Comentarios desactivados en Denunciadas dos agresiones por LGTBfobia en la Feria de Sevilla
Dos agresiones por LGTBfobia denunciadas públicamente y ante la Policía Nacional han empañado el desarrollo de la Feria de Sevilla 2018. En la madrugada del martes a miércoles, una chica trans de 22 años fue vejada y agredida por un grupo de jóvenes. Lo ha denunciado la Asociación de Transexuales de Andalucia (ATA-Sylvia Rivera), según la cual la agresión se produjo en la caseta del PSOE. Un chico de 25 años, por su parte, ha denunciado que, también en la madrugada del miércoles, un vigilante de seguridad le impidió el paso a otra caseta diciéndole que «aquí no entra un puto maricón» y le agredió físicamente.
Según la información aportada por el colectivo ATA-Sylvia Rivera, la joven trans agredida, de nombre Simone, fue agredida y vejada por un grupo de jóvenes que se encontraban en el interior de la caseta del PSOE, que la dieron empujones, insultaron y le arrojaron una jarra de rebujito por la cabeza. «Te voy a matar, maricón de mierda, vete de la caseta, ¿qué coño haces aquí?», le llegó a espetar uno de los agresores. La joven, que asegura que nadie intervino para mediar, ha interpuesto denuncia ante la Policía Nacional, adjuntando el correspondiente parte de lesiones.
Desde ATA-Sylvia Rivera exigen a los responsables de la caseta que depuren responsabilidades ante la inacción del servicio de seguridad. El colectivo trans andaluz también denuncia que Simone dice haberse dirigido a un furgón de Policía, quienes según versión de la agredida no la trataron de acuerdo a su identidad femenina. «Nuevamente desde esta asociación vemos con urgencia la formación de los cuerpos de seguridad y la necesidad de un protocolo de actuación ante agresiones por LGTBIfobia», expresa ATA en su comunicado.
El colectivo que preside Mar Cambrollé ha evitado de todas formas culpar al PSOE de lo sucedido en la caseta. «El PSOE en Andalucía se ha destacado por su respaldo y defensa de la diversidad sexual y de género y gracias a su incondicional apoyo, Andalucía cuenta con leyes ejemplares en el reconocimiento de derechos y de protección ante los delitos por LGTBIfobia», destaca su comunicado, que añade que en cualquier caso «la Junta de Andalucía debe aplicar el régimen sancionador que contempla la Ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía».
Por lo que se refiere a la denuncia interpuesta por el otro joven, este asegura que el vigilante de seguridad de la caseta situada en el número 189 de la calle Pascual Márquez del recinto ferial sevillano (cuyo titular es el sindicato FASGA) le impidió el acceso diciéndole «aquí no entra un puto maricón», le propinó patadas y puñetazos e incluso lo tiró al suelo. Los hechos sucedieron pasadas las tres de la madrugada del miércoles. El joven ha explicado que otros años ha acudido a la misma caseta con amigos gais y nunca había tenido problema alguno. En esta ocasión iba acompañado de unas amigas, pero se da la circunstancia de que ellas entraron a la caseta mientras él se quedó fuera hablando por teléfono. Al finalizar la llamada y pedirle al vigilante que lo dejara entrar ya que sus amigas estaban dentro, aunque él no llevaba invitación, fue cuando el vigilante le llamó «puto maricón».
El denunciante le respondió que aunque no tuviera invitación y no lo dejara pasar no tenía derecho a insultarle, momento en el que según su relato el vigilante lo agredió físicamente. El joven intentó grabar a su agresor con el móvil, pero otro compañero del vigilante se lo quitó y lo tiró al suelo. Al ver pasar un furgón de Policía, el joven pidió ayuda a los agentes, quienes identificaron al presunto agresor y a su compañero. El joven ha presentado denuncia policial, acompañada del correspondiente parte de lesiones.
Esta segunda agresión ha derivado, además, en una extraña polémica entre colectivos, aparentemente ya zanjada. Mientras que la asociación sevillana Adriano Antinoo solicitaba desde el primer momento a las autoridades abrir expediente a los titulares de la caseta y aplicar el régimen sancionador que contempla la ley andaluza contra la LGTBIfobia, Andalucía Informaciónrecogía que la Federación Arco Iris consideraba lo sucedido «una situación de tensión mal resuelta en un ámbito y contexto ajeno a la realidad que se vive y respira dentro de la caseta», pero sin que por ello debiese considerarse un acto de homofobia. Algo que Adriano Antinoo les ha reprochado en redes sociales: «Lamentamos profundamente que Arco Iris LGBTI niegue el carácter homófobo de la agresión (…) infligiendo un daño terrible a la víctima. Justificar o minimizar agresiones empodera a agresores y humilla a víctimas». La Federación Arco Iris respondía en Twitter a Adriano Antinoo restando validez a la información de Andalucía Información, que atribuía a las declaraciones de un vocal de la organización, pero negando que esa fuese la postura de la organización y expresando de forma explícita que sí consideraban lo sucedido un episodio de homofobia.
No es la primera vez, en cualquier caso, que agresiones por LGTBfobia en la Feria de Sevilla trascienden a los medios. En 2011, por ejemplo, una pareja gay fue expulsada de una caseta por darse un beso. Un año después, otra pareja era también expulsada por querer bailar unas sevillanas. Y en 2014 ATA denunciaba la agresión tránsfoba arriba mencionada. Está claro que queda mucho trabajo por hacer…
Comentarios desactivados en Aceh (Indonesia) dejará de torturar a hombres gay en público (pero lo hará en privado)
Irwandi Yusuf
La región de Aceh, que aplica la Ley Sharia musulmana, dejará de someter a latigazos en público a los y las acusados de homosexualidad para pasar a hacerlo en recintos privados.
El movimiento simplemente quiere ayudar al gobierno del país a limpiar su imagen exterior y acusan a occidente de islamofobia por las críticas recibidas.
Tal y como adelantábamos en julio, la provincia indonesia de Aceh impedirá la difusión pública de imágenes de los castigos físicos a los condenados por homosexualidad. La reforma fue discutida en su momento entre el presidente indonesio, Joko Widodo, y el gobernador de Aceh, Irwandi Yusuf, debido al daño que para la imagen de Indonesia supuso la difusión de la flagelación de dos jóvenes. Pues bien, la semana pasada se conocía que Yusuf ha firmado la orden. Los castigos a homosexuales se ejecutarán en el interior de las cárceles y centros de detención, sin que puedan registrarse ni difundirse imágenes de las mismas.
La provincia de Aceh en Indonesia, la única provincia del país en la que se aplica la Ley Sharia islámica, ha anunciado que dejara de someter a los hombres condenados por ser homosexuales a latigazos en público… para pasar a hacerlo a puerta cerrada.
Tal y como ha explicado el gobernador de Aceh, Irwandi Yusuf, la decisión de mover las torturas de las plazas públicas a los patios privados de las cárceles se ha tomado para reducir así las críticas internacionales por ese tipo de castigos. Eso sí, aclara que tanto a él como al resto del país les dan igual esas críticas y las considera un ataque islamófobo: “No queremos que la islamofobia interfiera en los asuntos externos de Indonesia“.
La medida cuenta con críticos entre la población local. Los hay que consideran que si los castigos no son públicos perderán su carácter «ejemplarizante». «Si los latigazos se dan en prisión, seguro que habrá más violaciones de la sharía en Aceh», declaraba un manifestante opuesto a la reforma. En esta provincia, recordemos, rige la sharía desde 2005. Fue una concesión de Indonesia a los separatistas en el marco del acuerdo de paz que tuvo lugar poco después del tsunami que asoló la región. Aunque no fue hasta septiembre de 2014 cuando finalmente se aprobó la ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de flagelación (que entró en vigor en octubre de 2015).
Desde la organización Human Rights Watch su investigador en Indonesia, Andreas Harsono, ha declarado que “Indonesia va en cabeza en la carrera hacia el abismo“. La nueva ley que traslada las torturas a los centros penitenciarios permitirá la asistencia de adultos y periodistas y fue recibida con una manifestación frente a la delegación del gobierno en Aceh. “Si los latigazos se hacen en prisión” explica Tuwanku Muhammad, uno de los manifestantes, “estamos seguros de que habría más delitos contra la Sharia en Aceh“.
Actualmente dos estudiantes universitarios están en prisión preventiva a la espera de juicio, acusados de practicar sexo homosexual entre ellos. Los dos chicos, de 21 y 24 años, fueron detenidos por civiles que entraron a la fuerza en una habitación en la que estaban los dos chicos. El director del Departamento de la Ley Sharia de la región ha explicado a la prensa que tienen los teléfonos móviles de los detenidos, unos preservativos y el colchón que había en la habitación como pruebas; y asegura que uno de los dos hombres ya se habría declarado culpable de practicar sexo gay.
Posible criminalización de la homosexualidad en todo el país
La noticia tiene lugar en un contexto especialmente hostil, dada la discusión que se ha abierto sobre una posible criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, de la que también hablamos hace pocos días, y que ha desencadenado una auténtica espiral de LGTBfobia. De hecho, un diputado indonesio proponía la semana pasada modificar la legislación nacional para no solo castigar las relaciones homosexuales con cárcel, sino incluir además la pena de muerte para el colectivo LGTB (o, como mínimo, la cadena perpetua). El artífice de tal propuesta es Muslim Ayub, miembro del Partido Mandato Nacional Islámico (PAN).
Hanafi Rais, otro diputado del mismo partido, aseguraba que el debate sobre la criminalización de la homosexualidad está siendo acordado “por la mayoría de los partidos políticos indonesios”. Los seis partidos seculares, que controlan a la mayoría en la presente legislatura, no parecen, en todo caso, querer ponerse en contra a los extremistas islámicos antes de las elecciones de junio, en las que 171 regiones votarán por nuevos gobernadores, alcaldes y jefes de distrito.
Escalada de LGTBfobia de Estado en Indonesia
Hace algunos días recogíamos, precisamente, la detención de cuatro personas en Banda Aceh, a manos de patrullas ciudadadanas, acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentan a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. A principios de año recogíamos el último y descarnado caso de LGTBfobia de Estado en Indonesia. La policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como «hombres normales». En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, el pasado mes de mayo a dos jóvenes de 20 y 23 años. En el mismo mes de octubre de 2015 nos hacíamos eco de la detención de dos jóvenes lesbianas (de 18 y 19 años) por abrazarse públicamente y confesar que eran pareja. Según el jefe de la policía islámica las chicas serían “sometidas a rehabilitación con la participación de psicólogos en dependencias sociales”.
Indonesia también votó en 2014 en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la homofobia y la transfobia y ha sido calificado, por su propia población, como un mal lugar para vivir si eres gay o lesbiana (solo un 2% opina lo contrario) en una encuesta de Gallup.
El hecho de que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente esta no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (en Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.
Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017 en el que la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital y que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres. Una estigmatización a la que también ha contribuido la decisión de la Asociación Psiquiátrica Indonesia de clasificar la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad como trastornos mentales.
Comentarios desactivados en Oleada de agresiones por LGTBfobia en Logroño: 6 agresiones por homofobia y lesbofobia en lo que va de 2018 la última de ellas aderezada con el «Cara al sol»
Logroño, Concatedral y Plaza del Mercado
El colectivo riojano Marea Arcoíris ha denunciado lo que considera una auténtica “oleada de agresiones” por orientación sexual e identidad de género en la ciudad de Logroño. Según un comunicado hecho público este jueves, el colectivo ha contabilizado ya 6 agresiones en lo que va de 2018. La última de ellas a dos chicas, cometida en pleno centro de Logroño por un joven que se marchó del lugar a los sones del Cara al sol.
La agresión ocurrió, según detalla el digital riojano NueveCuatroUno, en los alrededores de la Plaza del Mercado (en el casco viejo de Logroño) la semana pasada. Cuando las dos chicas caminaban hacia su casa en actitud cariñosa, un joven comenzó a insultarlas con frases como “mira a estas bolleras de mierda” y “vamos a ponerles el ‘Cara al sol’ para que aprendan”. La pareja intentó continuar su camino, pero el joven prosiguió con sus insultos y se encaró con ellas. Pese a que le pidieron que se tranquilizara, el agresor les escupió y las empujó. Sus propios amigos se lo llevaron por la fuerza, intentando que la agresión no fuera a mayores, pero el joven reapareció conduciendo un coche, volvió a insultar a la pareja y finalmente se marchó con el Cara al sol a todo volumen. La pareja agredida ha interpuesto denuncia ante la Policía Nacional (para los que nos lean desde fuera de España, el Cara al sol era el himno de Falange Española de las JONS, convertida en himno oficioso del franquismo junto con el Oriamendi carlista, y habitual en concentraciones fascistas y de extrema derecha en España… Los que tenemos una edad recordamos que TVE terminaba sus emisiones con el himno nacional y estas dos canciones ).
Aunque La Rioja es una de las comunidades autónomas en las que menos agresiones por LGTBfobia se denuncian (el Ministerio del Interior no contabilizó ningún caso en sus registros de denuncias por delitos de odio ni en 2015 ni en 2016, los dos últimos ejercicios de los que ha hecho públicas las cifras), ello no quiere decir que no se produzcan. Existe una contrastada divergencia, de hecho, entre los registros oficiales y los que hacen públicos los diversos observatorios vinculados a colectivos en aquellas comunidades en las que existen. No es de extrañar: las entidades LGTB se están convertido en los espacios de referencia para denunciar este tipo de agresiones. Espacios seguros donde dar una atención integral a las víctimas y contrarrestar los peligros de la “normalización” o “trivialización” de las agresiones por parte de las víctimas, lo cual supone uno de los grandes obstáculos para conocer su verdadera frecuencia (junto al miedo a posibles represalias o la desconfianza en los cuerpos policiales y el sistema judicial).
