El juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Antonin Scalia ha fallecido a los 79 años, mientras disfrutaba unos días de asueto en un rancho de Texas. De convicciones fuertemente conservadoras, el juez Scalia se ha significado por su pertinaz rechazo a cualquier avance en los derechos de las personas LGTB, al fallar en contra de los mismos en todas las ocasiones en que la discriminación del colectivo LGTB ha llegado a instancias del Tribunal Supremo. Queda ahora en manos del presidente Barack Obama, que debe proponerlo, y del Senado estadounidense, que debe corroborarlo, el nombramiento de su sucesor.

Las autoridades federales anunciaban el fallecimiento el pasado sábado 13 de febrero del juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Antonin Scalia. El magistrado se encontraba en un rancho del oeste de Texas, al que había llegado la víspera para participar en una fiesta de carácter privado junto a otras cuarenta personas. Según las mismas fuentes, la investigación llevada a cabo permitiría considerar que el fallecimiento se ha debido a causas naturales.

Antonin Scalia fue propuesto para ser miembro del Tribunal Supremo por Ronald Reagan en 1986. Desde entonces ha destacado por su fuerte conservadurismo y por pertenecer al grupo de jueces “textualistas”, es decir, aquellos que interpretan la constitucionalidad o no de una materia en función de la literalidad del texto de la Constitución de Estados Unidos o, en su defecto, en función de lo que consideran que eran las intenciones originales de los padres de la Constitución en el momento de ser redactada. Así, estiman que asuntos como la pena de muerte, la prohibición del aborto o calificar como delito la sodomía son perfectamente constitucionales, ya que han formado parte de la tradición jurídica estadounidense desde el primer momento, incluso en vida de los padres de la Constitución, sin que estos expresaran dudas al respecto.

Él mismo declaró en 2012 que le resultaba “absolutamente fácil” sentenciar en contra de cuestiones como el derecho al aborto o “la sodomía homosexual”, cuya penalización justificaba en que “durante doscientos años ha sido un delito en todos los estados”. Esta aseveración se ha visto repetidamente respaldada por sus votos discrepantes en todos los casos dilucidados por el Tribunal Supremo en materia de derechos LGTB en los últimos años.

Romer vs. Evans o la protección contra la discriminación

En 1992, los ciudadanos de Colorado votaron mayoritariamente a favor de una enmienda a la Constitución de ese estado, que impediría que los ciudadanos homosexuales o bisexuales pudieran solicitar a las instituciones públicas el ser considerados como minoría, y poder reclamar que se adoptasen a su favor las oportunas medidas antidiscriminatorias.

Por una mayoría de 6 votos contra 3, en mayo de 1996 el Tribunal Supremo dictaminó que esa enmienda violaba la Constitución de los Estados Unidos, pues impedía que las personas de una determinada orientación sexual pudieran denunciar cualquier discriminación arbitraria de la que fueran objeto. Según la sentencia, “la enmienda es a la vez demasiado angosta y demasiado amplia. En ella se identifica a las personas por tan solo un rasgo, y luego se les deniega la protección en todos los ámbitos. La inhabilitación para ejercer el derecho a solicitar protección a un tipo determinado de personas no tiene precedentes en nuestra jurisprudencia”.

El juez Antonin Scalia discrepó de la sentencia, señalando en sus argumentos que “la enmienda constitucional que aquí nos ocupa no es la manifestación de un deseo de dañar a los homosexuales, a priori, sino más bien es un modesto intento por parte de los residentes de Colorado, aparentemente tolerantes, de preservar las costumbres sexuales tradicionales contra los esfuerzos de una minoría poderosa políticamente de revisar esas costumbres por medio del uso de las leyes”.

El magistrado justificaba repetidamente que se tratase de conservar en las leyes la desaprobación a la homosexualidad, bien sea penalmente o, como en el caso de Colorado, evitando la igualdad ante la ley de los homosexuales. Para el juez Scalia, que hacía así toda una declaración de principios y de prejuicios, el problema era que “quienes participan de la conducta homosexual tienden a residir en un número desproporcionado en ciertas comunidades, disponen de altos ingresos y se preocupan por los derechos homosexuales mucho más ardientemente que el público en general, tienen un poder político mucho mayor que el que les corresponde por su número, tanto a nivel local como a nivel estatal. Es bastante comprensible que dediquen ese poder político para lograr no solo una tolerancia social a regañadientes, sino la aceptación social plena de la homosexualidad”.

Lawrence vs. Texas o el fin de la penalización de la homosexualidad

En 1998, John Lawrence y Tyron Garner fueron detenidos en el domicilio del primero de ellos, en la ciudad de Houston. Se les acusaba de vulnerar la ley contra la “Conducta Homosexual” vigente en el estado de Texas, que penalizaba que dos personas del mismo sexo mantuvieran sexo oral o anal, aunque la relación sexual tuviera lugar en la intimidad de un domicilio particular, y aunque esas prácticas si se les estuvieran permitidas a las parejas heterosexuales.

Tras una larga batalla legal, llena de apelaciones y sentencias contradictorias, el caso terminó en manos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No había precedentes halagüeños respecto a la doctrina del alto tribunal, pues en 1986 el panel de jueces entonces en activo había validado las leyes contra la sodomía del estado de Georgia. Pero sí que existía el precedente favorable de Romer vs. Evans y su declaración de inconstitucionalidad de las leyes que impidieran la protección contra la discriminación.

Afortunadamente, en una sentencia histórica fechada en junio de 2003, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó, por una mayoría de 6 votos contra 3, que las leyes contra la sodomía vigentes en varios de los estados vulneraban la Constitución de los Estados Unidos. No solo se declaraba inconstitucional que el Estado interfiera en las relaciones sexuales privadas y consensuadas entre adultos, sino que establecía que ese derecho a la intimidad y a la privacidad debía ser disfrutado igualmente por las parejas de distinto o del mismo sexo.

Uno de los tres jueces discrepantes fue, de nuevo, Antonin Scalia. En esta ocasión, en su argumentación denunciaba que la sentencia formaba parte de la, para él, bien conocida “agenda homosexual”, en la que estarían involucrados los más afamados bufetes de abogados. El juez justificaba su discrepancia en que “muchos estadounidenses no quieren que las personas que se dedican abiertamente a la conducta homosexual sean sus socios en los negocios, monitores de sus hijos, maestros en las escuelas de sus hijos, o formen parte del servicio doméstico. Ellos ven estas leyes como una protección para sí mismos y sus familias de un estilo de vida que creen que es inmoral y destructivo”. Finalmente llegaba a afirmar que la discriminación en este caso se trataba de “un derecho constitucional” al igual que lo era en cuestiones como el asesinato, el bestialismo, el incesto o la crueldad con los animales.

A pesar de los argumentos de Scalia, en la práctica, Lawrence vs. Texas supuso el fin de la penalización de las relaciones homosexuales en los Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor avance en los derechos de las personas LGTB en ese país hasta la fecha.

US vs. Windsor o el reconocimiento federal de los derechos LGTB

Edith (familiarmente “Edie”) Windsor, de 83 años, no pudo acogerse a una serie de beneficios para los matrimonios en materia de herencia a la muerte de su esposa Thea Spyer en 2009, lo que la obligó a desembolsar 360.000 dólares en impuestos. Y ello pese a que Windsor y Spyer, pareja durante 44 años, se casaron en Canadá en 2007 y el estado de Nueva York reconoció su matrimonio (aunque Nueva York solo celebra matrimonios entre personas del mismo sexo desde 2011, antes ya reconocía los celebrados fuera).

De todo ello era responsable la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. Windsor reclamó que el no reconocimiento de su matrimonio por la administración federal violó las garantías de igualdad de protección contenidas en la Constitución de los Estados Unidos. Leer más…

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Richard Arnold, director ejecutivo del Manchester United, anunció esta semana que su mundialmente conocido club de fútbol jugará un partido amistoso contra el equipo de fútbol gay más antiguo del Reino Unido: el Stonewall F.C.

Arnold hizo el anuncio durante el cierre del evento “Team Pride: Levelling the LGBT Playing Field”, organizado con el objetivo de abordar la cuestión de la discriminación LGTBI en el mundo del deporte, en la que se analizó cómo las grandes empresas pueden promover una mayor inclusión. La conferencia fue organizada por Aon y apoyada por el Manchester United, Adidas, EY, Accenture, Aviva, Barclays y otras empresas importantes, muchas de las cuales patrocinan eventos deportivos, así como equipos y atletas.

También participaron la asociación de defensa de los derechos LGTB Stonewall, con su directora ejecutiva Ruth Hunt hablando de su campaña de cordones arcoíris para acabar con la homofobia en el fútbol, y Mark Gonnella, director de comunicación del Arsenal F.C., uno de los grandes defensores de la citada campaña.

Arnold participó en la apertura y cierre de la conferencia, y habló sobre el compromiso del Manchester United con la diversidad y la inclusión, usando una cita de Alex Ferguson, el que fuese mítico entrenador del Manchester United durante más de 25 años, para resaltar el espíritu del club: “Es imposible ganar un partido de fútbol con once porteros. Se necesita contar con diferentes talentos, pero hay que trabajar en equipo“.

“La diversidad de nuestro personal pone de relieve la importancia del trabajo en equipo. La atención se centra en los once jugadores, pero hay más de dos mil miembros de personal participando en la puesta en marcha de un partido en el Old Trafford […] La inclusión es importante. El poder del deporte para unir a la gente ha sido subestimado“, continuó Arnold.

De este modo, en el próximo partido de primera división entre Manchester United y Arsenal, previsto para el 28 de febrero, los capitanes de ambos equipos intercambiarán un par de cordones arcoíris gigantes, en apoyo a la campaña de Stonewall. Y es que se espera que el partido sea visto por millones de aficionados al fútbol de todo el mundo. Asimismo, el Manchester United jugará el partido antes mencionado -en fecha aún no determinada- contra el Stonewall F.C., club de fútbol que este mes celebra su veinticinco aniversario. Eso sí, Arnold señaló que, debido a la descompensación entre el nivel de una plantilla y el otro, el Stonewall se enfrentará a un equipo compuesto por veteranos del Manchester United y personal del club, en lugar de a jugadores de su primer equipo.

Fuente Dosmanzanas

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Foto de Renzo Salazar (Sin Etiquetas)

A causa de los ataques, varios activistas resultaron heridos, entre ellos, una periodista de un medio LGTB peruano que intentaba ayudar a uno de los manifestantes.

