Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores (UGT), los dos principales sindicatos españoles, han firmado un acuerdo de colaboración para fomentar la lucha contra la discriminación de las personas LGTBI en el ámbito laboral. El acuerdo propone, entre otras medidas, utilizar la negociación colectiva para garantizar la igualdad en los procesos de selección, contratación y promoción; asegurar que en sus beneficios sociales las empresas no dejen fuera a las familias LGTBI o implantar protocolos para prevenir y erradicar el acoso por LGTBIfobia.

Según puede leerse en el acuerdo firmado, que puedes descargar aquí, los dos principales sindicatos españoles proponen incidir en la protección de las personas LGTBI+ migrantes; garantizar un mayor apoyo institucional a las personas LGTBI+ con discapacidad u otras circunstancias añadidas que amplíen la posibilidad de discriminación; dar apoyo a la prohibición de las pseudoterapias «de conversión»; reforzar los derechos sociosanitarios de las personas LGTBI+; comprometerse en la lucha contra los delitos de odio y los discursos que los promueven e impulsar políticas para la defensa de los derechos de las familias LGTBI+, entre otros objetivos generales.

Ya en un plano más específicamente laboral, Comisiones Obreras y UGT acuerdan también compartir una estrategia de introducción de la lucha contra la discriminación LGTBIfóbica en la negociación de los convenios colectivos, a través del impulso de seis puntos:

• Establecer medidas que permitan garantizar la igualdad en los procesos de selección y contratación, así como en los de promociones y ascensos, estableciendo criterios objetivos que alejen la posibilidad de
  discriminación.
• Promover que cualquier derecho o beneficio social que tenga como referencia a la familia, incluya a las familias y parejas conformadas por personas LGTBI+, eliminando cualquier redacción que
  pueda dar lugar a una discriminación directa o indirecta.
• Establecer programas y proyectos de sensibilización en la empresa respecto al derecho de igualdad del colectivo LGTBI+, y especialmente respecto a las medidas de igualdad acordadas.
• Formación específica y obligatoria a mandos intermedios y representantes legales de los trabajadores.
• Incorporar en la elaboración de evaluaciones de riesgos y en los planes de prevención de salud laboral la LGTBIfobia como riesgo psicosocial, garantizando el establecimiento de actuaciones.
• Establecer protocolos de actuación con una serie de contenidos mínimos ante casos de discriminación y acoso por LGTBIfobia.
• Evaluación períodica entre la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores de las medidas implementadas.

La Organización Internacional del Trabajo llama a la inclusión de las personas LGTBI

El acuerdo firmado en España por sus dos principales organziaciones sindicales, que saludamos y esperamos ver aterrizar cuanto antes, casi coincide en el tiempo con la publicación, por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de una guía que tiene como finalidad, precisamente, la de proporcionar orientación «para iniciar y apoyar los esfuerzos encaminados a fomentar ambientes de trabajo inclusivos para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (LGBTIQ+)».

«En muchos países los trabajadores LGBTIQ+ se enfrentan a experiencias diarias de violencia, acoso, estigma y discriminación, y a menudo se les deniega oportunidades en todas las fases del ciclo del empleo. La OIT tiene por objeto promover el trabajo decente para todos, sin dejar a nadie a atrás. Si bien esto es sumamente importante para respetar los derechos humanos y laborales de todos, incluidas las personas LGBTIQ+, los estudios realizados han mostrado continuamente el valor de invertir en diversidad en el lugar de trabajo. Se ha demostrado que los beneficios de la lucha contra la discriminación y de la promoción de la inclusión mejoran la productividad en el lugar de trabajo, la satisfacción laboral, el bienestar personal y social, y la moral general de la fuerza de trabajo», explica el documento, que puedes descargar aquí en castellano, francés e inglés.

Un documento que se suma, por ejemplo, a los estándares de buenas prácticas para proteger los derechos de las personas LGBTI que han sido publicados por Naciones Unidas (puedes descargar un PDF con información más detallada aquí).

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Acoso, Ámbito laboral, CC OO, Discriminación, LGTBIfobia, Naciones Unidas, OIT, UGT

Un círculo que se cierra de manera satisfactoria: la justicia búlgara ha ordenado la emisión de un documento de identidad a la menor nacida en Barcelona de un matrimonio entre una mujer búlgara y una gibraltareña. Se trata de la ejecución de la sentencia europea que estableció hace unos meses que los países de la Unión están obligados a reconocer los documentos de filiación expedidos en otros países miembros, aunque contravengan su legislación nacional. Concluye un largo proceso legal por los derechos de una niña en estado de apatridia.

El caso, que hemos seguido en detalle en dosmanzanas, se refiere a la demanda interpuesta en Bulgaria por VMA, nacional de aquel país, que en 2018 se casó en Gibraltar con KDK, natural de la dependencia británica. En diciembre de 2019, el matrimonio tuvo una hija (SDKA) en Barcelona, donde actualmente residen. El registro civil español otorgó un certificado de nacimiento en el que constan las nacionalidades búlgara y británica de las madres. A pesar de haber nacido en España, la menor no tiene derecho a la nacionalidad española porque ninguna de sus progenitoras la ostenta. La cónyuge gibraltareña tampoco puede transmitirle su ciudadanía británica si la menor ha nacido en un tercer país, por lo que la única opción para la menor era adquirir la nacionalidad búlgara de su otra madre.

Iniciado el trámite, uno de los requisitos para obtener un documento de identidad búlgaro era la presentación de un certificado de nacimiento expedido por las autoridades de aquel país. VМА solicitó entonces al municipio de Sofía que le expidiera uno para SDKA. Para ello, junto a la solicitud, presentó una traducción al búlgaro, jurada y legalizada, del asiento del Registro Civil español relativo al certificado de nacimiento de SDKA. El municipio de Sofía requirió a VМА que aportase pruebas relativas a la identidad de la madre biológica de la niña, argumentando que el modelo de certificado de nacimiento en vigor en Bulgaria prevé una única casilla para la «madre» y otra casilla para el «padre», y tan solo puede inscribirse un nombre en cada una de ellas.

VМА consideró que no estaba obligada a facilitar esa información, por lo que el municipio de Sofía denegó la expedición del certificado de nacimiento, basándose en la falta de información acerca de la identidad de la madre biológica de la niña. También resolvía que la mención en el certificado de nacimiento de dos mujeres contravenía la legislación de Bulgaria, que no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Tras la denegación, la menor quedaba en situación de apatridia, sin posibilidad de desplazarse por los países de la Unión Europea, lo que suponía no poder visitar a su familia en Bulgaria. VMA decidió interponer recurso ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía. Puesto que afectaba a los derechos de los ciudadanos comunitarios, el tribunal búlgaro decidió iniciar un procedimiento prejudicial solicitando un dictamen al TJUE. Se preguntaba si la negativa de inscripción del nacimiento de la menor de nacionalidad búlgara no vulneraba su derecho a la libre circulación y al pleno disfrute de sus derechos como ciudadana de la Unión.

En abril del año pasado, la abogada general del TJUE Juliane Kokott emitió un informe favorable a la familia y al derecho de la menor a la nacionalidad búlgara. La opinión de Kokott reconocía la potestad de las autoridades búlgaras de rechazar la inscripción de las dos mujeres como madres de la niña en la partida de nacimiento, pero afirmaba que la menor tenía derecho a recibir un documento de identidad en el que se reflejase la parentalidad de ambas para que la menor pudiera viajar con cualquiera de ellas por separado.

Finalmente, en diciembre del año pasado la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia, en la que interpretó las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en lo que afecta a este caso en cuestión. Para el TJUE, «en el caso de un menor ciudadano de la Unión cuyo certificado de nacimiento expedido por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida designa como progenitores a dos personas del mismo sexo, el Estado miembro del que el menor es nacional está obligado, por una parte, a expedirle un documento de identidad o un pasaporte sin exigir la expedición previa de un certificado de nacimiento por sus autoridades nacionales y, por otra parte, a reconocer, al igual que cualquier otro Estado miembro, el documento procedente del Estado miembro de acogida que permita al menor ejercer con cada una de esas dos personas su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros».

El tribunal europeo trasladaba la cuestión a la justicia búlgara, a la que exigía facilitar la expedición de un pasaporte o documento de identidad a SDKA en el que conste su nacionalidad y que es hija de VMA y KDK, de manera que pueda circular libremente por la Unión Europea acompañada de cualquiera de sus progenitoras. Sin embargo, la sentencia también aclara que el reconocimiento de la filiación de SDKA, con el objetivo de preservar sus derechos como ciudadana de la Unión, no implica que Bulgaria esté obligada a contemplar en su Derecho nacional la parentalidad de personas del mismo sexo ni su matrimonio, al ser competencia exclusiva de los Estados miembros de la Unión. Pero sí debe reconocerlos en lo que respecta a los derechos fundamentales comunitarios.

La trasposición de la sentencia europea por parte de la justicia búlgara ha tardado cinco meses en producirse. El Tribunal Administrativo de Sofía ha ordenado al ayuntamiento de la capital la emisión de un certificado de nacimiento en el que conste la filiación de ambas madres. SDKA recibirá un documento de identidad que acredite dicha filiación, adquirirá así la nacionalidad búlgara de su progenitora oriunda de dicho país y podrá por fin moverse libremente por la UE con cualquiera de sus madres. Desde ILGA-Europa se han felicitado por la noticia y confían en que las autoridades búlgaras emitan a la mayor brevedad los correspondientes documentos para la menor.

La repercusión de la sentencia europea sobre el caso de SDKA es comparable a la del fallo de 2018 que estableció que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado. Una sentencia, por cierto, que la justicia búlgara trasladó al caso de un matrimonio entre dos mujeres. El reconocimiento de la homoparentalidad a nivel trasnacional también fue un punto clave del discurso de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen de 2020. «Porque si eres un progenitor en un país, por supuesto eres un progenitor en todos los países», afirmó von der Leyen.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Barcelona, Bulgaria, Discriminación, España, Gibraltar, Homofobia, Homoparentalidad, ILGA Europa, Juliane Kokott, Lesbianas, Lesbofobia, LGTBIfobia, Matrimonio, Sofía, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Unión Europea, Ursula von der Leyen

De su blog Acompañamiento y reflexión teológica LGBTIQ+:

«La iglesia necesita un cambio concreto en la doctrina sobre la sexualidad, diversidad sexual e identidad de género»

«Si Dios es cercanía, misericordia y ternura, como dice el papa, ¿por qué la iglesia no es cercana, misericordiosa y tierna con las personas lgbtiq+? Dice Francisco en su primera respuesta que el estilo de Dios es cercanía, ¿de verdad que la iglesia es cercana con las personas lgbtiq+? ¿Está el papa convencido de ello?»

«Es misericordiosa la actitud de los obispos y sacerdotes con las personas homosexuales, que tenemos que participar de la Eucaristía a escondidas, pasando inadvertidos entre el resto de los fieles, o que tenemos que cerrar la puerta del convento como pasa en Sevilla, para que no se sepa que ahí dentro hay un grupo de fieles diversos celebrando la Eucaristía?»

«Cuando un obispo rechaza en su diócesis a un grupo de cristianos lgbtiq+, y no permite que en ella se desarrolle una pastoral inclusiva de la diversidad sexual y de género, ¿quién rechaza a esos fieles laicos? ¿una persona de la iglesia a título particular, o la cabeza y pastor de la iglesia diocesana? Quien rechaza a ese colectivo creyente lgbtiq+, ¿un individuo particular o el ordinario de la diócesis?»