“Por desgracia no es un caso aislado”,explicaban desde Marea Arcoíris al diario digital Rioja2 con ocasión de la agresión de febrero. “Al menos una vez al mes recibimos en la Marea Arcoíris a una persona que ha sufrido una agresión física, la situación es realmente preocupante. También es cierto que cada vez se da más la cara, antes muchas agresiones no se denunciaban por miedo a salir del armario”,
En su comunicado, Marea Arcoíris enumera las seis agresiones cometidas este año en Logroño contra personas LGTB y de las que ha tenido constancia (algunas de las cuales recogimos en su momento). La primera ocurrió a finales de enero, cuando un joven comunicó a través de Twitter que había sido increpado junto con su novio por un hombre en el centro de la ciudad. A finales de febrero, un joven que jugaba con su perro en la calle, también en el centro de Logroño, sufría otra agresión. Riéndose de su condición sexual, le agarraron del cuello y patearon. La propia presidenta de Marea Arcoíris, Déborah Pimentel, sufría días después una nueva agresión en plena Gran Vía, cuando paseaba con su novia de la mano.
“Poco después nos llegaba otra denuncia de otro joven, que caminando de la mano con su novio en el Ayuntamiento fue increpado e insultado por un fanático”, explica Marea Arcoíris. “La penúltima [agresión] de la que tuvimos constancia fue la del periodista y artista riojano David Moreno, que denunció hace menos de un mes una agresión homófoba en Logroño”, añade el comunicado.
Marea Arcoíris denuncia la pasividad de las instituciones
Para Marea Arcoíris, resulta evidente que la capital riojana sufre una auténtica oleada de agresiones “que están haciendo inseguras las calles de Logroño para las personas con géneros y sexualidades diversas”. En este sentido, el colectivo denuncia muy especialmente la pasividad de las instituciones ante lo que sucede. “¿Qué están haciendo las instituciones para acabar con las agresiones al colectivo? ¿Qué está haciendo el Gobierno de La Rioja? ¿Los Ayuntamientos? ¿Delegación de Gobierno en La Rioja? La responsabilidad de la seguridad ciudadana recae en la alcaldesa de Logroño como último escalafón en la Policía Local y en Alberto Bretón como delegado del Gobierno en La Rioja y responsable último de la Policía Nacional. En cuestión de educación, concienciación y promoción de la tolerancia y el respeto no se está haciendo nada, pese a contar con una partida presupuestaria de 40.000 euros. Partida presupuestaria que tememos no llegarán ni a gastar, haciendo una mísera campaña, aprisa y corriendo, a finales de año”, se lamenta.
En relación al Ayuntamiento de Logroño, Marea Arcoíris insiste en que se tome “más en serio” la lucha contra la discriminación. Reclama, por ejemplo, que se otorgue un espacio a la Plaza de la Diversidad. “Además, acercándose ya la fecha del Orgullo LGTBI+ en Logroño, no hablamos ya de favorecer, sino como mínimo no impedir el normal desarrollo de la semana cultural y el funcionamiento de la manifestación”, añade. También reclama que se apruebe de forma definitiva la ley integral de transexualidad (cuya toma en consideración fue aprobada en noviembre) y se comience “de una vez por todas a trabajar por una Ley LGTBI+ autonómica”. “Creemos que la voluntad política es crucial para acabar con la violencia hacia las personas lesbianas, transexuales, gais, bisexuales o de géneros y sexualidades diversas”, añade el comunicado.
“Estamos convencidas de que el trabajo del colectivo LGTBI+ en La Rioja está favoreciendo el aumento de las denuncias, públicas o formales, de este tipo de agresiones. Confirmamos nuestro compromiso para acabar con la LGTBIfobia en La Rioja reiterando que como sociedad no podemos consentir que nadie violente a otra por sentirse, amar o querer diferente”, finaliza el texto.
Comentarios desactivados en Estado de la LGTBIfobia en Cataluña en 2017: un 32,2% más de incidentes que el año anterior, con un especial repunte de las agresiones
Eugeni Rodríguez (OCH) tilda de “muy grave” que “la incidencia más registrada por el OCH en Cataluña en 2017 sean las agresiones verbales y físicas”
Elena Longares (directora Estudio OCH sobre estado LGBTI fobia en Cataluña 2017): “La LGBTI fobia en Cataluña es diversa ya que afecta a todo el colectivo y más de una cuarta parte de las víctimas (27,9 %) no denuncia las agresiones”
Pocos días después de que lo hiciese su homólogo madrileño, el Observatori contra l’Homofòbia ha presentado su informe sobre el estado de la LGTBIfobia en Cataluña, referido al año 2017 (puedes descargar aquí sus 99 páginas). Los datos no son precisamente tranquilizadores: el Observatori tuvo conocimiento de 111 incidentes por LGTBfobia en el ámbito catalán en el año 2017, lo que supone un aumento del 32,2% respecto a los 84 casos registrados en 2016.
Por tipo de incidencias, la más registrada son las agresiones, ya sean físicas, verbales, por acoso, amenazas y vejaciones. Constituyen el 47,7% de las incidencias. El capítulo de agresiones, de hecho, ha experimentado un fuerte incremento en los tres años en los que el Observatori lleva ya publicando su informe, pasando del 30,9% de las incidencias en 2015 al 47,7% en 2017.
A continuación se situaron los episodios de odio en internet y redes sociales (12,6%), así como los incidentes de discurso de odio y exaltación de la LGTBIfobia (9,9%):
Por lo que se refiere a los subgrupos afectados, más de la mitad de las incidencias se cometieron contra hombres gais y bisexuales (51,4%). En segundo lugar se situaron las incidencias por LGTBfobia de tipo generalista, es decir, las dirigidas de forma global contra el colectivo LGTBI (18%), seguidas muy de cerca por las incidencias contra el colectivo de personas trans (17,1%). En el 10,8% de los casos se cometieron contra mujeres lesbianas o bisexuales:
Viendo la evolución de los tres años en los que el Observatori contra l’Homofòbia lleva publicando su informe, resulta especialmente preocupante la tendencia de los incidentes dirigidos específicamente contra el colectivo trans, que no paran de crecer porcentualmente. Fueron el 13,3% en 2015, pasaron al 15,5% en 2016 y han constituido el 17,1% en 2017. En este sentido, parece que Cataluña no es inmune a la corriente tránsfoba que de un tiempo a esta parte parece haberse intensificado en Europa y América.
Por lo que se refiere a la edad, la edad media de las víctimas registradas por el Observatori fue de 30,2 años. Por intervalos de edad, el más frecuente fue el de 26 a 35 años, seguido del intervalo de 18 a 25. No obstante, el propio informe reconoce que solo 52 de las personas que registraron alguna incidencia reveló su edad, por lo que el dato no es demasiado consistente:
Por lo que se refiere al itinerario de los 111 incidentes recogidos en el informe del Observatori, 31 (el 27,9%) fueron denunciados directamente por las víctimas a través de la ley catalana contra la LGTBIfobia. Otras 22 incidencias (el 19,9%) fueron denunciadas por el personal de las administraciones públicas de Cataluña, en virtud de su “deber de intervención” cuando son conscientes de una posible vulneración de los derechos de las personas LGTBI. Se trata de un aspecto que recogen expresamente los artículos 10 y 11 de dicha ley, para lo cual la Generalitat aprobó un protocolo específico el pasado octubre. El tercer grupo más numeroso de denuncias interpuestas formalmente fue el correspondiente a los procesos penales (18, el 16,2%), que han experimentado un sensible aumento respecto a 2015 (9,7%) y 2016 (2,4%). El aumento de las agresiones registrado en 2017 se encuentra, sin duda, detrás de este repunte de procesos penales:
Eso sí, otras 31 de las 111 incidencias recogidas por el Observatori (27,9%) no fueron denunciadas a través de ningún mecanismo.
Por lo que se refiere a la distribución territorial, y como parece lógico por su peso demográfico, la provincia de Barcelona es la que mayor número de incidencias registra (81,2%), seguida de Tarragona (8,2%), Girona (7,1%) y Lleida (3,5%). El informe del Observatori, no obstante, distingue además entre el número de incidencias y la proyección territorial de las mismas. Según este análisis, Barcelona es la provincia más afectada (34,3%), pero le sigue a mucha menos distancia Tarragona (24,5%). Girona registra el 22% y Lleida el 19,2%. De hecho, si se analiza la evolución entre 2015 y 2017, la tendencia más preocupante es la de Tarragona, que ha pasado del 8,1% en 2015 al 24,5% en 2017, mientras que mejora la de Barcelona.
El Observatori contra l’Homofòbia reclama medidas
En palabras del presidente del Observatori contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez, durante la presentación ayer jueves del informe, “las agresiones verbales y físicas han aumentado escandalosamente respecto a 2016”. A Rodríguez le preocupa especialmente la presencia de tantas personas jóvenes, entre las víctimas, por lo que puso el acento en la necesidad de “políticas y campañas de prevención, información y formación entre los más jóvenes para que conozcan sus derechos”.
Rodríguez consideró urgente “reactivar de forma inmediata el grupo de trabajo entre el Observatori contra l’Homofòbia y los Mossos d’Esquadra para poder denunciar en todas las comisarias de Cataluña, independientemente del carácter penal o administrativo”. En ese sentido, destacó que las líneas de trabajo deben dirigirse hacia “una atención integral” a la víctima, destinando para ello “todos los recursos económicos y asistenciales necesarios”.
Eugeni Rodríguez volvió a insistir una vez más en la necesidad de seguir trabajando en el desarrollo e implementación efectiva de la ley catalana contra la LGTBIfobia, con especial atención al régimen sancionador, “ya que hasta la fecha solo se han sancionado 6 casos”. Rodríguez también exigió la creación de un organismo coordinador independiente de políticas LGBTI con capacidad de sancionar de manera efectiva las denuncias administrativas, la ampliación de un protocolo sobre el “deber de intervención” en el que puedan participar las asociaciones, así como respetar la resolución del Sindic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) que establece que el Observatori contra l’Homofòbia “debe formar parte de todos los casos denunciados alrededor de la Ley 11/2014”.
Elena Longares (directora Estudio OCH sobre estado LGBTI fobia en Cataluña 2017): “La LGBTI fobia en Cataluña es diversa ya que afecta a todo el colectivo y más de una cuarta parte de las víctimas (27,9 %) no denuncia las agresiones”
Por su parte, la directora del informe, Elena Longares, quiso destacar que tras la publicación del tercer informe del Observatori ya es posible establecer pautas sobre cómo es la LGBTIfobia en Cataluña. Entre los hechos destacados por Longares, el hecho de que más de una cuarta parte de las víctimas registradas (el 27,9% que mencionamos arriba) no denuncia las agresiones. “El estudio extrae que las personas que sufren agresiones revelan una necesidad de visibilizar los hechos y anteponen la denuncia social a la denuncia penal o administrativa”, aseguró. Añadió además que las entrevistas recogen que “en el proceso de denuncia, los cuerpos policiales tienden a no percibir la posible situación de odio y LGBTIfobia en la que se encuentran las víctimas”. “Cuando los incidentes se dan en espacios de ocio, se asocian las agresiones a simples peleas”, explicó. De ahí la importancia, a su juicio, de trabajar “la atención integral de la víctima” y de “formar y sensibilizar a profesionales de la salud, jurídicos y de la seguridad para que no se produzcan situaciones de desamparo y de no atención integral”.
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Puedes descargar el informe completo del Observatori contra l’Homofòbia (99 páginas) pinchando aquí.
Comentarios desactivados en Una investigación revela que respetar el nombre elegido por adolescentes y jóvenes trans disminuye drásticamente los casos de depresión e intentos de suicidio
El estudio ha estado dirigido por el profesor Stephen T. Russell, titular del departamento de Desarrollo Humano y Ciencias de la Familia de la Universidad de Texas, con sede en Austin, y ha sido publicado por la revista Journal of Adolescent Health en coincidencia con el Día de la Visibilidad Trans. En el trabajo de investigación también han colaborado Amanda M. Pollitt, de la Universidad de Texas; Gu Li, de la Universidad de Columbia Británica; y Arnold H. Grossman, de la Universidad de Nueva York.
Los investigadores han entrevistado a 129 jóvenes transgénero, de edades comprendidas entre los 15 y 21 años, de tres zonas geográficas distintas. También se ha procurado que el grupo de personas entrevistadas fuera lo más diverso posible, de tal manera que el profesor Russell destaca que la muestra «es étnica y geográficamente diversa de manera remarcable, y también diversa en términos de clases sociales».
Uno de los descubrimientos que más ha impactado al equipo investigador se refiere al respeto al nombre elegido por adolescentes y jóvenes transgénero por parte de su entorno. «Muchos chicos y chicas transgénero han elegido un nombre distinto al que se les dio al nacer», explica el profesor Russell, «mostramos que en cuantos más contextos o situaciones podían usar su nombre preferido, más fuerte era su salud mental».
A los adolescentes y jóvenes entrevistados se les preguntó si podían usar su nombre elegido en su centro escolar, en su casa, en su trabajo o con los amigos. Entre quienes podían utilizar su nombre en estos entornos había un 71 % menos de casos de depresión severa, un 34 % menos de casos reportados de pensamientos suicidas y un 65 % menos de casos de intentos de suicidio. «He estado investigando sobre jóvenes LGTB durante 20 años», comentaba el profesor Russell «y hasta yo me sorprendí de ver una relación tan clara».
La conclusión del estudio no puede ser más evidente, según el profesor Russell: «Lo sensato es apoyar a los jóvenes en el uso de su nombre elegido. Es respetuoso y apropiado para su desarrollo».
Stephen T. Russell también dio a conocer el pasado 2017 otro estudio, publicado en prestigiosas revistas científicas con revisión por pares, en el que se constataba que los adolescentes trans duplicaban el porcentaje de pensamientos suicidas con respecto a sus coetáneos cisgénero y se veían más abocados al consumo de estupefacientes, aun cuando se controlaran el resto de factores de riesgo. Según la investigación (que reunió datos sobre 25.000 estudiantes), las principales causas para que se dieran estos altos porcentajes se hallaban en la depresión y el acoso escolar.
Comentarios desactivados en El escritor argelino Anouar Rahmani denuncia la agresión sufrida por un joven homosexual por parte de tres desconocidos que le propinaron latigazos
El escritor y activista argelino Anouar Rahmani ha denunciado la agresión que ha sufrido un amigo suyo por ser homosexual. Tres personas le redujeron y le torturaron dándole latigazos que le dejaron grandes marcas en la espalda, según se puede comprobar en la fotografía que acompañaba al mensaje de Rahmani. Tras la denuncia, el propio escritor ha recibido graves mensajes de odio e incluso amenazas de muerte.
