La Audiencia de Barcelona ha avalado la condena a catorce meses de cárcel que ya previamente la justicia había impuesto al encargado de un supermercado, que durante meses humilló a una trabajadora del establecimiento por su condición de mujer lesbiana.

Los hechos ocurrieron hace ya seis años, entre noviembre de 2009 y mayo de 2010. El condenado, encargado por entonces de un supermercado situado en la Gran Via de les Corts Catalanes, hizo una serie de comentarios ofensivos hacia la mujer (tales como “puta lesbiana” o “lesbiana de mierda”), asegurando además que le iba a hacer la vida imposible. Comentarios que, además, se acompañaron de actuaciones vejatorias, como arrojarle el cambio de forma despectiva cuando, por ejemplo, le solicitaba monedas para la caja que atendía. Actuaciones que en ocasiones tuvieron lugar en presencia de otros trabajadores e incluso de clientes. Por todo ello, la mujer sufrió de ansiedad y estrés hasta que finalizó su relación laboral con la empresa, momento en que el encargado le llegó a decir que no la habían hecho fija en plantilla porque “le daba asco” trabajar con ella y no quería a una lesbiana en su establecimiento.

La Audiencia de Barcelona ha ratificado ahora en su integridad la sentencia que ya había sido emitida por el juzgado de lo penal número 17 de Barcelona, y que condenaba al encargado a catorce meses de cárcel por un delito contra la integridad moral, imponiéndole además una indemnización  a la víctima de 5.000 euros por los daños morales causados (de los que deberá responder de forma subsidiaria la empresa propietaria del establecimiento). La sección séptima de la Audiencia ha rechazado el recurso presentado por el condenado al entender que “la orientación sexual de cada uno debe ser respetada, lo que no hizo el acusado, quien menospreció a la víctima poniéndole de manifiesto lo que pensaba sobre su orientación sexual”.

La sentencia confirma la situación de discriminación contínua que sufría la trabajadora al indicar que: «Los hechos fueron humillantes porque suponían un claro desprecio a la orientación sexual de la víctima». La justicia ha indicado que la mujer sufrió un grave «quebranto moral» y que cuando finalizó la relación laboral con la cadena de supermercados el encargado le dijo que no le habían hecho fija porque le daba «asco» trabajar con ella y no quería a una lesbiana en su tienda.

La Audiencia ratifica en su integridad la sentencia emitida por el juzgado de lo penal, que condenó al hombre por un delito contra la integridad a una pena de 14 meses de cárcel y le obligó a indemnizar a la víctima con 5.000 euros por los daños morales.

Fuente Dosmanzanas/Chueca.com

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El Senado de Virginia Occidental ha votado en contra de un proyecto de ley que hubiese permitido la discriminación de las personas LGTB por motivos religiosos. La votación ha sido especialmente contundente: 27 votos en contra frente a 7 a favor. La presión ejercida por los responsables de empresas y negocios, que temían el daño que pudiera producir una ley discriminatoria de ese tipo a la economía e imagen del estado, parece haber sido decisiva. Una motivación semejante a la que impulsó al gobernador de Dakota del Sur para no firmar una ley tránsfoba recientemente, cuyo veto finalmente no ha podido ser levantado. Sin embargo, aún existen cerca de 200 proyectos de ley discriminatorios contra el colectivo LGTB que afectan a 32 estados, cuya suerte final todavía es incierta.

El proyecto de ley HB 4012, conocido como “Ley de protección de la libertad religiosa”, otorgaba a los propietarios de empresas y comercios de Virginia Occidental el derecho a denegar sus servicios a los ciudadanos LGTB por razón de sus creencias religiosas. Una más de las numerosas iniciativas legislativas LGTBfobas diseminadas por el sector más retrógrado del Partido Republicano tras la pérdida de la batalla del matrimonio igualitario.

La decisión de los senadores de Virginia Occidental, que cuentan con una exigua mayoría republicana, no ha dejado de sorprender, por lo abultado de la negativa y porque la Cámara de Representantes del estado, donde la mayoría republicana es mucho más amplia, había aprobado el proyecto de ley por un abrumador resultado de 72 votos favorables frente a 26.

Las asociaciones de empresarios y comerciantes habían advertido de su oposición al proyecto de ley, en el temor de que afectase a la economía del estado y expusiera a las empresas a innecesarias demandas por parte de los afectados. Los antecedentes de Indiana, que finalmente tuvo que derogar una ley semejante ante la amenaza de boicot de las grandes empresas y corporaciones, eran claros: Indiana perdió unos 60.000.000 de dólares en ingresos por la cancelación de convenciones y contratos antes de la derogación.

Tampoco las encuestas favorecían al proyecto de ley. Un estudio realizado por el independiente Public Religion Research Institute mostraba que el 54 % de los ciudanos de Virginia Occidental era contrario a la normativa discriminatoria. Es más, un 60 % se declaraba partidario de que se legisle contra la discriminación de las personas LGTB en el trabajo y el acceso a la vivienda.

Todo ello quizás ha pesado en el voto de los senadores, que han aparcado definitivamente una normativa profundamente injusta, que, lamentablemente no es la única. En el caso de Virginia Occidental aún hay otros dos proyectos de ley que permitirían, de un modo u otro, que las personas LGTB fueran discriminadas en la vida pública y acceso a los servicios argumentando razones religiosas. En el conjunto de los Estados Unidos, son cerca de 200 los proyectos de este tipo que aún están en fase de tramitación, presentados a los largo de 32 de los 50 estados.

El gobernador de Georgia promete el veto a la legislación LGTBfoba

Uno de eso proyectos de ley en fase más avanzada es, por ejemplo, el aprobado recientemente por el Senado de Georgia, que ahora debe ser discutido por su Cámara de Representantes (ambas cámaras bajo control republicano). En caso de resultar aprobado, el gobernador Nathan Deal, también republicano, debería decidir sobre su promulgación.

Deal ha advertido, en unas sorprendentes declaraciones, de que si no desaparece cualquier referencia a la discriminación de las personas LGBT del proyecto de ley, ejercerá su derecho a veto. El gobernador cree que se debe proteger el derecho de los ciudadanos a profesar las creencias religiosas, pero que “para hacer eso no debemos discriminar a otras personas”. También espera que sus correligionarios “reconozcan que el mundo está cambiando a nuestro alrededor”.

Se consolida el veto del gobernador de Dakota del Sur a la ley tránsfoba

La legislatura de Dakota del Sur, también ampliamente controlada por los republicanos, aprobó una ley que forzaba a las escuelas de estado a que a su vez obligasen a sus estudiantes transexuales a utilizar los baños y vestuarios asignados al sexo que les fue atribuido al nacer, con independencia de su identidad de género. Se trataba de la primera ley materializaba el “pánico transexual en los baños”, convertido ya en los Estados Unidos en una de las principales armas de los contrarios a los derechos de las personas LGTB.

Sin embargo, el también republicano gobernador Dennis Daugaard decidió interponer su veto y no promulgar la ley. Haciendo gala de un sentido común que sus correligionarios no parecieron tener, Daugaard, que reconoció no conocer a ninguna persona trans, quiso reunirse con varias de ellas y conocer de primera mano sus testimonios. El hecho de que numerosos analistas consideraran que la norma chocaba frontalmente con la legislación nacional, que impide a las escuelas que ejerzan algún tipo de discriminación recibir fondos federales, seguramente también influyó, así como el deterioro de la imagen de Dakota del Sur y las pérdidas en materia turística o de inversiones que una ley así podría acarrear.

Los legisladores republicanos decidieron plantear en sesión de la Cámara de Representantes el levantamiento del veto del gobernador, para lo que necesitaban una mayoría de dos tercios. La votación se saldó con 36 votos a favor del levantamiento del veto frente a 29 contrarios, una diferencia claramente insuficiente para lograr su objetivo. La ley, por tanto, ha quedado definitivamente vetada y sin efectos.

Fuente Dosmanzanas

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Buenas e inesperadas noticias desde Dakota del Sur, cuyo gobernador Dennis Daugaard ha vetado la ley aprobada por la legislatura de dicho estado, ampliamente controlada por sus correligionarios republicanos, que forzaba a las escuelas de estado a que a su vez obligasen a sus estudiantes transexuales a utilizar los baños y vestuarios asignados al sexo que les fue atribuido al nacer, con independencia de su identidad de género. Se trataba de la primera ley, que por fortuna no entrará en vigor, que materializaba el “pánico transexual en los baños”, convertido ya en los Estados Unidos en una de las principales armas de los contrarios a los derechos de las personas LGTB.

Perdida la batalla del matrimonio igualitario, los contrarios a los derechos de las personas LGTB, apoyados en el sector más retrógrado del Partido Republicano a lo largo y ancho de los Estados Unidos, han reorientado su estrategia a evitar que se aprueben normativas antidiscriminatorias y a promover, allí donde además disponen de mayoría suficiente, legislaciones que den cobertura a la discriminación expresa de las personas LGTB en base a argumentos religiosos. Una de las estrategias que más éxito les está reportando, en este sentido, es la utilización del “pánico transexual en los baños”: ante la posibilidad de que las mujeres transexuales puedan utilizar sin restricciones los baños públicos femeninos, estos grupos difunden, sin pudor alguno, el temor a que abusadores sexuales que disfrazados de mujeres comiencen a utilizar de forma masiva los baños para acosar a mujeres y niñas indefensas. Lo contábamos con cierto detalle en noviembre, al recoger precisamente el fracaso en referéndum de una normativa municipal contra la discriminación de las minorías (incluyendo el colectivo LGTB) en materia de empleo, vivienda y prestaciones de servicios en Houston (Texas). 

En aquella ocasión, los grupos contrarios a la norma antidiscriminatoria contaron con la inestimable colaboración tanto de los principales líderes republicanos del estado (como el gobernador Greg Abbott) como de los medios de comunicación locales, que de repente se llenaron de informaciones, debates e incluso recreaciones ficticias del mito del “predador” sexual disfrazado de mujer en los baños públicos.

Animados sin duda por el éxito de Houston, los contrarios a los derechos LGTB en Dakota del Sur, estado fuertemente conservador y cuya legislatura está ampliamente dominada por los republicanos, vieron la oportunidad de dar un paso más y aprobar la primera norma estatal centrada expresamente en este tema, cuyo objetivo era además las personas transexuales más vulnerables: aquellas que son menores de edad. La norma forzaba a las escuelas de estado a que a su vez obligasen a sus estudiantes transexuales a utilizar los baños y vestuarios asignados al sexo que les fue atribuido al nacer. Una discriminación que, según recordaba GLSEN (Gay, Lesbian and Straight Education Network) no hace sino agravar el problema de acoso que sufren los estudiantes trans: según datos recogidos por esa organización en 2013, dos tercios de ellos renuncian incluso a utilizar baños y vestuarios por no sentirse seguros en ellos.

