Grecia aprueba una Ley Trans que mejora sustancialmente el proceso legal para cambiar el nombre y el género en documentos oficiales pero no se rige por el principio de auto-determinación.

A pesar de no ser una ley perfecta los colectivos trans celebran su aprobación y lo consideran un paso adelante en una lucha que aún no ha terminado.

El Parlamento griego aprobó el martes una avanzada ley de identidad de género, la primera del país que despatologiza la realidad trans. El texto elimina la necesidad de tutela médica y de cualquier intervención quirúrgica, incluida la esterilización, para que los mayores de 17 años puedan obtener el reconocimiento legal de su identidad. Los jóvenes de entre 15 y 17 años sí necesitarán un informe psiquiátrico además del consentimiento paterno. Aunque no satisface la totalidad de sus reivindicaciones, los colectivos trans han saludado la nueva norma como un gran avance.

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas transexuales a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, según un informe de Transgender Europe de noviembre de 2016, 21 estados europeos seguían haciéndolo a fecha de noviembre de 2016. La mayoría, del Este de Europa, pero también había algunos occidentales. Otros han eliminado ese requisito hace poco (Suecia, por ejemplo, no lo hizo hasta 2013, Noruega actualizó su ley en 2016 y Bélgica, en mayo de este año). Y no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. En la misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba hace unos meses a Francia por haber obligado a hacerlo (el país vecino, de hecho, modificó su legislación en 2016, eliminando dicho requisito, aunque sigue manteniendo el proceso en manos de los jueces).

Grecia se suma ahora a la lista de países que no solo eliminan ese requisito, sino que tampoco exigen ya la necesidad de un diagnóstico médico o psicológico de “disforia de género” o similar. La ley integra, en este sentido, el principio de autodeterminación de género, aunque solo para los mayores de 17 años. Para los jóvenes entre 15 y 17 años será necesario un informe psiquiátrico, además del consentimiento paterno. El texto ha recibido el apoyo de 171 diputados del Parlamento griego: de Syriza (impulsora del proyecto), sus socios de Anel y los centristas de To Potami. En contra han votado 128: la derecha de Nueva Democracia, los neonazis de Amanecer Dorado, los comunistas de KKE y la Unión de Centristas.

Pese a reconocer el indudable avance sobre la situación anterior, los colectivos LGTB consideran mejorable la nueva ley. Por ejemplo, en lo referente a la tutela médica y paterna en menores de edad. El asunto, de hecho, fue uno de los motivos esgrimidos por Nueva Democracia para oponerse en lugar de abstenerse, como habían anunciado en primer lugar. El principal partido de la oposición pretendía que el cambio del sexo legal no fuera posible bajo ninguna circunstancia antes de los 18 años.

Evelyne Paradis, directora ejecutiva de la ILGA afirma que : “Es progreso, pero no es perfecta. Hoy se ha dado un gran paso adelante, pero es una pena que ese paso no fuera uno hacia la total auto-determinación de todas las personas trans en Grecia.”  Y es que la nueva ley griega para las personas trans ha mejorado sustancialmente la realidad del colectivo, pero se ha quedado corta en varios aspectos (y en otros ha pasado a ser bastante estrambótica). Hasta la aprobación de esta nueva ley las personas trans que querían cambiar su género en los documentos oficiales tenían que pasar una evaluación psiquiátrica para acreditar un diagnóstico de disforia de género, tenían que someterse a una operación de reasignacion de sexo y se les exigía la esterilización.

Con esta nueva ley esas tres necesidades para que se reconozca su género percibido en los documentos oficiales de todos aquellos mayores de 17 años. Las personas trans entre los 17 y los 17 podrán acceder al proceso para cambiar el género en su documentación pero en esos casos sí hará falta la decisión de un grupo de doctores.

Pero hay dos cosas bastante absurdas en esta ley. Por un lado una persona trans que quiera cambiar su género oficialmente tendrá que estar soltera, lo que puede hacer que las personas trans que estén casadas tengan que divorciarse. Además la última palabra en el proceso la tendrá un juez, que decidirá si la expresión o presentación de género de la persona coincide con lo que quieren que ponga en sus documentos.

“Esta reforma es una victoria duramente conseguida por los y las activistas por los derechos trans en Grecia que han luchado por la igualdad de las personas trans durante años. Envía un mensaje claro de que nadie ha de verse obligado a pasar por procedimientos médicos para que se reconozca oficialmente quiénes son. Pero aunque se trata de una reforma histórica en la dirección correcta, la lucha aún no está del todo ganada“, han declarado desde Amnistía Internacional.

Otra de las insuficiencias es la exclusión de las personas migrantes en situación irregular y de los refugiados en la nueva ley. La nueva ley no reconoce el acceso al proceso de reconocimiento de género para personas trans refugiadas o inmigrantes y además deja muchas mejoras pendientes con respecto a los menores trans.

Por último, una enmienda para introducir una tercera opción de género junto a la de “masculino” y “femenino” en los documentos oficiales fue rechazada. Se trata de una medida que han adoptado países como Australia en 2011 o Canadá hace solo unas semanas. La posibilidad de registrarse bajo un tercer género o de no definir el género también ha sido regulada de diferentes formas en países como Alemania, la India o Nepal.

La comunidad trans del país ha celebrado la aprobación de la ley, aunque no ocultan su decepción pues se esperaba que se aprobara una primera versión del texto que reconocía el derecho de cualquier persona trans mayor de 15 años a cambiar su nombre y su género en los documentos oficiales con sólo una declaración y un proceso administrativo; pero finalmente se ha optado por un enfoque mucho más conservador y que sigue estigmatizando a las personas trans.

A pesar de eso el Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, ha celebrado que la ley reconoce los derechos humanos básicos de “un segmento de la sociedad que ha sido marginado durante demasiado tiempo. Estamos con aquellos que no tienen voz o cuya voz está siendo acallada. Con los estigmatizados, con las minorías oprimidas, con las personas que viven cualquier tipo de desigualdad o aislamiento. Es a esas personas a las que queremos defender.”

Por delante de España

La nueva normativa coloca a Grecia por delante de España, cuya ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura. De hecho, cada vez es más numeroso el grupo de países que ya han incorporado el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, además de los ya mencionados, de Irlanda y Dinamarca, en Europa. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

En España seguimos a la espera de que el Parlamento decida dar el paso (el grupo socialista del Congreso registró en febrero una propuesta de actualización de la ley). Mientras tanto, sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

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Copenhague se llena de carteles con futbolistas nacionales denunciando la homofobia en el deporte.

En España organizaciones LGBT denuncian que algunos clubs son muy propensos a colgarse medallas pero pocos se implican realmente en la lucha del colectivo.

En un intento por erradicar la discriminación hacia los deportistas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de la liga nacional,  Dinamarca lanzó una campaña dirigida especialmente hacia la audiencia que usualmente lanza gritos ofensivos.

#FodboldForAlle (Fútbol para todos) es la nueva campaña que ha aparecido en varias marquesinas de la ciudad de Copenhague con la que el ayuntamiento de la ciudad, la Asociación Danesa de Fútbol, Amnistía Internacional, la Asociación de Futbolistas Daneses y la asociación de futboleros daneses Fair Fans quieren luchar contra la homofobia en el fútbol.

#Copenhagen and #Denmark doing their best to promote football for all with players wearing #Pride face paint #FodboldForAlle pic.twitter.com/yI0ry1s08b

— Mat Twells (@twellsym) 29 de agosto de 2017

El pasado 6 de junio la selección danesa jugó un amistoso contra la selección alemana, partido durante el cual las banderas de córner y los brazaletes de los capitanes fueron arcoíris y ese detalle se repitió el 1 de julio, cuando la selección femenina jugó un amistoso contra Inglaterra. En ambos partidos se aprovechó para hacer a varios jugadores y jugadoras nacionales las fotos con la bandera LGBT pintada en la cara, que son las que ahora ilustran esta campaña que invita a los aficionados a “expulsar la homofobia del campo“. Asimismo las fotografías tienen una leyenda que dice “Fútbol para todos”.

Copenhagen. Great town. I don’t speak Danske but pretty sure I understand this. Bravo Hummel. #FodboldForAlle pic.twitter.com/gfrSEZyiiW

— SKINS Chairman (@jaimiefuller) 29 de agosto de 2017

La concejala de Empleo e Integración de Copenhague, Anna Mee ha explicado que: “Nuestros hijos nunca deben sentir que no pueden ser ellos mismos. Se aplica para todas las partes de la vida, eso incluye también el campo de fútbol. Desafortunadamente, la homosexualidad sigue siendo un tabú en el deporte hoy en día. Por eso es genial que los jugadores del equipo nacional estén a la vanguardia”.

Copenhague no es la primera ciudad o país que decide tomar partido en la batalla contra la homofobia en el mundo del deporte, especialmente en el mundo del fútbol. Desde la propia FELGTB llevan algunos años trabajando en la Liga Arcoíris, que ofrece a los jugadores cordones con la bandera LGBT para mostrar su rechazo a la homofobia. Por desgracia son pocos ( el Rayo Vallecano, el Eibar…) los clubs de Primera División que se adhirieron a la campaña; y en categorías inferiores la cosa no fue mucho mejor.

Precisamente esa falta de implicación por parte de los grandes clubs como el Real Madrid o el Barcelona provoca mucho malestar en algunas asociaciones LGBT españolas; no sólo porque no se mojen en el tema sino porque luego no dudan en colgarse la medallita aún no habiendo hecho absolutamente nada. Hace un par de años, por ejemplo, desde el Barça lanzaron una campaña llamada “El Barça contra la homofobia” en la que diferentes futbolistas y famosos catalanes realizaron un vídeo en el que invitaban a “celebrar el respeto“. Además de eso el club celebró una mesa redonda presentada por Manel Fuentes en la que participaron el fiscal coordinador del Servicio de Odio y Discriminación de la Fiscalía de Barcelona, un inspector de los Mossos, el presidente de Panteres Grogues y el vicepresidente del club. Y de esa mesa redonda surgieron varios compromisos que todos los participantes acordaron cumplir para trabajar algo tan necesario.

Pero ese acuerdo no llevó a absolutamente nada. El F.C. Barcelona nunca envió a ninguno de los participantes el documento con el acuerdo alcanzado, algo que desde Panteres Grogues han reclamado insistentemente. El Barça, además, dejó pasar la oportunidad de seguir mostrando su implicación en la lucha contra la homofobia en el deporte participando de alguna forma en el PRIDE BCN, que en 2017 eligió como tema central justamente ése.