Según Anouar Rahmani, un joven escritor argelino muy crítico con el régimen de Bouteflika, los hechos habrían tenido lugar el pasado 3 de abril en la provincia de Tipasa, al oeste de Argel. El mensaje de denuncia en su cuenta de Facebook era escueto: «Mi amigo fue agredido ayer por tres personas, fue flagelado». El escritor publicaba además una fotografía en la que se podían comprobar las marcas dejadas por el látigo. Posteriormente, aclaraba que la agresión se había debido a la orientación sexual de la víctima. Además, en respuesta a los comentarios, Rahmani aseguraba que se había interpuesto una denuncia.
Para el escritor, «la imagen ilustra la justicia popular argelina que se permite atacar e insultar, incluso instaurar su propia ley sobre el resto de la comunidad con total impunidad». Debemos señalar que Rahmani es un firme defensor de los derechos humanos y específicamente de los de las personas LGTB. Fue el primer activista argelino que abogó por la aprobación del matrimonio igualitario en su país.
Días después de su denuncia, Rahmani ha publicado algunas capturas de los mensajes de odio que ha recibido. Muchos de ellos incluyen insultos homófobos y amenazas de muerte. En uno de ellos se puede leer: «Anouar Rahmani, no eres más que un maricón hijo de puta. Espero que alguien te desuelle y te degüelle como a un cerdo. ¡Hijo de una perra prostituida!». Otro, en repuesta a un comentarista que se pregunta por qué tantos insultos, dice: «Los pro-LGTB sois la escoria de la humanidad. ¡Espero que a ese hijo de puta le rebanen la garganta!».
El Código Penal de Argelia establece penas de cárcel de hasta dos años para quienes «fueran encontrados culpables de cometer actos de homosexualidad» (artículo 338). El castigo puede alcanzar los tres años de prisión si se considera «un atentado contra el pudor público» con el agravante de que «consistiere en un acto contra natura con una persona del mismo sexo» (artículo 333). Según los informes de ILGA, aunque las detenciones por homosexualidad no son frecuentes, sí son remarcables «la humillación familiar y social extrema, las amenazas y la violencia que impera en la Argelia rural y urbana respecto de las orientaciones sexuales diversas, tanto en hombres como en mujeres».
Comentarios desactivados en Pese a los 321 incidentes de su informe de 2017, el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia estima que solo recoge el 2-5% de los casos
El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia ha presentado su segundo informe anual, correspondiente al año 2017. Un año durante el cual la entidad recogió un total de 321 incidentes de odio motivados por LGTBfobia en la Comunidad de Madrid, un número significativamente mayor que el recogido en 2016 (240). Aun así, el Observatorio considera que esta cifra no es más que la punta de un inmenso iceberg cuya mayor parte continúa invisible bajo la superficie.
El informe fue presentado de modo oficial el pasado miércoles en un acto que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Madrid y que contó con la presencia, entre otras personalidades políticas, de la delegada de Igualdad del Ayuntamiento, Celia Meyer. Es, en cualquier caso, un documento accesible para todos. Puedes descargarlo en formato PDF desde la página web del Observatorio, aunque te desgranamos a continuación algunos de sus datos.
Por lo que se refiere al tipo de incidente la casuística es muy diversa. Los más frecuentes fueron las agresiones verbales (120), seguidos de los discursos de odio (70), las agresiones físicas (57), las amenazas (27) y la denegación de servicios (18), aunque no han faltado, por ejemplo, las agresiones sexuales (8, entre ellas dos violaciones a un chico gay y a un chico trans) o las expulsiones del hogar (4):
Gais entre 20 y 24 años, la “víctima tipo”
Por lo que se refiere a las víctimas, el Observatorio tiene registradas un total de 299, un número inferior al de incidentes al no incluir este recuento a las víctimas de los discursos de odio en redes sociales. El perfil más frecuente es el de hombre gay cis (208 casos, un 70%), seguido de las mujeres lesbianas cis (40 víctimas, un 13%) y de las personas trans, con independencia de su orientación sexual (37, un 12%). De estas 37 víctimas trans, 29 fueron mujeres y 8 hombres.
Otras 9 víctimas (un 3%) fueron personas cis heterosexuales (que también pueden ser víctimas del odio LGTBfobo, ya sea por ser confundidas con personas LGTB o por acompañarlas). En concreto, 6 mujeres y 3 hombres. Otras 5 víctimas (algo menos de un 2%) fueron personas bisexuales (en este caso los cinco fueron hombres):
Por lo que se refiere a la edad, solo constan datos de 143 personas. El tramo con más víctimas es el de 20 a 24 años, seguido del de 25 a 29. Hay que tener en cuenta, en este sentido, la cada vez mayor visibilidad de los jóvenes LGTB, aunque no puede descartarse el sesgo de edad en la utilización y conocimiento del Observatorio por su mayor publicidad en redes sociales:
Por lo que se refiere a los agresores, el propio Observatorio reconoce que su estudio es muy complicado, “ya que la víctima por lo general no se centra tanto en el agresor, sino en lo que le ha sucedido”. En cualquier caso, el recuento reconoce 209 agresores diferentes, de los cuales la inmensa mayoría (89%) fueron varones. Su edad solo se ha podido registrar en 89 casos. Entre estos, el colectivo más numeroso es el de los menores de 18 años (25), seguido del intervalo de 30 a 39.
La ciudad de Madrid, a la cabeza
Por lo que se refiere a la localización física de los incidentes, el grupo más numeroso es el que se produjo directamente en la calle (59), seguido de internet y redes sociales (51) y transporte público (29). Por municipios, y tal y como sucedió el año anterior, es la ciudad de Madrid la que registró un mayor número de incidentes (196), seguida de Móstoles (14), Alcalá de Henares (7) y Alcobendas, Fuenlabrada, Leganés y Parla con 5. A continuación está Getafe con 4 incidentes; Arganda del Rey, Collado Villaba, Galapagar, Pinto y Pozuelo de Alarcón con 3; Majadahonda y Torrelodones con 2, y finalmente Alcorcón, Algete, Boadilla, Ciempozuelos, Fuente El Saz de Jarama, Guadalix de la Sierra, Las Rozas, Navalcarnero, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Valdemoro y Villaviciosa de Odón con 1 incidente cada una.
Dentro de la ciudad de Madrid, y también como sucediera en 2016, es el distrito Centro (aquel en el que se produce la mayor visibilidad) el que concentra la mayoría de las agresiones (81), seguido de Moncloa-Aravaca (13) y Retiro (13). Vicálvaro es el único distrito en el que no consta ningún incidente.
Denuncias: solo el 31%
De los 321 incidentes registrados, solo 101 han sido denunciados de una forma u otra, ya sea directamente a la Policía Nacional (48 casos), a la Fiscalía (36), a las diferentes policías municipales (15), la Guardia Civil (1) o al Juzgado de Guardia (1). Este número supone solo el 31% de los incidentes registrados, una cifra baja pero algo mayor que la registrada el año anterior (un 25%).
Más incidentes, sí… Pero también más visibilidad
A la hora de evaluar las cifras, el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia lo tiene claro. “Hay un constatable aumento de los delitos de odio al colectivo LGTB en la Comunidad de Madrid desde hace unos años. Esto se produce porque las generaciones más jóvenes son más visibles que las generaciones que tienen más de 30 años. En especial las y los jóvenes considerados como ‘millennials’ son especialmente visibles en lugares donde el resto de las personas LGTB les cuesta más”, expresa el informe. “Hoy en día la visibilidad sigue siendo el principal factor a tener en cuenta. La sociedad es proLGTB en lo que se denomina la corrección política pero en cuanto hay que visibilizar a las personas LGTB en ámbitos más novedosos como puede ser unos semáforos inclusivos o la colocación de una bandera del arcoíris en un balcón oficial como se hace con otras muchas banderas en un guiño de inclusión social, provocan airadas protestas, que algunas de ellas llegan a ser constitutivas de delitos de odio”, añade.
El Observatorio, en concreto, destaca como ejemplo lo sucedido con los semáforos inclusivos en la ciudad de Madrid, que “generaron más de 200 ataques en redes al colectivo LGTB”. “Palabras como ‘desequilibrado, raro, anormal, enfermo, aberrante, desorientación sexual, desviados, denigrante, asqueroso, putos enfermos, conducta sexual desordenada, depravados, desvergonzados, deficientes, contra natura, abominable, denegerados, degradación moral, asquerosos mugrosos chupadores de trancas, tarados, invertidos, vacas locas que son tontos de nacimiento, repugnantes, perversión, sodomita’ fueron algunas de las que se localizaron por la visibilidad de los semáforos en la ciudad”, relata el informe.
La mayoría de los incidentes no se recogen: el ejemplo del cruising
Pese a todo, el Observatorio lo tiene claro: los incidentes de los que tienen conocimiento siguen siendo solo la punta del iceberg. “Son un número muy inferior al que realmente se produce. Desde nuestra percepción y tras ver cómo las víctimas, incluso formadas como activistas, no llegan a denunciar ni siquiera comunicar al Observatorio los casos hasta que no les preguntas directamente o que muchas siguen interiorizándolo como algo ‘normal’, creemos que aproximadamente registramos en torno al 2-5% de los incidentes de odio o discriminatorios que realmente ocurren en nuestra región”, expresa el informe.
“Tenemos numerosas sombras de actuación. En lugares como los de cruising no llegamos. Hemos realizado un registro de casi un centenar de zonas en la Comunidad de Madrid donde se practica cruising de forma asidua y no tenemos forma de llegar más que a una o dos de esas zonas. Y seguimos sospechando que el cruising es un foco de incidentes de odio oculto”, añade el texto. En este sentido, el informe reconoce que incluso entre el propio colectivo el cruising “sigue siendo visto de forma peyorativa y es complicado que se reconozca que se estaba practicando. Por ello cuando surge un incidente de odio en estas circunstancias, en la gran mayoría de las veces queda en ese espacio de sombra al que no accedemos. Esto lo hemos podido comprobar en 2017, cuando hemos podido actuar con un caso claro de ataque homófobo a varios chicos practicando cruising y dos de las víctimas nos han relatado varios incidentes de ese mismo día, así como otros muchos incidentes que han podido vivir en los últimos tiempos, algunos de ellos muy graves, y que en ningún momento se hicieron públicos”.
218 páginas que conviene leer
El informe del Observatorio, en el que además de los colectivos promotores participan los 14 ayuntamientos madrileños conveniados hasta la fecha, cinco universidades, así como Metro de Madrid, el Colegio de Abogados de Madrid y UGT Madrid es, sin duda, un trabajo encomiable, que también recoge, en sus 218 páginas, una comparativa nacional e internacional sobre los delitos de odio al colectivo LGTB, así como un repaso a los nuevos observatorios que han ido surgiendo en España y recomendaciones específicas a las diferentes administraciones involucradas. El Observatorio también señala, y lo hace de forma muy detallada, la falta de desarrollo reglamentario de dos importantes leyes regionales relacionadas con el colectivo: la ley integral de transexualidad y la ley contra la discriminación por LGTBfobia.
En palabras de Yago Blando, coordinador de Arcópoli, el informe del Observatorio “es una pieza fundamental a la hora de poder luchar contra la LGTBfobia tanto a nivel autonómico como local, ya que proporciona una radiografía real de las incidencias, y el poder hablar directamente con las víctimas nos concede una forma inmejorable de poder observar tanto las deficiencias institucionales como las necesidades futuras”.
El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia: contacto
El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, promovido por Arcópoli y del que ya forman parte casi una veintena de colectivos y asociaciones, se puso en marcha a principios de 2016. Ofrece acompañamiento y asesoramiento a las víctimas desde el mismo instante en que sufren la agresión y hace un seguimiento del recorrido de la denuncia en los juzgados.
Puedes contactar con el Observatorio a través del teléfono 618 54 71 66 (llamada o WhatsApp) y online en la dirección web http://contraelodio.org
Comentarios desactivados en La placa que homenajeaba a los homosexuales represaliados en la antigua prisión de Huelva incluye por fin el recuerdo de las personas trans
La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Memoria Democrática, ha sustituido la placa en recuerdo a las personas homosexuales que sufrieron la represión franquista y que fueron encarceladas en la antigua prisión provincial, para incluir en el texto al colectivo transexual. En un acto presidido por el director general de Memoria Democrática, Francisco Javier Giráldez, se ha recordado a las víctimas de la dictadura, muchas de ellas homosexuales y transexuales, que pasaron por esta cárcel tras ser condenados por la denominada Ley de vagos y maleantes.
Este viernes hemos recuperado, aunque sea solo un poquito, la memoria de las personas trans. La placa que desde 2014 reconocía la memoria de los homosexuales represaliados durante la dictadura en la antigua prisión de Huelva ha sido sustituida por otra que incluye también a las personas trans. Un gesto que llevaba mucho tiempo solicitando la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera (ATA).
Como bien saben nuestros seguidores (y los que no lo sepan deberían aprenderlo), la prisión de Huelva era uno de los establecimientos carcelarios en los que preferentemente se encerraba a homosexuales y mujeres trans. Otro era el de Badajoz. Penales infames en los que, además de las correspondientes penas de cárcel, con algunos presos se experimentaba aplicándoles electrochoques y diferentes “terapias” aversivas. Todo ello como consecuencia de la aplicación, en primer lugar, de la “Ley de Vagos y Maleantes”, y posteriormente de la “Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social”. No fue, de hecho, hasta enero de 1979, más de tres años después de la muerte del dictador, cuando se despenalizó como tal la homosexualidad.
Las víctimas, sobre todo, fueron los varones homosexuales de las clases menos privilegiadas y las mujeres trans, a las que la legislación de la época trataba como presos masculinos, sometidos además a todo tipo de humillaciones y vejaciones. “La gran mayoría de personas homosexuales a las que el franquismo encerró entre rejas no eran gais sino mujeres transexuales, porque fuimos las trans las que no podíamos ocultarnos en los armarios y teníamos vitrinas de visibilidad incluso aunque nos jugáramos la vida, la libertad y fuéramos apaleadas por todo un régimen fascista que fue inmisericorde con los cuerpos que desafiábamos la normatividad franquista”, afirma Mar Cambrollé, presidenta de ATA.
