Los hechos sucedieron en la ciudad de Palma el pasado viernes 23.

La agresión se desencadenó cuando escucharon a las víctimas hablar en catalán, desembocando en una agresión homófoba. 

Nueva agresión homófoba a una pareja, esta vez en Palma de Mallorca. Y teñida de odio, además, a la lengua catalana (cooficial en Baleares). Ocurrió el pasado viernes, alrededor de las 21:30, en pleno centro de la capital mallorquina. Uno de los agredidos narraba lo sucedido en su perfil de Facebook.

Según la narración que el joven hace de los hechos, la pareja se acababa de despedir de una conocida en catalán. En ese momento, dos chicos y una chica comenzaron a provocarles por hablar en esa lengua. La intimidación pasó después a centrarse en su condición de pareja gay. “Empezaron a seguirnos, burlándose y haciendo gestos, y se mofaron de nosotros por el hecho de ser homosexuales”, explica el joven. Este y su pareja se detuvieron y pidieron tranquilidad al grupo, con intención de que les adelantase y les dejase en paz. No lo hicieron. Le pidieron el móvil  a su pareja, que no les contestó. En ese momento empezaron a gritarles “maricones” y comenzaron a golpearles, causándoles contusiones diversas. Finalmente salieron corriendo, no sin antes robarles una mochila.

Así lo cuenta uno de los miembros de la pareja en su facebook:

Ayer día 23 de febrero a las 21:30 en la calle Arxiduc Lluis Salvador iba con mi pareja y acababa de despedirme de una conocida en mi idioma, catalán, un grupo de dos chicos y una chica que venía detrás de nosotros mirando celosamente la mochila de mi chico y buscando cualquier excusa para robar. Comenzaron a meterse con mi lengua. Seguidamente comenzaron a seguirnos y a burlarse haciendo gestos con los que se metían con nosotros por el hecho de ser homosexuales. Más adelante, nos paramos y los dejamos pasar pidiéndoles tranquilidad; continuaron hacia adelante y le pidieron el móvil a mi chico. El no les contestó, seguimos hacia adelante y nos gritaron: MARICONES.

Nos pararon y uno de ellos nos empezó a golpear; una vez ya nos habían tirado al suelo cogieron la mochila de mi pareja y salieron corriendo.

Las heridas físicas se curan con puntos y enantium. Lo que parece que no se cura son LAS GANAS DE VIOLENCIA, LA DISCRIMINACION TANTO POR CONDICIÓN SEXUAL COMO POR IDIOMA.

Después de todo el apoyo recibido por la familia, amigos y pareja, te levantas un día por la mañana y te das cuenta que causas como esta son las que nos hacen más fuertes y que, SEGUIREMOS LUCHANDO Y SEGUIREMOS ADELANTE CONTRA LA DISCRIMINACION CON MÁS FUERZA QUE NUNCA.

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Pedro Deskremado

el sábado

Ahir dia 23 de febrer a les 21:30 al carrer Arxiduc Lluis Salvador anava amb la meva parella acabava de despedir-me d’una coneguda, en la meva llengua, en català, un grup de 2 nois i una noia ens venia darrera mirant gelosament la motxilla del meu al·lot i cercant qualsevol excusa per robar. Començaren ficant-se amb la meva llengüa. Seguidament començaren a seguirnos burlant-se i fent gestos on, es ficaren amb nosaltres pel fet de ser homosexuals. Seguidament, ens aturarem i…

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La agresión sufrida por la pareja, denunciada ante la Policía Local de Palma y que será tramitada como posible delito de odio, ha merecido la condena de varias instituciones y partidos mallorquines. Entre ellas, el Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca, cuyos presidente y vicepresidente, Miquel Ensenyat (Més per Mallorca) y Jesús Jurado (Podemos), han querido recibir personalmente a la pareja agredida para transmitirles la solidaridad de la institución insular, al tiempo que han agradecido su visibilidad y han animado a denunciar cualquier agresión.

A continuación, insertamos un vídeo con la intervención pública tanto de los dos políticos como de la pareja agredida:

También desde el colectivo LGTB balear Ben Amics han querido hacer pública su solidaridad con las víctimas y han anunciado que en próximos días convocarán una concentración de rechazo por lo sucedido.

Fuente Última Hora, vía Dosmanzanas/EstoyBailando

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Ercan Topaca

Los tribunales administrativos 4º y 13º de Ankara, respectivamente, han rechazado los recursos de apelación de las organizaciones igualitarias Kaos GL y Pink Life (o Pembe Hayat), que pretendían acabar con la prohibición de celebrar actos LGTB, impuesta por el gobernador de Ankara, Ercan Topaca. Para la justicia, que se posiciona a favor de la oficina del gobernador, “la prohibición no causará resultados irrecuperables” y dictamina que tal decisión “no es ilegal”. En cambio, según argumenta el director de programas de ILGA-Europa, Björn van Roozendaal, “la prohibición general es indiscriminada, vaga, indefinida y una clara violación de las convenciones fundamentales de derechos humanos que Turquía ha suscrito voluntariamente”. El gobernador, alineado con la represión de estado LGTBfóbica del presidente Erdoğan, alega que, ante situaciones de “emergencia”, la Constitución de Turquía contempla “detener el uso de los derechos y libertades fundamentales”.

Como recogíamos, el gobernador de Ankara, Ercan Topaca, emitía un comunicado a finales de noviembre prohibiendo por tiempo indefinido todas las expresiones culturales de la comunidad LGTB en la capital turca. El antecedente había sido el veto a la celebración del Festival de Cine LGTBI Alemán, organizado entre otros por la embajada germana. Para la oficina del gobernador, los actos LGTB pueden generar “resentimiento y odio contra una parte de la sociedad”.

Frente tal situación, Kaos GL y Pink Life presentaban sendas apelaciones ante los tribunales, que finalmente han sido rechazadas al considerar que la prohibición “no es ilegal”. Para Björn van Roozendaal, director de programas de ILGA-Europa, “legitimar el odio hacia las personas LGTBI a través de una medida como esta es inaceptable. Debe transmitirse el mensaje de que esto no está bien, la comunidad turca LGTBI no está sola y que sus amigos en otros países de Europa continúan apoyándolos en su lucha legal”.

Y aunque la justicia cree que “la prohibición no causará resultados irrecuperables”, lo cierto es que está influyendo en la escalada LGTBfóbica del resto de Turquía, más allá de los límites de la capital, Ankara, donde la medida es de aplicación. El activismo igualitario turco denuncia que un Festival Queer fue prohibido en Beyoğlu, que la policía irrumpió en una proyección de película LGTB en Bursa y que la administración universitaria de la Universidad Técnica de Medio Oriente evitó dos proyecciones de películas con trasfondo igualitario, entre otras acciones discriminatorias.

Hemos informado de la involución de derechos y de visibilidad pública del colectivo LGTB en Turquía. En 2013 nos hacíamos eco de la histórica manifestación del Orgullo de Estambul, en la que participaron más de 15.000 personas (siendo la más multitudinaria hasta la fecha). Pero las ediciones de 2015 y 2016, en cambio, eran reprimidas violentamente por las autoridades. En 2015, según los organizadores del Orgullo, la marcha fue “prohibida de repente por la oficina del Gobernador de Estambul, a causa del mes de Ramadán, sin ningún aviso”.

Una circunstancia que, siendo exactamente igual, no impidió la manifestación en 2014 (un año en el que el Tribunal Constitucional de Turquía reconocía por primera vez que llamar “pervertidos” a las personas LGTB es lenguaje de odio). En 2016 la Policía turca disolvía violentamente la Marcha del Orgullo Trans de Estambul. Fue prohibida por el gobernador, que justificaba su decisión por “la seguridad de nuestros ciudadanos, en primer lugar, de los propios participantes”, pero desde el activismo LGTB se contempló como una claudicación ante las amenazas de grupos de extrema derecha nacionalista e islamistas. Una semana después, el Orgullo LGTB de Estambul correría la misma suerte. En agosto de 2016, la activista trans Hande Kader era brutalmente vejada y asesinada, después de haberse posicionado en primera fila durante el reprimido Orgullo Trans.

Una situación que se repetía en 2017, cuando tras las amenazas de un grupo ultranacionalista, y lejos de asegurar el ejercicio del derecho de manifestación del colectivo LGTB, el gobernador de Estambul prohibía la manifestación del Orgullo cediendo al chantaje de los extremistas. Cientos de valientes activistas desafiaron la prohibición y salieron a las calles, pero fueron duramente reprimidos.

El deterioro democrático y LGTBfóbico de Turquía

Recep Tayyip Erdoğan

Desde el fallido intento de golpe de estado en Turquía, en julio de 2016, el presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, lo ha utilizado para acallar cualquier voz crítica que le resulte molesta. Ha despedido a miles de funcionarios públicos, acusándolos de golpistas, ha perseguido a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno y a políticos de la oposición y se ha detenido a activistas LGTB como Levent Pişkin o Uğur Büber. Solo en 2016, se imputaron cargos por “terrorismo” a 47.000 personas.

Como culminación del proceso de concentración de poder, el pasado abril Turquía aprobaba en referéndum convertirse en un estado presidencialista por un 51,41% de los votos. Erdoğan concentraba así toda la capacidad ejecutiva, junto a la potestad de elegir jueces de los tribunales superiores y disolver el Parlamento.

Con los dos mandatos de cinco años, aprobados como el plazo máximo que un presidente tendrá posibilidad de ejercer el cargo bajo la nueva Constitución, Erdoğan podría mantener su poder casi absoluto hasta 2029 (las próximas elecciones presidenciales no tienen lugar hasta 2019). Una situación altamente preocupante para el respeto de los derechos humanos y del colectivo LGTB en Turquía.

Fuente Dosmanzanas

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A pesar de que se había anunciado un juicio rápido por un delito leve, finalmente se realizará un procedimiento ordinario por delito de odio que podría conllevar penas de cárcel.

La Asociación Marea ArcoÍris denuncia que en La Rioja se produce al menos una agresión física al mes por homofobia.

Nueva agresión homófoba en Logroño. Ocurrió ayer jueves, alrededor de las once de la noche, cuando la víctima jugaba con su perro en la calle. Dos individuos se burlaron de sus gestos y su forma de hablar, tras lo cual le agarraron del cuello y le lanzaron varias patadas.

Según el parte de lesiones, que el colectivo riojano Marea Arcoíris ha difundido en su cuenta de Twitter, el joven presentaba laceraciones en la cara lateral del cuello, además de hematomas visibles en la mano y en el glúteo derechos.

Aunque en un principio se había anunciado que ya se había identificado a los dos agresores y que se celebraría un juicio rápido por un delito leve, al final se han imputado los delitos de agresión y de delito odio, por lo que se iniciará un procedimiento ordinario que podría conllevar penas de cárcel.