«Si la iglesia es madre, y en ella todos tenemos nuestro sitio, ¿porque a las personas lgbtiq+ no se nos permite dar catequesis en las parroquias? ¿Por qué se nos veta para ser profesores de religión en colegios e institutos? ¿Por qué no se permite que haya en las parroquias colectivos creyentes lgbtiq+, con la misma visibilidad que  hay otros grupos parroquiales?»

10.05.2022 Jesús Donaire

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Discriminación, Homofobia/Transfobia, Iglesia Católica, Personas LGTBI

La agencia de las Naciones Unidas para el VIH/SIDA ONUSIDA ha calificado la cobertura mediática del virus de la viruela del mono de “racista y homófoba”, advirtiendo de que exacerba el estigma y socava la respuesta al creciente brote. El domingo, ONUSIDA afirmó que “una proporción significativa de los casos recientes de viruela del mono se ha identificado entre los gays, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres”. En consecuencia, algunos medios de comunicación estaban informando sobre la enfermedad de una forma que podía alimentar estereotipos racistas y homófobos.

La agencia de la ONU explicó que la transmisión de la viruela del mono es más probable a través del contacto físico estrecho de una persona con los pacientes. Puede afectar a cualquiera, subrayó ONUSIDA. Sin embargo, algunos medios de comunicación presentan a los africanos y a los homosexuales de una forma que puede “reforzar los estereotipos homófobos y racistas y exacerbar el estigma”. Identificada por primera vez en 1970, la infección se ha registrado en más de 100 países hasta ahora.

“El estigma y la culpa socavan la confianza y la capacidad de responder eficazmente durante los brotes como éste”, dijo el director ejecutivo adjunto de ONUSIDA, Matthew Kavanagh. “La experiencia demuestra que la retórica estigmatizadora puede desactivar rápidamente la respuesta basada en pruebas, avivando los ciclos de miedo, alejando a la gente de los servicios sanitarios, obstaculizando los esfuerzos para identificar las causas y fomentando medidas punitivas e ineficaces”, añadió. Es pertinente señalar que al menos 11 naciones africanas han declarado la viruela del mono como endémica.

¿Qué es la viruela del mono?

La viruela del mono es una infección vírica poco frecuente, que se da sobre todo en las zonas tropicales de África occidental y central. Tiene síntomas leves, y la mayoría de las personas infectadas se recuperan en pocas semanas. Sin embargo, la cepa que se está propagando en la actualidad puede resultar mortal, matando al menos a una de cada 100 personas, advierten los expertos.

La infección vírica suele producirse entre quienes manipulan monos o comen carne poco cocinada. Puede transmitirse entre humanos a través de las gotitas en el aire o tocando a la persona infectada. Se descubrió por primera vez en 1958. La primera infección humana se registró en la República Democrática del Congo en 1970. El primer caso en EE.UU. y el Reino Unido se registró en 2003 y 2018, respectivamente. Hasta ahora, se han notificado al menos 92 casos confirmados en laboratorio y 28 casos sospechosos de la enfermedad en 12 países de todo el mundo.

Fuente Agencias

General, Homofobia/ Transfobia. Discriminación, Estigmatización, Homofobia/Transfobia, Matthew Kavanagh., OMS, ONU, ONUSIDA, Personas LGTBI, Racismo

No puedo con la saturación informativa sobre la guerra de Ucrania, mientras se silencian los más de 25 conflictos bélicos que se siguen produciendo en el mundo y ya no son noticia para casi nadie.

Me runrunea un malestar políticamente incorrecto ante el contraste y la desigualdad manifiesta entre la criminalización de la acogida en otras crisis humanitarias (en Grecia o en Calais…) y la exaltación y plausibilidad de la acogida a las familias ucranianas. Son muchas las personas malienses, palestinas, kurdas, sirias, iraquís o centroamericanas que huyen de otras guerras (incluidas las de las maras) a las que se les niega la acogida o se encuentran con múltiples vericuetos y dificultades burocráticas para conseguir una simple cita que les permita solicitar protección internacional.

No es que no me conmueva el dolor y el sufrimiento de las familias ucranianas que huyen de la guerra, que me parece tremendamente injusto y espeluznante, en medio del manejo de los hilos militaristas de los intereses de la OTAN y la tiranía de Putin. Pero el agravio comparativo es inmenso y resulta tremendamente humillante. Acaso la razón es que son blancos y rubios, o dicho de manera más “educada”, como decía el otro día una compañera de un colectivo vecinal de mi barrio, “forman parte de nuestra cultura y civilización europea y esta guerra amenaza directamente nuestro estilo de vida”.

Pero lo que, sin duda, revela esta oleada de acogida para las familias ucranianas que huyen de la guerra es que si queremos se puede. La voluntad política y social es determinante para alcanzar cambios que se declaran, en otros casos, imposibles.

En estas últimas semanas he estado con cinco mujeres inmigrantes, embarazadas a punto de salir de cuentas, a las que se le ha negado la atención sanitaria y aún no saben dónde van a dar a luz y si les facturarán la atención hospitalaria. Para valorar su situación les han dado cita en la Unidad de Tramitación Sanitaria para inmigrantes… para después del parto. Hemos hecho todo tipo de reclamaciones y la respuesta es siempre la misma: hay colapso, no se puede hacer otra cosa. No hay opciones. También varios amigos llevan meses intentado conseguir una cita electrónica en extranjería para renovar su entrevista de asilo y al reclamar nos dicen que el sistema está bloqueado y que no saben para cuándo podrá haber citas disponibles. Mis amigos están a punto de perder la renovación de su contrato laboral si no consiguen pronto esa cita. Pero la respuesta es siempre el mismo mantra: no se puede hacer nada. La culpa es del colapso.

Sin embargo, muchas y muchos nos preguntamos si del mismo modo que se han puesto en marcha paquetes de medidas sanitarias, sociales y de extranjería para las persona ucranianas, tales como permiso de residencia de un año, ampliable a tres, con posibilidad de trabajar, acceso a la educación y a la salud, plazas públicas para personas vulnerables, embarazadas, comedores sociales, albergues juveniles, plazas gratuitas para jóvenes de entre 3 y 16 años, servicio de traducción e interpretación y abono transporte gratuito, entre otras… no es posible que estas medidas puedan aplicarse al resto de la población migrante y refugiada que huye también de la guerra, del hambre, de la falta de futuro y de otros conflictos bélicos, aunque ya invisibles u olvidados por los medios.

Va a tener razón mi vecina, hay una gran diferencia: no son europeos, no son rubios ni blancos. Son los otros, la negación del nosotros, y para ellos sólo queda la sospecha y la criminalización.

Pepa Torres Pérez

Alandar Abril 2021

Espiritualidad Discriminación, Migrantes, Refugiados, Ucrania

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (Antra), Brasil, Ciudad de México, CONAPRED, Discriminación, Foro Social Mundial, Jessica Marjane, Keyla Simpson, México, Personas transgénero, Red de Juventudes Trans

«Castigarlos fue una violación del derecho constitucional a la igualdad y la dignidad humana, así como su derecho a buscar la felicidad”, dictaminó el tribunal.

Espaldarazo de la justicia surcoreana a la igualdad LGTBI. El Tribunal Supremo del país asiático ha anulado la condena a dos soldados varones por mantener relaciones sexuales entre ellos. Las relaciones entre personas del mismo sexo en el seno del ejército están penadas con hasta dos años de cárcel según el código penal militar, y en 2017 se desató una caza de brujas contra soldados sospechosos de ser gais. El alto tribunal considera ahora que la sentencia vulneró el derecho de los acusados a la autonomía sexual, a la igualdad de trato y no discriminación y a la búsqueda de la felicidad, puesto que los hechos se produjeron fuera del servicio y de las instalaciones militares.

La Corte Suprema de Corea del Sur anuló las condenas de dos soldados que habían sido acusados de tener relaciones sexuales consentidas mientras estaban fuera de su base. El fallo histórico, que se emitió el 21 de abril, declaró que la prohibición de actividades homosexuales del país, de décadas de antigüedad, no debería aplicarse al sexo gay fuera de un entorno militar.

La Ley Penal Militar establece que quienes participen en “relaciones sexuales anales u otros actos indecentes” deben enfrentarse a hasta dos años de prisión, medida que anteriormente se utilizaba para castigar al personal militar que practicaba sexo homosexual consentido.

En abril de 2017, el Centro de Derechos Humanos Militares de Corea (MHRCK) publicó un detallado informe en el que denunciaba una persecución organizada contra soldados sospechosos de ser gais. El organismo apuntaba directamente al jefe del Estado Mayor del ejército surcoreano, al que acusó de utilizar métodos que vulneran los derechos humanos para extraer confesiones e incluso ofrecerles a los acusados la posibilidad de «corregir» su orientación sexual. Las relaciones homosexuales entre miembros de las fuerzas armadas del país, ya sean soldados o reclutas, están penadas con hasta dos años de cárcel.

El mando militar presentó cargos contra 32 soldados. Dos de ellos fueron condenados a tres y cuatro meses de prisión y presentaron recurso contra la sentencia. Se descubrió que dos acusados, un primer teniente y un sargento mayor de diferentes unidades, habían tenido relaciones sexuales en una casa privada en 2016 en un momento en que no estaban trabajando. El teniente fue sentenciado a cuatro meses tras las rejas y el sargento a tres, aunque estas sentencias fueron suspendidas cuando los hombres apelaron la decisión.

El Tribunal Supremo les ha dado ahora la razón y considera que la condena vulnera su derecho a la libertad sexual, así como a la igualdad y la búsqueda de la felicidad. Subraya además que los hechos tuvieron lugar en privado, con consentimiento y fuera del horario de servicio. La Corte Suprema ahora ha anulado los cargos de los hombres de violar el código militar. Castigarlos fue una violación de “su autonomía sexual” y “el derecho garantizado constitucionalmente a la igualdad y la dignidad humana, así como su derecho a buscar la felicidad”, dictaminó el tribunal.

“Las ideas específicas de lo que constituye una indecencia han cambiado de acuerdo con los cambios en el tiempo y la sociedad”, dijo el presidente del Tribunal Supremo, Kim Myeong-su, durante la decisión, según Associated Press. “La opinión de que la actividad sexual entre personas del mismo sexo es una fuente de humillación sexual y repugnancia para las personas comunes y objetivas y va en contra del sentido moral decente difícilmente puede aceptarse como un estándar moral universal y adecuado para nuestros tiempos”.

El caso ahora ha sido enviado de vuelta a un tribunal militar inferior para su revisión. “Esta decisión pionera es un triunfo importante en la lucha contra la discriminación que enfrentan las personas L.G.B.T.I. personas en Corea del Sur”, dijo a The New York Times Boram Jang, investigador de Asia Oriental de Amnistía Internacional. “La criminalización de los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo en el ejército de Corea del Sur ha sido durante mucho tiempo una violación impactante de los derechos humanos, pero el fallo de hoy debería allanar el camino para que el personal militar viva libremente sus vidas sin la amenaza de enjuiciamiento”.