Pride 2017: contra LGTBIfòbia esportiva. @FCBarcelona podria haver sigut més valent i no tancar-nos les portes, altres equips NO tenen POR!

— PRIDE Barcelona (@PrideBarcelona) 1 de septiembre de 2017

“Pride 2017: contra la LGBTIfobi deportiva. El F.C.Barcelona podría haber sido más valiente y no cerrarnos las puertas, otros equipos NO tienen MIEDO.“

A pesar de haber mantenido una reunión con representantes del club y de haber intercambiado varias llamadas, desde PRIDE BCN denuncian que finalmente el club pasó olímpicamente de participar en el Orgullo.

No es comprensible que el @FCBarcelona se comprometa contra la homofobia en 2015 https://t.co/aGLJ09lroH y en 2017 se DESENTIENDA.¡VERGONYA! pic.twitter.com/UXsx95kmxJ

— Eloi Morte (@eloimorte) 1 de septiembre de 2017

Así que mucha campaña, mucho vídeo y mucha reunión con Jesús Tomillero para mostrarle apoyo… Pero a la hora de la verdad no hacen nada. Parece que el mundo del fútbol español tiene mucho que aprender y, sobre todo, dejar de colgarse medallitas que no se han ganado.

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando/Chueca.com

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Tras la sorpresiva aprobación por el Bundestag alemán del matrimonio igualitario, aun a falta de algunos necesarios trámites para que entre en vigor, la lista de países donde las parejas del mismo sexo no están discriminadas se ha incrementado hasta alcanzar los 23 integrantes. Por continentes, 14 de ellos están en Europa, 7 en América, 1 en África y 1 en Oceanía. De momento, no hay ningún país asiático en la lista. En el futuro cercano, sin embargo, se prevén varias adiciones a esa suma en casi todos los continentes. De momento, se calcula que, aproximadamente, más de 1.150.000.000 habitantes del mundo viven en países donde existe el matrimonio igualitario, lo que supone más de un 15 % de la población mundial.

Incorporando a Alemania, este sería el mapa de los países que han aprobado el matrimonio igualitario en todo el mundo (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

Europa

Fue en Europa donde por primera vez se aprobó la inclusión de las parejas del mismo sexo en la institución del matrimonio, en el año 2001, y es también un país europeo el último en sumarse a la lista de la igualdad de derechos para las parejas LGTB en este 2017. Los 14 países de este continente donde existe el matrimonio igualitario son los siguientes (con la entrada en vigor de la legislación entre paréntesis):

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Dinamarca (2012), Francia (2013), Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017) y Alemania (entrada en vigor por determinar).

Incluyendo a Alemania, y restando la población de aquellos territorios o dependencias donde no está en vigor la legislación igualitaria, un total de 324.027.406 europeos viven en países donde existe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esa cifra representa un 45,31 % de la población europea total (711.064.145 habitantes).

Si nos ceñimos a la Unión Europea, el matrimonio igualitario existe en 12 de los 28 países que la componen. Eso supone que 316.940.861 de los 507.996.178 habitantes de la Unión Europea no discriminan a las parejas del mismo sexo, un 62,39 % del total.

Afortunadamente, la lista de países y el número de europeos bajo legislaciones igualitarias se incrementarán previsiblemente pronto. El primer ministro de Malta, el laborista Joseph Muscat, ha prometido que el matrimonio igualitario será la primera ley de la nueva legislatura. Por su parte, el socialdemócrata primer ministro de Austria, Christian Kern, que gobierna en gran colación con los conservadores, se ha comprometido a impulsar el matrimonio entre personas del mismo sexo antes de que acabe esta legislatura. También existe, desde 2015, un proyecto de ley de matrimonio igualitario en Suiza, pero el proceso es lento y, al suponer un cambio constitucional, debe ser sometido a referéndum, cuyo posible resultado es muy incierto.

Cabe señalar que, en su día, Eslovenia engrosó la relación de países no discriminatorios, dado que su Parlamento aprobó el matrimonio para parejas del mismo sexo en 2015, con la fecha de su entrada en vigor en suspenso. Sin embargo, grupos LGTBfobos consiguieron que se celebrara un referéndum para anular esa medida, y ese mismo año un abultado porcentaje de votantes logró que la ley fuera finalmente derogada y el pasado marzo aprobó una ley de uniones civiles.

Pero existe otra lista menos satisfactoria, la de aquellos países europeos que han prohibido expresamente en sus constituciones el matrimonio entre personas del mismo sexo, algunos de ellos, tristemente, mediante consulta popular. De momento suman un total de 12:

Bulgaria (1991), Lituania (1992), Bielorrusia (1994), Moldavia (1994), Ucrania (1996), Polonia (1997), Letonia (2006), Serbia (2006), Montenegro (2007), Hungría (2012), Croacia (2013) y Armenia (2015).

Lamentablemente, esta lista también puede incrementarse en un futuro cercano, pues existe un proceso parlamentario en Rumanía para convocar un referéndum que prohibiría constitucionalmente el matrimonio igualitario.

Aquí tenéis un mapa con la situación del matrimonio igualitario en Europa (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

América

El continente americano se sumó rápidamente a legislar la igualdad de las parejas del mismo sexo. Una de las peculiaridades es que, en muchos de estos países, fueron primero los tribunales quienes dictaminaron la inconstitucionalidad de la discriminación de las parejas LGTB. En otros, sin embargo, fue el poder legislativo quien tomó la iniciativa. Estos son los 7 países americanos donde existe el matrimonio igualitario (con su año de entrada en vigor entre paréntesis):

Canadá (2005), México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Argentina (2010), Brasil (2013), Uruguay (2013), Estados Unidos (2015) y Colombia (2016).

En México, el matrimonio igualitario está actualmente en vigor en muchos de sus estados y los matrimonios celebrados en ellos deben ser reconocidos a nivel nacional. Además, existe una tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a fallar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo a todos los tribunales en cualquier proceso, por lo que el matrimonio igualitario es  posible de facto en todo el país por vía judicial. Aunque el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, declaraba el pasado 2016 que su Gobierno legislaría la igualdad matrimonial a nivel nacional de acuerdo con ese dictamen judicial, la fuerte movilización LGTBfoba ha impedido que, de momento, pueda llevarse a cabo.

De los 1.001.559.000 habitantes del continente americano, 779.212.822 viven en países donde existe el matrimonio igualitario, lo que supone un 77,80 % del total.

Chile quizás sea el próximo país americano en sumarse a la lista de la igualdad. El Estado chileno, representado por su presidenta Michelle Bachelet, y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) han alcanzado un histórico acuerdo para promover los derechos LGTB e impulsar importantes medidas legislativas al respecto, entre ellas, la que aprobaría el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Pero también en América existe la lamentable lista de países en los que el matrimonio igualitario está prohibido constitucionalmente, que también suman 7. Esta es la relación (con la entrada en vigor de la legislación LGTBfoba entre paréntesis):

Jamaica (1962), Cuba (1976), Paraguay (1992), Honduras (2005), Ecuador (2008), Bolivia (2009) y República Dominicana (2010).

Este sería el mapa de la situación del matrimonio igualitario en América (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

Otros continentes

Tan solo existen dos países más fuera de los continentes europeo y americano donde está legislado el matrimonio igualitario. Se trata de Sudáfrica, en África, y de Nueva Zelanda, en Oceanía.

Oceanía sumará muy probablemente un nuevo país a la lista, aunque la fecha en que eso suceda es aún incierta. El gobierno conservador de Australia pretende convocar un referéndum para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que la oposición exige que la medida se tome directamente desde el Parlamento. Esa división de opiniones hace que la legislación igualitaria siga bloqueada.

En cuanto África, lamentablemente Sudáfrica sigue siendo la excepción en un continente donde lo que abundan son las legislaciones que castigan las relaciones homosexuales con largas penas de prisión, e incluso con la pena de muerte.

No existe en la actualidad ningún país asiático con legislación igualitaria para las parejas LGTB. En Taiwán, la Corte Constitucional ha dado un plazo de dos años para que se legisle el matrimonio entre personas del mismo sexo, si bien la isla no es un país reconocido por las Naciones Unidas. Otro de los candidatos sería Vietnam, aunque la situación está en un proceso incierto y previsiblemente de larga duración.

Como ocurre en África, en Asia, lamentablemente, es también larga la lista de países que castigan las relaciones homosexuales, en algunos casos hasta con la pena de muerte. Lo podéis comprobar en estos mapas, donde aparecen los países que castigan la homosexualidad, y los que incluso aplican la pena capital (podéis pinchar en ellos para verlos a mayor tamaño):

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento lituano rechazó el jueves pasado una iniciativa para el reconocimiento legal de las parejas del mismo y de distinto sexo en forma de uniones civiles. La medida habría supuesto un paso importante en la igualdad LGTB en el país báltico, que carece de cualquier regulación al respecto y tiene blindada una definición excluyente del matrimonio en su Constitución. Los activistas, sin embargo, han reaccionado con un moderado optimismo al constatar que los votos favorables al proyecto de ley han superado las expectativas.

Derrota agridulce en Vilna: la votación parlamentaria sobre la iniciativa para regular las uniones civiles entre dos personas con independencia de sus sexos se ha saldado con el rechazo de 59 diputados, frente al apoyo de 29 y la abstención de otros 20. El proyecto de ley del Movimiento Liberal (LRLS), que cuenta con 14 de los 141 escaños del Parlamento unicameral, se basaba en una enmienda al Código Civil para posibilitar el registro legal de las parejas del mismo o de distinto sexo, en un acto ante un notario. La diputada liberal Viktorija Čmilytė-Nielsen defendió la medida como un paso hacia la equiparación de Lituania con las demás democracias occidentales.

A pesar del fracaso, la Liga Gay Lituana ha querido ver la parte positiva: la medida ha recabado apoyos individuales más allá del LRLS, tanto en el gobernante Partido Socialdemócrata (LSDP) como en los democristianos, en la oposición junto a los liberales. La organización cree que es un signo del apoyo creciente a la equiparación de derechos en el país báltico.

Se trata del segundo intento en este sentido en los últimos años. Una iniciativa sobre uniones civiles presentada en 2015 por nueve diputados socialdemócratas y liberales se topó con el rechazo del entonces primer ministro Algirdas Butkevičius (LSDP). A pesar de que una comisión parlamentaria decretó su plena constitucionalidad, la medida no llegó a tramitarse y “murió” con las elecciones de octubre del año pasado. Unos comicios de los que salió un Gobierno de coalición presidido por los agraristas y con los socialdemócratas como socio menor.