El empeño discriminatorio fue también duramente criticado por Human Rights Campaign (HRC) e incluso por organizaciones de defensa de los derechos civiles generalistas, como la American Civil Liberties Union (ACLU) y organizaciones profesionales relacionadas con la infancia, como la Academia Americana de Pediatría, que elaboraron una carta abierta alertando de lo dañino de este tipo de iniciativas. Ello no impidió que la norma fuera masivamente aprobada, primero por la Cámara de Representantes de Dakota del Sur (por 58 votos a favor y 10 en contra) y luego por el Senado (por 20 votos a favor y 15 en contra).

La positiva reacción del gobernador

Sin embargo, cuando todo parecía perdido, el gobernador republicano, Dennis Daugaard, que inicialmente parecía favorable a la medida, acabó ejerciendo su derecho de veto. Haciendo gala de un sentido común que sus correligionarios  no parecen tener, Daugaard, que reconoció no conocer a ninguna persona trans, quiso reunirse con varias de ellas y conocer de primera mano sus testimonios. El hecho de que numerosos analistas consideraran que la norma chocaba frontalmente con la legislación nacional, que impide a las escuelas que ejerzan algún tipo de discriminación recibir fondos federales, seguramente también influyó, así como el deterioro de la imagen de Dakota del Sur y las pérdidas en materia turística o de inversiones que una ley así podría acarrear. En el comunicado en el que hacía público su veto, Daugaard se limitaba a argumentar que de entrar en vigor la ley esta coartaría la libertad de los consejos escolares locales para decidir la mejor solución para cada caso concreto y descargaba sobre ellos obligaciones innecesarias hasta ahora inexistentes (de hecho, una de las principales objeciones a la ley era el tipo de mecanismo que las escuelas impondrían para determinar el sexo de los estudiantes).

Habrá que ver si los legisladores republicanos intentan superar el veto del gobernador pero a día de hoy no parece probable, dada la evolución de los acontecimientos. El principal impulsor de la ley, el representante republicano Fred Deutsch, ya ha expresado que por el momento se siente satisfecho por haber abierto el debate a nivel nacional y que en todo caso intentaría presentar el año próximo una nueva norma que recogiese las preocupaciones del gobernador.

En definitiva, un pequeño alivio que sin embargo ejemplifica a la perfección el empeño de los grupos homófobos y tránsfobos, muy fuertes en Estados Unidos, de seguir batallando contra los derechos LGTB más allá del matrimonio igualitario.

Fuente Dosmanzanas

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El país centroamericano sigue caminando hacia el terreno de la igualdad. Así lo confirma el nuevo el Decreto Ejecutivo firmado por el presidente Luis Guillermo Solís por el que cualquier funcionario público que discrimine de algún u otro modo a las personas pertenecientes a la comunidad LGTB terminará siendo despedido de manera procedente.

Hay ocasiones en las que la sociedad se adelanta al estado y sus demandas tienen que ser asistidas por leyes posteriores. Sin embargo, en otro tipo de situaciones es la propia ley la que anima a sus ciudadanos a cambiar su comportamiento.

Esto es lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Costa Rica. Hace unos días, informábamos de que el país caribeño había introducido numerosos cambios para mejorar la inclusión laboral LGTB, mientras que en esta ocasión ha dado a luz un nuevo Decreto Ejecutivo para evitar cualquier tipo de discriminación en el trabajo.

Así, esta nueva ley estipula que las personas encargadas de ocupar puestos de jerarquía, como directores, coordinadores y supervisores deberán »tomar las medidas necesarias para prevenir, desalentar y evitar conductas de acoso u hostigamiento sexual, así como una discriminación por la orientación sexual e identidad de género’‘.

De este modo, el nuevo Decreto Ejecutivo firmado por el presidente Luis Guillermo Solís se muestra tajante. Si se incurre en una actitud de discriminación será considerado como una falta grave y por eso los funcionarios que lo hagan podrían exponerse a perder el empleo.

La norma modifica el Reglamento del Servicio Civil, resaltando que:

En materia de Diversidad Sexual y Laboral la Presidencia de la República ha brindado directrices de obligatorio acatamiento resultando imperativo adaptarlas a nuestro rol cotidiano, adecuando este reglamento con una terminología apropiada y demás aspectos para promover una política de respeto, integración, aceptación y no discriminación a la población sexualmente diversa».

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Crece la visibilidad LGTB dentro de la Iglesia católica, a pesar de que la supuesta apertura del pontificado de Francisco se haya limitado por el momento a gestos y palabras que se han acompañado de reafirmación de la doctrina tradicional (como el reciente compromiso común con el patriarca ortodoxo de Moscú para luchar contra el matrimonio igualitario). Sin embargo, fuera o no planeado, la nueva situación sí que está facilitando que algunos católicos LGTB se animen a vivir públicamente su fe. Más aún, comunidades enteras están haciendo una apuesta clara por la visibilidad.

Hoy nos ocupamos de una de estas apuestas, que ha ganado notoriedad en el ámbito anglosajón. Se trata del LEAD (LGBT Educating and Affirming Diversity) Ministry, en la iglesia de San Mateo en Baltimore (Maryland, Estados Unidos). Sus orígenes se sitúan en el año 2010, aunque como ellos mismos cuentan su proceso de definición y consolidación ha llevado tiempo. Actualmente están acompañados por el padre Joseph Muth y reúne a unas 50 personas, tanto LGTB como heterosexuales que les apoyan en su labor. Entre sus cometidos, se encuentra sobre todo ofrecer un lugar seguro para que la comunidad LGTB pueda reunirse y compartir experiencias en el seno de una iglesia que, en su conjunto, no les acepta plenamente. Según ellos mismos cuentan, el arzobispo de Baltimore, Edwin O’Brien, está al tanto de este ministerio pastoral y lo permite, aunque requirió del padre Muth que dimitiera de la junta directiva del grupo. La actitud inclusiva de esta parroquia de Baltimore ha sido reflejada por el artista gráfico Eric Kruszewski en su trabajo The Lost Flock (El rebaño perdido).

Las historias que se reflejan muestran una variedad de trasfondos vitales, de razas y de diferentes identidades. La más conocida es posiblemente la de John y Michael Sawyer, una pareja de hombres que bautizó a su hija adoptada en la propia iglesia de San Mateo, una historia que ha tenido cierta relevancia mediática. Pero hay más, como la de Gigi Biabo, procedente de Camerún y adoptada por una familia de Baltimore que la rechazó tras salir del armario. O la de Henry Kimani Mburu, procedente de Kenia, padre de familia heterosexual que ha descubierto en el LEAD Ministry una perspectiva diferente sobre la realidad LGTB.

Kruszewski también ha retratado la historia del padre Joseph Muth, quien señala las insuficiencias de la actual doctrina o de las aproximaciones pastorales que se han hecho a nivel oficial. Y la de Carolyn Scheide, una madre que casi llegó a perder el contacto con su hijo gay y que ahora se ha convertido en una luchadora a favor de la dignidad de las personas LGTB. También está la historia de una pareja de mujeres: Rachel y Vania Christian dos Passos. Ellas encontraron en la parroquia de San Mateo un lugar para celebrar, pero cuando quisieron casarse no pudieron hacerlo en la iglesia. Algo que deja claro que iniciativas como los LEAD Ministries tienen sus límites mientras no haya cambios doctrinales.

Un proyecto que es parte de un movimiento mayor

Esta iniciativa se suma a otra similar que citamos también en estas páginas, y que también surgió en el seno de una parroquia. Se trata de Owning Our Faith (cuya traducción más fiel al sentido original puede ser “apropiándonos de nuestra fe”). Surgió en noviembre de 2014, cuando algunas personas LGTB católicas de la iglesia de San Pablo Apóstol en Nueva York decidieron abordar públicamente la cuestión de la relación entre la Iglesia católica y las minorías sexuales y de género. También en su caso existe un proyecto (en este caso dirigido por Michael Tomae) para utilizar su realidad como plataforma de visibilización. En este sentido, se han publicado una serie de vídeos. El cortometraje de introducción fue presentado en esta página y cuenta con subtítulos al castellano, pero posteriormente han ido añadiéndose otros con las historias detalladas de los diferentes participantes.

Pero además de estos proyectos, que buscan una visibilidad de mayor alcance, hay otros casos de parroquias y comunidades que realizan una pastoral dirigida a personas LGTB. Es el caso, por ejemplo, de la parroquia de los jesuitas de San Francisco Javier, en Nueva York, que cuenta con un grupo de “gay catholics” desde hace años que se anuncia en su propia página web. Igualmente, en el Reino Unido se llevan a cabo desde hace años las “Misas del Soho”. Eso sí, después de que el arzobispo de Westminster ordenara poner fin a su celebración original en pleno Soho londinense, ahora tienen lugar en la parroquia de la Inmaculada Concepción en Farm Street (Londres) también de los jesuitas. Una actividad pastoral integrada en la capellanía LGTB de la diócesis de Westminster, lo que conlleva un importante reconocimiento oficial.

Os dejamos con el video de introducción al LEAD Ministry de la iglesia de San Mateo realizado por Eric Kruszewski. En la página de su proyecto podéis encontrar agrupados el resto de vídeos.

Fuente Dosmanzanas

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La Corte de Apelaciones de la localidad tunecina de Susa ha reducido la pena impuesta a los seis jóvenes estudiantes acusados de practicar la homosexualidad, condenados inicialmente a tres años de prisión, resolviendo que se limite a un mes. Al sobrepasar el tiempo de detención que ya cumplieron antes de la libertad condicional, los acusados no tendrán que volver a ingresar en la cárcel, ni se verán obligados a sufrir los abusos y torturas a que fueron sometidos durante ese período.

El pasado 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, un juez de la localidad tunecina de Kaiurán dictó una condena a tres años de prisión, la máxima establecida por la ley, para seis jóvenes estudiantes, a quienes halló culpables de vulnerar el artículo 230 del Código Penal de Túnez, que castiga las relaciones sexuales entre varones adultos.