Recibimos la noticia de una agresión homófoba en Logroño, entre humillaciones y vejaciones le han agarrado del cuello y pegado patadas. Ya hay parte de lesiones y se interpondrá denuncia. pic.twitter.com/O00vTK18rf

— Marea Arcoíris Rioja (@ArcoirisRioja) 22 de febrero de 2018

Marea Arcoíris: “al menos una agresión al mes”

Aunque La Rioja es una de las comunidades autónomas en las que menos agresiones por LGTBfobia se denuncian (el Ministerio del Interior no contabilizó ningún caso en sus registros de denuncias por delitos de odio ni en 2015 ni en 2016, los dos últimos ejercicios de los que ha hecho públicas las cifras), ello no quiere decir que no se produzcan. Existe una contrastada divergencia, de hecho, entre los registros oficiales y los que hacen públicos los diversos observatorios vinculados a colectivos en aquellas comunidades en las que existen. No es de extrañar: las entidades LGTB se están convertido en los espacios de referencia para denunciar este tipo de agresiones. Espacios seguros donde dar una atención integral a las víctimas y contrarrestar los peligros de la “normalización” o “trivialización” de las agresiones por parte de las víctimas, lo cual supone uno de los grandes obstáculos para conocer su verdadera frecuencia (junto al miedo a posibles represalias o la desconfianza en los cuerpos policiales y el sistema judicial).

“Por desgracia no es un caso aislado”, explican desde Marea Arcoíris al diario digital Rioja2. “Al menos una vez al mes recibimos en la Marea Arcoíris a una persona que ha sufrido una agresión física, la situación es realmente preocupante. También es cierto que cada vez se da más la cara, antes muchas agresiones no se denunciaban por miedo a salir del armario”, añaden.

Fuente | Rioja2, vía Dosmanzanas

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Mark Pettingill

Comienza la lucha legal por el restablecimiento del matrimonio igualitario en la dependencia británica de Bermudas. A principios de febrero entraba en vigor de la ley que lo derogó y lo sustituyó por una figura específica, con derechos similares pero diferenciada. Apenas una semana después, el abogado y ex fiscal general Mark Pettingill presentaba una demanda contra la medida, en nombre de un ciudadano bermudés que considera discriminatorio que se le niegue la posibilidad de casarse con una persona de su mismo sexo. Pettingill ya representó a la pareja del mismo sexo que consiguió que la Corte Suprema dictaminara a favor del matrimonio igualitario, antes de que el legislativo revirtiera esta sentencia.

La situación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bermudas era un tanto peculiar. En mayo de 2017, la magistrada de la Corte Suprema Charles-Etta Simmons sentenció a favor de dos hombres que habían reclamado ante los tribunales su derecho a casarse. La jueza consideró entonces que la legislación sobre matrimonio vigente en Bermudas era incompatible con los derechos humanos, ya que contenía una discriminación basada en la orientación sexual de los contrayentes. La sentencia tuvo efectos inmediatos y estableció recomendaciones para reformar la normativa, de manera que hiciera referencia a “dos personas” en lugar de a “hombre y mujer”.

Sin embargo, el renuente Partido Laborista Progresista, actualmente en el poder, no obedeció esas recomendaciones, apoyado por una sociedad que solo unos meses antes, había rechazado en referéndum la posibilidad de reconocer jurídicamente las uniones entre personas del mismo sexo, ya fueran en forma de matrimonio o de unión civil. El referéndum, consultivo y no vinculante, no alcanzó, sin embargo, el quórum necesario para ser considerado válido.

Dispuesto a satisfacer a sus votantes más conservadores, el Gobierno de Bermudas no llevó a cabo ninguna de las recomendaciones establecidas en la sentencia de la Corte Suprema, por lo que dos personas del mismo sexo podían conseguir que su unión fuera llamada matrimonio, pero las diversas leyes y normativas que tuvieran que ver con el vínculo matrimonial seguían sin aplicárseles. Finalmente, como una forma de “cortocircuitar” a la Corte Suprema, la Asamblea de Bermudas aprobó un proyecto de ley que en lugar del matrimonio igualitario instituye la figura de las uniones civiles para las parejas del mismo sexo. La medida fue aprobada en diciembre por 24 votos a favor y 10 en contra. A principios de este mes, el gobernador John Rankin, en representación de la reina de Inglaterra, estampaba su firma en la ley, otorgándole plena validez.

Desde entonces, las parejas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio, sino una unión civil que otorga derechos similares pero que es una institución diferenciada. Eso sí, para evitar problemas jurídicos la nueva figura legal no tiene efectos retroactivos, por lo que los matrimonios de parejas del mismo sexo que han tenido lugar desde la sentencia de la Corte Suprema hasta la entrada en vigor de la ley que eliminó esa posibilidad siguen vigentes. Se tiene constancia de diez enlaces en el territorio y cuatro más en barcos con bandera de Bermudas.

El abogado y ex fiscal general Mark Pettingill, sin embargo, no se da por vencido. La semana pasada presentó una demanda ante la Corte Suprema contra la ley de uniones civiles para las parejas del mismo sexo en representación de Rod Ferguson, un ciudadano de Bermudas residente en Estados Unidos. Ferguson considera que negarle su derecho a contraer matrimonio es inconstitucional por suponer un “trato inhumano o degradante”.

El demandante y su representante legal esperan conseguir la derogación de la ley de uniones civiles por vulnerar los derechos constitucionales de libertad de conciencia, expresión, asociación y credo y algunos relacionados con la propiedad. Pettingill cree que el caso podría llegar incluso a los tribunales europeos, por la singularidad de una situación en el que las parejas del mismo sexo pudieron contraer matrimonio durante un periodo de tiempo y después se las despojó de este derecho. Estaremos pendientes del recorrido de la demanda.

El matrimonio igualitario en el Reino Unido

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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El fiscal especial para delitos de odio y discriminación de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, solicita una pena de nueve años de prisión para dos de los autores de una grave agresión homófoba que tuvo lugar en octubre de 2016 en la capital catalana.

Lo recoge eldiario.es. Los hechos ocurrieron en el barrio del Putget de Barcelona. Tres hombres golpearon a una pareja gay a la que ya venían acosando desde tiempo atrás mediante “miradas desafiantes y hostiles” y “evidente desprecio a su condición sexual”. El día 31 de octubre de 2016, el acoso desembocó en agresión física. Mientras la pareja bajaba del coche a su perro y otros efectos personales, tres jóvenes comenzaron a increparles, con insultos y amenazas del tipo de “maricones que estáis molestando con este perro” u “os voy a matar cuando no haya nadie, maricones de mierda”.

Uno de los agredidos intentó entonces hacer una foto de los agresores con el teléfono móvil, lo que provocó que inicialmente estos desaparecieran de la vista. Pasados unos minutos, sin embargo, “por la espalda y sin posibilidad alguna de defensa”, los ahora acusados “golpearon reiteradamente con un casco y con los puños” a la pareja. Una de las víctimas llegó a perder el conocimiento. Ambas sufrieron además lesiones de diversa consideración que precisaron 60 y 90 días de curación y estrés postraumático. Según el escrito del fiscal, los agresores también arrebataron a las víctimas sus teléfonos, que arrojaron “deliberadamente” contra el suelo dejándolos inservibles.

La Fiscalía pide nueve años de cárcel para dos de los agresores, a los que considera principales responsables, por sendos delitos de lesiones con instrumento peligroso y un delito leve de daños. Les solicita además el pago de 39.000 y 16.000 euros a las dos víctimas en concepto de indemnización. Al tercer acusado le pide dos años de cárcel por un delito de amenazas. La petición de pena incluye la agravante de discriminación por razón de orientación sexual (artículo 22.4 del Código Penal).

Cataluña: la comunidad con más agresiones por LGTBfobia

Según la estadística de delitos de odio del Ministerio del Interior correspondiente a 2016, Cataluña fue la comunidad que más delitos de odio por LGTBfobia registró oficialmente (60). Respecto a 2017, no se han hecho públicas todavía cifras oficiales, pero los datos provisionales del Observatori contra l’Homofòbia recogen un total de 112 incidencias, de las cuales 18 son agresiones físicas. Siempre según este recuento provisional, en 2017 se habrían registrado 28 incidencias más que el año anterior (en 2016 se registraron 84 incidencias). Es cierto que dicho crecimiento puede responder tanto a un aumento real de la LGBTIfobia como a una mayor tendencia por parte de las víctimas a denunciar lo sucedido.

El último episodio de agresión por LGTBfobia que recogimos ha ocurrido este mismo mes: dos chicas, una de ellas trans, caminaban de madrugada por el barrio de Sants cuando fueron agredidas por tres jóvenes que a bordo de un coche se detuvieron a su altura, haciéndose pasar por agentes de policía. Las jóvenes no cayeron en la trampa y continuaron su camino, pero los agresores descendieron del coche, las insultaron y las agredieron físicamente. La chica trans sufrió fractura nasal y diversos hematomas.

Si a ello añadimos el repunte de episodios de homofobia relacionados de una u otra forma con el conflicto político catalán, protagonizados mayoritariamente por grupos de extrema derecha (en noviembre dedicamos una entrada al tema), el panorama es ciertamente preocupante.

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Por fin una decisión judicial relacionada con el odio LGTBfóbico de la que nos congratulamos, después de habernos hecho eco de varios episodios en los que los jueces se han mostrado insensibles a esta realidad. Lo recoge la cadena SER. El periodista Eulogio López ha sido condenado a seis meses de cárcel y al pago de una multa de 1.800 euros (además de las costas) tras ser declarado culpable de un delito de odio por publicar en YouTube un vídeo que relacionaba homosexualidad y pederastia.

Eulogio López es el fundador de Hispanidad, un conocido diario digital ultraconservador. El vídeo por el que ahora ha sido condenado se titulaba “Sodomía y pederastia son dos ramas del mismo tronco”, y fue publicado en YouTube hace ahora tres años, acumulando más de 2.000 visitas antes de ser retirado. En él vinculaba abiertamente la pederastia con la homosexualidad, al asegurar por ejemplo que más del 90% de los casos son “de práctica sodomítica”. También equiparaba pederastia y homosexualidad como “dos degeneraciones anticristianas”.

La sección 23ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado ahora la condena que ya le había sido impuesta por el Juzgado de lo Penal nº 16, al considerar que en efecto los contenidos del vídeo son constitutivos de un delito de odio. “La dosis de menosprecio y descrédito que encierran estas palabras es sencillamente brutal, intolerable para una sociedad basada en el respeto a la dignidad y la libertad de las personas”, argumentan los jueces, que además critican el uso de estadísticas “carentes de todo contraste científico” y la enumeración de datos “tan desmesurados como insostenibles”.

El tribunal considera que establecer esta falsa relación no tenía otra finalidad que la de humillar a las personas homosexuales, por lo que los hechos constituyen un delito de odio, desestimando los argumentos de la defensa, que apelaban a la libertad de expresión, además de negar que el periodista quisiera “ofender ni lesionar la dignidad de los homosexuales”. Contra la sentencia no cabe recurso.

Un antecedente positivo tras varios reveses 

Hace ahora una semana nos hacíamos eco de lo sucedido en Valladolid, donde un juzgado desestimó el recurso de dos chicos que sufrieron el pasado junio una agresión de tintes homófobos, circunstancia que ni la jueza ni la Fiscalía quisieron tener en cuenta, y que finalmente consideraron simplemente un delito de lesiones leves.

