Navid, un joven gay iraní, ha conseguido finalmente asilo en Austria gracias a los tribunales después de que la Oficina Federal de Asilo denegase su petición al no creer que fuese gay, dado que era por ejemplo incapaz de decir qué significaban cada uno de los colores de la bandera arcoíris. La noticia, en este caso con final feliz, pone una vez más de manifiesto la falta de voluntad de los Estados europeos a la hora de dar asilo a personas LGTB en busca de protección. Hace solo unos días, por ejemplo, recogíamos como la Audiencia Nacional española ha rechazado dar asilo a un homosexual argelino amenazado por su familia al considerar que en Argelia los homosexuales no sufren persecución.

Navid escapó en 2014 de Irán, uno de los países en los que todavía es posible ser  condenado a muerte por ser homosexual. Se instaló en Viena, donde ha vivido desde entonces. Sin embargo, su solicitud de asilo fue rechazada en junio por la Oficina Federal de Asilo de Austria. Según denuncia la organización austriaca Queer Base, que da apoyo a refugiados LGTB, su solicitud fue rechazada sin ser adecuadamente investigada. Una de las razones que sirvieron para desestimar la petición fue que Navid no pudo identificar cuál es el significado de cada uno de los colores de la bandera arcoíris. La bandera arcoíris, recordemos, fue creada por Gilbert Baker a finales de los años setenta como símbolo del movimiento en favor de los derechos LGTB, e inicialmente contaba con ocho colores a los que se dio un significado (sexo, vida, salud, sol, naturaleza, magia/arte, serenidad y espíritu), aunque poco después se simplificó a seis colores (perdimos el sexo y la magia…). Un dato desconocido por la inmensa mayoría de las personas LGTB del planeta.

Queer Base denuncia que la Oficina Federal de Asilo despachara con tal superficialidad la petición de asilo de Navid y ni siquiera se preocupara, por ejemplo, de tomar declaración a su pareja. Por fortuna, Navid y Queer Base recurrieron la decisión y ahora un tribunal federal ha fallado en su favor. El pasado 13 de agosto, el joven iraní vio por fin aceptada su petición de asilo:

Wir freuen uns sehr gemeinsam mit Navid und danken allen Unterstützer_innen! pic.twitter.com/d5zl1JX00n

— Queer Base (@Queer_Base) 13 de agosto de 2018

Pese al final feliz de este caso, lo sucedido con Navid es buena muestra de la falta de voluntad real de los Estados europeos a la hora de dar asilo a las personas LGTB en busca de la protección de la que carecen en sus países. Las noticias de denegación de asilo son frecuentes, y aunque en muchos casos el asilo se acaba concediendo tras la movilización de las organizaciones LGTB y el salto a los medios de comunicación, lo cierto es que la situación de estas personas de de gran vulnerabilidad e indefensión.

Al mismo tiempo que Queer Base se congratula del asilo a Navid, por ejemplo, denuncia en sus redes sociales que la Oficina Federal de Asilo ha denegado la petición de otro chico gay afgano con el argumento de que el chico no parece gay ni por sus gestos ni por su forma de vestir, de que tiene un historial de peleas con otros compañeros de centro (algo que supuestamente no cabe esperar de los gais) y de que tiene pocos amigos (algo que tampoco cabe esperar de los gais, que según el informe del funcionario que ha rechazado la solicitud son sociables). Según Julia Valenta, asesora legal de Queer Base, la presión de los políticos austriacos para denegar la mayor cantidad de peticiones de asilo posible es un factor determinante en lo que está sucediendo en su país (recordemos que tras las elecciones de octubre de 2017, Austria está gobernada por una coalición entre la derecha y la extrema derecha que ha hecho del discurso contra la inmigración pobre su bandera).

Historia como estas, sin embargo, también suceden en nuestro país. Hace pocos días, sin ir más lejos, nos hacíamos eco del rechazo de la Audiencia Nacional española a conceder el asilo a un ciudadano homosexual argelino amenazado de muerte por su propia familia al considerar que no está perseguido por las autoridades de su país. «No se puede considerar que una persona sea objeto de persecución por el mero hecho de ser homosexual», expresa la sentencia de la Audiencia Nacional, y ello  a pesar de que, si bien es cierto que en años recientes no han trascendido a la luz pública procesamientos, el Código Penal argelino castiga los actos de homosexualidad con pena de prisión de 2 meses a 2 años, que pueden llegar a tres años si se cometen en público.

Fuente Dosmanzanas

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Un matrimonio de dos hombres residente en Gante (Bélgica) fue brutalmente agredido por unos vecinos que ya con anterioridad habían hecho gala de su odio hacia la pareja por el hecho de ser gais. Los agresores, una joven pareja heterosexual, ya han sido detenidos y se enfrentan a una pena de dos años de cárcel, que podría ser el doble si el tribunal aprecia la agravante de homofobia. 

Las víctimas son Mauro Padovani, italiano de 46 años, y Thomas Freeman, de 59 años, de origen italoamericano y nacionalizado belga. Se conocieron online hace doce años, y de hecho Padovani, que trabaja como ilustrador, acabo trasladándose a Bélgica para estar junto a Freeman. Se casaron hace cinco años y residen en Gante. Nunca habían tenido problemas con sus vecinos hasta que hace unos meses se trasladaron a su edificio los dos agresores, una joven pareja heterosexual de 23 y 21 años (él búlgaro, ella croata) declaradamente homófobos. «Nosotros odiamos a los gais», cuenta Padovani al Corriere della Sera que les dijeron cuando los conocieron. A partir de ahí comenzó el acoso homófobo, tanto verbal como físico. Mauro Padovani ya recibió hace dos meses un golpe en la cara, y desde el balcón de la vivienda de los agresores (justo el piso de arriba) les han lanzado desde basura hasta un ladrillo. La pareja denunció a la policía, pero según asegura Padovani no sirvió de nada.

Así hasta que el pasado lunes por la tarde los dos hombres fueron brutalmente agredidos por sus vecinos. Ocurrió en plena calle, en la zona de aparcamiento, cuando el matrimonio se subía a su coche para ir a celebrar el cumpleaños de Freeman con unos amigos. La joven agresora inició una discusión con Freeman, le escupió y le golpeó en la cara. Padovani, ya subido ya a su coche salió con el antirrobo en la mano, pero el compañero de la mujer se lo arrebató y le golpeó. Mauro Padovani sufrió contusiones diversas, incluyendo una profusa herida sangrante en la cabeza (que precisó sutura), mientras que Thomas Freeman, tendido en el suelo y golpeado, sufrió dos lesiones en las vértebras.

La brutal agresión parece que ha puesto fin a la pasividad policial ante el acoso que el matrimonio venía sufriendo. Los dos agresores fueron detenidos al día siguiente, y tras una primera comparecencia ante el juez, el hombre permaneció detenido mientras que la mujer fue liberada pero con una orden temporal de alejamiento que la obliga a residir fuera de Gante. Lo sucedido también ha conmocionado a la ciudad flamenca, cuyo Consejo municipal ha condenado lo sucedido y en la que el pasado viernes tuvo lugar una concentración de protesta a la que acudieron cientos de personas. Las víctimas cuentan también con el apoyo expreso del Centro Interfederal de Igualdad de Oportunidades (UNIA), una agencia pública contra la discriminación que opera en todo el territorio belga.

Freeman padece Alzheimer

Una reacción que sin duda aportará algo de consuelo a la pareja, pero que no evita el tremendo dolor que Mauro Padovani sintió al ver como su marido estaba siendo brutalmente agredido. Y es que solo un año después de su boda, Thomas Freeman fue diagnosticado de Alzheimer, y aunque la enfermedad aún no ha progresado a su estado más avanzado ya afecta a su capacidad cognitiva. «Es lo que más me dolió. Verlo en el suelo, llorando. Golpear a una persona como él es como golpear a un niño», comenta Padovani al Corriere della Sera.

Esperamos que se haga justicia.

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Esta gentuza retrógrada y homófoba ni tienen cabida en la Iglesia católica romana,  ni en el espíritu de Jesús de Nazaret…

Fieles ultraconservadores recogen firmas para que se cancele su asistencia

El jesuita rechaza la presión de sus críticos y les advierte: «Están en el lado equivocado del Evangelio»

(Cameron Doody).- El sacerdote James Martin ha denunciado el «océano de odio y amenazas» que ha recibido después de que se recogieran más de diez mil firmas pidiendo que se cancele su participación en el Encuentro Mundial de las Familias de Dublín. El grupo ha estado reuniendo firmas para expresar a su oposición diciendo que están «decepcionados y muy preocupados porque el Padre James Martin, S.J. hablará en el evento». También enviaron una carta al arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, pidiéndole que evite que el clérigo hable en el evento, mientras que la petición también se enviará a los obispos auxiliares de Dublín, el obispo Raymond Field y el obispo Éamonn Walsh.

El jesuita ha afirmado, sin embargo, que no se dejará amedrentar por la presión, opinando que «estos manifestantes no solo están en el lado equivocado de la historia, están en el lado equivocado del Evangelio».

«¿Qué tipo de jesuita sería si dejo que el odio me impida amar?», ha preguntado Martin en comentarios recogidos por el Catholic Herald después de que la petición organizada por la rama irlandesa de Tradición, Familia y Prosperidad le acusara de «apoyar el transexualismo de los niños» y «estar a favor de que los homosexuales se besen durante la misa».

«El Padre Martin no hace distinción entre las personas que luchan valientemente con la atracción del mismo sexo (que por lo tanto no pueden ser consideradas LGBT) y aquellos que han cedido a un estilo de vida inmoral y antinatural condenado por el mismo Apóstol a quien cita arriba.

«El padre Martin es partidario de New Ways Ministry, una organización religiosa pro homosexual y lésbica que ha sido declarada gravemente inaceptable por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Ha aceptado públicamente un premio de este grupo, pronunció una charla en su evento y posteriormente desarrolló esta charla en un libro.»

«El Padre Martin también está en desacuerdo con la calificación del Catecismo de la Iglesia Católica de la inclinación homosexual como ‘gravemente desordenada'», prosigue la reclamación de sus críticos, que también le culpa por impedir que los homosexuales «lleguen a una verdadera comprensión de su condición a la luz de la enseñanza de la Iglesia y la misericordia de Dios», lo cual califica como un «gran perjuicio». «Creemos que el error y la confusión que siembra no deberían tener lugar en el Encuentro Mundial de las Familias», sentencian los censores en potencia, por lo que piden «encarecidamente» que los organizadores del Encuentro retiren su invitación a hablar.

La petición de amordazar al padre Martin no ha surtido, hasta el momento, ningún efecto, y los organizadores del evento señalan que no está previsto ningún cambio al programa de intervenciones. Las críticas tampoco han molestado para nada al jesuita, quien ha minimizado la homofobia de este porcentaje «muy pequeño» de católicos.

«Los organizadores me han pedido que hable sobre cómo las parroquias pueden dar la bienvenida a los católicos LGBT, sus padres y sus familias. Espero compartir las mejores prácticas de las parroquias que se han comunicado con la comunidad católica LGBT», dijo Martin .

«Tengo el apoyo de mis superiores jesuitas, varios cardenales, arzobispos y obispos, y también de la mayoría de los fieles, muchos de los cuales tienen personas LGBT en sus familias», ha recalcado.

A pesar de las presiones que constantemente recibe, el jesuita Martin sigue siendo un defensor feroz de la dignidad de los católicos LGBTI. En el encuentro de Dublín, sacará provecho de su reciente libro «Construyendo un puente» –respaldado por los cardenales Joseph Tobin y Kevin Farrell– para dar una charla sobre cómo dar una mejor bienvenida en la Iglesia a los fieles de otras orientaciones afectivas. Así mismo, el Cardenal de Chicago Blase Cupich salió en defensa de James Martin, y le invitó a impartir las reflexiones cuaresmales en su diócesis.