Desde este colectivo se llevaba mucho tiempo solicitando la actualización de la placa de la antigua prisión de Huelva para incluir en ella el recuerdo de las personas trans. La petición, de hecho, fue aprobada hace un año por unanimidad del Ayuntamiento de Huelva a requerimiento de Izquierda Unida, y finalmente este viernes la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática descubría la nueva leyenda.
“Para una generación de españoles este establecimiento penitenciario fue símbolo de castigo y exclusión social a quienes decidieron ejercer su libertad de ser y amar de forma diferente. Quede esta placa como reparación de la sociedad democrática a una injusticia histórica en recuerdo de los homosexuales y personas trans que fueron encarcelados y como compromiso de que ninguna generación tendrá que pasar por nada semejante”, reza el texto.
Giráldez ha señalado que «hoy es uno de los días más importantes de la última etapa porque llevamos mucho tiempo preparando este acto, con el que recordamos a las personas que sufrieron represión por su orientación sexual».
En esta línea ha hecho hincapié en el marco normativa que ha desarrollado la Junta y el Parlamento andaluz con la Ley de Memoria Democrática y la Ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas Lgtbi y sus familiares. Giráldez ha agregado que «de esta forma, cumplimos con nuestro deber de Memoria, que es un deber para las instituciones, y que para las familias, protagonistas y víctimas es un deber ciudadano».
En el acto también ha participado la concejal socialista de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Huelva, Alicia Narciso, quien ha recordado que «hoy se hace justicia al colectivo transexual, con este homenaje a miles de mujeres que sufrieron además de vejaciones y privación de libertad, la negación de su identidad de género».
Mar Cambrollé, que estuvo presente en el acto, ha agradecido que Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Huelva, además de “todos los grupos políticos andaluces, sindicatos y entidades civiles que han apoyado este reconocimiento” hayan mostrado “sensibilidad y voluntad de reparar la memoria” de las mujeres transexuales. La presidenta de ATA espera que “nunca más se vuelvan a repetir los episodios tan negros que tuvieron lugar en la prisión de Huelva, donde las mujeres transexuales, además de ver negada su identidad y ser tratadas en masculino, sufrieron torturas y violaciones por policías y funcionarios de un régimen franquista que nos perseguían de día y nos deseaba de noche”.
Cambrollé también ha mostrado su deseo de que algún día se modifique la ley de amnistía, “una ley de olvido de los crímenes franquistas”, para que se pueda juzgar y “poner luz a toda la violencia que sufrimos las mujeres transexuales durante los oscuros años de la dictadura”. «Siento que esas personas que estuvieron presas en esas celdas y que gritaban justicia, quedan hoy satisfechas y resarcidas porque esta placa las menciona», ha concluido.
Comentarios desactivados en Doce años de cárcel para el autor de la brutal agresión homófoba que en 2016 estuvo a punto de costarle la vida a un hombre en Sitges
La víctima de la agresión homófoba del pasado año en Sitges.
Doce años de prisión para Abdelhakim E.H., al que la Audiencia Provincial de Barcelona ha encontrado finalmente culpable de homicidio en grado de tentativa por la brutal agresión homófoba que en 2016 estuvo a punto de costarle la vida a un joven en Sitges. También deberá abonarle 21.105 euros como indemnización. Otro agresor, menor de edad, ya fue condenado a cuatro años de internamiento en un centro de régimen cerrado, otros tres años de libertad vigilada y el pago de 10.537 euros.
Los hechos sucedieron el 6 de octubre de 2016, aunque los detalles no se conocieron públicamente hasta unos meses después. Todo empezó cuando en un local de ocio varios jóvenes comenzaron a burlarse de un grupo de amigos gais que se habían desplazado a Sitges. En aquel momento la agresión no fue a más. Pasado el tiempo, ya cuando la víctima se había quedado sola y hacía tiempo hasta que saliese el primer tren de la mañana (él se volvía temprano a Barcelona), la casualidad quiso que se encontrase de nuevo con los agresores, que lo siguieron hasta la estación. “Mientras esperaba en un banco, uno de esos chicos se pone a mi lado y me amenaza, justo cuando noto un fuerte golpe por detrás, en mi cabeza. Me levanto mareado y al girar veo mi sangre en una piedra de un palmo que sostenía uno de ellos mientras sonreía”, contó en su momento a El Periódico. Los agresores continuaron arrojándole piedras, golpeándole y dándole patadas.
El joven acabó sobre las vías, aturdido, donde bien pudo morir atropellado poco después. Los agresores robaron además a la víctima el teléfono móvil y la cartera con el dinero. Por fortuna, un tercer joven que los acompañaba y que no participó en la agresión física decidió auxiliarle y junto a otros testigos lo subió al andén. Tras recuperarse de los golpes, la víctima ha continuado sufriendo secuelas físicas (mareos) y psicológicas, de las que poco a poco se recupera.
La Policía Local de Sitges y los Mossos d’Esquadra lograron identificar a los agresores. Uno de ellos, menor de edad, fue juzgado hace menos de un año. Reconoció los hechos y mostró su conformidad con la pena solicitada por la Fiscalía por un delito de tentativa de homicidio, con el agravante de actuar movido por la orientación sexual de la víctima, y de otro de robo con violencia. Fue condenado a cuatro años de internamiento en un centro de régimen cerrado, otros tres años de libertad vigilada y el pago de 10.537 euros. Y hace ahora un mes se celebró el juicio contra el agresor mayor de edad, para el que la Fiscalía solicitó una pena de 13 años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa y robo con violencia con uso de instrumento peligroso. “Te vamos a matar con piedras como matamos a los maricones en nuestro país”, le espetaron los agresores, de origen marroquí, a la víctima, cuyas lesiones, según los forenses, pudieron haber sido mortales. Sufrió, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea de origen traumático que podría haberle matado de forma casi instantánea. Las acusaciones particular y popular (ejercida en nombre del Ayuntamiento de Sitges) solicitaron una pena de 14 años y medio. La defensa, por su parte, solo admitía un delito de lesiones.
Finalmente el agresor, Abdelhakim E.H., ha sido condenado por la sección séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona a 12 años de prisión (7 años y medio por un delito de homicidio en grado de tentativa y 4 años y medio por robo con violencia). El tribunal le ha aplicado, como solicitaban las acusaciones, las agravantes de abuso de superioridad y de odio por motivo de orientación sexual. También se le prohíbe acercarse a un kilómetro de su víctima, a la que tendrá que abonar 21.105 euros como indemnización por los perjuicios. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El Observatori contra l’Homofòbia, que ya en su momento aplaudió que Fiscalía y acusaciones tuviesen en cuenta la motivación homófoba de la agresión, se ha felicitado por la contundencia de la sentencia. “Una resolución ejemplar que hay que poner en valor”, según ha declarado Eugeni Rodríguez, su presidente.
La LGTBfobia en Cataluña
Aunque en los últimos tiempos son las agresiones por LGTBfobia ocurridas en Madrid las que más atención mediática están recibiendo, Cataluña no se queda atrás. Buen ejemplo de ello son las recientes agresiones ocurridas en Berga a una pareja gay que se estaba besando en la calle o en la propia Barcelona a un chico gay al que un individuo causó heridas en el rostro, o la ocurrida también en Sitges (en esta ocasión durante los carnavales) a un chico gay que iba vestido de bailarina, de la que también informamos.
De hecho, según la estadística de delitos de odio del Ministerio del Interior correspondiente a 2015, último año del que se tienen cifras, Cataluña fue de hecho la que más delitos de odio por LGTBfobia registró oficiamente (50 de un total de 169).
Al margen de que ello sea también indicativo de que en esta comunidad se denuncia más y mejor, lo cierto es que el problema existe y es serio. Según el informe correspondiente al año 2016 del Observatori contra l’Homofòbia, cuyos últimos datos publicados en su web la entidad tuvo noticia de 84 incidencias por LGTBfobia en Cataluña. En 2015, la entidad tuvo noticia de 113 incidencias por LGTBfobia en Cataluña (también, como hemos visto que sucede en Madrid, los datos recogidos por las entidades vinculadas a colectivos arrojan un número mayor de agresiones que las que oficialmente se denuncian). La mayoría (el 46,4%) fueron contra hombres gais o bisexuales, seguidos de las generalistas (contra el colectivo LGTB como tal, un 19%) y contra las personas trans (un 14,3%).
Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays
Fotografía de Elisenda Pons
Comentarios desactivados en Activistas LGTB ugandeses plantan cara para celebrar el Orgullo 2018
Las organizaciones LGTB de Uganda tienen la esperanza de poder celebrar este año 2018 actos para conmemorar el Orgullo, tras dos años consecutivos en los que dicha celebración ha sido reprimida por las autoridades. Si lo consiguen, sería la primera celebración del Orgullo en dicho país desde el año 2015.
En 2016 el evento fue brutalmente reprimido. Dotaciones de policía irrumpieron en un local donde tenía lugar una de las celebraciones, agredieron a los asistentes y detuvo a varios activistas. Un joven sufrió heridas graves al intentar escapar. Frank Mugisha, director ejecutivo de Sexual Minorities Uganda, fue detenido junto con otros activistas. El Orgullo 2017 tampoco pudo llevarse a cabo: las amenazas por parte de Simon Lokodo, ministro de Ética e Integridad, obligó a sus organizadores a cancelarlo. Lokodo amenazó a los participantes con detenciones masivas e incluso agresiones físicas. De hecho, no ha sido este el único evento LGTB cuya celebración ha sido impedida o reprimida en los últimos años. También lo han sido, por ejemplo, el Festival Internacional de Cine Queer de Kampala 2017 y un evento de sensibilización sobre el VIH que había de tener lugar el pasado febrero.
No obstante, Isaac Mugisha -coordinador de Pride Uganda- tiene una visión optimista respecto al Orgullo de este año. “La situación ahora es muy diferente a la de los años anteriores. Por aquel entonces, solo contábamos con unos pocos activistas LGBT. Ahora nos encontramos con cientos de personas que quieren celebrar el Orgullo”, ha declarado. Mugisha afirma que el objetivo prioritario es construir puentes con aliados entre la población heterosexual, continuar el diálogo con los cuerpos policiales para evitar redadas durante las celebraciones de este año e incluso buscar apoyo institucional. Según Mugisha, el ministro Lokodo está cada vez más aislado en su discurso LGTBIfóbico.
Sí parece que el colectivo LGTB de Uganda cuenta ahora con aliados entre el resto de la población. De hecho, diversos locales de la capital del país, Kampala, han manifestado su intención de facilitar la organización del Orgullo de este 2018. Según Mugisha, el objetivo es conseguir más de estos aliados. Los activistas ugandeses llevan tiempo tratando de facilitar el entendimiento hacia la comunidad LGBT por parte del resto de la población e instituciones, entre ellas la policía y la judicatura.
No obstante, a pesar de los esfuerzos para sensibilizar a las instituciones del Estado, aún persiste mucha discriminación y represión hacia las personas LGTB en Uganda. Actualmente, los actos sexuales entre personas del mismo sexo son castigados con penas de cárcel, que pueden llegar incluso a la cadena perpetua. No obstante, los autores del “delito” deben ser sorprendidos en el acto, aunque desde el activismo se ha venido denunciando la práctica de los exámenes anales por parte de la policía ugandesa para establecer la “culpabilidad” de un acusado de homosexualidad.
La “ley anti-homosexualidad” de 2014: un punto de inflexión
Un importante punto de inflexión para el colectivo LGTB ugandés fue, irónicamente, la aprobación de la “ley anti-homosexualidad” a finales de 2013, posteriormente anulada por la Corte Constitucional. Dicha ley, cuyo borrador inicial incluía la pena de muerte, ampliaba las actividades sujetas a persecución y prohibía también la denominada “promoción de la homosexualidad”, lo que hacía virtualmente imposible la existencia de organizaciones que defendiesen los derechos de las personas homosexuales. La ley castigaba incluso a aquellos que conociendo la existencia de una relación homosexual no la denunciasen a las autoridades.
Según afirma Mugisha, la aprobación de dicha ley trajo cambios positivos: “fue el momento en que la población ugandesa se dio cuenta de que las personas LGBT existían. Hasta entonces, creían que era algo occidental, pero el gobierno aprobaba una ley sobre personas que, según el propio gobierno, no existían”.
Dicha ley fue anulada al cabo de pocos meses por la Corte Constitucional de Uganda por un defecto de forma, pero la consciencia ya había despertado entre el colectivo LGTB del país. Según Mugisha, esta ley “hizo que mucha gente abriera su mente respecto al tema. Muchas personas LGBT salieron del armario, bares de ambiente se abrían en Kampala. La gente se volvió valiente. Algunos abogados nos defendían, la comunidad internacional enfureció”. Algo había cambiado en la sociedad ugandesa, y las personas LGTB no querían echarse atrás.
Objetivo: Orgullo 2018
Los activistas LGTB ugandeses buscan ahora plantar cara a la ley de orden público de 2013, que es la que se ha utilizado en ocasiones anteriores para reprimir las marchas del Orgullo, pero también a la ley que prohíbe de facto la libertad de expresión y asociación del colectivo LGTB, a través de la disolución forzosa de todas las organizaciones que luchen por los derechos del colectivo.
Mugisha cree que el apoyo de la comunidad internacional es imprescindible, pero también apunta a que el cambio debe venir de los propios ugandeses. La presión exterior, aunque necesaria, debe ser moderada e ir acompañada de cambios internos, para evitar causar más daño a las personas LGTB que se encuentran en el país.
El objetivo de los valientes activistas LGTB ugandeses no es simplemente poder celebrar una fiesta. Quieren que la celebración del Orgullo sea un auténtico revulsivo que sirva para cambiar la situación a largo plazo, mejorando las vidas de las personas no heterosexuales y de las personas trans en Uganda.
Uganda: una pesadilla continua
La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que “tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona”. El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan “prácticas indecentes” se castigan con hasta siete años de prisión.
Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013 y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. Esta ley, que provocó la indignación internacional, fue anulada por vicio de forma por el Tribunal Constitucional en agosto de 2014. La ley finalmente fue invalidada por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había aprobado sin el quórum necesario. Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación.
En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.
Por fortuna, el año pasado el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como “inmorales o socialmente inaceptables”, la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.
En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.