Chorros de agua, empujones, golpes… Fue la agresiva respuesta policial a la besada que activistas LGTB habían convocado un año más en la Plaza de Armas de Lima, en Perú. Una periodista resultó incluso herida en la cara al intentar ayudar a un activista que estaba siendo golpeado. Una violencia policial que representa bien la situación que vive el país andino, cuya comunidad LGTB ha pasado en pocos años de la esperanza al desencanto.

Cada mes de febrero, activistas LGTB de la capital peruana acuden a besarse públicamente en la histórica Plaza de Armas para conmemorar el aniversario de la brutal intervención policial que en 2011 tuvo lugar para dispersar la primera acción “Besos contra la Homofobia”. El hecho, que mereció la condena internacional y forzó a las autoridades a pedir disculpas, supuso un punto de inflexión en la lucha a favor de los derechos LGTB en el Perú. Es por eso que el 12 de febrero se considera desde entonces en Perú el Día de la Dignidad LGBT. En 2012 fue conmemorado de forma pacífica, pero en años posteriores volvieron a reproducirse los incidentes. Este 2016 la violencia policial incluso se ha recrudecido, como muestra la agresión sufrida por la periodista Fiorella Gil Mena, de la web Sin Etiquetas, cuando simplemente intentaba ayudar a un activista que estaba siendo golpeado. “Salgan de aquí que les  va a ir peor”, fue lo que escuchó la periodista mientras recibía el golpe que le partió la ceja (aquí su crónica de la jornada).

Al igual que en años anteriores, las crónicas insisten en que la Plaza de Armas, como parte del centro histórico de Lima, es una zona restringida en la que no se pueden celebrar manifestaciones. Una ordenanza que sin embargo hace ya diez años que fue declarada inaplicable por el Tribunal Constitucional. Los activistas LGTB, en cualquier caso, resaltan que la acción consiste simplemente en darse besos… algo que ninguna ordenanza prohíbe en el caso de las parejas heterosexuales que acuden a la simbólica plaza, flanqueada por las sedes del poder local (Ayuntamiento), nacional (Palacio de Gobierno) y religioso (catedral y arzobispado). Por otra parte, no está de más recordar que en 2013 (año en el que también recogimos el evento) los accesos a la plaza fueron bloqueados a los activistas LGTB (utilizando chorros de agua e incluso gases) mientras que se dejó acceder sin problemas a los integrantes de agrupaciones católicas fundamentalistas, que portando pancartas se apostaron frente a la catedral para “defenderla” frente al supuesto agravio que significaba que parejas del mismo sexo se besasen cerca.

Insertamos a continuación un vídeo que muestra algunas imágenes de lo sucedido este sábado:

Perú, una situación empantanada

De una forma quizá descarnada, lo cierto es que la violencia policial del sábado no es más que una nueva muestra del retraso que Perú acumula ya en materia de derechos LGTB respecto a sus vecinos, más aventajados. Es el caso de Ecuador, que pese a sus insuficiencias dispone por ejemplo de una unión civil abierta a personas del mismo sexo reconocida constitucionalmente. O de Colombia, que gracias a las sentencias de su Corte Constitucional, considera las parejas del mismo sexo como familia, reconoce ya la homoparentalidad e incluso podría disponer en breve de matrimonio igualitario.

En Perú, sin embargo, y pese a que hace ahora un año hacíamos alusión a lo que parecía la reactivación del debate sobre un posible (aunque limitado) reconocimiento de las parejas del mismo sexo, lo cierto es que la situación quedó empantanada. Todos los ojos están ahora puestos en lo que suceda el 10 de abril, cuando se elija un nuevo presidente en sustitución de Ollanta Humala (cuya presidencia se ha caracterizado por el sistemático incumplimiento de las tímidas promesas que en su momento hizo en materia LGTB) y un nuevo Congreso.

Esperemos que el nuevo escenario que surja de esas elecciones permita al menos desbloquear los temas pendientes, si bien las previsiones no permiten ser muy optimistas: la principal favorita a alzarse con la presidencia a día de hoy es Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, que no se caracteriza precisamente por sus posiciones proLGTB. Mejor predisposición tiene Julio Guzmán, de Todos por el Perú, a día de hoy segundo en las encuestas y que podría disputar la presidencia a Fujimori en la segunda vuelta. Aunque tanto o más importante que quién se alce con la presidencia será la composición del Congreso (para los muy interesados, en este enlace puedes acceder a las propuestas de cada formación en materia LGTB, según el análisis elaborado por el colectivo peruano No Tengo Miedo).

Fuente Dosmanzanas

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Nueva agresión de carácter homófobo perpetrada por un grupo neonazi en Mar del Plata (a unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires). En esta ocasión la víctima fue Javier Moreno, activista LGTB y propietario del Nevermind, un local de ambiente que fue atacado sobre las seis de la mañana del domingo día 14. Afortunadamente esta vez nadie resultó herido de gravedad. Uno de los atacantes ha sido detenido.

No se trata del primer ataque del que es víctima Javier Moreno, presidente de la Asociación Marplatense de Derechos a la Igualdad (AMADI), que ya hace varios meses fue agredido. En esta ocasión el ataque tuvo lugar cuando ya el local de Moreno había sido cerrado al público, aunque todavía permanecían personas dentro. Los testigos escucharon al grupo de asaltantes destrozar los vidrios de la entrada y atacar el local con barras rellenas de cemento, piedras y arrojando basura, mientras proferían insultos homófobos y amenazas del tipo de “homosexual, vamos a venir hasta que te podamos matar”.

Desde el interior del local Javier Moreno avisó a la Policía, que se personó en el lugar. De hecho, el sargento Favio Giri fue agredido con una de las barras que portaban los atacantes. Nicolás Caputo, de 28 años, integrante del grupo neonazi Bandera Negra y que según los testigos llevaba un arma de fuego (que afortunadamente no llegó a disparar) fue detenido.

Los informantes señalaron que el joven arrestado era Nicolás Caputo, de 28 años, apodado como “El Rusito”, a quien la Fundación La Alameda había denunciado como integrante de la agrupación neonazi “Bandera Negra”. Según la ONG ese hombre, junto a otros integrantes de la banda había sido denunciado en octubre de 2015 por amenazas y por golpear a Moreno en la calle.

Moreno, dueño del bar, relató que “el Rusito estaba con un arma en el medio de la calle, había otro con un cuchillo en la mano y el resto con palos con cemento”. “Nosotros podíamos ver todo desde el interior por las cámaras de seguridad. Tenemos más de 50 testigos de la agresión”, añadió. El incidente quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.

Se da además la circunstancia de que cuando Javier Moreno y otros varios testigos de lo sucedido acudieron a comisaría a poner la correspondiente denuncia se encontraron con que uno de los atacantes estaba denunciando haber sido agredido por el personal de seguridad del local, incluso presentando testigos, pese a que los agresores ni siquiera llegaron a penetrar en el mismo. Moreno asegura además que fue insultado y amenazado incluso delante de los efectivos policiales. “Me gritaron que me van a abrir la panza, que me van a incendiar el local y que van a venir hasta que me encuentren de cerca y me van a matar”, ha declarado el dueño del Nevermind, cuya fachada por cierto está cubierta de amenazantes pintadas neonazis.

Terror neonazi en Mar del Plata

El ataque al local de Javier Moreno tiene lugar solo unas pocas semanas después de que otro activista de AMADI, el joven Juan Martín Navarro, recibiera una brutal paliza a manos también de neonazis de Bandera Negra. A raíz de los golpes perdió el conocimiento y requirió un día y medio de hospitalización. Sufrió además fractura del tabique nasal y diversas secuelas físicas.

Llama desde luego la atención la aparente impunidad con la que parecen moverse los integrantes de Bandera Negra, que además de atacar a activistas gais han protagonizado ya distintas agresiones contra personas de estética punk, trabajadoras sexuales o mujeres trans, entre otras víctimas.

Lo comentábamos ya al hacernos eco de la paliza a Juan Martín Navarro: los colectivos argentinos viene alertando del crecimiento exponencial de la violencia neonazi contra personas LGTB. La Federación Argentina de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans (FALGBT) se proclamaba recientemente en “estado de alerta” e insistía en la necesidad de una ley antidiscriminatoria que permita combatir con más contundencia este tipo de violencia.

Fuente Dosmanzanas/SentidoG

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El juez de la Corte Suprema de Mzuzu Dingiswayo Madise ha dictado una orden en la que conmina a las fuerzas del orden a seguir aplicando la legislación malauí que castiga las relaciones homosexuales con hasta 14 años de prisión, a pesar de que el ministro de Justicia comunicara recientemente que las leyes al respecto estaban suspendidas hasta que el Gobierno y el Tribunal Constitucional decidieran sobre si deben ser derogadas. El juez informa asimismo de que cualquiera que contravenga su orden cometerá desacato y podrá ser encarcelado o multado.

El ministro de Justicia de Malawi, Samuel Tembenu, se vio obligado a emitir recientemente un comunicado en el que reiteraba la moratoria impuesta por su Gobierno a la aplicación del artículo 153 del Código Penal, que castiga las relaciones “contra el orden de la naturaleza” con hasta 14 años de prisión. La causa fue la difusión internacional de la detención de Cuthbert Kulemela y Kelvin Gonani, dos jóvenes acusados de mantener relaciones homosexuales. El ministro no solo comunicaba la continuidad en la suspensión de la ley, sino que ordenaba a las fuerzas del orden que liberasen sin cargos a los detenidos.

Contra esa decisión plantearon un recurso tres miembros de la Asociación de Jóvenes Clérigos de Malawi ante la Corte Suprema de Mzuzu, la capital de la región norteña del país. En la apelación  alegaban que el ministro de Justicia no tenía “autoridad para suspender la aplicación de ninguna ley o para dejar de someter al debido proceso de la ley a todas las personas que fueran sospechosas de haber cometido delitos homosexuales o delitos por haber tenido conocimiento carnal contra el orden de la naturaleza, en virtud del artículo 153 del Código Penal”.

El pasado lunes 8 de febrero, el juez Dingiswayo Madise falló a su favor, y emitió una orden por la que conminaba a la Fiscalía General del Estado y a la Dirección General de la Policía a que continuara la persecución de quienes mantuvieran relaciones con personas de su mismo sexo. La orden también establecía que quienes hayan sido puestos en libertad debido a la moratoria, tendrán que enfrentarse a un nuevo juicio, entre ellos Cuthbert Kulemela y Kelvin Gonani.

El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, como partes afectadas, podrán presentar alegaciones a la orden dictada en el plazo de 7 días, celebrándose una audiencia pública al respecto una vez transcurridos catorce días. Mientras tanto, el juez recuerda que cualquiera que contravenga su orden cometerá el delito de desacato, y podrá enfrentarse a penas de prisión y a sanciones económicas.