El Encuentro Mundial de las Familias de Dublín finalmente no permitirá la participación activa del colectivo LGTB

Nos hicimos eco hace unos meses de los gestos inclusivos que se vislumbraron en un primer momento con la publicación de los materiales preparatorios del Encuentro Mundial de las Familias de Dublín (en el que participará el papa Francisco el próximo 25 de agosto) y aun cuando comentarios recientes del Arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, y otros líderes de la iglesia Irlandesa declararon que esperabann que parejas del mismo sexo y familias LGBTI fueran bienvenidas en el encuentro, el folleto promocional, sobre el evento auspiciado por el Vaticano, eliminó imágenes de su versión original al considerar que incluían a parejas del mismo sexo y sus familias. Un video oficial también borró menciones del Obispo Auxiliar de Los Ángeles y nativo de Cork, David O´Connell refiriéndose a que los modelos de familia incluían a “… parejas gais criando niños, personas en segundas nupcias…”. Mientras tanto, expositores que son considerados como homofóbicos y otros a favor de la comunidad homosexual son ahora parte de la agenda del evento. Las presiones de los sectores de la línea dura y ultraconservadora de la Iglesia Católica se han logrado imponer para que en el mencionado encuentro no haya ningún reconocimiento ni ningún espacio de visibilidad abiertamente LGTB que pueda interpretarse como un relajamiento de la vigente doctrina social de la iglesia, por la que el activismo LGTB y su lucha por los derechos igualitarios se suelen reducir a una supuesta «ideología de género». The Global Network of Rainbow Catholics (GNRC), que agrupa a 32 organizaciones católicas inclusivas de todo el mundo, ha sido finalmente vetada y no se le permitirá la participación activa. La excusa oficial se basa en «consideraciones logísticas».

The Global Network of Rainbow Catholics solicitó en tiempo y forma ser una de las plataformas presentes en la zona de exposiciones del Encuentro Mundial de las Familias de Dublín. No obstante, parece que las «consideraciones logísticas» impedirán que un sector que defiende la inclusividad del colectivo LGTB en la Iglesia Católica tenga presencia en dicho encuentro. En realidad, la excusa es poco creíble, teniendo en cuenta que han sido públicas y notorias las presiones del ala dura y ultraconservadora de la jerarquía (y de los sectores sociales afines) para evitar cualquier nuevo gesto que haga parecer un cambio de postura oficial con respecto a la heteronormatividad tradicional de la doctrina social vigente de la iglesia.

Ruby Almeida, codirectora de GNRC, se ha lamentado de que «la iglesia públicamente dice que es acogedora [para las personas y organizaciones LGTB] pero se ejerce presión sobre los organizadores. Queríamos poder ir y decir que esto es lo que somos». Según esta misma representante de la red de entidades católicas pro LGTB, aunque el papa estaba «tratando de crear un espacio para nosotros», había fuerzas conservadoras en el Vaticano que dominaban.  En opinión de Almeida, «hay una gran lucha de poder en el Vaticano, pero la gente quiere ver el cambio».

Las primeras referencias al colectivo LGTB en los materiales preparatorios de este Encuentro Mundial de las Familias abrieron una puerta a lo desconocido hasta la fecha, teniendo en cuenta que en todas las ediciones anteriores no se movió ni un milímetro la doctrina social de la iglesia. Hace meses nos preguntábamos hasta dónde llegarían esos gestos inclusivos y la respuesta empieza a hacerse ahora evidente.

El pasado mes de julio, el portavoz de We Are Church (WAC) en Irlanda, Brendan Butler, ya denunció que «el 25 de mayo enviamos una carta certificada al padre Tim Bartlett, secretario general de Encuentro Mundial de las Familias y la copiamos al Dr. Diarmuid Martin, arzobispo de Dublín y presidente del Encuentro Mundial de las Familias, solicitando la cortesía de una decisión sobre nuestra solicitud. Ambas cartas también fueron ignoradas», decía entonces. Asimismo, Butler añadía que la jerarquía eclesiástica dominante continúa «con sus tácticas de sigilo, ya utilizadas contra los homosexuales, borrando fotos de parejas LGTBQI de su folleto oficial a principios de este año y eliminando un minuto incluido del vídeo del obispo David O’Connell».

El codirector de The Global Network of Rainbow Catholics, Christopher Vella, también se quejaba de la exclusión. «La realidad es que las personas LGTBI y sus familias son parte de la Iglesia. Hay millones de católicos LGTBI y cientos de millones que tienen miembros LGTBI en sus familias. Ellos merecen ministerio y cuidado pastoral efectivo, al igual que cualquiera en nuestra Iglesia. Los gestores de la Iglesia no tienen todas las respuestas; muchos de ellos tienen sus propias interrogantes. Estamos dispuestos a ser una fuente para esas familias y para esos líderes de la Iglesia. Es una lástima que nuestra asistencia y experiencia no sea recibida con entusiasmo».

Fuente Religión Digital/Dosmanzanas

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El Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia ha denunciado un repunte de las agresiones registradas contra personas LGTB en la Comunidad Valenciana a lo largo de las últimas semanas. Episodios como el ocurrido en Santa Pola, o las más recientes agresiones en Villajoyosa y en Festival Arenal Sound en Burriana, ponen de manifiesto lo vulnerable que siguen siendo las personas LGTB, especialmente cuando se visibilizan abiertamente como tales.

«Durante el mes de julio, se ha producido un repunte de las agresiones LGTBI, registrándose 11 incidencias graves en un solo mes», ha declarado Toño Abad, director del Observatorio. Según el comunicado emitido por la entidad valenciana, las víctimas de este repunte son básicamente hombres jóvenes, gais o bisexuales, de edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, mientras que el perfil del agresor es sobre todo el de varones, solos o en grupo, de mediana edad.

Por lo que se refiere al total acumulado en lo que llevamos de 2018, «hasta la fecha han aumentado las agresiones a personas LGTBI en un 20% con respecto a las registradas en el mismo periodo de 2017», explican desde el Observatorio. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que la actividad del Observatorio Valenciano, que nació el año pasado impulsado por el colectivo alicantino Diversitat, es más reciente que la de sus homólogos madrileño o catalán. El pasado mes de abril publicó su primer informe anual, referido al año 2017. Según dicho informe, elaborado a partir de las denuncias y consultas recibidas por parte de Diversitat y de varias entidades colaboradoras, en el territorio valenciano se contabilizaron durante el año pasado 79 delitos e incidentes motivados en el odio y la discriminación.

No obstante, más que el aumento en el número de incidentes registrados (que en parte podría justificarse por el mejor conocimiento de los mismos) lo que ha despertado las alarmas es la virulencia de algunos de los ataques más recientes. Es lo que sucedió, por ejemplo, en Santa Pola, donde una pareja gay fue salvajemente agredida en la piscina de una urbanización por un vecino, en Villajoyosa, donde el Observatorio Valenciano ha prestado asistencia jurídica a un hombre gay que fue agredido al grito de «maricón, te voy a matar» y que sufrió lesiones en boca, cuello y brazos, o en el Festival Arenal Sound en Burriana, donde un joven ha denunciado que dos individuos que ha identificado como de origen marroquí le golpearon (provocándole entre otras lesiones un hematoma en la región ocular) y le dirigieron insultos homófobos.

Como explica Toño Abad, estas agresiones suponen solo «la punta del iceberg, porque las víctimas tienen miedo a denunciar y tan solo nos llega entre el 10 y el 20% de las agresiones e incidentes que ocurren». Es por ello que el director del Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia ha exigido que se apruebe ya la ley autonómica contra la discriminación de las personas LGTBI «y se generen, se impulsen y se activen los mecanismos necesarios para frenar la creciente tendencia de odio y discriminación», así como que se articule un régimen sancionador «para terminar de una vez con todas con la gratuidad hacia la LGTBIfobia». Abad considera en este sentido imprescindible que la ley autonómica contemple aspectos como la formación de las policías locales en la atención a las víctimas y la aprobación de planes municipales de atención a la diversidad, ya que «la administración más cercana a la ciudadanía es la local y tiene un importante papel en la prevención de la LGTBIfobia, a través de campañas o de acciones específicas así como en la atención a la víctima».

Toño Abad también reclama que se incorpore a la ley el deber de intervención para que los funcionarios y empleados públicos de la Generalitat Valenciana tengan herramientas para la denuncia de todos aquellos casos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, haciendo así posible que se visibilice una discriminación que sucede «de forma oculta».

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Un año más ha tenido lugar la celebración del Orgullo LGTB de Praga, uno de los más tardíos de Europa, y cuyos actos se han extendido del 6 al 12 de agosto. Entre los protagonistas de este 2018 han destacado las familias LGTB, un gesto con el que los activistas checos buscan marcar terreno en un momento en el que la República Checa puede ver legalizado el matrimonio igualitario.

Como cada agosto desde 2011 se ha celebrado en Praga la semana del Orgullo LGTB. En esta ocasión, los organizadores han querido dar un especial protagonismo a las familias, una elección muy vinculada al debate sobre la posible aprobación del matrimonio igualitario en la República Checa. Como ya hemos informado, el proyecto de ley fue registrado el pasado 22 de junio. De ser aprobado, las parejas del mismo sexo tendrían acceso al matrimonio en igualdad de condiciones en derechos y obligaciones que las de distinto sexo. No va a resultar sencillo: el principal elemento a favor es el respaldo del propio Gobierno checo y de buena parte del partido gobernante, ANO. En contra, el hecho de que solo el Partido Pirata lo respalda de forma clara y públicamente unánime. Además, un grupo de diputados ha presentado un proyecto de enmienda a la Constitución para hacer imposible su aprobación, si bien requeriría del apoyo de dos tercios de la Cámara, algo improbable con la actual correlación de fuerzas (la aprobación del matrimonio igualitario requeriría «solo» de una mayoría absoluta).

En este contexto, los organizadores del Orgullo y los colectivos LGTB checos han decidido dar protagonismo a la igualdad de las familias LGTB, especialmente en el acceso al matrimonio y los derechos familiares. Buen ejemplo ha sido la exposición de fotografías del artista eslovaco Robert Vano, titulada «Jedna láska, jedno manželství» («Un solo amor, un solo matrimonio») y exhibida en la Estación central de ferrocarriles. Allí se han podido ver imágenes de gran formato de varias familias homoparentales del país, con el objetivo de visibilizar su realidad en uno de los lugares más transitados de la capital checa.

Pero también se han abordado otros temas, como la prevención del VIH/sida. En este sentido, se ha reservado un espacio para la prueba del VIH y otras ITS en el corazón del festival, el «Pride Village» en Střelecký Ostrov (La «Isla de los Cazadores»). El día 8 de agosto, el «duhová tramvaj» («tranvía del arco iris») recorrió las calles de la ciudad con una intervención de arte destinada a concienciar sobre la necesidad de hacerse la prueba. Igualmente, destaca como nota llamativa el que una parada de tranvía, cercana al Pride Village, haya cambiado su nombre por el de «Duhová» («arco iris»).

El Orgullo de Praga también destaca por la presencia notable de colectivos de creyentes LGTB, especialmente la asociación Logos, que engloba varios grupos en todo el país. Sus actividades están contempladas en el programa oficial y disponen de una caseta propia en la Isla de los Cazadores como punto de información permanente y lugar de la mayor parte de sus actividades (cada día celebran una oración o meditación a las 18 horas en torno a el tema de la identidad, así como dos oficios religiosos, al comienzo y el final del festival respectivamente). Este año, en especial, han contado con la presencia del británico Philip Baldwin, quien el pasado 8 de agosto habló sobre cómo pasó de abogado a activista LGTB y en favor de las personas con VIH y de ahí a hacerse cristiano sin que ello lo viviera como una contradicción.

Como es habitual en las celebraciones del Orgullo, la actividad principal fue la celebración, ayer sábado 11 de agosto, de la gran manifestación desde la Plaza de San Venceslao hasta el parque de Letná. Se estima que unas 40.000 personas participaron activamente (el año pasado fueron 35.000), una cifra que no ha parado de crecer desde 2011, tal y como se muestra en las gráficas de los propios organizadores. Una cifra especialmente significativa si se compara con otros países del antiguo bloque soviético, respecto de los que el Orgullo praguense destaca también por el apoyo institucional y la ausencia de incidentes o contramanifestaciones homófobas. En este sentido, merece la pena señalar que, según estimaciones de los organizadores, cerca de un cuarto de los asistentes procede de estos países, especialmente de Eslovaquia, Polonia y Ucrania. Parece claro que el Orgullo de Praga constituye para muchos la ocasión más cercana y accesible para encontrar una ocasión de libertad que en sus lugares de origen aún resulta muy difícil.