No es el primer caso del que nos hacemos eco en los últimos tiempos. Sucedió hace unos meses en Alicante, donde la justicia se negó a reconocer la existencia de un delito de odio por homofobia en la agresión a una pareja gay ocurrida en Moraira. El agresor, antiguo compañero de instituto de uno de los agredidos y que nunca aceptó de buen grado su orientación sexual, continuó luego su acoso en redes sociales. O en 2016 en Madrid, donde la justicia consideró que no había homofobia en llamar a un grupo de chicos gais “maricones de mierda” y agredirlos físicamente (y ello pese a que la propia sentencia reconoció ambos hechos como probados). Y todo ello sin hablar de aquellos ataques en los que no ha habido propiamente agresión física, pero sí una campaña de odio perfectamente planificada, como ha sido el caso de la campaña tránsfoba de HazteOír…

El artículo 510 del Código Penal español, en su apartado 2, castiga a pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses a quienes “lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”. El artículo 22, por su parte, en su apartado 4, considera circunstancia agravante de un delito el cometerlo “por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad”. Quizá tengamos un problema de comprensión lectora, pero a nosotros nos parece evidente que la ley proporciona herramientas a los jueces para que castiguen adecuadamente la LGTBfobia. Y no todos lo están haciendo.

Confiemos en que la senda abierta por la sección 23ª de la Audiencia de Madrid tenga continuidad y que la justicia comience a tomarse en serio esta dramática realidad.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. :Audiencia Provincial de Madrid, Cadena Ser, Delitos de Odio, Eulogio Lopez, Hispanidad, Homofobia, LGTBfobia, Madrid

CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, está promoviendo una intensa campaña contra la despenalización de la homosexualidad en Kenia. Un país en el que, como informamos hace escasas semanas, la justicia debe decidir sobre la demanda interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC en sus siglas en inglés) contra la ley que castiga las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel. Llama poderosísimamente la atención que una organización que ha sido declarada por el Gobierno español “de utilidad pública” pueda llevar a cabo campañas internacionales de desprecio a los derechos humanos más fundamentales sin problema alguno.

Como comentamos en nuestra anterior entrada, si la demanda de la NGLHRC logra una sentencia favorable a la descriminalización tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso para el empeoramiento de la situación de las personas que mantienen relaciones con otras de su mismo sexo en numerosos países de la órbita de la Commonwealth, cuya próxima reunión de Jefes de Estado o de Gobierno está fijada para la semana del 16 de abril en Londres y en la que la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo promete ser uno de los puntos candentes de debate.

La primera audiencia del proceso, en la que los demandantes explicaron sus posiciones, ya ha tenido lugar, mientras que la segunda está fechada para este próximo jueves 22. En ella espera un cruce de posturas radicalmente enfrentadas. Por una parte, el activismo LGTB ha solicitado la comparecencia de un psiquiatra, que explicará conceptos como la orientación sexual y dejará claro por qué no deben ser ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo. El Foro de Profesionales Cristianos de Kenia, por su parte, presentará a comparecientes que defenderán la actual situación de criminalización de la homosexualidad. El fallo se espera en abril, y en este momento las espaldas están en todo lo alto. Según medios LGTB internacionales, del panel de tres jueces que deben decidir, uno sería proclive a la despenalización, otro sería contrario y un tercero estará indeciso.

Pero si hoy traemos la noticia (ya en nuestra anterior entrada hicimos un repaso de la situación y por el momento, a la espera de lo que suceda el jueves, no ha habido grandes cambios) es por el destacado papel que CitizenGo, la marca internacional de HazteOír, está teniendo como agitador de los instintos homófobos. Lo destaca la propia prensa keniana, recogiendo el papel que CitizenGO está teniendo como lobby de presión en contra de que el Tribunal Superior de Justicia de Kenia pueda fallar a favor de la despenalización, y que entre otras acciones ha cristalizado en una petición de recogida de firmas lanzada el pasado día 6 “contra el activismo judicial en asuntos LGBT”. Según la petición, dirigida al juez David Maraga (máxima autoridad judicial del país), “Kenia está siendo utilizada por los activistas gais como una puerta de entrada hacia la legalización de los LGBT que no debe permitirse”. CitizenGO reclama que la demanda de NGLHRC sea rechazada y que cualquier cambio en esta materia sea decidido vía referéndum. La petición se acompaña, por cierto, de una imagen en la que aparecen tachadas las siglas LGBT.

HazteOír, entidad de “utilidad pública” gracias al Gobierno del PP

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces advertimos del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben (artículo 32) “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informó en su momento infoLibre (medio ue ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Es por todo ello que, tras sus recientes campañas contra las leyes autonómicas en favor de la igualdad de las personas LGTB y sobre todo tras su vergonzante campaña de odio contra los niñas y niñas transexuales y sus familias, desde diferentes ámbitos se le ha solicitado al Gobierno la retirada del estatus de utilidad pública a HazteOír, incluyendo por ejemplo la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de los diputados del PP). El actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se niega sin embargo de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

Fuente Dosmanzanas

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Por segundo año consecutivo, la empresa de patatas congeladas McCain ha decidido dedicar su campaña publicitaria a la diversidad. En 2017 sus anuncios versaron sobre los distintos tipos de familia, incluidas la homoparentales, lo que soliviantó a los más conservadores, que reaccionaron con furia y amenazas de boicot. Pero McCain no se ha echado atrás y, en vez de complacer a los intolerantes, ha homenajeado en sus anuncios de este 2018 al amor. Para ello, se formula la siguiente pregunta: «cuando se trata de amor, ¿qué es lo normal?». La respuesta es representar a distintos tipos de parejas, incluyendo a una formada por dos mujeres, y deducir que «lo normal no es normal».

El pasado año, el anuncio de McCain intentaba seducir a sus potenciales recurriendo al concepto de familia. Para ello, mostraba familias reales, pues su intención era «homenajear a los hogares auténticos, representando la vida familiar honesta y moderna». Así, se aparecían madres trabajadoras, parejas interraciales, los abuelos y abuelas, pero también familias en las que había dos papás. En concreto, la formada por Lee y Mat Samuels-Camozzi, que tuvo que hacer frente a virulentos mensajes de odio en las redes sociales por aparecer en el anuncio junto a su hijo Carter. También se sucedieron las amenazas de boicot de quienes tachaban la campaña de «asquerosa» por mostrar la diversidad. A continuación, podéis ver el anuncio:

Pero las protestas no han arredrado a McCain, que en su campaña para este año ha elegido como motivo el amor y, de nuevo, la diversidad. «Cuando se trata de amor, ¿qué es lo normal?», se pregunta, deduciendo finalmente que «lo normal no es normal» y afirmando con contundencia que «al amor no le importa el género, de dónde eres o lo que otros puedan pensar. No juzgará la capacidad, o la llamada discapacidad». Para demostrarlo muestra a parejas interraciales o con miembros de distintas nacionalidades o religiones, a aquellas en las que uno de sus componentes tiene alguna discapacidad y también a una pareja formada por dos mujeres. Podéis verlo también a continuación:

Felicitamos a la empresa por su empeño en mostrar la diversidad en el amor y en las familias, y por no ceder fácilmente a las amenazas de los intolerantes.

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Solo han pasado unos días desde la redada a varios salones de belleza en la región indonesia de Aceh, en donde rige oficialmente la sharía o ley islámica desde 2005. La policía detuvo a 12 mujeres trans, afeitándoles el cabello en público, desnudándolas y obligándolas a vestirse con ropas masculinas para, supuestamente, convertirlas en “hombres normales”. Ahora, las autoridades han emitido una circular en la que amenazan con retirar la licencia a las peluquerías que contraten a mujeres trans. Con esta medida, conscientemente, están condenando a estas mujeres a la marginalidad, ya que es una de las pocas actividades profesionales “legales” en la que hasta ahora encontraban oportunidades de empleo. Además, las autoridades están organizando seminarios para “alertar” a la población de los “peligros” que, a su juicio, entrañaría la comunidad LGTB.

Parece que la LGTBfobia oficial en esta región semiautónoma del noroeste de Indonesia no ha alcanzado su techo todavía. A la abierta persecución que sufren las personas LGTB en Aceh, se suma el inicio de una campaña de “educación” para la población. Sirva de ejemplo el seminario organizado por un centro oficial juvenil, el pasado fin de semana, para prevenir a los jóvenes de los “peligros” LGTB. “Este comportamiento desviado está prohibido en la Sharía y es una enfermedad psiquiátrica”, argumentan falsamente. Además, solicitan que “los padres, maestros y la comunidad puedan prevenir y rescatar a las víctimas que ya se han desviado”.

Pero el verdadero peligro para los derechos humanos reside en las propias autoridades y en la policía de Aceh, que imponen su moral por la fuerza. Si hace tan solo unos días recogíamos la humillación pública a la que se sometió a 12 mujeres trans, como consecuencia de varias redadas sincronizadas a salones de belleza, ahora se les quiere impedir trabajar. A ellas y a cualquier persona LGTB.

En el distrito de Aceh Besar se pretende modificar la legislación para que las mujeres trans (les llaman “travestis” o “warias” sin distinción) “no puedan abrir un negocio y trabajar” en salones de belleza, peluquerías o barberías. Y, por si no fuera suficiente, quieren atribuirse derechos para realizar registros habituales y retirar la licencia a los establecimientos con trabajadoras trans o a los que se les acuse de ser LGTB.

Posible criminalización de la homosexualidad en todo el país

La noticia tiene lugar en un contexto especialmente hostil, dada la discusión que se ha abierto sobre una posible criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, de la que también hablamos hace pocos días, y que ha desencadenado una auténtica espiral de LGTBfobia. De hecho, un diputado indonesio proponía la semana pasada modificar la legislación nacional para no solo castigar las relaciones homosexuales con cárcel, sino incluir además la pena de muerte para el colectivo LGTB (o, como mínimo, la cadena perpetua). El artífice de tal propuesta es Muslim Ayub, miembro del Partido Mandato Nacional Islámico (PAN).

Hanafi Rais, otro diputado del mismo partido, aseguraba que el debate sobre la criminalización de la homosexualidad está siendo acordado “por la mayoría de los partidos políticos indonesios”. Los seis partidos seculares, que controlan a la mayoría en la presente legislatura, no parecen, en todo caso, querer ponerse en contra a los extremistas islámicos antes de las elecciones de junio, en las que 171 regiones votarán por nuevos gobernadores, alcaldes y jefes de distrito.

Realidad LGTB en Indonesia

El pasado mes de diciembre recogíamos la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta “fiesta gay” en Yakarta, la capital de este país asiático. Como decíamos hace ahora poco más de un mes, esta la noticia suponía un paso más en la escalada de LGTBfobia de estado que vive Indonesia. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía.

El hecho de que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente esta no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (En Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.

Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017, que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una “fiesta gay” en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres. Una estigmatización a la que también ha contribuido la decisión de la Asociación Psiquiátrica Indonesia de clasificar la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad como trastornos mentales.

En diciembre también aludíamos al “respiro provisional” que había supuesto la decisión del Tribunal Constitucional de Indonesia de rechazar una propuesta de criminalización de las relaciones sexuales entre personas no casadas, cuyo objetivo principal no era otro que el de castigar por vía indirecta las relaciones homosexuales. Poco duraba el respiro, por desgracia.