La ley en cuestión ha sido ampliamente condenada por activistas LGBTQ+ que han dicho que apunta injustamente a los soldados homosexuales. Por ello, activistas pro derechos humanos han saludado la sentencia e instan al Gobierno a reformar la legislación para eliminar la penalización de las relaciones homosexuales.

El código penal militar surcoreano no distingue actualmente entre relaciones consentidas o no y califica todo el sexo entre hombres como una «violación recíproca». Un tribunal militar decretó en 2010 la ilegalidad de esta norma por juzgarla contraria a las libertades individuales de los miembros de las fuerzas armadas. Esta decisión fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que revirtió el fallo del tribunal militar y juzgó que el veto a los soldados homosexuales no es discriminatorio. Corea del Sur es, junto con Turquía, uno de los pocos países de la OCDE que no les permite servir abiertamente.

La situación de la comunidad LGTBI en el país asiático es manifiestamente mejorable, y algunos de los problemas más graves se dan precisamente en el ámbito de las fuerzas armadas. Además de la persecución a los soldados gais, los hombres trans son considerados no aptos para servir y las mujeres trans están obligadas a servir como hombres a no ser que se sometan a una cirugía de reasignación u obtengan un diagnóstico de «trastorno de la identidad de género».

En marzo del año pasado se encontró el cuerpo sin vida de la exsoldada Byun Hee-soo, expulsada del ejército tras someterse a una operación de reasignación en Tailandia. Byun se había alistado en el Ejército surcoreano bajo identidad masculina y, tras la intervención, solicitó continuar sirviendo como mujer. Las autoridades, sin embargo, se lo denegaron y calificaron la pérdida de los genitales masculinos como una «discapacidad física». Varios meses después de su muerte, un tribunal decretó que la expulsión no se había ajustado a la ley.

Fuente Gay Times/Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Amnistía Internacional, Boram Jang, Byun Hee-soo, Código militar, Corea del Sur, Despenalización de la homosexualidad, Discriminación, Disculpas, Ejército, Homofobia, Homosexualidad, Kim Myeong-su, MHRCK, OCDE, Perdón, Servicio militar, Tribunal Supremo, Turquía

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado chileno por impedir desde 2o07 a la profesora Sandra Pavez dar clases de religión solo por ser lesbiana. «Estoy muy contenta porque desde ahora, con esta sentencia, en ningún país de América los docentes, y en particular las profesoras y profesores de religión, ya no podrán ser discriminados por su orientación sexual o identidad de género. La libertad religiosa y el derecho de los padres y madres a educar a sus hijos/as, ya no podrán usarse como excusa para discriminar a las personas LGBTIQA+. Esto es un momento histórico no para mí, sino para todas las personas discriminadas», ha declarado Pávez tras conocer el fallo.

Resumimos la historia de discriminación que hay detrás de la histórica sentencia. En julio de 2007 la Iglesia católica revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le permitía dar clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde ejercía como profesora desde 1985. Lo hizo por orden del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, aún en el cargo. La razón era que se había hecho público que Sandra Pavez es lesbiana y mantenía una relación con otra mujer, habiéndose negado además a someterse a «terapias» psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para intentar revertir su orientación sexual. La Iglesia católica actuó amparada en un decreto del Ministerio de Educación chileno (el Decreto 924) dictado en 1983 bajo la dictadura de Augusto Pinochet, que faculta a la Iglesia a decidir quién puede o no impartir la asignatura, aunque se trate de un colegio público.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) luchó en los tribunales chilenos por el derecho de Sandra Pavez a continuar ejerciendo su trabajo, pero finalmente la decisión de la Iglesia católica fue ratificada por la Corte Suprema de Chile en abril de 2008 (en su momento recogimos la noticia). Sandra Pavez y el MOVILH no se rindieron y elevaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que casi 15 años después ha fallado a su favor.

En la sentencia, cuyo texto íntegro puedes descargar aquí y cuyo resumen oficial puedes descargar aquí, la CIDH reconoce que las autoridades religiosas chilenas cuentan con autonomía amplia a la hora de otorgar un certificado de idoneidad para dictar clases de religión que derivan del derecho a la libertad religiosa. Sin embargo, precisa que, al ser una asignatura que al fin y al cabo forma parte de los planes educativos de la escuela chilena deben adecuarse a los otros derechos y obligaciones vigentes en materia de igualdad y no discriminación. En ese sentido, la Corte advierte que el Decreto 924 hace una delegación incondicionada de la facultad de otorgar certificados de idoneidad a personas para ejercer la docencia religiosa en establecimientos públicos sin que exista una vía clara para impugnar este tipo de decisiones. En este sentido, reconoce que la decisión de conceder o no el certificado de idoneidad por parte de las autoridades religiosas debe estar sujeta a un control posterior por parte de las autoridades estatales o a recursos idóneos y efectivos ante las autoridades jurisdiccionales para proteger y salvaguardar los derechos de las personas contra actos discriminatorios o arbitrarios contrarios a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En este sentido, la CIDH constata que en el caso de Sandra Pavez la decisión de retirarle el certificado de idoneidad fue producto de un trato diferente basado en su orientación sexual, viéndose afectados sus derechos a la libertad personal y a la vida privada y vulnerándo el principio de igualdad y no discriminación. Esa afectación, podemos leer en el resumen oficial de la sentencia, «se produjo también porque su vida sexual fue objeto de intromisiones por parte de la Vicaría que la habría exhortado a terminar su vida homosexual, y porque se condicionó su permanencia en el cargo de profesora de religión católica a su sometimiento a terapias médicas o psiquiátricas». Por otra parte, la CIDH considera que el derecho al trabajo de Sandra Pavez también se vio comprometido «en la medida que, a través de la reasignación de funciones que sufrió Sandra Pavez Pavez, se menoscabó su vocación docente y ello constituyó una forma de desmejora laboral en la medida que ella se vio impedida de continuar dictando clases de religión católica».

Por lo que se refiere a la responsabilidad del Estado chileno, la Corte concluye que la víctima careció de recursos idóneos y efectivos para impugnar los efectos de la decisión de revocación de su certificado de idoneidad y sostiene que las autoridades judiciales internas no efectuaron un adecuado control de convencionalidad sobre el acto del colegio mediante el cual se separó a Sandra Pavez Pavez de su cargo de profesora de religión católica. Por esos motivos, se vulneraron también los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.

En razón de estas violaciones, la CIDH ha ordenado diversas medidas de reparación integral a Chile, que incluyen tanto una indemnización compensatoria a Sandra Pavez como el establecimiento de garantías de que un caso así no puede volver a repetirse, para lo cual el Estado chileno deberá implementar un plan de capacitación permanente a las personas encargadas de evaluar la idoneidad del personal docente y adecuar la normatividad sobre recursos, procedimiento y competencia judicial para impugnar decisiones de los centros educativos públicos en torno al nombramiento o remoción de profesores de religión.

Satisfacción del MOVILH y felicitación del presidente de Chile, Gabriel Boric

El dirigente del MOVILH, Rolando Jiménez, ha destacado la satisfacción del colectivo por la decisión de la CIDH pese al enorme retraso. «Estamos en presencia de un acto de justicia frente a unos de los abusos más brutales sufridos por una persona en razón de su orientación sexual o identidad de género en Chile», ha declarado. Jiménez ha añadido que «en un hecho inédito en el mundo, Sandra Pavez ha vencido al Estado, pero también a todas las iglesias del país que el año pasado se unieron por primera vez en su historia para incidir en la Corte Interamericana con el fin de que negara derechos a la docente en virtud de una supuesta libertad religiosa. La Corte ha sido clara, el Estado no puede discriminar en razón de la orientación sexual o identidad de género, ni tampoco puede permitir a las iglesias hacerlo. Esta es una sentencia histórica, de doble triunfo, sobre los abusos religiosos y estatales».

Un dato muy relevante es que tras conocerse la sentencia, el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, ha felicitado personalmente a Pavez. «Valoro mucho que el presidente me llamara, me felicitara y mostrara su compromiso de cumplir con la sentencia. Esta es una justa y buena noticia de parte de un presidente por quien voté», ha declarado la profesora, que en estos 15 años, y según ella misma ha declarado, no había recibido ningún tipo de apoyo gubernamental. La sentencia también ha sido recibida favorablemente por el actual ministro de Educación, el abiertamente gay Marco Antonio Ávila, que ha anunciado la próxima revisión del Decreto 924 en la línea de lo señalado por la CIDH.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Iglesia Católica Ámbito bito laboral, Chile, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Discriminación, Educación, Gabriel Boric, Iglesia Católica, Juan Ignacio González Errázuriz, Lesbianas, Lesbofobia, LGTBIfobia, MOVILH, Religión, Rolando Jiménez, Sandra Pavez

El ultraconservador Viktor Orbán ha vuelto a imponerse en las elecciones parlamentarias que han tenido lugar este domingo en Hungría. Sin duda, una mala noticia para los ciudadanos LGTBI de ese país. Sin embargo, la jornada electoral nos deja una noticia prometedora: el referéndum homófobo y tránsfobo que Orbán había convocado con objeto de conseguir el refrendo público de sus medidas contra la población LGTBI y sacar pecho ante la Comisión Europea ha fracasado, al no haber obtenido el número mínimo de votos válidos.

Coincidiendo con las elecciones generales, el Gobierno de Orbán había promovido un referéndum para validar la legislación anti-LGTBI aprobada el año pasado por el Parlamento de Hungría. La ley, que prohíbe la difusión de contenidos positivos sobre diversidad afectivo-sexual y de género a menores, ha llevado a la Comisión Europea a emprender un procedimiento de infracción contra Hungría que todavía se encuentra en curso.

El referéndum se articulaba en torno a cuatro preguntas: «¿Apoya la enseñanza de la orientación sexual a menores de edad en las instituciones de educación pública sin el consentimiento de los padres?», «¿Apoya la promoción de las terapias de reasignación de sexo para niños menores de edad?», «¿Apoya la exposición de los niños menores de edad a contenidos sexualmente explícitos que puedan afectar su desarrollo?» y «¿Apoya que se difunda en medios contenido sobre cambio de sexo a menores?». Al margen de lo tramposo de las preguntas, su objeto no era otro que el de sacar músculo ante la Comisión Europea y vender que las recientes leyes anti-LGTBI cuentan con el respaldo masivo de la población húngara.

La convocatoria del referéndum había sido criticada por organizaciones de defensa de los derechos LGTBI, que sin embargo se mostraban esperanzadas por algunos datos que muestran que la retórica anti-LGTBI de Orbán no cuenta con el respaldo mayoritario de la población húngara. Desde ILGA-Europa, por ejemplo, se recordaba el pasado viernes el récord de asistentes al Orgullo de Budapest en julio pasado, cuando unas 35.000 personas marcharon por las calles de la capital húngara en favor de los derechos LGTBI. También recordaba que según una encuesta representativa encargada por Amnistía Internacional y la Sociedad Háttér y realizada por la agencia Medián entre el 13 y el 19 de julio de 2021, el 73% de los húngaros rechaza la idea, promovida por el Gobierno de Orbán, de que las personas LGTBI abusan o dañan a los niños. Una clara mayoría (74,5%) creía además que las personas transgénero deberían modificar su género y nombre en los documentos oficiales, mientras que el 59% apoyaba el matrimonio entre personas del mismo sexo.