Una ley repetidamente suspendida y reanudada

Como señalábamos anteriormente, la detención de Cuthbert Kulemela y Kelvin Gonani por mantener relaciones homosexuales en diciembre de 2015 forzó al ministro de Justicia, Samuel Tembenu, a reiterar una vez más la moratoria, lo que parecía poner punto final a las vacilaciones del gobierno malauí sobre el asunto.

Sin embargo, la decisión del juez de la Corte Suprema de Mzuzu, Dingiswayo Madise, de ordenar la aplicación de la ley y declarar ilegal la moratoria enfrenta de nuevo a la población LGTB de Malawi a la discriminación y la persecución más intolerables.

Fuente Dosmanzanas

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Se nos denega la entrada a @AntiqueTheatro por nuestra orientacion sexual. ¿Como sigue ocurriendo esto a estas alturas? #StopHomofobia RT

— Jesús Bolín Ramírez (@bolitadesevilla) febrero 12, 2016

¿Rebrote de LGTBfobia o mayor visibilidad de la violencia?

Sin salir de Andalucía, el sábado conocíamos la agresión sufrida el pasado martes por un chico trans en Granada. Pero estos últimos días también nos hemos hecho eco de episodios similares ocurridos en diferentes puntos de España: Santiago de Compostela, Gandía… Por no hablar del acúmulo de casos que se viene dando en diversos puntos de Madrid y su comunidad.

Sea porque hay un verdadero repunte, sea porque se está perdiendo el miedo a denunciar y los medios dan mayor proyección a estas denuncias, lo cierto es que la LGTBfobia se hace cada vez más visible en las calles de España. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, correspondientes a 2014 (aún no ha sido hecho público el balance completo del año 2015), el grupo más numeroso de incidentes relacionados con los delitos de odio en España (un 39,9% del total) se debieron a orientación sexual o identidad de género. Si se tiene en cuenta que en esta materia solo se denuncian una parte de los delitos, el panorama es en cualquier caso inquietante.

Fuente Dosmanzanas

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La Asamblea de la República portuguesa ha levantado el veto presidencial a la ley que permite la adopción homoparental, con el apoyo de 137 diputados de los 230 que componen la única cámara del Parlamento. Aníbal Cavaco Silva, jefe de Estado en funciones hasta ser relevado el próximo 9 de marzo, deberá promulgar en el plazo de ocho días la misma ley a la que interpuso su veto. Portugal dejará de ser, de esta manera, el único país europeo que garantizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no permitía la adopción homoparental.

Este miércoles 10 de febrero se ha celebrado en la Asamblea de la República de Portugal una votación para levantar los dos últimos vetos interpuestos por el, ahora en funciones, jefe de Estado, el presidente Aníbal Cavaco Silva. Uno de ellos afectaba a la ley que permite la adopción a las parejas del mismo sexo, aprobada por el Parlamento portugués el pasado 20 de diciembre de 2015 y vetada por el presidente Cavaco Silva el 23 de enero de este año, concluyendo así su mandato haciendo gala una vez más de su inveterada LGTBfobia.

Un total de 137 diputados, de los 230 que componen la Asamblea de la República, ha votado a favor del levantamiento del veto. Al esperado apoyo de los diputados del Partido Socialista (PS), el Bloque de Izquierda, Los Verdes y el partido animalista Personas-Animales-Naturaleza (PAN), se ha sumado el de algunos diputados del centroderechista Partido Socialdemócrata (PSD), ahora en la oposición, y al que pertenece Cavaco Silva. En contra del levantamiento han votado el resto de los representantes del PSD y los del derechista Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP).

La cifra de votos favorables al levantamiento del veto ha superado ampliamente los 116 requeridos, por lo que la ley de adopción homoparental deberá ser promulgada obligatoriamente. La normativa portuguesa establece un plazo de ocho días desde la decisión de la Asamblea de la República para que se efectúe la promulgación, por lo que, de cumplirse el calendario, sería el propio Aníbal Cavaco Silva quien debería promulgarla, pues continuará como jefe de Estado en funciones hasta ser relevado el próximo 9 de marzo por el vencedor en las pasadas elecciones presidenciales, Marcelo Rebelo de Sousa.

Sin embargo, la ley no contempla sanción alguna para el jefe de Estado si no efectúa la promulgación en el plazo establecido, por lo que, conociendo la historia del personaje político, pudiera darse el caso de que Cavaco Silva hiciera un acto de pura insumisión negándose a cumplir con sus deberes. En todo caso, únicamente supondría una leve demora, pues el presidente de la República entrante, el anteriormente citado Marcelo Rebelo de Sousa, ya ha declarado que no tendría ningún inconveniente en promulgar la ley.

Cuando el acto de la promulgación definitiva tenga lugar, Portugal dejará de ser el único país europeo donde estaba permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no la adopción homoparental.

Un largo periplo hasta la aprobación

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El Parlamento Europeo ha emitido una resolución en la que expresa su preocupación por la situación de los derechos humanos en la península de Crimea desde la ocupación rusa, cuya anexión sigue considerando ilegal. Aunque el texto aprobado abunda especialmente en la opresión que sufre la minoría tártara y quienes no aceptan la ciudadanía rusa, también incluye un apartado en el que “expresa su profunda preocupación por la situación de las personas LGBT en Crimea”.

El presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, decía esta semana que la homosexualidad es una manifestación «vulgar» de la cultura occidental en un nuevo ataque contra las personas LGBTI en este país de Asia Central en el que la relación sexual voluntaria de dos individuos de sexo masculino es castigada con hasta tres años de prisión. Una situación similar se vive en Crimen, sobre todo, desde que Rusia se anexionó la península en marzo de 2014 hasta el punto de que la Unión Europea ha expresado su ‘profunda preocupación’ por el deterioro de la situación de los derechos LGBTI en la región. El primer ministro, Sergei Aksyonov (en la fotografía), sobre el que pesa la acusación de presuntos vínculos con el crimen organizado, ha prohibido todas las manifestaciones públicas del colectivo LGBTI intensificando la ‘caza de brujas’ contra la diversidad.

El Parlamento Europeo ha adoptado una resolución en relación a la situación de los Derechos Humanos en la Península de Crimea, condenando las restricciones a la libertad de expresión, de asociación y reunión pacífica, así como los reiterados discursos de odio homofóbico. El Parlamento Europeo adoptó una resolución este pasado 3 de febrero en el que condena la «acción represiva y amenazas por parte de las autoridades de facto y grupos paramilitares contra las personas LGBTI«. La eslovena, Tanja Fajon, vice-presidente del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre los derechos LGBTI, dijo que estaba «profundamente preocupada» por la situación: “Con la retórica homofóbica procedentes de los niveles más altos y la violencia que impera con total impunidad, no es de extrañar que muchos no ven otra opción que abandonar la península”, dijo la política de la UE.

La resolución, fechada el pasado 4 de febrero, hace un detallado análisis de la situación de los derechos humanos en la península de Crimea desde la ocupación rusa. Según la resolución, tanto las fuerzas rusas ocupantes como los grupos paramilitares son responsables de la discriminación y violencia a que son sometidas las minorías que no aceptan la anexión a Rusia. Despierta gran preocupación en el Parlamento Europeo la situación de quienes se han negado a adoptar la ciudadanía rusa y, en especial, la minoría tártara, que se situó en el bando ucraniano durante el conflicto.

En el apartado 17, además, el Parlamento Europeo “expresa su profunda preocupación por la situación de las personas LGBT en Crimea, que se ha agravado sustancialmente tras la anexión a Rusia, y respecto a los actos de represión y amenazas por parte de las autoridades de facto y los grupos paramilitares”.

El Parlamento Europeo recuerda a Rusia que “como potencia ocupante tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de toda la población, y el respeto de los derechos humanos, culturales y religiosos de los tártaros indígenas y de todas las demás minorías de Crimea, así como la defensa del orden jurídico en Crimea”.

La independencia de la Península de Crimea de Ucrania y su posterior anexión a la Federación Rusa en 2014 ha traído severos ajustes para la población que van mucho más allá de la asunción de a un nuevo huso horario.

Se trata de la »importación» de los preceptos más reaccionarios impulsados por el gobierno de Vladimir Putin, que han agudizado la merma de los derechos humanos en un territorio que históricamente tampoco se había abierto de manera adecuada a su reconocimiento.

Por esta razón, y ante el conflicto de intereses que enfrenta a la Federación Rusa con la Unión Europea desde entonces, el Parlamento Europeo ha vuelto a poner el foco en la inseguridad y riesgo que atraviesa la comunidad LGTB en el territorio emancipado.

A través de la resolución adoptada ayer, la cámara comunitaria mostró su preocupación ante la situación de los derechos humanos en Crimea y las graves restricciones a las libertades de expresión, de asociación y de reunión pacífica.

En su inicio, la resolución condena «los niveles sin precedentes de violaciones de los derechos humanos perpetrados contra residentes de Crimea» después de la anexión rusa.

Y en lo que respecta específicamente a la ciudadanía LGBTI, la resolución «expresa su grave preocupación por la seguridad del colectivo, añadiendo que su situación de vulnerabilidad ha «empeorado sustancialmente» a raíz de la ocupación. A su vez, el Parlamento destaca que se encuentra alarmado por los  «actos y amenazas que llevan a cabo las autoridades de facto represivo y grupos paramilitares» en el territorio.

Prueba de ello es que todas las organizaciones LGBTI con presencia en Crimea han tenido que cesar sus actividades, debido a la ley federal de Rusia que prohíbe la expresión pública de la homosexualidad, así como la represión y amenazas por parte de las autoridades de ocupación y los grupos paramilitares.

En este sentido, la vicepresidente del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre los derechos LGBTI Tanja Fajon ha expresado:

Estoy profundamente preocupado por la situación de las personas LGBTI en Crimea. Con la retórica homofóbica procedentes de los niveles más altos, y la violencia va en total impunidad, no es de extrañar que muchos ven otra opción que abandonar la península «. […] Como potencia ocupante, Rusia tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de toda la población, incluidas las personas LGBTI. Hago un llamamiento a los Estados miembros de la UE, la Comisión Europea y el Consejo de Europa para mantener la presión sobre las autoridades rusas «.

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Malas noticias para la igualdad de las personas LGTB en Italia. El Movimiento 5 Estrellas, el partido liderado por el cómico Beppe Grillo que con su discurso contra la política tradicional se colocó en las últimas elecciones como el segundo más votado de Italia, ha sucumbido a la gran movilización homófoba contra el proyecto de uniones civiles entre personas del mismo sexo y ha decidido dar libertad de voto a sus parlamentarios sobre la denominada stepchild adoption, es decir, la posibilidad de que en el seno de una pareja del mismo sexo uno de los miembros de la pareja pueda adoptar a los hijos del otro. Un giro que ha producido estupefacción en los colectivos LGTB italianos y que amenaza con descafeinar aún más el proyecto.