A este castigo, se añadió el de destierro de Kaiurán durante los tres años siguientes al cumplimiento de la pena. Uno de los condenados, además, fue hallado culpable del delito de “atentado al pudor” por haber sido encontrados en su ordenador vídeos que el juez consideró “inmorales”.

Una vez presentado el correspondiente recurso, el pasado 7 de enero la Corte de Apelaciones de Susa dictaminó la puesta en libertad provisional de los seis jóvenes, tras abonar una fianza de 500 dinares (225 euros, 245 dólares). La vista de la apelación se fijó inicialmente para el 25 de febrero, pero fue aplazada hasta primeros de marzo.

Más de dieciséis organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos hicieron llegar su protesta al Gobierno de Túnez, solicitando la retirada de los cargos contra los seis estudiantes y la derogación del artículo 230. El presidente Béji Caïd Essebsi, sin embargo, declaró durante un viaje oficial a Egipto que “rechazaba” esa medida, y que la derogación de la ley homófoba “no tendrá lugar”.

Finalmente, la Corte de Apelaciones ha fallado la anulación de la pena de destierro y la reducción de la condena por las prácticas homosexuales a un mes de prisión, tiempo que ya excede al transcurrido entre su detención y la libertad provisional, por lo que no tendrán que volver a ingresar en la cárcel. También ha establecido una sanción de 400 dinares (180 euros, 195 dólares). La decisión es semejante a la tomada con otro joven, conocido como Marwen, que fue condenado inicialmente a un año de prisión por el mismo delito, pena que luego se redujo a los dos meses de cárcel que ya había cumplido.

La abogada de los estudiantes ha comunicado que cuatro de ellos recurrirán al Tribunal de Casación, quizás en busca de que la primera condena sea anulada y así poder quedar libres de unos antecedentes que serán un obstáculo permanente para sus carreras universitarias y profesionales.

El espanto del abuso y la tortura

Aun denunciando lo esencialmente injusto de cualquier condena por homosexualidad, en este caso hay que congraturlarse al menos de que los jóvenes no tengan que volver a ingresar en la cárcel. El relato que uno de los estudiantes hizo a la organización LGTB tunecina Shams de su detención y estancia en prisión es aterrador. A partir de ese testimonio, así reconstruían los hechos desde la página de Shams (en árabe, traducido al inglés en esta página), con las palabras del joven de 19 años entrecomilladas:

El 1 de diciembre, los seis jóvenes estaban en un apartamento de estudiantes en Kaiurán. De los seis, solo cuatro eran residentes. De los otros dos, uno de ellos se había escapado de su casa después de un altercado con su familia. Su familia había denunciado su desaparición, y la policía lo localizó junto a los otros cinco.

Tras ello, la policía irrumpió en la casa de los estudiantes el 1 de diciembre, mientras que los seis jóvenes estaban cenando. Confiscaron los móviles y ordenadores portátiles de los seis jóvenes. Tres días más tarde, fueron detenidos después de que la policía encontrara un vídeo pornográfico gay en uno de los ordenadores.

“Me negué a ser sometido al examen anal en la clínica, por lo que me golpearon y torturaron física y mentalmente. Finalmente accedí”.

Nunca olvidará las palabras que usó el médico —”¡Agáchate, como si fueses a rezar!”— antes de introducirle un instrumento en el ano y realizar la exploración rectal.

“El calabozo de la comisaría era como una tumba”.

Pero la cárcel fue peor.

“Nos encerraron en una habitación con otros 190 presos, y los abusos por parte de los guardias de la cárcel comenzaron inmediatamente. Nos hicieron dormir en el suelo sin mantas ni colchones”.

Así es como el muchacho, condenado por violar el artículo 230 del Código Penal de Túnez, describió las circunstancias inhumanas de su primer día en prisión, un día de diciembre frío y húmedo.

Al día siguiente, los guardias les llevaron a la peluquería.

“Nos afeitaron la cabeza, mientras nos pegaban e insultaban”.

Pero eso no fue nada comparado con lo que les esperaba los siguientes días.

“Estoy enfermo, y necesito tomar medicación a diario. Cada día, el guardia que me llevaba a la enfermería me acosaba, me acariciaba y me golpeaba en las partes más sensibles de mi cuerpo”.

Eso hizo que su condición psicológica y médica empeorara.

Lo peor era cuando los guardias estaban aburridos. Un cuadro lleno de crueldad.

“Nos exigían que nos pusiéramos a su disposición para divertirles. Durante más de dos semanas, más de quince guardias nos golpearon con palos. Nos obligaban a arrodillarnos para que nos pudieran dar patadas más fácilmente. Nos escupían y nos torturaban con agua, y solo nos soltaban cuando ya no podíamos aguantar más”.

Los guardias difundieron a propósito entre los demás presos el crimen que les había enviado a los seis a prisión, lo que transformó sus noches en la celda en largas pesadillas.

“Los demás presos nos pegaron, nos golpearon en nuestras partes íntimas y trataron de robarnos la ropa. Su líder nos puso en el centro de un círculo, rodeados por los otros presos, que nos pegaban con un palo para que bailásemos. Nos hacían preguntas muy íntimas. Si no contestábamos, nos pegaban. Si lo hacíamos, también nos pegaban”.

Su estancia se convirtió en una lucha contra torturadores y violadores. No fueron capaces de dormir debido a las amenazas de los otros presos:

“Vais a ver lo que os vamos a hacer en cuanto cerréis los ojos.”

El joven proseguía:

“Después de dos semanas de horror y tortura, me tomé las medicinas de otro preso, que tenía un problema con los niveles de glucosa en sangre, porque quería suicidarme. Odiaba la vida. Había perdido la esperanza. No podía dormir. Ya no quería vivir. Nuestros seres queridos nos trajeron comida y ropa, pero nos las confiscaron”.

Estos ciudadanos tunecinos fueron sometidos a torturas y condiciones tan severas como las de Guantánamo. Fueron escupidos por el sistema judicial a las cloacas de la humanidad y al pantano de la injusticia. El joven concluía:

“Incluso después de salir de la cárcel, ya no puedo seguir viviendo: todo se me ha vuelto negro. No puedo comunicarme con mi familia o salir de mi habitación. Me han arruinado los estudios, me han arruinado la vida. No puedo enfrentarme a nadie. Mi país me ha destruido. Me han oprimido y me han destrozado”.

Esperemos que tanto él como sus compañeros logren encontrar la fortaleza y el apoyo necesarios para poder seguir con sus vidas. Aunque el recuerdo de la infamia sufrida será difícilmente superable.

Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno de las Seychelles ha aprobado la tramitación de un proyecto de ley de reforma de su Código Penal, que eliminará la prohibición de las prácticas homosexuales masculinas, castigadas actualmente con hasta catorce años de prisión. La modificación, que debe ser aprobada por la Asamblea Nacional, lleva esperando desde que las autoridades del país insular la prometieron en el año 2011. Se espera que la despenalización tome efectos a finales de este 2016.

El consejo de ministros de las Seychelles, reunido el pasado lunes 29 de febrero, ha aprobado una iniciativa de reforma del Código Penal destinada a eliminar el artículo 151, cuyo texto es el siguiente:

Cualquier persona que:

a) Tenga conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza.

(…)

c) Permita a un varón tener conocimiento carnal contra el orden de la naturaleza.

Será culpable de un delito grave, punible con pena de prisión de catorce años.

El artículo únicamente es aplicable a los varones que mantienen relaciones con personas de su mismo sexo.

El Gobierno ha encargado al fiscal general del Estado, Ronny Govinden, la redacción del texto del proyecto de ley, para que sea sometido a votación en la Asamblea Nacional en las próximas semanas, como parte del paquete de reformas propuesto por el recién elegido presidente James Michel.

Aunque el Gobierno ha explicado que las leyes penalizadoras de la homosexualidad apenas si se habían aplicado en la práctica, su mera existencia era una espada de Damocles para los homosexuales. Ello repercutía en que fueran frecuentes víctimas de abusos policiales y chantajes, además de suponer un perjuicio para la defensa de los derechos de los homosexuales ante la opinión pública. Por ello, el presidente Michel ha afirmado que la reforma hará que “todas las personas estén libres de discriminación a todos los niveles”.

La despenalización de la homosexualidad masculina, según fuentes gubernamentales, sería además una consecuencia lógica de la adhesión de las Seychelles a tratados internacionales, como la Declaración de Derechos Humanos, que prohíbe toda discriminación. Según el fiscal Govinden, “es una prioridad para el país, dado que las Seychelles participan en convenciones internacionales… nos enfrentamos a presiones de otros países que nos piden que eliminemos esta ley”.

El ministro de Asuntos Exteriores, Barry Faure, aclaraba de dónde partían algunas de esas presiones: “Las Seychelles se comprometieron en 2011 a revisar la ley sobre la homosexualidad y aún no se había hecho, por lo que el Reino Unido nos ha interpelado, afirmando que no hemos hecho progresos en este asunto”. Las Seychelles forman parte de la Commonwealth, y sus leyes contra la homosexualidad, como ocurre en muchos de los países pertenecientes a esa mancomunidad, provienen de la herencia colonial británica. En el caso del archipiélago africano, fueron introducidas en 1955, cuando las Seychelles aún eran una colonia.

Según la previsión del Gobierno, la tramitación parlamentaria del proyecto de ley hará que sus efectos no tengan lugar hasta finales de este 2016. En todo caso, se ha rehusado la convocatoria de un referéndum al respecto, pues, según el fiscal Govinden, “se trata de una simple enmienda al Código Penal, que puede ser llevada a cabo por la Asamblea Nacional y así evitar conflictos. Con esta modificación se concluirá por despenalizar la homosexualidad en las Seychelles”.

Muthoni Wanyei, el Director Regional de Amnistía Internacional en África oriental, ha querido recalcar el enorme paso hacia delante que se ha dado con la aprobación de esta medida:

A pesar de las Seychelles no han procesado a nadie, leyes como esto abre los miembros de la comunidad gay a la extorsión. A menudo oímos cuentos de hombres que son atraídos hacia una relación sexual y luego de ser amenazado. La jugada de las Seychelles se espera inspirar a otros. Esto le dará a la comunidad gay de apalancamiento, es otro ejemplo de un estado africano siendo progresiva en estos temas y seguir adelante.»

Las Seychelles, además, forman parte de los contados países africanos que cuentan con una legislación contra la discriminación laboral basada en la orientación sexual, junto a Botsuana, Cabo Verde, Mozambique, Sudáfrica y las islas Mauricio.