De hecho, las organizaciones LGTBI húngaras se mostraban esperanzadas de que el referéndum fracasaría, al no ser capaz de alcanzar el mínimo del 50% de votos emitidos válidos. Para conseguir ese objetivo, llamaban no a votar no o a abstenerse, sino a invalidar su papeleta de voto en el referéndum. Así ha sido: para conseguir que el referéndum fuese válido, debían alcanzarse en torno a los 4,1 millones de votos válidos (el censo electoral asciende a algo más de 8,2 millones de personas). Sin embargo, al 96% del escrutinio, el número de votos válidos se encontraba en torno a los 3,4 millones, muy lejos del umbral necesario. 2,7 millones habían votado «no» a las 4 preguntas, mientras que el número de votos inválidos superaba el millón y medio.

Cabe precisar que el fracaso del referéndum no impide que la ley siga en vigor, pero sí que supone un cierto varapalo para la estrategia anti-LGTBI de Orbán y para su enfrentamiento, en esta materia, con la Comisión Europea.

Hungría: la avanzadilla europea de la LGTBIfobia de Estado

El Gobierno de Viktor Orbán comenzó una nueva escalada legislativa contra la comunidad LGTBI húngara aprovechando la pandemia del coronavirus. En marzo de 2020, tras asumir Orbán poderes extraordinarios, su número dos, Zsolt Semjén, presentaba un proyecto de ley que entre otras medidas incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrase en vigor la norma que durante ese tiempo sí que permitió a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a someterse a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. Finalmente, el 19 de mayo de 2020 la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba.

Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, promovió una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento», prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo e impone que la educación en las escuelas húngaras se inspire en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana». Además, la negación de la homoparentalidad recogida en la ley fundamental se completó con la aprobación de otra ley que limita la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta entonces se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgaría ya en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares.

Posteriormente, en junio de 2021, el Parlamento unicameral húngaro aprobó la ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores, y que era el que ahora Orbán pretendía refrendar públicamente. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluyó en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, corroborando su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. La ley afecta a ámbitos como la enseñanza escolar, que se ve sometida a censura, porque se prohíbe la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos, mientras que la educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, cerrando definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos. Pero también se ve concernida la propia libertad de expresión, pues se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Muestra de ello es la primera norma surgida en aplicación de la ley, un decreto aprobado en el mes de julio pasado, que ordena el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita». Se prohíbe la venta de estos libros, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.

Fuente Dosmanzanas

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Arzobispo Charles Thompson

La Arquidiócesis de Indianápolis está apelando a la Corte Suprema de Indiana para que desestime una demanda por discriminación presentada por un empleado homosexual despedido.

La demanda presentada por Joshua Payne-Elliot, un maestro de la escuela secundaria Cathedral durante 13 años que fue despedido por su matrimonio con una pareja del mismo sexo, ha pasado por muchos pasos en el proceso legal desde que se inició en 2019. Fue desestimado el año pasado, pero una Corte de Apelaciones reintegró el caso declarando que el despido fue un error.

En el último desarrollo, la arquidiócesis presentó una petición para transferir el caso a la Corte Suprema de Indiana.The Indiana Lawyer informa que la solicitud de la arquidiócesis decía:

“La decisión permite a los demandantes (llevar) a los líderes religiosos a los tribunales para defender determinaciones fundamentalmente religiosas: aquí, la directiva eclesiástica de un arzobispo que establece los términos de la afiliación religiosa con la Iglesia Católica. La decisión también entra en conflicto con el precedente establecido por este Tribunal y los tribunales federales y estatales de todo el país, amenazando con daños irreparables a las entidades religiosas y al poder judicial por igual”.

El fiscal general de Indiana, Todd Rokita, presentó un escrito de amicus curiae («amigo de la corte«) a favor de la solicitud de la arquidiócesis. Dijo que un tribunal no tiene el poder constitucional de decirle a una iglesia qué es un asunto religioso. En su escrito, Rokita les dijo a los jueces de Indiana que “cerraran este caso para siempre”. La arquidiócesis y Rokita argumentan que la iglesia tiene “inmunidad absoluta” frente a la demanda.

Por su parte, Payne-Elliot solicita acceso a todos los documentos de la iglesia relacionados con otros empleados que se consideró que estaban violando la doctrina de la iglesia. También quiere ver cualquier documento de la iglesia sobre «conductas que no se ajustan a la doctrina y práctica pastoral de la Iglesia Católica«. Rokita y la arquidiócesis advierten que este descubrimiento y exposición de documentos internos de la iglesia “causaría daño a la autonomía de la iglesia”.

—Elise Dubravec (ella/ella), New Ways Ministry, 19 de marzo de 2022

Fuente New Ways Ministry

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Más que preocupante tendencia la que muestran los datos de la Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona, hechos públicos hace pocos días. Los episodios de discriminación por LGTBIfobia constituyeron el 32% del total de situaciones de discriminación durante el pasado año 2021 en la capital catalana. En 2018, esas mismas situaciones supusieron el 16% del total.

El número total de situaciones de discriminación recogidas por la Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona durante 2021 aumentó un 11% respecto al año anterior. En total, este organismo abrió 244 expedientes. El porcentaje más elevado correspondió, como en años anteriores, a episodios de racismo y xenofobia (34%), si bien este porcentaje se encuentra en tendencia descendente. Por detrás se situaron los episodios por LGTBIfobia (32%, en tendencia ascendente). A más distancia se encuentran otros motivos de discriminación, como la discapacidad (9%), la salud (7%), el género (6%) o la posición socioeconómica (5%).

En concreto, de las 78 situaciones de discriminación por LGTBIfobia detectadas, 50 fueron por homofobia, 25 por transfobia y 3 por lesbofobia. Más de la mitad de los casos correspondieron a insultos o tratos humillantes y vejatorios. Las agresiones físicas se elevaron hasta el 17%.

La LGTBIfobia en Cataluña, disparada

La tendencia de Barcelona se corresponde, de hecho, con la que globalmente muestran los datos de Cataluña en tiempos recientes. A principios de 2021, el Observatori contra l’Homofòbia informaba de 189 incidencias por LGTBIfobia en Cataluña a lo largo del año 2020, una cifra que suponía un aumento del 25% respecto al año anterior. Y según datos recientes de los Mossos d’Esquadra, el número de denuncias por LGTBIfobia ascendió en 2021 a 215, más del triple que en 2016 (cuando se registraron 62 denuncias). La cifra supuso el 44% del total de denuncias por odio y discriminación registradas por la policía autónoma catalana el pasado año. La mayoría de denuncias fueron por homofobia (134), pero también las hubo por transfobia (42), lesbofobia (24) y contra el colectivo LGTBI en general (16).

En lo que va de año 2022, según la contabilidad que hace el Observatori contra l’Homofòbia en su página web, se tiene ya constancia de al menos 48 incidentes.

Entre ellos, la grave agresión tránsfoba ocurrida el pasado miércoles 9 de marzo en l’Hospitalet de Llobregat, donde un grupo de hombres se abalanzaron sobre una chica trans a la que golpearon salvajemente. Afortunadamente la intervención de los vecinos impidió que la agresión tuviera consecuencias fatales. Hay, de momento, un detenido:

Brutal agresión ayer a una chica trans ayer en L’Hospitalet. Al grito de maricon, se abalanzaron sobre ella, la golpearon hasta que cayó al suelo, donde recibió múltiples patadas en la cabeza. Pudo salvar su vida gracias a los vecinos @OCL_H @PlataformaTrans @MireiaMataSlsna

— Tina Recio (@Tina__recio) March 10, 2022

La agresión mereció la condena de la alcaldesa de l’Hospitalet, Núria Marín, entre otras personalidades. Precisamente el pasado jueves tuvo lugar un concentración de rechazo a la transfobia en la plaza del Ayuntamiento de dicha ciudad:

Prou agressions! Prou discursos d’odi que generen violència! Ens concentrem a la plaça @LHAjuntament per mostrar el nostre suport i afecte a la veïna de #LHospitalet. Continuem treballant per una ciutat diversa i lliure de discriminació. Estem amb tu, #NoEstasSola #StopLGTBIfobia pic.twitter.com/MekY9ZkVEv

— Núria Marín/❤️ (@nuriamarinlh) March 10, 2022

Fuente Dosmanzanas

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Guatemala: El Congreso archiva la ley que elevaba las penas por abortos y prohibía el matrimonio igualitario

Las críticas tanto internas como internacionales a la ley aprobada el pasado 8 de marzo por la mayoría conservadora del Congreso de Guatemala, que endurece aún más el aborto, prohíbe tanto el matrimonio igualitario como cualquier unión entre personas del mismo sexo e ilegaliza la educación en materia de diversidad sexual y de género, han llevado al presidente del país a pedir su retirada y asegurar que no la refrendará si llega a su mesa.

La ley «para la protección de la vida y la familia» es un compendio de todas las posiciones reaccionarias en materia de diversidad sexual y de género, a la que estigmatiza como «el conjunto de pensamientos, tendencias y prácticas por las que determinados grupos de la sociedad adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad e incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano» [sic]. En consecuencia, prohíbe explícitamente tanto el matrimonio igualitario como cualquier tipo de unión entre personas del mismo sexo, la adopción homoparental y cualquier tipo de medida educativa que suponga aceptar «como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad»  o que «sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano».

A este ataque a la diversidad sexual y a la libertad de cátedra en educación se le suma el endurecimiento de las condenas a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. En Guatemala, la interrupción del embarazo solo está permitida en el caso en el que la vida de la madre corra peligro. El resto de abortos no amparados por este supuesto tienen una pena de prisión establecida de uno a tres años de cárcel, que con la nueva ley se amplía desde los cinco hasta los diez años de prisión. A su vez, se incrementan las penas para médicos y demás personas que participen en la interrupción del embarazo no deseado de una mujer que no cumpla el supuesto de peligro para la madre.

La aprobación de la ley, que tenía lugar precisamente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, coincidía en el tiempo con la celebración de un evento en el que Guatemala era declarada «Capital Iberoamericana Provida» y en el que el presidente guatemalteco, el derechista Alejandro Giammattei, invitaba a «proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural en sus cinco etapas». Los legisladores que aprobaron la ley defendieron que esta era necesaria porque «grupos minoritarios de la sociedad proponen formas de pensar y prácticas que son incongruentes con la moral cristiana». Una incongruencia que parece preocupar más a los legisladores cristianos que los 24 muertos de la comunidad LGTB en Guatemala en 2019, los 19 asesinados en 2020 (pese al encierro decretado en el país a causa del coronavirus) o las 28 víctimas contabilizadas hasta octubre de 2021, unos asesinatos que siguen aumentando hasta el día de hoy.

Sin embargo, la intensa reacción tanto interna como exterior a la aprobación de la ley parece haber dado un vuelco a la situación. Las protestas de numerosos colectivos y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, las críticas del procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas (que ha asegurado que la ley viola varios acuerdos y convenios internacionales ratificados por el Gobierno del país centroamericano) y la repercusión negativa de la noticia a nivel internacional, seguramente mucho mayor de la esperada por sus promotores, ha provocado que el presidente Giammattei se desvincule ahora del texto, al afirmar que no fue una iniciativa de su gobierno y que «nada tiene que ver» con la declaración de Guatemala como «Capital ProVida de Iberoamérica».