Desde el punto de vista político, ha destacado muy especialmente la implicación del Partido Pirata, tercera formación más votada en las elecciones de 2017, como el más claramente comprometido con la realidad LGTB. Aunque ya habían participado en años anteriores en la manifestación, en esta ocasión lo han hecho con su propia carroza, que, en obvia referencia al partido, ha adoptado la forma de barco pirata. «Como en otras ciudades del mundo, la semana del Orgullo se ha convertido en parte del calendario anual de actividades. El Prague Pride pertenece a nuestra ciudad: habla de libertad, tolerancia mutua y respeto a las diferencias, pero también de divertirse. Para mí, personalmente, es una semana para cargar energías, cuando la ciudad cobra vida y me alegra poder formar parte de ello», ha declarado Zdeněk Hřib, candidato pirata a la alcaldía de Praga.

Fuente Dosmanzanas

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Foto de la marcha del Orgullo de este año en París (Twitter de Alex)

Según informa El Faro de Ceuta, la Audiencia Nacional ha rechazado dar protección a un ciudadano argelino, amenazado de muerte por su familia por ser homosexual, al considerar que no está perseguido por las autoridades de su país. «No se puede considerar que una persona sea objeto de persecución por el mero hecho de ser homosexual», expresa la sentencia. Aunque es cierto que en años recientes no han trascendido procesamientos, el Código Penal argelino castiga los actos de homosexualidad con pena de prisión de 2 meses a 2 años.  

Según relata el diario ceutí, que ha tenido acceso a la sentencia, el ciudadano argelino llegó a Ceuta en abril de 2017, huyendo se su familia. Un hermano suyo, que pronto iba a salir de prisión, le había amenazado de muerte por ser homosexual. Según la sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, sin embargo, «los únicos actos de persecución o amenaza» que explica el ciudadano argelino «los expone de forma vaga y sin ninguna acreditación», sin que procedan de las autoridades argelinas sino de su propio entorno familiar. Siempre según El Faro de Ceuta, la Audiencia Nacional solicitó un informe a ACNUR (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados), según el cual el solicitante «no parecía encontrarse en necesidad de una protección» y al abogado de Estado, que se mostró desfavorable a la concesión de una protección internacional.

La Audiencia Nacional va más allá y se permite, de hecho, valorar la situación de las personas homosexuales en Argelia como propia «de una sociedad en transición, donde en principio rigen unos principios ancestrales frente a una realidad mucho más tolerante» y asegura que «No se puede considerar que una persona sea objeto de persecución por el mero hecho de ser homosexual». 

La decisión de la Audiencia Nacional, a la que la defensa del ciudadano argelino había recurrido, agota la vía para conseguir el asilo por parte del solicitante, que a partir de este momento puede ser deportado.

ILGA: Argelia sí se encuentra entre los países con homofobia de Estado 

Basta con acudir al informe anual sobre Homofobia de Estado que publica ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex) para saber que el Código Penal argelino castiga los actos de homosexualidad con pena de prisión de 2 meses a 2 años y con multa de 500 a 2.000 dinares argelinos. Cuando alguno de los autores fuera menor de 18 años de edad, la pena impuesta se agrava hasta los 3 años de prisión y los 10.000 dinares de multa. Por otra parte, también se castiga con prisión de 2 meses a 2 años y multa de 500 a 2.000 dinares a «quien cometiere atentado al pudor en público» y en el caso de que «el atentado al pudor consistiere en un acto contra natura con una persona del mismo sexo», la pena será prisión de 6 meses a 3 años y la multa de 1.000 a 10.000 dinares.

No solo eso: el Código Penal también castiga a quien difunda cualquier tipo de material «que atente contra la decencia» con penas de 2 meses a 2 años y multa de 500 a 2.000 dinares. Según el informe de ILGA, «esto va más allá del alcance de la regulación típica basada en el comportamiento, y sigue una línea que se acerca más a las normas sobre ‘propaganda’ de identidades no heterosexuales como las de Medio Oriente o el Norte de África».

El informe de ILGA recoge como ya en 2016 Reino Unido rechazó una solicitud de asilo interpuesta por un hombre gay argelino, basándose en parte en la falta de procesamientos o arrestos en los últimos años. «Sin embargo, la decisión no tuvo debida cuenta de la humillación familiar y social extrema, las amenazas y la violencia que impera en la Argelia rural y urbana respecto de las orientaciones sexuales diversas, tanto en hombres como en mujeres», deja claro la organización LGTB.

Es más, ILGA recuerda que Argelia ha rechazado las recomendaciones para despenalizar las relaciones sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que por ejemplo el entramado legal sobre entidades sin ánimo de lucro, información y derecho de reunión, junto con el hecho de que los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo están criminalizadas, «produce un ambiente en el que es no es posible registrar una organización que trabaje temas relacionados con la orientación sexual».

La historia de Anouar Rahmani

Hace pocos meses contábamos en esta misma página la historia de Anouar Rahmani, un escritor y activista argelino que había denunciado la agresión que sufrió un amigo suyo por ser homosexual. Tres personas le redujeron y le torturaron dándole latigazos que le dejaron grandes marcas en la espalda, según se puede comprobar en la fotografía que acompañaba al mensaje de Rahmani. «La imagen (de las heridas en la espalda, que hizo públicas) ilustra la justicia popular argelina que se permite atacar e insultar, incluso instaurar su propia ley sobre el resto de la comunidad con total impunidad», escribió. Tras la denuncia, el propio Rahmani recibió graves mensajes de odio e incluso amenazas de muerte.

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Los dos hombres son retirados después de comparecer en la corte.

Un año después de su arresto en agosto de 2017, el tribunal de distrito de Kapiri Mposhi, en el centro del país, ha declarado culpables de «actos contra natura» a Japhet Chataba y Stephen Sambo. Los acusados fueron sometidos a la infame práctica de los exámenes anales, considerados por las asociaciones de defensa de los derechos humanos como una forma de tortura. De acuerdo con el Código Penal zambiano, se enfrentan a una pena que puede llegar a los 14 años de cárcel.

Los supuestos hechos se produjeron el 25 de agosto del año pasado. Japhet Chataba y Stephen Sambo fueron detenidos después de que la empleada de un hotel los denunciara por haber mantenido relaciones sexuales. Durante el juicio, cinco testigos afirmaron que habían presenciado los actos por los que se acusa a los dos hombres, que se declararon no culpables. Los acusados se sometieron a la tortura de los exámenes anales, una práctica tan humillante como inútil para la finalidad que pretende.

A pesar de que los resultados de la infame prueba fueron «inconsistentes con las acusaciones», el juez Ackson Mumba consideró que las declaraciones de los testigos y el hecho de que los acusados se negaran a declarar constituían una prueba suficiente para decretar su culpabilidad. El Código Penal de Zambia prevé una pena de 14 años de cárcel por el «conocimiento carnal de cualquier persona contra natura». Ahora será el tribunal el que fije la pena para Chataba y Sambo.

Zambia, LGTBfobia social y de Estado

Zambia heredó la legislación homófoba de la época colonial británica tras su independencia en 1964. Tanto las relaciones homosexuales masculinas como las femeninas son ilegales, con prolongadas penas de cárcel. Se trata, de hecho, de uno de los países africanos en los que la homofobia social es más fuerte: hasta el 98% de la población considera la homosexualidad moralmente inaceptable, según datos de 2010. La fuerte influencia evangélica no sería ajena a este clima de odio homófobo. Ya en 2010 recogíamos cómo múltiples instituciones del país (incluidos dos de los principales partidos políticos y diferentes líderes cristianos) se posicionaban con fuerza en contra de la homosexualidad como reacción al anuncio por parte del Gobierno sueco de que apoyaría a colectivos pro derechos humanos de Zambia, incluidos grupos LGTB.

Buen ejemplo del desprecio con que se tratan los derechos LGTB en Zambia fueron las declaraciones del actual presidente del país Edgar Lungu a principios de 2013, cuando era ministro del Interior. «Los defensores de los derechos de los homosexuales deben ir al infierno. No es un problema que vayamos a tolerar. No habrá discusión alguna sobre los derechos de los homosexuales. Ese asunto es ajeno a este país», afirmaba entonces.

La persecución ha proseguido y la LGTBfobia social, si cabe, ha aumentado. En 2014, el Ministro de Relaciones Exteriores, Gabriel Namulambe afirmaba que despenalizar la homosexualidad sería una afrenta al cristianismo… y ese mismo año, dos hombres eran absueltos por falta de pruebas tras más de un año en prisión preventiva. Pero en noviembre de 2015, una mujer transexual fue condenada a la cárcel por «sodomía» después de que, según el testimonio de la acusada, un taxista la forzara a mantener relaciones sexuales.

El pasado mes de abril, el gobierno de Zambia rechazó la recomendación de ocho países para reconocer las relaciones sexuales entre personas homosexuales, bisexuales y transexuales, remitida entre otras 203 recomendaciones en favor de los derechos humanos que le fueron sugeridas durante el Examen Periódico Universal de la ONU.

Unas  muestras de la homofobia y la transfobia legal que convierten en un infierno la vida de tantas personas LGTB en África

Fuente Dosmanzanas

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En un intervalo muy corto de tiempo se han producido dos agresiones homófobas: una en el municipio madrileño de Fuenlabrada y la otra en la localidad vasca de Zigoitia. En una nota de prensa remitida este lunes por la asociación Arcópoli, se recoge el ataque en Fuenlabrada a dos chicos que paseaban cogidos de la mano en las inmediaciones de la estación central de Cercanías al grito de: «maricones de mierda, hijos de puta, escorias». Por su parte, el colectivo vasco Lumagorri también ha denunciado una agresión homófoba en Zigoitia; concretamente en una zona en la que se practica cruising. Lumagorri alega que «apoyará a todas las personas que sean objeto de alguna agresión, sea de la índole que sea» y solicita que testigos y víctimas de este u otros casos de LGTBfobia les contacten a través del teléfono 633 309 653.

Y.A. de 23 años y J.D. de 37, una pareja de hombres abiertamente gais, se encontraban caminando de la mano en las inmediaciones de la estación central de Fuenlabrada cuando fueron víctimas de una agresión homófoba. El agresor, de unos 24 años, comenzó a increparles y de ahí pasó a las manos. Incluso tras la advertencia de las víctimas de que iban a llamar a la policía el atacante, que ya ha sido identificado gracias a la colaboración de los trabajadores de Renfe, espetó que «me da lo mismo la policía. A vosotros os voy a matar como vuelva a veros por Fuenlabrada. He llamado a mis amigos y os vamos a dar una paliza».

Uno de los chicos recibió un puñetazo y fue atendido en un centro de salud cercano con pronóstico de lesión pareo occipital derecha e inflamación. Posteriormente, acudieron a urgencias, ya que no se encontraba bien y había tenido vómitos y otalgia en el lado del puñetazo. Asimismo, tal y como recoge el comunicado de Arcópoli, presentaba dolor cervical y mareo. Se quedó en observación toda la noche para control del dolor. Arcópoli y Fuenla Entiende señalan que han ofrecido apoyo jurídico y sicológico a Y.A. y J.D.

Desde el pasado 1 de enero, el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia ha registrado 186 incidentes LGTBfóbicos, incluyendo este último de Fuenlabrada, que ya se ha llevado ante la Fiscalía de Delitos de Odio de la Comunidad de Madrid. Además, las víctimas de este suceso violento también presentaron la correspondiente denuncia en una comisaría de la Policía Nacional. Fuenla Entiende defiende que «la denuncia es la mejor arma para poder actuar y conocer la realidad a la que nos enfrentamos y acabar con esta lacra que nos afecta».

Por su parte, el colectivo vasco Lumagorri también ha denunciado una agresión homófoba en Zigoitia; concretamente en una zona en la que se practica cruising. Al parecer, unos individuos acudieron en coche a este espacio de cruising y, tras provocar algunos desperfectos en los vehículos aparcados, se dispusieron a gritar, increpar y tirar piedras a las personas que allí se encontraban. Ocurrió en la madrugada del 4 a 5 de agosto. Lumagorri alega que «apoyará a todas las personas que sean objeto de alguna agresión, sea de la índole que sea» y solicita que testigos y víctimas de este u otros casos de LGTBfobia les contacten a través del teléfono 633 309 653.