Italia sigue siendo el único gran país de Europa occidental que carece de reconocimiento alguno de las parejas del mismo sexo, más allá de algunas iniciativas locales de escaso alcance (hasta la muy ortodoxa Grecia ha aprobado ya una regulación en este sentido). Y ello pese a que tras el histórico resultado del referéndum irlandés sobre el matrimonio igualitario el primer ministro Renzi declaraba que “las uniones civiles no pueden retrasarse más”. Curiosamente, el propio Renzi era el que había actuado hasta entonces como freno al proyecto, pese a que el Parlamento salido de las elecciones de 2013 no debería tener, de acuerdo a las posiciones defendidas por los partidos en ese momento, especiales dificultades para aprobarlo.

La propuesta que está sobre la mesa es la presentada por la senadora Monica Cirinnà en junio de 2014, que reconocería a las parejas del mismo sexo su derecho a contraer una unión civil con derechos similares a los del matrimonio salvo la adopción conjunta. Sí que permitiría, bajo ciertas circunstancias, la adopción por parte de uno de los miembros de la pareja de los hijos que ya tenga el otro miembro de la pareja. Algo que por cierto ya ha sido reconocido por la propia justicia italiana. El proyecto recibía por fin la aprobación de la Comisión de Justicia del Senado en mayo pasado, y parecía reactivarse en octubre, aunque finalmente no ha llegado al pleno del Senado hasta ya entrado 2016, ante la desesperación de los colectivos italianos.

En todo este tiempo, Matteo Renzi (Partido Democrático, PD) ha intentado llegar a un acuerdo con su socio principal de gobierno, el Nuevo Centro Derecha de Angelino Alfano (actual ministro del Interior), que se niega a aceptar el proyecto de Cirinnà y prefiere una regulación de menor nivel que ni siquiera contemple la posible adopción de los hijos de la pareja. No ha sido posible. Renzi, partidario de dejar libertad de voto en esta última cuestión, se ha visto abocado a dejar de lado a Alfano y confiar en que a una supuesta mayoría de parlamentarios de su propio partido se sumasen diversas fuerzas menores de izquierda y sobre todo el Movimiento 5 Estrellas (M5S), que hasta ahora se había mostrado inequívocamente partidario del proyecto.

Y decimos hasta ahora, porque después de las recientes y masivas movilizaciones populares tanto a favor como en contra del proyecto, el M5S ha decidido dar libertad de voto por lo que a la adopción se refiere. Una decisión que Beppe Grillo hacía pública en su blog el pasado fin de semana, “en respuesta a tantas peticiones por parte de los electores, inscritos y portavoces del M5S sobre este tema ético”, y que justificaba en el hecho de que en la votación online sobre la materia que los inscritos llevaron a cabo en 2014, y cuyo resultado fue masivamente favorable a dar el sí a las uniones civiles, no se mencionaba expresamente la adopción. Un argumento discutible, por cierto, dado que en el texto explicativo que en su momento acompañaba a la votación sí que se explicaba que la ley excluía la adopción “ex novo” por parejas del mismo sexo).

La decisión del M5S complica la aprobación íntegra del proyecto Cirinnà, ya amenazada previamente por la división existente dentro del propio PD, un partido que es en realidad una amalgama de democristianos, centristas, socialdemócratas y socialistas, y en el seno del cual hay un grupo consolidado de contrarios al proyecto en su versión actual. Lo que pueda suceder en próximos días, cuando el Senado comience a votar las innumerables enmiendas, es de hecho imprevisible. No tanto por la existencia de contrarios a la stepchild adoption en el seno del M5S (la web Gay.it estima que no serían más de tres) como por el efecto “psicológico” de la decisión del M5S, que demuestra la tremenda fuerza que los católicos tienen en la política italiana con independencia del sesgo ideológico de los partidos.

Seguiremos con atención lo que suceda…

Fuente Dosmanzanas

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Instantánea del Orgullo de Bombay, tomada por la activista animalista @PoorvaJo: si Dios odia a los gais ¿por qué somos tan monos?

Cerca de diez mil manifestantes se reunieron el sábado en el Queer Azaadi Mumbai en su novena edición. Un evento que este año celebra la entrada a trámite del recurso judicial que podría eliminar la consideración como ciminales de las personas LGTB en el Código Penal.

Miles de personas, muchas de ellas heterosexuales que quisieron acompañar a sus amigos y amigas LGTB o que simplemente se manifestaron por lo que consideran justo, marcharon el sábado por la calles de Bombay en su 9º Marcha del Orgullo, que transcurrió con absoluta normalidad. El evento adquiría este año una significación especial, al haber decidido la Corte Suprema de la India admitir a trámite el último recurso posible en contra de la sentencia que reinstauró la penalización de la homosexualidad en el país asiático. Un panel de cinco jueces escuchará en los próximos días los argumentos de varios grupos de defensa de los derechos LGTB y decidirá sobre la derogación de la provisión homófoba.

La comunidad LGTB de La India ha celebrado su noveno Queer Azaadi anual en la ciudad de Mumbai con una grandísima posibilidad en el horizonte: asistir a la eliminación de la Sección 377 de su Código Penal, por el cual las personas homo, bi y transexuales se enfrentan a penas que ascienden hasta los diez años de cárcel.

Organizado por el colectivo Queer Azaadi Mumbai, la marcha reunió a unos 7.000 participantes, entre los que se encontraban veteranos activistas LGTB, como Ashok Row Kavi; personas conocidas, como los actores Manoj Bajpai y Rajkummar Rao, protagonistas de Aligarh, película india que recrea la historia real de un profesor universitario que fue despedido debido a su orientación sexual, o Manvendra Singh Gohil, hasta la fecha el único príncipe indio abiertamente gay, y sobre todo, y ello fue muy destacado por asistentes y medios de comunicación (como The Times of India), numerosas parejas heterosexuales y familias que decidieron sumarse a un evento que este año tenía un cariz especialmente reivindicativo.

Por esta razón, el Queer Azaadi Mumbai ha recibido más apoyo de la comunidad heterosexual que nunca, un impulso que ha venido materializado por la incorporación de varios rostros populares a los eventos de sensibilización y por la marcha de varios grupos de progenitores en favor de los derechos igualitarios de sus hijos.

A lo largo de la marcha, que ha congregado a diez mil asistentes según la organización, los manifestantes lanzaron proclamas acompañadas de tambores, y llevaron a cabo bailes y cánticos para amenizar la cita, que discurrió desde el parque August Kranti Maidan hasta la Opera House, para volver a su punto inicial por el Puente Kennedy.

La multitud tenía un objetivo principal durante toda la cita: protestar contra el artículo 377 del Código Penal, algo que este año se ha reclamado con mucha más esperanza al estar en la mano del Tribunal Supremo su eliminación definitiva. Al evento acudieron numerosas familias, integrantes de diversas ONG y miembros de la sociedad civil que portaron pancartas, elaborados trajes y maquillajes inspirados por el folclore y ta tradición religiosa india. A su vez, se contabilizó un significativo número de participantes de otras ciudades y de países extranjeros, que tras la marcha se unieron al acto simbólico de la organización de liberación de globos con los colores arcoíris.

Tras nueve años de conmemoración, la marcha Queer Azaadi Mumbai ha visto cómo las cerca de 500 personas que participaron en la primera edición, han ascendido hasta rozar la decena de miles, en una ciudad en la que viven 11,9 millones de personas. Desde de 2011 el Queer Azadi también ofrece durante su celebración un programa de actividades para que la ciudadanía se acerque a la comunidad LGTB entre los que destacan proyecciones de películas, obras de teatro o espectáculos callejeros. Todo lo que sea necesario para hacer valer sus derechos humanos y promover la igualdad en todos los sectores de la sociedad.

Como informamos hace pocos días, la Corte Suprema de la India ha decidido admitir  a trámite el último recurso posible en contra de la sentencia que reinstauró la penalización de la homosexualidad en el país asiático. Desde que el Tribunal Supremo de La India aprobara la reinserción en el Código Penal de las relaciones entre personas del mismo sexo en 2013, numerosas iniciativas locales e internacionales han denunciado esta flagrante merma de los derechos y libertades del colectivo. El 11 de diciembre de 2013, la Corte Suprema de la India dictaminó en contra de la despenalización de las relaciones homosexuales que en julio de 2009 había decidido el Alto Tribunal de Delhi. La Corte Suprema consideró que el Alto Tribunal de Delhi se extralimitó en sus funciones, señalando que corresponde al poder legislativo derogar la sección 377, que tras la sentencia quedó de nuevo en vigor. Por consiguiente, las relaciones homosexuales actualmente son penadas en la India con hasta 10 años de prisión por ser consideradas un acto “contra natura”.

En enero de 2014, la Corte Suprema rechazó la petición del Gobierno indio y de varios grupos de defensa de los derechos humanos de reconsiderar su resolución. La última instancia posible ante el alto tribunal era la presentación de una curative petition, un recurso especial para que la decisión sea revisada por un panel de cinco jueces de la Corte, y que fue interpuesta en abril de 2014 por el prestigioso abogado Anand Grover representando a diversas organizaciones de defensa de los derechos LGTB (la ley obliga a que este recurso sea presentado por una de las partes agraviadas). Una de las organizaciones representadas es Naz Foundation, cuya demanda ocasionó la primera sentencia favorable del Alto Tribunal de Delhi.

En la petición solicitaron una audiencia para poder presentar sus argumentos contra una sentencia en la que encuentran graves errores de forma y fondo, como el no haber tenido en cuenta las alegaciones de las asociaciones LGTB, lo que supone una violación de sus derechos fundamentales, así como la ignorancia de los cambios legales que se habían producido en aplicación de la primera sentencia del Alto Tribunal de Delhi. También se criticaba que la sentencia diga que una parte minúscula de la población, en estimación de la Corte, no puede reclamar derechos fundamentales, lo cual según los recurrentes vulnera el articulado de la Constitución india que protege a las minorías. La sentencia, en definitiva, reflejaría un problema de sesgo en contra de los derechos de las personas LGTB.

Cerca de dos años después, la Corte Suprema ha decidido admitir el recurso. La decisión devuelve la esperanza a la comunidad LGTB india. Máxime después de que la cámara baja del país rechazara el pasado mes de diciembre una proposición de ley para despenalizar las relaciones homosexuales, lo que da una idea de la dificultad de la vía legislativa en un parlamento bajo el dominio del conservador Partido Popular Indio (Bharatiya Janata Party).