Fuente Dosmanzanas

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El ministerio de Sanidad de Japón emitió a finales de enero un decreto dirigido a los responsables de las empresas hoteleras, donde se especifica que denegarles la entrada a las parejas del mismo sexo constituye una discriminación prohibida por la ley. La medida es el resultado de las denuncias presentadas por dos parejas de hombres a las que impidieron la estancia en sendos love hotels (establecimientos de habitaciones por horas), y entrará en vigor en junio.

Los love hotels son un tipo de establecimiento hotelero popular en Japón pensado para encuentros sexuales, en el que se puede hacer uso de una habitación por un periodo de tiempo a partir de una hora. Las demandas presentadas por dos parejas de hombres, que fueron conminadas a abandonar las instalaciones de sendos love hotels en Tokio y Osaka, han sacado a la luz la discriminación a la que se enfrentan las personas LGTB en los establecimientos hoteleros en general. El Gobierno de Japón pretende poner fin a esta situación.

En octubre de 2016, un empleado de un love hotel de Osaka informó a hombre de 31 años y a su compañero, que pretendían hacer uso de sus instalaciones, de que el establecimiento no admitía a parejas gais. El afectado relató esa misma noche en su blog que tardó unas horas en ser consciente de la discriminación que había sufrido, y que se sentía “como si todo mi cuerpo estuviera pintado con tinta negra”.

Los comentarios que despertó su publicación lo animaron a denunciar el episodio ante las autoridades locales de Osaka, que llevaron a cabo una inspección del establecimiento. Los encargados sostuvieron que no habían prohibido el acceso a la pareja, sino que “simplemente” les habían pedido que utilizaran habitaciones separadas. Un caso similar ocurrió posteriormente en Tokio.

Expertos en la materia y responsables de cadenas hoteleras creen que las propias empresas que rechazan sistemáticamente a las parejas del mismo sexo no son conscientes de estar discriminando por orientación sexual, sino que se trata de un uso habitual con el que creen que se evitan problemas. La ley, sin embargo, ya es clara: solo se puede negar la entrada a personas con enfermedades infecciosas o que lleven a cabo actividades ilegales como apuestas de juego.

El asunto ha llegado al ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar, que emitió un decreto el pasado 31 de enero para clarificar la situación. Ningún establecimiento puede “rechazar a clientes a causa de su orientación sexual o identidad de género” y además deben darle un servicio adecuado. Por ejemplo, facilitándoles una habitación con una cama de matrimonio a dos personas del mismo sexo si así lo solicitan. Las nuevas directrices, que ya han sido transmitidas a las autoridades locales, entrarán en vigor el próximo 15 de junio.

Fuente Dosmanzanas

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Hemos recibido la nota de prensa de Valladolid Diversa, pero este artículo de Domanzanas refleja perfectamente el hecho… y nuestra opinión:

Algunos jueces se hacen los remolones cuando de castigar penalmente la LGTBfobia se trata. Es, al menos, la sensación que se desprende de noticias como la sucedida en Valladolid, donde el Juzgado de Instrucción nº 3 ha desestimado el recurso de dos chicos que sufrieron el pasado junio una agresión de tintes homófobos, circunstancia que ni la jueza ni la Fiscalía han querido tener en cuenta. El episodio de Valladolid se suma a otros que generan una sensación de inquietante impunidad entre el colectivo LGTB.

El pasado mes de junio nos hicimos eco de la agresión, ocurrida en un parque, y que fue denunciada por el colectivo Valladolid Diversa, al que pertenecen las víctimas, Álvaro Escudero (activista que ya en el pasado había sido víctima de amenazas por su visibilidad en redes sociales) y José Manuel. “Vienen de ahí atrás de darse por el culo”, “maricones”, “sidosos” o “pederastas” fueron algunos de los insultos con los que los agresores acompañaron el ataque, desencadenado después de que las víctimas les recriminaran su actitud vandálica hacia unos cisnes del parque. La policía apareció al final e identificó a los agresores, que según expresó en su momento Álvaro Escudero no destacaban por ninguna estética especial. “Los agresores no eran nazis, o al menos no lo parecían. Eran simplemente homófobos. Esto puede pasarle a cualquiera en cualquier momento”, escribía en Twitter.

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Valladolid, sin embargo, consideró que no había existido delito de odio y decidió tramitarlo simplemente como un delito de lesiones leves (los jóvenes recibieron varias patadas que les causaron hematomas). La jueza estimó que las injurias denunciadas se correspondían, en todo caso, con “vejaciones injustas”. Estas fueron despenalizadas en 2015, por lo que, según el auto, lo que procedía era “el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones respecto lo anterior [el posible delito de odio]“.

Una decisión que fue recurrida por Valladolid Diversa y que sorprendentemente la Fiscalía avaló, al considerar que la existencia de un incidente previo anulaba la intencionalidad homófoba de la agresión: inmediatamente antes, las víctimas habían recriminado a un grupo de hombres que estuviesen tirando piedras a unos cisnes, y les dijeron que llamarían a la policía si continuaban. Fue entonces cuando una de las mujeres que les acompañaban dijo al resto del grupo, en actitud de mofa, “vienen de ahí atrás de darse por el culo”. Ese fue el pistoletazo de salida para el resto de insultos homófobos y la agresión física, y al que la Fiscalía sin embargo resta importancia. Una decisión sorprendente para Valladolid Diversa. “Entendemos que esto no impide que la agresión que sufrieron nuestros compañeros sea delito de odio. ¿En el caso de una agresión por violencia machista se tiene en cuenta si hubo una discusión previa de la pareja ‘ajena al género de la misma’ y por eso deja de ser violencia machista? Lógicamente no. La violencia machista es violencia machista en cualquier contexto. Del mismo modo una agresión homófoba también es una agresión homófoba independientemente de que haya una discusión previa”, expresaron en su momento desde este colectivo.

Finalmente, tal y como era de esperar tras el posicionamiento de la Fiscalía, la jueza ha acabado por desestimar el recurso de las víctimas y archivar la denuncia por delito de odio, argumentando que “las palabras empleadas no pueden desconectarse del episodio previo de discusión y ajeno a la condición sexual de los denunciantes”. “Este argumento no se sostiene. Está claro que fue la orientación sexual de las víctimas lo que hizo que el encuentro con los agresores pasara de palabras tranquilas a insultos, amenazas y por último a la agresión física. Con cisnes o sin ellos, la homofobia es homofobia. La agresión que sufrieron Álvaro y Manu fue motivada por su orientación sexual, lo cual queda muy claro en los insultos que recibieron mientras eran agredidos. Por tanto, es un delito de odio. Es lamentable que tanto la Fiscalía como la jueza insistan en defender a los agresores al no querer reconocerlo”, expresa en un comunicado Valladolid Diversa.

Concentración hoy jueves a las 11:00 horas

“La impunidad de los agresores, aparte de injusta, es peligrosísima, porque anima a todos homófobos y tránsfobos a seguir agrediendo a las personas de géneros y sexualidades diversas. Si la administración judicial no funciona como debería, los delitos de odio contra nuestro colectivo seguirán aumentando. Por supuesto, desde Valladolid Diversa recurriremos a la Audiencia Provincial, pero también creemos que hay que mostrar el rechazo de la sociedad a la impunidad de las agresiones homófobas”, finaliza el comunicado de Valladolid Diversa, que ha convocado una concentración este jueves, 15 de febrero, a las 11:00 horas en la puerta de los juzgados de Valladolid (calle Angustias, nº 40).

Agresiones homófobas en las que la justicia no castiga la homofobia

No es el primer caso del que nos hacemos eco en los últimos tiempos. Sucedió hace unos meses en Alicante, donde la justicia se negó a reconocer la existencia de un delito de odio por homofobia en la agresión a una pareja gay ocurrida en Moraira. El agresor, antiguo compañero de instituto de uno de los agredidos y que nunca aceptó de buen grado su orientación sexual, continuó luego su acoso en redes sociales. O en 2016 en Madrid, donde la justicia consideró que no había homofobia en llamar a un grupo de chicos gais “maricones de mierda” y agredirlos físicamente (y ello pese a que la propia sentencia reconoció ambos hechos como probados). Y todo ello sin hablar de aquellos ataques en los que no ha habido propiamente agresión física, pero sí una campaña de odio perfectamente planificada, como ha sido el caso de la campaña tránsfoba de HazteOír…

El artículo 510 del Código Penal español, en su apartado 2, castiga a pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses a quienes “lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”. El artículo 22, por su parte, en su apartado 4, considera circunstancia agravante de un delito el cometerlo “por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad”. Quizá tengamos un problema de comprensión lectora, pero a nosotros nos parece evidente que la ley proporciona herramientas a los jueces para que castiguen adecuadamente la LGTBfobia. Y no todos lo están haciendo.

Fuente Dosmanzanas

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La delegación socialista española (PSOE) en el Parlamento Europeo ha promovido una carta que solicita la revocación del nombramiento de María Elósegui como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (puedes descargarla aquí). Por lo que se refiere a los eurodiputados españoles, a la carta se han adherido todos los eurodiputados de Podemos y de Izquierda Unida, así como varios de los integrados en el grupo liberal del Parlamento Europeo (ALDE). En concreto, la independiente Beatriz Becerra (una eurodiputada muy destacada por su defensa de los derechos LGTB), así como Izaskun Bilbao (PNV), Maite Pagazaurtundúa (UPyD), Carolina Punset (Ciudadanos) y Ramón Tremosa (PDeCAT).

Por el contrario, no han secundado la misiva ni Javier Nart (el otro eurodiputado de Ciudadanos) ni Enrique Calvet ni Teresa Giménez Barbat. Estos dos últimos, al igual que Beatriz Becerra, fueron  elegidos en su momento en las listas de UPyD (aunque luego abandonaron el partido). Todos ellos forman parte de ALDE, el grupo liberal del Parlamento Europeo.

Tampoco la han secundado el eurodiputado de EH Bildu Josu Juaristi ni la eurodiputada de Alternativa Galega de Esquerda Lidia Senra (que abandonó en marzo de 2017 la delegación de Izquierda Plural y que ya no está integrada en el grupo de la Izquierda Unitaria Europea), así como ninguno de los eurodiputados del Partido Popular. Cabe señalar, en este sentido, que la delegación socialista española en el Parlamento Europeo recabó para su carta el apoyo de distintos grupos políticos de la Eurocámara, pero no de todos. No lo hizo “del Partido Popular Europeo, de los no inscritos y de las formaciones antieuropeas y xenófobas”, según el comunicado en el que anunciaron la iniciativa.

La carta cuenta con 75 firmas en total (un 10% del total de eurodiputados) y ha sido remitida este lunes al presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Michele Nicoletti, y al presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Guido Raimondi. En ella los firmantes expresan su profunda preocupación por las opiniones vertidas por María Elósegui en diferentes trabajos y conferencias en referencia a la homosexualidad y a la transexualidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recordemos, no es una institución vinculada a la Unión Europea, sino al Consejo de Europa, y sun función es la de actuar como garante de los derechos reconocidos por la Convención Europea de Derechos Humanos y sus protocolos adicionales.