Cuando la reforma del Código Penal tenga efectos, las Seychelles se unirán a Mozambique, que lo hizo el pasado 2015, en ser uno de los pocos países africanos que han despenalizado la homosexualidad recientemente. También dejará de formar parte de las infame lista de 79 y territorios del mundo que siguen castigando las relaciones homosexuales.

Fuente Dosmanzanas/Chueca

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La realidad es tozuda y acaba por abrirse camino. Pocos días después de que el Gobierno italiano aceptase eliminar la stepchild adoption como única forma de que el proyecto de uniones civiles entre parejas del mismo sexo sobreviviese en su paso por el Senado, un tribunal de menores de Roma ha autorizado una adopción “cruzada” en el seno de una pareja de mujeres. Precisamente lo que el Senado acaba de negar… concedido por la justicia por partida doble. 

Cada una de las dos mujeres de la pareja es madre de una niña, en los dos casos recurriendo a reproducción asistida en Dinamarca. Las dos niñas tienen ya 4 y 8 años. Pero no ha sido hasta ahora cuando gracias a un recurso de la abogada Francesca Quarato, miembro de los colectivos Rete Lenford y Famiglie Arcobaleno, un tribunal de menores de Roma ha concedido la adopción de cada una de las niñas a su madre no biológica. De esta forma, ambas madres ven reconocidos legalmente sus derechos parentales sobre las dos menores.

Aunque se trata del primer caso en el que la justicia italiana reconoce una adopción “cruzada”, no es sin embargo el primer caso de stepchild adoption (término anglosajón que los italianos ha adoptado para designar la posibilidad de que, en el seno de una pareja del mismo sexo, uno de los miembros de la pareja pueda adoptar a los hijos del otro miembro de la pareja). De hecho, el pasado diciembre un tribunal de apelaciones de Roma confirmaba la sentencia que año y medio antes había emitido un tribunal de menores de la capital italiana, y que por primera vez avalaba que una mujer pudiese adoptar a la hija biológica de su pareja del mismo sexo (ya en su momento recogimos la que entonces fue histórica sentencia. La pareja de mujeres, residente en Roma desde el año 2003, tuvo una hija mediante reproducción asistida en un país extranjero que no ha trascendido, donde también contrajeron matrimonio. Con posterioridad, reclamaron ante la justicia italiana la adopción del menor por parte de la madre no biológica).

El caso abrió en su momento un camino que otros tribunales italianos ya están siguiendo. En enero de 2015, por ejemplo, era un tribunal de apelaciones de Turín el que reconocía los derechos de parentalidad de otra pareja de mujeres, una española y otra italiana, casadas (y luego divorciadas) en España, y que tuvieron a su hijo mediante reproducción asistida en Barcelona, cuyo registro civil reconoce al niño como hijo de ambas. Y en diciembre otro tribunal de apelaciones, esta vez en Milán, reconocía como válida la adopción concedida en España a una mujer italiana que adoptó a la hija biológica de su pareja. La historia de esta pareja es bastante similar a la anterior: se casaron (luego se divorciaron) y tuvieron a su hijo mediante reproducción asistida en España, aunque en este caso ambas mujeres son italianas. Aún así, el tribunal considera que el procedimiento de adopción en España debe ser reconocido en Italia.

Italia: una justicia por delante de su clase política

Todas estas sentencias tienen lugar mientras la clase política italiana se muestra incapaz de aprobar una ley de uniones civiles entre parejas del mismo sexo que reconozca, aunque sea de forma limitada, a las familias homoparentales. La aprobación del proyecto en el Senado ha dejado, de hecho, al colectivo LGTB italiano con una sensación agridulce… tirando a agria. Si bien es cierto que supone la vía libre a que por fin Italia, el último gran país de Europa occidental en hacerlo, reconozca las parejas del mismo sexo (hasta Chipre o Grecia, dos países de tradición ortodoxa, a la que se le supone una mayor hostilidad hacia las relaciones entre personas del mismo sexo, la habían adelantado ya), lo sucedido demuestra hasta qué punto los derechos de una minoría se han convertido en moneda de cambio del juego político italiano, con un primer ministro (Matteo Renzi) más preocupado de mantener unido a su partido, el Partido Democrático, o un Movimiento 5 Estrellas más preocupado de dejar en evidencia la división interna de los de Renzi que de reconocer los derechos de las familias homoparentales.

Las parejas del mismo sexo con hijos, por tanto, seguirán estando obligadas a acudir a la justicia italiana caso por caso para hacer valer sus derechos.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Discriminación, Famiglie Arcobaleno, Homofobia, Homoparentalidad, Italia, Matteo Renzi, Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Partido Democrático, Rete Lenford

Lamentable la discriminación laboral a la que se ha tenido que enfrentar Georgia Carter, una mujer trans de 27 años. En un transcurso de tiempo inferior a una hora, Carter fue contratada y despedida. Al revisar su documentación, el mismo encargado que la había contratado le preguntó por el género que figuraba en su carné de conducir (que todavía no se corresponde con su auténtica identidad de género). Cuando la joven le dijo que era una mujer trans fue automáticamente despedida.

“Soy una miembro activa de la sociedad”. Eso pensó para sí misma Georgia Carter cuando consiguió trabajo en un restaurante KFC de Virginia (en los Estados Unidos). “Me sentí tan feliz”, confiesa esta mujer. Según ha relatado la propia afectada, el encargado del establecimiento que la entrevistó no le preguntó en un primer momento sobre su identidad de género. “Tienes el trabajo. Voy a empezar contigo pagándote 7,50 dólares la hora. Mañana practicaremos con el ordenador”. Con este mensaje, entusiasmada, la joven llamó a su novio para decirle que lo había conseguido.

Pero la alegría inicial, desgraciadamente, duró poco. “Mi supervisor y yo tenemos un problema, ya que en tu licencia dice ‘hombre’, pero eres…” , requerimiento al que Georgia Carter contestó con naturalidad: “soy una mujer transexual” (aunque su licencia no reflejara su auténtica identidad de género). La reacción posterior, en un breve lapso de tiempo, no hace sino poner de manifiesto la desinformación y los estereotipos sociales que acaban derivando en discriminación. “Oh, no te podemos contratar porque no sabemos qué baño puedes utilizar”. Algunos medios especializados como Planet Transgender apuntan que “rechazar a Carter por estos motivos podría violar el título VII”. Se refieren al apartado de la Ley de Derechos Civiles de los EEUU, de 1964, que aborda la igualdad de oportunidades en el empleo y la no discriminación.

¿Falta de reacción o incoherencia con sus propias políticas?

El silencio de KFC, que no se ha pronunciado sobre el fulminante despido basado en argumentos discriminatorios y tránsfobos, choca con la propia política laboral que defiende con ahínco la cadena en sus redes sociales y en su propia web corporativa. En la versión en español de su web de los Estados Unidos, el gigante del pollo defiende que “para KFC la diversidad es mucho más que una filosofía, es parte de nuestros principios básicos de trabajo en equipo”. Desde luego, viendo la falta de reacción de KFC ante este caso, parece una mera declaración de buenas intenciones que quedan en papel mojado.

Las sonrojantes declaraciones del encargado, tras ser preguntado por los medios, no hacen sino poner en evidencia su propia ignorancia: “si cambia su género en su carné reconsideraremos su solicitud”.

En el siguiente vídeo (en inglés), Georgia Carter explica en su propia boca lo ocurrido:

En otro orden de asuntos, la cadena KFC lleva tiempo instalada en la polémica a cuenta del tratamiento y condiciones de vida y de sacrificio de los pollos con los que prepara sus menús. La organización animalista PETA lanzó en 2003 una campaña para denunciar una “crueldad contra los animales que no se puede tolerar”. Desde entonces, se han registrado más de 12.000 protestas frente a restaurantes de todo Estados Unidos.

ACTUALIZACIÓN (02/03/16, a las 15 h)

A raíz de la viralización de la noticia y de sus posibles repercusiones en el negocio, KFC abandona su silencio inicial (distintos medios estadounidenses hicieron constar que no habían recibido una respuesta oficial cuando contactaron con las oficinas centrales) y a través de un tuit contesta que “no tolerará la discriminación. El franquiciado ha despedido a este gerente y a la señora Carter se le ha ofrecido un trabajo en cualquier otro KFC de Richmond” (capital del estado de Virginia). En el momento en el que se redactó la noticia, la cadena no había publicado todavía nada al respecto. Este es el tuit de KFC:

Virginia Woman Claims KFC Fired Her for Being #Transgender https://t.co/PKwteNIhKN pic.twitter.com/hclXieLH1e

— Los Angeles LGBT Ctr (@LALGBTCenter) 1 de marzo de 2016

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La comunidad gay representa una «amenaza» y para combatirla hay que utilizar «técnicas de guerra moderna» insistió esta semana el ministro de Defensa Ryamizard Ryacudu.

La homosexualidad es un tema tabú en Indonesia, país musulmán más poblado del mundo.

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Los ciudadanos suizos han votado negativamente, aunque por un estrechísimo margen del 50,8 % frente al 49,2 %, a una reforma de la definición constitucional del matrimonio que hubiera supuesto la exclusión del mismo para las parejas del mismo sexo. La reforma LGTBfoba, sin embargo, se escondía bajo el velo de una rutinaria y aparentemente inocua cuestión fiscal, en un ardid del Partido Demócrata Cristiano que finalmente no le ha dado los frutos deseados. El proyecto de ley de matrimonio igualitario, presentado hace un año, puede proseguir su andadura parlamentaria sin el escollo de tener que derribar una barrera constitucional.

La iniciativa del Partido Demócrata Cristiano (PDC, o CVP según sus siglas alemanas) bajo el título Für Ehe und Familie – Gegen die Heiratsstrafe, pretendía excluir de la institución matrimonial a las personas homosexuales a través de una argucia semántica y estaba encaminada originariamente a eliminar lo que consideraban una discriminación fiscal de algunos –no todos–  matrimonios en Suiza, que deben pagar más impuestos que las parejas no casadas que se encuentran en una situación similar. El objetivo de los democristianos era, pretendidamente, acabar con lo que denominaban “multa matrimonial”. Pero en la redacción de la propuesta de reforma constitucional que titularon “Para el matrimonio y la familia – contra la multa matrimonial”, se introdujo también una definición excluyente del matrimonio.