Es más, el presidente guatemalteco asegura que la ley «viola dos convenciones de las cuales Guatemala es signataria, adolece de deficiencias técnicas en su redacción, pero lo más preocupante es que viola la Constitución política de la República» por lo que ha pedido a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, su archivo, asegurando que si no es así y el texto acaba por llegar a su despacho lo vetará.

Estaremos atentos a lo que sucede finalmente.

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La conferencia de obispos de los Estados Unidos se ha unido a otros grupos religiosos para oponerse a las pautas propuestas de no discriminación diseñadas para proteger a los pacientes transgénero de la discriminación.

En una carta al Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos,  La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos(USCCB) se unió a otros cinco grupos cristianos para oponerse a la reincorporación de la orientación sexual y la identidad de género a las reglas de no discriminación para ciertos proveedores de seguros de salud.

La carta conjunta, firmada por tres funcionarios de la USCCB, sugiere que la adición de protecciones LGBTQ es «innecesaria». Objeta específicamente la atención obligatoria para tratamientos relacionados con transiciones de género, leyendo, en parte:

«Lo más problemático son las disposiciones de las regulaciones propuestas que se relacionan con la ‘identidad de género’ y que, leídas junto con el preámbulo, parecen exigir la cobertura de los procedimientos de ‘transición de género’. Proteger a los pacientes de la discriminación por motivos de identidad de género, como pretenden en parte las reglamentaciones propuestas, no necesita ni debe incluir un mandato para cubrir los procedimientos de transición de género».

Otros firmantes de la carta son el National Catholic Bioethics Center, (Centro Nacional Católico de Bioética), la National Association of Catholic Nurses (Asociación Nacional de Enfermeros Católicos), la Thomas More Society, (Sociedad Tomás Moro), la Christian Legal Society, (Sociedad Legal Cristiana) y la National Association of Evangelicals (Asociación Nacional de Evangélicos).

La carta afirma que exigir atención relacionada con la transición dañaría de alguna manera la capacidad de los proveedores de atención médica para hacer su trabajo si se permite que los pacientes soliciten tratamiento. La carta dice: «Un paciente no simplemente pone una ficha y obtiene cualquier artículo o procedimiento de su elección».

La carta también cita cuestiones de libertad religiosa: «Ningún asegurador o patrocinador del plan debería estar obligado, como condición para brindar tales beneficios, a violar las mismas convicciones religiosas y morales que los impulsan a ofrecer esos beneficios en primer lugar».

La administración Trump eliminó las protecciones de atención médica basadas en la orientación sexual y la identidad de género después de que el presidente Barack Obama las agregara por primera vez en lo que se conoce como la regulación de Notificación de beneficios y parámetros de pago. Esta regulación cubre a los proveedores de seguros que participan en los intercambios gubernamentales. Roll Call  informó más:

«La mayoría de los grupos de defensa de la salud dieron la bienvenida a la política y dijeron que ampliaría la atención a quienes más la necesitan. Los líderes demócratas del comité de salud en la Cámara y el Senado instaron al HHS a finalizar la regla, diciendo que garantizaría que las personas LGBTQ puedan acceder a la atención que necesitan.

«Alrededor del 56 por ciento de las personas lesbianas, homosexuales y bisexuales y el 70 por ciento de las personas transgénero han denunciado discriminación en la atención médica, según el Programa Nacional de Leyes de Salud, una organización de defensa y litigio. Esto puede conducir a resultados de salud deficientes, ya que las personas LGBTQ optan por retrasar la atención».

Una vez más, los obispos de Estados Unidos y otros grupos católicos se están alineando con las fuerzas de derecha que intentan negar a las personas transgénero y no binarias sus derechos civiles. Y vuelven a usar el garrote de la libertad religiosa, mal entendida. Al mismo tiempo, estos grupos eligen una realidad falsa y se niegan a reconocer la verdad de que la atención médica que afirma el género salva vidas y conduce a una mayor prosperidad para sus beneficiarios.

La ventaja es que casi se garantiza que otro católico, el presidente Joe Biden, ignorará a estos críticos de derecha y, en cambio, hará lo correcto: proteger a los pacientes transgénero de la discriminación.

—Robert Shine (él/él), New Ways Ministry, 11 de marzo de 2022

Fuente New Ways Ministry

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Más de 33 años desde la muerte de Scott Johnson, catalogada inicialmente como un suicidio, los hechos empiezan a aclararse. En 2018, la policía australiana por fin admitió que el estadounidense fue víctima de un delito de odio, como siempre defendió su hermano Steve. Dos años después era arrestado un hombre de 49 años, Scott White, como principal sospechoso de la muerte de Scott Johnson. Ahora, White ha confesado por fin el crimen, que se enmarca en una serie de asesinatos homófobos cometidos en Sídney y alrededores por bandas de jóvenes y que quedaron en su mayoría impunes por la desidia policial.

Scott Johnson era un joven estadounidense de 27 años, que se encontraba en Australia completando su doctorado en Matemáticas y que había solicitado el permiso de residencia para continuar en el país. En diciembre de 1988 su cuerpo fue encontrado, desnudo, al pie de un acantilado en las afueras de Sídney. Se trataba de una zona cercana a un área de cruising, a la que muchos homosexuales de la época acudían para contactar y mantener relaciones. El caso fue despachado por la policía de la época como un suicidio, a pesar de que no existían razones aparentes para que el joven tomara esa decisión.

Su hermano Steve, residente en Estados Unidos, siempre estuvo convencido de que Scott fue víctima de un delito de odio. Su hipótesis no era descabellada: era la época más dura de la pandemia del sida, en la que había florecido entre ciertos grupos de Sídney una cultura de odio hacia los homosexuales y las agresiones estaban a la orden del día. Pese a lo cual no existía en las autoridades la sensibilidad que hoy existe ante los delitos de odio homófobo.

Bien fuese porque Scott fue arrojado al vacío por sus asesinos, bien porque cayó cuando huía de sus agresores, su hermano estaba convencido de que su muerte fue violenta. Durante años, de hecho, el propio Steve Johnson, hoy un adinerado empresario tecnológico, gastó de su propio bolsillo cerca de un millón de dólares en intentar conseguir pistas que le permitiesen abrir el caso. Pese a lo cual, hasta 2018, las autoridades australianas siempre se habían negado. Ese año, sin embargo, la propia policía australiana admitía por fin como muy probable que Scott Johnson fuese víctima de un delito de odio cometido por dos o más agresores y decidía reabrir la investigación.

En mayo de 2020, la policía arrestaba a un hombre de 49 años, Scott White, bajo la acusación de ser el autor del asesinato. El pasado 10 de enero, White cambiaba su declaración de «no culpable» a «culpable». Aunque sus abogados alegaron que el acusado tenía problemas mentales, el juez del Tribunal Supremo que lleva el caso lo declaró culpable de los hechos. La confesión se había realizado, explicó, «en voz alta y clara, y de una manera enérgica y con determinación». El arrestado permanecerá bajo custodia hasta recibir su sentencia el próximo 2 de mayo. Steve Johnson ha manifestado su «alivio» por la confesión. «Pienso en mi hermano y en las muchas personas que lo querían e intentaron conseguir este resultado», declaró.

Una época negra sobre la que por fin se arroja luz

Las nuevas noticias sobre la muerte de Scott Johnson, posiblemente la más mediática de todas, están sirviendo en cualquier caso para rescatar del olvido lo sucedido durante una época en la que la violencia homófoba estuvo a la orden del día en Nueva Gales del Sur, sobre todo en las zonas de cruising, y durante la cual numerosas personas LGTB (sobre todo hombres que buscaban relaciones sexuales con otros hombres) fueron víctimas de agresiones e incluso asesinatos que en su momento quedaron impunes. Entre 1989 y 1999, por ejemplo, hay documentados cerca de 80 asesinatos homófobos en la zona, de los cuales 30 permanecen sin resolver.

El Parlamento de Nueva Gales del Sur, de hecho, decidió en 2018 abrir una investigación parlamentaria que saque a la luz la verdad sobre los delitos de odio cometidos contra la comunidad LGTB entre los años 1970 y 2010, algo que familiares y amigos de las víctimas llevaban años reclamando. El informe final de la comisión motivó la apertura de una investigación judicial en noviembre del año pasado.

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Una mayoría de españoles está a favor de la conocida popularmente como «ley trans», la iniciativa del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos para aprobar un paquete legislativo que reconozca la libre autodeterminación de género de las personas trans y consagre a nivel estatal una serie de garantías contra la discriminación de las personas LGTBI. Así lo pone de manifiesto la encuesta publicada los pasados 8 y 9 de enero por el diario El País y realizada por la empresa 40 dB. Una lectura detenida de los datos, que son de acceso público, arroja además que el apoyo es muy mayoritario entre los votantes del PSOE. Algo que no debería sorprender, pero que contrasta con la movilización ejercida por el sector transexcluyente de los cuadros de dicho partido.

La noticia que el pasado 9 de enero destacaba El País era que, de acuerdo a los resultados de la encuesta, el 56,5 % de los españoles apoya la «ley trans» (un 27,6% la valora «muy bien», mientras que un 28,9% la valora «bien». Un 19,1% la ve «regular», un 8,1% la ve «mal» y un 10,9% la ve «muy mal». El País también destacaba como comentario adicional que casi un tercio de los que se declaran votantes del PP también la apoyan. En efecto, el porcentaje de votantes del PP que la ven «muy bien» o «bien» suma el 31,5%.

Desde dosmanzanas hemos querido conocer la opinión de otros votantes, y en concreto de los votantes del PSOE, dada la intensa movilización ejercida por el sector transexcluyente de los cuadros de dicho partido, que culminó en junio de 2020 con la distribución de un argumentario interno, firmado por los que entonces eran cuatro de sus secretarios, que se oponía abiertamente al principio de autodeterminación de género y defendía, de forma indirecta, la patologización de las identidades trans mantenida en la ley de identidad de género de 2007.

Es cierto que dichas posiciones han retrocedido tras el último Congreso del PSOE, celebrado el pasado mes de octubre, que incluyó finalmente entre sus resoluciones el apoyo expreso al anteproyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, asegurando de forma explícita que «desde el PSOE hacemos nuestras las reivindicaciones de las personas trans con esta futura legislación que aborda la libre manifestación de la propia identidad sexual y apoya la inscripción registral del sexo declarado con plenas garantías jurídicas, para acabar con la exclusión y con las dificultades administrativas actuales, protegiendo especialmente a menores, y despatologizando el proceso, tal y como desde el PSOE siempre hemos defendido». Pero también es cierto que el PSOE ha promovido a Carmen Calvo, firmante del ya mencionado documento transexcluyente en calidad de secretaria de Igualdad del PSOE (cargo que ya no ocupa) a la presidencia de la Comisión de Igualdad del Congreso, lo que no resulta precisamente tranquilizador.

Un 75,3% de votantes socialistas, a favor

Pues bien, resulta que un abrumador 75,3% del electorado socialista, siempre según la encuesta de El País, apoya la «ley trans». En concreto, al 37,7% le parece «muy bien», mientras que al 37,6% le parece «bien». De las fuerzas políticas de las que se da información en este apartado, solo los votantes de Unidas Podemos tiene una opinión más favorable: el 79,6% de ellos la apoya (al 51% le parece «muy bien», mientras que al 28,6% le parece «bien»). Por detrás se situan los votantes de Ciudadanos (el 56% de ellos apoya la ley, sumando a los que la ven «muy bien» y «bien»), del PP y finalmente de Vox (solo un 19,7% de los votantes de la la formación de extrema derecha ven la ley «muy bien» o «bien», frente al 43,3% que la ve «muy mal»).