El nuevo Gobierno, mientras tanto, ha introducido otra posibilidad, que no satisface a los activistas. Se trata de un acuerdo de convivencia entre dos o más personas, que pueden ser pareja, amigos o parientes, para regular ciertos derechos de propiedad conjunta. El texto del proyecto excluye explícitamente el reconocimiento de los integrantes en el acuerdo de convivencia como una realidad familiar. Fue aprobado en primera lectura a finales de mayo.

Por lo limitado de su alcance, la diputada liberal Aušrinė Armonaitė calificó la iniciativa de los agraristas de “escupitajo en la cara” de las parejas del mismo sexo que aspiran a regularizar su unión. La propuesta de su grupo tiene el objetivo de “legislar sobre relaciones familiares que se derivan de una vida en pareja, no de un préstamo bancario conjunto”, añadió para defender su postura. Si se aprobara en el futuro, Lituania se uniría a Estonia, el único de los Estados bálticos con una ley de uniones civiles. Estonia, además, reconoció el pasado enero por primera vez un matrimonio del mismo sexo celebrado legalmente en el extranjero.

Luces y sombras de la realidad LGTB en Lituania

Salvo algunos gestos recientes, Lituania lleva un tiempo avanzando de manera preocupante hacia posiciones cada vez más intransigentes con la realidad LGTB. En octubre de 2010 entró en vigor la reforma que prohíbe la “manifestación y promoción” de contenidos publicitarios referidos a orientación sexual. Una prohibición que afecta a servicios publicitarios dirigidos a toda la población, y no solo a menores. Poco antes, en marzo de 2010, había entrado en vigor la ley de “de protección de menores contra el efecto perjudicial de la información pública” con el objetivo de obstaculizar la información positiva sobre diversidad sexual. Y aunque su versión inicial fue corregida por las protestas, su redacción definitiva sigue estigmatizando la información sobre homosexualidad.

En septiembre de 2014 informábamos sobre la prohibición de un inocente spot contra la homofobia, en base a esta legislación. En enero de 2015, un diputado lituano lanzaba veladas amenazas precisamente contra LGL, a la que acusaba de “jugar con fuego” con “provocaciones” que podrían costarles un ataque como el sufrido por la revista satírica Charlie Hebdo en París. Ese mismo mes, un tribunal lituano calificaba de “excéntrica” la foto en la que una pareja gay aparece besándose y descartaba actuar ante las amenazas homófobas que habían recibido sus protagonistas.

En noviembre de 2015  recogíamos una noticia con un cariz algo más positivo: el Parlamento del país decidía eliminar del orden del día la votación de una ley contra la llamada “propaganda homosexual” similar a la vigente en Rusia. La propuesta sigue viva, no obstante, y los activistas LGTB temen que pueda ser votada en cualquier otro momento en el que la presión europea se relaje aún más.

En febrero del año pasado, las autoridades de inmigración del país denegaron el permiso temporal de residencia a un hombre de nacionalidad bielorrusa casado en Dinamarca con un ciudadano lituano, contraviniendo abiertamente la directiva que consagra el derecho de los nacionales de países de la Unión Europea y sus familiares a residir libremente en cualquier país de la Unión. Hace solo un mes, sin embargo, el país báltico sorprendía positivamente al conceder asilo a dos refugiados perseguidos en Chechenia a causa de su orientación sexual.

General, Homofobia/ Transfobia. Aušrinė Armonaitė, Bielorrusia, Chechenia, Dinamarca, Discriminación, Estonia, Homofobia, Liga Gay Lituana (LGL), Lituania, Movimiento Liberal, Partido Socialdemócrata (Lituania), Unión Europea, Uniones Civiles, Viktorija Čmilytė-Nielsen

Que el Ministerio ruso de Asuntos Exteriores se vea obligado a recordar a sus ciudadanos que insultar o agredir a ciudadanos por su orientación sexual no resulta apropiado en varios países del mundo dice mucho del nivel que la LGTBfobia ha alcanzado en Rusia. Algunos medios han elegido el enfoque paródico para comentar la noticia, pero desde luego a nosotros la noticia nos hace poca gracia cuando recordamos la situación a la que las personas LGTB rusas deben enfrentarse a diario.

Es una practica habitual que los gobiernos adviertan a sus ciudadanos que viajan al exterior que conviene tener en cuenta la realidad social de los países que visitan, y que determinados hábitos o conductas que en sus países son normales en otros son vistos con extrañeza o incluso con rechazo y pueden entrañar riesgos. El propio Ministerio de Asuntos Exteriores español, en sus consejos a las personas que vayan visitar Rusia, explica por ejemplo que en este país “la homosexualidad está reprobada socialmente. Se han producido algunos incidentes contra miembros del colectivo LGBT en las inmediaciones de locales de ocio nocturno. Además, en junio de 2013 entró en vigor una ley federal de ‘prohibición de la propaganda de las relaciones sexuales no tradicionales’. Se tipifica de forma vaga, las figuras de ‘difusión de información de imágenes o textos con contenido sexual no tradicional’ y la ‘propaganda de valores’ del mismo carácter. La ley establece distintas multas, según el infractor, por manifestaciones o actitudes públicas o por difusión de material en prensa o en Internet. Las expresiones públicas de orientaciones sexuales denominadas ‘no tradicionales’ están sujetas a sanción económica y pueden acarrear, dependiendo de los casos, la detención y deportación”.

Lo que nos llama la atención, y nos resulta desde luego muy sintomático, es que en el caso de Rusia esta recomendación se haga “a la inversa”, es decir, que se recomiende a los propios ciudadanos que puedan sentirse ofendidos ante la visibilidad de personas LGTB comportandose con normalidad que no las insulten o las agredan. En concreto, se hacen advertencias explícitas de este tipo en los casos de Austria, Dinamarca, España y Canadá (Al menos esos son los casos que hemos detectado usando las herramientas de traducción de Google del ruso).

En el caso español, en concreto, se advierte que “la expresión pública de actitudes negativas hacia las personas con diferente orientación sexual no cuenta con la comprensión de los demás”, por lo que uno se debe abstener de ellas. Y en el canadiense se explica que “además de la censura pública, en las grandes áreas metropolitanas con una presencia significativa de miembros de minorías sexuales (particularmente Vancouver, Toronto y Montreal)” existe el riesgo de que el peso de la leyes contra los delitos de odio recaiga sobre uno.

Rusia, epicentro de la homofobia

A veces los pequeños detalles dicen mucho. Ojalá llegue el día en que las autoridades rusas no se limiten a desaconsejar las prácticas homófobas de sus ciudadanos fuera de sus fronteras, sino que las persigan también en su propio país. Algo que hoy parece sin embargo muy lejano, tanto en lo jurídico como en lo social. A lo largo de los últimos años no hemos dejado de trasladar a nuestros lectores informaciones sobre la práctica impunidad de los grupos criminales homófobos, dedicados a la extorsión, acoso y tortura de personas LGTB, y que son muy tímidamente perseguidos por las autoridades.

De hecho, las autoridades alientan aún más la homofobia con leyes como la aprobada en 2013, que prohíbe informar positivamente de la homosexualidad a menores, a la vez que permite que quienes simplemente enarbolan una bandera arcoíris o reivindican la celebración del Orgullo sean detenidos, sancionados con multas considerables o incluso encarcelados. Una ley, recordamos, cuya defensa dio lugar a la articulación de una especie de “internacional homófoba” cuyas consecuencias seguimos sufriendo en el resto del mundo (organizaciones como HazteOír, por ejemplo, se contaron entre sus valedoras). Por no hablar de la inhibición de las autoridades rusas ante la persecución homófoba en Chechenia, al fin y al cabo una república de la Federación Rusa gobernada en estos momentos por los aliados de Vladimir Putin.

 Y aun así sigue habiendo valientes que se atreven a dar la cara, como el joven Ivan Kravistin, del que hablábamos en 2016, que se niega a volver al armario y hacer más discreta su apariencia pese a haber sufrido una grave agresión por parte de un hombre al que no gustó su aspecto de “maricón”. Kravistin sí que denunció, y aunque el agresor fue acusado de “gamberrismo” no hubo la más mínima intención de considerar el ataque un crimen de odio.

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ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es de costumbre, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2017 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2016. En esta ocasión, vuelve a encabezar la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, así como contra las infames “terapias reparadoras” de la homosexualidad, situándose a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. Noruega asciende hasta la segunda posición, debido a su reciente legislación sobre identidad de género. España, por el contrario, baja desde la quinta a la novena posición, debido al inmovilismo del Gobierno respecto a leyes de ámbito nacional contra la discriminación de las personas LGTBI o la falta de adecuación de la ley estatal de identidad de género a las reivindicaciones del colectivo.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos, es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar este año la clasificación, sin duda debido a una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2016, además, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género.

La ministra de Libertades Civiles maltesa ha comunicado este año que se ha abierto el proceso para que la isla apruebe finalmente el matrimonio igualitario. Precisamente es en el apartado de “familia” donde Malta reduce su porcentaje de logros, debido a la actual discriminación de las parejas del mismo sexo, que hasta el momento solo pueden optar por las uniones civiles. De prosperar el proceso, la legislación maltesa destacará aún más en su respeto a los derechos LGTBI.

Noruega, por su parte, ha ascendido desde la undécima posición hasta la segunda, debido a la aprobación en junio de 2016 de otra de las leyes de identidad de género más avanzadas del mundo. Desde su promulgación, basta un simple trámite administrativo para que los mayores de 16 años puedan modificar la referencia al sexo que aparece en sus documentos oficiales. El mismo procedimiento se aplica a los niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, siempre que cuenten con el visto bueno de sus tutores legales.

El inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, es el que ocasiona que países como Suecia u Holanda, que encabezaron en su día la lista o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, hoy se encuentren en la duodécima y décima posición respetivamente. Según un portavoz de ILGA Europa, el motivo de la clasificación sueca es que aún sigue exigiendo procedimientos quirúrgicos para que las personas transexuales puedan cambiar su sexo registral. En cuanto a Holanda, ni su Constitución ni sus leyes contra los delitos de odio protegen específicamente a las personas LGTBI.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España sigue viéndose mermada por la falta de disposiciones de rango constitucional o leyes de carácter estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También influye notoriamente la falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales.

Estas son las recomendaciones que ILGA Europa hace al Gobierno español:

• Extender las protecciones contra la discriminación en la legislación laboral para garantizar que las personas LGBTI estén protegidas en todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en todas las regiones.
• Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito educativo.
• Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito de la salud.