La reforma implicaba una nueva redacción del artículo 14 de la Constitución suiza, que actualmente reza así: “Se garantizan los derechos al matrimonio y a la familia”. Con la redacción propuesta por el PDC, se hubiera añadido al mismo artículo el siguiente texto: “El matrimonio es la relación a largo plazo y legalmente regulada entre hombre y mujer. A efectos fiscales, es una comunidad económica. No puede ser penalizado respecto a otros modelos de vida, especialmente en materia fiscal y de seguridad social”.

Los activistas LGTB suizos reprobaron lo que consideraban una redacción engañosa del texto de la consulta. La campaña del PDC y el título de la iniciativa hacían hincapié en terminar con una discriminación (la fiscal), mientras que la discriminación LGTBfoba de la medida quedaba oculta si no se leía la literalidad de la reforma constitucional propuesta.

De haber obtenido la victoria, el matrimonio excluyente hubiera quedado blindado a nivel constitucional y solo una nueva reforma de la Carta Magna en un futuro podría haber abierto ese derecho a las parejas del mismo sexo. Suiza se hubiera convertido en el primer país de Europa occidental en prohibir el matrimonio igualitario en su Constitución, a semejanza de la situación en la que se encuentran varios países de Europa central y oriental como Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Sin embargo, los ciudadanos suizos (en contra, por cierto, de lo que aventuraban las encuestas) han rechazado la reforma de la definición del matrimonio, en una votación que ha formado parte del conjunto de referéndums celebrados este 28 de febrero. Aunque la iniciativa ha logrado ser aprobada en la mayoría de los cantones, el conjunto de los votos negativos ha supuesto un 50,8 % del total de los participantes, frente a un 49,2 % de votos favorables. Para ser aprobada, la reforma debía contar con una mayoría favorable tanto en votos globales como en cantones, por lo que ha sido finalmente rechazada. En realidad, el conjunto de la ciudadanía ha votado en el mismo sentido que lo hicieron ambas cámaras del Parlamento, que rechazaron mayoritariamente la medida, aunque eso no evitó la convocatoria de la consulta popular.

Queda así allanado el camino para la iniciativa de matrimonio igualitario, cuya tramitación parlamentaria comenzó en febrero de 2015. El “Matrimonio civil para todos” recibió entonces el visto bueno de la Comisión de Derechos del Consejo Nacional (la cámara baja del Parlamento suizo) por doce votos a favor frente a nueve en contra y una abstención. El pasado septiembre de 2015, el proyecto superaba otro trámite, al recibir el visto bueno del órgano equivalente en el Consejo de los Estados, la cámara alta. De superar la tramitación parlamentaria, la iniciativa deberá someterse a referéndum, por suponer también una reforma constitucional.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, CVP (Suiza), Discriminación, Eslovaquia, Homofobia, Hungría, Letonia, Lituania, Matrimonio, Moldavia, Montenegro, PDC (Suiza), Polonia, Serbia, Suiza, Ucrania

Ivan Kravistin es un joven ruso de 26 años que sufrió el ataque violento de un compatriota a quien le disgustó su apariencia de “maricón”. Pero Ivan no se resigna a ser una víctima, y ha defendido en las redes sociales su derecho a vivir su vida libremente, sin tener que ocultar su orientación sexual, ni recluirse para encontrar un refugio más seguro. Según sus palabras, ”si te sometes a los homófobos, si te encierras en el armario, no estarás viviendo plenamente”.

El pasado 24 de febrero, Ivan Kravistin hacía sus compras en un supermercado de Syzran, una localidad de unos 180.000 habitantes situada a 900 kilómetros al este de Moscú. Cuando se disponía a salir del local, le bloqueó el paso un hombre de gran estatura y corpulencia, que le preguntó si era “maricón”, pues Ivan lleva el pelo teñido de azul y las uñas pintadas.

El energúmeno continuó espetándole todo tipo de insultos homófobos, mientras empezaba a golpearle con saña en la cara y en el cuerpo. Un viandante intentó detenerle, diciendo que a él tampoco le gustaban los gais, pero que no creía que hubiera que golpearles así. Finalmente, acudió la Policía, que detuvo al agresor bajo el cargo de “gamberrismo”. Por supuesto, no hubo intención de considerarlo un crimen de odio.

Ivan fue conducido al hospital, donde se le diagnosticó una conmoción, además de grandes hematomas en cuerpo y rostro. Finalmente, fue dado de alta para que terminase su recuperación en su domicilio.

Una vez allí, Ivan decidió compartir su dolorosa experiencia en la red social Vkontakte, la más popular de Rusia y semejante en formato a Facebook, para que sirviera como denuncia. Allí además publicó unas fotografías en las que se podían comprobar las huellas de la agresión. Sin embargo, muchos de los comentaristas le instaron a que fuera más discreto e intentara pasar desapercibido, que dejara de teñirse el pelo y de hablar de los derechos de los gais, para así evitar más agresiones e insultos en el futuro. Pero Ivan se ha negado a cumplir con ese papel de víctima, dando la siguiente respuesta a quienes le recomendaban discreción y ocultamiento:

Según algunos, tengo que dejar de hablar de los derechos de los homosexuales y aceptar la realidad de que, como norma, los homosexuales nunca serán aceptados en Syzran y en Rusia. Vive para ti mismo, a puerta cerrada, con un novio, y todo irá bien. Si yo no fuera “buscando problemas”, mi vida sería un cuento de hadas. Pero ese “felices para siempre” es una mentira. Si te sometes a los homófobos, si vuelves al armario, no estarás viviendo plenamente. Yo puedo tener rota la cara, pero tú tienes rota la vida.

Si debo elegir entre vivir una vida plena y breve o una vida lenta y dolorosa encerrado en el armario, elijo lo primero. Piensa lo quieras sobre la homosexualidad, pero yo no me merezco esto. Nadie se merece esto. No voy a permitir que me obliguen a volver de nuevo al armario, porque esta es la razón por la que salí en su día: la gente necesita saber que existimos.

La absoluta desprotección de la comunidad LGTB rusa

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La ley se someterá a votación en el Congreso en dos meses

El texto mantiene el requisito de ayuda recíproca moral y material, la pensión de supervivencia, el permiso de residencia para el cónyuge extranjero y también la posibilidad de adquirir el apellido del compañero.

Sin embargo elimina la obligación de fidelidad, un tema emblemático para las asociaciones de defensa de los homosexuales.

La califican una “versión descafeinada” del matrimonio igualitario porque deja fuera el aspecto más controvertido, la posibilidad de adopción de los hijos naturales de uno de los miembros de la pareja pero no deja de ser un hito en un país donde la opinión del Estado Vaticano cuenta y mucho. Al final el primer ministro, Matteo Renzi, ha optado por someter el texto a una moción de confianza, que ha salido adelante con el voto favorable de 173 senadores, mientras que otros 71 han votado en contra. Los representantes del Movimiento Cinco Estrellas han abandonado la sala antes de la votación. De haber salido mal, Renzi se hubiera visto obligado a dimitir, después del acuerdo cerrado este miércoles entre el Partido Democrático, al que pertenece, y Nuevo Centro Derecha (NCD), su principal socio de coalición. El texto deberá ser votado ahora en la Cámara de Diputados.

El primer ministro italiano, Matteo Renzi, aceptaba descafeinar la propuesta de ley de uniones civiles como única forma de desatascar su aprobación por el Senado y superar la división interna de su propio partido. Finalmente ha sido retirada la “stepchild adoption”, es decir, la posibilidad de que en el seno de una pareja del mismo sexo uno de los miembros de la pareja pueda adoptar a los hijos del otro miembro. Renzi también ha aceptado modificar algunos aspectos “simbólicos” para acentuar las diferencias entre uniones civiles y matrimonio. El proyecto ha sido aprobado finalmente por 173 votos a favor y 71 en contra. Ahora debe ser discutido por la Cámara de Diputados, donde no se esperan sorpresas.

La aprobación de una ley que reconozca las parejas del mismo sexo en Italia está siendo especialmente largo y trabajoso, y eso que ni siquiera estamos hablando de una ley de matrimonio igualitario, posibilidad a día de hoy imposible en Italia, el país de Europa occidental en el que la Iglesia católica sigue conservando una mayor influencia. Como en entradas anteriores hemos detallado, la propuesta que inicialmente estaba sobre la mesa era la presentada por la senadora Monica Cirinnà en junio de 2014, que reconocía a las parejas del mismo sexo derechos civiles, patrimoniales y sociales similares a los del matrimonio, aunque no la adopción conjunta. Como gran paso adelante, sin embargo, sí que permitía, bajo ciertas circunstancias, la adopción por parte de uno de los miembros de la pareja de los hijos que ya tenga el otro miembro de la pareja (bautizada en Italia con el anglicismo stepchild adoption).

La tramitación del proyecto, sin embargo, no se aceleró hasta después del histórico referéndum irlandés sobre el matrimonio igualitario, cuando el primer ministro Renzi (Partido Democrático, PD) declaró que “las uniones civiles no pueden retrasarse más”. Curiosamente, el propio Renzi era el que había actuado hasta entonces como freno al proyecto, pese a que el Parlamento salido de las elecciones de 2013 no debería haber tenido, de acuerdo a las posiciones defendidas por los partidos en ese momento, especiales dificultades para aprobarlo. El proyecto recibía por fin la aprobación de la Comisión de Justicia del Senado en mayo pasado, aunque finalmente no ha llegado al pleno del Senado hasta ya bien entrado 2016.

En todo este tiempo, Renzi ha intentado sin éxito llegar a un acuerdo con su socio principal de gobierno, el Nuevo Centro Derecha de Angelino Alfano (actual ministro del Interior), que rechazaba el proyecto de Cirinnà y prefería una regulación de menor nivel que no contemple la stepchild adoption. Renzi, cuya primera y más importante dificultad era la división interna en su propio partido (una amalgama de democristianos, centristas, socialdemócratas y socialistas, y cuyo sector católico sigue siendo especialmente influyente), se vio finalmente abocado a dejar de lado a Alfano y confiar en que a una supuesta mayoría de parlamentarios del PD se sumasen diversas fuerzas menores de izquierda y sobre todo el Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo (M5S), que se había mostrado a favor del proyecto. Pero no fue suficiente. El M5S se negó a validar la denominada “enmienda supercanguro”, un procedimiento parlamentario abreviado que tiene como objeto rechazar de un plumazo y sin discusión numerosas enmiendas menores, al que ese partido se opone por principio. Ello abocaba a un proceso de discusión más prolijo, y lo que en último término es lo importante, acentuaba la división interna entre los senadores del PD, a los que Renzi pensaba dejar libertad de voto por lo que a la stepchild adoption se refiere. El propio M5S había decidido también, después de las recientes y masivas movilizaciones populares tanto a favor como en contra del proyecto, dar libertad de voto a sus senadores en lo referente a este punto.