Elósegui no piensa dimitir

Este sábado nos hacíamos eco, precisamente, de la negativa de Elósegui a renunciar a su cargo por voluntad propia. En una entrevista a El Confidencial, se mostraba incluso desafiante hacia los que se lo han pedido. “Que pidan lo que quieran, yo ya he sido nombrada magistrada y eso es irreversible e irrevocable”, declaraba.

Dosmanzanas fue el primer medio que el pasado 24 de enero hizo hincapié en los antecedentes LGTBfobos de Elósegui, aunque no fue hasta un día después, cuando eldiario.es publicó la información e incluyó algunas referencias más, cuando la noticia alcanzó eco nacional. Elósegui formaba parte de la terna de candidatos que el Gobierno de Mariano Rajoy había presentado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para ocupar la vacante española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y aunque no era la que contaba con las preferencias de la comisión evaluadora, la Asamblea Parlamentaria acabó decantándose por ella. Sus supuestos méritos en materia de igualdad de género fueron sin duda uno de los elementos que jugaron a su favor. Posteriormente se supo además que Elósegui había falseado el currículum que había presentado (aquí puedes verlo, junto al de los otros dos candidatos). Aseguraba haber elaborado el borrador de la ley de igualdad aprobada en 2007 y promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, algo que no es cierto.

Son diversos los trabajos en los que de forma consistente Elósegui expone sus tesis homófobas y tránsfobas. Pero valga un ejemplo muy revelador: nada mejor que escucharla a ella misma, en la tercera parte de una clase magistral pronunciada en 2007 y que podemos encontrar colgada en el canal de YouTube de Una Mujer Una Voz. En ella, Elósegui se refiere a la transexualidad como “un síndrome catalogado dentro de la Psiquiatría” en el que “no hay ningún error cromosómico: es perfectamente varón o perfectamente mujer“ pero en el que la persona “no quiere reconocer su cuerpo“. Un síndrome psiquiátrico para el que Elósegui distingue dos tipos de “terapias”. La primera no es otra que la reasignación de sexo. La segunda, por la que Elósegui claramente muestra su preferencia, es el tratamiento psiquátrico. “Si la disfunción se da por la no aceptación de lo somático, lo que hay que hacer es una terapia psíquica: lo que habría que reconstruir es la aceptación por parte del transexual de su sexo cromosómico”, asegura. En definitiva: la transexualidad es un síndrome psiquiátrico para la que propone “terapia psíquica” con objeto de “reconstruir” la aceptación del sexo cromosómico. Terapia reparadora, dicho con otras palabras.

De ahí que tanto los colectivos LGTB españoles como europeos hayan expresado su inquietud. Como también contamos el sábado, ILGA-Europa, la organización “paraguas” que agrupa a casi 500 colectivos y entidades LGTBI de todo el continente, ha hecho público un comunicado, firmado además por Transgender Europe, en la que asegura que vigilará muy estrechamente la situación. “Esperamos que todos los jueces elegidos para servir en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo hagan con una mentalidad abierta y libre de sesgos. Cualquier indicio de sesgo anti-LGTBI es, obviamente, causa de preocupación”, señala el comunicado. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha suscrito también la declaración, recordando además que, de forma conjunta con el colectivo DeFrente, está recogiendo firmas para instar a los representantes españoles en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que hagan todo lo que esté en su mano para evitar que Elósegui tome posesión del cargo en marzo.

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María Elósegui no solo se enroca en sus posiciones en una entrevista a El Confidencial, sino que incluso se muestra desafiante y responde con chulería cuando se le recuerda la petición de dimisión. “Que pidan lo que quieran, yo ya he sido nombrada magistrada y eso es irreversible e irrevocable”, ha declarado. Mientras tanto, los colectivos LGTB europeos muestra su preocupación por el nombramiento de Elósegui como magistrada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Dosmanzanas fue el primer medio que el pasado día 24 hizo hincapié en los antecedentes LGTBfobos de Elósegui, aunque no fue hasta un día después, cuando eldiario.es publicó la información e incluyó algunas referencias más, cuando la noticia alcanzó eco nacional. Elósegui formaba parte de la terna de candidatos que el Gobierno de Mariano Rajoy había presentado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para ocupar la vacante la vacante española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y aunque no era la que contaba con las preferencias de la comisión evaluadora, la Asamblea Parlamentaria acabó decantándose por ella. Sus supuestos méritos en materia de igualdad de género fueron sin duda uno de los elementos que jugaron a su favor. Posteriormente se supo además que Elósegui había falseado el currículum que había presentado (aquí puedes verlo, junto al de los otros dos candidatos). Aseguraba haber elaborado el borrador de la ley de igualdad aprobada en 2007 y promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, algo que no es cierto.

Lo sucedido desde entonces es bien conocido: peticiones de cese por el falseamiento del currículum, solicitud de explicaciones al Gobierno, petición de dimisión en change.org… Como era previsible, nada de eso ha sucedido. La propia María Elósegui lo deja claro en la entrevista a El Confidencial. “Parte de la polémica se ha centrado en sus ideas. Miembros del colectivo LGTBI han promovido una recogida de firmas para que usted dimita. ¿Cree usted que debe dimitir?”, le preguntan. “He sido votada por una asamblea parlamentaria y me debo a mis electores. Los periódicos, con todos mis respetos, no es el lugar en el que se vota. Se vota con los procedimientos formales, no se hace un juicio en paralelo. Eso no tiene ni pies ni cabeza”, responde. “La petición que le hacen es que dimita porque consideran que usted es homófoba”, insiste la periodista. “Que pidan lo que quieran, yo ya he sido nombrada magistrada y eso es irreversible e irrevocable”, añade Elósegui.

La nueva jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos insiste además en que sus palabras han sido manipuladas. “Niego la mayor. No son mis palabras, se han sacado de contexto y tergiversado, han puesto en boca mía cosas que no he dicho yo. Han hecho una mezcla, un popurrí, con idea de lesionar mi honor y buscando un acoso o discriminación laboral”, asegura.

Afirmaciones, es necesario insistir, que no son ciertas: son diversos los trabajos en los que de forma consistente Elósegui expone sus tesis homófobas y tránsfobas. Pero valga un ejemplo muy revelador: nada mejor que escucharla a ella misma, en la tercera parte de una clase magistral pronunciada en 2007 y que podemos encontrar colgada en el canal de YouTube de Una Mujer Una Voz. En ella, Elósegui se refiere a la transexualidad como “un síndrome catalogado dentro de la Psiquiatría” en el que “no hay ningún error cromosómico: es perfectamente varón o perfectamente mujer“ pero en el que la persona “no quiere reconocer su cuerpo“. Un síndrome psiquiátrico para el que Elósegui distingue dos tipos de “terapias”. La primera no es otra que la reasignación de sexo. La segunda, por la que Elósegui claramente muestra su preferencia, es el tratamiento psiquátrico. “Si la disfunción se da por la no aceptación de lo somático, lo que hay que hacer es una terapia psíquica: lo que habría que reconstruir es la aceptación por parte del transexual de su sexo cromosómico”, asegura. En definitiva: la transexualidad es un síndrome psiquiátrico para la que propone “terapia psíquica” con objeto de “reconstruir” la aceptación del sexo cromosómico. Terapia reparadora, dicho con otras palabras. Ni tergiversación ni manipulación.

Posicionamiento de ILGA Europe

La alarma por las opiniones de Elósegui, entretanto, ya ha sobrepasado nuestras fronteras. ILGA-Europa, la organización “paraguas” que agrupa a casi 500 colectivos y entidades LGTBI de todo el continente, hizo público hace varios días un comunicado, firmado además por Transgender Europe, en la que expresa su preocupación y asegura que vigilará muy estrechamente la situación. “Esperamos que todos los jueces elegidos para servir en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo hagan con una mentalidad abierta y libre de sesgos. Cualquier indicio de sesgo anti-LGTBI es, obviamente, causa de preocupación”, señala el comunicado.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha suscrito también la declaración, recordando además que, de forma conjunta con el colectivo DeFrente, está recogiendo firmas para instar a los representantes españoles en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que hagan todo lo que esté en su mano para evitar que Elósegui tome posesión del cargo en marzo. “Seguimos esperando a el Gobierno dé una respuesta sobre las negligencias que llevaron a que sus declaraciones homófobas y tránsfobas no supusiesen su automático descarte para ese puesto”, añade la FELGTB, en referencia a la exigencia al Gobierno español de explicaciones.

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Malas noticias: con la firma del gobernador, John Rankin, la ley que deroga el matrimonio igualitario en Bermudas es ya una realidad. Medios LGTB anglosajones hacen ya referencia al “primer lugar del mundo” en el que se da este paso atrás. Y aunque esta afirmación es discutible (nos viene a la cabeza el triunfo en referéndum de la Proposición 8 en California en 2008), lo cierto es que el simbolismo de la noticia es indiscutible. Era esperada, en cualquier caso: hace ahora dos meses recogimos la aprobación de la medida por la Asamblea de Representantes de Bermudas.

La situación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bermudas era un tanto peculiar. En mayo de 2017, la magistrada de la Corte Suprema Charles-Etta Simmons sentenció a favor de dos hombres que habían reclamado ante los tribunales su derecho a casarse. La jueza consideró entonces que la legislación sobre matrimonio vigente en Bermudas era incompatible con los derechos humanos, ya que contenía una discriminación basada en la orientación sexual de los contrayentes. Por ello, consideró que los demandantes tenían derecho a contraer matrimonio y declaró que la ley matrimonial debía interpretarse como aplicable a las parejas del mismo sexo. La sentencia tuvo efectos inmediatos y estableció recomendaciones para reformar la normativa, de manera que hicera referencia a “dos personas” en lugar de a “hombre y mujer”.

Sin embargo, el renuente Partido Laborista Progresista, actualmente en el poder, no obedeció esas recomendaciones, apoyado por una sociedad que solo unos meses antes, había rechazado en referéndum la posibilidad de reconocer jurídicamente las uniones entre personas del mismo sexo, ya fueran en forma de matrimonio o de unión civil. El referéndum, consultivo y no vinculante, no alcanzó, sin embargo, el quórum necesario para ser considerado válido.

Dispuesto a satisfacer a sus votantes más conservadores, el Gobierno de Bermudas no llevó a cabo ninguna de las recomendaciones establecidas en la sentencia de la Corte Suprema, por lo que dos personas del mismo sexo podían conseguir que su unión fuera llamada matrimonio, pero las diversas leyes y normativas que tuvieran que ver con el vínculo matrimonial seguían sin aplicárseles. Finalmente, como una forma de “cortocircuitar” a la Corte Suprema, la Asamblea de Bermudas aprobó un proyecto de ley que en lugar del matrimonio igualitario instituye la figura de las uniones civiles para las parejas del mismo sexo. La medida fue aprobada en diciembre por 24 votos a favor y 10 en contra. Ahora el gobernador John Rankin, en representación de la reina de Inglaterra, ha estampado su firma en la ley, otorgándole plena validez.