Por su parte, en cuanto a los sucesos ocurridos en 2016, de relevancia social, que han afectado al colectivo LGTBI, ILGA Europa destaca los siguientes:

El discurso de odio dirigido a personas LGBTI por varias instancias de funcionarios eclesiásticos prominentes fue una tendencia negativa en 2016. Los incidentes fueron registrados por ONG o fueron objeto de quejas por parte de representantes públicos favorables a la igualdad. El lenguaje utilizado se refería a las leyes contra la discriminación como algo negativo, hablaba de una tendencia de la llamada “ideología de género” o cuestionaba la moralidad de las personas LGBTI. En un caso específico, el director de una escuela católica fue multado después de comparar las leyes contra los crímenes de odio con el terrorismo.

Incluso dentro de la Policía, el acoso motivado por prejuicios fue denunciado en diciembre por una integrante lesbiana de las fuerzas del orden. Las ONG LGBTI siguieron ayudando a las personas que informaban de incidentes violentos. Una ONG con sede en Madrid ha registrado más de 200 crímenes de odio contra las personas LGBT a lo largo del año.

Como dato positivo, varias regiones reforzaron sus disposiciones sobre el derecho de familia, abriendo el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las mujeres.

En efecto, el informe de ILGA hace una detallada relación de muchas de las agresiones sufridas por personas LGTBI a lo largo del 2016, de las que lamentablemente hemos tenido que hacernos eco en dosmanzanas, así como destaca la labor del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia por su amparo a las víctimas y su denuncia de la violencia.

También destaca los mensajes de odio por parte de miembros de la jerarquía católica, como el arzobispo de Valencia y cardenal, Antonio Cañizares, que definió a la “ideología de género” como “una de las ideologías más insidiosas en la historia de la humanidad y de la cultura”. Detalla a su vez la misiva firmada por los obispos de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla; de Getafe, Joaquín María López de Andújar, y el obispo titular de Mentesa y auxiliar de Getafe, José Rico, en la que acusaban a la Asamblea de Madrid de perpetrar “un ataque a la libertad religiosa y de conciencia” por aprobar la ley integral de transexualidad y hacían un llamamiento a la desobediencia civil.

Asimismo, el informe se hace eco de la carta que envió el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón a los padres de los alumnos, en la que, en referencia a la mencionada ley integral de transexualidad madrileña, la equiparaba con el terrorismo. También se refiere al reparto de folletos a colegios por parte de HazteOír, en los que denigraba los avances legislativos en materia de derechos LGTBI.

Como acontecimientos socialmente positivos, el informe señala la salida del armario del patinador Javier Raya, el waterpolista Víctor Gutiérrez y el árbitro de fútbol Jesús Tomillero.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento federal belga ha aprobado una nueva ley que pone punto final a la necesidad tanto de un diagnóstico médico como de un procedimiento de esterilización para que las personas transexuales puedan ver reconocidas su identidad. Bélgica se suma, de esta forma, al grupo de países que han adaptado su legislación de identidad de género al paradigma despatologizador, si bien la ley contiene todavía disposiciones que siguen sin ser del agrado de los colectivos LGTB. ILGA Europe ha saludado lo que considera un muy importante avance, aunque matiza que la ley, en su redacción actual, no supone el punto final en la lucha por los derechos de todas las personas trans. 

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas transexuales a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, según un informe de Transgender Europe de noviembre de 2016, 21 estados europeos seguían hacíendolo a fecha noviembre de 2016. La mayoría, del Este de Europa, pero también había algunos occidentales. Otros han eliminado ese requisito hace poco (Suecia, por ejemplo, no lo hizo hasta 2013, mientras que Noruega actualizó su ley en 2016). Y no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. En la misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba hace pocas semanas a Francia por haber obligado a hacerlo (el país vecino, de hecho, modificó su legislación en 2016, eliminando dicho requisito, aunque sigue manteniendo el proceso en manos de los jueces).

Bélgica se suma ahora a la lista de países que no solo eliminan ese requisito, sino que tampoco exigen ya la necesidad de un diagnóstico médico o psicológico de “disforia de género” o similar. La ley integra, en este sentido, el principio de autodeterminación de género, que hace además extensivo a los menores por encima de los 12 años. El texto ha recibido un apoyo abrumador de la Cámara de Diputados de Bélgica: de los 123 diputados presentes, 117 han votado a favor, mientras que 6 se han abstenido. No ha habido votos contrarios. Se trata, además, de una ley que no precisa de la intervención del Senado, por lo que entrará en vigor en el plazo de unos pocos días, en cuanto reciba la rúbrica real y sea publicada oficialmente.

En cualquier caso, pese a suponer una evidente mejora y ser más avanzada que las de otros países europeos, la nueva ley belga es consideraba mejorable por los colectivos LGTB. Obliga, por ejemplo, a que las personas que solicitan la modificación tengan que hacer la solicitud en dos pasos, y permite a la fiscalía poder denegarla en un plazo de hasta tres meses. Por lo que respecta a los menores de 12 años, podrán ver reconocido su nuevo nombre pero no la modificación completa de los datos registrales, que tendrá que esperar a que cumplan esa edad. Entre los 12 y los 16 años, además, deberán contar con la conformidad de sus padres o tutores y sí que se les obligará a consultar previamente con un psiquiatra. Por último, la ley solo permitirá utilizar el procedimiento administrativo una sola vez. Si por alguna circunstancia quisiera modificar su sexo legal una segunda vez deberá acudir a los tribunales.

“Se trata de un paso fundamental hacia el pleno reconocimiento de los derechos de las personas trans, aunque no es el paso final”, ha declarado la directora ejecutiva de ILGA Europe, Evelyne Paradis, que ha lamentado que las autoridades belgas se hayan quedado a medio camino, adoptando un procedimiento coherente al 100% con el principio de autodeterminación de género, situandose aún por detrás de países como la ya mencionada Noruega o Malta, que por ejemplo permiten que los menores puedan acceder sin apenas cortapisas.

Por delante de España

Por delante de quien sí se sitúa es de España, cuya ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura. De hecho, cada vez es más numeroso el grupo de países que ya han incorporado el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, además de los ya mencionados, de Irlanda y Dinamarca, en Europa. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

En España seguimos a la espera de que el Parlamento decida dar el paso (el grupo socialista del Congreso registró en febrero una propuesta de actualización de la ley). Mientras tanto, sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

Fuente Dosmanzanas

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La Corte Suprema de Dinamarca considera plenamente constitucional que la ley obligue a la Iglesia Luterana Evangélica, la iglesia nacional danesa, a celebrar matrimonios ente personas del mismo sexo. El fallo del alto tribunal danés consolida de esa forma la igualdad matrimonial en el más meridional de los países escandinavos.

Dinamarca fue el primer país del mundo en aprobar una ley de uniones para parejas del mismo sexo, allá por 1989. Sin embargo, la igualdad matrimonial no llegó hasta 2012. Sucesivos gobiernos de centro-derecha actuaron como freno, debido sobre todo a la influencia de los partidos más conservadores y de la derecha populista xenófoba (el Partido Popular Danés, que desde fuera del Gobierno lo sostuvo como tercera fuerza parlamentaria). Una influencia que no pudo evitar que en marzo de 2009 el Parlamento aprobara la adopción conjunta por parejas del mismo sexo, pero que sí frenó un primer intento de aprobar el matrimonio igualitario en 2010, y ello a pesar de que muchos diputados liberales que entonces apoyaban al Gobierno optaron por no estar presentes para no votar en contra.

Finalmente la realidad social de Dinamarca, que siempre ha estado entre los países con una mayor aceptación de las personas LGTB, acabó por imponerse, y la victoria del bloque de izquierda en las elecciones de 2011 allanó el camino. En marzo de 2012, el Parlamento danés aprobó por 85 votos a favor y 24 en contra una legislación matrimonial neutra respecto al sexo de los contrayentes, lo que abría el matrimonio a las parejas del mismo sexo. Y aunque las elecciones de 2015 devolvieron la mayoría al bloque de derecha (a pesar de que los socialdemócratas, principal partido del bloque de izquierda, mejoró sus posiciones) ya nadie planteó una posible marcha atrás.

La reforma legal también incluía el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio en el seno de la Iglesia Luterana Evangélica de Dinamarca. La ley no obliga a ningún sacerdote a oficiar dichos matrimonios, pero sí establece que la Iglesia debe proporcionar uno que sí lo haga a las parejas que así lo soliciten. Esto es así porque la Iglesia Luterana Evangélica de Dinamarca, la mayor cofesión religiosa del país, conserva su carácter histórico de iglesia nacional o de Estado, siendo su Primado actualmente la reina Margarita II de Dinamarca, y Manu Sareen  el Ministro de Asuntos Eclesiásticos y, de hecho, la máxima autoridad es el Parlamento danés.

Se trata de la misma situación, por ejemplo, que la de Islandia, que aprobó su ley de matrimonio igualitario en 2010 y cuya iglesia lo celebra (aunque ha habido algunas quejas de discriminación, que en 2015 llevaron a la obispa de Islandia a aclarar que los ministros de su Iglesia no pueden negarse a aplicar la ley). La situación es distinta en el caso de las iglesias luteranas de Suecia o de Noruega, que ya han perdido oficialmente su carácter de “iglesia de Estado” y que de hecho han aprobado el matrimonio religioso igualitario en procesos independientes a los de sus Parlamentos nacionales (aunque con una diferencia importante: la iglesia sueca lo hizo casi inmediatamente después, en el año 2009, mientras que la noruega ha tardado casi nueve años).

Desafío de los ultraconservadores

Pese a todo, también en Dinamarca hay sectores ferozmente opuestos a la igualdad de derechos de las personas LGTB. Un grupo de 300 personas, miembros de la Iglesia Luterana Evangélica de Dinamarca, recurrieron ante el Tribunal Supremo la decisión del Parlamento danés, argumentando que suponía una violación de la libertad religiosa. El Tribunal Superior de Justicia danés falló en su contra el pasado mes de junio, pero el grupo homófobo recurrió ante la Corte Suprema, el más alto tribunal del país, que ejerce también las funciones de corte constitucional.

El fallo, hecho público este jueves, ha sido contundente: la decisión del Parlamento danés es acorde con el marco jurídico de la Iglesia Luterana Evangélica de Dinamarca y no atenta contra ninguna disposición constitucional referida a la libertad de religión o a la de conciencia. El matrimonio igualitario religioso sigue, pues, plenamente vigente.