Confiemos en que estos datos hagan avanzar de una vez el trámite parlamentario de un paquete legislativo que, ya sea en forma de dos leyes separadas o de una sola refundida, solo el empeño transexcluyente, y no precisamente del PP o de Vox, ha mantenido en suspenso desde hace años. Ya desde las elecciones generales de 2015 el Congreso de los Diputados cuenta con una mayoría parlamentaria que en teoría apoya los postulados del actual anteproyecto de ley. Mariano Rajoy, de hecho, dejó de ser presidente del Gobierno en junio de 2018 tras una moción de censura apoyada por una sólida mayoría. Han pasado casi siete años y ninguno de los intentos de superar el anacrónico marco legislativo español en materia trans y LGTBI ha tenido éxito. Tampoco, de momento, el derivado del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. ¿Ocurrirá en 2022?

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Carmen Calvo, Ciudadanos, Discriminación, El País, encuestas, Ley Trans, LGTBIfobia, PP, PSOE, Transfobia, Unidas Podemos, VOX

Imagen de la Virgen María LGBT+ distribuida por Elżbieta Podleśna (Amnistía Internacional)

Tres activistas LGBT+ en Polonia han sido absueltos una vez más de los cargos de «ofender creencias religiosas» por carteles de la Virgen María con un halo de colores del arcoíris.

Los carteles se distribuyeron en la ciudad de Płock en 2019 para protestar contra la creciente hostilidad anti-LGBT+ de la influyente Iglesia católica de Polonia, que tiene estrechos vínculos con el gobierno de derecha.

Las tres mujeres responsables, identificadas como Elżbieta, Anna y Joanna, enfrentaban una posible sentencia de dos años de prisión cada una si eran declaradas culpables de su activismo pacífico. En marzo del año pasado fueron absueltas, pero la fiscalía apeló esa decisión.

El miércoles (12 de enero), un tribunal desestimó la apelación, según Amnistía Internacional.

Catrinel Motoc, principal activista de Europa de Amnistía Internacional, dijo que la decisión es un «gran alivio» pero que no «oculta el hecho de que estas tres mujeres nunca deberían haber sido juzgadas en primer lugar.mLa distribución de carteles de la Virgen María con un halo de arcoíris nunca debe criminalizarse, por lo que es correcto que se rechazara la apelación contra su absolución”, dijo Motoc.

Continuó: “Desde el inicio del caso en su contra, más de un cuarto de millón de personas se han pronunciado para exigir que las autoridades retiren los cargos en un caso que se ha convertido en el símbolo de algunas de las tendencias contra los derechos humanos más inquietantes de Polonia. .

“No solo se está reduciendo el espacio para la libre expresión, el activismo y la protesta pacífica, sino que el clima de homofobia en el país está empeorando en medio de un aumento de los delitos de odio, la introducción de zonas ‘libres de LGBTI’ por parte de los ayuntamientos y los intentos de prohibir las marchas del Orgullo. .”

Motoc agregó que el caso ha “revelado una fea veta de homofobia patrocinada por el estado”. Afirmó que también había expuesto cómo el sistema de justicia penal de Polonia está “siendo utilizado para atacar, intimidar y acosar a los defensores de los derechos humanos simplemente por su activismo. Las autoridades polacas deben finalmente poner fin a su caza de brujas contra estos y otros activistas”, dijo.

Another human rights win! We are going to celebrate this now. Thank you all for your support. pic.twitter.com/Vl8kH32uLu

— Amnesty Polska (@amnestyPL) January 12, 2022

Los fiscales argumentaron en la audiencia de apelación que el primer tribunal no fue lo suficientemente crítico con las acciones de las mujeres, según una transmisión en vivo de Twitter de la rama polaca de Amnistía Internacional.

Argumentaron que la Virgen María es un “símbolo importante para los católicos y no para los ateos y otros” y que el trío “lo sabía”.

Elżbieta, una de las tres activistas enjuiciadas, argumentó ante el tribunal que “la homosexualidad ya no está en la lista de trastornos mentales” por lo que lo que “está sucediendo en este tribunal va en contra de la ciencia y la dignidad”, según los tuits de Amnistía Polska.

“Es un escándalo para mí”, dijo. “No quiero que [fobias] y [prejuicios] estén presentes en el discurso público o incluso dominantes”.

Ella continuó: “La comunidad cristiana en Polonia, la comunidad católica, no es homogénea. Lo que representas es la parte extrema. Tienes ambiciones de cambiar la ley, de castigar a quienes no lo permitan. Polonia es [un] estado secular”.

"Christian community in Poland, Catholic community, is not homogenous. What you represent is the extreme part of it. You have ambitions to change the law, to punish those, who will not allow that. Poland is secular state".

— Amnesty Polska (@amnestyPL) January 12, 2022

Anna le dijo al tribunal que su continua lucha por los derechos LGBT+ en Polonia ha atraído la atención mundial y dijo que «el mundo nos ha escuchado y ha escuchado nuestra batalla. No te llevarás nada más que aire porque cada vez es más difícil respirar libremente en Polonia”, dijo.

Agregó que la comunidad LGBT+ “no está protegida por el estado” y dijo que “no existe tal cosa como [un] crimen de odio basado en la orientación sexual”.

Según Amnistía Polska, el juez del caso tenía “objeciones a la calidad de la apelación” y finalmente la desestimó.

También subrayó la «importancia de la objetividad en tales procedimientos» y la necesidad de «igual acceso al espacio público por todas las partes».

El caso Rainbow Virgin Mary intensifica la atención sobre los derechos LGBT+ en Polonia.

Polonia se ha enfrentado a un escrutinio mundial cada vez mayor después de que casi 100 gobiernos municipales o locales, casi un tercio del país, se autoproclamaron «libres de la ideología LGBTI».

Los derechos LGBT+ en Polonia ya eran pocos y distantes entre sí. Las protecciones contra la discriminación solo existen (teóricamente) en el empleo, el país no ha legalizado el matrimonio igualitario y las parejas del mismo sexo no pueden adoptar o someterse a FIV en Polonia.

El parlamento de Polonia también está debatiendo una ley de «propaganda LGBT+» similar a las vistas en Hungría y Rusia. La cámara baja del parlamento del país debatirá el proyecto de ley el martes (12 de enero).

La reforma, denominada «Lex Czarnek» o «Ley de Czarnek», daría al superintendente escolar el poder de vetar cualquier material didáctico proporcionado por organizaciones benéficas u otras organizaciones externas. Los superintendentes también podrían despedir a los directores sin previo aviso si no cumplen.

El Parlamento Europeo ha declarado a la UE una “zona de libertad LGBTIQ” en protesta simbólica contra las políticas discriminatorias promovidas en Polonia.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, anunció en julio que emprendería acciones legales contra Polonia por sus leyes anti-LGBT+.

La comisión dijo que Polonia enfrentará acciones después de que «no respondió de manera completa y adecuada a su consulta sobre la naturaleza y el impacto de las llamadas ‘zonas libres de ideología LGBT'».

Los funcionarios de la UE creían que estas declaraciones violaban potencialmente la ley de la UE con respecto a la no discriminación por orientación sexual.

LGBTfobia de Estado

En Polonia y Hungría, la situación de las personas LGBT + es cada día más difícil. Los gobiernos en el poder han implementado una política abiertamente LGBTfóbica. Los activistas LGBT + piden a las instituciones europeas que los protejan. Margot, una activista no binaria que se ha convertido en un símbolo en Polonia, anunció que “nuestra investigación muestra que el 70% de los polacos LGBT + tienen pensamientos suicidas” antes de abordar un SOS. “Cuando nos unimos a la Unión, firmamos los tratados y dimos nuestro acuerdo sobre el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la libertad, el estado de derecho. Estos valores no son respetados por Polonia hoy. Una de las respuestas debe ser financiera: es una de las herramientas más efectivas “, dijo a TÊTU el eurodiputado abiertamente gay Robert Biedroń.

 Con respecto a Polonia, cerca de 100 municipios, alentados por el gobierno, se han declarado “libres de LGBT“. El poder en el lugar no oculta su hostilidad hacia las personas LGBT +. Durante la campaña presidencial para su reelección, Andrzej Duda comparó a las personas LGBT + con una “ideología” comparable a “una especie de neo-bolchevismo“.

Si bien las instituciones europeas se han negado a otorgar subsidios a ciudades “no LGBT”, el ministro de Justicia polaco anunció que las financiaría. Las llamadas zonas libres de LGBT de Polonia han sido objeto de una condena global, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que “no tienen lugar” en la Unión Europea. Los ataques contra personas LGBT + se han convertido en un tema de tensión entre la Unión Europea y Polonia.

Después de intensas semanas de negociaciones, Polonia finalmente acordó el establecimiento de un mecanismo para condicionar las subvenciones al respeto del estado de derecho. Pero el dispositivo no podrá activarse antes de 2022, señala Le Monde. En 2020, ILGA-Europa clasificó a Polonia como el país menos amigable de Europa.

La situacion de las personas LGTBI en Polonia:

El Gobierno de extrema derecha de Polonia es en la actualidad, junto con el de Hungría, la punta de lanza de la involución LGTBIfoba en la Unión Europea. Nos hemos hecho eco de numerosas manifestaciones de esta oleada de hostilidad contra la comunidad. Una de las más recientes se produjo el pasado mes de abril, cuando el Parlamento votó a favor de la iniciativa de la organización LGTBIfoba Stop Pedofilia para criminalizar la educación sexual, con el apoyo del gobernante PiS. Ya el año pasado, el líder del partido y ex primer ministro Jarosław Kaczyński aprovechó una iniciativa inclusiva del alcalde de Varsovia para echar gasolina a la LGTBfobia. El político calificó los derechos LGTBI de un «ataque a la familia y a los niños» que amenaza los valores tradicionales polacos.

Sus palabras encendieron una mecha que se extendió entre los medios y el establishment ultraconservador. Una de las primeras consecuencias de este repunte de la hostilidad LGTBfoba fue la detención de la activista Elżbieta Podleśna bajo la acusación de ofender a los sentimientos religiosos. Su supuesto delito, difundir una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa con un halo arcoíris en lugar del original dorado. Dos meses más tarde, contramanifestantes de extrema derecha intentaban impedir de forma violenta la celebración de la primera manifestación del Orgullo LGTBI en Białystok, al este del país.