Cabe señalar que de no haberlo hecho (opción que según los medios ha sido valorada por el Gobierno británico), John Rankin hubiese abierto una importante crisis política: Bermudas es un territorio británico de ultramar que goza de una autonomía casi plena. El Gobierno británico, a través del gobernador, dirige la política de seguridad y defensa, pero procura no inmiscuirse en cuestiones internas salvo en circunstancias excepcionales. Y con la decisión de no hacerlo, el Gobierno de Theresa May ha dejado claro que este tema no le parece de suficiente importancia.

A partir de ahora, las parejas del mismo sexo ya no podrán contraer matrimonio, sino una unión civil que otorga derechos similares pero que es una institución diferenciada. Eso sí, para evitar problemas jurídicos la nueva figura legal no tendrá efectos retroactivos, por lo que los matrimonios de parejas del mismo sexo que hayan tenido lugar desde la sentencia de la Corte Suprema hasta la actualidad seguirán vigentes.

Bermudas, un territorio profundamente conservador

Esta regresión de los derechos LGTB no es simo la respuesta de un Gobierno y sociedad profundamente conservadores a la inequívoca resolución de la Corte Suprema, que estableció con rotundidad que la prohibición del matrimonio igualitario vulneraba la legislación sobre derechos humanos. Del conservadurismo de la sociedad bermudeña da fe que no despenalizó la homosexualidad hasta 1994, y que, por ejemplo, la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales masculinas sigue siendo dos años superior que para las relaciones heterosexuales o lésbicas (18 años frente a 16).

Ello no ha evitado que se produzcan avances significativos. En 2013, por ejemplo, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe discriminar por razones de orientación sexual (a finales de 2012 nos hicimos eco de la misma). Y a principios de 2015 la Corte Suprema de Bermudas falló a favor de la adopción homoparental, lo que permite a las parejas del mismo sexo adoptar en igualdad de condiciones a las parejas de distinto sexo.

Está por ver si la aprobación de la ley de uniones civiles y la reversión del derecho al matrimonio tendrán una respuesta judicial, aunque no parece descabellado que acabe dando lugar a una nueva batalla legal. Como decíamos arriba, hay al menos un antecedente parecido: en 2008, la Corte Suprema de California declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario. Meses más tarde, se aprobaba en referéndum una enmienda constitucional que restauraba expresamente la prohibición, a pesar de que unas 18.000 parejas se habían casado ya. En 2010 dicho referéndum fue considerado inconstitucional por un tribunal federal, pero hubo que esperar a 2013 para que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos definitivamente validase la decisión. Las bodas volvían a California cinco años después.

El matrimonio igualitario en el Reino Unido

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Miles de personas se manifestaron este sábado por las calles de Bombay, la ciudad más poblada de la India, en una nueva y multitudinaria edición de la Queer Azaadi Mumbai, su marcha del Orgullo LGTB. Los manifestantes reclamaron la derogación definitiva de la infame sección 377, que criminaliza las relaciones homosexuales.

Coincidiendo con el 75º aniversario del movimiento a favor de la independencia en la India, se celebra el orgullo de Bombay reclamando el final de la sección 377, herencia del colonialismo británico.

La criminalización de las relaciones homosexuales no ha impedido la celebración en los últimos años de orgullos reivindicativos cada vez más multitudinarios en las grandes ciudades de la India. La marcha del Orgullo LGTB de Bombay se celebra de hecho desde 2008. No hay cifras oficiales, pero todos los medios coinciden en que este año la manifestación fue más numerosa que la de 2017, cuando la participación se estimó en unos 14.000 asistentes. El lema de la marcha fue “Section 377 Quit India” (377 abandona la India, en español), un guiño al 75 aniversario del movimiento “Quit India” (la protesta contra la ocupación británica que Mahatma Gandhi lanzó en 1942 y que culminaría con la independencia india cinco años más tarde). La marcha dio comienzo, de hecho, el el August Kranti Maidan, el mismo parque de Bombay en el que Gandhi pronunció su histórico discurso, y discurrió de forma pacífica hasta la playa de Girgaum Chowpaaty (puedes ver fotografías de la marcha en este enlace).

Se da la paradoja de que la sección 377 es una herencia de la época colonial que las autoridades indias han mantenido vigente, y por cuya derogación judicial luchan los activistas LGTB (la derogación por vía parlamentaria parece imposible). De hecho, las esperanzas han renacido después de que la Corte Suprema decidiese a principios de enero revisar su constitucionalidad, cuatro años después de que ese mismo tribunal dictaminase en contra en contra de la despenalización de las relaciones homosexuales que en julio de 2009 había decidido el Alto Tribunal de Delhi como consecuencia de una demanda planteada por Naz Foundation India.

Aquella decisión de 2009, considerada en su momento histórica, anulaba la vigencia de la sección 377. La Corte Suprema, sin embargo, consideró en 2013 que el Alto Tribunal de Delhi se había extralimitado en sus funciones, al decidir sobre una cuestión que correspondía al poder legislativo. Una decisión que causó sorpresa: el fallo de 2009, que consideraba que penalizar actos sexuales consentidos entre adultos viola derechos fundamentales reconocidos por la Constitución india, se creía difícilmente reversible, pese a haber sido recurrido y contar con la firme oposición de sectores tradicionales y religiosos, tanto del ámbito hindú como del musulmán o del católico. El propio Gobierno indio pidió a la Corte Suprema que reconsiderara su sorprendente decisión. No lo hizo.

Si Dios odia a los gays, ¿por qué somos tan lindos?

Las relaciones homosexuales volvieron así a estar castigadas con penas de hasta diez años de prisión. Y aunque es cierto que las penas más duras apenas se aplicaban ya y que la aceptación social de la homosexualidad ha ganado posiciones en los últimos años , la ley india sigue pesando sobre una losa sobre la población LGTB de ese país. No está de más recordar, por ejemplo, que en 2014 hubo más de 600 detenidos, cifra que como mínimo se duplicó al año siguiente.

Durante todo este tiempo, no han dejado de sucederse las peticiones a la Corte Suprema para que reconsiderase la decisión, pero no ha sido hasta hace unas pocas semanas cuando por fin el más alto tribunal del país ha accedido en respuesta a una petición de amparo  formulada por cinco destacados miembros de la comunidad LGTB india, que argumentaron que la vigencia de la sección 377 les hace vivir en un estado de temor continuo. Un primer panel de tres jueces de la Corte Suprema les ha dado la razón, admitiendo la primacía del carácter consensual de las relaciones entre personas del mismo sexo sobre su supuesta naturaleza “contra natura”. No obstante, la sección 377 sigue vigente: habrá que esperar a la decisión final ampliada.

Se da la circunstancia de que hace pocos meses la Corte Suprema de la India emitió una resolución sobre el derecho a la intimidad que también favorecería la legalización de las relaciones homosexuales. El alto tribunal determinó entonces que la intimidad es un derecho fundamental de los ciudadanos y la orientación sexual es uno de sus “componentes esenciales”, reconociendo además “la dignidad de la vida privada de las personas LGTB”. Veremos si la Corte Suprema mantiene ahora el mismo criterio.

«Hemos visto un aumento en la conciencia sobre los problemas que enfrenta la comunidad LGBTQ a lo largo de los años. De las 15,000 personas que asistieron a la marcha; hubo un número significativo de heterosexuales», declara el activista Harish Iyer, quien es asimismo uno de los organizadores del evento.

Asimismo, Virek Anaund, de The Humsafar Trust, afirma que «reclamamos la igualdad de derechos, pero igualdad de derechos en relación a la legalización (de la homosexualidad), lo que significa que el artículo 377 debe ser eliminado», resaltando que «hasta que los actos homosexuales sean despenalizados» no será posible solicitar más derechos, como los de igualdad, matrimonio entre personas del mismo sexo o la adopción homoparental.

«La ley no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tenemos grandes esperanzas de que el Tribunal Supremo falle a nuestro favor. En la marcha del próximo año, podríamos estar celebrando nuestra libertad», declara Ritesh Aher, miembro de un grupo de baile queer.

«Un abrazo es inocente, cálido y puro. Es una forma de mostrar aceptación hacia la comunidad y respetar su elección. La gente piensa que las orientaciones sexuales de los miembros de la comunidad LGBTQ no son naturales, pero queremos romper esa barrera», explica Jaya Lulla mientras regala «abrazos gratis». Estudiante de Dereco en Surat, ha decidido asistir a la marcha del orgullo para apoyar a sus amigos gays al estar convencida de que todos tienen derecho a elegir su estilo de vida.

LGTBfobia de Estado en La India

El artículo 377 del Código Penal de la India castiga las relaciones sexuales “contra natura” con hasta 10 años de prisión. A finales de 2013, la Corte Suprema decidió recriminalizar la homosexualidad, dejando sin efecto la histórica sentencia sancionada por el Alto Tribunal de Delhi en 2009 (en la que declaraba “inconstitucional” la prohibición de las relaciones entre personas del mismo sexo). En los últimos años,mos hemos hecho eco del aumento exponencial de la violencia contra personas LGTB en la India, a raíz de la ilegalización de las relaciones homosexuales.

Las informaciones que nos llegan positivas en clave LGTB de la India son muy escasas. A principios de este mismo año nos hacíamos eco de la apertura del primer colegio para alumnos transexuales en riesgo de exclusión social. Solo unos días después, sin embargo, recogíamos la historia de un joven de 20 años cuyos padres trataron de organizarle una “violación correctiva” después de salir del armario como gay. Los progenitores llegaron a contratar a unos matones para que le agredieran al saber que mantenía una relación con otro chico con el que convivía.

Por otra parte, hace unos meses publicábamos que las autoridades de la India impedían la entrada al país a Victoria Kolakowski, la primera jueza trans de los Estados Unidos. Semanas atrás, prohibían una película por “glorificar” las relaciones homosexuales. La Junta Central de Certificación Cinematográfica de la India (CBFC) se negaba a certificar ‘Ka Bodyscapes’ para su proyección por incluir “escenas gais sensibles”.

Como ocurre en muchos otros países en los que existe homofobia de Estado, los grupos homófobos en la India (incluidos los policiales) se creen en el derecho de realizar impunemente cualquier acción contra las personas sexualmente diversas. No es necesario que las víctimas sean realmente homosexuales (lo que en ningún caso les eximiría de su responsabilidad criminal), con que ‘lo parezcan’ es suficiente.

En 2014, un año después de la recriminalización de la homosexualidad en la India, el activismo LGTB denunciaba un repunte de la violencia homófoba. Y a principios del año pasado recogíamos que ese mismo año 2014 se realizaron un mínimo de 600 detenciones a personas que habían sido acusadas de practicar la homosexualidad. Una cifra que en 2015 se elevaba a más de 1.300 personas, incluyendo 207 adolescentes. Una cifra, no obstante, que parece poco realista si tenemos en cuenta que desconocemos el alcance de la corrupción policial y la cantidad de afectados por extorsiones económicas a cambio de evitar el arresto o el procesamiento judicial.

En octubre de 2015 dábamos cuenta de más casos de extorsión por ser o “parecer” homosexual por parte de miembros de la policía, quienes, según constatan los activistas LGTB “con frecuencia visitan los puntos donde los gais se encuentran y les extorsionan pidiéndoles dinero”. Por otra parte, la estigmatización y los prejuicios provocan todo tipo de injusticias. A principios de 2016 nos hacíamos eco del intento de suicidio de un adolescente de quince años, quemándose vivo, tras ser acosado por ser gay.