Fuente Dosmanzanas

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La diputada japonesa Mio Sugita, perteneciente al gubernamental Partido Liberal Democrático, ha realizado unas declaraciones de contenido fuertemente LGTBfobo que han causado gran indignación. Según la representante política, las parejas del mismo sexo son «improductivas»al no tener la capacidad de procrear, por lo que cualquier gasto público en programas contra la discriminación es un dispendio. Asimismo, afirma que la aceptación social de las relaciones entre personas del mismo sexo «incrementará el número de personas infelices» en el conjunto de la población. Miles de manifestantes se han congregado en Osaka y Tokio para reclamar la dimisión de la diputada, mientras que la directiva de su partido elude cualquier crítica y defiende su derecho a expresar sus propias opiniones.

Mio Sugita, de 51 años, es una diputada de la cámara baja del Parlamento japonés, en representación del conservador Partido Liberal Democrático, actualmente en el Gobierno. El pasado 18 de julio se publicó un artículo firmado por ella en la revista Shincho 45, en el que criticaba la reciente actitud de la prensa japonesa de apoyo a los derechos de los ciudadanos LGBTI.

Según Sugita, este respaldo de los medios al respeto a la diversidad «podría hacer que personas capaces de disfrutar de un enamoramiento normal y casarse se crean que tienen la opción de volverse homosexuales, y como resultado, aumentará el riesgo de que haya más personas infelices». También criticaba cualquier gasto público en programas contra la discriminación de las personas LGTBI, porque «estos hombres y mujeres no tienen hijos, es decir, son improductivos».

La diputada concluía su artículo afirmando que «una sociedad privada de ‘sentido común’ y ‘normalidad’ está destinada a perder ‘orden’ y finalmente a colapsar. No quiero que Japón sea una sociedad así». Las críticas arreciaron en las redes sociales nada más publicarse la revista, pero Sugita se defendió de las críticas, asegurando que incluso un alto cargo de su partido le había enviado un mensaje en el que le indicaba que «debía mantener la cabeza muy alta porque no había dicho nada que estuviera mal».

La persistencia de Sugita en sus declaraciones provocó que se convocaran manifestaciones en Osaka y Tokio, en las que miles de ciudadanos japoneses exigieron la dimisión de la diputada. También hubo reacciones entre el resto de las formaciones políticas, e incluso dentro de su mismo partido.

Taiga Ishikawa, uno de los primeros políticos japoneses abiertamente gay, replicaba a la diputada sosteniendo que «la homosexualidad no es sinónimo de infelicidad. Son los comentarios discriminatorios como los de Sugita los que nos hacen infelices». Ishikawa también consideraba que, dado que la diputada es miembro del partido gobernante, sus declaraciones «dañan significativamente la reputación de Japón de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020».

El diputado Shunsuke Takei, antiguo miembro del Ministerio de Exteriores, afirmaba en las redes sociales que el artículo de Sugita «no es política, sino que se trata simplemente de un discurso de odio». Por su parte, la activista lesbiana Hiroko Masuhara ligaba las palabras de la representante con la idea de eugenesia, comparándolas con las proposiciones que condujeron al asesinato de homosexuales en la Alemania nazi.

Desde su propio partido, el diputado Gaku Hashimoto, que encabeza la comisión de Salud, Trabajo y Bienestar, opinaba que las ideas de Sagita «se puede decir que contravienen toda la política gubernamental sobre bienestar social». Sin embargo, el secretario general de Partido Liberal Democrático, Toshihiro Nikai, prefería mantenerse al margen y eludía cualquier crítica, declarando al respecto que «diferentes personas tienen diferentes puntos de vista, y, por supuesto sus propias posiciones políticas».

Fuente Dosmanzanas

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La declaración negacionista de Val Kalende, hasta ahora abiertamente lesbiana y activista LGTB ugandesa, es un jarro de agua fría para la comunidad sexualmente diversa de este país africano, atenazado por una fuerte LGTBfobia social y de Estado. «Lo único que aprendí de ser lesbiana fue a ser una chica rebelde», dice entre otras cosas Kalende en su confesión televisiva (que tiene tintes religiosos, según ella misma reconoce y como también puede apreciarse claramente en la grabación). Todavía no se han pronunciado muchas organizaciones igualitarias en Uganda al respecto. Sin embargo, las entidades y los activistas que lo han hecho no ha sido para cargar contra ella, a la que en todo caso le han agradecido el esfuerzo realizado hasta ahora, sino para poner el foco en la moral religiosa LGTBfóbica. «La religión es un veneno», ha declarado la activista Stella Nyanzi. Con toda probabilidad, el caso de la supuesta «conversión» de Kalende será utilizado contra el colectivo LGTB por los grupos fundamentalistas cristianos.

«Yo era la oveja negra de la familia. Mi familia estaba enojada conmigo por ser lesbiana. Mis tíos, tías, primos, sobrinos y muchos amigos me rechazaron y me repudiaron», narraba en su aparición televisiva la hasta ahora activista Val Kalende. «Me quedé huérfana entre los 16 y los 17 años. Mis padres fallecieron a causa del VIH/Sida antes de que se descubrieran los antiretrovirales. Mi madre falleció más tarde, después de mi padre. Fui a otra casa. Es en esta casa donde me introdujeron a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo», continúa el discurso de esta mujer.

Kalende cuenta que «me fue muy bien en la escuela y fui admitida en uno de los mejores colegios femeninos de Uganda. Me uní a St. Joseph Nsambya y allí conocí a muchas chicas que mantenían relaciones sexuales del mismo sexo». A raíz de ahí «conocí e hice muchas amigas y sabía o era parte de los entornos lésbicos. Pero, estoy sorprendida de que casi todas estén casadas y de que tengan familias felices y crecidas. Sin embargo, aquí todavía estoy yo con la carga de ser lesbiana. La chica a la que podría llamar mi primera relación a los 17 años está felizmente casada y tiene una familia. Lo único que aprendí de ser lesbiana fue a ser una chica rebelde». En este sentido, remata preguntándose «por qué el mundo nos obligó a convertirnos en chicas que no aman a los hombres».

A pesar de estas sorprendentes declaraciones, que se pueden resumir en su frase de «ya no soy lesbiana», Val Kalende lleva más de una década trabajando para organizaciones LGTB como Freedom y Roam Uganda o Sexual Minorities Uganda, entre otras. También estableció lazos con el activismo de otros países como los Estados Unidos, impartió conferencias en distintos países y publicó artículos en medios de masas reclamando la igualdad y los derechos humanos. Llegó a ser arrestada en alguna ocasión. Ahora, Kalende se aleja de todo este pasado, construido con esfuerzo y sacrificio, para dedicarse a construir su moral cristiana.

Ya en 2009, al visibilizarse mediáticamente como lesbiana, uno de esos medios recogió los intentos de su pastor de que realizara otra entrevista en la que admitiera haberse «convertido» en heterosexual por «un milagro». Algo que no hizo entonces, pero que ha acabado haciendo casi una década después.

Todavía no se han pronunciado muchas organizaciones igualitarias en Uganda al respecto. Sin embargo, las entidades y los activistas que lo han hecho no ha sido para cargar contra ella, a la que en todo caso le han agradecido el esfuerzo realizado hasta ahora, sino para poner el foco en la moral religiosa LGTBfóbica. «La religión es un veneno», ha declarado la activista Stella Nyanzi.

«Tal vez tenemos que averiguar qué causó esto en lugar de culparla. Permitámonos también abordar el odio dentro de la comunidad misma», defiende Mirakel Rakkaus Hossy (otra activista ugandesa que tuvo oportunidad de trabajar con Kalende), que agrega que «no podemos decir que ella fue un fraude».

Este es el vídeo completo en el que se registra la intervención de Kalende:

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales del año pasado, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

Fuente Dosmanzanas

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Los activistas de Russian LGBT Network han denunciado el intento de secuestro de un joven homosexual checheno en San Petersburgo, con el objetivo de llevarlo de nuevo a su región de origen. Según los denunciantes, en la captura del joven participó activamente su propio padre, quien parece ser el principal inductor, y al menos un agente policial checheno. Russian LGBT Network afirma que este sería el quinto caso de secuestro de homosexuales para ser conducidos hasta Chechenia, una región donde se han denunciado detenciones por «sospecha de homosexualidad» e, incluso, la existencia de campos de concentración para homosexuales.

Desde la web activista Russian LGBT Network se ha denunciado el intento de secuestro el pasado 13 de julio del joven de origen checheo Zelimkhan Akhmadov, que actualmente reside en San Petersburgo. Cinco personas atacaron a Zelimkhan cuando se encontraba cerca del lugar donde vivía refugiado y le obligaron a introducirse en un coche. Un amigo del joven, que presenció el ataque, envió un mensaje a un miembro de Russian LGBT Network, que inmediatamente lo puso en conocimiento de la policía.

Agentes policiales acudieron al lugar de los hechos e interrogaron a diversos testigos. Entre ellos se encontraban los miembros de seguridad del refugio donde se alojaba Zelimkhan, quienes, como medida de precaución, anotan las matrículas de los vehículos que estacionan en las inmediaciones. Debido a ello, pudieron facilitar a la policía la del coche donde introdujeron al joven secuestrado, que, según su información, había permanecido aparcado en los alrededores los dos últimos días.

Con este dato pudieron localizar con prontitud el vehículo, donde en ese momento solo se encontraban Zelimkhan y un hombre que se identificó como su padre. También se halló un documento de identificación de un agente policial checheno. Conducidos a comisaría, el padre del joven Zelimkhan siguió amenazando a su hijo, acusándole de ser la vergüenza de la familia y culpándole de que toda ella se encuentre amenazada de muerte debido a su homosexualidad. Allí se esclareció también que el padre había intentado convencer a su hijo de que grabase un vídeo en el que afirmara que no sufría persecución alguna y que no era homosexual, algo a lo que Zelimkhan se negó taxativamente.

Ya por la tarde, Zelimkhan abandonó la comisaría y los miembros de Russian LGTB Network le condujeron a un lugar seguro, donde ahora ha encontrado nuevo refugio. También se ha presentado la correspondiente denuncia y se ha iniciado el procedimiento legal. Según el artículo 126 del Código Penal ruso, el secuestro cometido por un grupo de personas previo concierto es castigado con penas de 5 a 20 años de cárcel.

Para el activista de Russian LGTB Networl Igor Kochetkov, estos casos evidencian la falsedad del discurso oficial de que no existe ningún problema de discriminación o persecución de homosexuales en Chechenia. No solo existe, sino que los ciudadanos homosexuales chechenos son perseguidos incluso fuera de su región.

Recordemos que, hace poco más de un año, las estremecedoras noticias sobre detenciones, torturas y asesinatos de personas homosexuales en la república rusa de Chechenia sacudían a la comunidad internacional. Según reportaba el diario Novaya Gazeta, al menos 100 personas habían sido detenidas y encarceladas por ser «sospechosas de homosexualidad». Más adelante, salía a la luz la posible existencia de auténticos campos de concentración para personas homosexuales cerca de Grozny, la capital chechena. En este tiempo, La homofobia del líder checheno, Ramzán Kadýrov, ha quedado sobradamente demostrada. Sofocada la crisis separatista, el Gobierno checheno ha encontrado en el colectivo LGTB un chivo expiatorio que encaja perfectamente con sus ideales retrógrados. Un año después, sin embargo, las autoridades rusas siguen demostrando una ausencia total de voluntad política para investigar los posibles crímenes y llevar a los responsables ante la justicia. A fecha de hoy, nadie ha sido detenido ni imputado.

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La asociación ha reconocido dos violaciones y múltiples agresiones físicas y verbales

El colectivo Arcópoli ha hecho público el balance provisional de incidentes de odio por LGTBfobia ocurridos durante la celebración del Orgullo LGTB en Madrid, un evento que se extiende durante varios días y que convertida ya en la principal fiesta popular de la capital moviliza a cientos de miles de personas. Arcópoli, promotor principal del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, ha identificado al menos 35 incidentes, además de dos agresiones sexuales a dos chicos. Otro dato preocupante: la tasa de denuncias sigue siendo muy baja. Solo 5 incidentes fueron denunciados a Policía o Guardia Civil, aunque Arcópoli ha puesto varios más en conocimiento de la Fiscalía.