Comentarios desactivados en Obligada por la justicia a mantener la integración de las personas trans en el Ejército, la administración Trump busca su exclusión con nuevas medidas
Aunque la administración de Donald Trump no ceja en su empeño de excluir a cualquier coste a las personas transexuales del Ejército estadounidense, las decisiones de los tribunales están impidiendo que pueda llevarlo a cabo. Aun así, la presidencia ha emitido un nuevo memorándum auspiciado por el Departamento de Defensa, que amenaza con convertir en orden ejecutiva en cuanto se despeje la vía judicial, en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. Si bien por el momento, según comunicaba la portavoz del Pentágono, Dana White, los hombres y mujeres trans podrán seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales, la espada de Damocles de la exclusión sigue cerniéndose sobre sus cabezas.
El pasado 23 de marzo, la Casa Blanca anunciaba la emisión de un memorándum dirigido al secretario de Defensa, James Mattis, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. El memorándum ratificaba un informe firmado por el propio Mattis, en el que se estipulaban las nuevas condiciones para que las personas transexuales puedan alistarse o permanecer en las filas del ejército estadounidense. El documento, que consta de 48 páginas, detalla la propia recomendación del secretario de Defensa y las conclusiones de un supuesto «comité de expertos» que se habría establecido para que estudiase el efecto de la inclusión de personas transexuales en las fuerzas armadas.
Según numerosas fuentes, el informe fue diseñado especialmente a instancias de vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB), que habría contado con la colaboración de Ryan T. Anderson, perteneciente a la organización LGTBfoba Heritage Foundation, y Tony Perkins, presidente de la no menos intolerante Family Research Council (ambas organizaciones se apresuraron a felicitarse por la publicación del memorándum en cuanto se hizo público). Según dichas fuentes, James Mattis habría abogado por la integración de las personas transexuales en el ejército, pero el propio vicepresidente Pence le habría «invalidado» y obligado a firmar el documento. Las conclusiones firmadas por el secretario y respaldadas por el presidente Trump se resumen en los siguientes puntos:
Las personas transgénero con un historial o diagnóstico de disforia de género quedarán excluidas del servicio militar, excepto bajo las siguientes estrictas circunstancias: (1) si se han mantenido estables en su sexo biológico durante 36 meses consecutivos previos a su acceso; (2) los miembros en diagnosticados con disforia de género después de su entrada en servicio pueden permanecer si no requieren un cambio de género y cumplen con el resto de los requisitos para su permanencia; y (3) los miembros actualmente en servicio que han sido diagnosticados con disforia de género previamente a que la normativa de la administración tome efectos, podrán continuar en servicio con su género deseado y recibir el tratamiento necesario para su disforia de género.
Las personas transgénero que requieran o hayan pasado por una transición de género quedarán excluidas del servicio militar.
Las personas transgénero sin un historial o diagnóstico de disforia de género, que hayan sido cualificadas para el servicio, pueden servir, como el resto de los miembros, identificados por su sexo biológico.
Esta nueva normativa sustituiría a la anterior orden ejecutiva del presidente Trump, que recuperaba la prohibición de ingreso y permanencia en el ejército para las personas trans, revirtiendo las disposiciones de la administración de Barack Obama. Dicha orden está suspendida por varios tribunales federales y, por lo tanto, no puede ser ejecutada. Aunque trata de evitar el término «prohibición» en previsión de una futura vía judicial, la nueva propuesta dispone requisitos imposibles de cumplir para la personas transexuales que decidan vivir de acuerdo a su identidad de género.
Una vez dado a conocer el memorándum, se han pedido explicaciones sobre su alcance a los responsables de Defensa y Seguridad Nacional. La portavoz del Pentágono, Dana White, explicó el pasado jueves que el organismo continuaría con la decisión comunicada el pasado 1 de enero de seguir permitiendo el acceso y permanencia de las personas transexuales: «El Departamento de Defensa continuará cumpliendo con las decisiones de los tribunales, aceptando a los solicitantes transgénero en el servicio militar y manteniendo a los actuales miembros transgénero en servicio». White, sin embargo, rehusó hacer declaraciones sobre nuevas normativas, dado que «existen litigios en curso y se debe salvaguardar la integridad del proceso judicial», remitiendo a los interesados al Departamento de Justicia y explicando que toda la documentación es pública, de acceso libre y «habla por sí misma». Interrogado por los periodistas, el secretario de Defensa también los remitió a los responsables de Justicia, escudándose en el respeto a la integridad judicial.
La portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec, emitió por su parte el siguiente comunicado: «Tras un estudio y análisis exhaustivos, el secretario de Defensa llegó a la conclusión de que se deben adoptar nuevas políticas con respecto a las personas con disforia de género que sean coherentes con la eficacia militar, las limitaciones presupuestarias y las leyes en vigor. El Departamento de Justicia continuará defendiendo la autoridad legal del Departamento de Defensa para crear e implementar las políticas de personal que determine como necesarias para defender mejor a nuestra nación. En consonancia con esta nueva política, pedimos a los tribunales que levanten todas las medidas cautelares preliminares para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense y de la mejor fuerza de combate del mundo».
Con esta declaración, se hace evidente que la pretensión de la presidencia (o vicepresidencia en este caso) es influir en la decisión de los tribunales, tratando de disfrazar la evidente discriminación de las personas transexuales con torpes subterfugios técnicos. Esperemos que sea sin éxito.
El empeño en la discriminación de las personas transexuales
Recordemos, de nuevo, los antecedentes de las normativas tránsfobas: a diferencia de la derogación del «Don’t ask, don’t tell», que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas trans (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. Sin embargo, la prohibición se dio por derogada de facto y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000 (entre militares en activo y reservistas).
Ya conquistada la Casa Blanca, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son en este momento su objetivo principal. El pasado julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, ordenaba poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, que debía culminar el mes de enero de 2018, y retomar la situación previa a junio de 2016. Se vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército y se interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso.
El documento, no obstante, no despejaba todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, qué sucedería con los militares trans que ya servían en el Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la «cohesión» de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de «todos aquellos factores que puedan ser relevantes». Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera del despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump.
La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla: días antes del primer anuncio de Trump habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política se limitaría a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron en contra.
La respuesta de los jueces: primero, paralización parcial de la orden de Trump
Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales. Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al «debido proceso».
Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre emitió un fallo en el que suspendía cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronunciara de forma definitiva (ver documento). Kollar-Kotelly, no obstante, no paralizó la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación seguía vigente. La jueza no se consideró competente para paralizarla a la vista de los argumentos de la demanda.
Un segundo juez amplia los términos de la paralización
Sí lo hizo, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis, en el estado de Maryland, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump) que había sido presentada en agosto en representación de seis personas trans que están en activo en el Ejército.
El juez Garbis sí que ordenó la paralización cautelar de la orden de Trump incluyendo la especificación referida a la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación. Al igual que su homóloga Kollar-Kotelly, Garbis consideraba probable que los demandantes ganasen el caso basándose en la protección igualitaria recogida en la Constitución estadounidense (ver argumentos y orden cautelar).
Y una tercera jueza refuerza sus argumentos jurídicos
En diciembre, una tercera jueza federal, Marsha Pechman, del estado de Washington, se pronunciaba en el mismo sentido en el caso Karnoski v. Trump, una demanda interpuesta en nombre de dos personas trans que desean servir en el Ejército, de una tercera persona trans que ya forma parte del servicio activo y de las organizaciones Human Rights Campaign (HRC), Gender Justice League y American Military Partner Association (AMPA).
En este caso, además, la jueza Pechman consideró que la prohibición de servir en el Ejército no solo violaría la 5ª enmienda, que garantiza el derecho a un trato igualitario, sino también la 1ª enmienda, que garantiza la libertad de expresión, al discriminar a las personas trans que sirven en el Ejército por hacer pública su identidad de género y obligarles a guardar el secreto para conservar sus puestos de trabajo (ver documento). Un argumento que hasta el momento no había sido considerado por los otros jueces. Pechman ordenó también la paralización cautelar de la prohibición y la vuelta al statu quo anterior a la orden de Trump.
Nueva denegación
Casi al mismo tiempo que se conocía la decisión de la jueza Pechman en el estado de Washington, su colega del Distrito de Columbia Colleen Kollar-Kotelly (ver documento) denegaba la solicitud de la administración Trump de retrasar la suspensión cautelar de la orden del presidente que ella misma había ordenado. Una denegación que fue recurrida por la administración federal ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el «escalón intermedio» entre los jueces federales de distrito y el Tribunal Supremo.
En definitiva, la batalla jurídica continuará (posiblemente el asunto acabe dilucidándose en el Tribunal Supremo), pero por el momento la justicia parece decantada claramente del lado de los derechos de las personas trans, hasta el punto de obligar a la administración Trump a dejar en suspenso sus intenciones discriminatorias. Sin embargo, como hemos podido comprobar, desde la propia presidencia y vicepresidencia, con la implicación de los altos cargos de Defensa, se sigue intentando proseguir con la discriminación, utilizando todos los subterfugios posibles.
Comentarios desactivados en La victoria de Carlos Alvarado frente al candidato evangélico en las presidenciales de Costa Rica abre el camino a la aprobación del matrimonio igualitario
Con una amplia mayoría, el líder del Partido Acción Ciudadana, el novelista Carlos Alvarado Quesada, que fuera ministro de Trabajo y Desarrollo Humano del anterior gobierno del Partido Acción Ciudadana, se convierte en el presidente más joven de Costa Rica al imponerse en las urnas gracias a su campaña a favor del matrimonio igualitario y los derechos de la comunidad LGBTI+, cuya oposición habían llevado a imponerse en la primera vuelta a su contrincante, el periodista y pastor evangélico, Fabricio Alvarado Muñoz, que no ha conseguido movilizar al sector más reaccionario.
Alivio y esperanza entre el activismo LGTB de Costa Rica tras el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Costa Rica de este domingo. El holgado triunfo en las urnas del centroizquierdista Carlos Alvarado, con un 60,7% de los votos, frente al evangélico y ultraconservador Fabricio Alvarado, que no ha alcanzado el 40%, abre la puerta al proceso de aprobación del matrimonio igualitario en este país centroamericano. Y es que la apertura de la institución del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo ha sido uno de los ejes de la campaña de los candidatos, tanto en primera como en segunda vuelta. Carlos y Fabricio comparten apellido, pero es de las pocas cosas que tienen en común: no son parientes y mantienen posturas ideológicas contrarias. Mientras que el ya electo Carlos Alvarado prometió en campaña la creación de un “comisionado de la presidencia para asuntos relacionados con las personas LGBTI”, Fabricio Alvarado dejó muy claro desde el primer momento que “no estamos dispuestos a una agenda LGBTI, pro aborto y a una ideología de género”.
Victoria histórica del progresista Carlos Alvarado en las elecciones presidenciales de Costa Rica de este domingo 1 de abril. Es “histórica” porque es la tercera vez que resulta necesario acudir a una segunda vuelta electoral en el país centroamericano y es la primera en que un candidato que figuraba en segunda posición en intención de voto consigue el triunfo, rompiendo la “maldición” de la segunda ronda, tal y como señala la prensa local. Además, el líder del Partido Acción Ciudadana (PAC) ha defendido en campaña la aprobación del matrimonio igualitario, frente a la posición reaccionaria y retrógrada de Fabricio Alvarado, candidato del partido Restauración Nacional (PRN), al que muchos veían como claro aspirante a obtener la presidencia.
«Costa Rica una vez más entregó un bello mensaje democrático (…). Mi compromiso es con un gobierno para todos, en igualdad y libertad», declara Alvarado Quesada instando a los costarricenses a que se enfoquen «en lo que nos une y no en lo que nos separa», sin discriminación. A sus 38 años de edad se convierte en el presidente más joven del país centroamericano, uniéndose al club de los presidentes elegidos antes de cumplir los cuarenta, junto a Emmanuel Macron y la neozelandesa Jacinda Ardern.
«La gente está experimentando en todo el mundo con movimientos que impulsan agendas populistas o de un solo tema», manifestaba Alvarado Quesada respecto a la reaccionaria campaña de Alvarado Muñoz en lo que había definido como un «reflejo de lo que está sucediendo en la región y en el mundo», haciendo referencia al Brexit en el Reino Unido. El evangelista había llegado a comprometerse a sacar al país de la Organización de Estados Americanos, así como restringir el acceso de las mujeres al aborto, acabar con la educación sexual en las escuelas y luchar contra la «ideología de género», convencido de que los movimientos feministas y LGBT que luchan por la igualdad están decididos a destruir la familia tradicional y el «orden natural» de la sociedad.
Sin embargo, la gran mayoría de los votantes de Costa Rica han preferido el discurso progresista de Alvarado Quesada, quien se ha prometido a legalizar el matrimonio igualitario, apoya la fecundación in vitro y tiene previsto atajar los problemas derivados de la pobreza y los que están relacionados con el déficit fiscal o el transporte público, entre otras cosas. Siguiendo con su compromiso de renovación, su gabinete cuenta con la primera persona afroamericana en desempeñar un cargo, Epsy Campbell, quien va camino de convertirse en su vicepresidenta, una vez firme el cargo el próximo mes de mayo.
En relación al matrimonio igualitario, el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, en la ya anterior legislatura, elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una consulta, cuya respuesta oficial, en forma de notificación, llegaba poco antes de la primera vuelta de las presidenciales costarricenses, marcando todo el debate electoral. A raíz de dicha consulta, la Corte dictaminaba que “el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en los términos establecidos en los párrafos a 200 a 218”.
Es más, el tribunal sostenía que para garantizar estos derechos no es necesaria la creación de nuevas figuras jurídicas, sino que bastaba con extender las instituciones existentes (incluyendo el matrimonio) a todas las parejas, con independencia del género y la orientación sexual de los contrayentes. “Crear una institución que produzca los mismos efectos y habilite los mismos derechos que el matrimonio, pero que no lleve ese nombre, carece de sentido, salvo el de señalar socialmente a las parejas del mismo sexo con una denominación que indique una diferencia sino estigmatizante, o por lo menos como señal de subestimación”, señalaba la Corte. “Se configuraría una distinción fundada en la orientación sexual de las personas, que resultaría discriminatoria, y por tanto incompatible con la Convención Americana”, añadía.