La discusión quedaba así suspendida mientras partidarios y detractores reagrupaban sus fuerzas. Matteo Renzi, sin embargo, no ha querido dejar pasar más tiempo, y esta misma semana daba su brazo a torcer y aceptaba descaifenar el proyecto en el sentido en el que le reclamaban tanto el sector católico de su partido como la derecha. La senadora Laura Cantini, del PD, plasmaba la reforma en una “maxienmienda” que contaba por el fin con el visto bueno mayoritario de la cámara y que recibía 173 votos favorables y 71 contrarios (los senadores del M5S prefirieron abandonar la votación en señal de protesta por el giro de los de Renzi).

Ahora el proyecto debe recibir el visto bueno de la Cámara de Diputados, donde Renzi dispone de un margen más cómodo que en el Senado, y donde en principio no se esperan modificaciones significativas del texto.

Fuera, la stepchild adoption y la “obligación de fidelidad”

La aprobación del proyecto en el Senado deja al colectivo LGTB italiano con una sensación agridulce. Por un lado, supone la vía libre a que por fin Italia, el último gran país de Europa occidental en hacerlo, reconozca las parejas del mismo sexo (hasta Chipre o Grecia, dos países de tradición ortodoxa, a la que se le supone una mayor hostilidad hacia las relaciones entre personas del mismo sexo, la habían adelantado ya). Por otro, lo sucedido estas últimas semanas en el Senado demuestra hasta qué punto los derechos de una minoría se han convertido en moneda de cambio del juego político italiano, con un Renzi más preocupado de mantener unido a su partido o un M5S más preocupado de dejar en evidencia dicha división interna que de los derechos de las familias homoparentales, que siguen estando desprotegidos.

Las parejas del mismo sexo con hijos, por tanto, seguirán estando obligadas a acudir a la justicia italiana caso por caso para hacer valer sus derechos. Y es que los jueces italianos, salvo excepciones, se están mostrando más sensibles que la clase política de ese país hacia la realidad familiar de las personas LGTB. La propia stepchild adoption, por ejemplo, ha sido ya reconocida por los tribunales en el caso de una pareja de mujeres, residente en Roma desde el año 2003, que tuvo una hija mediante reproducción asistida en un país extranjero, donde también contrajeron matrimonio (no reconocido en Italia). Con posterioridad, reclamaron ante la justicia italiana la adopción del menor por parte de la madre no biológica.

Un detalle quizá menor para algunos pero especialmente simbólico, y que deja bien claro el afán de los senadores homófobos por dejar su impronta en el proyecto, ha sido la supresión de la “obligación de fidelidad” que, del mismo modo que la ley italiana exige a las parejas casadas, el proyecto inicial de Cirinnà exigía a las parejas del mismo sexo unidas civilmente. Por curioso que parezca, se trataba de un aspecto que había sido especialmente criticado por los contrarios al proyecto porque en su opinión hacía prácticamente indistinguible a esta institución de la del matrimonio. Eliminarlo supone, en cierto modo, oficializar que la relación afectiva que se le supone a dos personas del mismo sexo unidas civilmente es de peor calidad que la que se le supone a una pareja de distinto sexo casada.

Tras la aprobación del texto en la Cámara alta, la senadora Cirinná ha sido ovacionada por los miembros del Partido Demócrata, a pesar de que el texto aprobado parece no contentar ni al movimiento activista LGTBI ni a los sectores ultracatólicos y conservadores.

El ministro del Interior y líder de NCD, Angelino Alfano, ha celebrado este jueves desde Bruselas el acuerdo alcanzado. «Ha sido un bonito regalo a Italia haber impedido que dos personas del mismo sexo, algo que impide la naturaleza, tuvieran la posibilidad de tener un hijo. Hemos impedido una revolución contra natura y antropológica, creo que ha sido un resultado nuestro «, ha comentado en unas declaraciones que no han sido bien recibidas en las filas del PD.

«Creo que debería prevalecer el buen sentido también en las declaraciones. El regalo a Italia es decir que no hay ciudadanos de clase B. Y esta ley va en la dirección justa», ha subrayado la ministra para las Reformas, Maria Elena Boschi.

Grupos católicos y conservadores insistían en que «un niño debe tener un papá y una mamá». Si una pareja del mismo sexo desea adoptar, ahora no le quedará otro remedio que recurrir a los tribunales. Tal vez allí encontrará alguna puerta abierta.

Italia es el único país de la Europa Occidental que se encontraba en esta situación de limbo jurídico de las parejas del mismo sexo. El documento de ley lleva el nombre de la senadora del Partido Democrático que lo impulsó, Monica Cirinnà.

Las modificaciones introducidas en el proyecto de ley han tenido como principal objetivo hacer el texto digerible para la formación conservadora Nuevo Centroderecha, liderada por el ministro de Interior, Angelino Alfano. Éste aclaró que su partido «no rechaza los derechos de los homosexuales, aunque sí es contrario a las adopciones y a la equiparación de sus uniones con el matrimonio».

En definitiva, y como la propia ILGA Europe ha reconocido en un comunicado, un paso adelante que es bienvenido pero que se demuestra insuficiente.

Fuente Agencias, Dosmanzanas, Cáscara Amarga, Chueca.com, Ragap

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Angelino Alfano, Discriminación, Homofobia, ILGA, Italia, Laura Cantini, Maria Elena Boschi, Matteo Renzi, Monica Cirinnà, Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Nuevo Centro Derecha, Partido Democrático, Uniones Civiles

Triste historia la que ha sucedido en Chile, donde Vladimir Urrutia ve desesperado como la madre del que fue su pareja (hoy fallecido) y que nunca aceptó la relación de su hijo con otro hombre, quiere que sus restos sean exhumados para que no reposen en una tumba propiedad de Urrutia, que ya con anterioridad fue despojado de bienes comunes e incluso de varias mascotas que compartían. Urrutia y Rodrigo Moreno fueron pareja durante doce años, hasta la muerte de este último.

Rodrigo Moreno falleció el 5 de octubre de 2014, por lo que la pareja no tuvo oportunidad de contraer una unión civil (algo que no pudo comenzar a ser posible hasta un año después). “Estamos en presencia de una situación tan injusta, como dolorosa, pues Moreno falleció el 5 de octubre del 2014, no alcanzando la pareja a formalizar su vínculo con el Acuerdo de Unión Civil, que entró en vigencia un año más tarde. Ello dejó en la completa desprotección jurídica a Urrutia, pues además de ser despojado de los bienes que adquirió conjuntamente con su pareja, hoy podría ser apartado de los restos de su amado”, ha indicado el portavoz del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) en la región del Biobío, Esteban Guzmán.

Esta organización está asesorando a Urrutia, que además de la muerte de Moreno se ha tenido que enfrentar a la inquina de la madre de este, Elba Rodríguez. “La familia de mi novio, que nunca aceptó nuestra relación, me ha quitado todo lo que ha podido; cuadros, ropa, muebles, incluso a mis cuatro perros. Cuando falleció Rodrigo, le pusieron un candado y una cadena a la puerta. Por sanidad mental, unos amigos y vecinos embalaron algunas cosas y las llevaron a un departamento donde estuve por más de un año. Viví sin cocina, sin muebles, sin mesa, sin sillas, afectado por una profunda depresión y dos intentos de suicidio. Pensé que lo peor había pasado, pero ahora me entero que quieren exhumar el cuerpo”, expresa Urrutia con un profundo dolor. Se da además la circunstancia de que durante los últimos tres años de la vida de Moreno tanto su madre como su su abuelo vivieron con la pareja, que los cuidó pese a que, según cuenta Urrutia, “nunca nos aceptaron y debíamos reprimir nuestros afectos”. Incluso llegaban a contar ante desconocidos que eran hermanos, y no pareja, “para que su madre se quedara tranquila, pero no sé si estos gestos ella los valoró alguna vez”.

Para rematar el dolor de Urrutia, el pasado 8 de febrero Elba González presentó contra él un recurso ante la Corte de Apelaciones de Concepción por negarse a la exhumación del cuerpo, enterrado en una tumba -esta sí- propiedad de su yerno. La acción también fue cursada contra el Cementerio Parque Santa María de Los Ángeles, que tampoco ha autorizado la exhumación.

Elba González argumenta a su favor que el 23 de abril del 2015 la Oficina Provincial de la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Biobío autorizó la exhumación de su hijo. Pero según revela Esteban Guzmán, en todas sus actuaciones  ha omitido que el propietario de la tumba era su pareja, con la que había convivido por más de una década. “Es una situación dramática”, opina el portavoz del MOVILH. “Es un caso difícil, pues si bien la justicia está sin duda del lado de Urrutia, nuestras leyes no reconocen derechos de convivientes para efectos de sepultura o exhumación. Por ello, junto a la asesoría legal, estamos gestionando una reunión con la Seremi de Salud par evaluar los mejores pasos a seguir. Urrutia, no merece sufrir más y esperamos que el Estado se haga cargo de ello”, añade.

Estaremos atentos a lo que suceda finalmente. En cualquier caso, desde la distancia trasladamos a Vladimir Urrutia todo nuestro cariño y solidaridad.

Fuente MOVILH y Dosmanzanas

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La vista de apelación contra la suspensión cautelar de las actividades de la asociación LGTB tunecina Shams ha resultado exitosa. El Tribunal de Primera Instancia ha fallado a su favor y ha dictado que la asociación puede continuar con su actividad como organización no gubernamental, pues sus estatutos se ajustan adecuadamente a la ley. De esta manera, Shams podrá continuar con su lucha por la derogación del artículo 230 del Código Penal de Túnez, que castiga las relaciones homosexuales con penas de hasta tres años de prisión.

La suspensión durante 30 días de la actividad de «Shams«, forzada por algunos miembros del Gobierno y del Parlamento, fue decretada el pasado 4 de enero por un tribunal de primera instancia tunecino.