Arcópoli ha registrado un total de 35 incidentes contra miembros del colectivo LGTB durante la celebración del Orgullo, entre las que se encuentran violaciones, agresiones verbales y físicas.

Según ha informado la asociación en un comunicado, del 23 de junio al 8 de julio han registrado dos violaciones a dos chicos gays, tres agresiones físicas, 12 agresiones verbales, un abuso sexual y daños a la propiedad, entre otros episodios.

Arcópoli ha tenido constancia de dos violaciones a dos chicos de menos de 25 años en la ciudad de Madrid el fin de semana de la manifestación del Orgullo. Una fue denunciada ante la Policía y hay varios detenidos, puesto que fue una violación múltiple. La otra no ha sido denunciada aunque sí fue atendida en el hospital. «Seguimos investigando las condiciones en las que se produjeron ambas. Desde Arcópoli nunca habíamos tenido constancia de agresiones sexuales en el Orgullo», añaden desde el colectivo madrileño con gran preocupación.

Además, la asociación ha registrado que en Rivas Vaciamadrid han apedreado una luna de un vehículo al ver la bandera arcoíris dentro; en Parla un chico de 18 años ha sido expulsado de su casa porque su madre se enteró de que era gay; en Algete han realizado varias pintadas homófobas a raíz de la primera celebración del Orgullo; y en Torrelodones por segundo año han llenado de pintadas homófobas la zona arcoíris con mensajes iguales como ‘Arcópoli not welcome’ y algunos dedicados a la alcaldesa.

También, Arcópoli ha afirmado que han aparecido pegatinas en Getafe, Algete y Galapagar contra el colectivo LGTBI. Del mismo modo, han tirado huevos a una bandera arcoíris en una fachada en el Escorial; y han aparecido pegatinas con contenido lgtbfobo en varios distritos de Madrid, así como una pintada amenazante en un local gay en Centro ‘tomate Orlando sodomita frito’ (en relación al ataque terrorista a una discoteca LGTB en EEUU) y un banco arcoíris de Vallecas.

Durante los días de la celebración del Orgullo en Madrid se han registrado varias agresiones verbales, con insultos y amenazas a personas LGTB, así como una tentativa de abuso sexual por parte de varios chicos heterosexuales a una pareja gay durante la manifestación «para humillarles públicamente», según la asociación.

Hubo una agresión física a un trabajador en un restaurante y un chico denunció que un taxista cuando vio que era gay, le bajó del coche, le agredió físicamente y le dejó tirado. Y la noche del Orgullo, en un local en Argüelles donde una discoteca celebraba una sesión ‘gay’, un chico sufrió una agresión física con fractura de mandíbula después de que otro chico le diera un empujón, le dijera que «los maricones no deberíais estar aquí» y le diera un cabezazo; además fue expulsado del local por estar «implicado en una riña».

Para Arcópoli la tasa de denuncia de estos incidentes ha sido «bajísima». A día de hoy, han registrado 179 incidentes de odio al colectivo LGTB en la Comunidad de Madrid en lo que va de año, un número «desgraciadamente» muy similar al de 2017 por estas fechas, por lo que nada apunta a que estén bajando los incidentes de odio. «Seguimos teniendo un gran rechazo a acudir a denunciar pese a las recomendaciones y a nuestra labor de asesoramiento y acompañamiento. Solo 5 de estos incidentes han sido denunciados a Policía o Guardia Civil. Además el Observatorio ha interpuesto 7 denuncias ante la Fiscalía por pintadas y discurso de odio». La existencia de entidades como el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, el Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya o el Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, en este sentido, sigue siendo clave.

La entidad promovida por Arcópoli, por cierto, ha aprovechado el momento para destacar «la apuesta de varios Ayuntamientos por la integración y visibilidad del Orgullo LGTB, como Parla, Algete, Torrelodones, Móstoles, Bustarviejo, San Sebastián de los Reyes o Madrid» así como para dar un agradecimiento especial a la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid y a Metro de Madrid, «por su coordinación con el Observatorio y su compromiso todo el año, pero en especial en el Orgullo».

El coordinador general de Arcópoli, Yago Blando, ha declarado que la visibilidad es la «principal arma en la lucha por la igualdad». «Seguiremos visibilizando nuestra diversidad y nuestra pluma como libre desarrollo de la personalidad de cada cual, necesitamos un mayor compromiso de las instituciones para que estos ataques a nuestra dignidad no provoquen ninguna marcha atrás en nuestro empoderamiento, que es lo que buscan», ha añadido.

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia: contacto

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, promovido por Arcópoli con el apoyo de la Fundación 26 de Diciembre, del colectivo Fuenla Entiende y del Movimiento Contra La Intolerancia, entre otros colectivos y asociaciones, se puso en marcha a principios de 2016. Ofrece acompañamiento y asesoramiento a las víctimas desde el mismo instante en que sufren la agresión y hace un seguimiento del recorrido de la denuncia en los juzgados.

Puedes contactar con el Observatorio a través del teléfono 618 54 71 66 (llamada o WhatsApp) y online en la dirección web http://contraelodio.org

Fuente Arcópoli/Cristianos Gays

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El estado de Delaware se ha convertido en el 14º del país (sin contar a Washington D.C., la capital federal) en vetar las «terapias» reparadoras o de conversión en menores de edad. Intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas y contra las ya antes se han pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otros países del mundo también han aprobado o discuten su prohibición.

El texto de la ley, que se puede consultar aquí, es similar a las normas aprobadas en otros estados norteamericanos. Prohíbe el uso de las «terapias» reparadoras o de conversión en menores, así como dirigirlos a consultas que las practiquen en otros estados. Los profesionales sanitarios (médicos, psicólogos u otros) que lleven a cabo estas prácticas en menores o las publiciten como efectivas se enfrentarán a sanciones que pueden acarrear la pérdida de su licencia. A diferencia por ejemplo de la ley aprobada en Hawái, el texto de Delaware no prohíbe explícitamente la publicidad de las «terapias», salvo la de carácter institucional.

La norma fue aprobada por el Senado del estado en mayo y por la Cámara de Representantes en junio, gracias al control demócrata de la legislatura. El gobernador, el también demócrata John Carney, firmó este lunes la ley, que entró inmediatamente en vigor. Los legisladores rechazaron la enmienda introducida por el representante republicano Richard Collins para permitir el uso de las «terapias» bajo petición.

Con Delaware, el uso de este tipo de intervenciones en menores de edad ha sido ya prohibido en catorce estados norteamericanos, además de en la capital federal. California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut y Washington, Hawái y Maryland. Varias ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares.  Además, el pasado 8 de junio, el gobernador republicano de New Hampshire, Chris Sununu, firmaba una ley similar a la de Delaware y que entrará en vigor el 1 de enero de 2019. Hay además varias ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares.

Cabe señalar además que California ya ha iniciado el proceso parlamentario para prohibir este tipo de intervenciones también en adultos. En este caso, el foco se pone sobre el hecho de que suponen un fraude a los consumidores.

En Europa, Malta fue pionera

En Europa la pionera ha sido Malta, que aprobó una ley en este sentido en diciembre de 2016. Hace unos meses informábamos de cómo Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en la misma dirección. A principios de este mes, el Gobierno británico anunció un Plan de Acción LGTB que contempla la prohibición total de las «terapias» reparadoras, que califica de «prácticas aberrantes». En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la futura ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, actualmente en discusión en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó “colar” una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que por ejemplo contemplaba este aspecto).

En cualquier caso, merece la pena recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de todo el país, emitía hace ahora un año un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen “curar” la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos los casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Alberto (nombre ficticio con el que aparece en la prensa italiana) se llevó una enorme paliza que le va a obligar a quedarse en su casa el resto del verano, con un pronóstico de recuperación de unos 30 días. Ocurrió el sábado pasado en San Salvario, una zona de marcha de los alrededores de Turín. A la salida del metro, otro joven empezó a insultarle y a gritarle «maricón». La agresión, cometida por otro joven de edad similar a él, se produjo porque al atacante no le gustaba su forma de vestir y de caminar. «Había mucha gente, pero nadie me ayudó», le explicó a la policía. El matón estaba acompañado por un grupo que también se mofó de la víctima. La policía está investigando lo sucedido y analizando las imágenes que tiene del metro. Alberto, que ya ha abandonado el hospital, va a tener que renunciar al viaje de graduación a Barcelona con sus compañeros. «Lo único que pido ahora es justicia».

«No puedo acostarme, tengo que poner la prótesis en tensión tres veces al día y los dolores son muy fuertes. Lo peor, sin embargo, es la sensación de no ser libre. Es realmente absurdo que en 2018 un chaval, homosexual o heterosexual, no sea libre de vestirse como quiera o de caminar como desee. Es inconcebible que tenga miedo de que alguien lo llame ‘maricón’ o que le agreda salvajemente», ha relatado Alberto en una entrevista. La víctima teme represalias por su denuncia y por haber trasladado el caso a los medios, aunque argumenta que «no es correcto guardar silencio frente a cualquier tipo de discriminación».

Mientras se produjo la agresión, Alberto no recibió la ayuda de nadie. No obstante, luego sí fue socorrido por un par de personas: «me gustaría agradecerles, pero ni siquiera sé sus nombres». Por otra parte, el joven se lamenta de perderse su viaje de graduación: «Me quedaré en casa, mientras ese matón podrá disfrutar de las vacaciones. Había soñado con viajar a Barcelona, organizado y pagado para ello». Su única esperanza, tras lo sucedido, es que «al menos en estas semanas la policía realmente pueda identificar a esta persona y evitar que hiera a otras».

Alberto, que salió hace tiempo del armario como gay ante sus familiares y amigos, fue víctima de la homofobia durante su adolescencia y esta paliza le ha mostrado que sigue sin estar libre del odio y de la discriminación por su orientación sexual. La rotura del pie y de la clavícula que padece es un recuerdo de ello. «Usualmente me visto de una manera muy llamativa porque me gusta y no creo que tenga que rendirle cuentas a nadie. Pero el sábado llevaba unos pantalones y una camisa, nada más. Ese chico seguía diciéndome que estaba vestido como un marica».

Malos tiempos para la comunidad LGTB italiana

Como recogía dosmanzanas en junio, en el ámbito LGTB poco cabe esperar del nuevo Gobierno italiano de coalición entre la Liga Norte y el Movimiento Cinco Estrellas. A los antecedentes LGTBfobos del nuevo vice primer ministro y titular de Interior, Matteo Salvini, se unen las declaraciones de Lorenzo Fontana, responsable de Familia y Discapacidad, en las que aseguraba que las familias homoparentales «a nivel legal, no existen».

De hecho, como recuerda la organización Arcigay, la trayectoria de la Liga Norte está salpicada de ejemplos de hostilidad hacia la comunidad LGTB. Nos hemos hecho eco de algunos de ellos: el patrocinio, por parte del Gobierno de Lombardía, de un evento homófobo, el intento de obstruir la tramitación de la ley de uniones civiles mediante la introducción de miles de enmiendas o la invitación al presidente de HazteOír Ignacio Arsuaga a propagar su campaña de odio en el Parlamento Europeo. En el caso del M5S, su postura al respecto ha variado de unos prometedores comienzos a desentenderse del tema y, por ejemplo, otorgar libertad de voto a sus representantes sobre la adopción homoparental.

Solo un mes antes, la ciudad de Turín, precisamente donde se ha producido la brutal agresión contra Alberto, acogió una campaña de GECO, una asociación de madres y padres contra la LGTBfobia para trasladar que el problema no lo tienen las personas por su orientación sexual o identidad de género, sino los que discriminan y tienen prejuicios. La llamada Deomofobina, con aspecto de fármaco, se distribuyó como «antídoto contra la discriminación».

Por cierto, el entramado de HazteOír criticó esta campaña. El director de CitizenGO Italia, Filippo Savarese, dijo que «esta operación busca confundir la identidad sexual de los niños porque el contenido de esto es completamente ideológico: se afronta el tema de la homosexualidad, de la sexualidad en general, de la identidad y las relaciones, de manera completamente ideológica, totalmente tendenciosa». De estas agrupaciones ultras, que con sus discursos promueven el odio, ahora solo se puede esperar el silencio como respuesta a la violencia.