Costa Rica es un país miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde su creación en 1948 y la CIDH es uno de sus órganos. Su opinión consultiva favorable, además de responder al Gobierno de Costa Rica, servía de llamada de atención para 12 Estados de América Latina: Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana (en los que no existe ningún reconocimiento jurídico para las parejas del mismo sexo), además de Ecuador y Chile (donde cuentan, de momento, con leyes de unión civil, no equiparables al matrimonio, abiertas a parejas del mismo sexo).
Carlos Alvarado, el nuevo presidente progresista y pro LGTBI
El presidente electo de Costa Rica, Carlos Alvarado, es periodista, escritor y politólogo. Es autor de tres novelas, ganador del premio Joven Creación de la Editorial Costa Rica en 2006 y fue vocalista del grupo de rock Dramatika. Está casado con Claudia Dobles y ambos son padres de una niña. No cuenta con una tradición histórica como defensor de la igualdad de los derechos de las minorías sexuales. Sin embargo, tras el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la irrupción de un airado debate en toda la campaña electoral, dominado por la posición conservadora del evangélico Fabricio Alvarado y del tibio apoyo LGTBI del contradictorio candidato católico y masón Juan Diego Castro, Carlos Alvarado se convertía en la mejor opción desde el punto de vista igualitario.
Carlos Alvarado, además de mostrar su apoyo al matrimonio igualitario, prometió en campaña la creación de un “comisionado de la presidencia para asuntos relacionados con las personas LGBTI”, como se recoge en el siguiente vídeo:
En su programa electoral, denominado “Crecer y crear la Costa Rica del siglo XXI”, incluía un apartado sobre “personas LGBTI” (páginas 77 y 78) en el que establece que “el Poder Ejecutivo impulsará la aprobación de leyes esenciales para construir una sociedad más justa e inclusiva para las personas LGBTI”. Esto incluye una legislación que reconozca la identidad de género: facilitando el cambio de nombre, posibilitando el cambio de género en el Registro Civil y enmarcando políticas dentro de un trato digno y la no discriminación de las personas trans.
En este sentido, Carlos Alvarado se comprometía a apoyar e impulsar desde la presidencia “un proyecto de ley que armonice los conceptos de sexo, género, identidad de género, expresión de género, transexualidad, en concordancia con la doctrina de los derechos humanos; reconozca el derecho a la identidad y expresión de género; y garantice el acceso a tratamientos médicos que se requieran”.
Asimismo, el actual presidente proponía una ley contra la discriminación LGTBfóbica (con un apartado sancionador), “la recolección de datos sobre identidad de género y orientación sexual para poder alimentar políticas públicas específicas de acuerdo con las distintas necesidades particulares” o la instalación “dentro de las entidades de protección social, centros educativos o centros de médicos estatales espacios seguros para jóvenes LGBTI y sus familiares, donde reciban contención psicológica, grupos de apoyo, tutorías, talleres, capacitaciones”, entre otras cuestiones de interés igualitario.
Fabricio Alvarado, el candidato evangélico, LGTBfóbico y ultraconservador
Hundiéndose de rodillas y con los brazos en alto, Fabricio Alvarado, de 43 años de edad, admite su derrota, declarando que había luchado por «principios y valores», instando a sus votantes a que asumieran como él la derrota en base a que habían hecho «historia, porque nuestro mensaje tocó el nervio más profundo del país». Y es que el gran perdedor de las elecciones presidenciales costarricenses es Fabricio Alvarado, que después del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo bandera de la oposición al matrimonio igualitario y los derechos del colectivo LGTB, erigiéndose como enemigo de la que él denomina “ideología de género”, en línea con las principales jerarquías religiosas y los grupos ultraconservadores del ámbito internacional. Fabricio Alvarado, candidato de Restauración Nacional, es periodista, pastor evangélico y cantante de música cristiana.
Sus posiciones contra “una agenda LGBTI”impulsaron su ascenso, logrando el favor de los sectores más reaccionarios de Costa Rica. Fabricio Alvarado ha defendido indisimuladamente la vinculación del Estado con la religión durante la campaña, el matrimonio como institución excluyente y exclusiva para parejas formadas “por un hombre y una mujer” y su oposición a la nueva asignatura “Educación para la afectividad y sexualidad integral”, que a partir de este año se introducirá en las aulas de primaria y secundaria del país.
Participó y apoyó la “II Caminata por la Vida y la Familia” del pasado mes de diciembre, que aglutinó a la Conferencia Episcopal y a las iglesias evangélicas contra una supuesta “colonización ideológica” que atacaría, en su opinión, “el respeto a la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, y los valores morales y espirituales con los que cada familia desea educar a sus hijos”.
El triunfo de su candidatura en la primera vuelta, con el 24, 79% (a pesar del escaso margen de difencia con Carlos Alvarado, que obtuvo el 21,76%), dio alas a muchos para colocarlo virtualmente como presidente. Por fortuna, Carlos Alvarado conseguía remontar en la segunda vuelta, con un 60,7% de los votos, frente al evangélico y ultraconservador Fabricio Alvarado, que veía frustradas sus aspiraciones presidenciales, teniéndose que conformar con el respaldo del 39,3% del electorado.
Al ganar la primera vuelta, Fabricio Alvarado aseguraba que “hoy me sumo a lo que ha decidido Costa Rica. Me sumo a un movimiento que se ha creado de unidad, de valores, de innovación y de verdadero progreso”. En relación explícita a la defensa del modelo excluyente de familia tradicional decía tener “esperanza por recuperar la más grande soberanía de todas: la soberanía de la familia como base fundamental de la sociedad, en donde se gestan los valores de integridad, honestidad y transparencia”.
El pastor y cantante cristiano añadía que “Costa Rica le ha dejado muy claro hoy algo a los políticos tradicionales”, que en cuya opinión era el siguiente mensaje: “nunca más se metan con la familia, nunca más se metan con la vida, nunca más se metan con nuestros hijos”. En el siguiente vídeo se puede ver un resumen de su intervención tras conocerse los resultados de la primera ronda de las elecciones presidenciales:
Fabricio Alvarado se veía obligado a negar que estuviera financiando su campaña a través de iglesias o pastores (teniendo en cuenta que la legislación costarricense prohíbe recibir donaciones de personas jurídicas). Además, todo su argumentario en campaña se ha dedicado a cuestiones moralistas y solo a cuatro días de la segunda vuelta de las elecciones presentó su plan de gobierno. El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE) se encuentra fiscalizando sus cuentas.
La moral cristiana no se ha impuesto finalmente en los comicios
La sociedad costarricense cuenta con una histórica y profunda tradición religiosa. El todavía presidente en funciones Guillermo Solís confesó que quería un Estado“secular pero no uno sin Dios”. El catolicismo sigue siendo el culto religioso principal del país, aunque el evangelismo (como ha ocurrido en muchos otros países latinoamericanos) ha experimentado un fuerte ascenso en las últimas dos décadas. El Programa Latinoamericano de Estudios Sociorreligiosos recoge que en los años 80 contaba con unas 1000 congregaciones evangélicas, frente a las 3.700 de la actualidad.
De las 465.330 personas evangélicas contabilizadas en Costa Rica (sobre una población de casi 5 millones) el 63% asiste a iglesias de este tipo. En declaraciones a la BBC, Montserrat Sagot, investigadora de la Universidad de Costa Rica y espacialista en el ascenso del evangelismo en Centroamérica, argumentaba que “yo siempre he dicho que la sociedad costarricense es profundamente autoritaria y conservadora, pero políticamente correcta. Desde esa perspectiva, esto se había mantenido como un sustrato bajo, no había aflorado a la superficie política y hay un acontecimiento que lo genera que es la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” que urge la aprobación del matrimonio igualitario para acabar con la discriminación de las parejas del mismo sexo.
Esto fue tan evidente que El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica condenó a la Iglesia Católica y a la Federación Alianza Evangélica Costarricense por haber dado “orientaciones pastorales” con motivo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 4 de febrero, y les ordenó “abstenerse de acciones” parecidas, a falta de un mes de la celebración de la segunda vuelta (el pasado domingo).
En un comunicado conjunto, hecho público el 18 de enero, ambas jerarquías invitaron a los fieles a meditar “delante de Dios y de sus conciencias su voto para los cargos de presidente y vicepresidentes y para diputados, conscientes de que es un deber para todo ciudadano costarricense el elegir a quienes detentarán puestos de responsabilidad política”. Esto ya provocó que el TSE tomara medidas cautelares para ordenar a estas dos organizaciones de “instruir a sus sacerdotes y pastores sobre la prohibición de utilizar el púlpito, sitios de oración o ceremonias litúrgicas para inducir el voto de sus feligreses”.
También es cierto que han sido otras tantas organizaciones no religiosas de Costa Rica las que se han pronunciado a favor del matrimonio igualitario y los derechos del colectivo LGTB en estas elecciones, aunque sin hacer una campaña tan burda y evidente como la protagonizada por las jerarquías católicas y evangélicas en favor de Fabricio Alvarado. Sirva de ejemplo el pronunciamiento del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, que llamaba “a su población agremiada a promover y defender de forma urgente los derechos humanos, mediante el respeto a la diversidad de familias que coexisten en nuestro país, rechazando los discursos que fomentan su reducción a formas heteronormativas y que sirven de base para la discriminación como expresión de la violencia”.
El matrimonio igualitario, también en la vía judicial de Costa Rica
Herman Manuel Duarte Iraheta, fundador de la Fundación Latinoamericana para la Promoción y Protección de la población LGBTI (también conocida como Fundación Igualitos) presentaba una demanda a favor del matrimonio igualitario ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica el pasado 13 de marzo. El texto recoge que “el momento histórico en el que nos encontramos favorece el pronunciamiento a favor de la acción de inconstitucionalidad”, por lo que “es importante contextualizar que ya no estamos en el año 2006 y existe sobrada evidencia de la inexistencia de daños a que dos personas puedan casarse civilmente y formar una familia. No solo por ser un fallo completamente congruente con la corriente jurisprudencial dominante de esta Sala Constitucional, sino por ir también en sintonía con las líneas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y por el apalancamiento que eso puede generar por otras luchas que actualmente se llevan en la región”.
Comentarios desactivados en El presidente de uno de los partidos que gobiernan Túnez define la homosexualidad como «un fenómeno natural» que no debe ser perseguido
Rached Ghannouchi, líder del partido tunecino Ennahdha —que forma parte de la coalición de gobierno actual—, ha declarado en una entrevista que «la homosexualidad es un fenómeno natural y no hay que interferir en los deseos y comportamientos de la gente». Si bien no es la primera vez que Ghannouchi aboga por la despenalización de la homosexualidad en Túnez, si es la primera ocasión en que utiliza términos como «natural» para definir algo que el Código Penal tunecino castiga con hasta tres años de prisión. Mounir Baâtour, presidente de la asociación LGTB Shams, se congratula por las declaraciones del líder islamista, pero insta a Ghannouchi a que no se quede en las meras palabras y tome las medidas políticas oportunas para que su partido presente ante el Parlamento una propuesta definitiva de despenalización de la homosexualidad.
La revista Jeune Afrique ha publicado en su último número una entrevista con Rached Ghannouchi, presidente del partido islamista Ennahdha (o Partido del Renacimiento), que actualmente forma parte de la colación de gobierno que rige en Túnez. A lo largo de la entrevista, Ghannouchi fue interpelado por su opinión respecto a la penalización de la homosexualidad. El líder islamista respondió que, según su criterio, «la homosexualidad es un fenómeno natural y no hay que interferir en los deseos y comportamientos de la gente», puesto que «todos somos libres y no tenemos que preocuparnos por lo que sucede en las casas». También agregó que no se debe intervenir en las elecciones individuales, ya que «cada cual es libre de vivir la vida que desee siempre y cuando no perjudique a nadie».
No es la primera vez que Ghannouchi se posiciona en contra de la penalización de la homosexualidad, pues anteriormente ya había declarado que la ley no debe perseguir los actos pertenecientes a la vida privada, ya que únicamente se debe dar cuenta de esos hechos ante la divinidad de su confesión religiosa. Sin embargo, sí se trata de la primera ocasión en que define la homosexualidad como algo «natural», circunstancia que no ha pasado desapercibida para los activistas LGTB tunecinos.
En declaraciones a la agencia EFE, Mounir Baâtour, abogado y presidente de la asociación Shams, estimaba que «el hecho de haber utilizado la palabra ‘natural’ es muy importante para nosotros, es un paso más en la defensa de los homosexuales, mostrar que no es algo abominable, una perversión o una enfermedad». Sin embargo, también reclamaba al presidente del partido gubernamental que no se quedara en meras declaraciones: «Si mañana se presenta una proposición de ley para despenalizar la homosexualidad, queremos que Ennahda, con sus 69 diputados, respeten su palabra. Si su presidente dice que es algo ‘natural’, entonces ¿cómo se puede prohibir algo que es natural? No nos importan los discursos políticos sino los hechos: cada día los homosexuales acaban en prisión. Apoyamos a cualquier político que respalde los derechos de los homosexuales al margen de su pertenencia política».
En un reciente reportaje, Baâtour describía perfectamente lo que supone en realidad la penalización de la homosexualidad:
El artículo 230 del Código Penal no condena a los homosexuales a tres años de prisión, los condena a cadena perpetua. Porque si alguien es homosexual y va a la cárcel durante tres años, cuando sale, ¿acaso se ha convertido en heterosexual? Seguirá siendo homosexual. Volverá a la cárcel otros tres años, y así continuamente durante toda su vida.
Legalizado tras la llamada «Revolución tunecina», Ennahda ha formado parte de los gobiernos de Túnez desde las elecciones de 2011, es las que se promovió como un partido islámico de corte democrático. Rached Ghannouchi, su presidente y cofundador, sufrió prisión y exilio durante el régimen de Ben Ali, presentándose a su regreso como partidario del respeto al orden constitucional y haciendo gala de moderación en asuntos como la obligatoriedad del velo para las mujeres.