Fuente Universogay/Cristianos Gays

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La Asamblea Legislativa de Puerto Rico (Senado y Cámara de Representantes) ha aprobado la llamada ley de “restauración de la libertad religiosa”, que no es otra cosa que un intento de los sectores políticos conservadores de legalizar, por la puerta de atrás, la discriminación a personas LGTB. Las esperanzas de los colectivos en favor de los derechos civiles están ahora depositadas en el gobernador, Ricardo Rosselló, que en su momento mostró su oposición a una versión anterior del mismo proyecto, y que dispone de capacidad de veto.

La ley de “restauración de la libertad religiosa” imita leyes del mismo estilo que a lo largo de los últimos años han sido aprobadas en varios estados de Estados Unidos (sobre todo del sur), y que ensanchan los límites de la Religious Freedom Restoration Act, la ley federal de protección de la libertad religiosa aprobada en 1993 y vigente también en Puerto Rico. Se trata de leyes que, al calor de los más recientes avances en materia de derechos LGTB en Estados Unidos (muy especialmente tras la decisión de 2015 del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario y sus consecuencias) buscan dar cobertura legal a personas, instituciones y negocios para discriminar (sin nombrarlas) a las personas LGTB en nombre de la libertad religiosa.

En el caso de Puerto Rico, en concreto, el proyecto es visto como una especie de “compensación” a los sectores religiosos (especialmente las pujantes iglesias evangélicas), muy molestos por la reciente aprobación de una ley de adopción abierta a parejas no casadas y del mismo sexo. Ha sido promovido por los representantes María Milagros Charbonier, Guillermo Miranda Rivera y Carlos “Johnny” Méndez, todos ellos miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP), partidario de la anexión completa de Puerto Rico a los Estados Unidos, y que actualmente tiene mayoría en las dos cámaras legislativas del estado y al que también pertenece el gobernador.  Carlos “Johnny” Méndez, de hecho, es el presidente de la Cámara de Representantes.

El proyecto que ha sido aprobado determina que el Gobierno no podrá “menoscabar” ni “imponer una carga sustancial” al “libre ejercicio religioso de una persona”, aun cuando la carga resulte de la aplicación de una ley o norma (la única excepción será la existencia de un “interés gubernamental apremiante”). Permite también a cualquier “empleado, contratista o funcionario” que considere que su libertad religiosa está amenazada “requerir a su institución eclesiástica que le asista en su reclamo”. Una redacción que los grupos de defensa de los derechos civiles consideran claramente una “licencia para discriminar”. “Si este proyecto se convierte en ley con la firma del gobernador, los servicios gubernamentales serán rehenes de las creencias religiosas de quienes trabajen en él”, asegura por ejemplo Amárilis Pagán, representante de CABE (Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad). Desde esta organizacion recuerdan además que no solo las personas LGTB están en peligro: según el abogado y portavoz Osvaldo Burgos, poner en manos de un funcionario la capacidad de elegir a quiénes discriminar en el ofrecimiento de servicios “es dar mano libre para discriminar a madres solteras, a víctimas de violencia doméstica, a personas negras, a personas de residenciales, a usuarios de sustancias y a tantas otras personas cuya apariencia o circunstancias puedan ser juzgadas de manera negativa”.

Los partidarios del proyecto, por su parte, argumentan que el texto incluye una salvaguarda que asegura que ninguna persona deje de recibir un servicio del Estado. Una pareja del mismo sexo a la que un funcionario rechace dar servicio alegando motivos religiosos mantendrá su derecho a ser atendida por otro.

La decisión, en manos del gobernador

Sea como sea, el proyecto ya ha sido aprobado por el Senado de Puerto Rico (por 16 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones) y por la Cámara de Representantes (por 29 votos a favor y 6 en contra, con 16 ausencias). Queda ahora a la espera de la decisión que adopte el gobernador, Ricardo Rosselló, que dispone de capacidad de veto (que solo puede ser levantado por dos tercios de las cámaras legistativas), y que cuando se discutió una versión anterior del proyecto se mostró en contra al entender que en efecto abría la puerta a la discriminación. La duda es si tras las modificaciones técnicas introducidas en esta segunda versión el gobernador seguirá opinando lo mismo. Por el momento ha preferido no despejar las dudas, supuestamente por no conocer todavía la versión definitiva. “Mi posición, ustedes la conocen, y ha sido bien clara. A menos que yo vea unos cambios significativos, lo cierto es que mi posición continúa siendo la misma”, ha declarado.

En estos últimos días se han sucedido los llamamientos a Rosselló para que vete el proyecto por parte de personas y organizaciones en favor de los derechos civiles, incluyendo por ejemplo a la Asociación de Psicología de Puerto Rico, que considera que el proyecto tendrá un impacto directo en el “bienestar psicológico, emocional, social, económico y legal” de los grupos vulnerables y “levantaría exclusión e interpretaciones equivocadas en favor de la libertad de culto”. Los líderes religiosos, por su parte, amenazan a Rosselló con retirarle el apoyo en las próximas elecciones. Veremos qué sucede finalmente.

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Acude nervioso a la entrevista de CBC, la radiotelevisión pública canadiense. Mientras se cubre la cabeza con la capucha de su sudadera, insiste en que su identidad no sea revelada. “Tengo miedo por mi vida y por mi familia”, asegura nada más empezar.

Se trata de un superviviente de la brutal persecución homófoba iniciada en Chechenia el pasado año 2017. La pasada primavera nos llegaban noticias estremecedoras de esta república rusa: al menos 100 personas habrían sido detenidas, torturadas y encarceladas , “sospechosas” de ser homosexuales. Algunas fuentes hablaban incluso de la existencia de verdaderos campos de exterminio. Elena Milashina, periodista del diario que reportó los hechos el pasado abril, ya anunciaba que les constaba la existencia de cuatro cárceles secretas donde se mantenían detenidas a personas LGTB y donde estas eran golpeadas, torturadas y asesinadas.

A pesar del miedo, uno de los testigos de este horror accedió a ser entrevistado el pasado septiembre en Canadá, país donde se encontraba refugiado desde hacía dos meses. Según declaró, aceptó a responder a las preguntas de los periodistas ya que “le dolía el alma”. Le dolía por todos aquellos que han tenido que pasar por esta odisea, por todos aquellos que aún están sufriendo esta atroz persecución. Según decía, explicar su historia era también una manera de decir ‘gracias’ a todos aquellos que le habían ayudado a escapar.

Su particular calvario empezó cuando varios militares irrumpieron en su puesto de trabajo para arrestarlo, intoducirlo por la fuerza en el maletero de un coche y llevarlo a una comisaría secreta, donde fue golpeado y torturado. En la entrevista, explica que fue víctima de todo tipo de golpes y patadas, e incluso de electroshocks. “Con tan solo experimentar los electroshocks una vez es suficiente para darte cuenta de que no quieres soportarlo ni una vez más. Eso fue lo más difícil de todo”, aseguró. El objetivo de estas torturas: que revelara información sobre otros hombres homosexuales. Aún así, en un arrebato de valentía, les dio nombres falsos para que nadie más tuviera que pasar por semejante tortura.

Después de tres semanas, fue liberado juntamente con otros detenidos. Sus familias fueron informadas. En la entrevista, prefirió no hablar de la reacción de su familia cuando conocieron lo ocurrido. Finalmente, consiguió ponerse en contacto con una organización de derechos humanos, quienes le ayudaron a huir a Moscú primero, para desde allí empezar su viaje hacia Canadá.

El ‘plan secreto’ del gobierno canadiense

Poco después de que los medios internacionales sacaran a la luz las primeras noticias sobre la persecución homófoba en Chechenia, el gobierno de Canadá condenó los hechos pero lamentaba no poder hacer nada para ayudar a las víctimas puesto que estas aún se encontraban en territorio ruso. No obstante, el ejecutivo presidido por Justin Trudeau ya había puesto en marcha un plan oculto, del que ya informamos hace unos meses.

Todo empezó gracias a la organización Rainbow Railroad, una ONG canadiense que ayuda a personas que han sido víctimas de persecución por su orientación sexoafectiva o su identidad de género en todo el mundo. Rainbow Railroad consiguió alertar al gobierno canadiense sobre la gravedad de la situación en Chechenia, y presionó para que se tomaran medidas. Después de recibir presiones por parte de esta y otras organizaciones como Human Rights Watch, el gobierno de Justin Trudeau se comprometió a actuar, pese al riesgo en que ello ponía las ya deterioradas relaciones entre Rusia y Canadá.

Una vía secreta para escapar

El Gobierno de Canadá y Rainbow Railroad iniciaron una colaboración con Russian LGBT Network, organización LGTB rusa que ha ayudado a decenas de homosexuales chechenos a huir a otras partes de Rusia y al extranjero. Países europeos como Francia, Alemania y Lituania habrían otorgado el asilo a algunas personas que huían de la purga homófoba.

No obstante, tanto el ejecutivo canadiense como las organizaciones colaboradoras eran conscientes de que Europa no era el lugar más seguro para las víctimas de la persecución homófoba en Chechenia, a causa del elevado número de migrantes chechenos presentes en distintos países europeos. De hecho algunos refugiados LGTB provinentes de Chechenia habrían sufrido ya amenazas y ataques por parte de sus compatriotas emigrados a diversos países de Europa. Además, Canadá ha sido el único país que ha adoptado un programa organizado y metódico para ayudar a las víctimas a huir de la persecución.

El secreto se mantuvo durante meses para evitar poner en peligro a las personas a las que se trataba de ayudar. En el trascurso del programa, el Gobierno canadiense ha tenido que afrontar los problemas que supone tramitar peticiones de asilo a distancia –puesto que la mayoría de los solicitantes se encontraban aún en Rusia– y ha tenido que realizar investigaciones para poder demostrar que las personas homosexuales chechenas no podían obtener protección en otras partes de la Federación Rusa. El hecho de no poder pedir esa protección en ningún otro lugar del propio país de origen es uno de los requisitos legales para tramitar la protección internacional. Por otra parte, además de cooperar con la Russian LGBT Network para procesar las peticiones de asilo y ayudar a estas personas a viajar de una forma segura hacia Canadá, el gobierno proporcionó un programa de ayuda de un año para cuando dichos refugiados llegaran al territorio nacional.

Cuando por fin se consiguió que esas personas llegaran al Canadá, llegó la hora de desvelar la existencia del plan secreto de evacuación. Hasta el mes de septiembre había permitido reconocer el asilo a 31 homosexuales chechenos, de los cuales 22 se encontraban ya en esa fecha en territorio canadiense. Según afirmó Kimahli Powell, director ejecutivo de la organización Rainbow Railroad, era necesario que la población canadiense conociera de la llegada de refugiados chechenos para poder ayudarles en la inserción laboral, el aprendizaje de la lengua y proporcionarles el asesoramiento necesario. “Aún se encuentran desconcertados”, afirmaba Powell. “Necesitarán ayuda, aún temen por sus vidas. Todavía se están acostumbrando a entender que están fuera de peligro, que pueden empezar una nueva vida”, añadía.