Hace unos días, cincuenta embajadores y representantes de organizaciones internacionales apoyan a la comunidad LGTBI en Polonia a través de una carta. Puedes ver el listado completo de firmantes y leer íntegra la carta de los embajadores y representantes de organizaciones internacionales en este enlace

Esta protesta responde a la cada vez más difícil situación de la comunidad LGTBI en Polonia, desde marzo de 2019, donde alrededor de un centenar de localidades y regiones se han declarado «libres de ideología LGTBI», una campaña de odio institucional cuyo ámbito de actuación se extiende ya por un tercio de la geografía polaca. En este sentido, la declaración de apoyo de los embajadores se suma a las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea contra la existencia de estas zonas. La iniciativa LGTBIfoba tiene un carácter principalmente simbólico, pero conlleva una indudable carga de hostilidad y estigmatización de la comunidad. La medida de odio LGTBIfobo, que el diario italiano La Repubblica comparó con el concepto nazi de zonas judenfrei («libres de judíos»), llegó hasta el Parlamento Europeo. El 18 de diciembre del año pasado la cámara aprobó, por 463 votos a favor frente a 107 en contra, una resolución de condena. En agosto de este año, la Comisión anunciaba la retirada de las ayudas a seis localidades polacas, que requerían financiación para un programa de hermanamiento entre ciudades de distintos países, por haberse declarado «zonas libres de ideología LGTBI». La Comisión declaró que se habían negado a respetar los “valores y derechos fundamentales de la UE”. Es posible que otras áreas puedan ser penalizadas de manera similar, ya que varias ciudades de Europa han terminado los acuerdos de hermanamiento con sus homólogos polacos.

El punto de origen es el discurso abiertamente homófobo del partido gobernante en Polonia, Ley y Justicia (PiS), que agitó la campaña presidencial (que ganó su candidato Andrzej Duda por un estrecho margen de votos) identificando la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI como una «ideología» que no dudaron en calificar de «extranjera» y «más perjudicial que el comunismo».

Durante este verano, la proclamación de estas zonas «libres de ideología LGTBI» provocaron la organización y reacción de distintos grupos LGTBI y pro-derechos humanos que desembocaron en manifestaciones pacíficas fuertemente reprimidas por la policía. La manifestación de Varsovia fue la más numerosa y acabó con el arrestó de la activista Małgorzata Prokop-Paczkowska, más conocida como Margot. Su arresto provocó más manifestaciones en las que fueron detenidas hasta 47 personas más en lo que ya se conoce como el Stonewall polaco, en referencia a las revueltas de 1969 en Nueva York que originaron lo que hoy conocemos como el Orgullo LGTBI. Margot ha sido encarcelada durante dos meses.

Por declaraciones y hechos como estos resulta especialmente llamativa la respuesta del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, a la publicación de la carta de los diplomáticos: «Discrepo por completo con la carta de los embajadores en la parte en la que dicen que hay personas en Polonia a la que de alguna forma ya no se les respeta», ha defendido. Según Morawiecki, «la tolerancia forma parte de los valores del país» y lo más sorprendente es que ha llegado a negar la existencia de las zonas «libres de ideología LGTB».

Fuente Pink News/Amnistía Internacional/Cristianos Gays

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«¿Qué hace una feminista como yo en una iglesia como ésta?»

Me considero una mujer afortunada y feliz por poder compartir mi vida y mi fe con un grupo de personas que creen en una Iglesia sencilla, igualitaria y evangélica

Las mujeres católicas hemos salido a la calle, a los medios de comunicación, nos hemos rebelado y seguiremos proclamando y alzando nuestra voz “hasta que la igualdad sea una costumbre en nuestra iglesia”

Jesús de Nazaret propuso igualdad entre hombres y mujeres, los derechos humanos así lo establecen, pero en nuestra Iglesia estamos muy lejos de que esta igualdad se alcance y se respete

Tenemos una iglesia muy clerical, hecha por y para los hombres ordenados, que no nos deja espacio, es una gerontocracia fuera de época; y una Iglesia clerical no se puede soportar

Sí, hoy quiero contaros que yo estoy disponible para ser vicaria, si fuera elegida para ello; y, como yo, muchas mujeres en nuestra diócesis. No dejo de preguntarme, tal y como están las cosas, si yo podría ser vicaria en la diócesis de Bizkaia, en el caso de que algún día —no tardando mucho— fuera posible.

Ahora estoy jubilada y si tuviera que definirme en pocas palabras diría que soy una mujer madura, cristiana y feminista. Estos han sido los tres ejes de mi vida.

La madurez: la búsqueda de la preciada madurez a través de un proyecto personal de vida que llevo haciendo, y compartiendo con mi grupo de referencia, durante más de 25 años. Siempre he querido dirigir mi propia vida, no ser como una barca a la deriva. El proyecto personal de vida, compartido en el grupo de referencia, ha sido la brújula que me ha guiado en el proceso de crecimiento personal, familiar y social.

Cristiana: me defino como cristiana porque he logrado establecer una relación personal con Jesús de Nazaret. Cultivando mi espiritualidad, mi inteligencia emocional y espiritual mediante diversas experiencias a lo largo de la vida, pero, principalmente, mediante la oración, la meditación y el compromiso con la vida y conmigo misma.

Gracias a mi comunidad cristiana de Sestao, a toda ella, a Cáritas, a mi grupo de referencia, he podido mantener y mantengo mi relación personal con Jesús. La revisión de vida, el discernimiento, las alegrías y las penas, el compromiso sindical, la oración compartida, mis relaciones personales y afectivas… Me considero una mujer afortunada y feliz por poder compartir mi vida y mi fe con un grupo de personas que creen en una Iglesia sencilla, igualitaria y evangélica.

Mi tercer eje: soy feminista. En mis años de trabajo como maestra (25) he tratado de enseñar y educar en valores: la solidaridad, la responsabilidad, el respeto, la justica y la igualdad entre todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, país, religión…

En mis 16 años como sindicalista también he procurado trabajar por la igualdad y la no discriminación de la mujer en el mundo del trabajo, y más concretamente en el ámbito de la enseñanza, y creedme si os digo que queda mucho, mucho camino por recorrer.

Muchas veces me he preguntado: ¿Qué hace una feminista como tú en una iglesia como esta? Es aquí donde quiero enmarcar la reflexión que hoy nos ha convocado: vicarios/vicarias; laicos y laicas. Y para ello, tres pinceladas de la Iglesia que yo quiero y por la que apuesto con mi compromiso de vida.

¿Podemos ser las mujeres vicarias, diaconisas, sacerdotisas? Yo creo que sí ¿Qué opina la teología feminista? ¿Qué dice sobre ello?

Quiero citar ahora una frase del movimiento Revuelta de Mujeres en la Iglesia, con el que me siento muy identificada: “Limpiar y poner flores, que lo hagan los señores”. Este movimiento, y otros muchos semejantes, reivindican en nuestra iglesia la necesidad de que las laicas y laicos tengamos “voz y voto”. Las mujeres católicas hemos salido a la calle, a los medios de comunicación, nos hemos rebelado y seguiremos proclamando y alzando nuestra voz “hasta que la igualdad sea una costumbre en nuestra iglesia”.

Hago míos los enunciados del movimiento Revuelta de Mujeres y cito literalmente: “Basta ya a la profunda discriminación que vivimos”. “Queremos recuperar las prácticas liberadoras de Jesús con las mujeres, poner fin al machismo en la Iglesia” o “hasta que laicos y laicas tomen la palabra en la eucaristía, en la Iglesia”. “Queremos que el pensamiento femenino se oiga, que podamos estar en los foros de debate, que se pueda escuchar a las teólogas…” Y queremos una serie de derechos que no tenemos reconocidos, entre ellos, poder ser vicarias laicas.

Jesús de Nazaret propuso igualdad entre hombres y mujeres, los derechos humanos así lo establecen, pero en nuestra Iglesia estamos muy lejos de que esta igualdad se alcance y se respete.

No se trata únicamente de que algún día, no tardando mucho, algunas de nosotras podamos ser vicarias o sacerdotisas. Este es el momento de que la Iglesia católica empiece a tomar conciencia de que las mujeres tenemos un papel protagonista en ella, y de que no estemos subordinadas a los hombres. No podemos ser subsidiarias de lo que ellos dicen, tenemos que tomar las decisiones conjuntamente, avanzando hacia la paridad.

¿Estáis de acuerdo?

Una iglesia que no nos deja espacio

Tenemos una iglesia muy clerical, hecha por y para los hombres ordenados, que no nos deja espacio, es una gerontocracia fuera de época. “Con voto, con voz, así nos quiere Dios” “Sin mujeres no hay futuro” o “Una iglesia clerical no se puede soportar”. Hartas ya de tanta desigualdad alzamos la voz y decimos: Yo también estoy disponible para ser elegida vicaria. Y espero que sea posible cuanto antes.

Voz y voto en todos los niveles. Creemos que tienen que cambiar las estructuras, el Derecho canónico y una cultura interna de la Iglesia que, a veces, las mujeres hemos interiorizado con demasiada normalidad, en el sentido de aceptar ser siempre las segundas o las terceras. “No se trata de ser las primeras, se trata de ser iguales”, afirman los movimientos feministas en nuestra Iglesia, y yo estoy de acuerdo.

Este Papa ha nombrado mujeres en cargos importantes, se están dando pasitos, pasitos, pero hay que avanzar más y más rápido, empezando por nuestra Diócesis. Ahora es el momento. Una iglesia patriarcal ya no nos sirve. Las mujeres estamos unidas, somos Iglesia, no vamos contra ella y lo que queremos es que se nos reconozcan unos derechos que tenemos por el hecho de ser bautizadas.

Lo dicho: “Cuando sea posible, estoy disponible para ser vicaria, si soy elegida para ello. Y espero que tal posibilidad —ya existente en otras diócesis— sea real en la nuestra cuanto antes”.

General, Iglesia Católica Discriminación, Feminismo, Iglesia, Iglesia Católica, Inclusividad, Mujer, Revuelta de Mujeres

El Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) ha dictado una sentencia en la que establece que los países de la Unión están obligados a reconocer los documentos de filiación expedidos en otros países miembros aunque contravengan su legislación nacional. Según el TJUE, el hecho de que las leyes de un país no contemplen el matrimonio entre personas del mismo sexo o la filiación homoparental no debe ser motivo para que no se reconozcan los certificados de nacimiento expedidos en países donde ambas figuras son legales. No reconocerlos e impedir u obstaculizar que un menor obtenga los documentos de identidad necesarios vulneraría el derecho a la libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión. Se trata, pues, de un espaldarazo de la justicia europea al reconocimiento de las familias homoparentales por encima de las legislaciones nacionales.

El caso se refiere a la demanda interpuesta en Bulgaria por VMA, nacional de aquel país, que en 2018 se casó en Gibraltar con KDK, natural de la dependencia británica. En diciembre de 2019, el matrimonio tuvo una hija (SDKA) en Barcelona, donde actualmente residen. El registro civil español otorgó un certificado de nacimiento en el que constan las nacionalidades búlgara y británica de las madres. A pesar de haber nacido en España, la menor no tiene derecho a la nacionalidad española porque ninguna de sus progenitoras la ostenta. La cónyuge gibraltareña tampoco puede transmitirle su ciudadanía británica si la menor ha nacido en un tercer país, por lo que la única opción para la menor era adquirir la nacionalidad búlgara de su otra madre.

Iniciado el trámite, uno de los requisitos para obtener un documento de identidad búlgaro era la presentación de un certificado de nacimiento expedido por las autoridades de aquel país. VМА solicitó entonces al municipio de Sofía que le expidiera uno para SDKA. Para ello, junto a la solicitud presentó una traducción al búlgaro, jurada y legalizada, del asiento del Registro Civil español relativo al certificado de nacimiento de SDKA. El municipio de Sofía requirió a VМА que aportase pruebas relativas a la identidad de la madre biológica de la niña, argumentando que el modelo de certificado de nacimiento en vigor en Bulgaria prevé una única casilla para la «madre» y otra casilla para el «padre», y tan solo puede inscribirse un nombre en cada una de ellas.