Conviene precisar, en cualquier caso, que la sensibilidad contra el matrimonio igualitario en la iglesia luterana danesa es minoritaria. Ya en una prospección realizada en 2010, dos años antes de su aprobación, seis de cada diez obispos luteranos se mostraban a favor del matrimonio religioso entre personas del mismo sexo.

Fuente Dosmanzanas

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El PSOE pide modificar la Ley para facilitar el cambio registral de sexo y nombre de las personas trans

La iniciativa pide eliminar la exigencia de informes o tratamientos médicos y el límite legal de 18 años para que los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo.

La Plataforma por los Derechos Trans ha aplaudido esta medida pero matizan varias deficiencias en el sistema actual que ven necesario abordar urgentemente.

El grupo socialista del Congreso ha registrado este lunes una propuesta de actualización de la ya anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. La iniciativa fue presentada por la diputada socialista Dolores Galovart, que estuvo acompañada de Carla Antonelli, también diputada socialista (en la Asamblea de Madrid, en su caso) e histórica activista trans. El objetivo de la propuesta, entre otros: despatologizar la transexualidad y extender el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad.

La Proposición de Ley, tal y como ha sido presentada por el grupo socialista (descargar PDF), elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serían necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Los socialistas proponen que la solicitud de rectificación de la mención de sexo en el Registro Civil “no precise de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada” y que “no se podrá condicionar, en ningún caso a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Además, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años “podrán efectuar la solicitud por sí mismos”, mientras que los menores de esa edad “podrán hacerlo a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, “los menores de edad podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal y resolverá un juez, teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Dolores Galovart ha resaltado que hoy “el PSOE da un paso adelante en la defensa de los derechos civiles” y ha recordado que hace diez años, ya lo hizo con la Ley 3/2007. “Ahora lo volvemos a hacer otra vez. Queremos que el derecho a la identificación sexual sea un verdadero derecho y para eso que no tenga condicionantes por la edad, ni por razón de requisitos externos que tenga que dar otra persona” y subrayó que “la transexualidad no es una enfermedad es una normalidad y la identidad sexual no se diagnostica porque es un derecho”.

La iniciativa pone de manifiesto que “la rectificación del sexo conllevará el cambio del nombre propio de la personas, a efectos de que no resulte discordante con su sexo registral” También se pide que se facilite el cambio de género y nombre en la tarjeta de residencia de los inmigrantes transexuales. En ese sentido, Carla Antonelli, por su parte, ha señalado que “hoy es un día histórico que pondrá a España, de nuevo a la vanguardia, igual que en 2007 que supuso dar un gran paso hacia adelante al legislar para que no fuera necesaria la cirugía genital para tener un cambio de partida de nacimiento”. Además, Antonelli ha explicado que la ley registrada hoy, “despatologiza completamente la transexualidad desde la propia autodeterminación de la persona; se elimina cualquier requisito médico o quirúrgico y se incluye a las y los menores transexuales”. Igualmente añadió que con ello, “a partir de los 16 años se podrá sacar el cambio registral sin ningún tipo de autorización y además, incluimos la tarjeta de residencia y permiso de trabajo a las personas transexuales extranjeras”.

La diputada de la Asamblea de Madrid reiteró que “seguimos avanzando y comprometidos con el derecho de las personas transexuales y del colectivo LGTB” y expresó que se siente “muy orgullosa de que el PSOE, como era su deber, apueste por reformar esta ley, con los mismos puntos demandados por el colectivo de transexuales” y recordó que este año, el 15 de marzo se cumple el décimo aniversario de esta histórica ley.

En este contexto, la Plataforma por los Derechos Trans ha celebrado esta Proposición de Ley, reclamando el consenso y apoyo a la misma por parte de todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, lamentan “que el grupo parlamentario socialista no haya contado con la opinión y la voz de la Plataforma por los Derechos Trans, ya que la misma representa a más del 80% del tejido asociativo trans del estado español”, aseguran.

Asimismo, desde esta plataforma también remarcan que este paso “no es suficiente” y consideran necesario que se aborde urgentemente “una Ley Trans Estatal, que garantice el acceso a los servicios públicos sin discriminaciones, en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía; y un protocolo de atención sanitaria de proximidad, sin segregación, fundamentado en el principio de autodeterminación del género y de despatologización de las identidades trans, pudiendo acceder a nuestras necesidades médicas y quirúrgicas en igualdad de trato que el resto de la ciudadanía”. También reivindican en el plano educativo que los centros “respeten la identidad sentida por la persona, que la realidad de la transexualidad aparezca en los libros de texto, como otras diversidades, así como medidas de acción positiva en el empleo”.

“Las personas trans necesitamos una ley específica que de respuesta integral a la situación de desigualdad social que a día de hoy, después de 39 años de aprobada la constitución, se enfrentan más de 46.000 ciudadanas y ciudadanos españoles, de los que más de 4.600 son menores”, declara Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans. “El apoyo institucional y político es una necesidad para reparar tantos años de discriminación estructural, para que nunca más se vuelvan a vulnerar los derechos de estas personas”, ha añadido.

Para los socialistas se trata de “superar de una vez por todas una legislación que conceptúa el cambio de la identidad sexual y la expresión de género como una enfermedad, como un trastorno y como un problema individual”. Además, para el GPS, “resulta imprescindible lograr de manera definitiva la despatologización de las identidades trans, enfocándolas desde la perspectiva de la diversidad de género, eliminando para siempre las exigencias de informes o tratamientos médicos”, y “que se reconozca verdaderamente el derecho a la identidad sexual o expresión de género autopercibida y libremente determinada por cada persona”, se afirma en la iniciativa.

Por otro lado, con esta reforma “se reconoce de manera definitiva que los menores transexuales tienen derecho a desarrollarse libremente durante su infancia y su adolescencia conforme a la identidad sexual y expresión de género sentida, poniendo fin a la inseguridad jurídica que se está generando para ellos por las resoluciones contradictorias que se están dictando por los diferentes Registros Civiles”. Igualmente –se añade– “se aprovecha esta reforma para reconocer expresamente como beneficiarios y beneficiarias de esta Ley a las personas intersexuales a las que en el momento del nacimiento en la inscripción registral se les asignó un sexo no concordante con el propio sexo sentido”.

Finalmente, “se evita la discriminación de las personas extranjeras con residencia en nuestro país, posibilitando que los documentos que aquí se expidan para ello respeten su identidad sexual”.

Una ley ya envejecida

Diez años tras los cuales la ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Malta y Noruega (dos países que además reconocen ese derecho también a los menores) o de Irlanda, Dinamarca. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

La actual composición del Congreso, por otra parte, no debería hacer difícil la reforma de la ley. Ya el pasado mes de octubre la Comisión de Igualdad del Congreso aprobaba, con los votos a favor de todas las fuerzas políticas salvo del PP, que prefirió abstenerse, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a modificar la legislación. La proposición, que fue presentada por Ciudadanos y recibió aportaciones de PSOE y Unidos Podemos, pedía eliminar tanto el límite legal de 18 años para que así los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo como la exigencia de un diagnóstico y tratamiento médico.

En la actual coyuntura política española, aunque el PP se opusiera frontalmente a una reforma de este tipo, si las fuerzas que aprobaron esta proposición fuesen capaces de ponerse de acuerdo una reforma así podría ser aprobada en el Congreso y superar un hipotético veto del Senado. Sería complicado, además, que el Gobierno hiciese uso de la prerrogativa que el artículo 134.6 de la Constitución Española le otorga: tener que dar su conformidad a aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, prerrogativa que según los analistas el Gobierno de Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Está por ver qué sucedería en este caso, en el que parece difícil argumentar que la reforma vaya a suponer un aumento del gasto. El hecho de que el PP se abstuviese y no votase en contra hace pensar que la oposición en este caso podría no ser tan frontal.

Por lo pronto el grupo socialista ha dado el primer paso. Veremos qué sucede en próximas semanas.

Fuente Agencias, vía Cáscara amarga/Dosmanzanas

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De un plumazo, Estados Unidos ha perdido todos sus embajadores abiertamente gais. Entre ellos el que fuera hasta hace pocos días embajador en España y Andorra, James Costos. No se trata de una medida específicamente homófoba: lo cierto es que el nuevo presidente de los Estados Unidos ha ordenado el cese fulminante de todos los embajadores que fueron nombrados por su predecesor, Barack Obama. Un gesto sin precedentes que habla muy claramente de la obsesión de nuevo presidente, Donald Trump, de revertir lo más rápidamente que pueda el legado de Barack Obama.

No es habitual que de forma inmediata un presidente de los Estados Unidos ordene el cese de todos los embajadores nombrados por su predecesor. Es común que los sustituya, al menos a los más destacados, y coloque en su lugar a personas afines, pero por lo general los embajadores permanecen en sus puestos durante un periodo de cortesía de varios meses hasta que tienen sustituto. En el caso de Trump, sin embargo, el afán por deshacerse de cualquier persona sospechosa de simpatizar con su predecesor ha precipitado la salida de numerosos representantes diplomáticos sin que todavía tengan sustituto.

Entre los representantes cesados se encuentran todos los embajadores abiertamente gais que había nombrado Obama: James Costos (España y Andorra), Ted Osius (Vietnam), Ruffus Gifford (Dinamarca), James “Wally” Brewster (República Dominicana) y Daniel Baer (embajador ante la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE). No son los únicos embajadores gais que nombró Obama: David Huebner, también abiertamente gay, fue embajador de Estados Unidos en Nueva Zelanda y Samoa, pero dejó ese puesto en 2014, mientras que John Berry, embajador en la vecina Australia, lo dejó en septiembre de 2016.

No fue hasta la llegada de Obama a la presidencia que en la diplomacia estadounidense comenzó a romperse el techo de cristal para los hombres gais (el del resto de personas LGTB sigue intacto). Antes de 2008 solo se tiene noticia de otros dos casos: James Hormel (primer embajador estadounidense abiertamente gay, propuesto en 1999 por Bill Clinton como representante en Luxemburgo) y Michael Guest (propuesto por George Bush en 2001 como embajador en Rumanía).

Costos y su pareja, amigos personales de los Obama

De la lista (tampoco demasiado amplia) dos son los nombres que merecen mayor atención por nuestra parte. El primero, James “Wally” Brewster, sin duda el que lo tuvo más complicado debido a la reacción homófoba de una parte de la sociedad dominicana, que se negó a aceptar con normalidad el hecho de que el máximo representante de Estados Unidos en su país fuese abiertamente gay. Es el caso de Nicolás de Jesús López, cardenal arzobispo de Santo Domingo, que lo calificó de “maricón” y llegó a decir de él que era la “esposa de un señor” que debería ocuparse de las labores del hogar.