Fuente Dosmanzanas

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Una pareja de hombres ha denunciado una agresión homófoba ocurrida en una piscina de una urbanización en Santa Pola (Alicante). Los dos se encontraban disfrutando de su tiempo de ocio en actitud cariñosa, como cualquier otra pareja, cuando un vecino les llamó «maricones de mierda», les forzó a salir de la piscina y agredió salvajemente a uno de ellos. El pasado viernes varias decenas de personas protestaron por lo sucedido organizando una besada frente al castillo de la localidad.

Según relata el diario Información, la agresión tuvo lugar el jueves, 12 de julio, al filo de la medianoche. Fran, de 44 años, se encontraba con su novio haciendo uso de la piscina de la urbanización en la que reside desde hace dos años. No eran los únicos: un grupo de adolescentes disfrutaban también de la instalación en ese momento. Como cualquier otra pareja en su situación, Fran y su novio se encontraban en actitud cariñosa, dándose besos. Algo que al parecer irritó al agresor, un vecino que apareció, les gritó «maricones de mierda» y los forzó a salir de la piscina, amenazándolos con arrojarles una piedra. Ya fuera de la piscina el individuo golpeó a Fran en la boca con la piedra, además de darle varias patadas, según la denuncia que interpuso ante la Guardia Civil esa misma madrugada tras ser atendido en el consultorio médico de Santa Pola. Según el parte de lesiones presentaba heridas en el labio, rotura de un incisivo, lesiones en el hombro y dolor en el tobillo. La víctima refiere además sentir miedo de salir de casa después de lo sucedido.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, que está acompañando a la víctima en el proceso. Desde el Observatorio dan la voz la alarma, al considerar que este tipo de agresiones sigue ocurriendo, entre otras razones, debido a la sensación de impunidad de los agresores, ya que «en el ámbito de la tramitación judicial es complicado que un juez encuentre el agravante de homofobia, no son sensibles a la realidad y queremos que se agraven las penas», en palabras de Toño Abad, director del Observatorio. Confiemos en que este no sea caso, y por el contrario la justicia actúe de forma similar a como hizo recientemente en Denia, también en la provincia de Alicante, donde un individuo de 42 años, vecino de una pareja gay, fue condenado a ocho meses de cárcel y a cumplir una orden de alejamiento de la pareja tras insultarles y amenazarles.

Besada de protesta

Lo sucedido a Fran ha encendido las alarmas en Santa Pola, cuyo concejal de Igualdad y Diversidad, Samuel Ortiz, ha expresado su más absoluto rechazo y se ha mostrado además preocupado por el hecho de que esta no sea la primera agresión homófoba que llega a conocimiento del Ayuntamiento, y ello a pesar de las iniciativas en favor de la diversidad que el Ayuntamiento ha desarrollado. «Quizás los ataques de odio de ciertas personas sean una especie de respuesta a esta visibilidad, y es que las raíces heteropatriarcales todavía están muy arraigadas, y ante eso solo nos queda visibilizar las medidas en favor de la diversidad», ha declarado a eldiario.es. En concreto, el concejal menciona una agresión que sufrió otra pareja gay en la zona de Playa Lisa, que se suma a otra agresión que sufrió un miembro del colectivo juvenil Chronos Teatre cuando el pasado 30 de junio participaba en una performance en la calle con motivo del Orgullo LGTBI. Y hace varios meses fue el bar Eccolo, un local regentado por una pareja de chicas y frecuentado por clientela LGTB, el que fue objeto de un ataque a su fachada. 

De ahí que Chronos Teatre, la plataforma feminista Voces de Santa Pola y el propio bar Eccolo convocasen el pasado viernes una concentración ante la fachada principal del castillo-fortaleza de Santa Pola, en el centro de la localidad, a la que acudieron varias decenas de personas. 

Comunidad Valenciana: 79 incidentes de odio por LGTBfobia recogidos en 2017

El pasado mes de abril, el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia publicaba su primer informe sobre delitos e incidentes de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género de la Comunidad Valenciana, referido al año 2017. Según recogía el documento, elaborado a partir de las denuncias y consultas recibidas por parte del colectivo Diversitat y de varias entidades colaboradoras, en el territorio valenciano se contabilizaron durante el año pasado 79 delitos e incidentes motivados en el odio y la discriminación.

La mayor parte de los incidentes (21, un 39,3%) correspondieron a agresiones verbales, seguidos de amenazas (18) y agresiones físicas (15). 11 fueron catalogadas como discurso de odio, 8 como episodios de discriminación laboral y otros 8 como episodios de violencia en la escuela.

Por lo que se refiere a la tipología de las víctimas, el mayor número de incidentes (32, un 40,5%) se produjeron contra hombres gais. 21 fueron contra mujeres lesbianas, 11 contra personas trans, 7 contra hombres bisexuales, 4 contra mujeres bisexuales, 3 contra personas intersexuales y 1 contra una persona heterosexual. Por provincias, fue precisamente la de Alicante en la que el Observatorio recogió un mayor número de incidencias (42), seguida de Valencia (29) y Castellón (8).

El Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, recordemos, nació impulsado por el colectivo alicantino Diversitat y es el tercero, tras los de Madrid y Cataluña, en publicar completos informes con los datos que han podido recabar sobre la situación en sus respectivas comunidades, y que van más allá de lo que lo hacen los datos oficiales del Ministerio del Interior.

Diversitat y el Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, ante las Cortes Valencianas

Precisamente este lunes comparecía ante la Comisión de Igualdad de Género y LGTBI de las Cortes Valencianas Toño Abad, directos del Observatorio y presidente de Diversitat, para mostrar los datos de su primer informe anual y reclamar la aprobación de una ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTB en la Comunidad Valenciana, que en estos momentos discute el parlamento regional. «La discriminación, el odio y la violencia conforman un continuo que nos acompañan a lo largo de todas nuestras vidas, desde las escuelas hasta las residencias de mayores, en todos los ámbitos: la educación, la sanidad, el trabajo, la familia, los círculos sociales. Llamamos a esta discriminación continua LGTBIfobia básica de fondo, que no es más que un continuo discriminatorio que nos lanza el mensaje de que somos peores personas por ser LGTBI», ha expresado Abad ante los miembros de la Comisión.

«La diversidad se penaliza, y este es un hecho que hay que reconocer para avanzar y ser mejores como sociedad, y es una obligación ética visibilizar esta situación para poder combatirla, independientemente de nuestra ideología, por eso invito al Partido Popular a votar a favor», ha añadido Abad, que ha propuesto incorporar a la futura ley una serie de medidas como consecuencia del análisis comparativo de otras normas, como el deber de intervención de la administración pública autonómica en la detección y erradicación de la violencia o la incorporación de planes de atención a la diversidad en la administración pública valenciana, incluyendo a los Ayuntamientos. Por su parte, Visitación González, responsable de Educación de Diversitat y coordinadora del área de Educación de la FELGTB, que también intervino ante la Comisión, resaltó la importancia que tiene para los docentes una ley que respalde el trabajo en la atención a la diversidad en las aulas.

Tas numerosas alusiones  de la diputada popular Blanca Garrigues a que la ley nacía como una mera declaración de intenciones, innecesaria por existir una ley de mayor rango como la Constitución, Toño Abad contestó que «los cambios sociales, las mejoras como sociedad y como democracia nacen también de las declaraciones de intenciones, de las buenas declaraciones de intenciones». La diputada, en su turno de preguntas, insistió en que las leyes vigentes actualmente ya consagran la igualdad. «La igualdad hay que crearla, no somos todos iguales cuando no recibimos el mismo trato, no conozco a ninguna persona heterosexual que haya sido dicriminada por su orientación sexual o su identidad de género ni tampoco que le hayan puesto las maletas en la puerta sus padres por ser quien es», le respondió Abad, que también se refirió a las acusaciones de «adoctrinamiento» por parte de los sectores más reaccionarios de la sociedad valenciana. «Nadie puede adoctrinar en las aulas para modificar la orientación sexual o la identidad de género en las personas, dado que si esto fuera posible todos seríamos heterosexuales, ya que estamos socializados y educados en la discriminación y la visión negativa de la realidad LGTBI. Si esto fuera posible, no habría ni lesbianas, ni gais, ni bisexuales ni personas trans», explicó Abad.

Fuente Dosmanzanas

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Profundizando en el tema del que ya habíamos hablado y que demuestra la hipocresía de determinados sujetos…

Por Hans

El arzobispo de París ha suspendido al psicoanalista y sacerdote Tony Anatrella como resultado del proceso canónico que le fue abierto el año pasado. El sacerdote fue investigado a raíz de las acusaciones de abuso por parte de varios de sus pacientes. El de Anatrella es un caso especialmente significativo, pues este sacerdote ha sido una de las voces a las que la Iglesia católica ha dado mayor autoridad a la hora de justificar sus posturas homófobas, llegando incluso a colaborar en el Vaticano como asesor en dos Consejos Pontificios.

Según la sanción impuesta por el arzobispo de París, Michel Aupetit, a Tony Anatrella se le prohíbe ejercer el ministerio sacerdotal, confesar, y en especial se le ordena que cese toda «actividad terapéutica». «Monseñor Autpetit le ha indicado que no se le confiará más ningún ministerio sacerdotal. Le ha requerido que no vuelva a escuchar la confesión de los fieles, que renuncie a la dirección o acompañamiento espiritual, así como que renuncie a toda intervención pública», señala la diócesis en un comunicado a France-Presse, recogido por el diario Le Figaro.

Tony Anatrella es una figura bien conocida en entornos católicos. Sacerdote y psicoanalista francés, ha sido una de las personas más referidas como «autoridad intelectual» para apoyar las posturas homófobas de la jerarquía. Sin embargo, las crecientes sospechas de abusos a sus pacientes, recogidas por testimonios de afectados, llevaron finalmente a que el anterior arzobispo de París, André Vingt-Trois, abriera un proceso canónico a principios de 2017 (en buena medida, era el único camino que quedaba abierto, al haber prescrito varios de los casos para el Derecho Civil). La decisión se tomó después de un año de investigación en que se recogieron testimonios de 10 expacientes. El proceso no se llevó a cabo en la propia archidiócesis de París, ya que Anatrella había colaborado con ella en el pasado. El entonces arzobispo solicitó al Tribunal de la Signatura Apostólica un cambio de lugar para el proceso, y se eligió la Oficialía Interdiocesana de Toulouse.

En realidad, las sospechas venían de mucho tiempo atrás. En 2001, Daniel Lamarca, paciente de Anatrella entre 1987 y 2001, denunció a su antiguo terapeuta ante el arzobispo de París, que entonces era el cardenal Jean-Marie Lustiger. Sin embargo, su denuncia no encontró eco alguno. Posteriormente, en 2006, otros dos hombres se unieron a Lamarca y denunciaron la conducta inapropiada del sacerdote-terapeuta, pero el que ya era nuevo arzobispo de París, André Vingt-Trois, ignoró estas nuevas denuncias con el habitual argumento de que eran maquinaciones de un “lobby gay” para dañar a Anatrella.

Sin embargo, el goteo de expacientes continuó, con testimonios coincidentes. Según contaban, Anatrella incluía en la «terapia» contactos corporales que incluían los genitales. Un ejemplo es el testimonio que uno de los afectados, «Fabien», reportó al responsable de la investigación llevada a cabo en París, incluido en un reportaje del semanario católico La Vie. Fabien había sido remitido a Anatrella para tratarse en 1997. Para un joven católico homosexual como él, un psicoterapeuta católico y sacerdote parecía ofrecerle garantías. Pero el panorama que encontró fue muy distinto: «para poder resolver un déficit de afecto de parte de mi padre, nacido en la infancia, me dijo que era necesario que la viviera con mi sexo de hombre púber. Me propuso un ‘paso al acto’ con él. Lo rechacé al principio. Pero al cabo de un momento, acepto; esperaba verdaderamente que eso me haría progresar en mi terapia (…) No había ningún plan ni ningún límite. Comprendí que el fin era acostarnos. Dejé de tener esas sesiones particulares cuando toqué sus genitales. No me gustó nada».