Os dejamos con uno de los vídeos del evento difundidos en YouTube (este es de Satyen K. Bordoloi):

Fuente Dosmanzanas/Chueca.com

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El gobernador del estado norteamericano de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este sábado la introducción de varias medidas para reducir el campo de acción de las mal llamadas “terapias reparadoras” que aseguran ser capaces de modificar la orientación sexual de las personas. A pesar del rechazo de las organizaciones médicas y científicas más prestigiosas y la desvinculación de muchos de sus líderes históricos, estas peligrosas prácticas siguen provocando un sufrimiento inútil que, por suerte, cada vez se encuentra con una acción más decidida por parte de los dirigentes políticos.

Ya el año pasado, la Asamblea de Nueva York (la cámara baja de su legislatura) aprobó un proyecto de ley para prohibir las “terapias reparadoras” en menores de edad, bajo pena de perder la licencia médica para el que las practique. La tramitación, sin embargo, se encalló en el Senado estatal, controlado por los republicanos. Cuomo pretende ahora poner coto, dentro del ámbito de sus competencias, a lo que considera “una práctica odiosa y equivocada en su esencia”.

La iniciativa del gobernador no requiere la aprobación de las cámaras, aunque su alcance es más limitado. La idea es cortar la financiación de las también llamadas “terapias de conversión”. Para ello, se prohibirá que las aseguradoras se hagan cargo del coste de las mismas cuando se realicen en menores y se excluirán por completo del catálogo de prestaciones del seguro público Medicaid. En los centros bajo la supervisión directa del departamento de Sanidad de Nueva York, quedará completamente prohibida la utilización de estas prácticas en menores de 18 años.

La promotora del proyecto original que no prosperó en el Senado neoyorkino, Deborah Glick, ha saludado la iniciativa de Cuomo pero teme que haya médicos no sujetos al control gubernamental que sigan poniendo en práctica estos métodos tan dañinos. El gobernador, más optimista, se mostró convencido de que sus medidas supondrán el fin de las “terapias reparadoras” en el estado.

El uso de estas prácticas en menores de edad ha sido ya prohibido en cuatro estados norteamericanos, además de en la capital de los Estados Unidos. California fue el primero en hacerlo hace ya más de tres años, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad hace un año) y los estados de Oregón e Illinois, el año pasado. En Europa destaca el caso de Malta, en el que una propuesta presentada en diciembre del año pasado contempla la prohibición de aplicar estas “terapias” no solo a menores, sino a cualquier persona vulnerable. Por “persona vulnerable” el proyecto entiende tanto los menores de edad como a aquellas personas que independientemente de su edad sufran discapacidad física o psíquica, y en general todas aquellas personas que un juez considere “de riesgo” en el momento de iniciar la “terapia” por razones de madurez, estado de salud o situación de dependencia.

Fuente Dosmanzanas

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Esta es la cara de la homofobia, se llama Rick Jones y es un político republicano del Senado de Michigan que fue sheriff del condado de Eaton. También es el promotor del proyecto de ley SB 219. Se trata de un paquete de leyes sobre protección animal que penalizará a aquellas personas que abusan de las mascotas que adoptan. Ante esta norma que supuestamente pretende proteger a los animales se esconde una encubierta inconstitucionalidad del sexo anal. Una de las cláusulas de la normativa, aprobada en el Senado de Michigan este pasado viernes, castigará con hasta 15 años de prisión los delitos sexuales anales y orales en este estado norteamericano.

El Senado del estado de Michigan ha validado la reforma de una ley que incluye penas de prisión de hasta 15 años para el delito de sodomía, a pesar de ser inaplicable tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2003 que declaró este tipo de leyes inconstitucionales. Aunque en realidad la reforma iba encaminada a endurecer las penas por abuso contra los animales, el ponente no ha querido eliminar la sección del texto legal que hace referencia a la penalización de la sodomía, por temor a que su proyecto fuera rechazado.

El senador estatal de Michigan Rick Jones presentó ante la cámara alta un proyecto de ley para reformar las secciones del Código Penal del estado que hacen referencia al abuso y la explotación de los animales, con el fin de endurecerlas. La reforma lleva el nombre de “Ley Logan”, en memoria de un husky siberiano que había sido sacrificado brutalmente vertiéndole ácido. La citada cláusula tiene por objeto modificar el código penal sobre “bestialismo y la sodomía”, dos prácticas que llega a equiparar la nueva normativa de Michigan. «Una persona que comete el delito abominable y detestable contra la naturaleza de la humanidad o contra cualquier animal es culpable de un delito castigado con pena de prisión de 15 años», afirma el texto. Pero si el acusado ya es un delincuente sexual o ha cometido violaciones pueden llegar a ser punibles con la pena de muerte.

Entre los delitos penados en las secciones del Código Penal dedicadas a penalizar el abuso contra los animales está el de bestialismo, recogido en la sección 158. Pero el texto legal equipara las relaciones “contra el orden de la naturaleza” llevadas a cabo con un animal y las que se realicen con otra persona. Esta es la reforma de la sección 158 propuesta y aprobada por el Senado de Michigan (tachado el texto anterior a la reforma y en mayúsculas el posterior y definitivo):

158. Cualquier UNA persona que cometiera COMETA el abominable y detestable crimen contra la naturaleza, ya sea con un ser humano o con un animal, podrá ser SERÁ culpable de un delito grave, que se castigará con pena de prisión, a cumplir en una prisión estatal, de no más de 15 años, o si dicha persona EL ACUSADO FUERA UN DELINCUENTE SEXUAL en el momento de dicha LA infracción, podrá ser SERÁ un delito castigado con pena de prisión, a cumplir en una prisión estatal, por un período indeterminado, cuyo mínimo será de 1 día y su máximo la cadena perpetua.

Es decir, en el mismo párrafo, totalmente equiparados, se penalizan el bestialismo y las relaciones consensuadas entre personas adultas que incluyan sexo oral o sexo anal, tal como la jurisprudencia ha interpretado el “crimen contra la naturaleza con un ser humano”. Sin embargo, el Tribunal Supremo dictó en 2003 que las leyes contra la sodomía vigentes en varios de los estados eran inconstitucionales, por lo que no pueden ser aplicadas.

La polémica normativa suscitó las quejas de algunos senadores pero Jones argumentó que la eliminación de la cita que prohíbe la sodomía pondría en peligro todo el proyecto de ley. Por ello, se preguntó al senador estatal Rick Jones por qué no había tachado también del párrafo el inciso “ya sea con un ser humano” y dejar tan solo la referencia al bestialismo como delito punible, de tal forma que el Código Penal se adaptara definitivamente a lo establecido por el Tribunal Supremo y la Constitución de los Estados Unidos.

La respuesta del senador evidencia la LGTBfobia profunda que sigue existiendo en muchos de los representantes políticos de los Estados Unidos: “En el momento en que cruzase esa línea y empezara a hablar de esas cosas, ni siquiera me iban a escuchar. Nadie quiere tocar eso. He preferido no plantear siquiera ese asunto, porque sé lo que pasaría. Tendríamos a dos lados enfrentados gritando y terminará con una gran pelea que no es necesaria, porque eso es inconstitucional”.

El senador estatal Jones estaría a favor de una reforma para eliminar del Código Penal todos los artículos que estén en conflicto con sentencias del Tribunal Supremo y sean, por lo tanto, inconstitucionales, pero no de centrarse específicamente en la referencia a la sodomía, pues “si nos centramos en eso, la gente se sube por las paredes”. Otra cosa sería, en su opinión, “si se presentara un proyecto de ley para que todo lo declarado inconstitucional sea eliminado de los textos legales de Michigan, probablemente yo votaría a favor, pero, ¿estropear este proyecto de ley de protección a los animales que todo el mundo quiere? No”.

La “Ley Logan” aún tiene que ser refrendada por la Cámara de Representantes estatal, donde, según la organización de defensa de los derechos civiles New Civil Rights Movement, hay muchas posibilidades de que se enmiende para que la referencia a la sodomía sea eliminada. Sin embargo, es sintomático que el Senado de Michigan no haya tenido problemas en aprobar un texto legal que incluye párrafos declarados inconstitucionales y que suponen una afrenta directa al derecho a la intimidad de todas las personas y especialmente hacia el colectivo LGTB.

“Ningún grupo político se atreve a modificar el texto. Es preferible ni siquiera plantear el tema porque sabemos lo que pasaría. Terminaría con una gran confrontación entre los senadores que terminarían en el mismo punto: Que la sodomía es inconstitucional”, aseguran desde un movimiento de derechos civiles con sede en Michigan.

Al día de hoy, doce estados norteamericanos todavía conservan legislaciones anti-sodomía en sus textos, a pesar de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que las prohibiciones eran inconstitucionales en 2004.

Si consideras que leyes como estas deberían ser eliminadas de los textos oficiales en todo EE.UU, te animamos que le escribas al senador Rick Jones para explicarle los motivos por los que esta norma es totalmente inapropiada. Pincha sobre este enlace para ponerte en contacto con este senador por Michigan.

El fin de la penalización de la homosexualidad en los Estados Unidos

En 1998, John Lawrence y Tyron Garner fueron detenidos en el domicilio del primero de ellos, en la ciudad de Houston. Se les acusaba de vulnerar la ley contra la “Conducta Homosexual” vigente en el estado de Texas, que penalizaba que dos personas del mismo sexo mantuvieran sexo oral o anal, aunque la relación sexual tuviera lugar en la intimidad de un domicilio particular, y aunque esas prácticas si se les estuvieran permitidas a las parejas heterosexuales.

Tras una larga batalla legal, llena de apelaciones y sentencias contradictorias, el caso terminó en manos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No había precedentes halagüeños respecto a la doctrina del alto tribunal, pues en 1986 el panel de jueces entonces en activo había validado las leyes contra la sodomía del estado de Georgia.

Sin embargo, en una sentencia histórica fechada en junio de 2003, conocida en lo sucesivo como Lawrence vs. Texas, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que las leyes contra la sodomía vigentes en varios de los estados vulneraban la Constitución de los Estados Unidos. No solo se declaraba inconstitucional que el Estado interfiera en las relaciones sexuales privadas y consensuadas entre adultos, sino que establecía que ese derecho a la intimidad y a la privacidad debía ser disfrutado igualmente por las parejas de distinto o del mismo sexo.

En la práctica, Lawrence vs. Texas supuso el fin de la penalización de las relaciones homosexuales en los Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor avance en los derechos de las personas LGTB en ese país hasta la fecha.