No obstante, para la población LGTB de Túnez las esperanzas de aperturismo social y político depositadas en aquellas fechas pronto se vieron defraudadas. El artículo 230 del Código Penal tunecino sigue castigando la homosexualidad con penas de hasta tres años de prisión, las detenciones y condenas de hombres homosexuales y bisexuales son continuas (tan solo en el pasado 2017 se produjeron 71 condenas por homosexualidad). Las declaraciones públicas de representantes del Gobierno difieren por completo de las realizadas por Rached Ghannouchi. El ministro de Derechos Humanos, Samir Dilou, afirmaba en su día que «la homosexualidad es una perversión que necesita tratamiento»; Mehdi Ben Gharbia, ministro encargado de las relaciones institucionales, rechazaba despenalizar las relaciones homosexuales ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU; el diputado Abedlatif el Maki ligaba la homosexualidad con prácticas como el consumo de drogas o la violencia conyugal cuando defendía la disolución de Shams.
Además, la presión social y de los líderes religiosos es feroz, hasta el punto de que muchos de los activistas LGTB han tenido que partir hacia el exilio debido a las amenazas de muerte recibidas. Así describía uno de ellos, Hedi Shaly, la actual situación de persecución y profunda desilusión:
En la facultad, las proclamas abiertamente homófobas asumidas por la Unión General Tunecina de Estudiantes, un sindicato estudiantil de tendencia islamista, resuenan contra los estudiantes y militantes LGTB. Acosan a mi padre para que me obligue a dejar de defender a los «maricones», como nos llaman ellos. Mi hermano, que también está en la universidad, ya no quiere ir a estudiar porque los otros alumnos se burlan de él.
Me engañaron haciéndome creer que ahora éramos libres, que vivimos en una democracia, que ya no había lugar para el miedo. Incluso los partidos políticos y las asociaciones que se dicen progresistas nos han fallado. Las prácticas policiales agresivas continúan contra nosotros con total impunidad. La libertad en Túnez es una quimera.
Comentarios desactivados en Un estudiante gay (en un posible crimen de odio) y una activista lesbiana asesinados en México, entre otros episodios de homofobia
Isaac Luna Garcia era estudiante de Arte y Patrimonio Cultural en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Fue visto por última vez el 16 de febrero en un local de la “zona rosa”, el barrio de ambiente de la capital mexicana. Su cadáver fue encontrado al día siguiente en otra barriada de la capital.
Familiares y amigos creen que el asesinato de Isaac fue un crimen de odio por homofobia. También lo cree la propia UACM, que en un comunicado ha exigido“una investigación clara ante un crimen atroz e inaceptable, que se encuentre y procese a los culpables y que esto se realice con el cuidado de no revictimizar a Isaac, a su familia, amigos y comunidad”. La comunidad universitaria también solicita “establecer mecanismos de seguridad en la Zona Rosa para permitir el uso y disfrute de dicho espacio emblemático para la comunidad gay y LGBTTIQ de la capital mexicana”.
Por lo que se refiere a María Guadalupe Hernández Flores, era maestra, integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y activista a favor de los derechos de las mujeres y de las personas LGTB. Conocida en el ámbito activista como Kleo, su cadáver, identificado el pasado viernes, presentaba señales de tortura. Por el momento, las autoridades no han dado a conocer si disponen de información sobre este nuevo feminicidio, auténtica epidemia que asola México (entre 2015 y 2017 se registraron 1.640 asesinatos de mujeres).
Comentarios homófobos sobre un estudiante fallecido…
Como decíamos al principio, los asesinatos de Isaac y de María Guadalupe vienen acompañadas de otras malas noticias en el ámbito LGTB. La muerte de César Ulises Arellano, un joven estudiante de Medicina en la Universidad de Guadalajara (estado de Jalisco), al que las autoridades mexicanas llevaban días buscando y cuya desaparición había conmocionado el país, ha desencadenado toda una ola de comentarios homófobosen redes sociales tras hacerse público no solo que podría haberse quitado la vida (aunque persisten dudas sobre la versión oficial) sino que quizá era gay. Lo fuese o no, la homofobia desatada tras su muerte resulta profundamente despreciable.
Y agresión a una pareja de turistas estadounidenses por ir cogidos de la mano
Por último, recogemos la agresión a una pareja gay estadounidense en Puerto Vallarta, localidad costera del Pacífico frecuentada por turistas de ese país. Carl Blea y Marc Lange regresaban caminando cogidos de la mano al complejo en el que se alojaban tras disfrutar la velada en un club nocturno cuando un individuo que les vió les gritó algo que no comprendieron, sacó una pistola y disparó contra ellos. La bala hirió a Blea en la nalga derecha, aunque por fortuna su vida no corre peligro.
Por cómo se desarrollaron los hechos la pareja está convencida de que se trató de una agresión homófoba y no de un intento de robo, pese a que esta la versión que sostienen las fuerzas de seguridad locales.
Comentarios desactivados en Un reportaje denuncia la terrible situación de las personas LGTB en Túnez
Un reportaje de la red de noticias Konbibi se ocupa de la realidad de las personas LGTB en Túnez. Tragedias personales de quienes son despreciados hasta por sus propias familias debido a su orientación sexual, además de sufrir la represión de las leyes vigentes que castigan la homosexualidad. El trabajo de Konbibi nos da a conocer las historias de Nidhal y Karim, dos jóvenes cuya vida ha quedado completamente destrozada por el mero hecho de ser homosexuales. La penalización de la homosexualidad, en palabras del abogado y activista Mounir Baâtour, en realidad condena a homosexuales y bisexuales a cadena perpetua, porque la estancia en prisión no revierte la orientación sexual, por lo que el condenado que sale de prisión vuelve a ser culpable del mismo delito una y otra vez, indefinidamente.
El reportaje en vídeo, que podéis ver a continuación, nos habla de cómo afecta a la vida cotidiana de los hombres homosexuales y bisexuales tunecinos la represión pública por parte del Estado y la intolerancia de sociedad y familia. También nos presenta a un abogado experto en la defensa de personas LGTB y a los miembros de la asociación Shams, que viven en la paradoja de ser, a la vez, una organización legalizada y tener que desarrollar su labor prácticamente en la clandestinidad debido a las amenazas de los líderes religiosos.
El testimonio de Nidhal
El reportaje comienza con la presentación y la entrevista a Nidhal, que transcribimos completamente:
—Me llamo Nidhal, tengo 29 años, y he pasado 3 meses y 19 días en la cárcel porque soy homosexual. Fui detenido el 3 o 4 de agosto. Me golpearon. Me dijeron: «eres un maricón, vas a ver lo que vamos a hacer contigo. No eres musulmán, no eres un hombre, eres una vergüenza». Y… quisieron hacerme el examen anal. Me negué.
—¿En qué consiste ese examen?
—El examen anal es un examen que hacen para utilizarlo como prueba de si soy gay o no. Si ha habido penetración o algo así, van a probarlo.
—Es una violación, ¿no?
—Sí, claro, es una violación, eso es. Es lo que le dije al juez.
—¿Cómo transcurrió el encarcelamiento?
—El primer día que estuve en la cárcel había allí un jefe, que leyó mi ficha. Me dijo: «¡Ven, maricón!, ¡ven aquí, maricón!, vas a ver lo que quiere decir ‘la homosexualidad’». Me metieron en una habitación con prisioneros acostumbrados a estar en la cárcel. Hubo intentos de violación, y cuando hablé con el jefe me dijo: «No, tú te quedas aquí».
—¿Hubo detenidos que le intentaron violar?
—Hubo prisioneros que me intentaron violar. Estaba aislado, estaba siempre solo. No querían comer conmigo, no querían hablarme. Estaba siempre solo.
—¿En que consiste, en la vida diaria, ser homosexual hoy en día en Túnez?
—De momento, es un problema para mi familia. He perdido la relación con muchos de mis amigos.
—¿A qué se dedicaba antes?
—Arbitraba partidos de fútbol de primer nivel. Hubo compañeros que dijeron que yo era gay, así que me expulsaron.
—¿En qué trabaja ahora?
—En nada. Debido a la prisión, existe algo que se llama B3.
—Los antecedentes penales.
—Eso es. Lo peor es que se trata de homosexualidad. Nadie va a aceptarte. Nadie.
Tras difundirse la entrevista, los familiares de Nidhal reaccionaron con violencia. El pasado 15 de marzo, un tío y un primo suyos, guiados por su propio padre, le agredieron por haber llevado la vergüenza a la familia y le amenazaron con «lavar el honor de la familia con sangre». Entraron en su apartamento por la fuerza y se llevaron todas sus pertenencias. Nidhal encontró refugio en la asociación LGTB tunencina Shams, que ha lanzado una campaña de apoyo para que, entre otras cosas, pueda abandonar Túnez y buscar asilo en otro país. «Tengo que marcharme de aquí, pero con el corazón destrozado», se lamenta Nidhal.
La tragedia de Karim
Karim tiene 25 años y fue víctima de una violación por parte de otro hombre. Decidió denunciarlo a la policía, y el resultado fue que su agresor será juzgado por la agresión sexual, pero él también lo será por homosexualidad. Se enfrenta, como Nidhal, a la pena de prisión establecida por la ley y al rechazo de su propia familia. El resumen de lo que es su vida actual, es sobrecogedor:
—Todos se han vuelto contra mí. Sobre todo tengo miedo de mi padre, que me pega casi todos los días.
—Si pudieras pedir un único deseo, ¿cuál sería?
—Que nada de esto hubiera ocurrido. Nunca debí ir a comisaría. Tengo la impresión de que el acusado soy yo. Sufro el odio absoluto de todo mi país. Me gustaría no ser tunecino. A veces pienso en el suicidio. Lo he pensado muchas veces…
Precisamente, el abogado y activista LGTB Mounir Baâtour hace referencia a los casos como el de Karim que se ha encontrado a lo largo de su vida profesional. Por su experiencia, se ve obligado a aconsejar a los hombres víctimas de violación que no denuncien, al correr el riesgo de ser acusados ellos mismos. Baâtour resume perfectamente lo que significa la penalización de la homosexualidad:
—El artículo 230 del Código Penal no condena a los homosexuales a tres años de prisión, los condena a cadena perpetua. Porque si alguien es homosexual y va a la cárcel durante tres años, cuando sale, ¿acaso se ha convertido en heterosexual? Seguirá siendo homosexual. Volverá a la cárcel otros tres años, y así continuamente durante toda su vida.
Los activistas luchan por la derogación del artículo 230 del Código Penal de Túnez, que castiga las relaciones homosexuales con hasta tres años de prisión. Una legislación que se ha aplicado también a mujeres transexuales.
Comentarios desactivados en Marvia Malik, primera presentadora abiertamente trans en un canal de noticias en Pakistán
Se llama Marvia Malik, y desde hace unos días es una de las presentadoras del canal pakistaní de noticias Kohenoor News. Los medios internacionales se refieren a ella como la primera mujer abiertamente transexual en presentar noticias en su país.
A sus 21 años, Marvia Malik ya ha desarrollado una carrera como modelo en su país, pero en este momento apuesta por desarrollar su faceta televisiva. “Tengo varias ofertas como modelo que estoy considerando, pero quiero hacer algo por mi comunidad (…) Allá donde voy, a las personas transexuales se nos mira con desprecio. Pero no hay nada que no podamos hacer: tenemos educación, tenemos títulos, pero no oportunidades, no se nos anima. Quiero que esto cambie. Igual que abrí camino en la industria de la moda, quiero hacer lo mismo en la industria de los medios”, ha declarado.
Las condiciones de vida de la comunidad LGTB en Pakistán son muy duras. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo siguen siendo ilegales a día de hoy en este país. El Código Penal se remonta a 1860, cuando formaba parte de la India colonial y ambos Estados compartían la ley de sello británico. Tal y como reza el texto en su artículo 377, están perseguidos los “delitos antinaturales”, que cometerá “quien voluntariamente tenga relaciones sexuales carnales contra el orden de la naturaleza con cualquier hombre, mujer o animal”.
Los condenados por estós “delitos” “serán castigados con pena de prisión de por vida o con pena de prisión de cualquiera de las dos categorías por un término que no podrá ser inferior a dos años ni superior a diez años; también será responsable de multa”. La ilegalidad de las relaciones homosexuales ha provocado, a parte de injustas persecuciones motivadas por la orientación sexual, situaciones tan ridículas como la censura de una fotografía de dos hombres besándose en la portada internacional del New York Times distribuida en Pakistán el 29 de enero de 2016.
Por eso, sin duda, una buena noticia que visibiliza de forma positiva a la comunidad trans de Pakistán. Algo muy necesario en un país en el que las condiciones de vida de la comunidad LGTB son muy duras, aunque al menos las personas trans gozan de una cierta aceptación social, que se ha acompañado incluso de medidas políticas. En julio de 2009 la Corte Suprema, por ejemplo, daba un paso hacia un cierto reconocimiento oficial de las personas transgénero y a finales de ese mismo año ordenaba que se reconociera oficialmente la existencia de un “tercer sexo”. En marzo de 2017 una histórica sentencia condenaba a cadena perpetua a los dos asesinos de una mujer trans, y en agosto del año pasado comenzó a tramitarse un proyecto de ley que reconoce el derecho de las personas trans a decidir sobre su propia identidad de género y a modificar sus documentos para que se ajusten a la misma y prohíbe la discriminación en una serie de ámbitos, como la educación, el empleo, la salud, la prestación de servicios, el transporte, la vivienda o el acceso a cargos públicos. El proyecto, tras una serie de modificaciones, fue aprobado de forma unánime por el Senado de Pakistán a principios de este mes de marzo, y ahora debe ser discutido en la Asamblea Nacional. Y hace unos días publicábamos que Zulfikar Ali Bhutto, nieto del expresidente de Pakistán Bhutto y sobrino de la expresidenta Benazir Bhutto, salía del armario como gay
No obstante, la igualdad real de las personas trans también sigue estando muy lejana, ya que todavía son vulnerables a los abusos físicos y verbales, tienen que soportar la actitud humillante de los policías, médicos en los hospitales y funcionarios públicos y los informes de palizas y otras formas de violencia dirigidas contra estas personas son comunes. En enero de este mismo año, por ejemplo, recogíamos la noticia de la espantosa agresión a dos activistas de TransAction Pakistan, organización que ofrece refugio y apoyo a quienes son víctimas de discriminación por su identidad de género. Cualquier ley que favorezca a las personas trans, en este sentido, es más que necesaria.