Más fácil lo ha tenido en España James Costos, al queal margen de su labor estrictamente dimplomática hay que agradecerle la visibilidad de que ha hecho gala junto a su pareja, Michael Smith. Imágenes como la de Costos donando sangre en Madrid, en lo que constituyó una velada crítica a la discriminatoria política de donación en su propio país, o su aparición junto a su pareja en MasterChef Junior en horario de máxima audiencia fueron dos buenos ejemplos. Costos y Smith, amigos personales de los Obama (con los que al parece compartirán en próximos días vacaciones en California) dejan sin duda un buen recuerdo entre el colectivo LGTB de nuestro país.

La obsesión de Trump: liquidar el legado de su predecesor

El gesto de Donald Trump se enmarca, como decíamos arriba, en el contexto de la que es una de sus principales obsesiones: liquidar el legado de Barack Obama a la mayor velocidad que pueda. Un ejemplo simbólico fue la retirada, pocos minutos después de jurar como presidente, de la página que la web de la Casa Blanca dedicaba con Obama los derechos LGTB (de lo que nos hicimos eco casi inmediatamente en redes sociales, y que luego otros muchos medios han destacado).

No fue la única eliminación. También han desaparecido, por ejemplo, las referencias a la lucha contra el calentamiento global o las páginas en castellano. Todo un indicio de por donde pueden ir los tiros de una presidencia que, al margen de lo que suceda con los derechos LGTB en suelo estadounidense, no parece tener el menor interés en desarrollar el papel de promoción de los derechos LGTB en el mundo que la administración Obama sí quiso, al menos tímidamente, poner en marcha.

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El Monumento (Imagen: Queerpride.de)

Un turista danés reconoció en el monumento a las víctimas homosexuales del nazismo de Berlín a Jim Lyngvild, conocido por sus opiniones racistas, sexistas y homófobas.

En pleno centro de Berlín, muy cerquita de la Puerta de Brandenburgo, podéis visitar el conocidísimo monumento que homenajea la memoria de los judíos asesinados por el nazismo en Europa. Y justo enfrente, cruzando la calle, está el mucho menos conocido, pero no menos importante,  monumento que recuerda a las víctimas homosexuales del nazismo.

Si habéis ido a Berlín y os habéis dado por lo menos una vueltecita seguramente ya lo conocéis: es un bloque gris que no llama mucho la atención y en el que hay una ventana  por la que os podéis asomar y en la que hasta hace poco se podía ver, en bucle, un vídeo de dos chicos besándose:

Es muy emocionante que en la capital alemana hayan puesto este monumento que pretende, como dicen desde la fundación que lo administra,  “recordar a las víctimas homosexuales del nacionalsocialismo y ser, al mismo tiempo, una muestra permanente contra la intolerancia, la hostilidad y la exclusión contra gais y lesbianas”.  Hasta aquí, todo perfecto,  y realmente es muy bonito ver a las parejas que se acercan a verlo, sobre todo si pensamos que muchos son turistas que vienen de países en los que pueden esperar sentados a ver algo parecido en un parque público.

El problema es que hace poco un turista danés que visitaba la ciudad reconoció en esta película a Jim Lyngvild (el chico rubio de la izquierda en la imagen), un diseñador de moda que es muy conocido en su país por sus declaraciones sexistas, racistas y homófobas. Por si esto no parecía suficientemente una broma de muy mal gusto, Lyngvild es abiertamente gay y votante del Dansk Folkepartei, un partido nacionalista, conservador, contrario a la inmigración y que, no es precisamente partidario de los derechos LGTB.

Jim Lyngvild, ultraderechista, homófobo y… homosexual.

Jim Lyngvild, es además amigo personal de uno de los cofundadores del Folkepartei, y se le conoce por haber dicho cosas como “No me gustan los homosexuales, no me gusta cuando dicen ¡Mírame, soy homosexual, tienes que respetarme!”  Otras hazañas que este muchacho tiene en su historial es que iba a participar como juez del concurso Mr Gay en el orgullo de Copenhagen hace unos años, pero le dijeron que mejor lo dejara y se fuera a su casa cuando le oyeron decir algo así como que eso estaba lleno de maricones.

Después de una investigación, se pudo comprobar que efectivamente el chico del vídeo era Jim Lyngvild y que la grabación se había hecho hace años, cuando aún no era rico y famoso.

Tanto los autores del monumento como los de la fundación que lo gestiona dicen que están muy decepcionados con esta historia y ya han cambiado las imagénes por otras en las que aparecen besándose una pareja de chicos y otra de chicas.  En cualquier caso, la cinta en la que aparece Lyngvild todavía está disponible en la web del memorial, y llevaba proyectándose en bucle desde 2008 (aunque en teoría tenían que cambiarla más a menudo, sólo lo hicieron una vez y luego recuperaron la película original) Ya os podéis imaginar la vergüenza que supone para los autores y el insulto y la decepción para muchos de los que han pasado por allí y han visto el vídeo.

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Asociaciones feministas, activistas pro DDHH y organizaciones comunitarias han señalado en negrita y mayúsculas el próximo día 21 de enero. En esta jornada, el día posterior a la toma de posesión de la presidencia norteamericana por parte de Donald Trump, se llevará a cabo una gran manifestación en defensa de los derechos de las mujeres.

En el año 1995 cientos miles de afroamericanxs unieron sus voces en el Capitolio de Washington para reclamar sus derechos. Ahora, algo más de dos décadas después, la conocida como la “Marcha del Millón de Hombres” tendrá su réplica en su versión femenina. 

Dos marchas, dos sensibilidades diferentes pero con motivos igual de necesarios. Si la marcha del 95 vino precedida por el salvaje ataque perpretado por la policía contra Rodney King y por el juicio contra OJ Simpson (que en la práctica sirvió para comprobar como las tensiones raciales seguían siendo el centro de la mayor parte de las polémicas en la sociedad estadounidense), en esta ocasión, los antecedentes tienen la piel naranja, un flequillo imposible y el apellido Trump.

Y es que el nuevo presidente de EEUU es como una caricatura. Como un personaje creado para la saga de Torrente, sólo que en lugar de gracia, causa desagrado, miedo y repulsión.

La misoginia hecha presidente

El listado de frases en las que Trump humilla, ningunea, pisotea y ultraja a la mujer es tan grande como el odio que genera. Frases en las que no solo insulta al género femenino sino a quien tenga un mínimo de inteligencia y que no deben admitirse en la peor taberna del mundo y, aún menos, al presidente de la nación más influyente del mundo.

Scarlett Johansson, Frances McDormand, Julianne Moore, Cher o Katy Perry, han sido algunas de las personalidades que han confirmado su participación en una marcha que estima reunir a cientos de miles de mujeres decididas a plantarse ante las tropelías de Donald Trump.

Muchas de las participantes llevarán gorros de lana rosas gracias a una campaña que se ha hecho viral: el proyecto Pussyhat, un nombre que hace un juego de palabras entre las orejas de gato que simula el gorro y los genitales de la mujer.

Las responsables de la campaña buscan no solo protestar por las famosas declaraciones de Trump sobre “coger a las mujeres del coño”, sino también implicar a las personas que no puedan estar en la marcha por motivos económicos, físicos o de simple distancia.

Dinamarca secunda la marcha

Las asociaciones por los derechos de las mujeres en Dinamarca se han hecho eco de la gran manifestación en defensa de los derechos de las mujeres que se ha convocado en Washington, y harán la suya propia en la capital, Copenhague, para el mismo día.

Karen Covington, portavoz de la Marcha de Mujeres sobre Copenhague, ha explicado a la edición danesa del diario ‘The Local’ que más de mil personas se han comprometido a salir a las calles el próximo sábado desde la Embajada de Estados Unidos, ubicada en el barrio de Osterbro, hasta el edificio del Parlamento. Según Covington, la convocatoria de la capital danesa podría ser la tercera marcha global de mujeres más grande de Europa.

Fuente Redacción Chueca

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Portugal actualizará su ley de identidad de género, vigente desde 2011, para eliminar la necesidad de un diagnóstico de “trastorno de identidad de género” para proceder al la modificación del sexo registral, así como para reducir de 18 a 16 años el límite de edad a partir de la cual la persona podrá solicitar la modificación. La ley también garantizará que los menores sean tratados en las escuelas de acuerdo a su identidad y prohibirá que los bebés sean sometidos a cirugía para asignarles un sexo u otro.

Magnífico ejemplo el de Portugal, que en solo seis años actualizará su vigente ley de identidad de género, aprobada definitivamente en 2011. Aquella ley, que en su momento significó un avance muy importante sobre la situación anterior, exigía la presentación de un certificado que acreditase el diagnóstico de “trastorno de identidad de género” emitido por un equipo multidisciplinar de sexología clínica que incluyese al menos a un médico y a un psicólogo. En este sentido, el proyecto seguía el modelo de leyes como la aprobada en 2007 en España, pero suponía ya un avance respecto a esta, al no incluir, por ejemplo, el requisito de que la persona transexual tuviese que haber sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado, tal y como exige la ley española.

La nueva ley eliminará por tanto todo vestigio de patologización de la transexualidad. Pero según han adelantado los medios portugueses el proyecto incluye otras reformas, como la disminución de la edad a partir de la cual la persona podrá solicitar el trámite desde los 18 a los 16 años, además de la garantía a los menores transexuales de que en la escuela serán tratados de acuerdo a la identidad de género que manifiestan. Otra novedad muy importante que también incluirá la futura ley, relativa en este caso a las personas intersexuales (aquellas que nacen con características físicas de los dos sexos) es que prohibirá que se les realicen intervenciones quirúrgicas para asignarles un sexo u otro hasta que no sean ellas las que libremente decidan qué hacer. Solo quedarán excluidas de la prohibición aquellas intervenciones necesarias para evitar riesgos y complicaciones para la salud.

Está por ver si el proyecto de ley, que el Gobierno de Portugal tiene previsto presentar a lo largo de este mes, sufre modificaciones en su tramitación parlamentaria, sea en sentido positivo o negativo. En cualquier caso, no debería contar con grandes dificultades para salir adelante. El Gobierno socialista de Portugal cuenta con el apoyo tanto de los propios diputados socialistas (86) como del Bloque de Izquierda (19), Partido Comunista (15) y Verdes (2), lo que le da mayoría parlamentaria suficiente. El propio Bloque de Izquierda, de hecho, propuso hace unos meses un proyecto similar al que ahora tiene previsto presentar el Gobierno.