La concesión del estatus de refugiado ha permitido a todas esas personas obtener el permiso de residencia permanente y la plena nacionalidad canadiense. Muchos de estos refugiados homosexuales están siendo ayudados por organizaciones LGTB locales. Puesto que han sufrido en su propia piel una brutal persecución homófoba, se sienten mucho más cómodos y seguros siendo ayudados por la comunidad LGTB.

La persona que fue entrevistada sonríe cuando es preguntado por su nueva vida en Canadá. Aún no ha superado las secuelas de la persecución sufrida en Chechenia, pero ahora se siente seguro y quiere centrarse en rehacer su vida. Antes de finalizar la entrevista, lanza un mensaje a otras personas que están pasado por su misma situación y que están tratando de huir a Canadá: “Estamos aquí, estamos seguros y todo está bien. No tengo duda de que aquí seréis felices”.

Fuente Dosmanzanas

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Poco a poco comienzan a escucharse dentro de la jerarquía católica voces que se distancian del rechazo puro y duro a la realidad LGTB. En los últimos tiempos hemos venido recogiendo algunas (todas ellas fuera de España). Hoy nos hacemos eco de otra, procedente de nuestras antípodas. Un obispo neozelandés ha comparado el momento que hoy vive la Iglesia católica al respecto de la realidad LGTB con lo que sucedió con Galileo, condenado por la Inquisición en 1633 (por asegurar que la Tierra giraba alrededor del Sol) y rehabilitado por Juan Pablo II en 1992.

Stephen Lowe, obispo de Hamilton (Nueva Zelanda) ha declarado que la Iglesia católica se encuentra en un “momento Galileo” al respecto de las personas LGTB. Lowe hizo esta afirmación en el Festival católico juvenil de Aotearoa, donde señaló igualmente que en esta materia son los jóvenes los que están liderando los cambios. “Creo que los jóvenes son profetas para la Iglesia. Siempre tienen algo que decirle a la Iglesia. Y esto es lo que ha pasado. Los jóvenes quieren que la Iglesia se comprometa más con ellos [las personas LGTB]”, aseguró. “La psicología aún está debatiendo, pero la Iglesia tiene que comprometerse con la ciencia y con la experiencia de las parejas de personas atraídas por personas del mismo sexo”, añadió.

A este mismo festival asistieron otros dos obispos, además de Lowe, que también pronunciaron palabras inclusivas. Así, el obispo Patrick Dunn de Auckland señaló que “necesitamos que las personas LGTB se sientan bienvenidas. Son personas preciosas, pero se sienten rechazadas por la Iglesia”. No es la primera vez que Dunn destaca en este tema. En su momento apoyó al sacerdote jesuita James Martin frente a los ataques que recibió por su libro Construyendo un puente, en el que defiende un acercamiento entre las personas LGTB y la iglesia católica. Por su parte, el cardenal John Dew, arzobispo de Wellington apeló al papa Francisco: “Él [Francisco] dice ciertamente que si las personas están en una situación difícil o que no es conforme a la enseñanza de la Iglesia, las escuchas, las acompañas, las intentas hacer comprender. Y si ellas no comprenden, no las desprecias”.

Es cierto que en las palabras del obispo Lowe se advierte el tono habitual en algunas declaraciones eclesiásticas acerca del supuesto “debate abierto” en psicología sobre la homosexualidad —cuando lo cierto es que la evidencia científica y el consenso de los profesionales resolvieron el tema hace años— o el uso de expresiones como “atracción por personas del mismo sexo”, con las que se evita nombrar expresamente a gais, lesbianas o bisexuales. También es cierto que, en el caso del arzobispo Dew, este procura que en sus palabras no haya ningún cuestionamiento de la doctrina oficial. Sin embargo, también es verdad que estas declaraciones revelan una progresiva toma de conciencia de que estamos en un momento clave, en el que la Iglesia tendrá que revisar algunas de sus posturas a la luz del conocimiento, como ocurrió con Galileo. Es importante destacar también que estasa afirmaciones tuvieron lugar en un encuentro con jóvenes, es decir, en interlocución con personas laicas, “fieles rasos”, de los que surgen el mayor número de voces a favor de la inclusión de las personas LGTB. Solo cabe esperar que, a diferencia de lo ocurrido con Galileo, la Iglesia católica no tarde 359 años en advertir la necesidad de un cambio de rumbo.

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Los dos atletas estadounidenses abiertamente LGTB que competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, en Corea del Sur, han expresado su malestar por que sea el vicepresidente Mike Pence quien encabece la delegación olímpica de los Estados Unidos. El patinador artístico Adam Rippon y el esquiador acrobático Gus Kenworthy han lamentado que les represente alguien que considera que la homosexualidad es una enfermedad y que ha apoyado la tortura de las terapias reparadoras.

Esta será la primera ocasión en que la representación de los Estados Unidos en unos Juegos Olímpicos de Invierno aporte a deportistas abiertamente LGTB. Se trata del patinador artístico Adam Rippon, que fue campeón de su país en 2016, y el esquiador acrobático Gus Kenworthy, que ya participó en los Juegos Olímpicos de Sochi (donde obtuvo una medalla de plata), aunque por aquel entonces aún no había salido del armario.

Adam Rippon fue el primero en clasificarse para el equipo olímpico estadounidense, al quedar cuarto en los campeonatos nacionales. Cuando le entrevistaron, le dieron a conocer quién encabezaría la delegación de su país, y él mostró su indignación y extrañeza: «¿te refieres a Mike Pence, el mismo Mike Pence que financió las terapias reparadoras para homosexuales?», inquirió al periodista. Más tarde afirmó que no se sentiría cómodo teniendo que saludarle en la audiencia protocolaria, y que preferiría no tener relación contacto alguno con «alguien que no solo no tienen ningún amigo gay, sino que además piensa que soy un enfermo». Rippon también cree que el que haya un atleta gay en el equipo olímpico «es parte del rostro de la América de hoy». El patinador, como han hecho otros atletas, también ha declarado que, en el caso de conseguir alguna medalla, no acudirá al tradicional homenaje a los atletas en la Casa Blanca por invitación del presidente Donald Trump.

Por su parte, Gus Kenworthy también se ha clasificado en la modalidad slopestyle de esquí acrobático, en la que tiene grandes probabilidades de conseguir medalla. Interrogado al respecto, Kenworthy comentó que había sabido de las declaraciones de Adam Rippon, y que «siento lo mismo que él. Creo que no es la persona que hubiera esperado [en referencia a Mike Pence], y creo que envía un mensaje contradictorio, porque esta es la primera vez que vemos atletas olímpicos estadounidenses fuera del armario compitiendo en los Juegos Olímpicos de Invierno, y luego tenemos a alguien que lidera la delegación que no apoya eso, y no solo no apoya a la comunidad LGTB, sino que ha hablado en contra de ella. Creo que no se envía el mensaje correcto. Es desafortunado, pero es lo que hay».

Hay que recordar que Mike Pence se dio especialmente a conocer por su oposición a los derechos LGTB durante su etapa como gobernador de Indiana: en marzo de 2015, sancionaba orgulloso una ley, aprobada por la legislatura del estado (bajo control republicano), cuyo objetivo era impedir que entes locales o el propio estado pudiesen aprobar normativas antidiscriminatorias que afectasen a la «libertad religiosa», eufemismo que suponía la legalización de la discriminación contra las personas LGTB. Un acto en el que Pence quiso rodearse de numerosos líderes religiosos, algunos de ellos virulentamente homófobos. La norma provocó una intensísima reacción social en su contra, que amenazó con afectar seriamente la economía del estado y que dejó muy tocada su imagen. Mike Pence se vio obligado a promover una norma adicional que clarificase los límites de la ley e impidiese la discriminación en la prestación de servicios a personas por motivos de orientación sexual.

Pence, no obstante, ya arrastraba un largo historial LGTBfobo. En el año 2000, durante su campaña para ser elegido congresista, llegó a proponer que se utilizasen fondos destinados a ayudar a personas con VIH para sufragar a organizaciones que promovieran las «terapias reparadoras» entre aquellos que quisiesen modificar su orientación sexual.

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La presencia de Alternativa para Alemania (AfD) en el Bundestag empieza a tener funestas consecuencias para la defensa de la igualdad. La formación de extrema derecha, que se estrenó en el Parlamento alemán como tercera fuerza política en las elecciones del pasado septiembre, ha designado a Nicole Höchst como su representante en la fundación federal Magnus Hirschfeld. Las asociaciones LGTB consideran una provocación la elección de la diputada, que se opone a la educación en la diversidad afectivo-sexual y de género, al matrimonio igualitario y a la adopción homoparental, y opina que entre los hombres homosexuales “hay más pedófilos”. La fundación Magnus Hirschfeld es un organismo público que lucha contra la discriminación de las personas LGTB y reivindica la memoria de los perseguidos por su orientación sexual o identidad de género.

La AfD elige a una diputada abiertamente LGTBfoba a la fundación que se encarga de promover el respeto a la diversidad sexual y de género. Es una de las primeras medidas que ha tomado el partido de extrema derecha en su andadura en el Bundestag alemán. La designación, que solo puede ser calificada como una provocación, hace presagiar una legislatura muy difícil en materia LGTB.

La fundación federal Magnus Hirschfeld lleva desde 2011 trabajando contra la discriminación y la LGTBfobia. Nombrada en honor al médico sexólogo y activista fallecido en 1935, reivindica también la memoria histórica del movimiento LGTB. Al tratarse de un organismo público, su patronato está integrado por miembros del Gobierno, diputados y representantes de las asociaciones LGTB. Tras la constitución del actual Bundestag, al grupo parlamentario de la AfD le correspondía uno de los puestos en la dirección de la fundación.

Aunque el partido no se caracteriza precisamente por el respeto a la comunidad LGTB, la elección de su representante en la fundación Magnus Hirschfeld ha confirmado su afán de boicotear cualquier iniciativa en esa dirección. La elegida ha sido la diputada Nicole Höchst, cuyas opiniones son particularmente sangrantes. Y ello no solo por su posición contraria al matrimonio igualitario y a la adopción homoparental, que está en línea con el ideario de su partido. Porque Höchst ha ido más allá en su discurso de odio.

Durante la campaña electoral para las elecciones del pasado mes de septiembre, por ejemplo, la entonces candidata afirmó que hay estudios que demuestran la existencia de  una mayor proporción de pedófilos entre los hombres homosexuales, sin especificar por supuesto a qué supuestos estudios se refería. También ha apoyado al movimiento Demo für alle, en particular para atacar la educación en la diversidad afectivo-sexual y de género en las aulas. Incluso después de conocerse su designación, ha seguido defendiendo sus postulados LGTBfobos. En sus publicaciones en Facebook ha negado la existencia de géneros no binarios y se ha mostrado orgullosa de su futuro papel “contracorriente” en la Fundación.

La federación alemana de asociaciones LGTB (LSVD) ha lamentado la elección de Höchst, a quien ha tachado de “inadecuada e incompetente” para el cargo. En cualquier caso, la extrema derecha de la AfD se hace con un nuevo altavoz para difundir su odio LGTBfobo. Con el añadido insultante de que lo ejercerá dentro de la fundación dedicada precisamente a promover el respeto a la diversidad.

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