General, Homofobia/ Transfobia. Activismo, Ahmed Ben Amor, Discriminación, Hedi Shaly, Homofobia, Shams, Susa, Túnez

Las autoridades de inmigración de Lituania han denegado el permiso temporal de residencia a un hombre de nacionalidad bielorrusa casado en Dinamarca con un ciudadano lituano. La decisión del Ministerio del Interior lituano contraviene abiertamente la directiva 2004/38 de la Unión Europea, que consagra el derecho de los nacionales de países de la Unión Europea y sus familiares a residir libremente en cualquier país de la Unión.

Es más, dado que no existía precedente respecto a la concesión de permisos de residencia a cónyuges del mismo sexo de nacionales de la Unión Europea que quisieran residir en Lituania, el Departamento de Migraciones de ese país consultó antes al Departamento de Leyes Europeas (dependiente del Ministerio de Justicia) y este consideró que el ciudadano bielorruso sí tenía derecho al permiso de residencia, con independencia de que Lituania no reconozca el matrimonio igualitario. “Carece de sentido denegar el derecho de residencia al cónyuge de un ciudadano de la Unión Europea cuando el matrimonio ha tenido lugar de acuerdo a las normas específicas de un estado miembro y es reconocido por 13 países europeos”, expresaba el informe del Ministerio de Justicia, que alertaba de que denegar el permiso podría ser considerado una violación del derecho de libre circulación, unos de los principios fundamentales de la Unión Europea.

El Departamento lituano de Migraciones, dirigido por Evelina Gudžinskaitė, prefirió sin embargo seguir el criterio del Ministerio del Interior, que consideró lisa y llanamente que el matrimonio entre personas del mismo sexo está prohibido en Lituania y que por tanto no debía concederse el permiso.

Ya en 2012 el Parlamento Europeo insistió sobre la materia

En esta misma página, en abril de 2012, hacíamos referencia a un informe aprobado por el Parlamento Europeo sobre el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos a lo largo y ancho de la Unión Europea. Por lo que a las parejas del mismo sexo se refiere, el pronunciamiento del Parlamento Europeo dejaba claro que los estados miembros deben asegurar la libertad de movimientos para todos los ciudadanos y sus familias sin discriminarlos por razones de orientación sexual o identidad de género, y que los derechos reconocidos por la directiva europea sobre libre circulación de personas deben considerarse también de aplicación a las parejas de hecho, uniones civiles y matrimonios entre personas del mismo sexo.

La alusión explícita a las parejas del mismo sexo fue introducida en forma de enmienda gracias al voto de una mayoría de europarlamentarios, debido precisamente al conocimiento de los obstáculos a la libre circulación a los que se enfrentan los ciudadanos europeos por razones de orientación sexual. Desde España no está de más recordar que entonces votaron en contra de introducir esta enmienda 17 eurodiputados del PP, además de uno de Unió Democràtica de Catalunya. Como nota positiva destacó la eurodiputada popular Pilar Ayuso, que se desmarcó de sus compañeros y votó a favor de la enmienda.

Lituania, un estado hostil a las personas LGTB

Desde la Liga Gay Lituana (LGL) han expresado su preocupación por lo que consideran un nuevo episodio discriminatorio por razón de orientación sexual. Lo cierto es que Lituania lleva un tiempo avanzando de manera preocupante hacia posiciones cada vez más intransigentes con la realidad LGTB, y de ello hemos dado cuenta en dosmanzanas. En octubre de 2010 entró en vigor la reforma que prohíbe la “manifestación y promoción” de contenidos publicitarios referidos a orientación sexual. Una prohibición que afecta a servicios publicitarios dirigidos a toda la población, y no solo a menores. Poco antes, en marzo de 2010, había entrado en vigor la ley de “de protección de menores contra el efecto perjudicial de la información pública” con el objetivo de obstaculizar la información positiva sobre diversidad sexual. Y aunque su versión inicial fue corregida por las protestas, su redacción definitiva sigue estigmatizando la información sobre homosexualidad.

En septiembre de 2014 informábamos sobre la prohibición de un inocente spot contra la homofobia, en base a esta legislación. En enero de 2015, un diputado lituano lanzaba veladas amenazas precisamente contra LGL, a la que acusaba de “jugar con fuego” con “provocaciones” que podrían costarles un ataque como el sufrido por la revista satírica Charlie Hebdo en París. Ese mismo mes, un tribunal lituano calificaba de “excéntrica” la foto en la que una pareja gay aparece besándose y descartaba actuar ante las amenazas homófobas que habían recibido sus protagonistas.

La última noticia que recogíamos sobre Lituania, en noviembre de 2015, tenía un cariz algo más positivo: el Parlamento del país decidía eliminar del orden del día la votación de una ley contra la llamada “propaganda homosexual” similar a la vigente en Rusia. La propuesta sigue viva, no obstante, y los activistas LGTB temen que pueda ser votada en cualquier otro momento en el que la presión europea se relaje aún más.

Fuente Dosmanzanas

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El presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, ha promulgado finalmente la ley que permite la adopción homoparental, después de que el Parlamento levantara el veto que él mismo le había impuesto. Cavaco Silvia ha esperado hasta el último día del plazo establecido por la ley para cumplir con su obligación constitucional, permitiendo de esta manera que Portugal deje de ser el único país que había otorgado a sus ciudadanos el derecho al matrimonio igualitario, pero impedía la adopción a las parejas del mismo sexo.

Después de que el pasado 10 de febrero la Asamblea de la República de Portugal levantara el veto presidencial a la ley que permite la adopción homoparental, el jefe de Estado en funciones y responsable del veto, el presidente Aníbal Cavaco Silva, disponía de un plazo de ocho días para promulgarla. En esos ocho días, el gabinete de prensa del presidente se negó reiteradamente a dar información alguna al respecto.

Dado que el ordenamiento jurídico portugués no contempla sanción alguna para el “veto de cajón” (el hecho de dejar aparcada indefinidamente una ley aprobada sin promulgarla), se temía un último acto de insumisión y de LGTBfobia por parte de Cavaco Silva, y que dejara que quien cumpliera con el deber constitucional de la promulgación fuera el presidente electo, Marcelo Rebelo de Sousa, que tomará posesión del cargo el próximo 9 de marzo.

Sin embargo, el pasado viernes, el gabinete de Presidencia comunicaba que “la ley ha sido promulgada el jueves 18 de febrero, dentro de los plazos constitucionales, como siempre ocurre”. Cavaco Silva se ha visto obligado, por tanto, a respaldar con su firma como jefe de Estado una ley que vetó el pasado 23 enero, tras ser aprobada por el Parlamento el 20 de diciembre de 2015. Se trataba, además, de su última decisión como presidente de Portugal, en un acto que simbolizaba a la perfección la profunda LGTBfobia de que ha hecho gala durante toda su carrera política.

Isabel Fiadeiro Advirta, presidenta de ILGA-Portugal, se ha congratulado de la promulgación, y ha declarado que “Cavaco ha demorado, pospuesto y aplazado todo lo que ha podido, haciendo esperar a las familias, a los niños, pero la promulgación era inevitable. Pero ya está. Las parejas casadas del mismo sexo que tienen niños a la espera de la coadopción, ya pueden hacerlo; y también se podrá adoptar. Son buenas noticias”. Portugal deja así de ser el único país que había legalizado el matrimonio igualitario pero impedía la adopción homoparental.

Un largo periplo hasta la aprobación

La ley portuguesa de matrimonio igualitario fue aprobada en 2010, pero incluyendo una cláusula discriminatoria que impedía optar a la adopción, y ello pese a que las personas homosexuales solteras sí pueden adoptar. De esa manera, Portugal era el único país de Europa con matrimonio igualitario pero sin adopción homoparental.

La limitación fue impuesta por el entonces gobernante Partido Socialista (PS) contra el criterio de otros grupos de izquierda, y muchos la consideraron inconstitucional, dado que la Constitución de Portugal es una de las pocas del mundo que recoge de forma expresa la no discriminación por razones de orientación sexual. De hecho, aunque la ley fue sometida a revisión por el Tribunal Constitucional portugués por iniciativa del presidente de la república, el conservador Aníbal Cavaco Silva, esta cláusula quedó expresamente fuera de la consulta, para evitar precisamente que fuese el único punto declarado inconstitucional.

En febrero de 2012, ya con mayoría de centroderecha, el Parlamento rechazó acabar con esta discriminación, pero varios diputados del PS expresaron su intención de promover un proyecto que legalizara la coadopción, es decir, la posibilidad de que uno de los cónyuges de un matrimonio entre personas del mismo sexo pudiese adoptar a los hijos legalmente reconocidos del otro, para dar seguridad jurídica a las familias homoparentales ya existentes.

En mayo de 2013 el gobernante Partido Social Demócrata (PSD, de tendencia centroderechista) permitió de hecho que prosperara la iniciativa cuando fue votada en primera lectura. Una actitud que causó malestar entre las bases más conservadoras de ese partido, lo que derivó en que ocho diputados pertenecientes a sus juventudes propusieran un referéndum sobre la materia. El PSD acabó haciendo suya la iniciativa de referéndum, que incluía además la formulación de dos preguntas (una sobre coadopción y otra sobre adopción conjunta), aunque la estratagema se topó con el Tribunal Constitucional, que debía dar su visto bueno. El alto tribunal consideró que no podía preguntarse al mismo tiempo sobre coadopción y sobre adopción conjunta, puesto que generaba confusión y la respuesta a una de las preguntas podía generar un efecto de “arrastre” sobre la otra. La iniciativa del PS volvió al Parlamento, donde fue derrotada por tan solo cuatro votos.

Sin embargo, el LGTBfobo presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, decidió concluir su mandato presidencial poniendo un obstáculo más a la ley, e interpuso su veto el 23 de enero de 2016. Apenas unas semanas después, el 10 de febrero, el Parlamento decidía mayoritariamente levantar el veto presidencial, por que lo que ley tan solo quedaba a la espera de ser definitivamente promulgada, lo que ha ocurrido, finalmente este 18 de febrero de 2016.

Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno francés ha renunciado a modificar la ley que impide a las parejas de mujeres o a las mujeres sin pareja acceder a la reproducción asistida. Lo ha confirmado la nueva ministra francesa de Familia, Infancia y Derechos de las Mujeres, la socialista Laurence Rossignol, que asegura sin embargo estar a favor “a título personal” e incluso asegura estar convencida de que “toda la izquierda” lo está…

En Francia, la reproducción asistida solo está permitida a parejas de distinto sexo, casadas o no, que además deben acreditar la esterilidad de al menos uno de sus miembros. Se trata de una prohibición total, que afecta tanto a clínicas públicas como privadas, y que obliga a cualquier mujer francesa sin pareja masculina que desee ser madre a acudir a centros de países vecinos, como Bélgica o España.