Hay que tener en cuenta, además, que la derecha portuguesa, cuya fuerza mayoritaria es el  Partido Social Demócrata (PSD, 89 diputados) no tiene una trayectoria tan hostil a los derechos LGTB como la de por ejemplo el Partido Popular español. En 2010, por ejemplo, hasta 12 de los entonces 81 diputados del PSD votaron a favor de la vigente ley de identidad de género, mientras que en España el PP acabó oponiendose a la ley de 2007 en su votación final por el Congreso. Bien es cierto que el entonces presidente portugues, Aníbal Cavaco Silva, también del PSD, vetó la ley, al considerar que debía endurecerse el trámite médico para poder solicitar la modificación (la Asamblea levantó posteriormente el veto).

¿Y en España, qué?

Portugal se sumará, de esta forma, al cada vez más numeroso grupo de países que respetan legalmente el principio de autodeterminación de género, como Noruega (que reconoce ese derecho también a los menores), Irlanda, Dinamarca o Malta. Este último país, de hecho, está considerado por las organizaciones trans el más aventajado por lo que al tratamiento del sexo legal de los menores se refiere, al no establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación. La ley maltesa, además, fue pionera en el mundo al prohibir cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, un paso que ahora decide dar Portugal.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando. Y en Escocia ya se están planteando un avance similar.

España, mientras tanto, ha quedado “congelada” en el tiempo y mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos podrían aprobar una reforma

El pasado mes de octubre, sin embargo, la Comisión de Igualdad del Congreso aprobaba, con los votos a favor de todas las fuerzas políticas salvo del PP, que prefirió abstenerse, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a modificar la legislación. La proposición, que fue presentada por Ciudadanos y recibió aportaciones de PSOE y Unidos Podemos, pedía eliminar tanto el límite legal de 18 años para que así los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo como la exigencia de un diagnóstico y tratamiento médico.

En la actual coyuntura política española, aunque el PP se opusiera frontalmente a una reforma de este tipo, si las fuerzas que aprobaron esta proposición fuesen capaces de ponerse de acuerdo sobre el texto de una futura ley esta podría ser aprobada en el Congreso y superar un hipotético veto del Senado. Sería complicado, además, que el Gobierno hiciese uso de la prerrogativa que el artículo 134.6 de la Constitución Española le otorga: tener que dar su conformidad a aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, prerrogativa que según los analistas el Gobierno de Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Y la actual composición del Tribunal Constitucional, como bien sabemos, es favorable a los postulados del PP por amplia mayoría, y así va a seguir siendo. Está por ver qué sucedería en este caso, en el que parece difícil argumentar que la reforma vaya a suponer un aumento del gasto. El hecho de que el PP se abstuviese y no votase en contra hace pensar que la oposición en este caso podría no ser tan frontal.

En cualquier caso, no parece que sus señorías de la oposición tengan mucha prisa por alcanzar acuerdos de este tipo al margen del Gobierno. Esperemos que al menos en este aspecto el ejemplo de Portugal les sirva de acicate.

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Como habíamos anunciado, las autoridades sanitarias danesas han eliminado desde este 1 de enero la transexualidad de la lista de estas enfermedades.

Según datos del Ministerio en Copenhague, Dinamarca es el primer país del mundo en dar este paso. Muchas personas transexuales consideraban discriminatoria esta clasificación, por lo que ahora la transexualidad se encuentra oficialmente en otra categoría.

La comisión de Asuntos Sanitarios del Parlamento danés acordó en junio por unanimidad retirar la transexualidad de la lista de enfermedades psíquicas difundida por la Dirección General de Salud.

“Los transexuales en Dinamarca sienten como un estigma que figuren bajo el diagnóstico de enfermedad psíquica dentro de las alteraciones del comportamiento”, declaró el portavoz en temas sanitarios del Partido Socialdemócrata, Flemming Møller Mortensen.

La rojiverde Lista Unitaria y el centrista La Alternativa habían presentado en febrero pasado la respectiva propuesta, a la que se han ido sumando el resto de partidos del Parlamento danés y que ha sido apoyada también por Amnistía Internacional y varios colectivos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

“Es un paso enorme para los transexuales daneses y los de todo el mundo que los políticos daneses hayan dicho sí de forma tan clara a retirar a la transexualidad de la lista de enfermedades psíquicas. Eso convierte a Dinamarca en país pionero para sus derechos”, señaló en un comunicado la sección danesa de Amnistía Internacional.

Dinamarca permite desde septiembre de 2014 que los transexuales cambien legalmente de sexo sin necesidad de someterse a cirugía ni de contar con un diagnóstico médico.

La comunidad LGBT danesa celebró la decisión de forma simbólica. “Esto elimina el estigma que existía en la sanidad para las personas trans”, dijo el presidente de la federación nacional LGBT, Søren Laursen.

Sin embargo, esta medida no cambiará en nada en las opciones de asistencia sanitaria y médica para estas personas, ya que para poder someterse a una cirugía de reconstrucción genital o a un tratamiento hormonal en Dinamarca, deberán pasar primero una serie de exámenes psicológicos.

En el catálogo de diagnósticos internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aún se considera la transexualidad un “trastorno de la identidad sexual”, algo que es objeto de críticas desde hace tiempo. El 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, pero mantuvo “la transexualidad” como “disforia de género” o “trastorno de la identidad sexual”, por lo que a día de hoy, oficialmente se considera que las personas trans padecen un problema de salud mental.

Fuente Cáscara Amarga/Cristianos Gays

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El danés portó una camiseta inclusiva antes de su último combate

Nicolas Dalby es un luchador danés que se está haciendo un hueco entre los rostros más populares de la Ultimate Fighting Championship. Además, el danés se ha ganado un hueco en el corazón de toda la comunidad LGTB al portar una camiseta en apoyo al colectivo durante el pesaje de su último combate.

El mundo de la UFC (Ultimate Fighting Championship) está rodeado de más testosterona que un gimnasio de instituto. Una competición en la que los puñetazos, los codazos, los cortes y la sangre son más habituales que hacer pellas en un colegio público.

Ahora bien, el escaparate de músculos imposibles, de tatuajes chungos y de poses intimidatorias, ahora también luce un espacio en el que destaca la inclusión y la diversidad.

El pasado mes de julio, la UFC lanzó una línea de ropa para mostrar su apoyo a la comunidad LGTB. Bajo el nombre de ‘We are all fighters’ se ensalza el valor de los miembros del colectivo en su lucha por la igualdad. Además, la recaudación que se consiga reunir con las ventas de esta línea de ropa irá destinada al Centro LGBTQ de Las Vegas.

El danés Nicolas Dalby ha sido uno de los primeros luchadores en mostrar un incondicional apoyo a la comunidad LGTB. En el combate del pasado fin de seman que le enfrentaba a Peter Sobotta, Dalby lució está camiseta durante un pesaje que cambió las miradas asesinas por un ambiente mucho más cordial.

No fue el único gesto que ha tenido Dalby con el colectivo. El luchador danés publicó un selfie sosteniendo la camiseta en su perfil de Instagram, con un mensaje inspirador:

Pesaje para el #UFCHamburg hecho! y listo para aplastar Sobotta. Pero lo más importante para mí de este pesaje es mostrar mi apoyo a la comunidad #LGBTQ. #WeAreAllOne.”

General, Historia LGTBI #LGBTQ. #WeAreAllOne, Deporte, Dinamarca, Inclusividad, Lucha, Nicolas Dalby, Ultimate Fighting Championship

Noruega se suma por la puerta grande a la ola despatologizadora de la transexualidad. El Parlamento noruego ha aprobado este lunes, por abrumadora mayoría (79 votos a favor y 13 en contra) una nueva ley de identidad de género, por la cual bastará un simple trámite administrativo para que los mayores de 16 años puedan modificar la referencia al sexo que aparece en sus documentos oficiales. El mismo procedimiento se aplicará a los niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, siempre que cuenten con el visto bueno de sus tutores legales.

La ley noruega es bien sencilla. Nada de certificados, informes o cualquier otro tipo de documento médico o psicológico. Y nada de cirugía ni periodo mínimo de tratamiento hormonal. Bastará simplemente la voluntad libremente expresada de la persona, que a través de una solicitud administrativa podrá modificar su sexo legal. A partir de los 16 años bastará con la petición individual. Entre los 6 y los 16 años la solicitud del menor deberá acompañarse de la del tutor o tutores legales. En los casos en los que el menor esté en situación de custodia compartida y haya divergencia entre los tutores habrá una decisión gubernativa, que se tomará en cualquier caso teniendo en cuenta como criterio fundamental el bienestar del menor. Los cambios de estatus legal en menores de 6 años quedan limitados a los casos en los que alteraciones del desarrollo sexual no hayan permitido antes adjudicar el sexo que mejor se corresponde con la identidad de género que manifiesta el menor.

Noruega sustituye así un marco jurídico profundamente obsoleto por uno de los más adelantados del mundo. Para poder modificar su sexo legal, las autoridades noruegas exigían hasta ahora la esterilización de la persona. Puede parecer increíble, pero por ejemplo este requisito no desapareció hasta finales de 2012 en la vecina Suecia (y por mandato judicial) o hasta finales de 2013 en Holanda, países que como Noruega se sitúan entre los más socialmente avanzados.

Fue en diciembre de 2013 cuando el Ministerio noruego de Sanidad pidió a una comisión de expertos que actualizaran las directrices en su país. Así lo hicieron, y en abril de 2015 la comisión daba a conocer un informe que recomendaba al Gobierno noruego abandonar el paradigma patologizador y permitir que las personas trans pudiese rectificar el sexo que consta en sus documentos oficiales mediante una simple declaración administrativa. Hace ahora uno año recogíamos como el Ministerio de Sanidad de Noruega adelantaba por fin las líneas maestras de la reforma legal que finalmente ha sido aprobada este lunes.

España, retrasada

Noruega se coloca así en el grupo de cabeza por lo que al principio de autodeterminación de género se refiere, por delante por ejemplo de Argentina y Dinamarca (que sí lo aplican a mayores de edad pero que lo limitan en menores) y junto a Malta. Este último país, de hecho, está considerado por las organizaciones trans el más aventajado por lo que al tratamiento del sexo legal de los menores se refiere, al no establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación. La ley maltesa, además, prohíbe cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo la primera del mundo en promulgar una disposición de este tipo (tan demandada por los colectivos de personas intersexuales). Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando. Y en Escocia ya se están planteando un avance similar.

España, mientras tanto, ha quedado “congelada” en el tiempo y mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque otras leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

Fuente Dosmanzanas

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Ya lo habíamos anunciado y se ha hecho efectiva…

La medida entrará en vigor el próximo 1 de enero, si es que la Organización Mundial de la Salud no hace antes lo propio.