Leyes inconstitucionales aún presentes en los textos legales

Sin embargo, ese tipo de leyes aún forman parte de los textos legales de 14 estados, aunque sean inaplicables. La sodomía, tanto en parejas de distinto como del mismo sexo, aún aparece como un delito en las legislaciones de Idaho, Utah, Michigan, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Alabama, Misisipi y Luisiana. En Montana, Kansas, Oklahoma y Texas solo se considera delito cuando la pareja es del mismo sexo.

Aunque no sean aplicables, aún pueden darse casos como el ocurrido en Baton Rouge, Luisiana, donde en febrero de 2015 fue detenida una pareja del mismo sexo por mantener relaciones sexuales en un coche, acusados sus miembros del delito de “copulación carnal antinatural”, una de esas leyes inconstitucionales que todavía no han desaparecido de los textos legales.

Por supuesto, el juez de distrito no admitió los cargos, y el jefe de Policía de Baton Rouge se vio obligado a emitir un informe en el que recordaba a sus agentes que no debían detener a nadie bajo esos cargos, a la vez que pedía disculpas a la pareja detenida por “el error cometido”.

Fuente Ragap/Dosmanzanas

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La Administración Postal de las Naciones Unidas (UNPA) anunció hace unos días que, por primera vez, ha emitido un set de nuevos sellos con el objetivo de promover la igualdad LGBT en todo el mundo. Disponible en inglés, francés y alemán, las series de sellos tienen como principal objetivo “celebrar la diversidad de la comunidad LGTB“.

Si quieres, puedes hacerte con la serie postal Free & Equal en unstamps.org

La Agencia Postal de las Naciones Unidas (UNPA) ha emitido una serie de seis sellos conmemorativos dentro de su campaña Free & Equal, que celebra la igualdad entre personas homo, bi, trans e intersexuales en todo el mundo, siendo ésta la primera vez que el organismo internacional retrata la naturaleza LGTBI en una serie postal.

El set de seis sellos conmemorativos forma parte de la campaña mundial Free & Equal (Libres e Iguales) de Naciones Unidas para la igualdad de derechos del colectivo LGTB (Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales). La campaña fue puesta en marcha y está dirigida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En estos sellos encontramos distintas representaciones artísticas de personas LGTB, desde la imagen de distintas parejas del mismo sexo hasta otra de una mariposa que simboliza la transformación y metamorfosis de una persona transgénero.

El programa Free & Equal de Naciones Unidas ha impulsado desde su puesta en funcionamiento un gran número de interesantes campañas contra la LGTBfobia. Ya sea invitándonos a conocer quién hay detrás de las siglas LGTBI, acercando su mensaje de optimismo y tolerancia a La India o recordándonos 76 motivos para continuar luchando por los derechos del colectivo, gracias a su creatividad y compromiso la realidad y necesidades de LGTBI son conocidas por opinión pública internacional.

En el mismo sentido se encuentra la última campaña del organismo, que a través de su Administración Postal ha lanzado una serie de seis sellos conmemorativos para brindar por la igualdad y la diversidad.

Se trata de la primera vez en la historia de las Naciones Unidas en que la comunidad LGTB es representada en una de sus series postales, que tradicionalmente ponen el foco en la defensa de los Derechos Humanos en todo el mundo.

Una bella iniciativa que, además de contar con un claro componente coleccionista, ayuda mediante sus exquisitas imágenes creadas por el ilustrador de origen cubano Sergio Baradat a crear una sociedad libre de discriminación homo y transfóbica a nivel mundial.

“Vivimos en un mundo en el que, a pesar de que las naciones (desarrolladas) han acogido con los brazos abiertos la igualdad en el matrimonio (y) la igualdad LGTB, todavía tenemos un camino muy, muy largo por recorrer“, explicó Sergio Baradat, el artista que ha diseñado estos sellos.

Baradat, de origen cubano, lamentó que “hay algunos países en el mundo en estos momentos en los que, no sólo no somos celebrados y respetados, sino que somos golpeados y asesinados” y, por eso mismo, pensó que “sería una gran oportunidad utilizar el arte, utilizar sellos como un vehículo, usando el arte para cambiar los corazones y las mentes“.

El artista señaló que su estilo surge de su admiración por el art déco francés, del hecho de haber crecido en Miami, Florida, y del arte desarrollado a partir del primer cuarto del siglo XX. Baradat cree firmemente que los derechos LGTB son derechos humanos y que todas las personas merecen ser tratadas con igualdad y justicia bajo la ley.

La serie está copatrocinada por las misiones permanentes de Argentina, Australia, Chile, El Salvador, Alemania, Israel, Países Bajos, Noruega, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay, la delegación de la Unión Europea, además de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) y la Administración Postal de las Naciones Unidas. Los sellos están disponibles y a la venta en la Sede de la ONU en Nueva York, Ginebra y Viena. Además, las personas interesadas también pueden comprarlos de forma online.

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Un juzgado ha dictado un auto desfavorable a conceder el cambio de nombre en el Registro Civil a una menor transexual, de 13 años hasta dentro de un mes.

Su madre, Ches Cordero, ha señalado que ya han recurrido esa decisión y seguirán «luchando» porque «ella es una niña desde que nació«.

Incomprensible noticia. Según recoge Diario de Sevilla, una jueza se niega a autorizar que Alexa, una chica adolescente de 13 años, vea reconocida legalmente su identidad femenina. En un mes cumplirá 14 años y estará obligada a tener un Documento Nacional de Identidad que la señalará como un chico pese a que desde su más tierna infancia ha mostrado una identidad femenina.

Cordero ha explicado a que acudieron en 2014 al Registro Civil de Torremolinos (Málaga) para solicitar un cambio de nombre para hacerle el DNI a su hija, ya que es obligatorio a partir de los 14 años. Así, presentaron toda la documentación e informes necesarios, pero la decisión, de hace dos meses, «ha sido negativa». Así, la madre de la menor ha indicado que en dicha resolución se hace referencia a una ley «en la que se dice que las personas transexuales se podrán cambiar el nombre, pero teniendo 18 años» y ha lamentado que «ninguna legislación ampara a los menores transexuales, que no existen en la ley«.

Alexa tiene la fortuna de contar con una familia que la apoya incondicionalmente. Su madre, Ches Cordero, lo tiene claro: “siempre ha sido la niña que es”, ha declarado al Diario de Sevilla. Es por eso que, llegada la adolescencia, la familia solicitó que Alexa viese reconocida judicialmente su identidad femenina. La jueza se lo ha denegado. “Nos dijeron que toda la documentación estaba perfecta, pero que hasta los 18 años no contemplaba el cambio de nombre, que cuando fuese mayor de edad lo solicitase”, explica su madre. “¿Es que Alexa no puede existir hasta que tenga 18 años? Pero es que ella existe ya”, remarca Ches Cordero, temerosa de que cuando su hija haga un viaje de estudios, presente su documentación en un aeropuerto o realice cualquier trámite oficial tenga que pasar el mal trago de dar explicaciones.

La familia ha recurrido el auto judicial, pero aún no tienen respuesta. “En marzo tendrá que sacarse el DNI sí o sí, y tenemos un problema importante, porque ella no quiere tener un DNI que no le corresponda”, indica la madre de Alexa. La situación es es a todas luces incomprensible: la identidad de Alexa es femenina, la documentación aportada por el director del instituto confirma que Alexa estudia en el centro “como la niña que es” y es tratada en femenino en todas las actividades escolares, sus documentos como deportista (juega al baloncesto y practica la natación sincronizada) la reconocen como chica… Incluso dispone de informes médicos y psicológicos en los que, de acuerdo al anacrónico paradigma patologizante, figura el diagnóstico de “disforia de género” de la Unidad de Transexualidad e Identidad de Género de Andalucía, a la que acude desde los nueve años. La familia también aportó firmas de personas que la conocen desde pequeña y un documento de su propio pediatra. El capricho de la jueza que les correspondió, sin embargo, ha impedido lo que es de sentido común.

«La transexualidad es inmutable e invariable, una persona nace transexual», ha aseverado Cordero, quien ha apuntado, tal y como ha adelantado este lunes al diario Málaga Hoy, que en España, alrededor de 40 menores han solicitado el cambio de nombre y se han emitido 30 autos favorables, pero «todo está sujeto a la interpretación del magistrado«.

Ha explicado que el recurso contra este auto se tramita en la Dirección General de los Registros en Madrid «y vamos a seguir luchando porque ella es una niña desde que nació».

Cordero, que colabora con la Fundación Daniela y Trans Huellas, ha incidido en que «hace falta una ley estatal que contemple a los menores transexuales que existen y que van a seguir existiendo, que no son niños que quieren ser niñas o al revés, son niños o niñas con una genitalidad diferente».

Mientras, en Euskadi, una niña de 4 años sí lo consigue

La arbitrariedad de la justicia española queda aún más de manifiesto si se tiene en cuenta que la noticia se conoce apenas días después de que un juzgado de Tolosa, en Guipúzcoa, haya autorizado el cambio de nombre (de Luken a Lucía) de una niña transexual de 4 años, tal y como habían solicitado sus padres, deseosos de que su hija viese respetada su identidad desde su más tierna infancia.

Su padre, Agustín Arandia, ha explicado a los medios que ni él ni su mujer tenían idea alguna sobre lo que era la transexualidad hasta que su hija, a la que al nacer le fue atribuido sexo masculino, comenzó a hacer evidente su identidad femenina. Un detalle especialmente curioso fue que Lucía prefería utilizar el castellano al euskera para poder referirse a ella misma con adjetivos de género femenino (en euskera los adjetivos son neutros). Lo explica en el siguiente reportaje:

Se hace necesario un ajuste legal

Según explica la madre de Alexa, hasta la fecha se estima que unos 40 niños han solicitado el cambio de nombre, pero solo tres cuartas partes lo han conseguido. No es por desgracia el caso de su hija. Una arbitrariedad que se explica debido la ya obsoleta ley de identidad de género española, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez, y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal.

Es hora de actuar: España ya ha quedado rezagada en esta materia.

Fuente Agencias/Dosmanzanas/Cáscara amarga

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La alcaldesa de Barcelona, en uso de sus atribuciones legales para delegar en otros ediles la celebración de matrimonios, retirará dicha posibilidad a aquellos que se nieguen a casar a parejas del mismo sexo. El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido, en este tema, seguir la recomendación del Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) y del Consejo LGTBI de Barcelona.

Así les ha sido comunicado en un escrito a todos los cargos electos de la corporación barcelonesa. La decisión de Ada Colau (Barcelona en Comú) tiene lugar después de que, a raíz de un caso de “objeción de conciencia” ocurrido en el año 2014 (cuando el éntonces concejal del PP Óscar Ramírez se negó a celebrar la boda de una pareja de mujeres), Consejo LGTBI de Barcelona y Síndic de Greuges recomendaran al Ayuntamiento que estipulase formalmente que los concejales que tengan algún inconveniente en celebrar estos matrimonios no podrían celebrar matrimonios en ningún caso. “Consideramos que la objeción de conciencia para casar parejas del mismo sexo vulnera los derechos del colectivo LGTBI”, ha explicado, en este sentido, la concejala de Ciclo de Vida, Feminismos y LGTBI, Laura Pérez.