La modificación de esta prohibición había sido durante años una de las banderas del Partido Socialista francés en materia de derechos LGTB, y de hecho la promesa estaba incluida en su programa electoral (“L’accès à l’AMP [Assistance Médicale à la Procréation] doit être ouvert aux femmes sans condition de situation de couple ou d’infertilité”, puede leerse en la página 50 del programa electoral con el que los socialistas franceses ganaron las elecciones legislativas de 2012). El propio presidente François Hollande se posicionó siendo candidato presidencial a favor del cambio. Fue en abril de 2012, justo antes de las elecciones, en una entrevista concedida a la revista Têtu. Tras su elección, sin embargo, pasó a adoptar una posición ambigua, respondiendo cuando se le preguntaba una cosa u otra en función del auditorio que tuviera delante.

No fue sin embargo hasta 2014, tras la remodelación que siguió a la derrota socialista en las elecciones municipales y que convirtió a Manuel Valls en el nuevo jefe de gobierno, cuando se anunció la renuncia a aprobar la modificación legal. Una marcha atrás que tenía lugar en el contexto de la derechización que Valls impuso al Gobierno socialista, uno de cuyos elementos ha sido el acercamiento a la Iglesia católica y a los contrarios a los derechos LGTB. La propia Laurence Rosignol, que entró con Valls en el gobierno francés como secretaria de estado de Familia, recibió, en el que fue uno de sus primeros gestos políticos, a los representantes de la Manif pour tous, el movimiento homófobo que lideró las protestas contra el matrimonio igualitario, ante los cuales adelantó la renuncia a modificar la reproducción asistida. 

Una renuncia que ahora la propia Rossignol, recién ascendida a ministra, se ha encargado de confirmar en una entrevista al diario francés Libération. “No tengo hoy más razones que ayer, cuando estaba al cargo de las políticas de familia, para relanzar este asunto. A título personal, soy favorable para las parejas de lesbianas, y creo que toda la izquierda lo es. El problema es claro: ¿hasta dónde volver a incrementar el nivel de excitación?”, justifica. “No quiero que se diga que la izquierda promueve debates sociales para distraer la atención, como fue el caso durante el debate sobre el matrimonio igualitario. La vociferación de la Manif pour tous lo paralizó todo. No quiero verme impotente en todo lo que tengo que hacer por lanzar un debate sobre la PMA [procréation médicalement assistée, o reproducción asistida]. Ahora, usted dice ‘PMA’ y las redes sociales arden. Estos temas deben ser tratados por una sociedad apaciguada. Y yo ahora trabajo para apaciguarla”,  añade.

Una argumentación cobarde

Una argumentación, la de Rossignol, que nos parece especialmente cobarde. Que un gobierno democráticamente elegido renuncie a acabar con una disposición legal discriminatoria en materia de derechos civiles, tal y como había prometido, para así mantener “apaciguados” a los defensores de dicha discriminación hace virtualmente imposible el avance.

No está de más recordar que la cobardía del actual Gobierno francés va incluso más allá de negar a las mujeres sin pareja masculina el derecho a la reproducción asistida, aún pagándola de su bolsillo en una clínica privada. El gobierno que preside Valls se negó incluso a apoyar en 2014 una enmienda legislativa presentada por dos diputados verdes cuyo objetivo era asegurar que al menos en aquellas parejas de lesbianas que ya son madres (por haber recurrido a la reproducción asistida en otros países) la madre no gestante fuese reconocida legalmente. Afortunadamente, pese a la negativa gubernamental, la Corte francesa de Casación acabó por confirmar ese derecho, aunque obligando a las madres no gestantes a iniciar un proceso de adopción de los que al fin y al cabo son sus propios hijos.

Fuente Dosmanzanas

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Cinco meses de prisión. Es la condena a la que se exponen tres estudiantes de la Universidad de Santiago por realizar una protesta en el aula contra Domingo Neira, el profesor que fue temporalmente suspendido en 2013 por sus comentarios homófobos en clase, pero al que finalmente la universidad compostelana permitió reincorporarse.

En su momento contamos la historia: en respuesta a la pregunta de una alumna de la Facultad de Ciencias de la Educación, Domingo Neira relacionó pederastia y homosexualidad, de la que afirmó que era “una alteración congénita o vicio”. En declaraciones concedidas al diario El País, Neira ratificó luego sus opiniones, argumentando que “si no hay certificación de que sea congénito, no hay más que discutir; pero si hay esa certificación, también puede ser por vicio. ¿O no hay desviaciones por vicios?”. Es más, el profesor de la Universidad de Santiago se refirió a los homosexuales como“maricones” que sufren “desviaciones”, para distinguirlos de los “hombres-hombres”. Neira aseguró también que la adopción debería estar prohibida a parejas del mismo sexo, porque la homosexualidad es “contagiosa” y esas parejas “le pasarían el mal a su hijo”. Alumnos de Neira aseguraron de hecho que su discurso homófobo no era una novedad. Según denunciaron, el profesor les exigía además, para aprobar el examen de su materia, superar una prueba sobre un libro escrito por él mismo.

La Universidad de Santiago procedió a suspender de empleo a Neira durante el curso 2013-2014, pero el homófobo profesor volvió a las aulas el curso siguiente, ante la sorpresa de numerosos alumnos o de ALEAS EU (el Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Esquerda Unida), que ya entonces manifestó su rechazo a que un individuo como Neira pudiera dar clases en una universidad pública. “El alumnado compostelano y la ciudadanía en general no deben y no pueden tolerar que una institución pública como la USC integre elementos reaccionarios y retrógrados, que se forme a los maestros y maestras en el odio y la discriminación, en mentiras más propias del franquismo”, expresaron desde esta organización.

El malestar por la reincorporación de Neira se reflejó, entre otras acciones, en una protesta que unos setenta alumnos vinculados a movimientos de izquierda llevaron a cabo en mayo de 2015 en forma de escrache al final de una de sus clases, y que ahora ha desembocado, tras la denuncia de la Universidad de Santiago, en el procesamiento de tres de ellos acusados de un delito de “desórdenes públicos”, por los que se les solicita cinco meses de prisión.

En declaraciones a Praza Pública, los estudiantes encausados aseguran que la acción de protesta (consistente en la muestra de carteles y banderas arcoíris y el grito de consignas reivindicativas) respetó el desarrollo de la clase y solo se llevó a cabo en los últimos minutos, ya cuando Neira había comenzado a recoger, sin que se registrase ningún tipo de incidente violento. Insisten además en que es intolerable la “complicidad” de la dirección de la Universidad de Santiago con Neira y su conducta homófoba.

Resulta incomprensible que mientras que la Universidad de Santiago permita dar clase a un individuo como Neira emprenda acciones legales precisamente contra los que denuncian y protestan contra su homofobia.

Fuente Dosmanzanas

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Una compañía de autobuses urbanos de Riga, la capital de Letonia, decidió celebrar San Valentín regalando el trayecto a las parejas que se besaran al subir a sus vehículos. Una campaña simpática si no fuera porque en un primer momento se anunció como aplicable solo a las parejas heterosexuales. Las quejas de los colectivos LGTB por la evidente discriminación llevaron a la empresa a rectificar y aceptar finalmente como “pago” los besos de todos los tipos de parejas.

El pasado jueves, la portavoz de RMS (Rīgas Mikroautobusu Satiksme) Maija Lazdiņa, anunció la promoción que, con motivo del día de los enamorados, eximía del pago del billete a las parejas que se besaran al entrar en sus autobuses. En un principio, la campaña sería aplicable solo a las parejas de distinto sexo, con el objetivo según Lazdiņa de “apoyar las relaciones establecidas como tradicionales”.

Al día siguiente, la organización LGTB Mozaika denunció el carácter discriminatorio de la medida, que atentaría contra los artículos 8 y 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos, los cuales prohíben expresamente la discriminación por género y orientación sexual. La portavoz de Mozaika Kristīne Garina afirmó que este tipo de situaciones “no se pueden ignorar más” y anunció una queja al Defensor del Pueblo letón. También el periódico en lengua inglesa The Baltic Times publicó un editorial protestando por una medida “que nos hace pensar si vivimos en 1916 en lugar de 2016”.

La protesta surgió efecto. El sábado pasado, la responsable de la compañía de autobuses declaró que la polémica se basa en un “gran malentendido” y trasladó la responsabilidad a una “interpretación errónea” de sus palabras por parte de los medios de comunicación. En cualquier caso, aseguró que la medida de San Valentín estaba abierta tanto a las parejas heterosexuales como a las “no tradicionales”. Mozaika ha celebrado el cambio con un bonito cartel en el que se puede leer: “Autobuses pequeños, grandes amores. Feliz San Valentín a todos los que aman”.

Pequeños pasos en un país hostil a la igualdad LGTB

Letonia, pese a contarse entre los más hostiles de la Unión Europea para su población LGTB, ha empezado hace poco a mostrar signos esperanzadores. El más simbólico, la salida del armario como gay de su ministro de Exteriores, Edgars Rinkēvičs, en noviembre de 2014. Anteriormente, tras el Orgullo Báltico celebrado en Riga en junio de 2012, el entonces ministro de Justicia anunciaba un proyecto de reconocimiento de derechos a las parejas no casadas, que incluiría a las del mismo sexo. Otros miembros del gobierno, como el ministro de Defensa Artis Pabriks, mostraban su apoyo a la medida, aunque la oficina del Defensor del Pueblo de Letonia había recomendado en enero que el Parlamento no reconociera este tipo de uniones.

En diciembre de 2005 se introdujo una enmienda a la Constitución de Letonia para definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, y así impedir a las parejas del mismo sexo el acceso a esta institución. Quienes se muestran contrarios al proyecto de reconocimiento de otro tipo de uniones consideran que se trata de un subterfugio para violar lo que la Constitución prohíbe taxativamente.

Esta actitud es la que el ministro Rinkēvičs calificaba el pasado noviembre de “montón de histeria” y contra la que se ha comprometido a luchar. Este tipo de grupos homófobos ya intentaron en 2006 aprobar, sin éxito, una ley contra la “propaganda homosexual” como la vigente en Rusia desde 2013. El año pasado, la celebración del Europride en Riga se vio amenazado por el boicot de grupos homófobos, aunque finalmente tuvo lugar sin grandes problemas.

Fuente Dosmanzanas

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