VМА consideró que no estaba obligada a facilitar esa información, por lo que el municipio de Sofía denegó la expedición del certificado de nacimiento, basándose en la falta de información acerca de la identidad de la madre biológica de la niña. También resolvía que la mención en el certificado de nacimiento de dos mujeres contravenía la legislación de Bulgaria, que no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Tras la denegación, la menor quedaba en situación de apátrida, sin posibilidad de desplazarse por los países de la Unión Europea, lo que suponía no poder visitar a su familia en Bulgaria. VMA decidió interponer recurso ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía. Puesto que afectaba a los derechos de los ciudadanos comunitarios, el tribunal búlgaro decidió iniciar un procedimiento prejudicial solicitando un dictamen al TJUE. Se preguntaba si la negativa de inscripción del nacimiento de la menor de nacionalidad búlgara no vulneraba su derecho a la libre circulación y al pleno disfrute de sus derechos como ciudadano de la Unión.

En abril de este año, la abogada general del TJUE Juliane Kokott emitió un informe favorable a la familia y al derecho de la menor a la nacionalidad búlgara. La opinión de Kokott reconocía la potestad de las autoridades búlgaras de rechazar la inscripción de las dos mujeres como madres de la niña en la partida de nacimiento, pero afirmaba que la menor tenía derecho a recibir un documento de identidad en el que se reflejase la parentalidad de ambas para que la menor pudiera viajar con cualquiera de ellas por separado.

Finalmente, este 14 de diciembre la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia, en la que interpreta las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en lo que afecta a este caso en cuestión. Para el TJUE, «en el caso de un menor ciudadano de la Unión cuyo certificado de nacimiento expedido por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida designa como progenitores a dos personas del mismo sexo, el Estado miembro del que el menor es nacional está obligado, por una parte, a expedirle un documento de identidad o un pasaporte sin exigir la expedición previa de un certificado de nacimiento por sus autoridades nacionales y, por otra parte, a reconocer, al igual que cualquier otro Estado miembro, el documento procedente del Estado miembro de acogida que permita al menor ejercer con cada una de esas dos personas su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros».

Así, Bulgaria debe expedir un pasaporte o documento de identidad a SDKA en el que conste su nacionalidad y que es hija de VMA y KDK, de manera que pueda circular libremente por la Unión Europea acompañada de cualquiera de sus progenitoras. Según el TJUE, «es contrario a los derechos fundamentales garantizados por los artículos 7 y 24 de la Carta privar al menor de la relación con uno de sus progenitores al ejercer su derecho de libre circulación o imposibilitarle el ejercicio de ese derecho o hacérselo excesivamente difícil en la práctica debido a que sus progenitores sean del mismo sexo».

Sin embargo, la sentencia también aclara que el reconocimiento de la filiación de SDKA, con el objetivo de preservar sus derechos como ciudadana de la Unión, no implica que Bulgaria esté obligada a contemplar en su Derecho nacional la parentalidad de personas del mismo sexo ni su matrimonio, al ser competencia exclusiva de los Estados miembros de la Unión. Pero sí debe reconocerlos en lo que respecta a los derechos fundamentales comunitarios.

La repercusión de esta sentencia es comparable a la del fallo de 2018 que estableció que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado. Una sentencia, por cierto, que la justicia búlgara trasladó al caso de un matrimonio entre dos mujeres. El reconocimiento de la homoparentalidad a nivel trasnacional también fue un punto clave del discurso de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen de hace unos meses. «Porque si eres un progenitor en un país, por supuesto eres un progenitor en todos los países», declaró von der Leyen.

Fuente Dosmanzanas

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Xiomara Castro es la primera mujer en ser presidenta y la gobernante más votada en la historia de Honduras

Los Obispos de Honduras saludan a la Presidenta electa y piden que promueva “un auténtico desarrollo”

La victoria en las elecciones presidenciales de Honduras que tuvieron lugar el pasado 28 de noviembre de Xiomara Castro, la candidata del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), abre un periodo de esperanza para la población LGTBI después de años de maltrato manifiesto por parte de las autoridades. Aunque avances como el reconocimiento del matrimonio igualitario o la adopción homoparental siguen aún lejanos, la inclusión de un significativo apartado de promesas en materia LGTBI, entre ellas medidas de protección contra la discriminación y los delitos de odio o una ley de identidad de género, suponen un soplo de aire fresco, muy especiamente si se tiene en cuenta la situación de partida.

Una situación que ha colocado a Honduras entre los países más peligrosos de América Latina para la comunidad LGTBI, en general, y para los activistas en favor de los derechos humanos y de las personas LGTBI, en particular. Algunos apuntes: el Observatorio de Muertes Violentas de la Comunidad LGBTI de la Red Lésbica Cattrachas ha registrado en lo que va de año 16 asesinatos. En 2020 tuvo constancia de 20, mientras que en 2019 fueron 41. Desde el año 2019 suman un total de 389. De ellas, 221 víctimas fueron identificadas como gais, 122 como personas trans (una de ellas, que se remonta a 2016, consta oficialmente solo como desaparecida) y 46 como lesbianas. Entre las personas trans, destaca muy especialmente el alto número de mujeres asesinadas que ejercían el trabajo sexual (58). Un gran número de estos asesinatos permanecen impunes.

También destaca el alto número de activistas perseguidos. Sin hacer un seguimiento intensivo, son numerosos los casos que en dosmanzanas hemos recogido en los últimos años. Sobre todo tras el golpe de Estado del año 2009 que derrocó a Manuel Zelaya (marido precisamente de la que será nueva presidenta, Xiomara Castro) y a partir del cual la situación se deterioró especialmente, con episodios como la muerte del activista LGTB Walter Tróchez en diciembre de 2009 tras recibir una paliza a manos de agresores que se sospecha eran miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal o el asesinato de los también activistas Wilmer García Alvarado y Erick Martínez Ávila en septiembre de 2010 y en mayo de 2012. La relativa normalización política de años posteriores no se acompañó, sin embargo, de una mejora de la situación de la comunidad LGTBI, cuyos miembros ha seguido siendo objeto de violencia. En 2017 recogíamos, por ejemplo, el asesinato de la activista trans Sherlyn Montoya.

Corría 2016 cuando nos hacíamos eco de un informe para Index on Censorship, que profundizaba en el aumento de la violencia por LGTBIfobia en Honduras, relacionado con diversos factores: el recrudecimiento de la hostilidad de las autoridades hacia los colectivos LGTB organizados tras el golpe de 2009; la proliferación de pandillas o maras; la antipatía de ciertos medios de comunicación hacia las asociaciones pro derechos humanos… Por no olvidar el papel de la Iglesia católica y de los grupos evangélicos como instigadores de odio. No parece que la situación haya mejorado demasiado desde entonces. De hecho, la hostilidad hacia cualquier tipo de medida en favor de la comunidad LGTB por parte del gobernante Partido Nacional ha sido manifiesta durante estos últimos años. Buen ejemplo es lo sucedido el pasado septiembre, cuando el presidente saliente, Juan Orlando Hernández, durante el discurso conmemorativo de la independencia de Honduras, incluyó expresamente como enemigos de la independenciaa «los que promueven los matrimonios entre personas de diferente sexo» (obviamente fue un lapsus y se refería a los defensores del matrimonio igualitario).

El programa LGTBI de la presidenta electa

Es por todo ello que la elección de Xiomara Castro como nueva presidenta supone un soplo de aire fresco para la comunidad LGTBI hondureña. En su programa electoral, por ejemplo, podemos leer que «históricamente, las lesbianas, los homosexuales, trans, bisexuales, intersexuales, queer y diversas formas de orientación y expresión sexual han sido invisibilizadas, marginadas y violentadas por la sociedad y sus instituciones que las discriminan y excluyen. LIBRE [la formación política de Castro] rechaza esa injusticia». «La discriminación a la diversidad sexual se refleja en todos los ejes de la dinámica social, en la negación de derechos a la vida digna, educación, salud y trabajo y tiene su principal sustento en fundamentos religiosos mal entendidos. Pero está reñida con toda ciencia, con la antigua tradición y con el derecho internacional», continúa el texto, que hace referencia en ese momento a las cifras de asesinatos de personas LGTBI mencionadas arriba.

Es por eso que Castro enumera entre sus promesas en esta materia (reproducimos literalmente).

• Ley de protección para personas LGTBIQ+ que asegure políticas de inclusión, su igualdad de remuneración, el respeto a su identidad, e integridad personal, etc.
• Penalizar severamente los crímenes de odio contra personas LGTBIQ+
• Creación de casas seguras con programas de atención primaria a personas LGTBIQ+ víctimas de violencia y riesgo; donde se incluya atención legal, médica, psicológica, etc.
• Unidad de investigación comprometida en la persecución de crímenes violentos de odio a personas LGTBIQ+ que reduzca la impunidad.
• Programa de atención psicológica pública exclusivo para personas LGTBIQ+ para impulsar una salud integral.
• Aprobación de la ley de identidad de género que asegure la inclusión social.
• Promover espacios seguros (locales, institucionales, políticos, públicos) con enfoque de DDHH y desarrollo.

Es importante destacar que la victoria de Castro en las elecciones presidenciales se acompañó de la victoria de su partido, Libre, en las elecciones lesgislativas, al obtener el mayor número de escaños en el Congreso Nacional aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. En este sentido, habrá que ver cómo esta formación de izquierda es capaz de sacar adelante todas aquellas propuestas de su programa que necesiten un desarrollo legislativo.

En cualquier caso, a día hoy hay motivos más que justificados para sentir esperanza.

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Los Obispos de Honduras saludan a la Presidenta electa y piden que promueva “un auténtico desarrollo”

Tras las elecciones en Honduras el pasado 28 de noviembre, en la que fue elegida Iris Xiomara Castro como presidenta de esta nación centroamericana, los Obispos han saludado a la primera mandataria y han pedido que gobierne en pos de “un auténtico desarrollo y crecimiento de nuestro país y de cada familia”.

En especial, abogan para que se busque el bien común en favor de los más pobres y excluidos, por ello han dicho que “nos sumamos a aquellos aspectos que la Sra. Xiomara ha señalado como prioridades de su gobierno y que nosotros también primamos”.

Entre las que han señalado: “La erradicación de la pobreza, la lucha contra la impunidad, la generación de empleos, la dignificación del sistema de salud y de la educación”.

Al respecto, mencionan al Papa Pablo VI, quien “había presentado el desarrollo de los pueblos como el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas: esto es un verdadero acto de justicia y de solidaridad”.

Al tiempo han indicado que esta elección presidencial “es solo uno de los componentes de las elecciones celebradas recientemente”, puesto que “fueron elegidas autoridades edilicias para los 298 municipios del país y, además, los diputados al Congreso Nacional. Con mucho pesar y sincera preocupación, hemos visto cómo en los últimos días se han levantado innumerables voces, señalando que se ha efectuado un fraude en estos otros niveles electivos”, han añadido.

Por tanto, “hacemos un llamado a los entes responsables a prestar la debida atención a estos reclamos y a resolverlos de manera expedita y en base a la ley. Por el bien de nuestro país, no pueden quedar dudas sobre la transparencia en el recuento de los votos y el respeto de la decisión de los votantes”, han dicho.

Fuente Dosmanzanas, Religión Digital

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