La comisión de Asuntos Sanitarios del Parlamento danés acordó hoy por unanimidad retirar la transexualidad de la lista de enfermedades psíquicas difundida por la Dirección General de Salud.

“Los transexuales en Dinamarca sienten como un estigma que figuren bajo el diagnóstico de enfermedad psíquica dentro de las alteraciones del comportamiento”, declaró el portavoz en temas sanitarios del Partido Socialdemócrata, Flemming Møller Mortensen.

La rojiverde Lista Unitaria y el centrista La Alternativa habían presentado en febrero pasado la respectiva propuesta, a la que se han ido sumando el resto de partidos del Parlamento danés y que ha sido apoyada también por Amnistía Internacional y varios colectivos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

“Es un paso enorme para los transexuales daneses y los de todo el mundo que los políticos daneses hayan dicho sí de forma tan clara a retirar a la transexualidad de la lista de enfermedades psíquicas. Eso convierte a Dinamarca en país pionero para sus derechos”, señaló en un comunicado la sección danesa de Amnistía Internacional.

Dinamarca permite desde septiembre de 2014 que los transexuales cambien legalmente de sexo sin necesidad de someterse a cirugía ni de contar con un diagnóstico médico.

Fuente Cáscara Amarga

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Flemming Møller

El 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, pero mantuvo “la transexualidad” como “disforia de género” o “trastorno de la identidad sexual”, por lo que a día de hoy, oficialmente se considera que las personas trans padecen un problema de salud mental.

A pesar de que esta clasificación está revisión, en Dinamarca se han cansado de esperar y han decidido desmarcarse de la OMS y ha anunciado que si no hay cambios, el 1 de enero de 2017 dejarán de tratar a las personas trans como si sufrieran algún tipo de trastorno.

El portavoz de salud del Partido Socialdemócrata Flemming Møller ha dicho que:

“Por el momento, el transgénero permanece en la lista de enfermedades mentales o problemas de comportamiento. Está increíblemente estigmatizado y no refleja como vemos a las personas transgénero en Dinamarca. Debería ser un diagnóstico neutral”

Esperamos que la OMS rectifique su postura y a cambio, le sugerimos incluir como transtorno la homofobia, bifobia y transfobia.

Fuente | La Sexta, vía EstoyBailando

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Como ya es habitual en estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es también lo acostumbrado, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. En este año, encabeza la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, pero que, sin embargo, aún mantiene una legislación distinta e inferior para las parejas del mismo sexo. También es de señalar la bajada en la clasificación del Reino Unido, que la encabezaba en los años anteriores y ahora desciende al tercer puesto. España sube uno respecto al año anterior, hasta alcanzar la quinta posición.

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y antidiscriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertad de asociación (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial.

Malta encabeza este año la clasificación, sin duda debido a la aprobación de una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues es la única que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. Malta ha aprobado asimismo una ley que prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. Sin embargo, en materia de igualdad y familia, Malta sigue estableciendo diferencias entre las parejas del mismo o distinto sexo, pues solo estas últimas pueden contraer matrimonio, dejando para las parejas del mismo sexo la posibilidad de las uniones civiles, una legislación de inferior rango para un mismo hecho.

El Reino Unido baja dos posiciones respecto a la clasificación obtenida desde el año 2011, en que comenzó a encabezar el listado. Bélgica, por su parte, conserva su segunda posición. España alcanza la quinta, subiendo un puesto respecto al año pasado. A destacar también el descenso de países como Holanda y Noruega, que el pasado año empataban con España, y, sobre todo, el de Suecia, que desciende desde la cuarta plaza hasta la duodécima.

Aunque el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA, no deja de sorprender que la discriminación expresa y constitucional del colectivo LGTBI no reste puntuación, como en el caso de Croacia, que supera a las mencionadas Holanda, Noruega o Suecia cuando su población, mediante referéndum, corroboró en 2013 una reforma constitucional para prohibir el matrimonio igualitario.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España se ve mermada debido, sobre todo, a la falta de disposiciones de rango constitucional que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También se señala que España carece de instituciones de ámbito nacional que se ocupen de vigilar y arbitrar los supuestos de discriminación de las personas LGTBI. Otra de las carencias es que las legislaciones que protegen contra la discriminación en el trabajo y el acceso a los servicios de las personas LGTBI son únicamente de ámbito territorial (autonómico o municipal). Por ello, el objetivo en el apartado de la igualdad y no discriminación solo alcanza el 35 %. La falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales, ocasionan que ese apartado solo se sitúe en el 59 % de logros. Sin embargo, sí consigue un 100 % en lo que respecta a la familia (matrimonio igualitario y adopción) y las libertades de reunión, asociación y expresión.

Entre los acontecimientos que han tenido lugar en el pasado 2015, ILGA destaca el fallecimiento de Pedro Zerolo y la dedicatoria de una plaza en su memoria en Madrid. También se hace eco de la controversia con la circular interna del Metro de Madrid, luego anulada, que instaba a sus interventores a estrechar la vigilancia en determinadas estaciones y trayectos de personas identificadas como gais. Sin abandonar la capital, da cuenta de que, por primera vez, la bandera arcoíris adornó el edificio del Ayuntamiento durante las fiestas del Orgullo.

El informe recoge la estadística facilitada por el Ministerio del Interior respecto a los crímenes de odio perpetrados en 2014, de los cuales las agresiones a personas LGTBI representaban el 40 % (un informe luego corregido en el referido al 2015). Sin abandonar el organismo, ILGA también hace referencia a las declaraciones del ministro Jorge Fernández Díaz y su disgusto por si su hijo se casara con otro hombre. Alcanzando todo el espectro social y mediático, ILGA engloba en los discursos de odio los comentarios de Los Chunguitos en el programa Gran Hermano VIP, en los que decían preferir “un hijo deforme antes que maricón”.

Aun así, ILGA sigue destacando que la aceptación social de la homosexualidad en España continúa siendo muy alta, situándose muy por encima de la media europea. Es más, según los informes a disposición de la organización, España se situaría a la cabeza mundial a ese respecto.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. España, en todos los casos, se ha situado siempre en los puestos de cabeza.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento de las Islas Feroe ha aprobado este viernes 29 de abril la ley que permitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo, una vez reformada para no obligar a celebrar este tipo de enlaces a las confesiones religiosas. A falta de la convalidación por el Parlamento de Dinamarca y la promulgación por parte de la jefa del Estado, que se pueden considerar meros trámites, la entrada en vigor de la ley hará que las Islas Feroe dejen de ser el único territorio de soberanía danesa (e incluso de entre los países escandinavos) en el que no se ha legislado el matrimonio igualitario.

Finalmente, tras un complicado proceso, el Løgting (el Parlamento unicameral de las Islas Feroes) ha aprobado la ley de matrimonio igualitario por una mayoría de 19 votos favorables contra 14. La ley permite asimismo la adopción homoparental en las mismas condiciones que la heteroparental.

La procelosa tramitación se inició una vez que las fuerzas de izquierda obtuvieran la victoria en las elecciones de septiembre de 2015, pues no en vano los derechos de las parejas del mismo sexo habían constituido uno de los asuntos que habían adquirido mayor relevancia en la campaña electoral.

Así, el 15 de noviembre de 2015 se introducía en el Løgting un proyecto de ley con un texto idéntico al que fue rechazado por el Parlamento en marzo de 2014, cuyos cuatro ponentes pertenecían a los cuatro partidos de centro-izquierda,. Aprobado en primera lectura el 24 de noviembre de 2015 por la mayoría de la comisión que lo escrutaba, se programó una segunda lectura para mediados de marzo de 2016. El 14 de ese mes, el Comité de Bienestar enviaba el proyecto al Løgting, para ser puesto a consideración de los diputados, con una recomendación favorable de la mayoría de los miembros del comité.

Sin embargo, cuando el 16 de marzo comenzó a ser debatido en el Parlamento, los representantes de los partidos de centro-izquierda encontraron una objeción: el texto parecía dar derecho, a semejanza de la legislación danesa, a que las parejas del mismo sexo pudieran celebrar su matrimonio en las iglesias. Representantes de las distintas fuerzas expresaron su oposición a ese derecho, por lo que, tras un receso, desde el Partido Socialdemócrata se elevó la propuesta de que el proyecto de ley fuera devuelto al Comité de Bienestar para que se reformase a ese respecto, proposición que fue aceptada por la mayoría.

Una vez reformado el proyecto de ley a ese respecto, ha obtenido finalmente la aprobación del Parlamento, con un texto idéntico al vigente en Dinamarca a excepción de la posibilidad de celebración de ceremonias religiosas. Ahora deberá ser convalidada por el Parlamento danés para finalmente ser promulgada por la reina Margarita. De poder cumplirse el calendario establecido inicialmente, la ley podría tomar efectos el próximo 1 de julio.

Llegada esa fecha, las Islas Feroe dejarán de ser el único territorio escandinavo y del Reino de Dinamarca donde las parejas del mismo sexo no son legalmente reconocidas, pues, a diferencia de los demás territorios de soberanía danesa, ni siquiera se les ha permitido la posibilidad de contraer una unión civil.

Un archipiélago con personalidad propia, también en derechos LGTB

Las Islas Feroe son parte del Reino de Dinamarca, pero constituyen un ente autónomo con lengua y cultura propias, que funciona —salvo en cuestiones de defensa y política exterior— como un estado independiente. Mantienen además una especial vinculación cultural y lingüística con Islandia. En materia de derechos LGTB, por ejemplo, su legislación nunca ha asumido avances como las uniones civiles, que en Dinamarca fueron aprobadas en junio de 1989, siendo el primer país del mundo en ofrecer ese derecho a las parejas del mismo sexo.

Años más tarde, en junio de 2012, Dinamarca finalmente aprobaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, sin que las Islas Feore siguieran tampoco su ejemplo. Más recientemente, en mayo de 2015, Groenlandia, otros de los territorios del Reino de Dinamarca, aprobaba su propia ley de matrimonio igualitario por unanimidad de su Parlamento, aunque el calendario político hiciera que no entrara en vigor hasta el 1 de abril de 2016. Las Islas Feroe quedaban así, y hasta la entrada en vigor de la ley recientemente aprobada, como el único miembro del Reino sin legislar al respecto, a pesar de que ya en 2013 una encuesta mostraba un apoyo del 68% de la población feroesa a favor del matrimonio igualitario.

Fuente Dosmanzanas

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