Para quienes no lo conozcan, el Consejo Municipal LGTBI de Barcelona no es precisamente una creación reciente. Se trata de un órgano consultivo y de participación sectorial constituido en julio de 2004, y cuya finalidad no es otra que la de fomentar la igualdad de derechos, las libertades y el reconocimiento social de las personas gais, lesbianas, transexuales e intersexuales. La de la capital catalana fue entonces una iniciativa pionera.. y de hecho lo sigue siendo. Más de once años después, su Consejo Municipal LGTBI sigue siendo una rara avis en el panorama municipal español.

El futuro Centro Municipal de Recursos LGTBI ya tiene local

El Consejo LGTBI de Barcelona tuvo conocimiento de la decisión de Ada Colau durante la sesión plenaria que celebró este jueves 4 de febrero, en el que el Ayuntamiento informó también de la ubicación del futuro Centro Municipal de Recursos LGTBI, una entidad que pretende ser un equipamiento público de atención, información y derivación, pero que también incorporará espacios para que las entidades LGTBI puedan ofrecer servicios especializados. El centro se ubicará en un local municipal situado en la calle del Compte Borrell 22, en el céntrico barrio de Sant Antoni. Se trata de un espacio con planta baja y altillo con una superficie de 1.314 metros cuadrados.

Según ha informado el Ayuntamiento, para decidir el funcionamiento del centro se está llevando ya a cabo un proceso de participación con las entidades LGTBI de la ciudad, que definirá sus roles y futuros servicios, así como las características del espacio y la dinamización. De momento, el local se distribuye en un espacio único y las obras de adecuación se harán según las necesidades que se definen en el plan de funcionamiento.

Insertamos a continuación unas breves declaraciones (en catalán) de la concejala Laura Pérez, explicando ambas decisiones:

Fuente Dosmanzanas

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Según Australian Marriage Equality, los representantes políticos australianos partidarios del matrimonio igualitario ya superarían a los contrarios en ambas cámaras del Parlamento, por lo que, de instarse un proyecto de ley al respecto y permitir la libertad de voto, el matrimonio entre personas del mismo sexo sería aprobado por mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. El primer ministro, Malcolm Turnbull, insiste, sin embargo, en la fórmula del referéndum, que tendría lugar en 2017, aunque cada vez hay más críticas a ese procedimiento, que se contempla como inútilmente oneroso y divisorio entre la población. Entre los críticos, la mayoría de los votantes del distrito electoral que representa el propio Turnbull, que en un 63 % se declararan partidarios de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en vía parlamentaria.

Malcolm Turnbull, miembro del Partido Liberal y primer ministro de Australia desde septiembre de2015, parece hallarse atado, en lo que respecta al matrimonio igualitario, por los compromisos de su antecesor y correligionario, el claramente LGTBfobo Tony Abbott, que bloqueó una y otra vez cualquier intento por aprobarlo. Poco antes de su cese, Abbott planteó la celebración de un referéndum en 2017, tras las nuevas elecciones, propuesta que muchos vieron como un mecanismo más de dilación.

Esa es la medida que sigue defendiendo Turnbull, a pesar de que siempre se había mostrado partidario del derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo, apoyo que creó grandes expectativas dentro del colectivo LGTB tras su nombramiento. Por ello, la presión para que cambie su opinión y utilice la vía parlamentaria para aprobarlo se incrementa día a día. Por ejemplo, el pasado mes de noviembre de 2015, el Senado, cámara donde la oposición es mayoritaria, le hizo una petición formal al respecto.

La presión es tanto política como social. Australian Marriage Equality, grupo que lucha por la aprobación del matrimonio igualitario, comunicaba los resultados de un estudio, según el cual habría una mayoría de representantes políticos en ambas cámaras que votarían a favor de la igualdad de derechos para las parejas del mismo sexo. Siempre se había sospechado que, de darse libertad de voto, existiría esa mayoría, pero ahora se ofrecen datos concretos. Sumando las declaraciones públicas efectuadas por los representantes, más otras recogidas confidencialmente por Australian Marriage Equality, en la Cámara de Representantes votarían a favor del matrimonio igualitario 76 de los 150 diputados. En el Senado, lo harían 41 de los 76 senadores. Y estas serían las cifras más conservadoras.

Son cada vez más las voces que critican un plebiscito que sería oneroso para arcas públicas australianas, pues su coste se calcula en 160 millones de dólares australianos (104 millones de euros, 113 millones de dólares estadounidenses). También se estima que empañaría la próxima campaña electoral, en vez de ser un asunto ya zanjado y fuera del debate político. Además, se teme que se cree un innecesario clima de división, alentado por la minoría social LGTBfoba. Los propios votantes del distrito electoral del primer ministro Turnbull se muestran ampliamente partidarios no solo de la aprobación del matrimonio igualitario, sino de que se efectúe mediante trámite meramente parlamentario. Así lo consideraba el 63 % de los electores del distrito de Wentworth, donde concurre Turnbull, según las últimas encuestas.

Rodney Crome, director de Australian Marriage Equality, estima que “Malcolm Turnbull sabía desde el principio que el referéndum es un intento caro y divisivo de retrasar el matrimonio igualitario, y ahora está claro que sus propios electores están de acuerdo con eso. La postura actual del primer ministro de apoyar el plebiscito está fuera de sintonía con su electorado, y sus votantes quieren que dé un vuelco a la política de Tony Abbott de retrasar el matrimonio igualitario”.

El líder de la oposición, el laborista Bill Shorten, afirma con contundencia que Turnbull está simplemente dando largas al asunto, y que “a quien queremos en el tema del matrimonio igualitario es el viejo Malcolm Turnbull, no al nuevo Malcolm Turnbull”.

Desde el ala más conservadora del Partido Liberal, figuras como Eric Abetz y Cory Bernardi han afirmado que, dado que el referéndum no sería legalmente vinculante, no se debería legislar el matrimonio igualitario aunque los ciudadanos australianos lo votasen favorablemente. El propio ex primer ministro Tony Abbott ha viajado hasta los Estados Unidos para ofrecer una conferencia en defensa de la familia tradicional, invitado por Alliance Defending Freedom, un grupo fuertemente LGTBfobo que no solo aboga por la derogación del matrimonio igualitario en los Estados Unidos, sino que incluso propone que se vuelva a penalizar la homosexualidad.

El primer ministro Turnbull ha tenido que salir al paso de las declaraciones de Abetz y Bernardi, asegurando que “si la mayoría de las ciudadanos con derecho a voto votan a favor de ello en el referéndum, se legalizará el matrimonio entre personas del mismo sexo”.

Una sociedad favorable con líderes contrarios la igualdad

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La censura y la homofobia llega al New York Times.

El pasado viernes la portada de la edición internacional del New York Times llegaba a algunos kioscos como puedes ver arriba: con un enorme espacio en blanco en el que debería haber salido la principal foto de esta primera página del periódico, ilustrando la noticia de la columna derecha. Esta noticia hablaba sobre derechos del colectivo LGBT en China, con el caso de Sun Wenlin y Hu Mingliang, una pareja gay que lucha por sus derechos en su país. ¿Por qué esta censura homófoba en la portada de New York Times? Pues por Pakistán, que es el país cuyo gobierno no permite que la edición internacional del periódico llegara con una portada en la que se ve a dos hombres besándose. En el pie de foto del cuadro en blanco el New York Times deja claro que la censura fue cosa del gobierno pakistaní, que ni siquiera se molesta en disimular la censura. Podrían haber escogido perfectamente otra foto menos «ofensiva» para ellos, ¿pero total para qué? ¿Era para tanto la foto? Aquí la tienes, sin censura, como salió en el resto de ediciones.

Viernes, 29 de enero. Portada de la edición internacional de The New York Times tal y como se distribuye en Pakistán. La principal imagen ha desaparecido. En su lugar, un inmenso espacio en blanco: la imagen ha sido censurada… por presentar un beso entre dos hombres.

La edición internacional de The New York Times se distribuye en Pakistán de la mano de The Express Tribune, un periódico local. Pero según el acuerdo entre los dos medios, los editores de The Express Tribune pueden censurar determinados contenidos que consideren sensibles. Así ha sucedido con la imagen que abría la edición del viernes, y que mostraba un inocente beso entre Sun Wenlin y Hu Mingliang, la pareja de hombres que por primera vez han conseguido que un tribunal chino admita a trámite una demanda por no permitirles contraer matrimonio (una noticia de la que nos hicimos eco a principios de enero). El texto del reportaje (a cuya edición digital puedes acceder aquí) sí que fue publicado en su integridad.

La censura no ha pasado desde luego desapercibida, debido a lo llamativo de la imagen: buena parte de la portada, en blanco. Pero sobre todo llama la atención de que sea precisamente The New York Times, un diario estadounidense de tradición liberal, el que admita este tipo de imposiciones contra la libertad de expresión.

No se trata, de hecho, de la primera polémica derivada de este acuerdo de distribución: ya en la edición del pasado 2 de enero desaparecía tanto de la de la portada como de la página 2 un extenso artículo dedicado a la valiente lucha de los blogueros laicos de Bangladesh en su defensa de las libertades civiles frente a la creciente influencia islamista en ese país (independiente de Pakistán desde 1971). Aquella censura, de hecho, provocó numerosas protestas contra The New York Times. Aún así, el redactor jefe de su edición internacional, Richard W. Stevenson, defendió el acuerdo con The Express Tribune argumentando que no es sencillo encontrar una alternativa para conseguir una buena distribución local y que era preferible eliminar directamente un artículo, dejando su hueco para que los lectores fueran conscientes de la censura (y pudieran acceder luego al artículo en su versión digital), que “dulcificarlo” para hacerlo así más fácilmente admisible.

Kamal Siddiqi, redactor jefe de The Express Tribune, ha argumentando por su parte que el acuerdo con The New York Times les faculta para censurar contenidos que pueden resultar problemáticos en su país. “Nunca verá una fotografía de dos hombres besándose en Pakistán. De hecho, nunca verá una fotografía de nadie besándose”, ha declarado. Siddiqi también ha recordado el riesgo que corren los periodistas de medios como el suyo, acusados por los islamistas de favorecer “la agenda occidental”. Tres trabajadores de The Express Tribune, de hecho, fueron asesinados por este motivo en 2014.