Os dejamos, para terminar, con una entrevista a Marvia Malik con motivo de su nueva responsabilidad como presentadora de Kohenoor News. Lamentablemente no podemos ofreceros una traducción de la misma (no dominamos el urdu) pero nos parece interesante insertarla como documento audiovisual:
Comentarios desactivados en Starkville celebra su multitudinario Pride
Después de que algunos concejalas se negaran a celebrar un Pride y con una demanda judicial de por medio, Starkville celebra su Orgullo y es la manifestación más grande que ha visto jamás la ciudad.
Como una inmensa mayoría de la ciudad estaba a favor de que se celebrara el Orgullo, organizado por estudiantes de la ciudad como las universitarias Bailey McDaniel y Emily Turner, y en contra solo hablaron una señora homófoba y el párroco, el único motivo por el que se podía justificar la negativa de algunos concejales a celebrarlo era la LGTBfobia. Eso llevó a organizaciones como la Human Rights Campaign y la ACLU a avisar al ayuntamiento de que les iban a demandar por discriminación, demanda que se hizo real gracias a la ayuda de la prestigiosa abogada experta en derechos civiles Roberta A. Kaplan(que fue la responsable de tumbar la ley de defensa del matrimonio heterosexual); y con el nombre del pueblo dando la vuelta al mundo por todos los motivos equivocados la Junta de Concejales volvió a votar, uno cambió su voto y finalmente se dio visto bueno a la celebración del Orgullo.
Y no es que haya sido un éxito, es que ha sido un exitazo.
Casi 3.000 personas (recuerda, la ciudad tiene 25.000 habitantes) inundaron las calles de Starkville para celebrar la diversidad en la manifestación más grande que la ciudad ha visto nunca.
Bailey McDaniel, una de las organizadoras, explicó al periódico local que esperaba que esa cantidad de gente fuera un indicador de lo que el Starkville Pride puede llegar a ser en el futuro: “Creo que genera una buena sensación sobre lo que este evento anual puede llegar a ser. Siento que Starkville es mucho mejor gracias a esto, y me siento muy honrada de haber sido capaz de ayudar a esta ciudad a progresar tanto como lo ha hecho.”
Por su parte la alcaldesa de la ciudad, Lynn Spruill, que siempre se mostró a favor de celebrar el Orgullo, se ha mostrado sorprendida por el hecho de que hubiera tantísima gente y que muchos de los asistentes viajaran desde muy lejos para asistir: “Nunca esperé que viniera tanta gente. Esto nunca habría ocurrido si no hubiéramos tenido la controversia, así que casi estoy agradecida a esa controversia, en el sentido de que se ha convertido en algo más de lo que podría haber sido. Y se ha convertido en algo de lo que podemos estar muy orgullosos.”
A la manifestación, por cierto, no le faltó un grupo de adevenedizos que protestaban en contra de la misma. Un grupo de 10-15 personas pertenecientes a la organización anti-LGTB Consuming Fire Fellowship se plantaron en Starkville con pancartas y camisetas bíblicas que no les sirvieron para nada porque la policía de la ciudad se encargó de mantenerlos a raya para que no molestaran.
Comentarios desactivados en Esta emotiva versión de “This is me” se convierte en un himno contra la lgtbfobia
Hoy, Viernes Santo, es un buen día para escucharlo…
Soshana Bean y Travis Wall lanzan este cover del tema This is me con fines benéficos para luchar contra los mensajes de odio.
La cantante y actriz Shoshana Bean ha grabado una versión del tema This is me de la película The Greatetst Showman’s y ha reforzado su significado. Si de por sí la canción reivindica las diferencias y el derecho a ser uno mismo, ahora la ha utilizado para dar un claro mensaje contra la lgtbfobia.
Acompañada por el coreógrafo y bailarín Travis Wall, que se ha pintado en el cuerpo los insultos que él mismo recibía por ser homosexual cuando era niño: “Maricón, no vales nada, imprudente, fracaso, débil, pecador, malvado, homo. Son algunas de las palabras ue han sido usadas contra mi. El mensaje es simple: toma algo negativo y conviértelo en positivo. Valiente, digno, fuerte, seguro, importante, campeón, valiente, superviviente, hermoso, perfecto.”
Comentarios desactivados en Miles de croatas se manifiestan por “temor” a que el Convenio de Estambul contra la violencia de género sirva para favorecer derechos LGTB
A principios de año recogíamos la ola de discursos políticos LGTBfóbicos que se desataba en Bulgaria a cuenta del debate sobre la ratificación del Convenio de Estambul. El debate se fue ensuciando y se vio salpicado por protestas y manifestaciones basadas en el desconocimiento, los prejuicios y la intolerancia, hasta el punto de que el gobierno retiró en vísperas del 8 de marzo su proyecto para llevar al parlamento dicha ratificación. En este sentido, los sectores más retrógrados de Croacia están siguiendo los pasos de sus colegas búlgaros y azuzan el miedo a que se introduzca “propaganda ideológica izquierdista en nuestras escuelas”, basada en la “ideología de género”. Los vociferantes manifestantes de Zagreb (capital de Croacia) han exigido que el país no ratifique el “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres” (popularmente conocido como “Convenio de Estambul”) e incluso han reclamado la dimisión del conservador primer ministro, Andrej Plenković, que puede acabar retirando su propuesta, como hizo el gobierno búlgaro.
Los sectores más retrógrados de Croacia, espoleados por la jerarquía católica y otras confesiones, así como por algunos destacados líderes derechistas y nacionalistas, salían a las calles de Zagreb el pasado fin de semana para exigir que el país no ratifique el Convenio de Estambul. Sus motivos contra el citado convenio son de carácter LGTBfóbico: se niegan a cualquier reconocimiento del matrimonio igualitario y de los derechos de las personas trans, aún a costa de renunciar a instrumentos internacionales para la defensa de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. Además de exhibir cientos de carteles y pancartas con las iniciales en croata del Convenio de Estambul tachadas (IK), los asistentes corearon gritos exigiendo la dimisión del conservador primer ministro, Andrej Plenković.
Aunque al determinar la cifra de manifestantes siempre conviene hacerlo con cautela y citando las fuentes, sigue habiendo polémica en Croacia ante la abismal diferencia planteada por las distintas partes: entre 5.000 personas (según los primeros datos de la policía) y 70.000 (según los organizadores). U ime obitelji (el movimiento “En nombre de la familia”, que fue uno de los impulsores del referéndum croata contra el matrimonio igualitario en 2013) acusa al Ministerio del Interior de “manipular” las cifras y alega que esta es una práctica “muy peligrosa para la democracia”, a través de una carta de Ivan Munjin publicada este lunes, en calidad de miembro de su junta directiva.
En un comunicado emitido por la oficina de prensa de la Archidiócesis de Zagreb se recoge que la Conferencia Episcopal de Croacia ha declarado en repetidas ocasiones su posición contraria sobre el Convenio de Estambul. La jerarquía católica croata aduce que la ratificación del citado convenio en el sistema jurídico conllevaría la adopción de “ideología de género no científica y extremadamente perjudicial” a la que, como dicen literalmente, “Francisco llama colonización ideológica”. Además, agregan que “los creyentes están llamados a testificar públicamente sobre su identidad cristiana, especialmente cuando se trata de cuestiones morales fundamentales relacionadas con el individuo, la familia y la sociedad en su conjunto”.
Lo que está sucediendo en Croacia tiene muchas similitudes con el rechazo que despertó en Bulgaria la ratificación del Convenio de Estambul en parte de la sociedad y de la clase política. Pero en Croacia la respuesta en las calles ha estado más organizada y ha contado con más respaldo ciudadano. En el otro extremo, también han sido muy visibles y mediáticas las protestas feministas exigiendo que sí se ratifique el documento.
“Una deriva retrógrada que se vuelve en contra de la Unión Europea”
Preguntado por dosmanzanas, Miguel Rodríguez, escritor y polítologo español residente en Serbia, así como autor de Homofobia en los Balcanes, explica que “la sociedad croata está muy polarizada entre el frente liberal y de izquierdas y el frente conservador y nacionalista. La entrada en la Unión Europea en 2013 no ha ido acompañada de avances en cuanto a conquistas sociales. De hecho, diría que la condición de miembro europeo ha espoleado a los sectores tradicionalistas que se sienten actualmente protegidos por el gobierno actual de derechas, pero paradójicamente pro europeo”.
Este movimiento, en su opinión, “se engarza con las tendencias de la derecha etnonacionalista en los Balcanes y en toda Europa oriental. La UE no ha mostrado firmeza durante los últimos años en cuanto a la defensa de la sociedad civil y los valores europeos, especialmente en el sudeste europeo, consintiendo una deriva retrógrada que ahora se vuelve en su contra. El problema fundamental, además, es que esta militancia en Croacia está más cohesionada, organizada y sus valores más definidos que la izquierda, letárgica incluso en los centros urbanos. Así se demostró durante la celebración del referéndum contra el matrimonio igualitario en 2013”.
Un instrumento para la protección de las mujeres
El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres es el primer instrumento jurídicamente vinculante que “crea un marco jurídico integral y un enfoque para combatir la violencia contra la mujer” y se centra en la prevención de la violencia machista, la protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los acusados. El artículo 4 del mismo establece la necesidad de proteger a las víctimas sin discriminación, entre otras causas, por identidad de género u orientación sexual.
La convención se abrió en 2011 a la firma de los países en Estambul (por lo que también recibe el nombre de “Convenio de Estambul”) y entró en vigor en 2014. Hasta el momento, ha sido apoyado por 47 países (solo 18 de ellos lo han ratificado). España fue, en mayo de 2011, uno de los primeros países en firmarlo (todavía con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno), ratificándolo en 2014. El pasado 18 de enero, Armenia era uno de los últimos países en rubricarlo (y no destaca, precisamente, por sus políticas igualitarias en materia LGTB; en 2015, de hecho, prohibía en su Constitución el matrimonio entre personas del mismo sexo).
Comentarios desactivados en Un profesor de Matemáticas, obligado a dejar de dar clase después de que sus alumnos lo rastrearan en Google y encontraran que fue actor porno gay
Scott Sherwood, profesor de Matemáticas en un colegio británico, se ha visto obligado a dejar de dar clase después de que sus alumnos descubrieran en Google que en el pasado había trabajado como actor porno gay y el asunto llegase a oídos de los adultos. Según el comunicado del centro, el cese de su actividad docente es “por mutuo acuerdo” en tanto tiene lugar una investigación.
El australiano Scott Sherwood ha sido entrenador personal durante 15 años. A partir de 2012, durante dos años, formó parte del equipo docente de Educación Física en una escuela primaria en Inglaterra. En 2015 se graduó en Matemáticas por la Universidad de Sussex y en 2016 se incorporó como profesor de dicha asignatura en la Peacehaven Community School, a la que asisten adolescentes de entre 11 y 16 años. El colegio está situado en Peacehaven, una localidad de unos 14.000 habitantes de la cosa inglesa.
La polémica surge cuando alguno de los actuales alumnos de Sherwood, queriendo saber más acerca de la vida de su profesor, buscan en Google y descubren que en el pasado Sherwood ha trabajado en la industria del porno gay, bajo el pseudónimo de Aaron Cage, protagonizando varias películas para Colt Studio, una productora de cine porno gay de San Francisco. Encuentran incluso un vídeo publicado en 2010 en YouTube con una entrevista al actor en el que este habla abiertamente de su experiencia en la industria del porno. En ese momento los alumnos comienzan a hacer circular fotografías de “Aaron Cage”, así como este y otros vídeos en los que aparece. Uno de sus antiguos alumnos llega incluso a identificarlo como su profesor de Matemáticas en los comentarios de YouTube:
Como era de esperar, el asunto llega a oídos de los adultos. Y es en este momento cuando salta la polémica y la noticia llega a The Sun. “Recogí a mi sobrina de 14 años riéndose y diciendo: ‘mi profesor de matemáticas es un actor porno’. No podía creer lo que oía. Estaba furioso”, ha declarado al diario sensacionalista el tío de una alumna, que no ha querido ser identificado.
Finalmente las protestas de los padres conseguían que la escuela (un centro que sigue el modelo de “escuelas cooperativas” creado en 2006 en Reino Unido, y que otorga a los centros una capacidad de autonomía mayor que la de las escuelas públicas tradicionales) suspendiese las clases de Sherwood. Según un comunicado colgado en su web y firmado por el director del colegio, “el miembro del equipo en cuestión no estará en la escuela, por mutuo acuerdo, mientras llevamos a cabo una investigación completa. Sería inapropiado por mi parte hacer más comentarios mientras esta investigación se lleva a cabo”.
Porno gay y profesor: combinación de riesgo
Al margen de las reflexiones que cada uno haga sobre cómo el concepto de privacidad se ha modificado con el estallido de internet y las redes sociales, no podemos sino sorprendernos del escándalo que causa el que una persona que al fin y al cabo no ha cometido delito alguno pueda ejercer la docencia si está cualificado para ello. Mucho nos tememos, además, que el factor homófobo juega en estos casos un papel determinante. No se trata, de hecho, de la primera noticia de este tipo que recogemos en dosmanzanas. En 2009 un profesor de Educación Física de un selecto colegio inglés para chicos fue suspendido después de que sus alumnos encontraran y difundieran sus fotos posando desnudo para una web de porno gay. Acabó renunciando al trabajo.
Y en 2013 la Comisión de Prácticas Educativas de Florida decretó la readmisión de otro profesor, en este caso de una escuela pública, que había sido suspendido dos años antes por la direccción del centro al conocer sus antecedentes como actor porno gay. Tras su readmisión declaró que se sentía mucho más libre, y que si algún alumno sacaba el tema ya no tendría las manos atadas para discutirlo abiertamente. “Ahora puedo usar mi propia experiencia vital en la enseñanza”, señaló.
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Dos agresiones por LGTBfobia denunciadas públicamente y ante la Policía Nacional han empañado el desarrollo de la Feria de Sevilla 2018. En la madrugada del martes a miércoles, una chica trans de 22 años fue vejada y agredida por un grupo de jóvenes. Lo ha denunciado la Asociación de Transexuales de Andalucia (ATA-Sylvia Rivera), según la cual la agresión se produjo en la caseta del PSOE. Un chico de 25 años, por su parte, ha denunciado que, también en la madrugada del miércoles, un vigilante de seguridad le impidió el paso a otra caseta diciéndole que «aquí no entra un puto maricón» y le agredió físicamente.
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