revisa los comportamientos discriminatorios que se mantienen con ocasión de los partidos clasificatorios del la Copa del Mundo de Fútbol, ha denunciado en total 10 casos de flagrante homofobia de las aficiones durante los encuentros disputados durante los pasados meses de octubre y noviembre de 2015. Los hechos se han producido tanto en el ámbito de la CONCACAF (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol) como en de la CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol).

Todas las multas, penas y sanciones que se impongan a cualquier acto homofóbico o discriminatorio siempre son bienvenidas, aunque sean un simple lavado de cara como es el caso de la FIFA. La asociación que en cada ciclo mundialista consigue recaudar la friolera de unos 5500 millones de euros, lleva unos meses sumida en una espiral de autodestrucción, atacada por todos los ángulos, como si se tratase de un personaje de una tragedia shakesperiana, por constantes casos de corrupción.

Claudio Sulser, presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, declaraba que “con el nuevo sistema de monitorización integral de las eliminatorias de la Copa del Mundo de Fútbol de la FIFA, la Comisión Disciplinaria obtiene un apoyo adicional, gracias a los informes detallados proporcionados por los observadores contra la discriminación. La FIFA y toda la comunidad del fútbol tienen que ser proactivos en educar e inspirar un mensaje de igualdad y respeto en todos los niveles del juego”.

Desde otros ámbitos, sin embargo, se considera desde hace años que las meras sanciones económicas (de cuantía palpablemente ridícula) no sirven en absoluto para combatir la homofobia en el fútbol, y se pide que se adopten medidas más contundentes para con las federaciones que consientan comportamientos homófobos durante los encuentros.

Paradójicamente, la asociación apuntala políticas antidiscriminatorias (aunque al final no sancionó) mientras no tiene problemas en otorgar la celebración de la próxima Copa del Mundo de 2018 a un país como Rusia, que desde hace años ha establecido una LGTBfobia dirigida por las propias instituciones. La locura no acaba ahí. En 2022, a Catar.

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