Especialmente destacable a la hora de dar voz a las víctimas ha sido la labor del dominico francés Philippe Lefèbvre, reseñada por Cameron Doody y Hendro Munsterman en Religión Digital, quien durante mucho tiempo ejerció prácticamente en solitario la oposición a Anatrella y su enorme poder, y que ha denunciado que la Iglesia católica trató de silenciarle con prácticas «de la mafia».

Una célebre e influyente «autoridad intelectual».

El hecho de que Anatrella no pudiera ser investigado en el arzobispado de París por haber colaborado con sus autoridades da ya idea de la importancia que este sacerdote ha tenido en el seno de la Iglesia católica francesa, pero también en el Vaticano, donde llegó a ser asesor para los Consejos Pontificios para la Familia y para la Pastoral de la Salud.

Y es que Tony Anatrella ha sido citado frecuentemente en seminarios y centros educativos católicos, también en España, e incluso por medios conservadores laicos (como en este artículo de Libertad Digital publicado en su momento contra las políticas de José Luis Rodríguez Zapatero). Era tenido por un gran experto que refutaba la defensa de los derechos de las personas LGTB. Es además significativo que haya tres libros suyos traducidos al español: La diferencia prohibida, El sexo olvidado y Contra la sociedad depresiva.

Anatrella, de hecho, fue uno de los principales proveedores de argumentos a favor de la prohibición a los homosexuales del acceso al sacerdocio. En una entrevista a L’Osservatore Romano afirmó que la homosexualidad «aparece como una incompletitud, una inmadurez forzosa», y por tanto los homosexuales «no están en disposición adecuada para casarse, para adoptar niños y para acceder al sacerdocio». Más aún, según él «los sacerdotes homosexuales tienden a desviar su función hacia fines narcisistas. Están en la seducción y tienen serias dificultades para situarse institucionalmente en la cooperación con los demás».

Resulta realmente difícil considerar con detalle sus opiniones y mantener el sosiego, pero merece la pena para ver quién fue esta «autoridad católica» en Francia y más allá. Según Anatrella, la homosexualidad es el resultado de una detención del desarrollo sexual. Es igualmente una negación de la diferencia sexual que hace imposible una auténtica entrega al otro. Más aún, al situar la heterosexualidad como cumbre del desarrollo de la personalidad, el homosexual es una persona esencialmente incompleta e inmadura. Llegaba a decir por ejemplo que «La necesidad compulsiva de asistir a fiestas y de encontrarse en determinados lugares con personas de su misma tendencia responde al deseo irreprimible de decapitar la angustia provocada por la incompleción sexual», llegó a escribir en Contra la sociedad depresiva.

Esta peculiar teoría de la personalidad se utiliza como base para negar todo reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo: si decir homosexualidad es decir crecimiento truncado, darle reconocimiento social supone promover la inmadurez en la sociedad y amenaza con socavar sus fundamentos. Así por ejemplo, en Contra la sociedad depresiva escribe lo siguiente:

«La ‘tolerancia’ con respecto a la homosexualidad es una de las formas en que se traduce el carácter depresivo de nuestra sociedad, en la que es fácil ver cómo las representaciones sexuales se fragmentan como si la pulsión sexual no debiera ya buscar la unidad sino la dispersión (…). Evidentemente, la sexualidad humana accede tanto más difícilmente a una dimensión social cuanto que se mueve en un contexto que desvaloriza la procreación y fomenta las demandas de reconocimiento social de la homosexualidad»

Más adelante afirmaba:

«Una sociedad que piensa que la homosexualidad puede ser un modelo social y la inscribe en su ordenamiento jurídico es una sociedad que se cierra a su propio devenir. Peor aún, la homosexualidad concebida en este sentido es la negación misma de la sociedad, que, por su propia naturaleza, está llamada a permanecer abierta a la diferencia (la heterosexualidad) y al desarrollo».

Con todo, esto no era lo peor, pues incluso llegaba a decir lo siguiente:

“Por supuesto que hay que condenar firmemente las expresiones voluntariamente malévolas, las discriminaciones y los gestos violentos contra personas homosexuales (…). Sin embargo, cuando se propala a todos los vientos la idea de que el modelo homosexual es también una referencia social, y que debe ser protegido y organizado por la legislación civil, no hay que extrañarse de que las reacciones puedan ser muy vivas…”.

Por lo demás, en la historia personal de quien esto escribe, Anatrella ha jugado a su manera un papel. Cuando aún estaba aceptando mi sexualidad, supe de las ideas de Anatrella. La lectura de sus páginas sobre homosexualidad en Contra la sociedad depresiva me dejaron impactado. Sin embargo, lejos de convencerme, fueron un acicate para pensar en qué no tenía razón. Por ello, paradójicamente, leer a este “experto” me hizo fortalecer mis argumentos y reafirmarme en mi elección vital de gay cristiano.

Sea como sea, los responsables de la Iglesia católica deberían reflexionar profundamente acerca de las personas en quienes han confiado como expertos, lo mismo que aquellas terminales mediáticas y editoriales que difundieron sus ideas y textos como expresión de un saber experto.

Fuente Dosmanzanas

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Dos hombres han recibido 80 latigazos en la provincia indonesia de Aceh, como pena por realizar prácticas homosexuales, en aplicación de la sharía (o ley islámica). El brutal castigo ha tenido lugar ante una multitud furiosa, que alentaba a que el castigo fuera lo más duro posible. A pesar de que el gobernador de Aceh dictó una ordenanza por la que estos castigos debían ejecutarse a puerta cerrada, parece que ha prevalecido el deseo de las autoridades religiosas de que sean públicos para que sirvan de ejemplo.

Los dos hombres habían sido detenidos en una redada en la que se detuvo a quince personas cerca de una mezquita, acusadas de cometer infracciones contra la ley islámica, como mostrar afecto en público o vender bebidas alcohólicas. En su caso, ambos fueron culpados de practicar la homosexualidad.

La brutal ceremonia, de intención ejemplarizante, tuvo lugar en una plaza ante un millar de espectadores, algunos de ellos provenientes de la vecina Malasia, que sacaban fotografías con sus teléfonos móviles como si se tratara de un espectáculo. Mientras el verdugo propinaba a las víctimas los 80 latigazos con una vara de ratán, entre la multitud se oían gritos de «golpea más fuerte».

El castigo ha sido semejante al que recibieron hace un año dos jóvenes varones, acusados a su vez de mantener relaciones sexuales entre ellos. En aquella ocasión recibieron 83 latigazos, también ante una multitud exaltada. Amnistía Internacional lo calificó de «repugnante espectáculo» y se sucedieron las condenas internacionales. Debido a ello, el presidente indonesio, Joko Wivodo, presionó al gobernador de Aceh, Irwandi Yusuf, para que finalmente emitiese una orden en la que se establecía que los castigos físicos debían ejecutarse en el interior de las prisiones y se prohibía la grabación o difusión de imágenes de los mismos.

Sin embargo, hubo una gran oposición por parte de los sectores religiosos, que consideraron que si los castigos no eran públicos perderían su carácter de «ejemplarizantes», idea que, al parecer, ha terminado prevaleciendo.

En la provincia de Aceh, recordemos, rige la sharía desde 2005. Fue una concesión de Indonesia a los separatistas en el marco del acuerdo de paz que tuvo lugar poco después del tsunami que asoló la región. Aunque no fue hasta septiembre de 2014 cuando finalmente se aprobó la ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de flagelación (que entró en vigor en octubre de 2015).

Escalada de la LGTBfobia de Estado en Indonesia

Hace unos meses recogíamos la detención de cuatro personas en Banda Aceh (capital de la provincia), a manos de patrullas ciudadadanas, acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentarían a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. Y a principios de año contábamos como la policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como «hombres normales».

Poco antes, en diciembre de 2017, nos hacíamos eco de la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía. El que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (en Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.

Pero lo cierto es que la situación se está deteriorando en todo el país. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017, que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres.

Esta espantosa situación podría además agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión, si bien el proyecto de ley ha sido aplazado provisionalmente.

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Ha ocurrido en un restaurante del distrito de Tetuán, en Madrid, donde el propietario permitió la agresión homófoba.

El colectivo madrileño Arcópoli y el sindicato UGT han denunciado el despido del trabajador de un restaurante tras ser objeto de una agresión homófoba por parte de un compañero. La víctima ya había referido a su jefe el acoso homófobo que sufría, pero este no había hecho nada. Con la ayuda de los servicios jurídicos de UGT, el trabajador ha interpuesto una demanda de despido nulo por vulneración de los derechos fundamentales, que Arcópoli asegura «apoyar totalmente».

La asociación Arcópoli y UGT han denunciado este jueves el despido de un trabajador de un restaurante madrileño después de haber sido vejado por su condición sexual y golpeado por un hermano del dueño del negocio.

En sendas notas de prensa, la asociación defensora de los derechos y libertades de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (LGTB) y el sindicato informan de que la «agresión homófoba» se produjo en el puesto de trabajo, en un restaurante del distrito de Tetúan, el pasado día 3, cuando el supuesto agresor se acercó a la víctima mientras le llamaba «maricón» y le golpeaba con un palo.

Según relata el comunicado de Arcópoli, el trabajador despedido es un hombre gay de 48 años. Cuando se encontraba en su puesto de trabajo en un restaurante del distrito de Tetuán, en Madrid capital, un compañero de trabajo le llamó «maricón» y lo agredió físicamente con un palo. La víctima sufrió lesiones en el brazo con el que intentó protegerse de la agresión y un fuerte golpe en el tórax. De forma inmediata acudió a un centro de salud para ser evaluado, donde le apreciaron  «policontusiones en codo y dorso de muñeca izquierda así como un ataque agudo de ansiedad».

Al día siguiente el trabajador recibió una carta de despido disciplinario por una «brutal pelea con su compañero de trabajo C.A.», motivo por el cual acudió al sindicato UGT para denunciar los hechos y donde relató el acoso homófobo que había estado sufriendo por parte de su compañero desde hacía tiempo y que ya había referido a su superior, que no hizo nada por evitarlo. UGT puso el caso en conocimiento del colectivo Arcópoli, promotor del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, en virtud del convenio de colaboración que tienen ambas entidades, y se le prestó ayuda psicológica y orientación jurídica. El abogado del sindicato ha interpuesto una demanda de despido nulo por vulneración de los derechos fundamentales, que Arcópoli asegura «apoyar totalmente» y sus servicios jurídicos asesorarán y defenderán al trabajador.

Según explica Arcópoli en su comunicado, los incidentes discriminatorios contra personas LGTB en el ámbito laboral a menudo pasan sin ser denunciados. «El 60% de las personas trabajadoras afirman haber sufrido algún incidente por LGTBfobia en los dos últimos años, pero no se llega a denunciar. En esta ocasión el trabajador sí había notificado a su superior que había ignorado los incidentes homófobos que estaba sufriendo», explican desde el colectivo madrileño. «Es imprescindible denunciar un incidente por LGTBfobia si lo estás sufriendo en tu trabajo puesto que si no, podría ir a más. La denuncia es nuestra mayor arma», añade José Luis Sánchez, vocal de asuntos laborales de Arcópoli.

También el sindicato UGT ha denunciado públicamente lo sucedido. En su nota, UGT Madrid detalla que el trabajador, de nombre Karim S., ya venía siendo (antes de esta última agresión, ocurrida el 3 de julio) víctima de insultos y vejaciones de forma reiterada y delante del resto de los trabajadores por parte del agresor, que al parecer es hermano del dueño del establecimiento. Según UGT, como ya había sucedido en otras ocasiones, ese día el hermano del dueño del restaurante «volvió a increpar, insultar y vejar» a la víctima, Karim S., ayudante de cocinero, «llegando en esta ocasión a la agresión física, de la que resultó herido en un codo, muñeca y el costado, al intentar protegerse».

El sindicato informa de que el propietario del establecimiento donde sucedieron los hechos, «a pesar de tener conocimiento de este comportamiento homófobo, se ha inhibido en todo momento, sin hacer nada para cortar e impedir este comportamiento denigrante hacia la dignidad del trabajador».