En un país como Pakistán la ley castiga la homosexualidad con especial dureza, pero por otro lado encontramos que está en el top 5 de países que más buscan en Google las palabras «porno gay». Doble moral, amigos.

Fuente Cromosomax/Dosmanzanas

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Dos jóvenes marroquíes han sido condenados a dieciocho meses de prisión por cometer “actos con un individuo del mismo sexo” por el Tribunal de Primera Instancia de Tiznit, una población del sur de Marruecos. Esta nueva condena pone de manifiesto una vez más que el viejo tópico de que en Marruecos no se aplica la legislación contra la homosexualidad es totalmente infundado, pues en lo que llevamos de año ya se ha dado a conocer la detención de cuatro personas por violar las leyes homófobas. Desde los colectivos de defensa de los derechos LGTB, se denuncia desde el año pasado una campaña de opresión y detenciones dirigida por el Gobierno marroquí, como manera de reafirmar su postura en el debate sobre la despenalización de la homosexualidad.

Según las informaciones, los hechos se iniciaron cuando uno de los jóvenes denunció al otro detenido por haberle amenazado de muerte blandiendo un cuchillo. Durante la investigación policial, el denunciante, de 20 años de edad y proveniente de la ciudad de Casablanca, confesó que había mantenido una relación sentimental con el denunciado, que había concluido violentamente. En ese momento, la Policía decidió detener a ambos y acusarles de violar la ley que prohíbe los “actos contra natura con un individuo del mismo sexo” y cesar en la investigación de la agresión denunciada.

Durante el juicio celebrado en el Tribunal de Primera Instancia de Tibliz, el joven ahora acusado se reiteró en sus declaraciones, aunque se retractó de otras que había efectuado en referencia a haber mantenido relaciones sexuales con otros hombres de relevancia social en la ciudad. El otro acusado, sin embargo, negó todos los cargos.

Finalmente, el juez dictó sentencia el pasado lunes 1 de febrero, condenando a ambos a sendas penas de dieciocho meses de prisión y a multas de 2.000 dirhams (185 euros, 205 dólares). La condena se suma a otras ya difundidas por dosmanzanas en los últimos años. Según denunciaba en 2015 el colectivo de defensa de los derechos LGTB Aswat, “las autoridades de Marruecos reafirman su postura a través de una campaña de opresión y de detenciones de homosexuales, mientras el país mantiene un intenso debate en relación con la despenalización de la homosexualidad“.

Repetidas condenas por homosexualidad

El artículo 489 del Código Penal de Marruecos castiga los “actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo” con penas de hasta 6 años de prisión, además de una sanción económica. Se suele difundir que artículo 489 no se aplica habitualmente, pero lo cierto es que cada llegan más noticias de detenciones y condenas por violarlo. En el mes de enero de este mismo año, dábamos cuenta de la detención de dos jóvenes marroquíes por haber difundido un vídeo en el que se besaban en un lugar público.

También en el pasado año 2015 tuvimos conocimiento de varias condenas en Marruecos, en aplicación de ese artículo. En el mes de junio se produjo la detención de Lahcen y Mohsine, otros dos hombres que se besaron, fotografiaron y dieron muestras de afecto ante la Torre Hasán, uno de los entornos históricos marroquíes más prominentes. A pesar de conseguir más de 71.000 firmas de personas todo el mundo pidiendo su liberación, ambos fueron condenados finalmente a cuatro meses de cárcel y una sanción económica.

Ese mismo mes, se denunció la detención de 20 hombres homosexuales en Agadir, acusados de “difundir la corrupción”. Según el colectivo Aswat, no serían las únicas detenciones por ese motivo llevadas a cabo en ese año, que formarían parte de una campaña de arrestos dirigida por el Gobierno marroquí contra la población homosexual masculina para reafirmar su posición en el debate público sobre la despenalización de la homosexualidad.

Un mes antes, tres hombres más fueron condenados a la pena máxima, tres años de cárcel. Tras recibir una denuncia, la Policía capturó a dos de los hombres mientras mantenían relaciones sexuales en el centro de trabajo de uno de ellos. Al ser interrogados, informaron de que se habían conocido a través de un tercero, que finalmente también fue detenido y condenado.

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Fantástica respuesta de IKEA Italia al autodenominado “Family Day”, la gran movilización homófoba que tuvo lugar el pasado sábado en Roma contra el proyecto de regulación de las uniones civiles en Italia. Y es que la multinacional sueca programó su propio día de la familia, en el que invitó a celebrar con un beso en los restaurantes de sus tiendas los distintos modelos familiares por parte de los socios de su tarjeta “IKEA Family”.

“Para montar una familia no hacen falta instrucciones”, es el lema con el que IKEA Italia se manifestó de forma muy clara a favor de la diversidad, acompañado de una simpática imagen en la que se representaban en igualdad de condiciones tres tipos de “pareja”: la formada por una llave Allen y una tuerca, la formada por dos llaves Allen y la formada por dos tuercas. Todo un guiño a los clientes de IKEA, especialmente familiarizados con el montaje doméstico de sus populares muebles:

IKEA Italia difundió además en su web una infografía que mostraba en orden cronológico y sin ambigüedad alguna las diversas muestras de apoyo de la compañía a los derechos LGTB en el país transalpino, incluyendo su propia política interna de personal. Un compromiso que en el caso de Italia, justo es reconocerlo, ha destacado muy especialmente. En dosmanzanas nos hemos hecho eco de varias de estas muestras, desde el anuncio que mostraba a una pareja de chicos cogidos de la mano y que desató en 2011 las protestas del entonces subsecretario de Estado de Familia, Carlo Giovanardi, hasta el algo más reciente spot que mostraba a otra pareja de chicos, pasando sobre todo por la decisión de la compañía de extender a las parejas del mismo sexo los beneficios de los que ya disfrutaban sus empleados heterosexuales en Italia.

De la misma forma que hemos recogido alguna noticia no especialmente favorable a IKEA (como la autocensura preventiva que se impuso al cerrar la versión rusa de su revista online por miedo a la legislación homófoba vigente en ese país), no podemos sino aplaudir en este caso su decidido posicionamiento en favor de los derechos de las parejas del mismo sexo en Italia.

Dosmanzanas

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Hasta hace unos días, Donald Trump era considerado el “menos antigay” de entre los candidatos con posibilidades reales de ganar la nominación republicana para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Una impresión que se ha venido abajo después de las declaraciones de este domingo a Fox News, en las que el favorito del bando republicano ha mostrado su intención de revertir la decisión del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario… proponiendo en el futuro a nuevos jueces del Supremo dispuestos a valorar de nuevo la cuestión.

“Es algo sobre lo que se ha sentenciado, está ahí”, respondió, al ser preguntado sobre la cuestión. “Si soy elegido seré muy firme a la hora de promover al Tribunal a jueces que puedan cambiar las cosas, pero es un camino muy largo”, advirtió. “Yo no estoy de acuerdo con el Tribunal [Supremo], debería ser una cuestión que decidiesen los estados”, aclaró.

Para entender el sentido de las palabras de Donald Trump, hay que tener en cuenta que el de juez del Tribunal Supremo es un cargo vitalicio. Cuando una de las nueve vacantes queda libre, ya sea por fallecimiento, retiro voluntario o impeachment, es el presidente el que propone un candidato, que debe recibir el visto bueno del Senado por mayoría simple. De hecho, se considera que la elección de jueces del Tribunal Supremo es uno de los más importantes legados que un presidente deja una vez acaba su mandato. De los actuales miembros del alto tribunal, dos fueron nominados por Ronald Reagan, dos por Bill Clinton, uno por George Bush padre, dos por George Bush hijo y dos por Barack Obama. Y aunque no siempre los jueces se alinean con las posiciones supuestamente más próximas al ideario de los presidentes que los nominaron (Anthony Kennedy, ponente del fallo en Obergefell v. Hodges, que supuso la extensión del matrimonio igualitario a todo el país, fue nominado por Reagan), es indudable que proponer a un juez con un perfil más o menos conservador es importante cara al equilibrio final.

Volviendo a Trump, pese a su perfil extremista en multitud de cuestiones, lo cierto es que en materia LGTB el magnate ha preferido huir de la polémica. Cuando se produjo el encarcelamiento de Kim Davis, la funcionaria de Kentucky que se negaba a permitir que en su condado se emitiesen licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, Trump llegó a asegurar que el matrimonio igualitario era ya ley, y que por tanto si Davis no quería emitir estas licencias debería haber permitido que sus funcionarios lo hicieran. Un posicionamiento pragmático, que contrastaba con las manifestaciones de apoyo incondicional a Davis por parte de sus oponente republicanos, y muy especialmente del que hoy se adivina como su principal rival, Ted Cruz. Donald Trump también se ha manifestado en contra de que las empresas privadas puedan despedir a trabajadores por el mero hecho de ser homosexuales, aunque lo ha hecho de forma ambigua y por supuesto sin comprometer un apoyo formal a una posible ley antidiscriminatoria (la Ley de No Discriminación en el Empleo, también conocida como “ENDA” por sus siglas en inglés), que pese a llevar más de dos décadas en discusión aún no ha podido ser aprobada.

Es por eso que las declaraciones de Donald Trump a Fox News han causado cierta sorpresa en el colectivo LGTB estadounidense, que consideraba que al menos en el tema del matrimonio igualitario Trump había pasado página. Algo que las bases republicanas más vinculadas a la derecha religiosa, cuyo candidato favorito parece Ted Cruz, no han hecho. Quizá sea precisamente en este contexto en el que las palabras de Trump puedan entenderse mejor: a las puertas del inicio de las primarias en Iowa, donde Cruz es muy popular entre las bases republicanas y parece el único capaz de hacerle sombra (una duda que se resolverá en solo unas horas).

Sus oponentes, aún peor…

Lo cierto, en cualquier caso, es que si de respeto a los derechos LGTB hablamos tampoco hay mucho donde elegir en el Partido Republicano. Especialmente preocupante es el apoyo expreso que ocho de los candidatos a ganar la nominación (Jeb Bush, Ben Carson, Ted Cruz, Carly Fiorina, Rand Paul, Marco Rubio, Rick Santorum y Mike Huckabee) han dado al proyecto de Ley de Defensa de la Primera Enmienda (First Amendment Defense Act o “FADA”), una propuesta republicana que tiene como objeto impedir por ley que la administración federal exija a las empresas que tengan o que aspiren a firmar contratos con ella no discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género. Una exigencia que la actual administración federal mantiene gracias a una orden ejecutiva firmada por Obama en julio de 2014, precisamente debido al enésimo fracaso de la ENDA en el Congreso.

Fuente Dosmanzanas

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