Según el comunicado del sindicato, sus servicios jurídicos van a llevar a cabo el asesoramiento y la defensa del trabajador, interponiendo las acciones que se consideren oportunas, por la vía laboral y en su caso penal. «No pueden admitirse este tipo de comportamientos: el del agresor por su odio contra una persona por el hecho de ser homosexual, amparándose en la impunidad que le proporcionaba su parentesco con el dueño, pero tampoco es admisible el comportamiento del empresario, que se desentiende de las agresiones verbales y vejaciones que estaba sufriendo uno de sus trabajadores por su condición sexual», ha declarado la secretaria de Igualdad de UGT Madrid, Ana Sánchez de la Coba.

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia: contacto

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, promovido por Arcópoli y del que ya forman parte casi una veintena de colectivos y asociaciones, se puso en marcha a principios de 2016. Ofrece acompañamiento y asesoramiento a las víctimas desde el mismo instante en que sufren la agresión y hace un seguimiento del recorrido de la denuncia en los juzgados.

Puedes contactar con el Observatorio a través del teléfono 618 54 71 66 (llamada o WhatsApp) y online en la dirección web http://contraelodio.org

Fuente Cáscara Amarga/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha designado su candidato a ocupar la plaza de juez del Tribunal Supremo que dejará vacante Anthony Kennedy el próximo 31 de julio. El elegido es Brett Kavanaugh, actualmente juez de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. Es conocido por su talante conservador en asuntos como el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo o la restricción de los derechos civiles, si bien a lo largo de su carrera no ha tenido que decidir ningún asunto relevante sobre discriminación por orientación sexual o identidad de género. Aun así, su bagaje hace desconfiar a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y el activismo LGTBI, que han pedido a los senadores que no respalden su nombramiento.

Tras el comunicado del juez Anthony Kennedy en el que anunciaba su próxima jubilación del puesto que ocupa en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el presidente Trump no se ha demorado en designar su candidato a ocupar la plaza en la persona de Brett Kavanaugh. De 53 años, Kavanaugh fue designado por el entonces presidente George W. Bush para ocupar plaza en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde ha emitido conflictivos dictámenes en materia de empleo, medio ambiente o consumo, destacándose siempre por su conservadurismo y su apoyo a las grandes corporaciones. Ha sido frecuentemente criticado por ser demasiado partidista en sus valoraciones, sin ocultar su apoyo declarado al Partido Republicano.

Con el retiro de Anthony Kennedy, la composición del Tribunal Supremo estadounidense queda, en un principio, equilibrada entre el sector conservador y liberal. Entre los miembros liberales se contaría a los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (estas dos últimas propuestas por el presidente Barack Obama). El bando conservador lo integrarían los jueces John G. Roberts (actual presidente del Supremo y con voto de calidad), Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch (nombrado por el presidente Donald Trump). Ese equilibrio lo rompería Kavanaugh a favor del sector conservador, y además por largo tiempo, dada la edad del candidato y que el cargo de juez del Tribunal Supremo es vitalicio. Además, la jueza Ruth Bader Ginsburg (de corte liberal) cuenta ya con 85 años de edad y un estado de salud delicado, lo que hace prever que su retiro sea también próximo y deba nombrarse otro sustituto. Existe pues, el temor fundado a que un Tribunal Supremo de holgada mayoría ultraconservadora, con la visión más restrictiva de la Constitución y reacia a defender los derechos civiles de las minorías, sea quien tenga que decidir sobre cuestiones fundamentales durante décadas.

El nombramiento del nuevo miembro del Tribunal Supremo es una atribución del presidente, aunque su decisión debe ser convalidada posteriormente por el Senado. Al estar en manos de la mayoría republicana, es más que probable que el candidato presidencial sea respaldado sin problema alguno. La única esperanza para el sector liberal es, por una parte, el delicado estado de salud del senador republicano John McCain, que le impediría acudir a la votación, y, por otro, la renuencia de dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, a votar a un candidato opuesto al derecho a la interrupción del embarazo. Ambas han declarado que votarán de manera independiente sobre este asunto, pero también se ha dado a conocer que las dos han mantenido recientemente una reunión con Donald Trump para dialogar sobre este asunto. Aun así, quizás pesen en su ánimo las declaraciones efectuadas por Kavanaugh el pasado 2017, en las que apoyaba a un juez que estimaba que la sentencia que permitió a las mujeres decidir sobre su embarazo (conocida como Roe vs. Wade) debe ser revertida.

La votación en el Senado de la candidatura de Kavanaugh tendrá lugar el próximo mes de octubre. Si fuera rechazado, puesto que el próximo mes de noviembre se celebrarán decisivas elecciones que podrían devolver el control de la cámara alta a los demócratas (según estiman las encuestas), estos podrían bloquear cualquier candidato de Trump hasta las próximas elecciones presidenciales.

Reacción negativa entre el activismo LGTB

Su conservadurismo y su fama de apoyar sin ambages las medidas de quienes le hayan designado para el cargo han causado alarma entre el activismo LGTB y de defensa de los derechos civiles, que temen que los derechos conquistados al cabo de los años sean revertidos por la nueva configuración del Tribunal Supremo. Por ello, más de cien asociaciones y grupos de defensa de los derechos civiles han solicitado a los senadores que rechacen la elección de Kavanaugh.

Para Lambda Legal, Kavanaugh «garantizaría 40 años más de los valores de Trump en el Tribunal Supremo». La asociación legal afirma que «tenemos buenas razones para temer que el juez Kavanaugh abusará de su poder en el tribunal para proteger a los ricos y poderosos mientras priva a los estadounidenses LGBT de su dignidad, degradando a nuestra comunidad y disminuyendo nuestro estatus como ciudadanos iguales. Hay mucho en juego para permitirle al juez Kavanaugh sentarse en un tribunal que, a lo largo de su historia, ha decidido quién puede casarse, quién puede votar y quién es igual».

Desde ACLU (American Civil Liberties Union), se teme que «Kavanaugh sea el voto decisivo que Trump necesita en el Tribunal Supremo para concertar su campaña de socavamiento de las libertades y derechos civiles a largo plazo».

El National Center For Lesbian Rights estima que «no hay nada en la carrera del juez Brett Kavanaugh que indique que comprende el impacto de la discriminación en las personas LGBT en el mundo real o la importancia de interpretar las leyes de nuestra nación para permitirles participar con plenitud e igualdad en la sociedad».

Human Rights Campaign lanza una dura crítica a su designación, pues considera que «este candidato ha sido escogido por grupos anti-LGBTQ y contra el derecho a decidir de las mujeres, en un esfuerzo explícito por socavar la igualdad. La perspectiva de un juez como Kavanaugh amenaza con erosionar los derechos civiles de nuestro país, bloquear el derecho de los soldados transgénero de servir valientemente a esta nación y dar licencia para discriminar a las personas LGBTQ en todos los aspectos de la vida estadounidense».

También es dura la crítica de GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), desde donde se asegura que «si se confirma, Brett Kavanaugh tendrá la oportunidad de desarrollar en las próximas décadas el peligroso historial anti-LGBTQ del presidente Trump y el vicepresidente Pence y la agenda de los grupos anti-LGBTQ. Al igual que Neil Gorsuch antes que él, Kavanaugh es una elección ideológica diseñada para crear un Tribunal Supremo activista que socavará los derechos y protecciones para las mujeres, las personas LGBTQ, los inmigrantes y todas las personas vulnerables».

También temen en Transgender Law Center que «la elección de Trump para el Tribunal Supremo sea un conservador radical y divisivo cuyo nombramiento supondría una amenaza devastadora para los derechos y el bienestar de las personas transgénero en todo el país». La preocupación de la asociación es natural, puesto que quedan pendientes de resolver numerosos conflictos que afectan al colectivo el de las personas trans, que se enfrentan a leyes estatales y locales que tratan de impedir que puedan vivir de acuerdo con su identidad de género.

Apoyo de los grupos ultraconservadores

Desde las facciones más conservadoras, sin embargo, se ha acogido con entusiasmo la propuesta del presidente Trump. Grupos como Americans for Prosperity (AFP) o Judicial Crisis Network incluso han iniciado campañas de apoyo al candidato presidencial en las que han invertido casi un millón y medio de dólares.

Desde la National Organization for Marriage (NOM) se ha pedido también apoyo económico para respaldar la candidatura de Kavanaugh, pues confían en que sus posiciones conservadoras y su concepción de la Constitución sirvan a su propósito de revertir la sentencia del Tribunal Supremo que permitió el matrimonio igualitario.

Más curiosa ha sido la reacción de la fuertemente LGTBfoba American Family Association (AFA), que en un principio rechazó la elección de Kavanaugh por no creerle lo suficientemente conservador. Sin embargo, poco después, rectificó y ha ofrecido su respaldo, sobre todo porque no quiere «luchar contra el presidente Trump», además de confiar en las ideas del candidato sobre el derecho al aborto, ya que cuenta con el apoyo de muchas asociaciones opuestas al mismo.

Fuente Dosmanzanas

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Un joven fue agredido en la madrugada del sábado, 14 de julio, en los alrededores de la Rambla del Raval, en Barcelona, al grito de «maricón». Tanto el Observatori contra l’Homofòbia como en Ayuntamiento de Barcelona se han interesado por el caso. El presidente del Observatori, Eugeni Rodríguez, anunció que acompañaría al joven a interponer la correspondiente denuncia.

Fue la propia víctima la que dio a conocer en Twitter que había sido objeto de una agresión homófoba. «Buenas noches. Me acaban de pegar una paliza, a base de patadas en la cabeza, por maricón. Ahora mismo no me apetece extenderme más, pero me parece importante que esto no pase desapercibido. En el centro histórico de Barcelona, a 2018», escribía el joven en Twitter poco después de ser agredido. Un mensaje que inmediatamente recibió la atención de la red social (nosotros mismos lo retuiteamos y le dimos ánimos) e incluso captó la atención de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. «Gracias por explicarlo, es importante visibilizar y denunciar, nunca resignarse. Barcelona es una ciudad orgullosa de su diversidad y rechaza cualquier forma de homofobia, de violencia o discriminación», le contestaba, al mismo tiempo que le pedía denunciar lo sucedido ante la Oficina para la No Discriminación del Ayuntamiento.

Si bien el joven eliminó posteriormente el tuit de su cuenta de Twitter, posiblemente abrumado por la respuesta (no la enlazaremos, de hecho), los medios de comunicación se han hecho eco de lo sucedido. Según El Periódico, la agresión tuvo lugar alrededor de las  tres de la madrugada del sábado durante las fiestas del Raval, cuando el joven, abiertamente gay, se separó de sus amigos para utilizar uno de los aseos portátiles instalados por el Ayuntamiento. Allí se topó con un grupo de jóvenes, tres de los cuales la emprendieron a golpes con él, al tiempo que le dirigían insultos homófobos.

Según el presidente del Observatori contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez, las lesiones físicas no son graves (aunque sufrió contusiones diversas por todo el cuerpo), pero el impacto psicológico de la agresión sí fue importante. Rodríguez, que ha destacado en cualquier caso la valentía del joven al denunciar lo sucedido, anunció que le acompañaría en el trámite e hizo un llamamiento a que todas las víctimas hagan lo mismo, «porque hay canales como el OCH para asesorarles y acompañarles y asegurar que no quede impune».

Cataluña, 2018: estabilización de las agresiones

Según declaraba Eugeni Rodríguez a finales de junio, haciendo balance de las incidencias por LGTBIfobia registradas por el Observatori en el primer semestre de 2018, parece observarse una estabilización en el número de denuncias. En concreto, durante los primeros seis meses la entidad tuvo conocimiento de 50 incidencias, «una estabilización respecto al número de incidencias registradas en 2017». (ver aquí los datos correspondientes a 2017, presentados en abril). Estabilización que también se aprecia en el caso de Madrid, según anunció el colectivo Arcópoli, promotor del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, al denunciar a finales de junio la que constituía la agresión número 141 de las registradas por la entidad, «unas cifras similares a las de 2017 en estas fechas».

El presidente del Observatori detallaba también entonces que en Cataluña «el grupo de hombres gais y bisexuales sigue siendo el que más incidencias registra, seguido por el colectivo trans».

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Ada Colau, Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona, Delitos de Odio, Discriminación, El Periódico, El Raval, Eugeni Rodríguez, Homofobia, LGTBfobia, Observatori contra l'Homofòbia, Twitter